Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03045-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03045-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-03045-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
24 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidos (2022)
CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2020-03045-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
(UGPP)
Demandado: RODRIGO PALOMINO SÁNCHEZ
Tema: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN – PENSIÓN GRACIA – FUENTE DE
FINANCIACIÓN RECURSOS - SITUADO FISCAL y SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES – REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social -
en adelante UGPP- en contra de la sentencia de 4 de octubre de 2018, proferida por
la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-23-
33-000-2013-00475-01.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda ordinaria
1. El señor Rodrigo Palomino Sánchez, por intermedio de apoderado judicial y
obrando en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-, instauró demanda en contra
UGPP, con miras a obtener la nulidad de las Resoluciones RDP 003329 del 31 de
mayo de 2012, que le negó el reconocimiento de la pensión gracia; RDP 007483 del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03045-00
Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
13 de agosto de 2012, que negó el recurso de reposición y concedió el de apelación,
y RDP 009238 del 13 de septiembre de 2012, por medio de la cual se confirmó tal
pronunciamiento1.
2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, y a título de restablecimiento
del derecho, el demandante solicitó el reconocimiento, pago y reliquidación de la
pensión gracia, con inclusión de todos los factores salariales devengados desde el
año anterior en el que adquirió el status pensional, junto con los reajustes legales
correspondientes y la máxima tasa de intereses moratorios bancarios, además,
reclamó indemnización por perjuicios y el reconocimiento de las costas del proceso.
I.2. Los hechos
3. El señor Rodrigo Palomino Sánchez indicó que nació el 23 de abril de 1947,
motivo por el cual adquirió su estatus pensional el 23 de abril de 1997.
4. Afirmó que prestó sus servicios como docente así:
• «NACION-PREFECTURA APOSTÓLICA de TIERRADENTRO desde el 01 DE NOVIEMBRE
DE 1973 hasta 20 DE DICIEMBRE DE 1975. En la ESCUELA DE VARONES DE TURMINA.
Municipio de Inza.
Un total de 02 años 01 meses y 20 días.
• DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Desde el 20 de DICIEMBRE de 1975 hasta el 24 de
FEBRERO DE 1996. En la ESCUELA de VARONES de TURMINA. Municipio de Inza y en [el]
INTERNADO NÚCLEO ESCOLAR DE TOÉZ. Municipio de Paez.
Un total de 20 años 2 meses 4 días
• MUNICIPIO DE PAEZ CAUCA- Desde el 01 de MARZO de 1996 hasta 01 de JUNIO de 2007,
EN LA NORMAL NACIONAL DE BELALCAZAR CAUCA hoy ESCUELA NORMAL SUPERIOR
ENRIQUE VALLEJO.
Un total de 11 años 3 meses 0 días.
• DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Desde el 01 de JUNIO de 2007 hasta el 26 de FEBRERO
de 2013, EN LA NORMAL NACIONAL DE BELALCAZAR CAUCA, hoy ESCUELA NORMAL
SUPERIOR VALLEJO.
Un total de 5 años 8 meses 26 días.
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Revisada la copia digital del expediente 19001-23-33-000-2013-00475-01, índice 10 digital en SAMAI.
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Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
5. Indicó que los 20 años de servicios los cumplió el 20 de diciembre de 1996 y que
el primer año laborado no se tuvo en cuenta por ser docente de carácter nacional.
6. Refirió que solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
prestación que le fue negada mediante las Resoluciones RDP 003329 del 31 de
mayo de 2012 y RDP 009238 de 13 de septiembre siguiente, al considerar que «[…]
el tiempo de servicio que este anexó demostraba que era un DOCENTE DE
CARÁCTER NACIONAL y que estos conforme a la ley y la jurisprudencia del caso
no tienen derecho a recibir esa pensión especial de jubilación que únicamente se
les entregaba a los que estaban al servicio de los [m]unicipios o [d]epartamentos».
7. Argumentó que cumple con los requisitos para el reconocimiento y pago de la
pensión gracia definidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91
de 1989, por haber prestado sus servicios como docente oficial de carácter
nacionalizado, teniendo en cuenta que inició la prestación de sus servicios antes del
31 de diciembre de 1980; laboró por más de veinte años; cuenta con más de 50
años de edad y no tiene o ha recibido pensión o recompensa de carácter nacional.
I.3. La UGPP2
8. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, luego de
considerar que el señor Rodrigo Palomino Sánchez estuvo vinculado al servicio de
la educación como docente oficial nacional, antes del 31 de diciembre de 1980, de
acuerdo con las certificaciones de tiempos de servicios y factores salariales
expedidas el 18 de enero y 25 de julio, ambas de 2011; motivo por el que no hay
lugar a reconocerle y pagarle la pensión gracia.
I.4. La sentencia de primera instancia3
9. El Tribunal Administrativo del Cauca consideró que el problema jurídico a resolver
radicó en determinar si era procedente o no declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados, en tanto, según la parte actora, sí cumple con los
requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
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Ff. 155 y 156 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.
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Ff. 214 al 233 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.
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Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
10. En audiencia de alegaciones y juzgamiento de 27 de julio de 2015, el Tribunal
dictó el sentido del fallo y el 29 de julio de 2015 profirió sentencia oral de primera
instancia en la que: (i) declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 003329 del 31
de mayo, RDP 007483 del 13 de agosto y RDP 009238 del 13 de septiembre todas
de 2013; (ii) ordenó a la UGPP el reconocimiento y pago en favor del señor Rodrigo
Palomino Sánchez de la pensión gracia, desde que cumplió el estatus legal (23 de
abril de 1997), con el 75% del promedio de la asignación básica y demás factores
percibidos durante el último año de servicio -23 de abril de 1996 al 23 de abril de 1997-
, sumas debidamente actualizadas; (iii) decretó la prescripción trienal de las
mesadas causadas antes del 16 de abril de 2009; (iv) no accedió al pago de
perjuicios ni intereses de mora, y (v) condenó en costas a la entidad demandada en
suma del cero coma uno por ciento (0,1%) del valor de las pretensiones
reconocidas.
11. Para arribar a las anteriores decisiones el referido Tribunal concluyó que,
conforme con los certificados expedidos por la secretaría de Educación del
departamento del Cauca, el demandante acreditó el requisito de tener más de 50
años de edad; demostró no haber incurrido en mala conducta, según sus
antecedentes disciplinarios; y acreditó que estuvo vinculado como docente del
orden nacionalizado por más de 20 años de servicios, y tener un vínculo laboral
anterior al 31 de diciembre de 1980.
I.5. El recurso de apelación4
12. El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación en contra del referido
fallo, en el que reiteró que el demandante no acreditó su vinculación por más de 20
años como docente al servicio oficial en el orden municipal, distrital, departamental
o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, teniendo en cuenta
que, según las certificaciones de tiempo de servicio del 18 de enero y 25 de julio,
ambas de 2011, expedidas por la gobernación del Cauca – secretaría de educación,
consta que el señor Rodrigo Palomino Sánchez laboró desde el 1° de septiembre
de 1973 hasta el 30 de diciembre de 2011 con vinculación del orden nacional, por
lo que, en su criterio, no era procedente acceder a las pretensiones de la demanda,
teniendo en cuenta que no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley 114 de
1913.
4
Ff. 240 al 243 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03045-00
Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
I.6. La sentencia de segunda instancia5
13. En segunda instancia, el conocimiento del medio de control le correspondió a la
Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, autoridad judicial
que, mediante sentencia de 4 de octubre de 2018 -ejecutoriada el 14 de agosto de
20186-, confirmó en su integridad el fallo apelado, pero revocó la condena en costas
a la entidad demandada
14. La referida Subsección estimó que el problema jurídico a resolver era el
consistente en determinar «[…] si al demandante le asiste razón jurídica para
reclamar de la [UGPP] el reconocimiento de la pensión gracia en cumplimiento de
los requisitos exigidos en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás
normas que la regulan, o por el contrario, carece de fundamento, pues su
vinculación fue de carácter nacional , lo que le impide satisfacer la condición de
haber prestado sus servicios como docente nacionalizado o territorial […] por un
término no menor a veinte (20) años»; para ello, analizó el marco normativo y
jurisprudencial de la pensión gracia.
15. Alpronunciarse frente al caso concreto, luego de examinar las pruebas
aportadas, concluyó lo siguiente:
«En primer lugar, esta Sala aclara que con el propósito de satisfacer el aludido
presupuesto de tiempo de servicios, no resulta válido contabilizar los periodos
laborados como profesor nacional, por lo que estos deben ser excluidos, los cuales
son los trabajados en virtud de las Resoluciones 24 de 27 de agosto de 1973, 5 de 1°
de marzo de 1974 y 1 de 3 de enero de 1975, toda vez que los respectivos
nombramientos los efectuó el Ministerio de Educación Nacional, mediante el prefecto
apostólico y directo[r] general de educación nacional, para que el actor se
desempeñara como profesor de la escuela de Carones de Turminá.
En este sentido, lo reiteró esta Corporación en sentencia de unificación de 21 de junio
de 2018 al determinar:
En cuanto al personal nacional la regla es clara. Tanto en el marco jurídico que
rige la aludida prestación como la doctrina legal en materia son explícitos en
advertir que los docentes nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y
que el tiempo laborado en esa condición no se puede computar con el servido
en calidad de educador nacionalizado o territorial.
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Ff. 280 a 291 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.
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Sin número de folio, visto al finalizar el cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.
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Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
Por otra parte, se advierte que con la Resolución 29 de 29 de diciembre de 1975 el
prefecto apostólico de Tierradentro y coordinador de educación nacional aceptó las
renuncias presentadas por unos docentes que estaban «[…] a cargo de la Nación
[…], entre las que se encontraba la del actor, en atención al traspaso de las escuelas
en las que trabajaba ese personal al departamento del Cauca, en este caso, la
Escuela Rural de Varones de Turminá (Inzá, Cauca) es decir, los aludidos
educadores demitieron de su vinculación bajo la modalidad de nacional, para
vincularse al departamento y adquirir la nacionalizada.
Posteriormente, el 10 de junio de 1977 el accionante fue trasladado de la Escuela
Rural de Varones de Turminá a la Escuela Núcleo Escolar de Tóez (Páez, Cauca),
para desempeñar el mismo cargo, el cual ejerció hasta el 24 de febrero de 1996,
fecha a partir de la cual se le aceptó su renuncia como maestro nacionalizado, por
medio del Decreto 32 de ese día.
De lo anterior, se colige que el interregno laborado por el demandante del 20 de
diciembre de 19757 al 24 de febrero de 1996 es susceptible de ser contabilizado para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que lo ejerció como docente
nacionalizado, por ende, se tiene que el actor trabajó bajo esa modalidad durante 20
años y 2 meses y 4 días, tiempo superior al requerido para acceder a la mencionada
prestación social.
Por consiguiente, se acreditaron plenamente por parte del demandante los requisitos
necesarios para acceder a la pensión gracia, como son el haber prestado los servicios
como profesor con vinculación nacionalizada por veinte (20) años, incorporado a la
docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980 (20 de diciembre de 1975) y
observar una buena conducta en su desempeño como maestro, razón por la que
resulta dable acceder a las pretensiones de la demanda, como lo determinó el a
quo.».
16. Por último, y en cuanto atañe a la condena en costas de la sentencia apelada,
con fundamento en los artículos 188 del CPACA, en concordancia con el artículo
392 del Código de Procedimiento Civil -CPC- (hoy artículo 365 del Código General
del Proceso -CGP-), estimó que la normativa deja a criterio del Juez la procedencia
o no de ello, pues examinada la actuación procesal se debe tener la certeza de que
la conducta desplegada comporte temeridad o mala fe, por lo que en el sub examine
concluyó que no era procedente tal condena8.
7
Al respecto se aclara que pese a que el Tribunal, de primera instancia, determinó que la fecha de vinculación del actor había
sido desde el 1° de enero de 1976, en atención al documento en el que se relacionan las escuelas como al personal que
pasaban a cargo del departamento del Cauca, lo cierto es que de los medios probatorios que reposan en el expediente no se
evidencia que aquel haya perdido continuidad, ya que lo se hizo fue aceptarle su renuncia por haber estado incluido en el
listado del aludido departamento sin que se generara de modo alguno situación administrativa diferente en su vínculo legal y
reglamentario.
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Citó apartes de la sentencia de 1° de diciembre de 2016 de la Corporación, pero no fue identificada.
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Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
II.1. El recurso extraordinario – causal invocada
17. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la
Seguridad Social - UGPP, por conducto de apoderado judicial, y mediante escrito
presentado el 8 de julio de 2020, instauró recurso extraordinario de revisión en el
que solicitó se efectuarán las siguientes declaraciones:
«PRIMERO: Infirmar las sentencias proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca de 29 de julio de 2015 confirmada parcialmente por el Consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección “B”, del 4 de octubre
de 2018, dentro del medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
instaurada por Rodrigo Palomino Sánchez, contra la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP, radicado con el No.
19001232300032020130047500, y en su lugar:
SEGUNDO: Declarar que [,] a Rodrigo Palomino Sánchez, no le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto no cumple con 20 años de docencia
departamental, distrital, municipal o nacionalizado, dado que en las sentencias objeto
de revisión, le fueron computados tiempos laborados de carácter NACIONAL dada la
financiación efectuada por la NACION, y por lo tanto no hay lugar al pago de valor
alguno en virtud de tal prestación.
TERCERA: Ordénese al señor Rodrigo Palomino Sánchez, a restituirle a la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, los dineros percibidos y recibidos en virtud de la orden judicial, y el
reconocimiento ilegal de la pensión gracia con la correspondiente indexación.
CUARTA: Ordénese al señor Miguel Antonio Ávila, que el pago que efectúe a la
Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, lo haga de forma actualizada e indexada de conformidad
con el artículo 187 del CPACA, así como los intereses moratorios estipulados en el
artículo 192 ibídem, sobre los valores pagados por concepto del reconocimiento de la
pensión gracia.».
18. En criterio del aludido apoderado, en el sub lite se configura la causal prevista
en el artículo 20, letra b), de la Ley 797 de 2003, precepto según el cual procede la
revisión de providencias judiciales cuando «la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley».
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Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
19. Como sustento de sus pretensiones, el apoderado de la entidad recurrente
manifiesta que la UGPP expidió la Resolución RDP 019966 del 5 de julio de 2019,
por medio de la cual declara la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo judicial,
hasta tanto se alleguen certificado de factores salariales devengados en el año
1995; decisión que fue recurrida y revocada a través de la Resolución RDP 24319
del 14 de agosto siguiente, que reconoció al señor Rodrigo Palomino Sánchez la
pensión gracia, en cuantía en cuantía de $239.404, efectiva a partir del 23 de abril
de 1997, con efectos fiscales desde el 16 de abril de 2009, por prescripción trienal.
20. Afirma que, posteriormente, con fecha 27 de agosto de 2019, se expidió la
Resolución RDP 25388 que modificó la parte motiva de la Resolución RDP 24319 y
adicionó el artículo undécimo referente al pago y liquidación de los intereses
moratorios, e indicó que, a través de la Resolución RDP 035675 del 26 de
noviembre de 2019 se modificó el monto de la prestación en la suma de $250.480
mensuales, y se precisó que el reconocimiento de la prestación estaría a cargo del
Fopep.
21. Indica que la providencia objeto de revisión transgredió la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948 o Convenio No. 102 y 128 de la OIT sobre la
Seguridad Social; la Constitución Política: preámbulo, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 48,
121,123 inciso 2º y 124, 209; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, la
Ley 43 de 1975, la Ley 91 de 1989, y el Decreto 224 de 1972.
22. Sostiene el recurrente que la sentencia del Consejo de Estado objeto de este
recurso extraordinario, confirmó la decisión de reconocimiento y pago de la pensión
gracia al señor Rodrigo Palomino Sánchez, apoyándose en «[…] periodos
laborados que no fueron como docente con vinculación de carácter departamental,
municipal o distrital o nacionalizado, sino NACIONALES, dada la fuente de
financiación de los mismos, además no completó los requisitos señalados en la Ley
114 de 1913 y Ley 91 de 1989.»
23. Estima que el pronunciamiento atacado vulneró los artículos 1° y 4° de la Ley 114
de 1913 y 3° de la Ley 37 de 1933, y señala que la decisión que se profirió implica:
(i) la disminución del erario público; (ii) compromete el derecho a la seguridad social
amparado por la normativa convencional, al reconocer un derecho que no está
ajustado a la ley aplicable, y (iii) atenta contra la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, que además goza de protección constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03045-00
Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
24. Adujo el recurrente que los tiempos laborados con el departamento del Cauca: (i)
desde el 1° de septiembre de 1973 hasta el 29 de febrero de 1996; (ii) desde el 1
de marzo de 1996 hasta el 24 de junio de 2007, y (iii) desde el 25 de junio de 2007
hasta el 30 de diciembre de 2011, son nacionales, en la medida en que en el acto
administrativo de nombramiento intervino una autoridad del orden nacional, tal como
consta en los certificados de historial laboral de 18 de enero de 2011, de 4 de febrero
de 2019 y de 26 de julio de 2019; motivo por el cual estima que el fallador se
equivocó al contabilizar el tiempo servido que es nacional y no nacionalizado, lo que
conduce a afirmar que la decisión acusada es contraria a la ley.
25. En armonía con lo anteriormente expuesto, planteó las siguientes
consideraciones:
«En cuanto a la fuente de financiación de los recursos utilizados para el pago de los
salarios de los docentes y que son válidos para el reconocimiento de la pensión
gracia, y conforme a los lineamientos de la entidad se determinó lo siguiente:
o Los FER empezaron a regir desde el año 1968 y hasta el año 2001, y en dicho
periodo hay que diferenciar el papel y la naturaleza de los FER antes y después
de la Ley 60 de 1993; porque antes de la Ley 60 de 1993, eran de naturaleza
nacional administrados por las entidades territoriales a título de “delegación”
(Decreto Ley 3157 de 1968 y posteriormente con el Decreto 102 de 1976, que
adecuo la estructura del FER a la nacionalización de la educación), y con
posterioridad pasaron a ser de naturaleza territorial (Decreto Ley 2886 de 1994)
y en la primera fase (nacional) los FER administraban los recursos de situado
fiscal a título de rentas transferidas, para efectos sufragar las obligaciones a
cargo de la Nación (docencia nacional y nacionalizada), en la segunda fase los
Entes Territoriales como titulares de los recursos y de las obligaciones de la
educación.
o Antes de la Ley 60 de 1993, por disposición legal, los recursos del SITUADO
FISCAL se ejecutaban a través de los denominados FER con presupuesto y
contabilidad INDEPENDIENTE para DIFERENCIARLOS de los recursos que,
eventualmente, los entes territoriales y los departamentos dispusieran en los
FER para atender sus PROPIAS obligaciones. De lo anterior, se logra establecer:
i) Que, en cada uno de los Departamentos, en el Distrito Especial y en las áreas
metropolitanas se crearon los FER, como entidades del orden nacional
administrados bajo el sistema de desconcentración administrativa.
ii) Los FER estaban constituidos por aportes de la Nación (Situado Fiscal), los
Departamentos, el Distrito Especial y los Municipios.
iii) Los FER eran administrador por las autoridades del respectivo
Departamento, Distrito Especial o área Metropolitana con la supervisión de
un delegado del Ministerio de Educación Nacional.
iv) Los dineros del FER, correspondiente al situado fiscal, se ADMINISTRABAN
EN FORMA SEPARADA de los fondos comunes del Departamento, o Distrito
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Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
o Área Metropolitana (si existían) y se debía llevar una contabilidad especial
(independiente).
v) De cada FER se hacía un presupuesto anual que debía ser sometido a la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional.
vi) El Ministerio de Educación Nacional podía delegar, a través de contrato, la
administración de los planteles nacionales dependientes de él, a las
secretarias de Educación de los Departamentos o Distrito Especial de
Bogotá, o de las Áreas Metropolitanas que se constituyan y aportar al FER,
las respectivas sumas necesarias para atender al sometimiento de dichos
establecimientos, dentro de las modalidades establecidas en el respectivo
contrato [porque dichos planteles continuaban siendo nacionales].
Lo anterior no cambiaba la naturaleza de las obligaciones respectivas, que
eran nacionales y debían ser atendidas con recursos nacionales (Situado
Fiscal).
(vii) La Contraloría General de la República, era la competente para ejercer
el control fiscal en relación con los recursos del Situado Fiscal administrados
por los FER, toda vez que dichos recursos seguían siendo del orden nacional
y se destinaban a atender exclusivamente obligaciones de planteles del orden
nacional. No obstante, la Contraloría General de la Republica podía delegar
este control en las contralorías departamentales. [Esto indica que los recursos
del Situado Fiscal aun después de estar distribuidos en los FER, nunca
perdían su origen y su carácter de recursos nacionales, y por lo tanto era la
Contraloría General la que tenía la competencia para hacer control fiscal
sobre los mismos].
(viii) Conforme al artículo 36 del Decreto ley 3157 de 1968, “(…) En la
constitución y funcionamiento de los fondos y en la delegación administrativa
de planteles educativos nacionales se debe consultar el criterio de integración
de los esfuerzos de la Nación, Departamentos, Distritos y Municipios y aplicar
el principio de centralización de la política educativa y descentralización de la
administración educativa”
(ix) Ahora bien, con la expedición de la Ley 43 de 1975, por medio de la cual
se nacionalizó la educación oficial de primaria y secundaria, en su artículo 6º
se determinó que a los FER les correspondía la administración de los
recursos del presupuesto nacional previstos en esa misma ley para la
atención de los gastos de funcionamiento de los planteles educativos, “con
sujeción a los planes que establezca el Ministerio de Educación Nacional”.
(x) Los FER fueron reestructurados mediante el Decreto 102 de 1976, a través
del cual se pretendió armonizar la centralización de la política educativa y la
descentralización administrativa propuesta por la Ley 28 de 1974 y la
nacionalización de la educación primaria y secundaria oficial ordenada por la
Ley 43 de 1975, norma que estableció en su artículo 8º que cada FER tendría
tesorería propia, así:
“Artículo 8° Cada Fondo Educativo Regional tendrá su propia Tesorería, a
cargo de la cual estará el manejo de los dineros del situado fiscal educativo y
de los demás aportes financieros transferidos al Fondo (...)”
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Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
De acuerdo con lo anterior, se tiene que los FER eran parte de la estructura
del sector educativo NACIONAL, cuya función era la administración de los
recursos del presupuesto general de la Nación DESTINADOS a la educación
A CARGO de la NACIÓN.
En el mismo Decreto 102 del 22 de enero de 1976, en su artículo 1º se
determinó que los planteles a cargo de la NACIÓN serían administrados por
el FER, para lo cual se revisarían y adicionarían los contratos con
gobernadores, intendentes, comisarios y el Alcalde del Distrito Especial de
Bogotá. [Esto implica una administración delegada más no una
cesión de obligaciones ni de recursos].
(xi) Y por su parte, el artículo 12º del aludido Decreto 102 de 1976, precisó en
relación con la naturaleza nacional de los docentes de los planteles
nacionales cuya administración fue delegada a los FER, lo siguiente:
“Artículo 12. Los cargos docentes y administrativos de los planteles
nacionales cuya administración se delega por virtud del presente Decreto, son
cargos nacionales y estarán sometidos al régimen salarial y prestacional del
orden nacional docente o administrativo correspondiente.
“Los funcionarios actualmente en ejercicio en los mencionados planteles no
necesitarán nuevo nombramiento por razón de la descentralización ordenada
en el presente Decreto, pero a partir de la fecha quedan bajo la jurisdicción y
la autoridad de las Juntas Administradoras de los F.E.R., en la entidad
territorial a la cual pertenezca el plantel para el cual hayan sido nombrados
por el Ministerio de Educación Nacional”
No obstante la delegación, regulada por este Decreto, para la administración
de los colegios nacionales a cargo de los FER, los docentes de dichos
planteles del orden nacional, no perdió la calidad de docentes nacionales. Y
se continuaron atendiendo con recursos del situado fiscal.
Posteriormente, mediante la Ley 29 de 15 de febrero1989 “Por la cual se
modifica parcialmente la Ley 24 de 1988, y otras disposiciones”, siendo la Ley
24 de 11 de febrero de 1988 por la cual se reestructuró el Ministerio de
Educación Nacional, en su artículo 9º (modificado), estableció que el Alcalde
Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y los alcaldes municipales podrían
nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal
docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o
nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas
adicionales, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal
que APRUEBE EL GOBIERNO NACIONAL y las disponibilidades
presupuestales correspondientes; asimismo, dicha norma asignó a los
gobernadores, intendentes, comisarios y Alcalde Mayor de Bogotá, las
funciones de nombrar, remover, controlar y, en general, administrar el
personal administrativo, nacional y nacionalizado, de los equipos de
educación fundamental, precisando que los salarios y prestaciones sociales
de este personal, CONTINUARÍAN A CARGO DE LA NACIÓN (nacionales y
nacionalizados).
12
Radicación: 11001-03-15-000-2020-03045-00
Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
No obstante lo anterior, conforme a la misma Ley 29 de 1989, continuaba el
delegado del Ministerio de Educación Nacional, como integrante de la Junta
Administradora del Fondo Educativo Regional, quien asistía con voz pero sin
voto.
Y por su parte, el parágrafo 2º del artículo 9º de la multicitada Ley 29 de 1989,
estableció que: “(…) La Nación no asume responsabilidad alguna por los
nombramientos que excedan las plantas de personal aprobadas por el
Gobierno Nacional para la respectiva jurisdicción municipal y para la
jurisdicción de la Isla de San Andrés, ni nacionalizará el personal así
designado”
De otro lado, ya en vigencia de la Ley 60 de 1993, se incorporaron los FER a
las entidades territoriales, con dicha incorporación se dispuso la cesión de los
recursos del situado fiscal de la educación por parte de la Nación a las
entidades territoriales, y la cesión de las obligaciones y servicios a las
referidas entidades territoriales. Así mismo, conforme al Decreto
Reglamentario 2886 de 1994 se determinó la transición para el
funcionamiento y gobierno de los FER en cabeza de las aludidas entidades
territoriales (...)”
De acuerdo con lo anteriormente, expuesto es claro que los tiempos reseñados
anteriormente son de carácter NACIONAL, razón por la cual no pueden ser tenidos
en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, por lo que respetuosamente
se solicita, se declare procedente la acción de revisión instaurada y en consecuencia,
se acceda a la totalidad de lo pretendido».
II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
26. El recurso extraordinario de revisión objeto de análisis fue radicado ante la
Secretaría General del Consejo de Estado el 8 de julio de 2020, y luego de
efectuarse el correspondiente reparto, se asignó el conocimiento del mismo a la
Sala Veinte Especial de Decisión, bajo el radicado 11001-03-15-000-2020-03045-
00.
27. En decisión del 1° de septiembre de 20209, se admitió el recurso extraordinario
y se ordenó solicitar del Tribunal Administrativo del Cauca que allegara copia digital
del expediente ordinario con radicado 19001-23-33-000-2013-00475-01.
9
Índice 4. del expediente digital en SAMAI.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2020-03045-00
Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
28. Mediante auto de 9 de diciembre de 202010 se tuvo por no contestada la
demanda, por parte del señor Rodrigo Palomino Suárez, y se resolvió sobre el
decreto y práctica de pruebas.
II.3. Intervención del Ministerio Público
29. El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1. Competencia y oportunidad
30. El artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -en adelante CPACA-, dispone que el recurso extraordinario de
revisión procede en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
31. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 del CPACA prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin exclusión de la Sección que
profirió la decisión.
32. En ese sentido, es oportuno mencionar que, de conformidad con el artículo 107
ibidem, las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado decidirán los
procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de la Corporación en los asuntos que esta última les encomiende, salvo en los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.
33. Al respecto, se tiene que el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –
Reglamento Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de
las Salas Especiales de Decisión de esta Corporación, dispuso lo siguiente:
10
Índice 16. del expediente digital en SAMAI.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2020-03045-00
Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
«ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias
de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. […]». (negrilla fuera del
texto)
34. Por otra parte, el artículo 251 del CPACA prevé que este recurso extraordinario
debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia,
mediante demanda que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 252
ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y que pretenda hacer valer.
35. También precisa la norma que, en tratándose de los asuntos previstos en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá interponerse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.
36. En el presente caso, la Unidad Administrativa de la Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, mediante escrito presentado el 8 de
julio de 2020, interpuso el recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia de 4 de octubre de 2018, proferida por la Subsección «B» de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 19001-23-33-000-2013-00475-01
[ejecutoria del 4 de octubre de 2018], con fundamento en la causal consagrada en
el artículo 20, letra b), de la Ley 797 de 2003.
37. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que el mismo fue instaurado
oportunamente y fue promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida
la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, motivo por el
cual se cumplen los presupuestos procesales para el estudio de fondo del mismo.
III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
38. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
15
Radicación: 11001-03-15-000-2020-03045-00
Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.
39. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:
«Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede
llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal
situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que
hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata
pro veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar
los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya
fenecido […]».
40. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver
alterada la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras11;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido12.
III.2.1. De las causales especiales de revisión previstas en la Ley 797 de 2003
41. Comoquiera que en el presente proceso se invoca una causal de revisión prevista
en la Ley 797 de 2003, es menester indicar que dicha ley previó dos razones
cualificadas de revisión, para efectos de controvertir providencias judiciales que
reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública.
El siguiente, es el texto de la norma:
11 Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. Magistrado Ponente: doctor Eduardo Montealegre
Lynett.
12 Ibidem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03045-00
Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables13 […]».
(negrillas fuera del texto) (los apartes subrayados fueron declarados inexequibles por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-835 de 2003).
42. La Corte Constitucional, en la sentencia C-835 de 200314, señaló que la transcrita
disposición estableció una acción de revisión sui generis, cuyo ejercicio tiene las
siguientes características: (i) está restringido a una parte activa calificada, es decir,
son determinadas entidades las llamadas a instaurarla; ii) procede únicamente por
dos causales específicas que tienen por finalidad la protección y recuperación del
patrimonio público, y iii) su objeto es delimitado y el análisis se dirige a establecer
la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.
43. Esta Sala recuerda que en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 56 de
2002 – Senado, que dio origen a la promulgación de la Ley 797 de 2003, en lo
referente a la enunciación de las causales de procedencia del recurso extraordinario
de revisión, destacó que el objeto de la regulación no es otro que afrontar los graves
casos de corrupción en materia de reconocimiento pensional y evitar la continuidad
del pago de pensiones que hayan sido reconocidas por montos superiores a
aquellos determinados por la ley15.
13 La expresión subrayada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 23 de septiembre de
2003, como se explicará infra.
14 Corte Constitucional. Sentencia C – 835 de 23 de enero de 2003. M.P.: Jaime Araújo Rentería.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 21 de junio de
2018. Radicación: 11001 03 25 000 2014 00830 00. M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2020-03045-00
Demandante: UGPP
Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
44. En los términos que se señalan a continuación se motivó el proyecto de
articulado:
«Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos
contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones
o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos
que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las
pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación16. […]». (negrillas fuera del texto)
45. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha precisado que el legislador
dotó -tanto a las entidades públicas pagadoras de pensiones como a los entes de control-
de herramientas judiciales que les habilitan la posibilidad de solicitar la corrección
de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales.
46. Tales herramientas se establecieron con el propósito de fortalecer el principio de
moralidad que debe preceder la actividad de reconocimiento pensional y buscan
enfrentar la corrupción así como la sostenibilidad fiscal del sistema, debido a que el
pago de las pensiones se sustenta en los recursos del erario, lo que impone un
examen más exigente y riguroso frente a los montos que se autorizan17.
47. Vistolo anterior, la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo de los
argumentos expuestos en la demanda, para, luego, determinar si, en el presente
caso, se configura la causal extraordinaria de revisión invocada por el recurrente.
III.3. Problema jurídico
48. Corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, se configura la causal
de revisión prevista en la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precepto
según el cual procede la revisión de providencias judiciales cuando «la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley». Ello en razón a que,
a juicio del recurrente, para el reconocimiento de la pensión gracia se tuvieron en
16 Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2003, páginas 12 a 17.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto
de 2017. Radicado: 2016 – 2022. M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez.
18
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Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
cuenta tiempos servidos por el señor Rodrigo Palomino Sánchez, como docente
oficial, pero que fueron sufragados con recursos públicos de la Nación, motivo por
el cual no se cumplían los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913.
49. Para resolver el recurso instaurado, la Sala considera pertinente analizar los
siguientes aspectos: (i) requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia; (ii) situación de los docentes nombrados por autoridades territoriales con
cargo a los recursos del situado fiscal o del sistema general de participaciones y los
Fondos Educativos Regionales; (iii) el derecho al reconocimiento de la pensión
gracia en el caso concreto, y posteriormente se emitirá pronunciamiento en relación
con (iv) la configuración o no de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 793 de 2003.
III.3.1. Los requisitos para reconocer la pensión gracia
50. La pensión gracia de jubilación fue creada por la Ley 114 de 191318, en favor de
los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan prestado sus servicios
en el magisterio por un término no menor de 20 años; sin embargo, posteriormente
se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de instrucción pública, en virtud del artículo 6º de la Ley 116 de 1928,
norma que determinó que, para el cómputo de los años de servicio, se podían sumar
los servicios prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza
primaria como en la normalista, al igual que el de la inspección en el sistema
educativo.
18
Señaló la Ley 114 de 1913, lo siguiente:
[…] Artículo 1º.- Los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente
Ley. Artículo 15 Ley 91 de 1989 Artículo 19 Ley 4 de 1992
[…]
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto
en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la
Nación o por un Departamento Ver Artículo 19 Ley 4 de 1992 Artículo 6 Ley 60 de 1993 Decreto Nacional 224 de 1972
Nota: Esta vigente el régimen de excepción para el personal docente en materia de edad. En el sector docente la edad y el
tiempo de servicios es la misma para el hombre y la mujer o sea 50 años y 20 años de servicios.
4. Que observe buena conducta.
1. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para
su sostenimiento […].
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Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
51. Igualmente, el artículo 3º, inciso segundo, de la Ley 37 de 1933, extendió el
reconocimiento de esta pensión a los docentes que hayan completado los años de
servicio señalados en la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
52. Posteriormente, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 19, dispuso
que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de
las precitadas normas tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocería tal prestación siempre que cumplieran con todos los requisitos
para el efecto, resaltando que la misma resulta compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
53. En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 reitera que, dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia, no quedan incluidos los docentes
nacionales20 sino, exclusivamente, los nacionalizados que cumplieran la totalidad de
requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913.
54. En armonía con lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado21, en la sentencia
de 26 de agosto de 1997, precisó que a esta prestación sólo acceden aquellos
19
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]
2.- Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación,
aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación […]”.
20
“El numeral 3º del artículo 4º de la ley 114 de 1913 prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el
interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional…”. De lo anterior se establece, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un
docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
Nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por ende, los únicos beneficiarios
de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales […]”. Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección "A".
Consejero Ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda. Bogotá, D.C., 7 de octubre de 2004. Radicación Número: 25000-23-25-000-
2001-9281-01(5365-03). Actor: Gonzalo Castillo Hernández. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.
21
“[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino,
exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo
15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación
primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la
ley. […]”. Consejero ponente: Magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda.
En el mismo sentido, entre otras, esta Corporación ha señalado lo siguiente: “De lo anterior, se infiere que el derecho a la
pensión gracia lo mantienen los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre
de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal.
Es claro entonces, que el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados exclusivamente en instituciones
educativas territoriales o nacionalizadas.” Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Consejera Ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C, 6 de abril de 2017. Radicación Número: 52001-23-31-000-2014-00270-01(0585-16).
20
Radicación: 11001-03-15-000-2020-03045-00
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docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales o
departamentales y los que tienen el carácter de docentes nacionalizados, de tal
manera que quedan excluidos del beneficio de la pensión gracia, los docentes
nacionales, es decir, los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
III.3.2. La situación de los docentes nombrados por autoridades territoriales
con cargo a los recursos del situado fiscal o del sistema general de
participaciones y los Fondos Educativos Regionales -FER-
55. Destaca la Sala que el asunto objeto de controversia había generado diferentes
criterios de interpretación tanto en el interior de la Sección Segunda de esta
Corporación como en toda la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que
conllevó a que la Sección Segunda profiriera la sentencia de unificación SUJ-11-
S2 de 21 de junio de 201822, en la que se abordó lo concerniente al origen y
naturaleza jurídica de los recursos girados a las entidades territoriales provenientes,
en su momento, del situado fiscal y, posteriormente, del sistema general de
participaciones y, además, se debatió la incidencia de los fondos educativos
regionales (FER) frente al tema del reconocimiento de la pensión gracia. La
sentencia en comento precisó lo siguiente:
[…] 3.5. Conclusiones preliminares: reglas de unificación.
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la
Constitución de 1991, no obstante[,] su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a
los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en
calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la
Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del
artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo
dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del
situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del
Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios
22
Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, radicación número 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
21
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educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 23, resulta factible colegir de manera
razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el
servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin
provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además,
en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten
en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad
presupuestal24; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que
la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea
de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en
esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos
regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.
En los anteriores términos ha de entenderse rectificada cualquier decisión que en sentido
disímil haya adoptado alguna de las salas de subsección en el pretérito […]
56. Cabe señalar que la aludida sentencia de unificación dispuso la aplicación
retrospectiva a los casos pendientes de resolución de las anteriores reglas, no así
en relación con los ya resueltos por la jurisdicción contencioso administrativa, dado
que sobre aquellos consideró que operaba plenamente el principio de cosa juzgada.
57. La misma providencia resalta que el tema central en la unificación radicó en
determinar que los FER atendían los gastos que generaban los servicios educativos
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y que los fondos
destinados para tal fin provenían de la Nación -situado fiscal- y de las entidades
23
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de
1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
24
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
22
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Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
territoriales, razón por la cual los docentes territoriales y/o nacionalizados no se
convierten en educadores nacionales por el simple origen de los recursos de la
entidad nominadora en caso de que los mismos provengan de la Nación, ni tampoco
porque el Ministerio de Educación certifique la disponibilidad presupuestal.
58. La anterior posición se ratificó por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
014 de 202025, cuando al pronunciarse respecto del origen de los recursos
necesarios para atender el proceso de nacionalización de la educación a cargo de
los entes territoriales, el Alto Tribunal precisó lo siguiente:
«De la normatividad transcrita y atendiendo las particularidades del presente asunto, es
posible concluir que la Ley 43 de 1975 y el Decreto 102 de 1976 introdujeron importantes
modificaciones en cuanto al funcionamiento de los Fondos Educativos Regionales.
Efectivamente, la primera determinó que los recursos para atender el proceso de
nacionalización de la educación a cargo de los entes territoriales serían administrados por los
mencionados Fondos; el segundo estableció que, en virtud de la descentralización
administrativa del servicio de educación, los planteles con carácter nacional y los que se
nacionalizaran a partir de la fecha de expedición del acto, serían administrados por los FER.
Por otra parte, queda claro que estos organismos se componían de recursos provenientes de
las entidades territoriales y de la Nación; además, que en virtud del señalado proceso de
nacionalización, esta última aplicó al pago de la educación primaria y secundaria los rubros
del Situado Fiscal y de la participación en el impuesto a las ventas.
[…] Así las cosas, el entendimiento sistemático de las normas transcritas permite concluir que
los FER se encontraban conformados por recursos de los territorios y de la Nación por
concepto del magisterio nacional y nacionalizado. En otras palabras, a pesar de la evolución
normativa de los Fondos, se conservaron incólumes las transferencias procedentes de los
gobiernos regionales y del nacional26; por lo que, contrario a lo interpretado por las autoridades
judiciales accionadas, estos organismos no administraban exclusivamente recursos del
presupuesto general de la Nación.
[…]
Lo expuesto también permite concluir que la circunstancia de que los recursos del Situado
Fiscal pudiesen ser considerados hacienda del gobierno central o con origen en el mismo, no
influye en la determinación de la calidad nacional del educador. En todo caso, se destaca que
dicha transferencia fue aplicada desde la Ley 46 de 1971 a la educación primaria (territorial),
y luego de la Ley 43 de 1975 se continuó destinando a la educación nacionalizada, por lo que,
de llegarse a advertir que el profesor era pagado con fondos del Situado Fiscal, efectivamente
sería posible llegar a la conclusión de que no se trataba de un nombramiento nacional. A la
par, el proceso de nacionalización del magisterio territorial no implicó la conversión automática
a la categoría de docentes nacionales, ya que, como sabemos, tenían un régimen
prestacional diferente.
25
Corte Constitucional, M. P. José Fernando Reyes Cuartas. 22 de enero de 2020. Acción de tutela de Carmen Sofía Pérez
Acevedo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca .
26
Situado Fiscal, impuesto a las ventas y caudales para el sostenimiento de los educadores nacionales.
23
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[…] Así pues, el punto de partida para evaluar la categorización de la educación lo determina
la naturaleza jurídica del vínculo definido en el artículo 1º la Ley 91 de 198927, esto es,
la plaza a ocupar, no la fuente de financiación. Y tal autorizado criterio proviene de la
interpretación recientísima del Consejo de Estado28. […]». (negrilla fuera de texto)
59. Para la Sala, a partir de los antecedentes legales y jurisprudenciales expuestos
con antelación, no cabe duda que el origen de los recursos o fuente de financiación,
no es el determinante de la naturaleza del vínculo del docente oficial, sino la plaza
a ocupar en los términos definidos por el artículo 1° de la Ley 91 de 1989.
60. En armonía con lo anterior, a manera de corolario, para tener derecho a la
pensión gracia se requiere cumplir con los siguientes requisitos: (i) tener más de 50
años de edad; (ii) haber trabajado como docente oficial territorial (municipal, distrital
o departamental) o nacionalizado, por más de 20 años continuos o discontinuos; (iii)
haber trabajado como docente oficial territorial antes del 1° de enero de 1981, y (iv)
desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta durante este tiempo.
III.3.3. El reconocimiento de la pensión gracia en el caso concreto
61. El señor Rodrigo Palomino Sánchez nació el 23 de abril de 194729, lo que significa
que cumplió 50 años de edad el 23 de abril de 1997. Por ende, para la fecha en que
solicitó el reconocimiento de la pensión gracia -lo que ocurrió el 16 de abril de 2012-
cumplía con el requisito contemplado en el numeral 6° del artículo 4 de la Ley 114
de 1993, respecto de la edad.
62. En relación con el tiempo de servicio prestado por el demandante, obran las
siguientes pruebas en el expediente del proceso ordinario:
27
“Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada
uno de ellos: // Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. // Personal
nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. // Personal territorial. Son los
docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975”.
28
En particular, esta es la postura consolidada recientemente por el Consejo de Estado. Al respecto, la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la citada providencia de unificación de sección del 18 de junio de 2018, indicó: “Lo determinante no
es de dónde provienen los fondos si no la plaza a ocupar”. (Énfasis añadido).
29
Cédula de ciudadanía visible en el folio 20 del cuaderno principal del expediente digitalizado.
24
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✓ Resoluciones 5 del 1° de marzo de 197430 y 1 del 3 de enero de 197531 el
Ministerio de Educación Nacional, por medio del prefecto apostólico y director
general de educación nacional lo nombró en la Escuela de Varones de
Turminá, para esos años lectivos.
✓ Nombrado mediante Resolución 4 del 27 de agosto de 1973, desde el 1° de
septiembre de 1973 hasta 19 de diciembre de 1975, con tipo de vinculación
Nacional y según certificado de historia laboral del 4 de febrero de 2019 y 26
de Julio de 2009.
✓ Resolución 29 del 20 de diciembre de 197532, desde el 20 de diciembre de
1975 hasta el 29 de febrero de 1996 con tipo de vinculación Nacional, el
prefecto apostólico acepta la renuncia, entre otros, del señor Palomino
Sánchez, como docente nacional «[…] con motivo del traspaso de las escuelas
al departamento del Cauca, algunos maestros presentaron dimisión de sus
cargos como profesores a cargo de la Nación», sin perder su solución de
continuidad, pues no hay prueba en el expediente se su retiro o un nuevo
nombramiento o que hubiera sido reemplazado.
✓ Documento denominado «relación de las escuelas de Tierradentro que
pasan al departamento – enero 1976», en el que se incluye a la Escuela de
varones de Turminá y el señor Palomino Sánchez como docente de dicha
institución33.
✓ Resolución 1218 de 10 de junio de 197734, por el cual el gobernador y el
secretario de educación del departamento del Cauca trasladaron al señor
Rodrigo Palomino Sánchez «[…] sin categoría, de Seccional de la Escuela
Rural de Varones de Turminá, municipio de Inzá, al mismo empleo en la
Escuela Núcleo Escolar de Tóez, municipio de Páez, en reemplazo de Dolores
Castro de Forero, quien presentó renuncia al cargo».
✓ Por el Decreto 32 de 24 de febrero de 199635 se le aceptó, a partir de la fecha
la renuncia presentada al cargo de maestro nacionalizado del Internado
Escolar de Tóez.
✓ Nombrado mediante Resolución 037 del 1° de marzo de 1996 36, desde el 1°
de marzo de 1996 hasta el 24 de junio de 2007, con tipo de vinculación
Nacional y según certificado de historia laboral del 04 de febrero de 2019 y 26
30
Ff. 63 a 65 del cuaderno de pruebas del expediente ordinario digitalizado.
31
Ff. 11 a 14 del cuaderno de pruebas del expediente ordinario digitalizado.
32
Ff. 61 y 62 cuaderno de pruebas del expediente ordinario digitalizado.
33
Ff. 17 a 19 del cuaderno de pruebas del expediente ordinario digitalizado.
34
Ff. 59 y 60 ib.
35
Ff. 57 y 58 ib.
36
Ff. 55 y 56 ib.
25
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de Julio de 2009.
✓ Nombrado mediante Decreto No 0495 del 1° de junio de 2007 37, el
gobernador y secretario de educación del Cauca incorporaron «[…] la planta
de personal docente de los municipios no certificados del departamento del
Cauca, a la planta global, adoptada por el departamento del Cauca con cargo
al Sistema General de Participaciones de conformidad con el artículo 2 del
Decreto 3020 de 2000 y Decretos 2645 del 30 de [d]iciembre de 2003 y 0274
del 13 de abril de 2005» entre los que se encontraba el señor Rodrigo
Palomino Sánchez, quien laboró desde el 25 de junio de 2007 hasta el 30 de
diciembre de 2011, como docente de la Escuela Normal Superior de
Tierradentro Enrique Vallejo, del municipio de Páez, en propiedad, con tipo de
vinculación Nacional, en virtud de la distribución efectuada por el Decreto 571
de junio de 200738, el que fue su último cargo desempeñado.
✓ Se allegaron certificaciones de tiempo de servicio expedidas el 18 de enero
de 201139 y 26 de marzo de 201340 por la secretaría de educación del Cauca
y Fomag, en los que se precisa que el señor Rodrigo Palomino Sánchez,
laboró como docente Nacional en el departamento del Cauca así:
NOVEDADES A.A. DESDE HASTA NOTA
1 Tipo de Ing. y reing. Resolución 01/09/1973 19/12/1975 Docente
novedad 24 de nacional
Plantel CE Turminá 27/08/1973 y
Educativo Resolución 5
Municipio Inzá (Cauca) de
01/03/01974
2 Tipo de Traslado Resolución 20/12/1975 09/06/1977 Docente
novedad 29 de departamental-
Plantel CE Turminá 20/12/0975 renunció a ser
educativo docente nacional
Municipio Inzá (Cauca)
3 Tipo de Traslado Resolución 10/06/1977 29/02/1996 Renunció a su
novedad 1218 de empleo
Plantel IE Internado 10/06/1977
educativo Escolar Tóez
Municipio Páez
(Belalcázar-
Cauca)
37
Ff. 47 a 50 ib.
38
Ff. 51 a 53 ib.
39
Ff. 88 y 89 ib.
40
Ff. 51 a 53 ib.
26
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Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
4 Tipo de Ing. y reing. Decreto 37 de 01/03/1996 24/06/2007
novedad 01/03/1996
Plantel Enrique
Educativo Vallejo de
Tierradentro
Municipio Páez
(Belalcázar-
Cauca)
5 Tipo de Incorporación Decreto 495 25/06/2007 30/12/2011
novedad del
Plantel IS Normal 01/06/2007
Educativo Superior
Enrique
Vallejo de
Tierradentro
Municipio Páez
(Belalcázar-
Cauca)
63. Delmaterial probatorio recaudado en el expediente, es dable arribar a las
siguientes conclusiones: (i) el señor Rodrigo Palomino Sánchez trabajó como
docente oficial, por más de 30 años; (ii) se vinculó antes del 31 de diciembre de
1980; (iii) el señor Palomino Sánchez laboró como docente de primaria y
secundaria, y (iv) no registra inhabilidades y acreditó desempeñarse con buena
conducta.
64. La Sala pone de relieve que el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 41 clasificó a los
docentes, para efectos de las prestaciones económicas, como territoriales,
nacionales y nacionalizados.
«Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
41
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
27
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65. En este orden de ideas, la Sala resalta que las certificaciones allegadas acreditan
plenamente que el señor Rodrigo Palomino Sánchez prestó sus servicios en las
sedes educativas oficiales de los municipios de Inzá y Páez del departamento del
Cauca y tenía un vínculo docente -de carácter nacionalizado- con las ya referidas
instituciones.
III.3.4. De la configuración o no de la causal contenida en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 793 de 2003 - la cuantía del derecho reconocido excede
lo debido de acuerdo con la ley –
66. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que no se
configura la causal contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por cuanto el reconocimiento de la pensión gracia en favor del señor Rodrigo
Palomino Sánchez se otorgó al amparo del ordenamiento jurídico superior, puesto
que el entonces accionante logró demostrar que cumplía con todos los requisitos
exigidos para ser acreedor de dicha prestación, en tanto que prestó sus servicios
en dos periodos; el primero, comprendido entre el 1° de septiembre de 1973 y el 29
de febrero de 1996, en el cual a partir del 20 de diciembre de 1975 corresponde a
una plaza territorial del orden departamental.
67. El segundo periodo de prestación del servicio oficial docente, que inició a partir
del 1° de marzo de 1996, se adecúa al precepto jurisprudencial que se replanteó
mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018, número interno 3805-
201442, según la cual son viables los tiempos servidos a partir de nombramiento con
visto bueno del delegado Ministerio de Educación Nacional - FER, aun cuando los
salarios se hayan pagado con cargo a los recursos del antiguo situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones, rubros que como allí quedó consignado,
corresponden a rentas exógenas de las entidades territoriales.
68. Significa lo anteriormente expuesto que, aunque al señor Rodrigo Palomino
Sánchez se le cancelaron sus salarios con recursos del situado fiscal y del sistema
general de participaciones, ello no se traduce en que su vínculo laboral responda a
la categoría de docente de carácter nacional, puesto que, como se ha venido
42
Al respecto, cabe señalar que la sentencia de unificación antes referida fue proferida el 21 de junio de 2018 y la sentencia
objeto de censura de la Sección Segunda, Subsección B, de esta Corporación, es del 4 de octubre de 2018, es decir, posterior,
lo que de bulto autoriza su total aplicación.
28
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Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
explicando a lo largo de esta providencia, lo verdaderamente importante para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia es el carácter territorial o
nacionalizado de la respectiva plaza educativa, al margen del origen de los recursos
que financiaban los salarios y prestaciones de los educadores, tal como ya se ha
señalado en anteriores pronunciamientos que definieron controversias similares a
las que ocupan la atención de la Sala43.
69. En conclusión, se encuentra establecido probatoriamente que el señor Rodrigo
Palomino Sánchez acreditó los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, para ser beneficiario de la pensión gracia, en
tanto que: (i) trabajó como docente oficial territorial, por más de 30 años; (ii) su
primer periodo de prestación de servicios inició antes del 31 de diciembre de 1980;
(iii) siempre laboró como docente de primaria y secundaria, y (v) demostró
desempeñarse con buena conducta.
III.3.5. De la condena en costas
70. La Sala de Decisión estima que no obstante la falta de prosperidad del recurso
de revisión impetrado, no habrá lugar a condenar en costas, por tratarse de una
controversia de interés público y en atención a lo establecido en el artículo 188 de
la Ley 1437 de 201144 -CPACA-.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de
la Protección Social - UGPP- en contra de la sentencia de 4 de octubre de 2018,
proferida por la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de
43
Ver entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena, Sala 19 Especial de Revisión, sentencia de 27 de octubre de 2022, radicado:
11001-03-15-000-2020-00904-00 REV; y de la Sección y Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021,
radicado 11001032500020160060000 (2633-2016) UGPP vs Graciela Ojeda Blanco; sentencias del 14 de abril de 2021,
radicados:11001-0325-000-2016-01176-00(5253-16) y 1101-0325-000-2016-00303-00 (1721-16 ), UGPP vs Julio César Peña
y UGPP vs María Stella Corrales de Díaz, acción especial de revisión, causal de revisión letras a y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
44
Que establece: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
29
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Demandado: Rodrigo Palomino Sánchez
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
19001-23-33-000-2013-00475-01, según lo expuesto en las consideraciones de
esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR la condena en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de
información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI y SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Aclara voto
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejera de Estado Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (6)
Sigue leyendo
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