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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05815-00

Motivación de la sentencia: alcance – La sentencia censurada no incurrió en la

Fecha
10 de julio de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05815-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Juan Francisco Peláez Ramírez contra la sentencia dictada el 28 de julio de 2022, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2018-01999-01. 38 A cuyo tenor: “Artículo 270. sentencias de unificación jurisprudencial. (Artículo modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021). Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009” (negrillas fuera del texto original). 39 “Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente” (negrillas fuera del texto original). 19 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05815-00 Actor: Juan Francisco Peláez Ramírez Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión (Ley 1437 de 2011) SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, mediante la Secretaría General del Consejo de Estado, ARCHIVAR el presente asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05815-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

10 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No.25

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05815-00

Actor: JUAN FRANCISCO PELÁEZ RAMÍREZ

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – LEY 1437 DE 2011

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No es una instancia adicional
para debatir aspectos propios que fueron resueltos en el proceso inicial / FALTA DE
MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA – Alcance – La sentencia censurada no incurrió en la
irregularidad alegada / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Concepto y limites – Se
desconoce cuándo el operador judicial toma un camino ajeno a lo debatido en la litis.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Juan
Francisco Peláez Ramírez contra la sentencia del 28 de julio de 2022, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
confirmó el fallo denegatorio de primera instancia.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1. El recurrente considera que frente a la sentencia censurada se configura la
causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, dada la
violación del debido proceso por: i) falta de motivación, y ii) desconocimiento del
principio de congruencia, toda vez que la referida providencia no abordó el objeto
del litigio declarativo, sino que, por el contrario, se edificó en consideraciones
erróneas y no se valoró el material probatorio que obraba en el expediente.

II. ANTECEDENTES

A. Proceso en el cual se profirió la sentencia objeto de revisión

2. El 4 de septiembre de 20181, el señor Juan Francisco Peláez Ramírez, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el fin de que
se declarara la nulidad parcial del Decreto 496 del 14 de marzo de 2018, a través

1 Índice 27 de SAMAI.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05815-00
Actor: Juan Francisco Peláez Ramírez
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

del cual el señor Peláez Ramírez fue retirado del servicio activo2. El referido acto
administrativo se fundó en la causal de llamamiento a calificar servicios 3; sin
embargo, en el proceso ordinario, el demandante sostuvo que él tenía el derecho
adquirido de ascenso al grado de brigadier general a partir del 1 de junio de 2017,
según el Decreto 622 del 17 de abril de esa misma anualidad.

3. A título de restablecimiento del derecho, la parte actora pidió que: i) se le
reintegrara a la Policía Nacional y, en consecuencia, se le pagaran las acreencias
laborales a las que hubiera lugar; ii) se le ascendiera al grado de brigadier general
con retroactividad desde el 1º de junio de 2017; iii) se le reconocieran y pagaran las
respectivas diferencias salariales y prestacionales, y iv) las sumas de dinero fueran
actualizadas acorde al Índice de Precios al Consumidor.

4. En sentencia de 13 de mayo de 20214, la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, por cuanto, contrario a lo expuesto por el demandante, consideró que el
acto administrativo controvertido no estaba viciado de nulidad por falsa motivación,
desviación de poder o por violación del debido proceso.

5. El a quo sostuvo que el retiro del señor Juan Francisco Peláez Ramírez se
dio con fundamento en la causal legal de llamamiento a calificar servicios, dado que
se cumplieron los presupuestos para ello, de ahí que al accionante le correspondía
demostrar que dicha circunstancia obedeció a situaciones particulares que eran
ajenas al relevo de los mandos y a que él había cumplido el tiempo de servicio, lo
cual no ocurrió.

6. Además, la Policía Nacional podía, de forma discrecional, optar por retirar del
servicio al señor Peláez Ramírez, a pesar de que previamente se había decretado
su ascenso como brigadier general; por lo tanto, dado que no se logró desvirtuar la
presunción de legalidad del decreto cuestionado, las súplicas de la demanda fueron
desestimadas.

7. La parte actora apeló la determinación anterior y mediante fallo del 28 de julio
de 20225, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó
la decisión dictada por el a quo, para lo cual sostuvo que el acto administrativo objeto

2 Quien para la época de los hechos ostentaba el grado de coronel y estaba a cargo de la Dirección

de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
3 Establecida en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 857 de 2003.
4 Providencia que obra en el índice 27 de SAMAI.
5 Ibidem.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05815-00
Actor: Juan Francisco Peláez Ramírez
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

de controversia fue ajustado al marco legal que regula lo concerniente al retiro de
oficiales de la Policía.

8. En la referida providencia, esta Corporación explicó que los trámites de
ascenso y llamamiento a calificar servicios son independientes y no excluyentes,
por lo que la expedición del primero no significaba que la Administración perdiera
competencia para hacer uso de la facultad discrecional de retirar del servicio al
señor Peláez Ramírez, previa recomendación de la junta asesora del Ministerio de
Defensa.

9. En esa medida, toda vez que la Policía se estructura de manera piramidal,
no es posible que todos los oficiales de dicha institución asciendan al grado
siguiente, por lo que el hecho de no ser promovido no es sinónimo de arbitrariedad,
por lo tanto, dado que no se acreditaron los vicios de nulidad alegados en la
demanda, el accionante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del decreto
censurado.

B. Recurso extraordinario de revisión y su trámite

10. El 2 de octubre de 20236, el señor Juan Francisco Peláez Ramírez interpuso
recurso extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, para lo cual
invocó la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -
existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación-, por vulneración del debido proceso, por cuanto, en
su criterio, la providencia censurada se profirió sin motivación y quebrantó el
principio de congruencia.

11. Al respecto, la parte recurrente sostuvo que la sentencia censurada carecía
de motivación porque: i) se sustentó en circunstancias erróneas e incompletas; ii)
el caso no se decidió con base en el marco normativo correspondiente 7, ni la
jurisprudencia de la Corte Constitucional aplicable en la materia8, y iii) las pruebas
no fueron valoradas debidamente. Además, el referido fallo fue incongruente, en
cuanto: iv) la referida providencia no abordó el problema jurídico planteado, y v) se
analizó un objeto distinto al formulado en la demanda inicial.

6 Índice 2 de SAMAI.
7 La parte demandante se refirió puntualmente a los artículos 173 de la Constitución Política, 313 de

la Ley 5 de 1992 y 22 del Decreto Ley 1791 de 2000.
8 En concreto, la parte recurrente hizo alusión a las siguientes sentencias dictadas por la Sala Plena

de la Corte Constitucional: i) SU-091 del 25 de febrero de 2016, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
y, ii) SU-917 del 16 de noviembre de 2010, M.P: Jorge Iván Palacio Palacio.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05815-00
Actor: Juan Francisco Peláez Ramírez
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

12. A título de pretensión subsidiaria, el actor solicitó que se unifique la
jurisprudencia respecto del “fenómeno de la cosa juzgada, en aquellos eventos en
los que existe dos actos administrativos independientes, excluyentes y cuál es el
criterio de ponderación entre ellos” 9.

13. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

14. Mediante proveído del 6 de febrero de 202410, se negó la solicitud probatoria
formulada por la parte demandante11, determinación que no fue recurrida12.

III. CONSIDERACIONES

15. La Sala resolverá el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
recurrente contra la sentencia de segunda instancia del 28 de julio de 2022,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dado
que no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, y se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de:
competencia, demanda en tiempo y legitimación en la causa.

16. De manera previa, se presentarán algunas consideraciones generales frente
al alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011, para luego analizar si el fallo censurado incurrió en falta de
motivación por supuestamente basarse en circunstancias erróneas, no edificarse en
el marco normativo aplicable, o no valorar debidamente el material probatorio.
Aunado a ello, la Sala determinará si, de acuerdo con lo señalado por el recurrente,
la sentencia censurada fue incongruente al pronunciarse sobre un objeto distinto al
formulado en la demanda y no resolver el problema jurídico planteado en segundo
grado.

A. Alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011

17. El Consejo de Estado ha establecido que cuando se invoca la causal de
revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el

9 Folio 21 del escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión.
10 Índice 21 de SAMAI.
11 Como consecuencia, fue decretado como prueba el expediente digital del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho precedente.
12 El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente para dictar sentencia el 26 de febrero

de 2024. Índice 29 de SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05815-00
Actor: Juan Francisco Peláez Ramírez
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

recurso extraordinario debe fundarse en la configuración de: i) las causales de
nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 133 del Código General del
Proceso, siempre que estas se prediquen de la sentencia13 o de ii) los supuestos,
en los que, según la jurisprudencia, constituyen una violación del debido proceso14,
así:

a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso.
c. Proferir una sentencia sin motivarla.
d. Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
e. Desconocer el principio de congruencia.

18. Aunado a ello, de acuerdo con lo manifestado por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado15, podrían existir supuestos
adicionales que se enmarquen en la violación del debido proceso y, por ende, den
lugar a la causal de nulidad originada en la sentencia, la cual no se agota de manera
exhaustiva en los eventos señalados16.

19. Con todo, bajo el amparo de la violación del debido proceso no es posible
plantear argumentos que tienen como propósito convertir el recurso extraordinario
en una instancia adicional del proceso ordinario precedente, pues este mecanismo
no tiene como finalidad que las partes insistan en las razones por las cuales
consideran que las pretensiones iniciales tienen o no vocación de prosperidad.

A.1. Vulneración del debido proceso por falta de motivación

20. A juicio de la parte recurrente, la sentencia censurada vulneró la garantía del
debido proceso, al haberse dictado con base en circunstancias erróneas e
incompletas, por cuanto, en su criterio, el caso concreto no se analizó conforme al
marco normativo que regula lo relacionado con el retiro del personal uniformado de
la fuerza pública, así como tampoco se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Revisión,
sentencia del 7 de junio de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez, exp. 2015-02493-01 (REV).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 20 de febrero de 2020, C.P: María Adriana Marín, exp: 2019-03861-01 (AC).
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-153-01(REV).
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de

Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021, exp. 2020-003697-00 (REV).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05815-00
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Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
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Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

Constitucional sobre la facultad discrecional de la Administración y el deber de
motivar ese tipo de actos administrativos.

21. El actor señaló que esa circunstancia generó que el ad quem “confundiera”
el procedimiento de retiro de oficiales por voluntad del Gobierno Nacional y el
llamamiento a calificar servicios, pues, de lo contrario, se hubiera concluido que el
decreto cuestionado no atendió a los fines del servicio, sino que era un caso de
corrupción que afectaba el funcionamiento de la institución policial, lo cual
evidenciaba que el material probatorio no fue debidamente valorado.

22. La Sala encuentra oportuno explicar que la motivación de las sentencias
constituye un imperativo que surge de la garantía constitucional del debido proceso.
En ese sentido, la motivación de las providencias propende por brindarle a las partes
el derecho de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez
natural frente al caso objeto de controversia, por lo que la función del operador
judicial no se entiende cumplida con la simple decisión formal que resuelva el asunto
sometido a su consideración.

23. Lo anterior, por cuanto el funcionario judicial tiene un rol fundamental en la
elaboración del correspondiente fallo, el cual, como acto procesal que es, debe
fundamentarse en el examen crítico de las pruebas y los razonamientos legales
aplicables al caso concreto.

24. El artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 -normal procesal aplicable al proceso
declarativo- se refiere al contenido de la sentencia en los siguientes términos:

“Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada.
En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas y modificar o reformar estas”.

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Actor: Juan Francisco Peláez Ramírez
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Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

25. Esta Corporación ha destacado que la causal de nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación se configura en los eventos de carencia
absoluta de pronunciamiento sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron
de fundamento a la decisión o cuando se sustenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas, por lo que dicho
recurso extraordinario no es procedente para controvertir las razones del fallo ni la
apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el juzgador17.

26. Sobre la causal de nulidad por falta de motivación, la Sección Tercera del
Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

“Es importante destacar que la ausencia total de la motivación de la sentencia,
si bien hoy en día no se encuentra contenida en una norma de carácter
constitucional como antes sí ocurría en el artículo 163 de la Constitución de
1886, lo cierto es que con la Carta Política de 1991 se incorporó un extenso
catálogo de principios y garantías que aseguran la plena observancia del
derecho fundamental del debido proceso, de manera tal que no puede pensarse
que los jueces se encuentren facultados para no motivar sus decisiones.
Adicionalmente se tiene que el artículo 170 del Código Contencioso
Administrativo dispone que la sentencia debe ser motivada, esto es, que debe
cumplir con las garantías y normas constitucionales y legales.

De otro lado, si bien esta falta de motivación no se encuentra contemplada en
las causales previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que
corresponden a aquéllas que, por regla general se tienen en cuenta para
analizar la causal 6 de revisión contemplada en el artículo 188 Código
Contencioso Administrativo, debe entenderse que con ella se viola el derecho
fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta
Política, pues motivar la sentencia implica que se justifique la decisión conforme
a la ley existente para el momento de los hechos objeto de debate, por lo que
no es de recibo que el juez, argumente o sustente su fallo empleando normas
inexistentes o incluso, normas que estando en plena vigencia no sean
aplicables al caso, sobre todo cuando se encuentran de por medio aspectos
sustanciales y no procesales”18.

27. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el vicio surgido
por la falta de motivación está condicionada a la carencia radical, absoluta y total,
por lo que a contrario sensu, cuando la sentencia está motivada, así sea en medida
mínima, lacónica, parca o confusa, el vicio in procedendo no se configura, por
cuanto lo sancionable es el hecho de que el juez se haya sustraído rotundamente

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.827.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 20 de octubre de 2014, C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp: 34.612.
Reiterada por la Subsección A de la Sección Tercera en sentencia del 1° de agosto de 2016, C.P:
Hernán Andrade Rincón, exp: 34.664.
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de dar las razones que expliquen o que permitan conocer, a ciencia cierta, el porqué
de su decisión19.

28. En suma, la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, consistente en la nulidad originada en la sentencia, por
violación del debido proceso, derivado de la falta de motivación, se configura cuando
los fallos cuestionados: i) desde una perspectiva formal, no cuenten con argumentos
de soporte o contengan “motivaciones apenas aparentes” y ii) cuando la providencia
objeto de controversia se sustentó en situaciones manifiestamente erróneas,
incompletas o de actitudes dolosas.

29. Lo anterior significa que las alegaciones relacionadas con aspectos
sustanciales de la decisión censurada como su acierto, validez, lógica o armonía
con el precedente, son ajenas al ámbito restringido del recurso extraordinario de
revisión20.

30. Bajo este contexto, en el sub lite la Sala observa que, contrario a lo expuesto
por la parte recurrente, en el fallo censurado sí se estableció el marco normativo
respecto de la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, para lo cual se
determinó la ley que regula esa circunstancia y el alcance normativo que ha
establecido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la facultad
discrecional de la Administración en ese tipo de casos, así:

“3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

En principio, la Sala precisa que, a través de la Ley 857 de 2003, el
legislador reguló lo atañedero al retiro del personal de oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional

(…)
Nótese, en aplicación de los criterios de interpretación legal señalados en la Ley
57 de 1887, que la precitada normativa no impone a la Administración el
deber de motivar o justificar expresamente las razones por las cuales
determina el retiro del servicio de un policial por llamamiento a calificar

19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de marzo de 2014, M.P: Luis

Armando Tolosa Villabona, exp: CSJ SC10223. Reiterada en las siguientes providencias dictadas
por esa Corporación: i) sentencia del 22 de abril de 2022, M.P: Francisco Ternera Barrios, exp:
SC1075-2022 y ii) sentencia del 19 de octubre de 2020, M.P: Luis Alonso Rico Puerta, exp: CSJ
SC3892.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 8 de junio de 2022, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 65.855.
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(Ley 1437 de 2011)

servicios, en todo caso dicha decisión no comporta un acto de
arbitrariedad o abuso en la medida en que su trámite está reglado y, por
contera, promover cuestionamientos basados en opiniones subjetivas o
personales derivadas del malestar que genera la orden de desacuartelamiento,
no tienen la virtud de generar fuero de estabilidad laboral o limitar la potestad
discrecional que el legislador otorgó al ejecutivo en aras de procurar el mejor
servicio público o incluso controlar el ascenso de los uniformados a grados
superiores, a los que evidentemente no pueden acceder todos los miembros de
la Policía Nacional por lo limitado de sus cupos y las exigencias excepcionales
requeridas, las cuales sin lugar a dudas deben ser valoradas según los criterios
(discrecionales y autónomos) de sus mandos.

(…)
En este orden de ideas, actualmente, coincide el criterio jurisprudencial
de la Corte Constitucional con el de esta Corporación, en el sentido de que
los actos administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios se
presumen expedidos en aras del mejoramiento del servicio oficial, por lo
que no es necesaria su motivación expresa, toda vez que dicho
llamamiento comporta una herramienta indispensable para la renovación
de los cuadros de mando de la fuerza pública, sin que esto implique una
potestad arbitraria que esconda otras razones de fondo diferentes a los
requisitos legales para su configuración, pues en caso de que ello ocurra el
afectado tendrá la posibilidad de demandar a través de la acción (hoy
medio de control) de nulidad y restablecimiento del derecho, eso sí con la
carga probatoria tendiente a desvirtuar la aludida presunción de legalidad
(…)”21 (negrillas fuera del texto original).

31. En ese orden de ideas, en la sentencia del 28 de julio de 2022, la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado explicó que, como el acto
administrativo que se pretendía anular fue el decreto por medio del cual se retiró del
servicio al señor Juan Francisco Peláez Ramírez, la norma que debía observar la
Administración era la Ley 857 de 2003, según el alcance señalado por la
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

32. En virtud de lo anterior, el fallo de segundo grado precisó que ese tipo de
decisiones administrativas no impone carga de justificación o motivación alguna,
sino que se presume que tienen como finalidad el mejoramiento del servicio oficial,
por lo que en caso de que no sea así, el afectado podrá demandar a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para lo cual deberá
desvirtuar la legalidad del respectivo acto administrativo, carga procesal que el
accionante no cumplió.

33. Así las cosas, no se advierte que la providencia objeto de controversia
carezca de argumentos de soporte o que se configuren situaciones manifiestamente

21 Folios 6 a 10 de la sentencia objeto de revisión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05815-00
Actor: Juan Francisco Peláez Ramírez
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

erróneas, incompletas o de actitudes dolosas por las cuales deba anularse, por el
contrario, se observa que la parte recurrente discrepa de la labor hermenéutica que
adelantó el Consejo de Estado como se explicará a continuación:

34. Al respecto, la parte actora manifestó que en la sentencia censurada se
confundió el procedimiento de retiro por voluntad del Gobierno Nacional con el
llamamiento a calificar servicios, dado que solo en el primero de los casos se
requiere concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa, de ahí que
las pruebas allegadas en sede de nulidad y restablecimiento del derecho no fueron
valoradas correctamente,

35. El anterior argumento no es de recibo para la Sala, toda vez que en la
sentencia censurada se precisó que, de conformidad con el inciso cuarto del artículo
1 de la Ley 857 de 2003 “[e]l retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto
previo de la junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía
Nacional (…)”22 (negrillas fuera del texto original), por ende, lo concerniente al
fundamento legal para el retiro de los oficiales de la Policía sí fue un aspecto
analizado en el fallo censurado. Además, la parte recurrente no especificó qué
prueba en concreto fue la que supuestamente se dejó de valorar o se le dio un
alcance distinto al que en realidad correspondía.

36. La Sala considera pertinente destacar que cuando se aducen yerros de facto
en la valoración de los medios de convicción, la parte recurrente tiene la carga de
individualizar la prueba sobre la cual supuestamente recae el error, así como indicar
y demostrar cómo se generó la falencia alegada, esto con el fin de evidenciar que
la óptica de valoración que propone el accionante es la única plausible y apta en el
caso concreto, porque, de lo contrario, aún si su argumento resultara válido, no
dejaría de ser un mero alegato incapaz de destruir las bases probatorias sobre las
cuales se edificó la sentencia objeto de revisión.

37. Cabe recordar que en la valoración probatoria prima la autonomía e
independencia de la autoridad judicial que la realiza, lo cual resulta apenas lógico,
dado que, como director del proceso, el juez es el que está llamado a determinar la
utilidad, pertinencia y procedencia del material probatorio, a través de criterios

22 Folio 6 de la sentencia objeto de revisión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05815-00
Actor: Juan Francisco Peláez Ramírez
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

objetivos y razonables, de manera que pueda formar su convencimiento y sustentar
la decisión final23.

38. Al revisar el expediente ordinario, la Sala advierte que ninguna de las pruebas
allegadas debía valorarse bajo el sistema de la tarifa legal o prueba tasada, de ahí
que la sentencia censurada se edificó con base en el régimen de persuasión
racional24, según el cual, el funcionario judicial está facultado para formar libremente
su convencimiento sin estar sujeto a alguna prueba solemne o cualquier otra métrica
probatoria distinta, sino simplemente a su libre apreciación, inspirándose en los
principios que hacen parte de la sana crítica de los elementos de juicio, atendiendo
las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal de las partes, análisis
en el cual podrá dar mayor credibilidad a unos elementos que a otros, sin que ello
se traduzca en una vulneración a la garantía del debido proceso.

39. Con todo, se insiste, lo expuesto por la parte demandante evidencia que lo
que pretende es que el debate del litigio declarativo se adelante nuevamente, para
que se llegue a la conclusión de que el decreto censurado en el litigio ordinario era
ilegal y, por ende, debía anularse, es decir, su inconformidad versa sobre el alcance
probatorio y la labor interpretativa del funcionario judicial, lo que no resulta de recibo
para esta Sala.

40. Bajo este contexto, es evidente que lo pretendido por el recurrente da cuenta
de una finalidad ajena al recurso de revisión, pues, se reitera, por la vía
extraordinaria insiste en plantear su inconformidad con las conclusiones probatorias
y jurídicas del juez ordinario, lo cual desconoce las razones de procedencia del
mecanismo procesal de la referencia, que corresponden a las siguientes:

“El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto
objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice
una vez más (…).

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta
con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro
del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la

23 Corte Constitucional, Sala Plena, SU-136 del 22 de febrero del 2002, M.P: Álvaro Tafur Galvis,

exp: T-451147.
24 La Corte Constitucional ha identificado 3 sistemas en materia de apreciación de las pruebas por

parte del juez: i) el de íntima convicción o de conciencia o de libre convicción; ii) el de la tarifa legal
o prueba tasada, y iii) el de la sana crítica o persuasión racional. Al respecto, se puede consultar la
sentencia C-202 del 8 de marzo de 2005, M.P: Jaime Araujo Rentería, exp: D-5336.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05815-00
Actor: Juan Francisco Peláez Ramírez
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)”25 (negrillas fuera del texto
original).

41. El recurso revisión no tiene como fin cuestionar la sentencia proferida en el
marco del proceso declarativo, en cuanto su naturaleza extraordinaria implica que
proceda en determinadas y especiales circunstancias taxativamente consagradas
en la ley, las cuales, en todo caso, no deben ser imputables al afectado con el fallo.
Así lo ha precisado la jurisprudencia:

“Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno
de los requisitos para su procedencia, el que las razones o motivos que
constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean
imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso
no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes
subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir
durante el trámite del proceso” 26 (negrillas fuera del texto original).

42. En suma, el desacuerdo de las partes con las conclusiones a las que llegó el
juez ordinario no torna en procedente el recurso de revisión, porque este mecanismo
extraordinario no es una tercera instancia de tales asuntos y, por ende, por su
intermedio no es posible determinar cuál de las inferencias valorativas de los
elementos fácticos es la más acertada o la más correcta27.

43. Como consecuencia, el cargo formulado por la parte recurrente no prospera,
en cuanto, se insiste, la sentencia de segundo grado no adolece de falta de
motivación alguna, distinto es que el señor Juan Francisco Peláez Ramírez no
comparte el criterio jurídico y probatorio del operador judicial, argumentación que
resulta incompatible con las finalidades del mecanismo de revisión.

A.2. Vulneración del debido proceso por desconocimiento del principio de
congruencia

44. La parte demandante sostuvo que el ad quem vulneró el principio de
congruencia, por cuanto el problema jurídico planteado en el proceso ordinario
giraba entorno a establecer si la decisión de llamar a calificar servicios al señor
Peláez Ramírez era ilegal, dado que previamente se había decretado su ascenso al
grado de Brigadier General; sin embargo, en la sentencia objeto de revisión no se

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de

2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110 (REV).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 8 de noviembre de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 51.617.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 17 de junio de 2022, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 67.618.
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Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

analizó dicha circunstancia, sino que, por el contrario, se estudió un objeto distinto
al formulado en la demanda inicial.

45. Respecto de la violación del principio de congruencia, esta Corporación ha
sostenido que su desconocimiento afecta la validez del fallo, por cuanto implica la
adopción de una decisión por parte del juez sin tener facultades para ello, de ahí
que se considere que da lugar a la causal de revisión contemplada en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 201128.

46. El artículo 281 del Código General del Proceso establece que “[l]a sentencia
deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la
ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”29.

47. Como consecuencia, a la correspondiente autoridad judicial le está vedado
imponer condena que supere las súplicas del demandante o pronunciarse sobre
aspectos distintos a los debatidos a lo largo del proceso por las partes, sin perjuicio
del ejercicio de sus facultades oficiosas30.

48. El principio de congruencia no solo constituye un límite para el juez de
primera instancia, sino también para el de segundo grado, supuesto que
precisamente se alegó en el sub lite, pues la parte recurrente sostuvo que el fallo
del 28 de julio de 2022 no resolvió el problema jurídico planteado en la litis y, por
ende, no analizó el objeto formulado en la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho.

49. El principio de congruencia se vulnera en la segunda instancia cuando se
resuelve el recurso de apelación desbordando los temas objeto de la alzada, salvo
el ejercicio de las facultades oficiosas.

50. El superior resolverá sin limitaciones solo en el evento en el que “toda la

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 10 de marzo de 2017, C.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp: 2014-00897-00.
29 La doctrina ha definido el principio de congruencia, así: “[e]l principio normativo que exige la

identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el Juez en la sentencia y las pretensiones
y excepciones planteadas por las partes” DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso,
editorial universidad, página 49.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 25 de

enero de 2018, C.P: María Elizabeth García González, exp: 2013-00911.
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(Ley 1437 de 2011)

sentencia” sea apelada por ambas partes, bien sea de manera principal o adhesiva,
de conformidad con lo previsto en los artículos 328 del CGP y 187 de la Ley 1437
de 2011, a cuyo tenor:

“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella” (…) (negrillas fuera del texto original).

51. La segunda de las normas citadas -el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011-
prevé que en “la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá
que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no,
sin perjuicio de la no reformatio in pejus”.

52. En suma, la competencia funcional del juez de segunda instancia la delimitan:
i) las referencias fácticas, jurídicas y argumentativas que se esgrimen contra la
decisión que se impugna31, por lo que al ad quem le está vedado enmendar la
providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que debido a la reforma
fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados
con la apelación32.

53. ii) la facultad oficiosa del superior de declarar el incumplimiento de alguno de
los presupuestos necesarios de la acción o requisitos indispensables para que el

31 “Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo algunas excepciones, revisar temas del

fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación y, por lo tanto, debe decirse que,
frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia. Ello en garantía de los derechos a la
defensa, doble instancia y debido proceso que le asiste a los sujetos procesales”. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, sentencia del 22 de
enero de 2021, C.P: William Hernández Gómez, exp: 2017-03156-00 (REV).
32 “Vale la pena aclarar que, en principio, los temas no propuestos en el recurso de apelación serían

llamados a eliminarse del conocimiento del juez ad quem; pero cuando se trate de puntos
íntimamente relacionados con la apelación el superior también goza de competencia” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de
diciembre de 2017, exp: 54.440. También se puede consultar Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencia del 25 de enero de 2008, M.P: William Namén Vargas, exp: 2002-00373-
01.
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proceso pueda ser definido de fondo, verbigracia, la caducidad, la falta de
legitimación en la causa, la indebida escogencia de la acción, el pago previo o la
interposición de los recursos obligatorios, según el medio de control ejercido, lo cual
es procedente aún en los casos en los que se trate de un apelante único33.

54. El derecho de las partes a que entre la sentencia de segunda instancia y el
objeto de la apelación exista plena correspondencia, implica para ellas el deber de
indicar en su recurso de manera precisa los aspectos que no comparten y las
razones que las llevan a disentir de la decisión de primer grado, al punto de que los
temas frente a las cuales guardan silencio se entienden aceptados y, por ende, se
asume que han sido excluidos de la posibilidad de ser analizadas por el superior.

55. Así las cosas, “lo que no es materia de impugnación se tiene como
consentido, sea beneficioso o perjudicial, por lo que (…) cualquier recurso (…) se
resuelve en la medida de los agravios expresados”34.

56. En el sub examine la Sala observa que la parte demandante, en el escrito
contentivo de la demanda inicial, señaló que el objeto del litigio era que se declarara
la nulidad parcial del Decreto 496 del 14 de marzo de 2018, por medio del cual se
retiró del servicio activo al señor Juan Francisco Peláez Ramírez y que él tenía
derecho a ascender al grado de brigadier general, es decir, la situación jurídica
sobre la cual versó la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho era la
supuesta ilegalidad del referido acto administrativo, dado que previamente se había
decretado la promoción del señor Peláez Ramírez.

57. Como consecuencia, en la sentencia de primer grado del 13 de mayo de
2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abordó el objeto del litigio, para
lo cual sostuvo que el accionante no demostró que el citado decreto fuera nulo por
falsa motivación, desviación de poder, o por violación del debido proceso y, en todo
caso, a pesar de que previamente se había decretado el ascenso del actor, lo cierto
es que la Policía Nacional podía optar por retirarlo del servicio de manera
discrecional, como en efecto ocurrió.

58. La anterior determinación fue apelada por el señor Peláez Ramírez, por lo
que el recurso se fundó en los siguientes argumentos: i) el acto administrativo por

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, C.P: Danilo Rojas Betancourth, exp: 46.005.
34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de octubre de 2016, M.P: Ariel

Salazar Ramírez, exp: 2013-02839-00.
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medio del cual se le promovió al grado de brigadier general no fue objeto de
revocatoria directa; ii) las quejas y denuncias promovidas directa e indirectamente
por el señor Mena Bravo le impidieron ascender en el escalafón policial y iii) la
Administración no probó que las razones para removerlo del cargo fueran mejorar
el servicio oficial.

59. Bajo ese escenario, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado estableció que el problema jurídico en segunda instancia consistía en
establecer si el acto acusado, por medio del cual la entidad demandada retiró del
servicio al señor Juan Francisco Peláez Ramírez por llamamiento a calificar
servicios, se ajustó al ordenamiento jurídico o, por el contrario, fue expedido con
falsa motivación y/o abuso de poder como él lo alegaba.

60. En el fallo objeto de controversia, esta Corporación resolvió el referido
problema jurídico en los siguientes términos:

“En el presente caso, el actor, coronel de la Policía Nacional, fue promovido al
rango de brigadier general al colmar los correspondientes requisitos; sin
embargo, esa situación administrativa no deviene automática o definitiva,
sino que está supeditada a la aprobación del poder legislativo, motivo por
el cual no puede pregonarse la configuración de un derecho adquirido,
pues hasta cuando no fuera avalada, la determinación contenida en el
mencionado Decreto solo constituía una simple expectativa.
Ahora bien, aunque el recurrente asegura que el Gobierno nacional lo removió
sin prestar mientes en que, para hacerlo, debía revocar previa y directamente
el Decreto 622 de 17 de abril de 2017, no le asiste razón en su dicho, puesto
que ambos trámites (ascenso y llamamiento a calificar servicios) son
independientes y excluyentes y están sometidos a presupuestos propios,
de manera que la existencia del primero no impedía la emisión del
segundo; incluso, aún si el referido acto administrativo hubiese sido efectivo, la
Administración no perdía competencia para hacer uso de la facultad
discrecional y desacuartelar al accionante.

En suma, no se denota interés de la parte demandada de anular o revocar
el acto de ascenso, como para que hubiese adelantado el trámite de
revocación directa; no obstante, con posterioridad estimó, previa
recomendación de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la
Policía Nacional, la necesidad de llamar a calificar servicios al demandante (14
de marzo de 2018), se reitera, sin perjuicio de la gradación otorgada un año
atrás (17 de abril de 2017).

Agrégase que tampoco hay evidencia de que la aludida cartera o la cúpula
del cuerpo policial hayan tratado de frustrar caprichosamente la decisión
legislativa de promoción del demandante o de ´reactivar la competencia
del ejecutivo´, por cuanto, se insiste, nunca se desconoció que este satisfizo
los requisitos para tal fin, sino que solicitaron suspender ese trámite hasta

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(Ley 1437 de 2011)

cuando hubiera certeza de las investigaciones seguidas, petición válida si se
tiene en cuenta que la definición del mando institucional, máxime cuando atañe
a los más altos grados en la jerarquía policial (oficiales generales), debe estar
libre de dudas, interrogantes o cuestionamientos, dado que son representantes
inmediatos del Estado; expresan su imagen y a la vez su realidad ante el
conglomerado social, por consiguiente, deben actuar con mayor pulcritud y
respeto en el desenvolvimiento de su vida pública y privada.

(…)
De manera que, como se refirió en líneas anteriores, no resulta caprichosa
o infundada la determinación censurada, toda vez que, se insiste, por la
estructura piramidal de aquella institución, no es viable que todos los policiales
puedan acceder al grado subsiguiente, lo cual no es indicativo de animosidades
o reparos contra quienes no logran ese cometido.

Así las cosas, el actor no demostró, como lo exige el artículo 16724 del
Código General del Proceso (CGP), excesos de la Administración en uso
de la facultad discrecional para removerlo del servicio (…)”35 (negrillas fuera
del texto original).

61. En criterio de la Sala, la sentencia del 28 de julio de 2022 no desconoció el
principio de congruencia en segundo grado, en cuanto el alcance de la segunda
instancia fue delimitado con base en los cargos de apelación formulados por el
demandante, para lo cual se determinó que el acto administrativo por medio del cual
se promovió al grado de brigadier general al señor Peláez Ramírez no era
susceptible de revocatoria directa, dado que no existía un interés de la demandada
en ese sentido.

62. Además, tampoco se acreditó que la institución policial hubiera interferido de
manera arbitraria o caprichosa en la decisión de promover del cargo al señor Peláez
Ramírez, sino que ello obedeció a las investigaciones que se adelantaban en contra
de él para la época de los hechos y, en todo caso, se probó que la Administración
cumplió con los requisitos para retirar del servicio al demandante, por llamamiento
a calificar servicios, decisión que se presumía legal y respecto de la cual no se
demostraron los vicios alegados en la demanda.

63. En ese orden de ideas, en la sentencia dictada el 28 de julio de 2022, por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no se incurrió en
nulidad por violación al debido proceso, por cuanto dicha Sala actuó al amparo de
las disposiciones relacionadas con el principio de congruencia en segunda
instancia, de ahí que su decisión se edificó a partir del objeto planteado en la
demanda y los cargos de apelación formulados por el demandante, distinto es que

35 Folios 17 a 20 de la sentencia objeto de revisión.

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Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

consideró que no le asistía razón al accionante y, por ende, debían negarse las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

64. En las condiciones analizadas, será desestimado el argumento de la parte
actora frente al supuesto desconocimiento del principio de congruencia, pues, se
insiste, el recurso de revisión no constituye una tercera instancia en la que pueda
reabrirse el debate agotado en debida forma en el proceso en el que se profirió la
sentencia objeto de revisión36.

65. En conclusión, la parte actora no demostró la causal de revisión invocada y,
como consecuencia, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
formulado por el señor Juan Francisco Peláez Ramírez.

A.3. Pretensión subsidiaria

66. La parte recurrente solicitó, a título de pretensión subsidiaria, que el Consejo
de Estado unificara jurisprudencia respecto del fenómeno de la cosa juzgada frente
a los actos administrativos que son independientes y excluyentes entre sí, con el fin
de establecer el criterio de ponderación entre ellos.

67. En criterio de la Sala, la petición elevada por el señor Peláez Ramírez es
ajena al fin que se persigue por medio del mecanismo de revisión, en cuanto dicho
recurso tiene por objeto permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan ser
analizadas nuevamente e invalidadas en aquellos casos en los que se han obtenido
por medios irregulares o carecen de verdad, por razones no imputables a la parte
afectada, conservando la finalidad de preservar el valor de la justicia y la seguridad
jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada37.

68. En ese sentido, dado que el recurso de revisión es un mecanismo de
impugnación que consiste en corregir los errores evidentes y trascendentales en
que hubiera incurrido un fallo ejecutoriado con base en los reparos formulados por
la parte recurrente, la presente vía procesal no se creó con la finalidad de unificar
jurisprudencia para precisar el alcance de las disposiciones normativas o resolver
las divergencias en la interpretación y aplicación de la norma o la jurisprudencia,

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia de 18 de febrero de 2010, C.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila, exp: 1145-07 (REV).
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia de 20 de febrero de 2020, exp: 56.976.
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Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

distinto es que las decisiones dictadas en sede de revisión constituyan sentencias
de unificación jurisprudencial, según el artículo 270 del CPACA38.

B. Costas

69. De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 39,
en concordancia con el artículo 365 del C.G.P., procede la condena en costas a
cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso extraordinario
de revisión y en la medida en que se declare infundado su recurso y esté acreditada
su causación.

70. En el sub lite no se causaron agencias en derecho en favor del Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, pues no presentó escrito de oposición o contestación al
recurso extraordinario de la referencia y ni siquiera constituyó apoderado judicial
para que la representara en el trámite de éste, por ende, resulta claro que no ha
desplegado ninguna actuación en el asunto de la referencia y tampoco puede
inferirse su eventual vigilancia del proceso.

71. Además, no se encuentra acreditado que haya incurrido en el pago de
expensas, por lo que no hay lugar a que se imponga condena en costas a su favor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por el señor Juan Francisco Peláez Ramírez contra la sentencia dictada
el 28 de julio de 2022, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-42-000-2018-01999-01.

38 A cuyo tenor: “Artículo 270. sentencias de unificación jurisprudencial. (Artículo modificado por el

artículo 78 de la Ley 2080 de 2021). Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de
unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia
jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia
precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al
decidir los recursos extraordinarios y las relativas mecanismo eventual de revisión previsto en el
artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009” (negrillas
fuera del texto original).
39 “Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido

el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará
en costas y perjuicios al recurrente” (negrillas fuera del texto original).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05815-00
Actor: Juan Francisco Peláez Ramírez
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario especial de revisión
(Ley 1437 de 2011)

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, mediante la Secretaría General del Consejo
de Estado, ARCHIVAR el presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR (E)
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Con salvamento parcial de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILSON RAMOS GIRÓN

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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