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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-00904-00

Fecha
31 de octubre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-00904-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP- en contra de la sentencia de 5 de julio de 2018, 35 «ARTÍCULO 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. // Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, e aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. // De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. // En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones». 36 Que establece: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». 37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia de 25 de noviembre de 2021. Radicado: 11001-03-25-000- […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2020-00904-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

31 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidos (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2020-00904-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
(UGPP)
Demandado: MIGUEL ANTONIO ÁVILA
Tema: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN – PENSIÓN GRACIA – FUENTE DE
FINANCIACIÓN RECURSOS - SITUADO FISCAL y SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES -

Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social -
en adelante UGPP-, en contra de la sentencia de 5 de julio de 2018, proferida por
la Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-23-33-002-
2014-00468-01.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda ordinaria

1. Revisada la copia digital del expediente 15001-23-33-002-2014-00468-00, el
señor Miguel Antonio Ávila, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-en adelante CPACA-, instauró demanda en contra de la UGPP, con miras a obtener
la nulidad de la Resolución RDP 016496 del 12 de abril de 2013, que le negó el

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Radicación: 11001-03-15-000-2020-00904-00
Demandante: UGPP
Demandado: Miguel Antonio Ávila
reconocimiento de la pensión gracia, y de la Resolución RDP 25451 del 4 de junio
siguiente, por medio de la cual se confirmó tal pronunciamiento.

2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, y a título de restablecimiento
del derecho, el demandante solicitó el reconocimiento, pago y reliquidación de la
pensión gracia, con inclusión de todos los factores salariales devengados desde el
año anterior en el que adquirió el estatus pensional, junto con los reajustes legales
correspondientes.

I.2. Los hechos

3. El señor Miguel Antonio Ávila señaló que nació el 6 de junio de 1956, motivo por
el cual adquirió su estatus pensional el 6 de junio de 2006.

4. Afirmó que prestó sus servicios en la secretaría de Educación de Boyacá, como
docente en el municipio de Saboyá, desde el 1° de febrero de 1980 y hasta el 27 de
marzo siguiente, y entre el 28 de julio de 1983 y el 30 de diciembre de 2011.

5. Indicó que la UGPP, mediante Auto ADP 4190 de 20 de marzo de 2013, solicitó
que se allegara al expediente el acto administrativo de nombramiento y el acta de
posesión relacionada con el período comprendido entre el 1° de febrero de 1980 y
el 27 de marzo siguiente, pero a través de la Resolución RDP 016496 de 12 de abril
de 2013 -la cual fue notificada el 7 de mayo de 2013-, la entidad demandada resolvió
negar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

6. En contra de la anterior decisión, interpuso recurso de reposición el cual fue
decidido por la Resolución RDP 25451 de 4 de junio de 2013, a través de la cual se
confirma en todas sus partes la Resolución 16496 de 12 de abril de 2013.

7. El 2 de diciembre de 2013, presentó una nueva solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia de jubilación, la cual fue resuelta por Auto ADP 016073 de 12 de
diciembre de 2013, en el que se indicó que como el objeto de la petición ya había
sido definido, no había lugar a emitir nuevo acto administrativo, en tanto no se
allegaron nuevos elementos de juicio que permitieran modificar la decisión
adoptada.

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Radicación: 11001-03-15-000-2020-00904-00
Demandante: UGPP
Demandado: Miguel Antonio Ávila
8. Refirió el accionante que cumplía los requisitos para el reconocimiento y pago de
la pensión gracia definidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
91 de 1989, por haber prestado sus servicios como docente oficial de carácter
nacionalizado, teniendo en cuenta que inició la prestación de servicios antes del 31
de diciembre de 1980, laboró por más de veinte años y tiene más de 50 años de
edad.
I.3. La UGPP

9. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, luego de
considerar que el señor Miguel Antonio Ávila no estuvo vinculado al servicio de la
educación como docente oficial en el departamento de Boyacá, antes del 31 de
diciembre de 1980, sino que ejerció como docente interino porque no allegó el
decreto de nombramiento ni el acta de posesión correspondiente. Adicionalmente,
indicó que no se tenía certeza sobre los recursos con los cuales le fueron pagados
sus salarios; motivos por los cuales no había lugar a reconocerle y pagarle la
pensión gracia.
I.4. La sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Boyacá, al momento de identificar el problema
jurídico a resolver, señaló lo siguiente: «[…] el litigio se contrae en determinar si el docente
Miguel Antonio Ávila cumple con los requisitos que para el reconocimiento y pago de la pensión
gracia definen las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, especialmente si el
requisito de haber presentado servicios como docente oficial del orden nacionalizado o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 se encuentra debidamente acreditado».

11. El 25 de junio de 2015, el aludido Tribunal dictó sentencia oral por medio de la
cual: (i) declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 016496 del 12 de abril y RDP
025451 del 4 de junio, ambas del 2013; (ii) condenó en costas a la entidad
demandada y fijó las agencias en derecho, en cuantía del 2% sobre las pretensiones
reconocidas; (iii) ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor del
señor Miguel Antonio Ávila, en suma equivalente al 75% del promedio mensual
devengado por el demandante entre el 7 de junio de 2005 y el 6 de junio de 2006,
por concepto de asignación básica, auxilio de movilización y primas de alimentación,
de grado, de navidad (1/2) de vacaciones (1/2), y rural del 10%, con efectos fiscales
a partir del 7 de diciembre del 2009, en virtud de la prescripción trienal, y (iv) ordenó
que el monto de la condena se ajustara en los términos del artículo 192 del CPACA.

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Demandante: UGPP
Demandado: Miguel Antonio Ávila
12. Para arribar a las anteriores decisiones, el referido Tribunal concluyó que el
demandante acreditó el requisito de 50 años de edad; demostró no haber incurrido
en mala conducta, según sus antecedentes disciplinarios; y acreditó que estuvo
vinculado por más de 20 años de servicios, toda vez que fue vinculado como
docente interino del orden nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, conforme los certificados expedidos por la secretaría de Educación de
Boyacá, y posteriormente nombrado como docente nacionalizado, en propiedad,
desde el 28 de julio de 1983 hasta el 1° de abril de 2014.

I.5. El recurso de apelación

13. La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación, en el que reiteró que
el demandante no acreditó su vinculación como docente al servicio oficial en el
orden municipal, distrital, departamental o nacionalizado, con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, por tratarse de un nombramiento como docente interino, que se
considera como una colaboración ocasional con el servicio docente; por lo que, en
su criterio, no era procedente acceder a las pretensiones de la demanda, teniendo
en cuenta que no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913.

I.6. La sentencia de segunda instancia

14. En segunda instancia, el conocimiento del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho le correspondió a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante sentencia de 5
de julio de 2018 -ejecutoriada el 3 de agosto de 20181-, confirmó en su integridad el
fallo impugnado y condenó en costas a la entidad demandada.

15. La referida Subsección estimó que el problema jurídico a resolver era el
consistente en: «[…] establecer si el señor Miguel Antonio Ávila cumple los requisitos legalmente
establecidos […] para el reconocimiento de la pensión gracia, particularmente el referido a la fecha
de vinculación como docente oficial al servicio del departamento de Boyacá ».

16. Alpronunciarse frente al caso concreto, luego de examinar las pruebas
aportadas, estimó que:

1
F. 240 del expediente proceso ordinario.

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Demandado: Miguel Antonio Ávila
De las pruebas relacionadas se tiene que el señor Miguel Antonio [Á]vila conforme al
certificado de prestación de servicios 2, fue vinculado al servicio del departamento de Boyacá
y trabajó como docente interino del orden nacionalizado desde el 1 de febrero hasta 27 de
marzo de 1980, por un tiempo de servicios de 1 mes y 26 dias; labor que resulta ser efectiva
para acceder al beneficio de la pensión gracia, dado que los servicios prestados en calidad
de docente interino, tal como quedó visto en el acápite normativo y jurisprudencial, son aptos
para ser computados a fin de acceder a dicha prestación, pues las leyes que regulan la
materia la concibieron como una compensación o retribución a favor de los maestros que
laboraran en el nivel territorial, sin exigir una calidad de vinculación específica.

De las demás pruebas se tiene que la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá,
nombró por Decreto 1246 del 21 de julio de 1983 al demandante en propiedad del orden
nacionalizado en la escuela San José Buenos Aires de Saboyá (Boyacá) desde el 21 de julio
1983, con efectos fiscales a partir del 28 de julio del mismo año, y que laboró hasta el 1 de
enero de 2014, para un tiempo de servicios de 30 años 8 meses y 5 días, tiempo que resulta
apto para computar la pensión gracia.

Así las cosas, el señor Miguel Antonio Ávila prestó sus servicios como docente de carácter
nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, por un tiempo total de servicios
de 30 años, 10 meses y 1 día y además, cumplió 50 años de edad y observó buena conducta,
lo cual indica que es beneficiario de la pensión gracia, razón por la cual la sentencia
impugnada será confirmada.

17. Por último, refirió que, de acuerdo con el criterio de esa Subsección, y en atención
a lo ordenado en el numeral 1° del artículo 365 del CPACA, se aplicaría el criterio
objetivo valorativo, por lo que se condenaría en costas a la entidad demandada toda
vez que, también en segunda instancia, hubo intervención de la parte demandante.

II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

II.1. El recurso extraordinario – causales invocadas

18. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la
Seguridad Social - UGPP, por conducto de apoderado judicial, y mediante escrito
presentado el 12 de marzo de 2020, instauró recurso extraordinario de revisión en
el que solicitó se efectuarán las siguientes declaraciones:

2
Folio 19 y 20 del expediente.

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Demandado: Miguel Antonio Ávila
PRIMERO: Infirmar las sentencias proferidas por el Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección A, del 5 de julio de 2018, que
confirmó la proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, de 25 de junio de 2015, dentro
del medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por el señor
Miguel Antonio Ávila, contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales
• UGPP, radicado con el No. 15001233300220140046800, y en su lugar:

SEGUNDO: Declarar que a Miguel Antonio Ávila, no le asiste derecho al reconocimiento
de la pensión gracia, por cuanto le fueron computados tiempos laborados como docente con
carácter NACIONAL comprendidos entre el 1/2/1980 a 27/3/1980 y desde el 28/7/1983 a
30/12/2011, con recursos provenientes de la Nación, y por lo tanto no hay lugar al pago de
valor alguno en virtud de tal prestación.

TERCERA: Ordénese al señor Miguel Antonio Ávila, a restituirle a la Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, los
dineros percibidos y recibidos en virtud de la orden judicial, y el reconocimiento ilegal de la
pensión gracia con la correspondiente indexación.

CUARTA: Ordénese al señor Miguel Antonio Ávila, que el pago que efectúe a la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, lo haga de forma actualizada e indexada de conformidad con el artículo 187 del
CPACA, así como los intereses moratorios estipulados en el artículo 192 ibídem, sobre los
valores pagados por concepto del reconocimiento de la pensión gracia.

19. En criterio del aludido apoderado, en el sub lite se configura la causal prevista
en el artículo 20, letra b), de la Ley 797 de 2003, precepto según el cual procede la
revisión de providencias judiciales cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley.

20. Como sustento de sus pretensiones, el apoderado judicial de la entidad
recurrente manifiesta que, en cumplimiento de la orden judicial, la UGPP emitió
Resolución RDP 045289 del 27 de noviembre de 2018, a través de la cual reconoció
al señor Miguel Antonio Ávila la pensión gracia, en cuantía de $1.771.183, a partir
del 6 de junio de 2006 y con efectos fiscales desde el 7 de diciembre de 2009 -
prestación liquidada con el 75% del promedio devengado durante el lapso comprendido
entre el 7 de junio de 2005 y el 6 de junio de 2006, que incluyó los factores por concepto de
asignación básica, auxilio de movilización, prima de alimentación, prima de grado, prima de
navidad, prima rural del 10 % y prima de vacaciones-.

21. Afirma que, con fecha 30 de enero de 2019, se expidió la Resolución RDP 002810
que adicionó a la Resolución RDP 045289 del 27 de noviembre de 2018 un ordinal

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décimo, en el sentido de indicar que la Subdirección de determinación de derechos
pensionales reportara a la Subdirección financiera -a cargo de la UGPP y en favor del
señor Miguel Antonio Ávila- la suma de $ 1.872.739 -que corresponde a las costas
procesales- con el fin de que se efectué la ordenación del gasto y el pago
correspondiente, según disponibilidad presupuestal vigente.

22. Indica que la providencia objeto de revisión transgredió la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948, el Convenio No. 102 y 128 de la OIT sobre la
Seguridad Social; la Constitución Política: preámbulo, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 48,
121,123 inciso 2º y 124, 209; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, la
Ley 43 de 1975, Ley 91 de 1989, así como el Decreto 224 de 1972.

23. Sostiene el recurrente que la sentencia del Consejo de Estado, objeto de este
recurso extraordinario, confirmó la decisión de reconocimiento y pago de la pensión
gracia al señor Miguel Antonio Ávila, con base en tiempos de servicio [del
01/02/1980 al 27/03/1980 y desde el 27/07/1983 hasta el 30/12/2011] cuyos salarios
fueron pagados con recursos provenientes de la Nación, «[…] como se corrobora con
el Decreto 1246 del 21 de julio de 1983 expedido por el Presidente de la Junta Administradora del
Fondo Educativo regional de Boyacá, en el que fungió como Gobernador, siendo suscrito por el
mandatario Departamental, el Secretario de Educación y el Delegado del Ministerio de Educación
Nacional» (sic para toda la cita) y con «[…] la certificación expedida por la Secretaría de Educación
del Departamento de Boyacá No. 2019200503366372 de 5/11/2019 señalando la fuente de
financiación-salarios con recursos provenientes de la Nación».

24. Estima que el pronunciamiento atacado vulneró los artículos 1° y 4° de la Ley 114
de 1913 y 3° de la Ley 37 de 1933, y señala que la decisión que se profirió implica:
(i) la disminución del erario público; (ii) compromete el derecho a la seguridad social
amparado por la normativa convencional, al reconocer un derecho que no está
ajustado a la ley aplicable, y (iii) atenta contra la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, principio que goza de protección constitucional.

25. Adujo el recurrente que:

[…] El criterio de vinculación que desconoce los postulados de las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928 y siguientes, en la medida los tiempos servidos por Miguel Antonio Ávila
reseñados previamente son NACIONALES, y que relacionó el fallador de segunda instancia
en la página 12 de su providencia como NACIONALIZADO y que reposan como prueba en
el proceso primigenio, pero dejando de lado que los salarios y prestaciones se pagarían con
cargo a los recursos del situado fiscal además destacándose el carácter de NACIONAL, por

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ende, no podían ser incluidos por el juzgador para el estudio de la pensión gracia del
mencionado señor.

En consecuencia, el mencionado señor no logró acreditar la vinculación territorial o
nacionalizada, máxime que con posterioridad a la finalización del proceso, la entidad con el
fin de verificar y de prevenir pagos indebidos, le solicito a la Secretaria de Educación de
Boyacá le certificara la fuente de financiación de los recursos utilizados para el pago de los
salarios del docente, la cual señaló que se pagaban con cargo a recursos provenientes de
la Nación, como se lee en la certificación expedida por la Secretaria de Educación del
Departamento de Boyacá de 29 de octubre de 2019.

[…]

En consecuencia, se debe acceder a las pretensiones del presente recurso, ya que el
docente no logró acreditar los requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia
establecida en la ley 114 de 1913 por cuanto los tiempos ya reseñados son nacionales-
fueron financiados con recursos provenientes de la Nación, como da cuenta los documentos
relacionados incluso por el fallador en la providencia objeto de revisión y destacados
previamente.

En este punto, es preciso indicar que la educación en Colombia estaba siendo asumida para
unos casos directamente por la Nación, y en otros, por los departamentos, municipios,
distritos y comisarías, razón por la cual la Ley 43 de 1975, dispuso la nacionalización de este
servicio, para lo cual se arrogó la obligación de los pagos del personal que en adelante se
vinculara y del que en virtud a dicho mandato se nacionalizara.

Se evidencia que en los tiempos de servicio certificados como prestados por la docente, para
tal momento la educación ya había sufrido el proceso de transformación y se encontraba
totalmente a cargo de la Nación. Esa circunstancia se convalida con las diferentes
certificaciones ya relacionadas, en las que se indica que estos tiempos se prestaron con
vinculación de tipo NACIONAL, razón por la cual es válido afirmar que los mismos no pueden
ser tenidos en cuenta para el otorgamiento de la prestación.

Debe recordarse que los fondos educativos regionales administraban la educación con los
RECURSOS DE LA NACIÓN, por lo que el acto administrativo que nombra a la docente,
correspondía en realidad a una vinculación de docente oficial de carácter NACIONAL.

[…]

Por lo que es del caso precisar respecto al situado fiscal, que entre el 19 de diciembre de
1968 y hasta el 12 de agosto de 1993, los recursos del situado fiscal en ningún momento
dejaron de ser recursos de la nación, por tratarse de una mera distribución de los ingresos
corrientes de la nación (ICN) hacia los Fondos Educativos Regionales – FER, para que las
entidades territoriales, en calidad de administradoras de dichos fondos (no como propietarios
de los mismos). Atendieran con los recursos del situado fiscal, obligaciones o servicios a
cargo de la nación […]

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II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión

26. El recurso extraordinario de revisión objeto de análisis fue radicado el 12 de
marzo de 2020, ante la Secretaría General del Consejo de Estado, la cual, luego de
efectuar el reparto correspondiente, asignó el conocimiento del mismo a la Sala
Diecinueve Especial de Decisión, bajo el radicado 11001-03-15-000-2020-00904-
00.

27. El Consejero de Estado a cargo de la sustanciación del trámite procesal, doctor
William Hernández Gómez, mediante escrito del 9 de febrero de 2021, se declaró
impedido3 luego de estimar que podría configurarse la causal contenida en el ordinal
2° del artículo 141 del Código General del proceso ( en adelante CGP), toda vez
que conoció, discutió y firmó la sentencia del 5 de julio de 2018, objeto del presente
recurso extraordinario de revisión, motivo por el cual, el 12 de febrero de 2021 4,
ingresó al despacho del Consejero que sigue en turno, actual ponente de este
proveído.

28. Por auto del 8 de abril de 2021, los miembros de la Sala declararon fundado el
impedimento del consejero de Estado, doctor William Hernández Gómez, por lo que
dicho magistrado fue relevado del conocimiento de esta actuación5.

29. En decisión del 24 de mayo de 20216, se admitió el recurso extraordinario y se
ordenó solicitar del Tribunal Administrativo de Boyacá se allegara copia digital del
expediente ordinario con radicado 15001-23-33-002-2014-00468-00.

30. Mediante auto de 28 de junio de 20217 se tuvo por no contestada la demanda
por parte del señor Miguel Antonio Ávila y se resolvió sobre el decreto y práctica de
pruebas.
II.3. Intervención del Ministerio Público

31. El Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.

3
Índice 4. del expediente digital en SAMAI.
4
Índice 6. del expediente digital en SAMAI.
5
Índice 13. del expediente digital en SAMAI.
6
Índice 19. del expediente digital en SAMAI.
7
Índice 36. del expediente digital en SAMAI.

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Demandante: UGPP
Demandado: Miguel Antonio Ávila

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia y oportunidad

32. El artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -en adelante CPACA-, dispone que el recurso extraordinario de
revisión procede en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.

33. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 del CPACA prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin exclusión de la Sección que
profirió la decisión.

34. En ese sentido, es oportuno mencionar que, de conformidad con el artículo 107
ibidem, las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado decidirán los
procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de la Corporación que esta última les encomiende, salvo los procesos de pérdida
de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.

35. Al respecto, se tiene que el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –
Reglamento Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de
las Salas Especiales de Decisión de esta Corporación, dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos
de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de
las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado […] (resalta la Sala)

36. Por otra parte, el artículo 251 del CPACA prevé que este recurso extraordinario
debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia,
mediante demanda que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 252
ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,

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acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y que pretenda hacer valer.

37. También precisa la norma que, en tratándose de los asuntos previstos en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá interponerse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

38. En el presente caso, la Unidad Administrativa de la Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, mediante escrito de fecha 12 de marzo
de 2020, interpuso el recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia de
5 de julio de 2018, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 15001-23-33-002-2014-00468-00 [ejecutoria del 3 de agosto de 2020],
con fundamento en la causal consagrada en el artículo 20, letra b), de la Ley 797 de
2003.

39. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que el mismo fue instaurado
oportunamente y fue promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; motivo por el cual
se cumplen los presupuestos procesales para el estudio de fondo del mismo.

III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

40. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.

41. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:

[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar
a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha
consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor
una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores

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a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que prevalezca
una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta
y reabrir un proceso ya fenecido […] (negrillas fuera de texto)

42. Así las cosas, y en la medida en que a través de este recurso se puede ver
alterada la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras8;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido9.

III.2.1. De las causales especiales de revisión previstas en la Ley 797 de 2003

43. Comoquiera que en el presente proceso se invoca una causal de revisión prevista
en la Ley 797 de 2003, es menester indicar que dicha ley previó dos razones
cualificadas de revisión para efectos de controvertir providencias judiciales que
reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública.
El siguiente, es el texto de la norma:

[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción
o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

8 Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. Magistrado Ponente: doctor Eduardo Montealegre Lynett.
9 Ibidem.

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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables10 […] (resaltado por
la Sala) (los apartes subrayados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia
C-835 de 2003).

44. La Corte Constitucional, en la sentencia C-835 de 200311, señaló que la transcrita
norma estableció una acción de revisión sui generis, cuyo ejercicio tiene las
siguientes características: (i) está restringido a una parte activa calificada, es decir,
son determinadas entidades las llamadas a instaurarla; ii) procede únicamente por
dos causales específicas que tienen por finalidad la protección y recuperación del
patrimonio público, y iii) su objeto es delimitado y el análisis se dirige a establecer
la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.

45. Esta Sala recuerda que en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 56 de
2002 – Senado, que dio origen a la promulgación de la Ley 797 de 2003, en lo
referente a la enunciación de las causales de procedencia del recurso extraordinario
de revisión, destacó que el objeto de la regulación no es otro que afrontar los graves
casos de corrupción en materia de reconocimiento pensional y evitar la continuidad
del pago de pensiones que hayan sido reconocidas por montos superiores a
aquellos determinados por la ley12.

46. En los términos que se señalan a continuación se motivó el proyecto de
articulado:

[…] Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan
la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las
transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no
corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones
irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción
en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación13. […] (destacado de la
Sala)

47. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha precisado que el legislador
dotó -tanto a las entidades públicas pagadoras de pensiones como a los entes de control-
de herramientas judiciales que les habilitan la posibilidad de solicitar la corrección
de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales.

10 La expresión subrayada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 23 de septiembre de
2003, como se explicará infra.
11 Corte Constitucional. Sentencia C – 835 de 23 de enero de 2003. M.P.: Jaime Araújo Rentería.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 21 de junio de
2018. Radicación: 11001 03 25 000 2014 00830 00. M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
13 Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2003, páginas 12 a 17.

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48. Tales herramientas se establecieron con el propósito de fortalecer el principio de
moralidad que debe preceder la actividad de reconocimiento pensional y buscan
enfrentar la corrupción, así como la sostenibilidad fiscal del sistema, debido a que
el pago de las pensiones se sustenta en los recursos del erario, lo que impone un
examen más exigente y riguroso frente a los montos que se autorizan14.

49. Visto lo anterior, la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo tanto de los
argumentos expuestos en la demanda como en la contestación de la misma, para,
luego determinar si, en el presente caso, se configura la causal extraordinaria de
revisión invocada por el recurrente.

III.3. Problema jurídico

50. Corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, se configura la causal
de revisión prevista en la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si
la cuantía del derecho reconocido en la sentencia objeto de revisión excede lo
debido de acuerdo con el ordenamiento jurídico, en tanto que, a juicio del recurrente,
para el reconocimiento de la pensión gracia se tuvieron en cuenta los tiempos
servidos por el señor Miguel Antonio Ávila como docente oficial pero que fueron
pagados con recursos públicos de la Nación, motivo por el cual no se cumplían los
requisitos de la Ley 114 de 1913.

51. Para resolver lo anterior, se analizarán: (i) los requisitos para reconocer la
pensión gracia; (ii) la situación de los docentes nombrados por autoridades
territoriales con cargo a los recursos del situado fiscal o del sistema general de
participaciones y los Fondos Educativos Regionales (FER); (iii) La pensión gracia
en el caso concreto, y posteriormente se emitirá pronunciamiento en relación con
(iv) la configuración o no de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 793 de 2003.

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto
de 2017. Radicación: 2016 – 2022. M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez.

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III.3.1. Los requisitos para reconocer la pensión gracia

52. La pensión gracia de jubilación fue creada por la Ley 114 de 191315, en favor de
los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan prestado sus servicios
en el magisterio por un término no menor de 20 años; sin embargo, posteriormente
se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de instrucción pública, en virtud del artículo 6º de la Ley 116 de 1928,
norma que determinó que, para el cómputo de los años de servicio, se podían sumar
los servicios prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza
primaria como en la normalista, al igual que el de la inspección en el sistema
educativo.

53. Igualmente, el artículo 3º, inciso segundo, de la Ley 37 de 1933, extendió el
reconocimiento de esta pensión a los docentes que hayan completado los años de
servicio señalados en la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

54. Posteriormente, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 16, dispuso
que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de
las precitadas normas tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocería tal prestación siempre que cumplieran con todos los requisitos

15
Señaló la Ley 114 de 1913, lo siguiente:

[…] Artículo 1º.- Los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente
Ley. Artículo 15 Ley 91 de 1989 Artículo 19 Ley 4 de 1992
[…]
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto
en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la
Nación o por un Departamento Ver Artículo 19 Ley 4 de 1992 Artículo 6 Ley 60 de 1993 Decreto Nacional 224 de 1972
Nota: Esta vigente el régimen de excepción para el personal docente en materia de edad. En el sector docente la edad y el
tiempo de servicios es la misma para el hombre y la mujer o sea 50 años y 20 años de servicios.
4. Que observe buena conducta.
1. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para
su sostenimiento […].
16
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]
2.- Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación,
aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación […]”.

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para el efecto, resaltando que la misma resulta compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

55. En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 reitera que, dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia, no quedan incluidos los docentes
nacionales17 sino, exclusivamente, los nacionalizados que cumplieran la totalidad de
requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913.

56. En armonía con lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado18, en la sentencia
de 26 de agosto de 1997, precisó que a esta prestación sólo acceden aquellos
docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales o
departamentales y los que tienen el carácter de docentes nacionalizados, de tal
manera que quedan excluidos del beneficio de la pensión gracia, los docentes
nacionales, es decir, los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.

III.3.2. La situación de los docentes nombrados por autoridades territoriales
con cargo a los recursos del situado fiscal o del sistema general de
participaciones y los Fondos Educativos Regionales (FER).

57. Destaca la Sala que el asunto objeto de controversia había generado diferentes
criterios de interpretación tanto en el interior de la Sección Segunda de esta
Corporación como en toda la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que
conllevó a que la Sección Segunda profiriera la sentencia de unificación SUJ-11-

17
“El numeral 3º del artículo 4º de la ley 114 de 1913 prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el
interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional…”. De lo anterior se establece, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un
docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
Nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por ende, los únicos beneficiarios
de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales […]”. Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección "A".
Consejero Ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda. Bogotá, D.C., 7 de octubre de 2004. Radicación Número: 25000-23-25-000-
2001-9281-01(5365-03). Actor: Gonzalo Castillo Hernández. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.
18
“[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino,
exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo
15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación
primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la
ley. […]”. Consejero ponente: Magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda.
En el mismo sentido, entre otras, esta Corporación ha señalado lo siguiente: “De lo anterior, se infiere que el derecho a la
pensión gracia lo mantienen los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre
de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal.
Es claro entonces, que el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados exclusivamente en instituciones
educativas territoriales o nacionalizadas.” Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Consejera Ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C, 6 de abril de 2017. Radicación Número: 52001-23-31-000-2014-00270-01(0585-16).

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S2 de 21 de junio de 201819, en la que se abordó lo concerniente al origen y
naturaleza jurídica de los recursos girados a las entidades territoriales provenientes,
en su momento, del situado fiscal y, posteriormente, del sistema general de
participaciones; y, además, se debatió la incidencia de los fondos educativos
regionales (FER) frente al tema del reconocimiento de la pensión gracia. La
sentencia en comento precisó lo siguiente:

[…] 3.5. Conclusiones preliminares: reglas de unificación.

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la
Constitución de 1991, no obstante[,] su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a
los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en
calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la
Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del
artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo
dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del
situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del
Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios
educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 20, resulta factible colegir de manera
razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el
servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin
provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además,
en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten
en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad
presupuestal21; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que
la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su

19
Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, radicación número 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de
1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
21
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.

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defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea
de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en
esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos
regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.

En los anteriores términos ha de entenderse rectificada cualquier decisión que en sentido
disímil haya adoptado alguna de las salas de subsección en el pretérito […]

58. Cabe señalar que la aludida sentencia de unificación dispuso la aplicación
retrospectiva a los casos pendientes de resolución de las anteriores reglas, no así
en relación con los ya resueltos por la jurisdicción contencioso administrativa, dado
que sobre aquellos opera el principio de cosa juzgada.

59. Del mismo modo, se resalta que el tema central en la unificación radicó en
determinar que los FER atendían los gastos que generaban los servicios educativos
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y que los fondos
destinados para tal fin provenían de la Nación -situado fiscal- y de las entidades
territoriales, razón por la cual los docentes territoriales y/o nacionalizados no se
convierten en educadores nacionales, por el origen de los recursos de la entidad
nominadora si provienen de la Nación, ni tampoco porque el Ministerio de
Educación certifique la disponibilidad presupuestal. En tal sentido, debe recordarse
que esa situación no muta el tipo de vinculación del docente, pues este se
encuentra determinado por el carácter de la plaza que se va a ocupar22.

60. La anterior posición se ratificó por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
014 de 202023, cuando al pronunciarse respecto del origen de los recursos
necesarios para atender el proceso de nacionalización de la educación a cargo de
los entes territoriales, el Alto Tribunal indicó lo siguiente:

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de abril de 2021, 11001-0325-000-2016-01176-
00(5253-16), UGPP vs Julio César Peña, acción especial de revisión, causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
23
Corte Constitucional, M. P. José Fernando Reyes Cuartas. 22 de enero de 2020. Acción de tutela de Carmen Sofía Pérez
Acevedo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca .

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[…] De la normatividad transcrita y atendiendo las particularidades del presente asunto, es
posible concluir que la Ley 43 de 1975 y el Decreto 102 de 1976 introdujeron importantes
modificaciones en cuanto al funcionamiento de los Fondos Educativos Regionales.
Efectivamente, la primera determinó que los recursos para atender el proceso de
nacionalización de la educación a cargo de los entes territoriales serían administrados por los
mencionados Fondos; el segundo estableció que, en virtud de la descentralización
administrativa del servicio de educación, los planteles con carácter nacional y los que se
nacionalizaran a partir de la fecha de expedición del acto, serían administrados por los FER.

Por otra parte, queda claro que estos organismos se componían de recursos provenientes de
las entidades territoriales y de la Nación; además, que en virtud del señalado proceso de
nacionalización, esta última aplicó al pago de la educación primaria y secundaria los rubros
del Situado Fiscal y de la participación en el impuesto a las ventas.

[…] Así las cosas, el entendimiento sistemático de las normas transcritas permite concluir que
los FER se encontraban conformados por recursos de los territorios y de la Nación por
concepto del magisterio nacional y nacionalizado. En otras palabras, a pesar de la evolución
normativa de los Fondos, se conservaron incólumes las transferencias procedentes de los
gobiernos regionales y del nacional24; por lo que, contrario a lo interpretado por las autoridades
judiciales accionadas, estos organismos no administraban exclusivamente recursos del
presupuesto general de la Nación.

[…]

Lo expuesto también permite concluir que la circunstancia de que los recursos del Situado
Fiscal pudiesen ser considerados hacienda del gobierno central o con origen en el mismo, no
influye en la determinación de la calidad nacional del educador. En todo caso, se destaca que
dicha transferencia fue aplicada desde la Ley 46 de 1971 a la educación primaria (territorial),
y luego de la Ley 43 de 1975 se continuó destinando a la educación nacionalizada, por lo que,
de llegarse a advertir que el profesor era pagado con fondos del Situado Fiscal, efectivamente
sería posible llegar a la conclusión de que no se trataba de un nombramiento nacional. A la
par, el proceso de nacionalización del magisterio territorial no implicó la conversión automática
a la categoría de docentes nacionales, ya que, como sabemos, tenían un régimen
prestacional diferente.

[…] Así pues, el punto de partida para evaluar la categorización de la educación lo determina
la naturaleza jurídica del vínculo definido en el artículo 1º la Ley 91 de 198925, esto es,
la plaza a ocupar, no la fuente de financiación. Y tal autorizado criterio proviene de la
interpretación recientísima del Consejo de Estado26. […] (negrillas de la Sala)

24
Situado Fiscal, impuesto a las ventas y caudales para el sostenimiento de los educadores nacionales.
25
“Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada
uno de ellos: // Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. // Personal
nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. // Personal territorial. Son los
docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975”.
26
En particular, esta es la postura consolidada recientemente por el Consejo de Estado. Al respecto, la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la citada providencia de unificación de sección del 18 de junio de 2018, indicó: “Lo determinante no
es de dónde provienen los fondos si no la plaza a ocupar”. (Énfasis añadido).

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Demandado: Miguel Antonio Ávila
61. De igual manera en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-202127
del 11 de agosto de 2022, esta Corporación fijó como regla que, respecto del artículo
15, numeral 2, letra a), de la Ley 91 de 19892829, en armonía con la sentencia C-489
de 2000, el criterio de interpretación, para efectos de reconocer el derecho a la
pensión gracia, es el siguiente:

«86. Con fundamento en los análisis precedentes, la Sección Segunda del
Consejo de Estado fija la siguiente regla de unificación en cuanto al
entendimiento que debe otorgarse al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley
91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión gracia de jubilación: Los
docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.»
(negrilla fuera del texto)

62. Para la Sala, a partir de los antecedentes legales y jurisprudenciales expuestos
con antelación, no cabe duda que el origen de los recursos o fuente de financiación,
no es el determinante de la naturaleza del vínculo del docente oficial, sino la plaza
a ocupar en los términos definidos por el artículo 1° de la Ley 91 de 1989.

63.En armonía con lo anterior, a manera de corolario, para tener derecho a la
pensión gracia se requiere cumplir con los siguientes requisitos: (i) tener más de 50
años de edad; (ii) haber trabajado como docente oficial territorial (municipal, distrital

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, actor: Hirma

Nubia Jiménez Lozano.
28 «Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que

se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976
y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación […]».
29 Concluyó la Sección Segunda del Consejo de Estado que «74. En este orden de ideas, conforme a lo indicado

en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se
concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores
hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite
temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber
ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando
el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las
expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían
proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada».

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o departamental) o nacionalizado, por más de 20 años continuos o discontinuos; (iii)
haber trabajado como docente oficial territorial antes del 1° de enero de 1981; y (iv)
desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta durante este tiempo.

III.3.3. La pensión gracia en el caso concreto

64. El señor Miguel Antonio Ávila nació el 6 de junio de 1956, lo que significa que
cumplió 50 años de edad el 6 de junio de 2006. Por ende, para la fecha en que
solicitó el reconocimiento de la pensión gracia -lo que ocurrió el 2 de diciembre de 2013-
cumplía con el requisito contemplado en el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 114
de 1993, respecto de la edad.

65. En relación con el tiempo de servicio prestado por el demandante, obran las
siguientes pruebas en el expediente del proceso ordinario:

✓ Acta de posesión del 1 de febrero de 1980, suscrita por el alcalde de Saboyá
(Boyacá), que da cuenta de que el demandante tomó posesión del cargo de
docente interino en la escuela la Esperanza el 1 de febrero de ese mismo año,
cargo en el que permaneció hasta 27 de marzo de 1980 (ff. 29 y 30 expediente
ordinario).
✓ Certificado de tiempo de servicios suscrito por la secretaría de Educación
departamental de Boyacá, en el que consta que el demandante fue nombrado
como docente primaria provisional del orden nacionalizado, en la escuela la
Esperanza de Saboyá (Boyacá), desde 1 de febrero hasta 27 de marzo de
1980, por un tiempo de servicios de 1 mes 26 días (ff. 18 y 19 expediente
ordinario).
✓ La secretaría de Educación de Boyacá (f. 181) allegó el Decreto 1246 del 21
de julio de 1983, suscrito por el Gobernador de Boyacá, por medio del cual se
nombró en propiedad al demandante, con acta de posesión del 27 de julio del
mismo año (ff. 195 y 196 expediente ordinario).
✓ La secretaría de Educación de Boyacá (f. 181) allegó el formato único para
la expedición de certificado de historia laboral de la Secretaría de Educación
del Boyacá, donde consta que el demandante fue nombrado como docente
nacionalizado en la escuela San José Buenos Aires de Saboyá (Boyacá),
desde el 21 de julio 1983, con fecha de posesión del 28 de julio del mismo año,
y que laboró hasta el 1 de enero de 2014, para un tiempo de servicios
laborados de 30 años 8 meses y 5 días (ff. 190 al 194 expediente ordinario).

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✓ La secretaría de Educación de Boyacá (f. 181) allegó el certificado de
salarios devengados, en el que consta que el demandante fue del orden
nacionalizado (f. 197 expediente ordinario).
✓ Por último, la Procuraduría General de la Nación remitió certificado de
antecedentes disciplinarios en el que consta que el señor Ávila no registra
sanciones disciplinarias ni inhabilidades vigentes30.

66. En relación con el tiempo de servicio prestado por el demandante, obran además
las siguientes pruebas en el expediente administrativo prestacional de la UGPP:

✓ Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio consecutivos 7424 y
16847 del 07/10/2015, que dan cuenta del tiempo de servicio como: (i) docente
de primaria nacionalizado de la Escuela San José, sede La Esperanza, del
municipio de Saboyá, desde el 01/02/1980 hasta el 27/03/1980, y (ii) docente
de primaria nacionalizado de la Escuela San José, sede Buenos Aires, del
municipio de Saboyá, desde el 28/07/1983 hasta el 01/01/201531.

67. Así las cosas, el señor Miguel Antonio Ávila prestó sus servicios como docente en
la institución educativa de San José, sedes La Esperanza y Buenos Aires, en el
municipio de Saboyá, según la información detallada que se describe a
continuación:

Tipo de nombramiento Lugar Acto Administrativo Periodo
Docente interino Institución Educativa Acta de prestación de Del 01/02/1980 al
Rural Departamental servicios suscrita por 27/03/1980
“La Esperanza” del el alcalde de Saboyá
municipio de Saboyá
(No hay ningún otro
acto)
Docente Escuela San José, Decreto 1246 del 21 Del 28/07/1983 sin
Nacionalizado en sede Buenos Aires del de julio de 1983, tener certeza de su
propiedad municipio de Saboyá suscrito por el fecha de
Gobernador de desvinculación. El
Boyacá, acta de último certificado
presentación del 27 de aportado expedido por
julio de 1983 y acta de el Fomag es de
posesión del 9 de 11/12/2017 y el
agosto de 1983

30
Procuraduría General de la Nación, file:///C:/Users/sistemas/Downloads/Certificado%20(2).pdf
31
Expediente administrativo UGPP.

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(efectos fiscales docente continuaba
según fecha de activo
presentación).

68. Del material probatorio recaudado en el expediente, es dable arribar a las
siguientes conclusiones: (i) el señor Miguel Antonio Ávila trabajó como docente
oficial, por más de 30 años; (ii) el primer periodo prestado como docente por el señor
Ávila inició antes del 31 de diciembre de 1980; (iii) el señor Ávila siempre laboró
como docente de primaria, y (iv) el señor Ávila no registra inhabilidades y acreditó
desempeñarse con buena conducta.

69. Porotra parte, respecto del origen de los recursos, fueron aportadas las
siguientes pruebas documentales:

✓ La secretaria de Educación de Boyacá certificó el 23 de octubre de 2015, a
petición de la UGPP, certificó que:

En respuesta a la solicitud radicada en la Secretaría con el requerimiento No.
2015PQR44032 del 24 de septiembre de 2015, atentamente informamos que revisados
los archivos que reposan en esta Entidad, se constató que el señor MIGUEL ANTONIO
ÁVILA, identificado con C.C. 7.302.019:

En el periodo de 01 de febrero de 1980 al 27 de marzo de 1980 se le cancelaron salarios
con recursos del Situado Fiscal hoy Sistema General de Participaciones.

✓ La secretaría de Educación de Boyacá certificó el 29 de octubre de 2019, a
petición de la UGPP, lo siguiente: «[…] que una vez revisada la historia laboral del
Docente Miguel Antonio Ávila […] se estableció que por los periodos laborados entre el 1 de
febrero al 27 de marzo de 1980 como docente de la RD La Esperanza del municipio de Saboyá
y por el periodo comprendido entre el 28 de julio de 1983 a la fecha le han cancelado los
salarios con recursos provenientes de la nación».

70. La Sala pone de relieve que el artículo 1º de la Ley 91 de 198932 clasificó a los
docentes, para efectos de las prestaciones económicas, como territoriales,
nacionales y nacionalizados, en los siguientes términos:

[…] Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

32
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975 […]

71. En este orden de ideas, la Sala resalta que las certificaciones allegadas acreditan
plenamente que el señor Miguel Antonio Ávila prestó sus servicios en la Escuela
San José, sede Buenos Aires del municipio de Saboyá y tenía un vínculo docente -
de carácter nacionalizado- con la referida institución.

III.3.4. De la configuración o no de la causal contenida en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 793 de 2003 - la cuantía del derecho reconocido excede
lo debido de acuerdo con la ley –

72. En atención a tal entendimiento, la Sala considera que no se configura la causal
del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto el reconocimiento de
la pensión gracia a favor del señor Miguel Antonio Ávila se otorgó al amparo del
ordenamiento jurídico superior, puesto que el accionante logró demostrar que
cumplía con todos los requisitos exigidos para ser beneficiario de dicha prestación,
en tanto que prestó sus servicios en dos periodos; el primero, comprendido entre el
01/02/1980 y el 27/03/1980 -el cual fue reconocido por la secretaría de Educación del
Departamento de Boyacá-; servicios prestados en el nivel primaria y en el municipio
de Saboyá, en una plaza territorial del orden departamental.

73. El segundo periodo de prestación del servicio oficial docente, que también fue en
el nivel de primaria, se adecúa al precepto jurisprudencial que se replanteó mediante
la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018, número interno 3805-201433,
según la cual son viables los tiempos servidos a partir de nombramiento con visto
bueno del delegado Ministerio de Educación Nacional - FER, aun cuando los
salarios se hayan pagado con cargo a los recursos del antiguo situado fiscal, hoy

33
Al respecto, cabe señalar que la sentencia de unificación antes referida fue proferida el 21 de junio de 2018 y la sentencia
objeto de censura de la Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación, es del 5 de julio de 2018, es decir, posterior,
lo que de bulto autoriza su total aplicación.

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sistema general de participaciones, rubros que como allí quedó consignado,
corresponden a rentas exógenas de las entidades territoriales.

74. Significa lo anteriormente expuesto que, aunque al señor Miguel Antonio Ávila se
le cancelaron sus salarios con recursos del situado fiscal y del sistema general de
participaciones, con la intervención del Fondo Regional de Boyacá [nombramiento
Decreto 1246 de 21 de julio de 1983], ello no se traduce en que su vínculo laboral
responda a la categoría de docente de carácter nacional, puesto que, como se ha
venido explicando a lo largo de esta providencia, lo verdaderamente importante para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia es el carácter territorial o
nacionalizado de la respectiva plaza educativa, al margen del origen de los recursos
que financiaban los salarios y prestaciones de los educadores.

75. En tal sentido, debe recordarse que esa situación no modifica ni altera el tipo
de vinculación del docente, pues este se encuentra determinado por el carácter de
la plaza a ocupar, tal como ya se ha mencionado en anteriores decisiones frente a
este tipo de controversias examinadas mediante el recurso extraordinario de
revisión 34.

76. En este orden de ideas, cabe reiterar que el señor Miguel Antonio Ávila logró
acreditar los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, consistentes
en: (i) haber prestado los servicios como docente territorial por más de 20 años,
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, esto es, desde el 1° de febrero de
1980, (ii) contar con 50 años de edad, pues nació el 6 de junio de 1986, y (iii)
observar buena conducta en su desempeño en calidad de docente, pues dentro del
expediente no obra ninguna prueba que demuestre algo distinto.

77. En armonía con lo expuesto, se encuentra establecido probatoriamente que el
señor Miguel Antonio Ávila acreditó los requisitos exigidos en las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, para ser beneficiario de la pensión
gracia, en tanto que (i) trabajó como docente oficial territorial, por más de 30 años;
(ii) su primer período de prestación de servicios inició antes del 31 de diciembre de
1980; (iii) siempre laboró como docente de primaria, (iv) no registra inhabilidades, y
(v) demostró desempeñarse con buena conducta.

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 14 de abril de 2021, 11001-

0325-000-2016-01176-00(5253-16) y 1101-0325-000-2016-00303-00 (1721-16), UGPP vs Julio
César Peña y UGPP vs María Stella Corrales de Díaz, acción especial de revisión, causal de revisión
letras a y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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III.4.5. De la condena en costas

78. Ante la no prosperidad del recurso extraordinario y dado que el mismo se
presentó el 12 de marzo de 2020, esto es, antes de la modificación de la Ley 2080
de 202135, la Sala de Decisión, conforme a lo establecido en el artículo 188 de la
Ley 1437 de 201136 -CPACA-, estima que no hay lugar a condenar en costas por
tratarse una controversia de interés público.

79. Lo anterior, comoquiera que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que
trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar
los graves casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del erario 37,
además de ser un mecanismo de defensa de los principios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio
público esencial de seguridad social, como también una garantía del principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional38.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de
la Protección Social - UGPP- en contra de la sentencia de 5 de julio de 2018,

35
«ARTÍCULO 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción
de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las
cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. // Las nuevas
reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, e aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados
en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. // De conformidad con el artículo 40 de la
Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta
ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los
procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. // En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado
a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».
36
Que establece: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia de 25 de noviembre de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2016-00590. M. P. Gabriel Valbuena. Actor: UGPP vs Ibeth del Rosario Pastrana.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 30 de septiembre de 2021. Radicado: 11001-03-25-
000-2016-00600-00. M. P. William Hernández Gómez. Actor: UGPP vs Graciela Ojeda Blanco.

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Radicación: 11001-03-15-000-2020-00904-00
Demandante: UGPP
Demandado: Miguel Antonio Ávila
proferida por la Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-
23-33-002-2014-00468-01, según lo expuesto en las consideraciones de esta
decisión.

SEGUNDA: NEGAR la condena en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.

TERCERA:ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de
información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI y SAMAI.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente Aclaro el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES PEDRO PABLO GIL VANEGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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