Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-00527-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-00527-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-00527-00
Consejero ponente: Conjuez Edgardo José Maya Villazón
9 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Conjuez ponente: JUAN CARLOS HENAO
Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-00527-00
Referencia: Acción de tutela
ACCIONANTE: Liliana Patricia Navarro Giraldo
ACCIONADO: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado
Procede esta Sala de Conjueces a decidir sobre la acción de tutela
interpuesta en contra de la Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, donde se ataca la sentencia de
unificación proferida el 02 de septiembre de 2019.
I. ANTECEDENTES
1. El 11 de febrero de 2020, la señora Liliana Patricia Navarro Giraldo,
actuando por conducto de apoderada judicial, interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces,
solicitando que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y a ser juzgada por un juez conforme a las reglas previamente
establecidas, al acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva.
2. Como fundamento de la tutela, se manifestó que la señora Liliana
Navarro se desempeñó como Juez Administrativa del Circuito de
Medellín, entre el 04 de julio de 2006 y el 9 de marzo de 2012, y entre
el 08 de agosto de 2016 hasta el 14 de mayo de 2018. Por esta razón,
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desde el año 2009 la accionante presentó varias demandas laborales
en contra de la Rama Judicial, donde pretendió que se le reconociera el
30% de su asignación básica, también denominada Prima Especial de
Servicios. Así mismo, pidió la reliquidación de sus prestaciones
sociales, como la bonificación por servicios y el auxilio de cesantías con
sus respectivos intereses.
3. El 24 de octubre de 2017, el Juzgado treinta y uno Administrativo Oral
del Circuito de Medellín profirió sentencia de primera instancia en donde
accedió a las pretensiones invocadas por la accionante. El 31 de
octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia donde revocó la posición adoptada en primera instancia y en
su lugar decidió negar las pretensiones.
4. La señora Liliana Patricia Navarro presentó, por medio de apoderada
judicial, acción de tutela el 17 de febrero de 2021. Sus pretensiones
fueron las siguientes:
Primero. Tutelar los derechos fundamentales de LILIANA
PATRICIA NAVARRO GIRALDO, al debido proceso, a ser
juzgada por un juez y conforme a las reglas previamente
establecidas, acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva, que se estiman vulnerados por la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
emitió la autodenominada Sentencia de Unificación del SUJ-016-
CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, [RADICADO 41001
2333 000 2016 0041 – 02(2204-2018), sin competencia para
hacerlo.
Segundo. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS como
FALLO DE UNIFICACIÓN con efectos erga omnes,
permaneciendo únicamente con efectos inter partes, la orden
dada en la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en fallo de Unificación
SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019,
[RADICADO 41001 2333 000 2016 0041 – 02(2204-2018).
Tercero. Que no se aplique a la accionante, LILIANA PATRICIA
NAVARRO GIRALDO como SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, los
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efectos de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de
septiembre de 2019, [RADICADO 41001 2333 000 2016 0041 –
02(2204-2018), en los procesos adelantados por ella, en los
procesos adelantados en contra de la Rama Judicial y que en su
lugar se ordene fallar con fundamento en los lineamientos,
jurisprudencia y normas de derecho que correspondan.
Cuarto: Se deje sin efectos la sentencia emitida en segunda
instancia en el proceso con radicado No
050013331701201300053 el pasado 31 de octubre de 2019, por
la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que tuvo como fundamento las consideraciones y decisiones
adoptadas en la sentencia de unificación de la sala plena de
Conjueces Radicado SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre
de 2019, [RADICADO 41001 2333 000 2016 0041 – 02(2204-
2018), y que en su lugar se ordene rehacer el fallo con fundamento
en los lineamientos, jurisprudencia y normas de derecho que le
correspondan.
Quinto: Con el objeto de proteger los derechos de todos los
afectados por la misma situación de hecho o de derecho en
condiciones de igualdad, solicito reconocer EFECTOS INTER
COMUNIS a la sentencia que se emita en este trámite
constitucional.
5. En dicho escrito, la apoderada de la accionante manifestó que la
mencionada decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue
resuelta apoyándose en la sentencia emitida por la también ya
mencionada sentencia de la Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, fechada el 02 de septiembre de 2019.
La parte accionante señaló que en la sentencia del 02 de septiembre de
2019 el problema de fondo que se debía resolver era si se debía o no
reconocer la prima especial de servicios de una jueza de la república.
Sin embargo, la apoderada manifestó en su escrito de tutela que la Sala
de Conjueces en dicho pronunciamiento decidió sobre unos temas que
estaban por fuera del problema planteado.
6. Con este actuar, a juicio de la parte accionante, la Sala de Conjueces
desbordó su competencia en dos aspectos:
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(i) Decidió de fondo sobre hechos y aspectos que no hacían parte de
la controversia planteada en el proceso de nulidad y restablecimiento
de derecho, vulnerando así el principio general de congruencia de la
sentencia, en virtud del cual el juez no se puede extender más allá de
lo pedido.
(ii) Desconoció que su competencia estaba dada única y
exclusivamente para resolver el conflicto que le había sido asignado, sin
que la ley lo facultara para entrar a fijar reglas generales con alcance de
unificación de jurisprudencia, pues la labor de unificación de la
jurisprudencia es de competencia exclusiva de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
7. Por las anteriores razones, solicitó en escrito de tutela mediante las
pretensiones ya transcritas, la protección del derecho de la accionante
al debido proceso y a ser juzgada por un juez conforme a las reglas
previamente preestablecidas. En esa medida, pidió que se dejara sin
efectos la Sentencia de Unificación de 02 de septiembre de 2019,
proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
II. CONSIDERACIONES
8. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela
contra providencias judiciales, y en particular de la tutela interpuesta en
contra de decisiones de altas cortes, es de procedencia excepcional.
Por tanto, el juez debe analizar, en primer lugar, que se cumplan los
requisitos habituales de procedencia de la acción de tutela establecidos
por la jurisprudencia, que son los siguientes1:
i) Legitimación en la causa, tanto por activa, como por pasiva.
ii) Carácter subsidiario de la acción de tutela, a través del agotamiento
de todos los medios de defensa judicial.
1 Sentencia T-461 de 2019.
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iii) Interposición en un término razonable, de acuerdo con el principio
de inmediatez.
iv) Que la providencia judicial controvertida no sea una sentencia
proferida en el marco de una acción de tutela.
9. Una vez analizado lo anterior, el juez constitucional debe entrar a
estudiar los requisitos generales y específicos de procedencia de las
tutelas que se presentan en contra de providencias judiciales,
establecidos en el precedente de la sentencia C-590 de 20052.
10. Estos requisitos deben ser analizados de manera más rigurosa
cuando se trata de un caso en contra de una decisión de una alta corte,
debido a que estos tribunales tienen un papel de unificación de la
jurisprudencia ordinaria que les confiere el deber de zanjar las
diferencias interpretativas relativas a su propia jurisdicción. Por esta
razón, el juez constitucional debe procurar salvaguardar el principio de
seguridad jurídica y de cosa juzgada sobre las sentencias de las altas
cortes.
11. Los requisitos generales de procedencia son las condiciones
procesales que deben superarse en su totalidad, a fin de avalar el
estudio posterior de las denominadas causales específicas de
procedibilidad. Dichos requisitos se pueden resumir de la siguiente
manera: (i) que la cuestión sea de relevancia constitucional3; (ii) que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance4; (iii) que
se cumpla el principio de inmediatez5; (iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que la misma sea decisiva en el proceso; (v) que se
identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la
vulneración de derechos fundamentales6 y (vi) que no se trate de una
tutela contra otra tutela7.
2 Esto es, si se han cumplido los siguientes requisitos: “Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional (…) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial (…) Que se cumpla el requisito de la inmediatez (…) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna (.…) identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados (…) sentencias de tutela”.
3 Sentencia SU-332 de2019.
4 Ver sentencia SU-573 de 2017.
5 Ver, entre otras, las sentencias T-328 de 2010, T-526 de 2005 y T-692 de 2006.
6 Ver sentencia T-265 de2014.
7 Ver las sentencias SU-1219 de 2001, T-133 de 2015, T-373 de 2014, y T-272 de 2014. “Con mayor
razón si se tiene en cuenta que todas las sentencias de tutela son objeto de estudio para su eventual
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12. Los requisitos específicos, por su parte, aluden a la configuración
de defectos que, por su gravedad, tornan insostenible el fallo
cuestionado al ser incompatible con los preceptos constitucionales.
Estos defectos son los siguientes8:
(i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
(ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
(iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
(iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
(v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
(vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Así, este defecto
se configura ante la ausencia de razonamientos que sustenten lo
decidido.
(vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
selección y revisión en esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas”: Corte
Constitucional, sentencia SU-573 de 2017.
8 Sentencia T-016 de 2019.
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mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
(viii) Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando el
operador judicial desconoce un postulado de la Carta Política de 1991,
es decir, el valor normativo de los preceptos constitucionales.
Cuestión previa - de las manifestaciones de impedimentos
13. Los doctores Oswaldo Giraldo López, Nubia Margoth Peña Garzón,
Hernando Sánchez Sánchez y Roberto Augusto Serrato Valdés
manifestaron encontrarse incursos en la causal de impedimento
prevista en el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, en tanto que “las reglas de unificación señaladas en la sentencia
aquí atacada versan sobre el régimen salarial y prestacional previsto en
la Ley 4 de 1992, consideramos que nuestra situación prestacional
podría estar comprometida”.
14. Igualmente, se tiene que el doctor Gustavo Cuello Iriarte manifestó
encontrase incurso en la referida causal de impedimento, en atención a
lo siguiente:
“debo señalar que a través de la demanda de nulidad
restablecimiento del derecho número 25000-23-25-000-2006-
00215-00/01/02 solicité la anulación de la Resolución No. 2787 de
3 de agosto de 2005, proferida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, y mediante la cual se liquidaron mis
prestaciones sociales, como consecuencia de haber laborado en
la rama judicial. La aludida demanda de nulidad y restablecimiento
se encuentra pendiente de resolver recurso de apelación en
contra de sentencia de primera instancia.
Así las cosas, la providencia proferida por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, citadas supra, y
cuyo eje central se encuentra relacionado, entre otros aspectos,
con el régimen salarial y prestacional previsto en la Ley 4 de 18
de mayo de 1992 y “[…] la nivelación entre funcionarios y
empleados de la Rama Judicial […]” constituye un precedente
judicial al momento de resolver la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho aludida”.
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15. Respecto de la causal invocada, debe señalarse que es la más
amplia de las consagradas por el ordenamiento jurídico y, como lo
señala la doctrina9, el interés al que se refiere “puede ser directo e
indirecto y de cualquier índole, es decir, material, intelectual, o inclusive
puramente moral. (…) No sólo el interés económico, el más común, sino
cualquier otro motivo que lleve al funcionario a querer determinada
decisión, acorde con el interés (de cualquier índole) que abrigue frente
al proceso”.
16. Ahora bien, esta Sala de Conjueces advierte que la situación fáctica
planteada por los doctores Oswaldo Giraldo López, Nubia Margoth Peña
Garzón, Hernando Sánchez Sánchez y Roberto Augusto Serrato Valdés
se enmarca en la causal de impedimento invocada, en razón a que,
dada la calidad de magistrados de Alta Corte, el régimen salarial y
prestacional por el que se encuentran regulados es el previsto en la ley
4ª de 1992 y la presente acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial que fijó reglas de unificación sobre la “nivelación
entre funcionarios y empleados de la Rama Judicial”, “la liquidación de
la prima especial de servicios”, “la bonificación por compensación” y la
“prescripción y el carácter salarial de estos emolumentos para la
liquidación de las prestaciones sociales”.
17. La anterior consideración también resulta aplicable a la situación de
hecho expuesta por el Conjuez, doctor Gustavo Cuello Iriarte, en la
medida que presentó demanda ordinaria en la que controvirtió los actos
administrativos mediante los cuales se liquidaron sus prestaciones
sociales, como consecuencia de haber laborado en la rama judicial, por
lo que su régimen salarial y prestacional es el previsto en la ley 4ª de
1992.
18. Nótese que en este mismo sentido se pronunció la Sala de
Conjueces de esta Sección10 en reciente pronunciamiento de 19 de abril
de 202211, oportunidad en que se analizó la causal de impedimento aquí
invocada bajo el mismo supuesto de hecho expuesto en el caso de
autos.
9 López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 1. Dupré Editores. Décima Edición 2009,
pág. 239 y ss.
10 Sala integrada por los doctores Alfredo Beltrán Sierra, José Gregorio Hernández Galindo, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Jaime Humberto Tobar Ordoñez.
11 Expediente 110010315000201904639-01.
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19. En conclusión, la Sala de Decisión resolverá declarar fundado los
impedimentos manifestados por los doctores Oswaldo Giraldo López,
Nubia Margoth Peña Garzón, Hernando Sánchez Sánchez, Roberto
Augusto Serrato Valdés y Gustavo Cuello Iriarte, como consecuencia
de lo anterior, se dispone separarlos del conocimiento del presente
asunto.
Caso concreto
20. En el caso concreto la acción de tutela no es procedente porque, al
analizar las causales de procedencia de la tutela, se observa que no se
cumple con el primero de los requisitos de procedencia de la misma,
esto es, la legitimación en la causa por activa.
21. Frente al requisito de la legitimación por activa, la Corte
Constitucional ha establecido que el artículo 86 Constitucional consagró
el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario12. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de
1991 estableció que toda persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí
mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el
titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en
condiciones de promover su propia defensa13.
22. En ese sentido, la Corte aclaró que una persona se encuentra
legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en
la resolución del fallo que se revisa en sede constitucional.
23. Al decir de la jurisprudencia de esta Corporación,
“La legitimación en la causa determina quiénes pueden obtener
una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la
demanda. (…) En materia de tutela, la legitimación en la causa por
activa también constituye un presupuesto de la sentencia de
12 Sentencia T-511 de 2017.
13 Ibid.
9
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fondo. Los artículos 86 de la Constitución
Política y 10 del Decreto 2591 de 1991 establecen que la acción
de tutela puede ejercerla directamente la persona que considere
que se le han vulnerado o amenazado derechos fundamentales.
Este presupuesto exige que el derecho cuya protección se pide
sea propio del demandante, y no de otra persona. De ahí que la
verificación de la legitimación en la causa por activa, que, vale
decir, es un deber de los jueces, garantiza que la persona que
promueve la acción de tutela tenga un interés directo, real y
particular para solicitar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales”14.
24. Es decir, la legitimación en la causa por activa constituye una
exigencia de que la persona que presenta la acción de tutela tenga un
interés directo, esto es, que el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante15.
25. En el presente caso, la tutela presentada por la señora Liliana
Patricia Navarro no cumple con dicho requisito, pues no se observa que
exista un interés directo de la accionante en la decisión judicial que
pretende atacar vía tutela. En efecto, la acción presentada está dirigida
a cuestionar la decisión tomada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, pero lo cierto es que dicha sentencia solamente sirvió como
fundamento para la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la que sí era parte la accionante. En ese sentido, es
claro que la sentencia atacada por vía de tutela no decidió ninguna
situación particular de la accionante ni definió directamente alguna
situación que pudiera afectar sus derechos, solamente sirvió como
argumentos para una decisión que sí afectaba de manera directa a la
accionante.
26. De aceptarse una posición contraria a la anteriormente enunciada,
se estaría admitiendo que toda sentencia de unificación de una Alta
Corte o aún más, una sentencia de constitucionalidad proferida por la
Corte Constitucional, permitiría que toda persona que se encuentre
cobijada por la decisión pudiera, vía tutela, anular la sentencia que sirvió
para que se aplicara un precedente vinculante al caso concreto a
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, 7 de octubre de 2021, Radicado: 76001-23-33-000-2021-
00832-01.
15 Sentencia T-176 de 2011.
10
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resolver. Es decir, no se puede admitir que la aplicación de un
precedente vinculante a una sentencia en un caso concreto, pueda
generar la apertura de la acción de tutela, porque el accionante debe
estar cobijado por la sentencia concreta en donde se rechazaron sus
pretensiones. No es lo que ocurre en el presente caso.
27. Por tanto, como no se agota el requisito de legitimidad por activa, la
Sala no entrará a analizar los otros requisitos de procedibilidad de tutela
en contra de providencias judiciales, ni tampoco se pronunciará sobre
el fondo del debate planteado.
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Conjueces
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR fundado los impedimentos manifestados por
los doctores Oswaldo Giraldo López, Nubia Margoth Peña Garzón,
Hernando Sánchez Sánchez, Roberto Augusto Serrato Valdés y
Gustavo Cuello Iriarte. En consecuencia, se dispone separarlos del
conocimiento del presente asunto.
SEGUNDO. Negar la presente acción de tutela por ser improcedente.
TERCERO. Ordenar que, por medio de Secretaría, se notifique la
presente providencia.
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Conjuez ponente
EDGARDO JOSÉ MAYA JAIME HUMBERTO TOBAR
VILLAZÓN ORDÓÑEZ
Conjuez Conjuez
11
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