Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00124-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00124-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2025-00124-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
24 de agosto de 2026
Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros1
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
dictada el 6 de febrero de 2024 por la Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Atlántico, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado 08-001-33-33-007-2017-00306-01. La Sala es
competente para proferir esta providencia en virtud de lo dispuesto en el artículo
249 de la Ley 1437 de 20112, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”.
SÍNTESIS3
Se formula recurso extraordinario de revisión con fundamento en las causales quinta
y octava del artículo 250 del CPACA contra la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico,
que revocó la decisión de primera instancia la cual había accedido parcialmente a
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, negó la declaratoria de
responsabilidad del Estado por la privación de la libertad del señor Andy Samuel
Yasquén Moreno. La Sala declarará infundado el recurso, porque los argumentos
relativos a la falta de motivación de la sentencia, incongruencia, desconocimiento
del precedente, error de subsunción e indebida valoración probatoria no configuran
causal de nulidad originada en la sentencia. Tampoco se configura la causal octava,
porque la sentencia penal absolutoria invocada no constituye una decisión anterior
1 Andy Samuel Yasquén Picon; Samuel David Yasquén Picon; Yackelin Yasquén Picon; Sebastián Yasquén
Martínez; Adolfo Justino Yasquén Moreno; Nestor Yasquén Moreno; Luz Mary Yasquén Moreno; Pedro Abel
Yasquén Moreno; José Abel Yasquén Moreno y Abel Epifanio Yasquén Rodríguez.
2“Artículo 249. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del
Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que
profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.
(…)”.
2 Recurso extraordinario de revisión / causal quinta del artículo 250 del CPACA / nulidad originada en la
sentencia / violación sustancial del debido proceso / falta de motivación / incongruencia / improcedencia de
reabrir el debate jurídico y probatorio / privación injusta de la libertad / causal octava del artículo 250 del CPACA
/ cosa juzgada / sentencia penal absolutoria.
3 Recurso extraordinario de revisión / causal quinta del artículo 250 del CPACA / nulidad originada en la
sentencia / violación sustancial del debido proceso / falta de motivación / incongruencia / improcedencia de
reabrir el debate jurídico y probatorio / privación injusta de la libertad / causal octava del artículo 250 del CPACA
/ cosa juzgada / sentencia penal absolutoria.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
con efectos de cosa juzgada frente al proceso de reparación directa, al no existir
identidad de objeto y causa.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda de reparación directa
1. El 20 de noviembre de 2017, el señor Andy Samuel Yasquén Moreno, como
víctima directa, y otros, por medio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Fiscalía
General de la Nación; la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en
orden a que se declararan administrativa y patrimonialmente responsables por la
privación injusta de la libertad del señor Yasquén.
2. En consecuencia, a título de indemnización de perjuicios, solicitaron que se
reconocieran y pagaran los perjuicios materiales, en las modalidades de daño
emergente y lucro cesante, y los perjuicios morales causados a la víctima directa y
a su núcleo familiar4.
B. Sentencias del proceso de reparación directa
3. El proceso se tramitó bajo el radicado 08-001-33-33-007-2017-00306-01. En
primera instancia, su conocimiento correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito de Barranquilla, que, mediante sentencia del 6 de octubre de 2022 5,
declaró extracontractual y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía
General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor
Andy Samuel Yasquen Moreno y en consecuencia, la condenó al pago de los
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante6 y al pago de los perjuicios
morales7 causados reconocidos a la víctima y su familia. En la providencia se
desvinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional y a la Nación Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por falta de legitimación en
la causa por pasiva.
4. El Juzgado examinó la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la
libertad y concluyó que el daño era antijurídico, en razón a que el señor Yasquén
4 En concreto, la parte demandante solicitó, por concepto de daño emergente, el reconocimiento de los
honorarios profesionales pagados por la defensa penal del señor Andy Samuel Yasquén Moreno; por lucro
cesante, el pago de los ingresos dejados de percibir durante el tiempo de la privación de la libertad, que estimó
en la suma de $88.344.156,63 por lucro cesante consolidado y $67.969.532,79 por lucro cesante futuro.
Además, por concepto de perjuicios morales, solicitó 100 SMLMV para la víctima directa y para cada uno de
sus hijos, y 50 SMLMV para cada uno de sus hermanos, para un total de 750 SMLMV. La demanda también
hizo referencia al daño a la vida de relación derivado de la afectación personal, familiar, laboral y social que
habría causado la privación de la libertad.
5 Índice 15, Samai.
6 Se condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación al pago de la suma de CINCUENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS, CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
($57.320.302,91).
7 A los demandantes Andy Samuel Yasquén Picon; Samuel David Yasquén Picon; Andy Samuel Yasquén Pico;
Yackelin Yasquén Picon; Sebastián Yasquén Martínez la indemnización por concepto moral se tasó en 100
SMLMV y respecto de Adolfo Justino Yasquén Moreno; Nestor Yasquén Moreno; Luz Mary Yasquén Moreno;
Pedro Abel Yasquén Moreno; José Abel Yasquén Moreno por la suma de 50 SMLMV, para un total de 750
SMLMV.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
Moreno no estaba en el deber jurídico de soportar la detención y no obró con dolo
o culpa grave. Por esta razón, imputó el daño a la Fiscalía General de la Nación,
bajo un régimen de responsabilidad subjetiva, por solicitar la orden de captura y la
medida de aseguramiento sin desplegar la actividad probatoria dirigida a corroborar
las exculpaciones del procesado, ni a cotejar la información aportada por la Policía
Nacional. Por su parte, excluyó de responsabilidad a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, al declarar probada la falta de legitimación material en la
causa por pasiva respecto de esas entidades.
5. El día 2 de noviembre de 20228, el apoderado de la Fiscalía General de la Nación
presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y solicitó que
se revocara la decisión y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la parte
demandante. Adujo que la medida de aseguramiento privativa de la libertad en
establecimiento de reclusión fue necesaria, proporcional y ajustada a derecho,
porque se sustentó en pruebas legalmente aportadas que permitían inferir
razonablemente la autoría exigida para su imposición.
6.La Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
sentencia del 6 de febrero de 20249, decidió:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo (07)
Administrativo Oral de Barranquilla, el seis (06) de octubre de dos mil veintidós
(2022) mediante la cual se concedieron las súplicas de la demanda, y en su lugar
negarlas por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia (Art. 188 de la Ley 1437 de 2011).
TERCERO: Notifíquese de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la
Ley 1437 de 2011.
CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al
juzgado de origen para su archivo.
7. El Tribunal, con sustento de la sentencia del 6 de agosto de 2020, proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente 66001-23-31-000-
2010-00235-01 (46.947), así como en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional, precisó que el artículo 90 de la Constitución Política no define un
título de imputación único y que la falla del servicio, como título preferente, coexiste
con los títulos objetivos del daño especial y del riesgo excepcional. Añadió que la
absolución por aplicación del principio in dubio pro reo no habilita de manera
automática un título objetivo de responsabilidad, sino que impone verificar si la
medida de aseguramiento fue razonable y proporcionada, de modo que la sola
absolución no torna injusta la privación.
8. Con ese fundamento, tuvo por demostrado el daño, consistente en la privación
de la libertad del señor Yasquén Moreno entre el 18 de agosto de 2012 y el 27 de
enero de 2016, por un total de tres años, cinco meses y doce días. No obstante,
analizó la antijuridicidad del daño a partir de la razonabilidad y proporcionalidad de
la medida de aseguramiento, valorada según las circunstancias existentes al
momento de su imposición, bajo la consideración de que la absolución penal no
permite establecer automáticamente el carácter de injusto de la restricción.
8 Índice 15, Samai.
9 Índice 15, Samai.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
9. Encontró que la medida adoptada por el juez de control de garantías, a solicitud
de la Fiscalía, contaba con fundamento suficiente a la luz de los artículos 306 10 y
30811 de la Ley 906 de 2004, pues se apoyó en las entrevistas iniciales que
identificaban al procesado como autor de los delitos de homicidio agravado en
concurso con homicidio tentado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o
municiones. Por su parte, los reparos formulados por el procesado no permitían
desvirtuar la razonabilidad de la inferencia exigida para imponer la medida.
10. En consecuencia, concluyó que no se advertía ni irracionalidad ni falta de
proporcionalidad en la restricción de la libertad y que, por ello, no se acreditaban los
elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado ni el carácter
antijurídico del daño. Reprochó que el juez de primera instancia hubiese derivado la
antijuridicidad de la sola absolución del procesado, al examinar la medida desde la
óptica de la decisión final y no desde las circunstancias existentes al momento de
su adopción. Por tanto, revocó la sentencia apelada, negó la totalidad de las
pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
11. No obstante, la magistrada Lilia Yaneth Álvarez Quiroz salvó el voto. Si bien
compartió que la medida de aseguramiento cumplía con los presupuestos exigidos
para su imposición, estimó que el análisis no debía limitarse a su pertinencia inicial,
sino que debía extenderse al examen de la actuación desarrollada por la
demandada durante todo el proceso penal, especialmente porque fue la propia
Fiscalía la que solicitó la absolución finalmente decretada.
C. Recurso extraordinario de revisión
12. El 12 de septiembre de 202512, el señor Yasquén Moreno y otros, por intermedio
de apoderado judicial, interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Invocaron, de
manera principal, la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
consistente en existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y, de
forma subsidiaria, la causal del numeral 8, relativa a que la sentencia sea contraria
a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes.
13. Con fundamento en estas causales, solicitó que se declarara fundado el recurso,
se dejara sin efectos la sentencia recurrida y que, en sede de revisión, se profiriera
sentencia sustitutiva que confirmara la decisión de primera instancia del Juzgado
10 “Artículo 306. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando
la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los
cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.
(…)”.
11 “Artículo 308. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado,
decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física
recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla
alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido
ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
(…)”.
12 Índice 1, Samai.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla o, en su defecto, la que en
derecho correspondiera para reconocer la reparación de los perjuicios derivados de
la privación de la libertad del señor Yasquén Moreno.
14. De la lectura integral del recurso, cuya sustentación no se presenta de manera
sistemática y reitera algunos reproches bajo distintas denominaciones, la Sala
advierte que los cargos respecto a la causal quinta se agrupan en: i) falta de
motivación; ii) incongruencia en el contenido de la sentencia; iii) desconocimiento
del precedente con error de subsunción e iv) indebida valoración probatoria.
15. En cuanto a la falta de motivación, la parte recurrente sostuvo que la sentencia
de segunda instancia adolece de una motivación insuficiente o aparente, porque
omitió pronunciarse sobre aspectos que el recurrente estima decisivos para resolver
la apelación, tales como: i) la absolución dictada en el juicio penal; ii) la solicitud de
absolución formulada por la Fiscalía General de la Nación; iii) la duración e
intensidad de la privación de la libertad y iv) la unidad de valoración del proceso
penal. Adujo que el Tribunal no explicó por qué la absolución carecía de incidencia
en el juicio de responsabilidad ni las razones para apartarse de las conclusiones
favorables adoptadas por el a quo, con lo cual vulneró el debido proceso y el
derecho de defensa.
16. En cuanto al cargo por desconocimiento del principio de congruencia, alegó que
la providencia incurrió en incongruencia externa, interna y citra petita. Según el
recurrente, la incongruencia externa se configuró porque el Tribunal modificó el eje
del debate planteado en la demanda, pues en lugar de resolver si la privación de la
libertad era injusta a partir de la absolución penal y de la solicitud absolutoria de la
Fiscalía, examinó la razonabilidad y proporcionalidad de la medida de
aseguramiento al momento de su imposición. La incongruencia interna consistió, a
su juicio, en la contradicción entre el marco normativo y jurisprudencial que el
Tribunal dijo acoger, integrado por el artículo 90 de la Constitución Política, la Ley
270 de 1996, la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional y la
jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera sobre privación injusta de la
libertad, y la regla de decisión que finalmente aplicó. Por último, sostuvo que se
configuró un vicio citra petita, porque el ad quem omitió resolver el núcleo de la
pretensión, referido a determinar si la absolución por aplicación del principio in dubio
pro reo tornaba injusta la privación de la libertad.
17. Por otra parte, como desconocimiento del precedente y error de subsunción, la
parte recurrente afirmó que la sentencia sustituyó el estándar constitucional y
convencional aplicable a la responsabilidad por privación injusta de la libertad por
un examen formal de la legalidad de la medida de aseguramiento. En particular,
confundió los requisitos de procedencia de esa medida, previstos en la Ley 906 de
2004, con los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado, fundados
en el artículo 90 de la Constitución Política y en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996.
Resaltó que la absolución penal del procesado, en especial cuando medió solicitud
absolutoria del ente acusador, imponía reconocer la antijuridicidad del daño, con
apoyo en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, la jurisprudencia
de la Sección Tercera sobre privación injusta de la libertad y los pronunciamientos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la excepcionalidad de la
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
detención preventiva, particularmente los casos Chaparro Álvarez y Lapo, Tibi y
Bayarri.
18. En cuanto a la indebida valoración probatoria, sostuvo que la providencia incurrió
en un defecto fáctico, al omitir o valorar indebidamente pruebas que consideró
determinantes, como la sentencia penal absolutoria, la solicitud de absolución de la
Fiscalía, la duración de la privación de la libertad y las afectaciones padecidas por
el demandante y su núcleo familiar. Adujo que la valoración de esos elementos
habría conducido a mantener la condena impuesta en primera instancia.
19. Como respaldo de su planteamiento, la parte recurrente invocó el salvamento de
voto de la magistrada Lilia Yaneth Álvarez Quiroz frente a la decisión recurrida. A su
juicio, las consideraciones expuestas por la magistrada evidencian que el análisis
del Tribunal no podía limitarse a la pertinencia inicial de la medida de
aseguramiento, sino que debía extenderse al resultado del proceso penal, habida
cuenta de que la propia Fiscalía solicitó la absolución del procesado.
20. En relación con la causal octava, invocada de manera subsidiaria, la parte
recurrente sostuvo que la sentencia penal absolutoria del 29 de junio de 2016,
proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Barranquilla, hizo tránsito a cosa juzgada respecto de los hechos investigados y
de la ausencia de responsabilidad penal del señor Yasquén Moreno. En
consecuencia, la sentencia contencioso administrativa resultaba incompatible con
aquella, al negar la reparación con fundamento en los mismos hechos frente a los
cuales el juez penal lo absolvió.
21. Añadió que entre el proceso penal y el proceso de reparación directa existía
identidad sustancial de hechos y de partes, en tanto ambos enfrentaban al Estado
con el señor Yasquén Moreno en relación con la imputación de una misma conducta,
y que en este caso no operaba la limitación prevista en el numeral 8 del artículo 250
del CPACA, según la cual no hay lugar a revisión cuando en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada, comoquiera que en el
proceso de reparación directa no se resolvió una excepción de esa naturaleza.
D. Oposición al recurso extraordinario de revisión
22. La Nación – Fiscalía General de la Nación, mediante apoderada judicial, se opuso
a la prosperidad del recurso y solicitó que se declarara infundado13. Sostuvo que no
se configuraban las causales invocadas ni ninguna otra de las previstas para la
procedencia de este medio extraordinario de impugnación. Afirmó que la parte
recurrente, bajo el ropaje de una nulidad originada en la sentencia, pretendía reabrir
el debate jurídico ya resuelto en las instancias, con lo cual desnaturalizaba el
recurso y lo convertía en una tercera instancia.
23. En este sentido, señaló que los reproches formulados no daban cuenta de una
irregularidad con entidad suficiente para invalidar la sentencia, sino de una
inconformidad con la valoración probatoria y con el análisis jurídico realizado por el
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
Tribunal Administrativo del Atlántico.
24. Frente a la causal octava, sostuvo que tampoco se acreditaba la existencia de
una sentencia anterior que constituyera cosa juzgada entre las partes y que fuera
contrariada por la providencia objeto de revisión.
25. Asimismo, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional14, solicitó que se
declarara infundado el recurso. Respecto a la causal quinta, señaló que la parte
recurrente no acreditó una irregularidad procesal originada en la sentencia, pues
sus reproches se dirigían al fondo del asunto, a la valoración probatoria y a la
motivación de la providencia cuestionada. En esta línea, recordó que el recurso
extraordinario de revisión es de interpretación restrictiva y no puede emplearse para
controvertir nuevamente la decisión de instancia.
26. En relación con la causal octava, precisó que la sentencia penal absolutoria no
constituye cosa juzgada frente al proceso de reparación directa, comoquiera que se
trata de actuaciones con distinto objeto y causa, resueltas por jurisdicciones
diferentes. Agregó que la absolución penal no evidencia un error en el juzgamiento,
sino el ejercicio legítimo de la independencia y autonomía judicial, de modo que el
sentido de una y otra decisión no resulta contradictorio en los términos exigidos por
la causal invocada.
E. Concepto del Ministerio Público
27. La Procuradora Delegada de Intervención 6, Primera ante el Consejo de Estado,
rindió concepto desfavorable a la prosperidad del recurso extraordinario de revisión
y solicitó que se declarara infundado15. Para tal efecto, destacó el carácter
excepcional y restrictivo de este medio de impugnación, así como su improcedencia
para reabrir debates jurídicos y probatorios propios del proceso ordinario. En esa
medida, precisó que el análisis debía circunscribirse a verificar si, en el caso
concreto, se configuraban las causales invocadas por la parte recurrente.
28. Frente a la causal quinta del artículo 250 del CPACA, señaló que la nulidad
originada en la sentencia exige la existencia de un vicio grave, insaneable y
proveniente de la providencia cuestionada o inescindiblemente relacionado con ella.
A partir de esa premisa, consideró que los cargos formulados por la parte recurrente
no evidenciaban una irregularidad de esa naturaleza, sino una inconformidad con la
forma en que el Tribunal Administrativo del Atlántico valoró la razonabilidad y
proporcionalidad de la medida de aseguramiento y con la conclusión a la que arribó
sobre la inexistencia de responsabilidad del Estado en este caso por la privación
injusta de la libertad.
29. En relación con la causal octava, indicó que la sentencia penal absolutoria no
constituía una sentencia anterior con efectos de cosa juzgada entre las partes del
proceso de reparación directa, en los términos exigidos por el numeral 8 del artículo
250 del CPACA. Precisó que el proceso penal y el proceso contencioso
administrativo tienen objeto, causa y finalidad distintos, pues el primero define la
14 Índice 30, Samai.
15 Índice 28, Samai.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
responsabilidad penal del acusado, mientras que el segundo establece si se
configuran los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado a favor del
demandante.
30. Concluyó que la parte recurrente pretendía utilizar el recurso extraordinario de
revisión para controvertir nuevamente el análisis jurídico y probatorio efectuado por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, especialmente en relación con la
antijuridicidad del daño, la razonabilidad de la medida de aseguramiento y los
efectos de la absolución penal.
F. Pronunciamiento del recurrente frente a la oposición y al concepto del
Ministerio Público
31. Surtidos los traslados de los escritos de oposición al recurso y de la intervención
del Ministerio Público, la parte recurrente se pronunció, mediante escritos
separados, frente a la oposición de la Nación – Fiscalía General de la Nación y
frente al concepto del Ministerio Público, con el propósito de controvertir los
argumentos formulados y reafirmar la procedencia de las causales invocadas.
II. CONSIDERACIONES
G. Aspectos procesales
32. La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para decidir y el recurso fue interpuesto dentro del término de un (1) año,
previsto en el artículo 251 del CPACA16. La sentencia objeto de revisión fue proferida
el 6 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral “A”, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado 08-
001-33-33-007-2017-00306-01, quedó ejecutoriada el 12 de septiembre de 202417
y el recurso de revisión se radicó el 12 de septiembre de 202518, por lo que el medio
de impugnación fue oportuno.
H. Sentido de la decisión
33. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión porque no se
acreditan los presupuestos normativos y jurisprudenciales exigidos para la
configuración de la causal invocada. Se evidencia que los cuestionamientos
formulados por la parte recurrente contra la sentencia no constituyen vicios
originados en la providencia. Por el contrario, son manifestaciones de inconformidad
con el análisis jurídico y probatorio efectuado por el tribunal al negar las
pretensiones de la reparación directa. Además, se advierte que la sentencia penal
absolutoria del 29 de junio de 2016 no es una decisión anterior con efectos de cosa
juzgada entre las partes del proceso de reparación directa, ni puede considerarse
contraria a esta decisión, en los términos del numeral 8 del artículo 250 del CPACA.
16 “Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia
(…)”.
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18 Índice 2, Samai.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
34. En efecto, aunque la parte recurrente sostiene que la providencia cuestionada
incurrió en nulidad originada en la sentencia por falta de motivación, incongruencia,
desconocimiento del precedente, error de subsunción e indebida valoración
probatoria, los argumentos formulados están dirigidos a cuestionar el razonamiento
jurídico y probatorio efectuado por el Tribunal para negar las pretensiones de
reparación directa por la privación de la libertad del señor Yasquén Moreno.
35. Por su parte, la sentencia penal absolutoria invocada por la parte recurrente no
constituye una sentencia anterior que haya hecho tránsito a cosa juzgada entre las
partes del proceso de reparación directa, pues no resolvió la misma controversia
jurídico-procesal sometida a conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
36. En definitiva, la Sala advierte que el recurso pretende reabrir el debate jurídico y
probatorio resuelto en el proceso ordinario sobre la responsabilidad patrimonial del
Estado por la privación de la libertad del señor Yasquén Moreno, finalidad que es
ajena a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión.
i. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
37. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada,
pues abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre que se configure
alguno de los supuestos consagrados taxativamente en la ley.
38. El objeto del recurso es el restablecimiento de la justicia material, cuando se
advierte que ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que no
pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten de tal
gravedad, que autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada. Al respecto,
ha señalado la Corte Constitucional que: “(…) la revisión, más que un recurso, es
un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia formal
propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera
que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior”19.
39. Ellegislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativa y están contenidas en los artículos 250 de la Ley 1437
de 201120 y 20 de la Ley 797 de 200321
19 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, exp. D-3293, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
20 “Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
(…)”.
21 “Artículo 20. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.
(…)”.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
40. El artículo 252 del CPACA22 dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener: i) la indicación de las partes y sus representantes, ii)
el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.
41. En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una tercera instancia
en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en relación con la
sentencia que se pretende revisar. Por tal razón, las pretensiones y fundamentos
deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos
contemplados en las causales para su procedencia23.
42. En esta línea, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que los
vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son eminentemente
procedimentales; ninguno está dirigido a cuestionar la labor intelectual de
juzgamiento, pues:
(…) todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5,
referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral
8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a
la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron
el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del
numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
pronunciamiento del fallo24.
43. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión no es la vía para
controvertir la labor hermenéutica del juzgador ni la valoración probatoria, ni
tampoco para replantear cuestiones que el recurrente pudo haber alegado en el
trámite ordinario. Tampoco fue instituido para reabrir el debate propio de las
instancias, suplir las falencias probatorias de las partes o subsanar errores u
omisiones propios en el ejercicio del derecho de contradicción.
ii. Solución del caso concreto: los argumentos formulados contra la
sentencia objeto de revisión no configuran las causales de revisión
invocadas.
44. La parte recurrente solicita la revisión de la sentencia impugnada con fundamento
principal en la causal 5 del artículo 250 del CPACA, relativa a la nulidad originada
en la sentencia. Lo anterior, por falta de motivación, desconocimiento del principio
de congruencia, desconocimiento del precedente, error de subsunción e indebida
valoración probatoria.
22 “Artículo 252. El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener:
1. La designación de las partes y sus representantes.
2. Nombre y domicilio del recurrente.
3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento.
4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada.
Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales que el recurrente
tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer”.
23
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre de 1997,
radicado REV 117, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. En el mismo sentido; Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, radicado.
2006-00318-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia
del 2 de febrero de 2016, radicado 2015-02342-00(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
45. La causal invocada establece lo siguiente: “(…) 5. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
46. En este caso, se cumple el presupuesto formal de la causal prevista en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA, porque la sentencia del 6 de febrero de 2024 puso fin
al proceso de reparación directa y contra ella no procedía recurso de apelación.
47. Sin embargo, la Sala advierte que no se acredita el presupuesto material de la
causal, esto es, la existencia de una nulidad originada en la sentencia con entidad
suficiente para afectar su validez. En primer lugar, porque los fundamentos alegados
por el recurrente no se constituyen en una causal de nulidad en los términos del
artículo 133 de la Ley 1564 de 2012 del CGP25.
48. De manera adicional, se observa que los defectos alegados por el recurrente no
podrían viciar de nulidad la providencia recurrida, porque es evidente que, en
esencia, expresan una inconformidad del recurrente con las consideraciones
expuestas por el Tribunal para establecer la ausencia de responsabilidad del Estado
por la privación injusta de la libertad del demandante y, en consecuencia, lo que en
realidad se pretende es convertir este recurso, indebidamente, en una tercera
instancia y revivir el análisis contenido en la sentencia censurada.
49. Así, la parte recurrente formuló distintos cargos bajo la causal quinta, los cuales
corresponden a inconformidades con el razonamiento jurídico y probatorio del juez
ordinario.
50. Todos los cargos propuestos parten de una premisa, consistente en que el
Tribunal no debió centrar su análisis en la razonabilidad y proporcionalidad de la
medida de aseguramiento al momento de su imposición, sino otorgar efectos
determinantes a la sentencia penal absolutoria, a la solicitud absolutoria formulada
por la Fiscalía General de la Nación y a la duración de la privación de la libertad. A
partir de ese presupuesto, la parte recurrente cuestiona la motivación de la
sentencia, su congruencia, la aplicación del precedente, el error de subsunción y la
valoración probatoria realizada por el juez de segunda instancia.
51. No obstante, dichos cargos solo revelan una inconformidad con el razonamiento
jurídico y probatorio del Tribunal Administrativo del Atlántico, en tanto la providencia
recurrida sí expuso las razones de hecho y de derecho que condujeron a negar las
pretensiones, puesto que identificó el daño alegado consistente en la privación de
25 CGP “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes
casos: 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. 2.
Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o
pretermite íntegramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las
causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad
debida. 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder. 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar
o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6.
Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio
de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a
cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a
cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. (…)”.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
la libertad del señor Yasquén Moreno; precisó que la absolución penal no generaba
de manera automática la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado;
examinó la razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento a partir
de los elementos disponibles al momento de su imposición y concluyó que en tal
virtud no se acreditó el carácter antijurídico del daño.
52. De esta manera, la falta de motivación alegada por el recurrente se circunscribe
a atacar el razonamiento aplicado por el Tribunal, el peso otorgado a la absolución
penal y la forma en la que se aplicó la jurisprudencia sobre la privación injusta de la
libertad, por considerar que se trata de una motivación equivocada, incompleta o
insuficiente, controversias para las cuales, se reitera, no ha sido instituido el recurso
extraordinario de revisión26.
53. Asimismo, respecto a la incongruencia externa, interna o citra petita invocada, se
advierte que el proceso ordinario tuvo por objeto establecer si las entidades
demandadas debían responder patrimonialmente por la privación de la libertad del
señor Yasquén Moreno, asunto que fue tratado y resuelto por el Tribunal. Por ende,
la sentencia recurrida no modificó la causa petendi, no dejó de pronunciarse sobre
la pretensión indemnizatoria, ni adoptó una decisión ajena al marco de la
controversia. Por el contrario, abordó el juicio de responsabilidad a partir del análisis
de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento y la
antijuridicidad del daño.
54. Las consideraciones del recurrente relativas a la metodología que debió ser
adoptada por el tribunal consistentes en atribuir mayor incidencia a la absolución
penal o a valorar de manera distinta la solicitud absolutoria formulada por la Fiscalía
no convierte la decisión en incongruente. Este reproche corresponde a una
discrepancia con la forma en la que el tribunal resolvió el fondo del litigio, pero no
demuestra que la providencia hubiese desbordado los límites fijados por las
pretensiones, los hechos, la causa petendi o los recursos interpuestos.
55. En cuanto al supuesto desconocimiento del precedente y al error de subsunción,
la Sala advierte que esos reparos también están dirigidos a rebatir las
consideraciones jurídicas del Tribunal. La sentencia recurrida aludió expresamente
a la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional enunciada por el
recurrente y al criterio según el cual la absolución penal no basta, por sí sola, para
declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, sino
que corresponde analizar la antijuridicidad del daño y la razonabilidad de la medida,
lo que aplicó al caso concreto con la autonomía judicial que le es propia. Aunque la
parte recurrente considera que el Tribunal se apartó de la línea jurisprudencial de la
referida sentencia y de la Sección Tercera del 6 de agosto de 2020, expediente
46.947, lo cierto es que el reproche se limita a una discrepancia con la forma en que
el Tribunal interpretó y aplicó el precedente al caso concreto.
56. De igual manera, se advierte que la referencia del Tribunal a los artículos 306 y
308 de la Ley 906 de 2004 está dirigida a controvertir el análisis jurídico del Tribunal.
Así, el recurrente sostiene que el juez de segunda instancia sustituyó el análisis de
26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 25, sentencia del 10 de julio de 2024, rad. 11001-03-15-
000-2023-05815-00(REV), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
responsabilidad patrimonial por un examen formal de la legalidad inicial de la
medida de aseguramiento, lo que corresponde a una discrepancia sobre la
metodología empleada para valorar la antijuridicidad del daño. La sentencia
recurrida sí examinó la privación de la libertad, la absolución penal y los elementos
que sustentaron la medida de aseguramiento, aunque concluyó, en sentido
contrario al pretendido por la parte recurrente, que la restricción fue razonable y
proporcionada según las circunstancias existentes al momento de su imposición.
Por tanto, el desacuerdo sobre si debía darse mayor peso al desenlace absolutorio
o a la solicitud absolutoria de la Fiscalía corresponde a una discusión propia del
fondo del litigio.
57. Lo mismo ocurre con el cargo por indebida valoración probatoria. La parte
recurrente sostiene que el Tribunal omitió o tergiversó la sentencia penal
absolutoria, la solicitud de absolución formulada por la Fiscalía, la duración de la
privación y las afectaciones sufridas por el demandante y su núcleo familiar. No
obstante, esos argumentos buscan que el juez de revisión examine nuevamente el
mérito de las pruebas y sustituya la valoración efectuada por el juez ordinario,
finalidad ajena a la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
58. En este punto conviene reiterar que el recurso extraordinario de revisión no puede
utilizarse para reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico propio de las instancias,
subsanar omisiones de las partes o cuestionar la interpretación normativa del juez
natural27, por lo que, al pretender que la Sala revise nuevamente el juicio de
antijuridicidad del daño, la incidencia de la absolución penal y la razonabilidad de la
medida de aseguramiento, aspectos que fueron definidos por el juez natural del
proceso de reparación directa, se desbordan los límites fijados para el estudio y
procedencia del recurso extraordinario de revisión.
59. Por último, el salvamento de voto invocado por la parte recurrente tampoco altera
esta conclusión. Si bien la magistrada disidente consideró que el análisis no debía
limitarse a la pertinencia inicial de la medida de aseguramiento, sino comprender la
actuación desarrollada durante el proceso penal, esa postura refleja una
discrepancia frente al alcance del estudio que debía realizarse en segunda
instancia. Por lo tanto, recurrir a los argumentos disidentes de la magistrada solo
ratifica que el recurrente buscar convertir el recurso extraordinario de revisión en
una tercera instancia.
60. Ahora bien, en relación con la configuración de la causal octava del artículo 250
del CPACA28, la parte recurrente sostiene que la sentencia penal absolutoria del 29
de junio de 2016 hizo tránsito a cosa juzgada respecto de los hechos investigados
y de la ausencia de responsabilidad penal del señor Yasquén Moreno, y que, por
esa razón, la sentencia contencioso administrativa no podía negar la reparación
derivada de la privación de la libertad.
27 Consejo de Estado, Sala Dieciocho Especial de Decisión, sentencia del 4 de julio de 2025, rad. 11001-03-15-
000-2020-00356-00(REV), C.P. Oswaldo Giraldo López.
28 “Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada”.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
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61. Sin embargo, aun si la sentencia penal absolutoria produjo efectos de cosa
juzgada en relación con la responsabilidad penal del señor Yasquén Moreno, eso
no significa que constituya una sentencia anterior con efectos de cosa juzgada
frente al proceso de reparación directa. El proceso penal tenía por objeto determinar
si el acusado era penalmente responsable de los hechos investigados, mientras que
el proceso contencioso administrativo tenía por finalidad establecer si las entidades
demandadas debían responder patrimonialmente por la privación de su libertad. Se
trata, entonces, de procesos con objeto y causa distintos, conocidos por
jurisdicciones diferentes y orientados a resolver controversias de naturaleza diversa.
62. En ese sentido, la sentencia penal absolutoria podía ser valorada por el juez
contencioso administrativo como un elemento para decidir sobre la responsabilidad
patrimonial del Estado, pero no definía si la privación de la libertad constituía un
daño antijurídico imputable a las entidades demandadas ni resolvía las pretensiones
indemnizatorias formuladas ante esta jurisdicción.
63. Por esa razón, no se acredita el presupuesto relativo a la existencia de una
sentencia anterior que constituya cosa juzgada entre las partes. En ausencia de
identidad de objeto y causa entre la sentencia penal absolutoria y la sentencia
contencioso administrativa, resulta innecesario estudiar si existe contradicción entre
ambas decisiones o si la cosa juzgada podía o no proponerse como excepción en
el proceso ordinario29.
64. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión se declarará infundado.
iii. Conclusión
65. De conformidad con las anteriores razones, no prospera el recurso extraordinario
interpuesto, porque no se acreditaron los supuestos de la causal de revisión
extraordinaria invocada.
I. Costas
66. De conformidad con el artículo 255 del CPACA 30, como el recurso extraordinario
de revisión se declarará infundado, corresponde condenar en costas a la parte
recurrente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA 31y el artículo
366 del CGP32. La condena comprende las expensas y gastos del proceso, así como
las agencias en derecho, que se fijarán en atención al concepto y los criterios
definidos para su causación en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, rad. 11001-
03-15-000-2001-00118-01(REV), C.P. Gerardo Arenas Monsalve. En el mismo sentido, Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2016, rad. 76001-23-31-000-1999-02223-01
(35440), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
30 "Artículo 255. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente".
31 “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
(…)”.
32 “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas:
(…)”.
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Expediente: 11001032600020250012400 (73459)
Recurrente: Andy Samuel Yasquén Moreno y otros.
del Consejo Superior de la Judicatura.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLÁRESE INFUNDADO el recurso extraordinario promovido por el
señor Andy Samuel Yasquén Moreno y otros, contra la sentencia proferida el 6 de
febrero de 2024 por la Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del
Atlántico tramitado con radicado 08-001-33-33-007-2017-00306-01.
SEGUNDO. CONDÉNESE en costas a la parte recurrente, las cuales se liquidarán
de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP.
TERCERO. RECONÓCESE personería adjetiva a la abogada Diana Alexandra
Paredes Cáceres, identificada con la tarjeta profesional 149.684 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación – Fiscalía General de la
Nación, en los términos del poder que obra en el índice 41 de Samai.
CUARTO. Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el
expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con Aclaración de voto
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
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