Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04235-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04235-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-04235-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
24 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidos (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2020-04235-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
(UGPP)
Demandado: LUCÍA ORTIZ AVENDAÑO
Tema: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN – PENSIÓN GRACIA – TIEMPO DE
SERVICIOS - FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS - SITUADO
FISCAL y SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social -
en adelante UGPP- en contra de la sentencia de 13 de agosto de 2018, proferida
por la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-23-33-
000-2014-00354-01.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda ordinaria
1. La señora Lucía Ortiz Avendaño, por intermedio de apoderado judicial, y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -en adelante CPACA-, instauró demanda en contra de la UGPP, con
miras a obtener la nulidad de las Resolución RDP 046152 del 3 de octubre de 2013,
que le negó el reconocimiento de la pensión gracia, de la Resolución RDP 049999
de 29 de octubre siguiente, que negó el recurso de reposición y concedió el de
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Demandante: UGPP
Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
apelación, y de la Resolución RDP 051195 del 6 de diciembre del mismo año, por
medio de la cual se confirmó la denegación de tal reconocimiento1.
2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó el reconocimiento, pago y reliquidación de la pensión gracia a
partir de la fecha que adquirió su estatus pensional, equivalente al 75% de la
totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, junto
con los reajustes legales correspondientes.
I.2. Los hechos
3. La señora Lucía Ortiz Avendaño precisó que nació el 26 de mayo de 1959, motivo
por el cual adquirió su estatus pensional el 26 de mayo de 2005.
4. Afirmó que prestó sus servicios en el departamento de Boyacá -como docente
nacionalizada- en dos periodos: (i) desde el 29 de mayo de 1979 y hasta el 1° de
octubre de 1996, nombrada, en propiedad, mediante Decreto 911 de 14 de agosto
de 1979, y (ii) desde el 8 de julio de 1999, nombrada mediante Resolución 911 de
25 de junio de 1999, resaltando que, para el momento de la presentación de la
demanda, aún se encontraba en servicio activo.
5. Refiere que todos sus nombramientos fueron realizados por la entidad territorial
de orden departamental.
6. Indicó que, con fecha 15 de agosto de 2013, bajo el radicado SOP201300038036,
solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia que le fue negada
mediante Resolución RDP de 3 de octubre de 2013. En contra de la anterior decisión
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, resuelto el primero
por la Resolución RDP 049999 del 29 de octubre de 2013, confirmando la decisión.
La apelación se resolvió a través de la Resolución RDP 051195 del 5 de noviembre
de la misma anualidad, a través de la cual se mantuvo incólume la negativa al
reconocimiento de su petición.
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Revisada la copia digital del expediente 5001-23-33-2014-03546-01, índice 19 digital en SAMAI.
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Demandante: UGPP
Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
7. Expuso que cumple los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión
gracia definidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989,
por tener más de 50 años de edad y haber prestado sus servicios como docente
oficial del orden nacionalizado, desde antes del 31 de diciembre de 1980, esto es,
por más de veinte años.
8. Afirmóque la UGPP desestimó el tiempo laborado como docente en el
departamento de Boyacá -con posterioridad al año 1990-, por considerarlo como
tiempo de servicio del orden nacional.
I.3. La UGPP
9. La apoderada judicial de la entidad accionada se opuso a las pretensiones de la
demanda por considerar que la accionante no acreditó que se encontraba vinculada
al servicio oficial en condición de docente del orden distrital, departamental,
municipal o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, toda vez
que no fue aportado el acto administrativo de nombramiento, a lo que agregó que la
certificación que fue allegada por la secretaría de educación departamental de
Boyacá, no es prueba supletoria para acreditar el tipo de vinculación de la
demandante en el desarrollo de la función docente ni la fuente de financiación de
los recursos con los que se le pagaron sus salarios.
10. Afirma que los tiempos de servicios prestados a partir del 8 de julio de 1999,
deben ser desestimados para el reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que
la demandante figura como docente con vinculación nacional en la base de datos
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - en adelante Fomag-.
11. Refirió que las certificaciones de servicios presentadas por la demandante no
«[…] documentan la fuente de financiación de los recursos con los cuales se
cancelaron los salarios al docente, es decir, no existe certeza que […] sus salarios
fueran cancelados con recursos propios, o si por el contrario percibió ingresos
provenientes de la Nación (del situado fiscal/del sistema general de participaciones),
en cuyo caso se tornaría improcedente el reconocimiento […]».
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Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
I.4. La sentencia de primera instancia2
12. El Tribunal Administrativo de Boyacá dictó sentencia el 28 de junio de 2016, en
la que negó las pretensiones de la demanda bajo la tesis consistente en que, si bien
es cierto que la demandante acreditó tener más de 50 años de edad; haber laborado
como docente de primaria por más de 20 años, y no tener en su contra sanción
disciplinaria alguna, también lo es que:
«[…] la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 se financió con presupuesto
de carácter nacional [situado fiscal], es decir, el nombramiento efectuado se hizo
por desconcentración, en consecuencia, la demandante era de carácter nacional,
circunstancia que resulta suficiente para desestimar el reconocimiento de la pensión
gracia.
En igual sentido, ha de colegirse que a la demandante se han venido cancelando sus
servicios desde el 8 de julio de 1999 con cargo al Situado Fiscal – hoy Sistema General
de Participaciones, luego este tiempo tampoco puede ser contabilizado para el
reconocimiento de la pensión gracia». (negrillas fuera del texto)
I.5. El recurso de apelación
13. El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación3, a través del cual
solicitó se le reconociera la pensión gracia a su poderdante, quien acreditó tener 50
años de edad, que cumplió el 26 de mayo de 2005, y laboró como docente oficial
en el departamento de Boyacá desde el 29/05/79 y hasta el 01/10/86 y entre el
08/07/99 y el 14/02/13, es decir, por más de 20 años.
14. Refirió que: (i) en sede administrativa la UGPP, sí tiene en cuenta el tiempo
prestado por la señora Lucía Ortiz Avendaño antes del 31 de diciembre de 1980
como docente nacionalizada, pero desestimó el laborado con posterioridad al año
1990, luego de sostener, de manera equivocada, que la vinculación era de carácter
nacional, dado que la fuente de los recursos proviene del Fondo Educativo Regional
-en adelante FER-.
15. En relación con tal argumento, el citado apoderado judicial señaló que los
nombramientos de la señora Lucía Ortiz Avendaño no son nacionales, toda vez que
fueron realizados por el gobernador del departamento de Boyacá y no por el
2
Ff. 149 a
3
Ff. 162 a 166 ib.
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Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
Ministerio de Educación Nacional; expuso que resulta arbitrario considerar como
nacionales los recursos del FER y que se desconoció lo dispuesto por el artículo 1°
de la Ley 91 de 1989, norma que define cuáles son los docentes nacionales, entre
los que no se encuentra la accionante.
I.6.Trámite de la segunda instancia
16. En segunda instancia, el conocimiento del medio de control le correspondió a la
Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado. La magistrada a
cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 15 de septiembre de 20164,
admitió el recurso de apelación y corrió traslado para alegar de conclusión mediante
proveído del 26 de octubre siguiente5.
17. La UGPP, a través de apoderado judicial, presentó alegatos de conclusión6 en
los que insistió que la señora Lucía Ortiz Avendaño no cuenta con 20 años de
servicio como docente oficial de carácter departamental, distrital, municipal o
nacionalizado, y reiteró que no es posible computar, para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia, los tiempos que sirvió como docente del orden nacional.
18. La parte demandante y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.
I.7.La sentencia de la segunda instancia
19. La Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 13 de agosto de 2018 -ejecutoriada el 14 de septiembre de 20187-, revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar: (i) declaró la nulidad de las
Resoluciones RDP 0461552 del 3 de octubre, RDP 049999 de 29 de octubre y RDP
051195 de 5 de noviembre, todas de 2013; (ii) ordenó a la UGPP el reconocimiento
y pago en favor de la señora Lucía Ortiz Avendaño de la pensión gracia -equivalente
al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente
anterior (6 de marzo de 2010 al 5 de marzo de 2011) a la consolidación de su estatus -,
4
F. 174 ib.
5
Ff. 222 a 223 ib.
6
Ff. 234 a 244 ib.
7
F. 252 ib.
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Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
sumas debidamente actualizadas y dentro del plazo indicado en el artículo 192 del
CPACA, y (iii) no condenó en costas a la parte vencida.
20. La referida Subsección estimó que el problema jurídico a resolver era el
consistente en determinar «[…] si para el reconocimiento de la pensión gracia, es
viable el cómputo de los servicios prestados a partir de nombramiento en los cuales
haya intervenido el respectivo Fondo Educativo Regional [“FER”] o hayan sido
financiados con recursos del Situado Fiscal hoy Sistema General de
Participaciones, si particularmente se requiere de la vinculación al 31 de diciembre
de 1980; y como se acredita de manera idónea la prestación del servicio docente
en tal condición».
21. Al pronunciarse frente al caso concreto hizo referencia al tiempo de servicio y al
tipo de vinculación de la accionante, y en tal sentido señaló que: «[…] lo importante
de la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, no es la denominación que
se le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca
alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución
educativa a la que prestó sus servicios, su naturaleza, y por supuesto los extremos
temporales; a efecto de esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales de
que trata la Ley 114 de 1913 […]».
22. También aludió al contenido de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018,
dictada por la Sección Segunda de la Corporación, y afirmó que lo relevante frente
al reconocimiento de la pensión gracia es que se acredite que la plaza ocupada sea
territorial o nacionalizada.
23. Concluyó que la vinculación de la demandante -antes del 31 de diciembre 1980- fue
como docente nacionalizada, toda vez que su nominador fue el gobernador del
departamento de Boyacá, característica que también confluye en su vinculación
laboral desde el 8 de julio de 1999 en adelante.
24. Del mismo modo, afirmó la aludida Subsección que la demandante demostró que
prestó sus servicios en dos periodos discontinuos, uno entre el 29 de mayo de 1979
y el 14 de septiembre de 1986, y otro desde el 8 de julio de 1999 en adelante.
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25. Asimismo, tuvo en cuenta la Sala la declaración extrajuicio rendida el 3 de
diciembre de 2009, en la que la misma accionante, bajo la gravedad del juramento,
afirma haberse desempeñado como docente con honradez, consagración,
idoneidad y buena conducta, y puso de relieve el contenido de la certificación
emanada de la Procuraduría General de la Nación y según la cual la referida
docente no registra que haya sido objeto de sanciones disciplinarias.
II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
II.1. El recurso extraordinario – causal invocada
26. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la
Seguridad Social - UGPP, por conducto de apoderada judicial, y mediante escrito
presentado el 30 de septiembre de 2020, instauró recurso extraordinario de revisión
en el que solicitó se efectuarán las siguientes declaraciones:
PRIMERA: Revocar la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B” de
fecha 13 de agosto de 2018, que revoco el fallo emanado del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACA SALA DE DECISIÓN No. 4 mediante fallo de fecha
28 de junio de 2018, dentro del Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
15001233300020140035401 promovido por la señora Ortiz Avendaño.
SEGUNDA: Condenar en costas a la parte demandada.
27. En criterio de la aludida apoderada judicial, el recurso extraordinario de revisión
se interpone: «[…] de conformidad a lo contemplado en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 […]» y en
armonía con lo señalado en la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
28. La misma apoderada precisó que, en cumplimiento de la sentencia judicial
condenatoria, emitió la Resolución RDP 014413 del 10 de mayo de 2019, a través
de la cual se reconoció la pensión gracia a la señora Lucía Ortiz Avendaño, en
cuantía de $2.113.328 y a partir del 6 de marzo de 2011 -tal acto administrativo fue
modificado por la Resolución RDP 016701 del 31 de mayo siguiente, en el sentido de
precisar que la prestación resultaba efectiva a partir del 6 de marzo de 2012-.
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Demandante: UGPP
Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
29. Afirma que, una vez consultada la página web de la Oficina de Bonos Pensionales
-OBP- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estableció que la señora
Lucía Ortiz Avendaño, a partir del año 2014, recibe una pensión de jubilación, por
parte del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag-, administrado por
la Fiduprevisora.
30. Indica que la providencia objeto de revisión trasgredió la Constitución Política:
preámbulo, artículos 1, 2, 6, 121,123 inciso 2º y 124; las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, 91 de 1989 y demás normas concordantes.
31. Sostiene la citada apoderada judicial que la sentencia del Consejo de Estado
objeto de este recurso extraordinario, revocó la decisión del Tribunal Administrativo
de Boyacá y, en su lugar, anuló los actos que le habían negado la pensión gracia a
la señora Lucía Ortiz Avendaño, además de ordenar su reconocimiento y pago, con
base en periodos laborados -entre el 8 de julio de 1999 y el 18 de noviembre de 2009-,
como docente nacional, «[…] sin el cumplimiento de los requisitos de tiempo de
servicio, contrariando así el ordenamiento jurídico […]».
32. La referida apoderada judicial, argumentó lo siguiente:
«[…] acerca de la fuente de financiación de los gastos que generó el cargo docente
desempeñado por la interesada, se advierte que en el Decreto 911 del 25 de junio de
1999 "Por el cual se hace un nombramiento en propiedad en educación" el Gobernador
del Departamento de Boyacá decretó en su artículo segundo "Los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos serán cancelados con cargo a los
recursos del situado fiscal"; por consiguiente, los Docentes NACIONALES financiados
con recursos del Situado Fiscal entre lósanos (sic) 1968 a 1989, o en cualquier otra
época, no pueden acceder al reconocimiento de la pensión gracia, situación en la cual
se encuentra incursa la causante; además de que la secretaria de educación de Boyacá
ha certificado en varias ocasiones que la vinculación de la causante para el periodo
que inicio en el año 1999 fue del orden nacional».
II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
33. El recurso extraordinario de revisión objeto de análisis fue radicado el 30 de
septiembre de 2020, ante la Secretaría General del Consejo de Estado, la cual,
luego de efectuar el reparto correspondiente, asignó el conocimiento del mismo a la
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-04235-00
Demandante: UGPP
Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
Sala Veinte Especial de Decisión, bajo el radicado 11001-03-15-000-2020-04235-
00.
34. En decisión del 10 de octubre de 20208, se admitió el recurso extraordinario y se
ordenó solicitar del Tribunal Administrativo de Boyacá que allegara copia digital del
expediente ordinario con radicado 15001-23-33-2014-00354-00.
35. Por auto separado de la misma fecha -10 de octubre de 2020- se rechazó por
improcedente la medida cautelar solicitada por la UGPP, que consistía en la
suspensión provisional de la sentencia de 13 de agosto de 2018, proferida por la
Sección Segunda, Subsección «B», del Consejo de Estado, cuya negativa se
fundamentó en el criterio uniforme de la Corporación en torno a que tal mecanismo
-medida cautelar- únicamente está permitido en el curso de los procesos declarativos.
36. La apoderada de la UGPP recurrió la decisión, pero su solicitud fue nuevamente
denegada por improcedente, a través de auto de 20 de noviembre de 20209.
37. Mediante auto de 15 de marzo de 202110 se tuvo por contestada la demanda por
intermedio del apoderado de la señora Lucía Ortiz Avendaño11 y se resolvió sobre
el decreto y práctica de pruebas.
II.3. Contestación del recurso por parte de la señora Lucía Ortiz Avendaño
38. La señora Lucía Ortiz Avendaño, por intermedio de su apoderado judicial, se
opuso a las pretensiones del presente recurso extraordinario de revisión y formuló
las siguientes excepciones: (i) improcedencia del recurso, al estimar que sus
causales son taxativas y ninguna aplica para el presente evento; (ii) cobro de lo no
debido, toda vez que el reconocimiento y pago de la pensión gracia, se hizo efectivo
a partir del 6 de marzo de 2012, tal como lo dispuso la autoridad judicial, y la UGPP,
mediante Resoluciones RDP 014413 del 10 de mayo de 2019 y RDP 016701 del 31
de mayo siguiente, por lo que la beneficiaria de la prestación actuó de buena fe; y
(iii) cosa juzgada, en la medida en que la UGPP nuevamente reabre el debate sobre
el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, asunto
8
Índice 4 del expediente digital en SAMAI.
9
Índice 24, expediente digital en SAMAI.
10
Índice 32, expediente digital en SAMAI.
11
Índice 22, expediente digital SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-04235-00
Demandante: UGPP
Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
que ya fue objeto de estudio en el referido proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
39. Consideró el apoderado judicial que a su poderdante le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión gracia por acreditar en su totalidad los requisitos para
acceder a dicha prestación, en la medida en que estuvo vinculada como docente
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, bajo nombramiento
departamental y no de carácter nacional, atendiendo lo dispuesto en la ley 91 de
1989.
40. Resaltó que frente a su vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, esto es,
desde el 29 de mayo de 1979 hasta el 1° de octubre de 1986, no existió reparo en
«la vía gubernativa» y que su nombramiento, por medio del Decreto 911 del 14 de
agosto de 1979 fue directamente realizado por el gobernador de Boyacá, tiempo
que fue certificado como docente nacionalizada.
II.4. Intervención del Ministerio Público
41. El Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado, guardó silencio12.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1. Competencia y oportunidad
42. El artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -en adelante CPACA- dispone que el recurso extraordinario de revisión
procede en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
43. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 del CPACA prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
12
Ver índice 13 del expediente digital SAMAI – Reparto comunicado por el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de
Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-04235-00
Demandante: UGPP
Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin exclusión de la Sección que
profirió la decisión.
44. En ese sentido, es oportuno mencionar que, de conformidad con el artículo 107
ibidem, las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado decidirán los
procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de la Corporación en los asuntos que esta última les encomiende, salvo en los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.
45. Al respecto, se tiene que el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –
Reglamento Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de
las Salas Especiales de Decisión de esta Corporación, dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias
de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. […]». (negrillas fuera
del texto)
46. Por otra parte, el artículo 251 del CPACA prevé que este recurso extraordinario
debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia,
mediante demanda que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 252
ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y que pretenda hacer valer.
47. También precisa la norma que, en tratándose de los asuntos previstos en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá interponerse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.
48. En el presente caso, la Unidad Administrativa de la Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, mediante escrito presentado el 30 de
septiembre de 2020, interpuso el recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia de 13 de agosto de 2018, proferida por la Subsección «B», de la Sección
Segunda, del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-23-33-2014-00354-01 [ejecutoria
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-04235-00
Demandante: UGPP
Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
del 14 de septiembre de 2018], con fundamento en el artículo 20, de la Ley 797 de
2003.
49. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que el mismo fue instaurado
oportunamente y fue promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida
por la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado; motivo por
el cual se cumplen los presupuestos procesales para el estudio de fondo del mismo.
III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
50. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.
51. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:
«Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar
a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha
consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor
una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para
evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada
de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido […]».
52. Así las cosas, y en la medida en que a través de este recurso se puede ver
alterada la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras13;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias amparadas por el principio de cosa juzgada y, por ello, las causales
13 Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. Magistrado Ponente: doctor Eduardo Montealegre
Lynett.
13
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previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido
restringido14.
III.2.1. De las causales especiales de revisión previstas en la Ley 797 de 2003
53. Comoquiera que en el presente proceso se invoca la causal de revisión prevista
en la Ley 797 de 2003, es menester indicar que dicha ley previó dos razones
cualificadas de revisión, para efectos de controvertir providencias judiciales que
reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública.
El siguiente, es el texto de la norma:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables15
[…]». (negrillas fuera del texto) (los apartes subrayados fueron declarados inexequibles por
la Corte Constitucional mediante sentencia C-835 de 2003)
54. La Corte Constitucional, en la sentencia C-835 de 200316, señaló que la transcrita
norma estableció una acción de revisión sui generis, cuyo ejercicio tiene las
14 Ibidem.
15 La expresión subrayada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 23 de septiembre de
2003, como se explicará infra.
16 Corte Constitucional. Sentencia C – 835 de 23 de enero de 2003. M.P.: Jaime Araújo Rentería.
14
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siguientes características: (i) está restringido a una parte activa calificada, es decir,
son determinadas entidades las llamadas a instaurarla; (ii) procede únicamente por
dos causales específicas que tienen por finalidad la protección y recuperación del
patrimonio público, y (iii) su objeto es delimitado y el análisis se dirige a establecer
la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.
55. Esta Sala recuerda que en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 56 de
2002 – Senado, que dio origen a la promulgación de la Ley 797 de 2003, en lo
referente a la enunciación de las causales de procedencia del recurso extraordinario
de revisión, destacó que el objeto de la regulación no es otro que afrontar los graves
casos de corrupción en materia de reconocimiento pensional y evitar la continuidad
del pago de pensiones que hayan sido reconocidas por montos superiores a
aquellos determinados por la ley17.
56. En los términos que se señalan a continuación se motivó el proyecto de
articulado:
«Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos
contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones
o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos
que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las
pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación18. […]». (negrillas fuera del texto)
57. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha precisado que el legislador
dotó -tanto a las entidades públicas pagadoras de pensiones como a los entes de control-
de herramientas judiciales que les habilitan la posibilidad de solicitar la corrección
de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales.
58. Tales herramientas se establecieron con el propósito de fortalecer el principio de
moralidad que debe preceder la actividad de reconocimiento pensional y buscan
enfrentar la corrupción, así como la sostenibilidad fiscal del sistema, debido a que
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 21 de junio de
2018. Radicación: 11001 03 25 000 2014 00830 00. M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
18 Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2003, páginas 12 a 17.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2020-04235-00
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el pago de las pensiones se sustenta en los recursos del erario, lo que impone un
examen más exigente y riguroso frente a los montos que se autorizan19.
III.3. Cuestión previa
59. De la lectura del escrito del recurso extraordinario de revisión se observa que la
apoderada judicial de la UGPP no explicitó cuál de las dos posibilidades de revisión
contempladas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 invoca. Sin embargo, es
preciso resaltar que, al momento de sustentar el recurso, se afirmó lo siguiente:
«[…] esta entidad considera pertinente interponer el presente recurso extraordinario de
revisión […], mecanismo judicial a través del cual se solicitará la protección del
erario, toda vez que el cumplimiento del fallo reprochado comporta una erogación
de recursos públicos sin la correspondiente justificación legal y un abuso del
derecho, considerándose que en el presente caso la liquidación de la prestación fue
efectuado por la UGPP, siendo la Entidad demandada en dicho proceso judicial […]».
(negrillas fuera del texto)
60. Así las cosas, la Sala considera que la argumentación expuesta por la UGPP
habilita el análisis en torno a si se configura o no la causal contemplada en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual procede el recurso
extraordinario de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
III.4. Problema jurídico
61. Corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, se configura la causal
b) de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si la cuantía
del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley legalmente
aplicable, en tanto que, a juicio del recurrente para el reconocimiento de la
prestación -pensión gracia- se tuvieron en cuenta tiempos de servicio -desde el 8 de
julio de 1999 hasta el 18 de julio de noviembre de 2009- cuya fuente de financiación
correspondían a recursos públicos de la Nación y no territoriales -situado fiscal- lo
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto
de 2017. Radicación: 2016 – 2022. M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez.
16
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que hace incompatible su reconocimiento con la normativa que lo regula -Ley 114 de
1913- y por lo tanto, estaría percibiendo un monto que excede el derecho.
62. Para efectos de resolver lo anterior, se analizarán los siguientes ejes temáticos:
(i) requisitos para reconocer la pensión gracia; (ii) situación de los docentes
nombrados por autoridades territoriales, con cargo a los recursos del situado fiscal
o del sistema general de participaciones y los Fondos Educativos Regionales (FER);
(iii) reconocimiento de la pensión gracia en el caso concreto y, posteriormente, se
emitirá pronunciamiento en relación con (iv) la configuración o no de la causal b)
contenida en el artículo 20 de la Ley 793 de 2003.
III.4.1. Los requisitos para reconocer la pensión gracia
63. La pensión gracia de jubilación fue creada por la Ley 114 de 191320, en favor de
los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan prestado sus servicios
en el magisterio por un término no menor de 20 años; sin embargo, posteriormente
se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de instrucción pública, en virtud del artículo 6º de la Ley 116 de 1928,
norma que determinó que, para el cómputo de los años de servicio, se podían sumar
los servicios prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza
primaria como en la normalista, al igual que el de la inspección en el sistema
educativo.
20
Señaló la Ley 114 de 1913, lo siguiente:
[…] Artículo 1º.- Los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente
Ley. Artículo 15 Ley 91 de 1989 Artículo 19 Ley 4 de 1992
[…]
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto
en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la
Nación o por un Departamento Ver Artículo 19 Ley 4 de 1992 Artículo 6 Ley 60 de 1993 Decreto Nacional 224 de 1972
Nota: Esta vigente el régimen de excepción para el personal docente en materia de edad. En el sector docente la edad y el
tiempo de servicios es la misma para el hombre y la mujer o sea 50 años y 20 años de servicios.
4. Que observe buena conducta.
1. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para
su sostenimiento […].
17
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64. Igualmente, el artículo 3º, inciso segundo, de la Ley 37 de 1933, extendió el
reconocimiento de esta pensión a los docentes que hayan completado los años de
servicio señalados en la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
65. Posteriormente, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 21, dispuso
que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de
las precitadas normas tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre que cumplan con todos los requisitos para el efecto,
resaltando que la misma será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
66. En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, reitera que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales22 sino, exclusivamente, los nacionalizados que cumplieran la totalidad de
requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913.
67. En armonía con lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado23 en la sentencia
de 26 de agosto de 1997, precisó que a esta prestación sólo acceden aquellos
21
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]
2.- Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación,
aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación […]”.
22
“El numeral 3º del artículo 4º de la ley 114 de 1913 prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el
interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional…”. De lo anterior se establece, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un
docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
Nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por ende, los únicos beneficiarios
de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales […]”. Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección "A".
Consejero Ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda. Bogotá, D.C., 7 de octubre de 2004. Radicación Número: 25000-23-25-000-
2001-9281-01(5365-03). Actor: Gonzalo Castillo Hernández. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.
23
“[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino,
exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo
15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación
primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la
ley. […]”. Consejero ponente: Magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda.
En el mismo sentido, entre otras, esta Corporación ha señalado lo siguiente: “De lo anterior, se infiere que el derecho a la
pensión gracia lo mantienen los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre
de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal.
Es claro entonces, que el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados exclusivamente en instituciones
educativas territoriales o nacionalizadas.” Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Consejera Ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C, 6 de abril de 2017. Radicación Número: 52001-23-31-000-2014-00270-01(0585-16).
18
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docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales o
departamentales y los que tienen el carácter de docentes nacionalizados, de tal
manera que quedan excluidos del beneficio de la pensión gracia, los docentes
nacionales, es decir, los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
III.4.2. La situación de los docentes nombrados por autoridades territoriales
con cargo a los recursos del situado fiscal o del sistema general de
participaciones y los Fondos Educativos Regionales (FER)
68. Destaca la Sala que el asunto objeto de controversia había generado diferentes
criterios de interpretación tanto en el interior de la Sección Segunda de esta
Corporación como en toda la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que
conllevó a que la Sección Segunda profiriera la sentencia de unificación SUJ-11-
S2 de 21 de junio de 201824, en la que se abordó lo concerniente al origen y
naturaleza jurídica de los recursos girados a las entidades territoriales provenientes,
en su momento, del situado fiscal y, posteriormente, del sistema general de
participaciones; y, además, se debatió la incidencia de los fondos educativos
regionales (FER) frente al tema del reconocimiento de la pensión gracia. La
sentencia en comento precisó lo siguiente:
«3.5. Conclusiones preliminares: reglas de unificación.
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor
en la Constitución de 1991, no obstante […] su origen o fuente nacional, una vez se
incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de
1988).
24
Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, radicación número 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19
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iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 25, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que
los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a
sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo
junto con la disponibilidad presupuestal26; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a
ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a
los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales;
y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema
general de participaciones.
En los anteriores términos ha de entenderse rectificada cualquier decisión que en
sentido disímil haya adoptado alguna de las salas de subsección en el pretérito. […]».
(negrillas fuera del texto)
69. Cabe señalar que la aludida sentencia de unificación dispuso la aplicación
retrospectiva a los casos pendientes de resolución de las anteriores reglas, no así
en relación con los ya resueltos por la jurisdicción contencioso-administrativa, dado
que sobre estos opera el principio de cosa juzgada.
25
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de
1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
26
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
20
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70. Del mismo modo, se resalta que el tema central en la unificación radicó en
determinar que los FER atendían los gastos que generaban los servicios educativos
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y que los fondos
destinados para tal fin provenían de la Nación -situado fiscal- y de las entidades
territoriales, razón por la cual los docentes territoriales y/o nacionalizados no se
convierten en educadores nacionales, por el origen de los recursos de la entidad
nominadora si provienen de la Nación, ni tampoco porque el Ministerio de
Educación certifique la disponibilidad presupuestal. En tal sentido, debe recordarse
que esa situación no muta el tipo de vinculación del docente, pues este se
encuentra determinado por el carácter de la plaza a ocupar27.
71. El anterior análisis se ratificó por la Corte Constitucional en la sentencia SU-014
de 2020, cuando al pronunciarse respecto del origen de los recursos necesarios
para atender el proceso de nacionalización de la educación a cargo de los entes
territoriales, indicó lo siguiente:
«52. De la normatividad transcrita y atendiendo las particularidades del presente
asunto, es posible concluir que la Ley 43 de 1975 y el Decreto 102 de 1976 introdujeron
importantes modificaciones en cuanto al funcionamiento de los Fondos Educativos
Regionales. Efectivamente, la primera determinó que los recursos para atender el
proceso de nacionalización de la educación a cargo de los entes territoriales serían
administrados por los mencionados Fondos; el segundo estableció que, en virtud de la
descentralización administrativa del servicio de educación, los planteles con carácter
nacional y los que se nacionalizaran a partir de la fecha de expedición del acto, serían
administrados por los FER.
Por otra parte, queda claro que estos organismos se componían de recursos
provenientes de las entidades territoriales y de la Nación; además, que en virtud del
señalado proceso de nacionalización, esta última aplicó al pago de la educación
primaria y secundaria los rubros del Situado Fiscal y de la participación en el impuesto
a las ventas.
[…]
76. Así las cosas, el entendimiento sistemático de las normas transcritas permite
concluir que los FER se encontraban conformados por recursos de los territorios y de
la Nación por concepto del magisterio nacional y nacionalizado. En otras palabras, a
pesar de la evolución normativa de los Fondos, se conservaron incólumes las
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de abril de 2021, 11001-0325-000-2016-01176-
00(5253-16), UGPP vs Julio César Peña, acción especial de revisión, causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
21
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transferencias procedentes de los gobiernos regionales y del nacional28; por lo que,
contrario a lo interpretado por las autoridades judiciales accionadas, estos organismos
no administraban exclusivamente recursos del presupuesto general de la Nación.
[…]
80. […]
Lo expuesto también permite concluir que la circunstancia de que los recursos del
Situado Fiscal pudiesen ser considerados hacienda del gobierno central o con origen
en el mismo, no influye en la determinación de la calidad nacional del educador. En
todo caso, se destaca que dicha transferencia fue aplicada desde la Ley 46 de 1971 a
la educación primaria (territorial), y luego de la Ley 43 de 1975 se continuó destinando
a la educación nacionalizada, por lo que, de llegarse a advertir que el profesor era
pagado con fondos del Situado Fiscal, efectivamente sería posible llegar a la conclusión
de que no se trataba de un nombramiento nacional. A la par, el proceso de
nacionalización del magisterio territorial no implicó la conversión automática a la
categoría de docentes nacionales, ya que, como sabemos, tenían un régimen
prestacional diferente.
81. Así pues, el punto de partida para evaluar la categorización de la educación lo
determina la naturaleza jurídica del vínculo definido en el artículo 1º la Ley 91 de
198929, esto es, la plaza a ocupar, no la fuente de financiación. Y tal autorizado
criterio proviene de la interpretación recientísima del Consejo de Estado30.» (negrilla
fuera del texto)
72. Para la Sala, a partir de los antecedentes legales y jurisprudenciales expuestos
con antelación, no cabe duda que el origen de los recursos o fuente de financiación,
no es el determinante de la naturaleza del vínculo del docente oficial, sino la plaza
a ocupar en los términos definidos por el artículo 1° de la Ley 91 de 1989.
73. En armonía con lo anterior, a manera de corolario, para tener derecho a la
pensión gracia se requiere cumplir con los siguientes requisitos: (i) tener más de 50
años de edad; (ii) haber trabajado como docente oficial territorial (municipal, distrital
o departamental) o nacionalizado, por más de 20 años continuos o discontinuos; (iii)
28
Situado Fiscal, impuesto a las ventas y caudales para el sostenimiento de los educadores nacionales.
29
“Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada
uno de ellos: // Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. // Personal
nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. // Personal territorial. Son los
docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975”.
30
En particular, esta es la postura consolidada recientemente por el Consejo de Estado. Al respecto, la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la citada providencia de unificación de sección del 18 de junio de 2018, indicó: “Lo determinante no
es de dónde provienen los fondos si no la plaza a ocupar”. (Énfasis añadido).
22
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haber trabajado como docente oficial territorial antes del 1° de enero de 1981, y (iv)
desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta durante este tiempo.
III.4.3 El reconocimiento de la pensión gracia en el caso concreto
74. La señora Lucía Ortiz Avendaño nació el 26 de mayo de 1959, lo que significa
que cumplió 50 años el 26 de mayo de 2009. Por ende, para la fecha en que solicitó
el reconocimiento de la pensión gracia -lo que ocurrió el 15 de agosto de 2013-, cumplía
con el requisito contemplado en el numeral 6° del artículo 4 de la Ley 114 de 1993,
respecto de la edad.
75. En relación con el tiempo de servicio docente prestado por la demandante, se
pone de relieve que el mismo se materializó en dos etapas. La primera de ellas está
comprendida entre el 29 de mayo de 1979 y el 30 de septiembre de 1986, respecto
del cual obran las siguientes pruebas en el expediente contentivo del proceso
ordinario:
✓ FORMATO ÚNICO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE
HISTORIA LABORAL – DECRETO 2831 DE AGOSTO 16 DE 2005 –
CONSECUTIVO NO. 1857, expedido el 21 de mayo de 2013 por la secretaría
de educación de Boyacá como entidad nominadora que menciona a la docente
Lucía Ortiz Avendaño con tipo de vinculación «NACIONALIZADO», tipo de
nombramiento en provisionalidad mediante Decreto 911 del 14/08/1979,
posesionada el 19/05/197931.
✓ Acta de posesión del 7 de septiembre de 1979 de Lucía Ortiz Avendaño
como maestra de la E.D. Antonio Ricaurte en el municipio de Saboya,
nombrada por Decreto 911 del 14 de agosto de 1979 de la gobernación de
Boyacá, suscrito por el secretario de educación, el jefe de personal y la
demandante. Menciona que surte efectos a partir del 29 de mayo de 197932.
✓ Certificación de 11 de diciembre de 2015 de la oficina de nómina de la
secretaría de educación de la gobernación de Boyacá, dirigida al Tribunal
Administrativo de Boyacá, que informa que la señora Lucía Ortiz Avendaño
31
F. 11 del cuaderno principal del expediente ordinario.
32
F. 29 ib.
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Demandante: UGPP
Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
«[…] revisados los archivos que reposan en esta entidad, se constató que
inició a laborar el 29 de [m]ayo de 1979 y que antes del 31 de [d]iciembre de
1980 se le cancelaron salarios con recursos del situado fiscal hoy sistema
general de participaciones»33.
76. Así las cosas, la señora Lucía Ortiz Avendaño prestó sus servicios como docente
antes del 1° de enero de 1989, así:
Tipo de Lugar Acto Administrativo Periodo
nombramiento
Docente E.D. Antonio Ricaurte Decreto 911 de Del 29/05/1979 al
departamental en del municipio de 14/08/79 de la 30/09/1986
provisionalidad Saboyá gobernación de
Boyacá
(no se aporta y se
menciona en el acta
de posesión y en la
certificación de la
secretaría de
educación del
departamento de
Boyacá como docente
nacionalizado)
77. De lo anterior se puede concluir, que la señora Lucía Ortiz Avendaño sí trabajó
como docente oficial nacionalizado, antes del 31 de diciembre de 1980.
78. En su segundo periodo de vinculación, este es, el iniciado el 8 de julio de 1999,
que se le certificó como nacional, obran las siguientes pruebas en el expediente
contentivo del proceso ordinario:
✓ FORMATO ÚNICO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE
HISTORIA LABORAL – DECRETO 2831 DE AGOSTO 16 DE 2005 –
CONSECUTIVO NO. 1857, expedido el 21 de mayo de 2013, por la secretaría
de educación de Boyacá como entidad nominadora que menciona a la docente
Lucía Ortiz Avendaño con tipo de vinculación «NACIONAL», tipo de
33
F. 113 ib.
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Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
nombramiento en provisionalidad mediante Decreto 911 del 25/06/1999,
posesionada el 08/07199934. Las demás situaciones administrativas fueron
encargos, ascensos y cambios de sueldo, en la misma sede educativa.
✓ Decreto 911 de 25 de junio de 1999, suscrito por el gobernador del
departamento de Boyacá y el secretario de educación de Boyacá, que nombra
en propiedad a la señora Lucía Ortiz Avendaño como docente en la Escuela
Rural Campohermoso del municipio de Buenavista que en su artículo segundo
señala que «Los Salarios, Prestaciones Sociales y demás emolumentos serán
cancelados con cargo a los Recursos del Situado Fiscal»35 (sic).
✓ Certificación de «salarios y devengados» de los años 2009 al 2012, expedido
por la secretaría de educación de Boyacá, se menciona a la señora Lucía Ortiz
Avendaño como del régimen «NACIONALIZADO», nombramiento en
«PROPIEDAD», del nivel «PRIMARIA».36.
79. Indica lo anterior que la señora Lucía Ortiz Avendaño prestó sus servicios como
docente después del 1° de enero de 1989, así:
Tipo de Lugar Acto Administrativo Periodo
nombramiento
Docente IE Campohermoso del Decreto 911 de Desde el 08/07/1999 y
departamental en municipio de 25/06/1999 de la no se tiene certeza de
propiedad Buenavista gobernación de la fecha de retiro,
Boyacá porque se encontraba
activa a la
(se aporta y se presentación de la
menciona en la demanda de nulidad y
certificación de la restablecimiento del
secretaría de derecho.
educación del
departamento de
Boyacá como docente
nacional)
80. Delmaterial probatorio recaudado en el expediente, es dable arribar a las
siguientes conclusiones: (i) la señora Lucía Ortiz Avendaño trabajó como docente
34
Ff. 20 a 22 ib.
35
F. 30 ib.
36
Ff. 22 a 28 ib.
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oficial, por más de 20 años; (ii) el primer periodo prestado como docente por la
señora Ortiz Avendaño inició antes del 31 de diciembre de 1980; (iii) la señora Ortiz
Avendaño siempre laboró como docente de primaria, y (iv) no registra inhabilidades
y acreditó desempeñarse con buena conducta.
81. La Sala pone de relieve que el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 37 clasificó a los
docentes, para efectos de las prestaciones económicas, como territoriales,
nacionales y nacionalizados, en los siguientes términos:
«Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
82. En este orden de ideas, la Sala resalta que las certificaciones allegadas acreditan
plenamente que la señora Lucía Ortiz Avendaño prestó sus servicios como docente
en las sedes educativas oficiales Antonio Ricaurte y Campohermoso de los
municipios de Saboyá y Buenavista, respectivamente, ambas del departamento de
Boyacá, y tenía un vínculo -de carácter nacionalizado- con las referidas instituciones.
III.4.4. De la configuración o no de la causal contenida en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 793 de 2003 - la cuantía del derecho reconocido excede
lo debido de acuerdo con la ley -
83. En atención a las anteriores premisas, la Sala considera que no se configura la
causal de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto el
reconocimiento de la pensión gracia en favor de la señora Lucía Ortiz Avendaño se
otorgó al amparo del ordenamiento jurídico superior, puesto que la accionante logró
37
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
26
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demostrar que cumplía con todos los requisitos exigidos para ser beneficiaria de
dicha prestación, en tanto que prestó sus servicios en dos periodos; el primero,
comprendido entre el 29/05/79 y el 30/09/86 -el cual fue reconocido por la secretaría de
Educación del Departamento de Boyacá-; servicios prestados en el nivel primaria y en
el municipio de Saboyá, en una plaza territorial del orden departamental.
84. El segundo periodo de prestación del servicio oficial docente -desde el 08/07/1999,
que también fue en el nivel de primaria, se adecúa al precepto jurisprudencial que
se replanteó mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018, número
interno 3805-201438, según la cual son viables los tiempos servidos a partir de
nombramiento con visto bueno del delegado Ministerio de Educación Nacional -
FER, aun cuando los salarios se hayan pagado con cargo a los recursos del antiguo
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones, rubros que como allí quedó
consignado, corresponden a rentas exógenas de las entidades territoriales.
85. Significa lo anteriormente expuesto que, aunque a la señora Lucía Ortiz
Avendaño se le cancelaron sus salarios con recursos del situado fiscal y del sistema
general de participaciones, con la intervención del Fondo Regional de Boyacá
[nombramiento Decreto 911 del 25/06/99], ello no se traduce en que su vínculo
laboral responda a la categoría de docente de carácter nacional, puesto que, como
se ha venido explicando a lo largo de esta providencia, lo verdaderamente
importante para efectos del reconocimiento de la pensión gracia es el carácter
territorial o nacionalizado de la respectiva plaza educativa, al margen del origen de
los recursos que financiaban los salarios y prestaciones de los educadores, tal como
ya se ha mencionado en reiterada jurisprudencia frente a este tipo de controversias
examinadas mediante el recurso extraordinario de revisión39.
86. En armonía con lo expuesto, se encuentra establecido probatoriamente que la
señora Lucía Ortiz Avendaño acreditó los requisitos exigidos en las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, para ser beneficiaria de la pensión
38
Al respecto, cabe señalar que la sentencia de unificación antes referida fue proferida el 21 de junio de 2018 y la sentencia
objeto de censura de la Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación, es del 13 de agosto de 2018, es decir,
posterior, lo que de bulto autoriza su total aplicación.
39
Ver entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena, Sala 19 Especial de Revisión, sentencia de 27 de octubre de 2022, radicado:
11001-03-15-000-2020-00904-00 REV; y de la Sección y Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021,
radicado 11001032500020160060000 (2633-2016) UGPP vs Graciela Ojeda Blanco; sentencias del 14 de abril de 2021,
radicados:11001-0325-000-2016-01176-00(5253-16) y 1101-0325-000-2016-00303-00 (1721-16 ), UGPP vs Julio César Peña
y UGPP vs María Stella Corrales de Díaz, acción especial de revisión, causal de revisión letras a y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003..
27
Radicación: 11001-03-15-000-2020-04235-00
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gracia, en tanto que (i) trabajó como docente oficial territorial, por más de 20 años;
(ii) su primer período de prestación de servicios inició antes del 31 de diciembre de
1980; (iii) siempre laboró como docente de primaria, (iv) no registra inhabilidades, y
(v) demostró desempeñarse con buena conducta.
III.5. De la condena en costas
87. La Sala de Decisión estima que no obstante la falta de prosperidad del recurso
de revisión impetrado, no habrá lugar a condenar en costas, por tratarse de una
controversia de interés público y en atención a lo establecido en el artículo 188 de
la Ley 1437 de 201140 -CPACA-.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de
la Protección Social - UGPP- en contra de la sentencia de 13 de agosto de 2018,
proferida por la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
15001-23-33-2014-00354-01, según lo expuesto en las consideraciones de esta
decisión.
SEGUNDO: NEGAR la condena en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.
40
Que establece: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-04235-00
Demandante: UGPP
Demandado: Lucía Ortiz Avendaño
TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de
información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI y SAMAI.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Aclara voto
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejera de Estado Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (6)
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