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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-00723-00

Fecha
17 de mayo de 2024
Consejero ponente
Conjuez Edgardo José Maya Villazón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-00723-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TECERO: En caso de que la presente decisión no fuere impugnada, se dispone REMITIR el presente expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2020-00723-00

Consejero ponente: Conjuez Edgardo José Maya Villazón

17 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Sala de Conjueces

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Conjuez Ponente: EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2020-00723-00
Accionante: OSVALDO ALFONSO GARCÍA GÓMEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SALA PLENA DE CONJUECES

Sentencia de primera instancia

La Sala de Conjueces1 decide la acción de tutela promovida por el ciudadano
Osvaldo Alfonso García Gómez, por conducto de apoderado judicial, en contra de
la sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala Plena
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

De conformidad con lo planteado por la parte accionante en el escrito de amparo, los
hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en
síntesis, a lo siguiente:

Expuso que el legislador mediante el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 creó una prima
especial, sin carácter salarial, para diferentes empleados de la Rama Judicial, entre
los que se encuentra los jueces penales militares.

Refirió que el Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de abril de 2014, declaró
la nulidad “de la mayoría de las normas relacionadas con la fijación anual de la prima
especial”, por lo que, a partir de la ejecutoria de dicha decisión, procedió a reclamar

1
Conformada por los doctores Daniel Posse Velásquez, Gonzalo Suárez Beltrán y Edgardo José Maya Villazón.

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Accionantes: Osvaldo Alfonso García Gómez

ante su empleador el reconocimiento y pago de su salario y demás prestaciones con
base en la prima especial como incremento y no como porcentaje de su remuneración.

Comentó que su empleador negó dicha solicitud, por lo que presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, la
cual se encuentra en trámite.

Manifestó que la accionada, mediante sentencia de unificación de 2 de septiembre de
2019, decidió fijar reglas de unificación frente al tema de la prima especial. Una de las
cuales está relacionada con la forma en que opera la prescripción trienal.

Afirmó que la autoridad accionada, al establecer la anterior regla de unificación,
incurrió en defecto sustantivo por interpretación errónea de los artículos 41 y 102 de
los Decretos 3135 de 1998 y 1848 de 1969, respectivamente, porque desconoce el
concepto general de obligaciones y sus elementos.

II. PRETENSIONES

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

[…] 2.1. Que se tutelen los derechos fundamentales vulnerados de OSVALDO
ALFONSO GARCÍA GÓMEZ, al debido proceso (Artículo 29 superior), al
derecho a beneficiarse de una administración de justicia sujeta estrictamente al
imperio de la ley (Artículo 230 superior) y a la prevalencia del derecho
sustancial.

2.2. que en consecuencia de lo anterior por constituirse la decisión aquí tutelada
en una vía de hecho, se revoque parcialmente la sentencia en lo relacionado
con la regla de unificación fijada en el resuelve PRIMERO numeral 5 […].

2.3. En consecuencia de lo anterior, que se ordene al CONSEJO DE ESTADO
– SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SALA PLENA DE
CONJUECES que se emita sentencia de reemplazo en el cual se considere la
no determinación de la contabilización del término prescriptivo para las
reclamaciones de prima especial sino como lo determina la ley, esto es teniendo
en cuenta el momento de exigibilidad del derecho u obligación que será
evaluada en cada caso en particular por el operador judicial […].

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 22 de abril de 2024, se declaró fundado el impedimento
manifestado por los consejeros de la Subsección B de la Sección Tercera del

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Accionantes: Osvaldo Alfonso García Gómez

Consejo de Estado. En dicha decisión, por economía procesal y celeridad, también
se dispuso admitir la presente acción de tutela. Igualmente, se vinculó a la Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al señor Joaquín Vega
Pérez y a la Sala de Conjueces del Sistema Oral del Tribunal Administrativo del
Huila, como terceros con interés en el resultado de este proceso.

IV. INTERVENCIONES

1. La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
por conducto de apoderado judicial, rindió informe en el que solicitó ser
desvinculado del presente trámite, en atención a que, en su criterio, carece de
legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones de la acción de
tutela.

2. La Procuraduría Delegada de Intervención 6 ante el Consejo de Estado rindió
concepto solicitando la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, al
considerar que carece de relevancia constitucional, por cuanto versa sobre un
asunto de mera legalidad o de apreciación judicial.

V. CONSIDERACIONES

IV.1. Competencia

Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta
por la parte actora, en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 19912.

IV.2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada por la parte accionante, la Sala de
Conjueces debe establecer:

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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Accionantes: Osvaldo Alfonso García Gómez

a) Si en el presente asunto se cumplen con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en caso
afirmativo se deberá determinar:

b) Si la autoridad accionada al proferir la sentencia de unificación objeto de
tutela vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

IV.3. Solución al caso concreto

El ciudadano Osvaldo Alfonso García Gómez, por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela en contra de la sentencia de unificación de 2 de
septiembre de 2019, proferida por la Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 41001-23-33-000-2016-00041-
02, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y “a la prevalencia del derecho sustancial”.

Para resolver la presente controversia, esta Sala de Decisión estima pertinente
determinar, en primer lugar, si el ciudadano Osvaldo Alfonso García Gómez se
encuentra legitimado en la causa por activa para promover a nombre propio el
mecanismo de amparo de la referencia y cuestionar el contenido de la sentencia de
2 de septiembre de 2019 dictada por la Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 41001-23-33-000-2016-0041-02.

En tal sentido, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su disposición
la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o vulnerados
por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la prestación
de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación
o indefensión.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2020-00723-00
Accionantes: Osvaldo Alfonso García Gómez

En efecto, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991, que se
refiere a la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción de tutela, prevé lo
siguiente:

[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su representante. Los
poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […].

A parir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales que
se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i) por sí
mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente oficioso,
quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones por las cuales
el titular de los derechos fundamentales que se estiman amenazados o conculcados
no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.

Ahora bien, descendiendo al caso objeto del presente estudio, se advierte que el
señor García Gómez no fue parte procesal dentro del proceso en el que se profirió
la decisión que cuestiona por vía de tutela, motivo por el cual carece de legitimación
en la causa por activa para promover, en nombre propio, el mecanismo de amparo
de la referencia con el propósito de que se deje sin efectos la sentencia de 2 de
septiembre de 2019.

Ello en razón a que, en principio, los únicos legitimados para promover una acción
de tutela con el objeto de cuestionar una providencia judicial, son las partes del
proceso en el que se profirió la decisión judicial, ya que ellos serían los
eventualmente afectados con dicha determinación y quienes tendrían el interés de
que el juez constitucional proteja sus derechos fundamentales.

Adicionalmente, es de resaltarse que si bien es cierto la providencia objeto de tutela
es una sentencia de unificación, la cual resulta ser precedente vinculante para los
operadores judiciales, la realidad es que dicha decisión no resolvió la controversia
particular y concreta que promovió y planteó el accionante en contra de la Nación -

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Accionantes: Osvaldo Alfonso García Gómez

Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección Ejecutiva de la
Justicia Penal Militar; proceso que, valga resaltarlo, aún se encuentra en trámite en
primera instancia.

En ese orden de ideas, y al no encontrarse satisfecho el requisito exigido en el
artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Sala de Decisión declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa
por activa.

Cabe agregar que, en este mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación3 en
acciones de tutela que tenían como objeto, al igual que esta, dejar sin efectos la
sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Precisamente, en sentencia de 9 de marzo de 20234, se expusieron las siguientes
consideraciones que se comparten y se asumen como propias en esta oportunidad
por su pertinencia e importancia para este caso:

[…] 25. En el presente caso, la tutela presentada por la señora Liliana Patricia
Navarro no cumple con dicho requisito, pues no se observa que exista un
interés directo de la accionante en la decisión judicial que pretende atacar vía
tutela. En efecto, la acción presentada está dirigida a cuestionar la decisión
tomada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero lo cierto es que
dicha sentencia solamente sirvió como fundamento para la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que sí era parte la
accionante. En ese sentido, es claro que la sentencia atacada por vía de tutela
no decidió ninguna situación particular de la accionante ni definió
directamente alguna situación que pudiera afectar sus derechos,
solamente sirvió como argumentos para una decisión que sí afectaba de
manera directa a la accionante.

26. De aceptarse una posición contraria a la anteriormente enunciada, se
estaría admitiendo que toda sentencia de unificación de una Alta Corte o
aún más, una sentencia de constitucionalidad proferida por la Corte
Constitucional, permitiría que toda persona que se encuentre cobijada por
la decisión pudiera, vía tutela, anular la sentencia que sirvió para que se
aplicara un precedente vinculante al caso concreto a resolver. Es decir, no
se puede admitir que la aplicación de un precedente vinculante a una sentencia
en un caso concreto, pueda generar la apertura de la acción de tutela, porque
el accionante debe estar cobijado por la sentencia concreta en donde se
rechazaron sus pretensiones. No es lo que ocurre en el presente caso.
[…]. [Se destaca]

3
Expedientes núm. 110010315000201904639-01 y 11001-03-15-000-2020-00527-00, Sala de Conjueces de la Sección
Primera del Consejo de Estado.
4
Expediente 11001-03-15-000-2020-00527-00, Conjuez Ponente Juan Carlos Henao Pérez.

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Accionantes: Osvaldo Alfonso García Gómez

En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia por falta
de legitimación en la causa por activa, con fundamento en las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TECERO: En caso de que la presente decisión no fuere impugnada, se dispone
REMITIR el presente expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

(firmado electrónicamente)
EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Conjuez

(firmado electrónicamente)
DANIEL POSSE VELÁSQUEZ
Conjuez

(firmado electrónicamente)
GONZALO SUÁREZ BELTRÁN
Conjuez

P:18

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