Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2013-00475-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión gracia: marco normativo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2013-00475-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2013-00475-01
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
4 de octubre de 2018
PENSION GRACIA - Marco normativo / PENSION GRACIA - Veinte años de servicio como docente territorial o nacionalizado / VINCULACION - Antes del 31 de diciembre de 1980 / DOCENTE NACIONALIZADO - Tiempo laborado válido para reconocimiento pensional / PENSION GRACIA - Reconocimiento
El reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta. La remuneración o salario equivale a todo lo devengado por el empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral; comprende entonces, los sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo sin ninguna excepción. Se acreditaron plenamente por parte del demandante los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, como son el haber prestado los servicios como profesor con vinculación nacionalizada por veinte (20) años, incorporado a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980 (20 de diciembre de 1975), contar con 50 años de edad (pues los cumplió el 23 de abril de 1997) y observar una buena conducta en su desempeño como maestro, razón por la que resulta dable acceder a las pretensiones de la demanda, como lo determinó el a quo.
FUENTE FORMAL: LEY 114 DE 1913 / LEY 116 DE 1982 / LEY 37 DE 1933 / LEY 91 DE 1989
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION “B”
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER
Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00475-01(4249-15)
Actor: RODRIGO PALOMINO SANCHEZ
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMA: RECONOCIMIENTO PENSIÓN GRACIA; DOCENTE NACIONAL Y NACIONALIZADO.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada (ff. 240 a 243) contra la sentencia proferida el 29 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca (ff. 220 a 233), mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 1 a 17). El señor Rodrigo Palomino Sánchez, a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 3329 de 31 de mayo de 2012, por medio de la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia, y 7483 de 13 de agosto y 9238 de 13 de septiembre, ambas de 2012, con las que se desataron unos recursos de reposición y apelación, en el sentido de confirmar la anterior decisión, en su orden.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la UGPP reconocer la pensión gracia a la que tiene derecho, «[…] teniendo en cuenta, el promedio del salario del último año devengado en la Normal Superior Enrique Vallejo, su último grado del escalafón, en donde además se incluyan todos los factores salariales, se le conceda retroactiva a la fecha de adquisición del derecho, indexada y con intereses a la máxima tasa de interés moratorio bancario»; y se condene en costas a la accionada.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] nació el 23 de abril de 1947 […]» e «[…] inició su vida laboral al servicio de la Nación, por NOMBRAMIENTO contenido en la RESOLUCIÓN No 24 DEL 27 DE AGOSTO DE 1973; […] aunque por medio de la […] RESOLUCIÓN NO. 05 DEL 01 DE MARZO DE 1974 […] [se] traslada[ron] unas escuelas al DEPARTAMENTO DEL CAUCA […]», razón por la que ese tiempo laboró como profesor «[…] en la escuela de VARONES EN TURMINA [sic] en el MUNICIPIO DE INZA [sic], desde el 01 de marzo de 1974 hasta el 20[] de [d]iciembre de 1975», fecha en la que con Resolución 29 de 1975, se «[…] dio de baja parte de la planta de personal docente NACIONAL que estaba a […] cargo [de la Nación] y [se] realizó el traslado de varias escuelas y de los docentes que en ellas laboraban de denominación NACIONAL al DEPARTAMENTO DEL CAUCA», es decir, pasó de trabajar bajo una vinculación de naturaleza nacional a una nacionalizada, por haber asumido sus salarios y prestaciones sociales el mencionado ente territorial.
Que fue trasladado «[…] directamente por el GOBERNADOR DEL CAUCA, de la seccional “Departamental” de VARONES DE TURMINA, MUNICIPIO DE INZA, al mismo cargo en LA ESCUELA NUCLEO ESCOLAR DE TOEZ según consta en RESOLUCIÓN No 1218 DE JUNIO 10 DE 1977 […]» (sic), empleo que «[…] ejerció hasta el 24 de febrero de 1996, fecha en que presentó renuncia y le fue aceptada». Posteriormente, fue nombrado con Decreto 37 de 1.º de marzo de ese año para desempeñarse como maestro «[…] en el área de básica secundaria en la especialidad de idiomas en la NORMAL NACIONAL DE BELALCAZAR CAUCA […]», en el municipio de Páez (Cauca). Luego, en virtud del Decreto 495 de 1.º de junio de 2007 pasó de ser «[…] un [profesor] al servicio del MUNICIPIO DE PÁEZ a ser un docente al servicio del DEPARTAMENTO DEL CAUCA».
Dice que el 16 de abril de 2012 solicitó de la UGPP «[…] el reconocimiento y pago de su pensión de Jubilación Gracia […]», lo cual le fue negado con Resolución 3329 de 31 de mayo siguiente, confirmada por las Resoluciones RDP 7483 de 13 de agosto y RDP 9238 de 13 de septiembre, ambas de 2012, bajo el argumento de que «[…] el tiempo de servicio que […] anexó demostraba que era un DOCENTE DE CARÁCTER NACIONAL y que estos conforme a la ley y a la jurisprudencia del caso no tiene derecho a recibir esa pensión especial de jubilación que únicamente se les entregaba a los docentes que estaban al servicio de los Municipio o de los Departamentos».
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos administrativos demandados los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913, 6 de la Ley 116 de 1928, 3 de la Ley 37 de 1933, 10 de la Ley 43 de 1975, 1 y 15 de la Ley 91 de 1989 y 6 de la Ley 60 de 1993; y la Ley 715 de 2001.
Aduce que si bien «[e]s completamente cierto que […] inicio [sic] su vida laboral al servicio de la NACIÓN, PREFECTURA APOSTÓLICA DE TIERRADENTRO […]», también lo es que aquella «[…] entregó las Escuelas nacionales y la plaza docentes nacionales que estaban a su cargo el 20 de [d]iciembre de 1975, mediante resolución No 029 de 1975. Con esta decisión administrativa la Nación perdió la titularidad de las escuelas y de las plazas docentes que en ellas se encontraban pues est[as] quedaron a cargo del DEPARTAMENTO DEL CAUCA», por lo que los docentes pasaron de ser nacionales a nacionalizados, por haberse incorporado al aludido departamento.
Que «[…] desde el 20 DE DICIEMBRE DE 1975 […] [e]mpezó a prestar sus servicios al Departamento del Cauca como docente Departamental o nacionalizado como aparece en el tiempo de servicio; hasta […] EL 24 DE FEBRERO DE 1996, que le fue aceptada su renuncia. En total en este lapso […] laboró más de los 20 años de servicio que exige la ley para acceder a la pensión de jubilación “gracia” […]».
Sostiene que «[…] al percatarse que existe tiempo de servicio prestado a la NACIÓN entre los años de 1973 y 1975, como sanción […] no es la no causación del derecho a percibir la pensión de gracia, sino que no se tenga en cuenta el tiempo de servicio prestado en esa calidad».
Que «[…] en su última vinculación NO fue vinculado por nombramiento del Gobierno Nacional sino que fue […] por nombramiento de entidad territorial, “Municipio de Páez”, por ello al ser vinculado con entidad territorial ese tiempo de servicio debe ser tenido en cuenta […]».
1.5 Contestación de la demanda (ff. 122 a 128). La entidad demandada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; respecto de los hechos afirma que unos son ciertos y otros no le constan; opone las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido, ausencia de vicios en los actos administrativos demandados y prescripción; y asevera que «[c]onsiderando los documentos aportados por el [actor] […], se puede comprobar que sus servicios prestados, desde el 01 de [s]eptiembre de 1973 hasta el 30 de diciembre de 2011 son tiempos de carácter nacional, nombrado por Resolución No. 24 del 21 de agosto de 1973, tal como consta en el Certificado de Tiempo de Servicios expedido por la Gobernación del [C]auca - Secretaría de Educación el 18 de enero y 25 de julio de 2011, para el departamento del Cauca, con lo cual, no se cumple con los requisitos exigidos por la normatividad propia del caso, esto es, las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, en lo que se refiere a haber prestado 20 años de servicios a instituciones educativas que están a cargo del Departamento o Municipio».
1.6 Providencia apelada (ff. 220 a 233). El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia proferida el 29 de julio de 2015, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y condenó en costas a la demandada, al considerar que «[t]oda vez que mediante la Resolución No. 029 de diciembre 20 de 1975, la Prefectura Apostólica aceptó la dimisión del actor con motivo del traslado del Orden Nacional al Orden Departamental, y se tiene constancia de que a 01 de enero de 1976 se efectuó dicho traslado al Departamento del Cauca, se puede colegir que el actor prestó sus servicios como docente territorial desde el 01 de enero de 1976 hasta el 2[4] de febrero de 1996».
Que «[…] el tiempo de servicios prestados por el [demandante] […], idóneo para el reconocimiento de la pensión gracia, esto es, el comprendido entre el 1 de enero de 1976 hasta el 24 de febrero de 1996 -20 años y 1 mes-, es suficiente para cumplir con el requisito de la Ley 114 de 1913, consistente en que el docente haya prestado sus servicios por 20 años o más, con una vinculación de carácter nacionalizada, territorial o municipal, para el reconocimiento de la pensión gracia». Asimismo, se demuestra que estuvo vinculado a la docencia oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980. Por lo tanto, «[…] el actor obtuvo su estatus pensional el 23 de abril de 1997, cuando cumplió los 50 años de edad, pues el requisito de los 20 años de docente territorial los culminó el 01 de enero de 1996».
Por lo anterior, anuló los actos administrativos acusados, declaró prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 16 de abril de 2009 y ordenó a la UGPP reconocer y pagar a favor del actor la pensión gracia reclamada «[…] desde cuando cumplió el estatus legal, esto es desde el 23 de abril de 1997, y en la cuantía equivalente al 75% del promedio de la asignación básica y demás factores salariales devengados durante el año anterior a la causación del derecho».
Por otra parte, que en virtud de los artículos 188 del CPACA y 392 del Código de Procedimiento Civil (CPC), según los cuales «[…] para la condena en costa se deberán atender los elementos objetivos, sin tener en consideración análisis de carácter subjetivo con ocasión de la actuación de las partes», se determina que estarán a cargo de la parte vencida, en este caso en la demandada, con inclusión de las agencias en derecho que «[…] corresponderán a la suma de cero coma uno por ciento (0,1) del valor de las pretensiones reconocidas».
1.7 Recurso de apelación (ff. 240 a 243). Inconforme con la anterior sentencia, la UGPP, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] no es posible comprobar que cumplió los requisitos exigidos por la ley para hacerse acreedor de la pensión gracia solicitada, […] ello sustentado en el certificado de tiempos de servicios expedido por la Gobernación del Cauca - Secretaria [sic] de Educación calendado el día 18 de enero y 25 de julio de 2011, en el cual consta que el [demandante] laboro [sic] desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de diciembre de 2011 con vinculación del orden NACIONAL […]».
Que el accionante «[…] no cumple con los requisitos exigidos por la ley para poder acceder a la pensión gracia, por lo que resulta inadecuado reconocer la pensión gracia pretendida por el actor y la cual accede de forma errada el Juzgador de Primera Instancia, pues no evaluó de forma completa el acervo probatorio que reposa en el expediente […]».
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto por la UGPP fue concedido en audiencia de conciliación celebrada el 14 de septiembre de 2015 (ff. 254 y 255) y admitido por esta Corporación a través de auto de 11 de febrero de 2016 (f. 260, en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de auto de 30 de junio de 2017 (f. 271), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por la demandada (ff. 278 y 279), para insistir en que «[…] el accionante no puede acceder a la pensión gracia, debido a que los tiempos laborados son de carácter Nacional […]».
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica para reclamar de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento de la pensión gracia en cumplimiento de los requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan, o por el contrario, carece de fundamento, pues su vinculación fue de carácter nacional, lo que le impide satisfacer la condición de haber prestado sus servicios como docente nacionalizado o territorial en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor a veinte (20) años.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta para el asunto sub examine.
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1.º de la Ley 114 de 1913, consagró por primera vez la pensión gracia, así:
Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.
El numeral 3 del artículo 4.º de la aludida Ley determina que para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional [...]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de secundaria, normales e inspectores, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Política de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual.
La Ley 37 de 1933 tampoco introdujo modificaciones a las condiciones establecidas en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los maestros que prestaran sus servicios en el nivel secundario.
La Corte Constitucional en sentencia C-479 del 9 de septiembre de 1998, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1.º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley.
Posteriormente, a raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Posteriormente, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2.º), respecto de las pensiones estableció lo siguiente:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional (se destaca).
Las normas transcritas nos permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón que antes enunciamos, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, seguimos el criterio expuesto por la Sala plena de esta Corporación en fallo del 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
[...] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[...] otra pensión o recompensa de carácter nacional”.
[...]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[...] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia [...] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b), de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional en sentencia C-84 del 17 de febrero de 1999, expuso:
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico- legislativa de la vinculación laboral de los "docentes oficiales", aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen "un servicio a cargo de la Nación", lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación (se subraya y resalta).
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
Ahora bien, en lo que se refiere a la liquidación de la pensión gracia se debe observar lo reglado en el artículo 4 de la Ley 4.ª de 1966, que dispone:
A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.
Esta Ley no discriminó ninguna pensión de las percibidas por los servidores oficiales y su Decreto Reglamentario 1743 de 1966, preceptuó en su artículo 5.º:
A partir del veintitrés de abril (23) de 1966 inclusive, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios, previa la demostración de su retiro definitivo del servicio público.
Así las cosas, la Sala encuentra necesario determinar ahora, qué factores son los que vienen a integrar el concepto de salario, pues sobre él es que se entra a precisar la base líquida para el 75%, que corresponde al monto final de la pensión.
La remuneración o salario equivale a todo lo devengado por el empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral; comprende entonces, los sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo sin ninguna excepción.
En torno al tema, el Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6 (parágrafo 1.º) prevé que salario es «[...] todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones [...]».
Y es que lo dispuesto en este Decreto también lo tiene previsto el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que aunque aplicable al régimen laboral individual de carácter privado, bien merece traerlo a colación por tratarse de una consagración de derechos mínimos, pues prescribe que constituye salario «[...] todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones».
En conclusión, el salario está constituido por todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador como contraprestación por su labor
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:
a) Cédula de ciudadanía del actor (f. 20), según la cual nació el 23 de abril de 1947.
b) Resoluciones 5 de 1.° de marzo de 1974 (ff. 63 a 65) y 1 de 3 de enero de 1975 (ff. 11 a 14 del c. de pruebas), a través de las que el Ministerio de Educación Nacional, por medio del prefecto apostólico y director general de educación nacional nombró al accionante como maestro nacional en la Escuela de Varones de Turminá, para esos años lectivos.
c) Resolución 29 de 20 de diciembre de 1975 (ff. 61 y 62), con la cual el prefecto apostólico de Tierradentro y coordinador de educación nacional, dado que «[…] con motivo del traspaso de las escuelas al departamento del Cauca, algunos maestros presentaron dimisión de sus cargos como profesores a cargo de la Nación, al quedar incluidos en la lista recibida por el departamento […]», entre los cuales se encuentra el demandante, aceptó las renuncias de ese personal de docentes y se dieron «[…] de baja en la nómina nacional de la Prefectura Apostólica de Tierradentro».
d) Documento denominado «relación de las escuelas de Tierradentro que pasan al departamento - enero 1.976», en el que se relaciona a la Escuela de Varones de Turminá y al actor como maestro de dicha institución (ff. 17 a 19 del c. de pruebas).
e) Resolución 1218 de 10 de junio de 1977 (ff. 59 y 60), mediante la cual el gobernador y el secretario de educación del Cauca trasladaron al accionante «[…] sin categoría, de Seccional de la Escuela Rural de Varones de Turminá, Municipio de Inzá, al mismo cargo en la Escuela Núcleo Escolar de Tóez, Municipio de Páez, en reemplazo de DOLORES CASTRO DE FORERO, quien presentó renuncia al cargo».
f) Decreto 32 de 24 de febrero de 1996 (ff. 57 y 58), por medio del que se aceptó, a partir de ese día, la renuncia presentada por el demandante al cargo de maestro nacionalizado del Internado Escolar de Tóez que desempeñaba.
g) Decreto 37 de 1.° de marzo de 1996 (ff. 55 y 56), a través del cual el alcalde de Páez (Cauca) nombró al actor, en propiedad, como «[…] docente de Secundaria en la Normal Nacional de Balalcázar Causa, que funciona en es[e] municipio, en reemplazo de MARIELA CONSUELO SILVA REALPE quien presentó renuncia de su cargo […]», del cual tomó posesión en esa fecha (f. 54).
h) Decreto 495-06-2007 (ff. 47 a 50), por medio del cual el gobernador y el secretario de educación y cultura del Cauca incorporaron «[…] la Planta de Personal Docente de los municipios no certificados del Departamento del Cauca, a la planta global, adoptada por el Departamento del Cauca, con cargo al Sistema General de Participaciones de conformidad con el Artículo 2º del Decreto 3020 de 2000 y Decretos 2645 del 30 de [d]iciembre de 2003 y 0274 del 13 de abril de 2005», personal dentro del que estaba el accionante, quien se posesionó el 25 de junio de 2007 (f. 46) al empleo de docente de la Escuela Normal Superior de Tierradentro Enrique Vallejo, ubicada en el municipio de Páez, en virtud de la distribución efectuada por el Decreto 571-6-2007 (ff. 51 a 53).
i) Certificados de tiempo de servicio, expedidos el 18 de enero de 2011 (ff. 88 y 89) y 26 de marzo de 2013 (ff. 38 a 40) por la secretaría de educación del Cauca y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en su orden, en los que se indica que el demandante labora para la referida secretaría de educación, como docente de primaria nacionalizado en propiedad, así:
NOVEDADES
Tipo de A.A.
Nro. de A.A.
FECHA A.A.
DESDE
HASTA
dmadmadma1Tipo de NovedadIng. y Reing.Resolución2427/08/197301/09/197319/12/1975Plantel EducativoCE TurminaMunicipioInza (Cauca)2Tipo de NovedadContinuidadResolución 2920/12/197520/12/197509/06/1977Plantel EducativoCe TurminaMunicipioInza (Cauca)3Tipo de NovedadTrasladosResolución121810/06/197710/06/197729/02/1996Plantel EducativoIE Internado Escolar TóezMunicipioPáez (Belalcazar) (Cauca)TIEMPO DE SERVICIOS
22 años, 5 meses y 29 días
Por otra parte, que el actor ha tenido vinculación de carácter nacional, en los siguientes tiempos:
NOVEDADES
Tipo de A.A.
Nro. de A.A.
FECHA A.A.
DESDE
HASTA
dmadmadma4Tipo de NovedadIng. y Reing.Decreto3701/03/199601/03/199624/06/2007Plantel EducativoIS Normal Superior Enrique Vallejo de TierradentroMunicipioPáez (Belalcazar) (Cauca))5Tipo de NovedadIncorporaciónDecreto49501/06/200725/06/200730/12/11Plantel EducativoIS Normal Superior Enrique Vallejo de TierradentroMunicipioPáez (Belalcazar) (Cauca))TIEMPO DE SERVICIOS
15 años y 10 meses
j) Certificados de salarios de 18 de enero de 2011, 22 de marzo de 2013 y 23 de junio de 2015 (ff. 42 a 44, 90 a 92 del c. ppal. y 2 a 4 del c. de pruebas), con los que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la secretaría de educación del Cauca informan que el demandante, entre el 1.º de enero de 1996 y el 28 de febrero de 2013, recibió sueldo y primas de vacaciones y navidad, pero en los años de 1996 a 1998 devengó además primas de alimentación y clima y auxilio de transporte.
k) Documento suscrito por el accionante el 4 de abril de 2012 (f. 23 del c. de pruebas), en el que declara bajo la gravedad del juramento que se ha «[…] desempeñado como docente con honradez, consagración e idoneidad y buena conducta y care[ce] de los medios de subsistencia en armonía con [su] posición social y costumbres. También […] que no h[a] sido sancionado […] disciplinariamente».
l) Escrito de 16 de abril de 2012 (f. 28 c. de pruebas), con el que el docente pidió de la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
m) Resoluciones RDP 3329 de 31 de mayo de 2012 (ff. 22 a 27), por medio de la cual la UGPP le negó al actor la petición relacionada en la letra precedente, y RDP 7483 de 13 de agosto y RDP 9238 de 13 de septiembre (ff. 28 a 30), ambas de 2012, con las que se desataron unos recursos de reposición y apelación, en su orden, en el sentido de confirmar la anterior decisión, debido a que prestó sus servicios como docente con vinculación de carácter nacional.
n) Certificado de antecedentes expedido el 4 de abril de 2012 (f. 27 vuelto del c. de pruebas) por el jefe de división del centro de atención al público de la Procuraduría General de la Nación, en el que consta que el demandante no presenta antecedentes disciplinarios.
De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que el actor ha prestado sus servicios como docente oficial en el departamento del Cauca, sin embargo, existe controversia en lo atañedero al tipo de vinculación, pues mientras la demandada sostiene que fue de carácter nacional, el actor asevera que si bien laboró un tiempo como maestro nacional, también trabajó un período como profesor nacionalizado, el cual le permite colmar el requisito de tiempo de servicios (20 años) como educador nacionalizado.
Por su parte, el a quo acogió la tesis planteada por el accionante, y en ese sentido, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que aquel se desempeñó como maestro nacionalizado en el lapso comprendido entre el 1.° de enero de 1976 y el 24 de febrero de 1996, lo que arrojaba un tiempo de servicio bajo esa modalidad de 20 años y 1 mes, circunstancia que lo habilitaba para acceder al reconocimiento de la pensión gracia reclamada.
En primer lugar, esta Sala aclara que con el propósito de satisfacer el aludido presupuesto de tiempo de servicios, no resulta válido contabilizar los períodos laborados como profesor nacional, por lo que estos deben ser excluidos, los cuales son los trabajados en virtud de las Resoluciones 24 de 27 de agosto de 1973, 5 de 1.° de marzo de 1974 y 1 de 3 de enero de 1975, toda vez que los respectivos nombramientos los efectuó el Ministerio de Educación Nacional, mediante el prefecto apostólico y director general de educación nacional, para que el actor se desempeñara como profesor en la Escuela de Varones de Turminá.
En ese sentido, lo reiteró esta Corporación, en sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, al determinar:
En cuanto al personal nacional la regla es clara. Tanto el marco jurídico que rige la aludida prestación como la doctrina legal en la materia son explícitos en advertir que los docentes nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo laborado en esa condición no se puede computar con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial.
Por otra parte, se advierte que con Resolución 29 de 20 de diciembre de 1975 el prefecto apostólico de Tierradentro y coordinador de educación nacional aceptó las renuncias presentadas por unos docentes que estaban «[…] a cargo de la Nación […]», entre la que se encontraba la del actor, en atención al traspaso de las escuelas en las que trabajaba ese personal al departamento del Cauca, en este caso, la Escuela Rural de Varones de Turminá (Inza, Cauca), es decir, los aludidos educadores dimitieron de su vinculación bajo la modalidad de nacional, para vincularse al departamento y adquirir la de nacionalizada.
Posteriormente, el 10 de junio de 1977 el accionante fue trasladado de la Escuela Rural de Varones de Turminá a la Escuela Núcleo Escolar de Tóez (Páez, Cauca), para desempeñar el mismo cargo, el cual ejerció hasta el 24 de febrero de 1996, fecha a partir de la cual se le aceptó su renuncia como maestro nacionalizado, por medio de Decreto 32 de ese día.
De lo anterior, se colige que el interregno laborado por el demandante del 20 de diciembre de 1975 al 24 de febrero de 1996 es susceptible de ser contabilizado para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que lo ejerció como docente nacionalizado, por ende, se tiene que el actor trabajó bajo esa modalidad durante 20 años, 2 meses y 4 días, tiempo superior al requerido para acceder a la mencionada prestación social.
Por consiguiente, se acreditaron plenamente por parte del demandante los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, como son el haber prestado los servicios como profesor con vinculación nacionalizada por veinte (20) años, incorporado a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980 (20 de diciembre de 1975), contar con 50 años de edad (pues los cumplió el 23 de abril de 1997) y observar una buena conducta en su desempeño como maestro, razón por la que resulta dable acceder a las pretensiones de la demanda, como lo determinó el a quo.
Por último, se tiene que en el escrito de apelación la demandada solicita la revocación del fallo de primera instancia en su integridad, lo cual incluye la condena en costas impuesta y las agencias en derecho que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso; al respecto la Sala estima que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 392 del CPC, hoy 365 del CGP, por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena.
En este sentido, se pronunció esta Corporación en sentencia de 1.º de diciembre de 2016 así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.
Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se le impondrá condena en costas.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda, ya que se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados, pues el demandante completó el tiempo de servicios de 20 años como docente nacionalizado; y revocará la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, impuestas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1.° Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 29 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió, de manera parcial, a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Rodrigo Palomino Sánchez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo consignado en la parte motiva.
2.° Revócase el ordinal sexto de la parte decisoria de la providencia apelada, en cuanto condenó en costas a la demandada, que incluye las agencias en derecho, de acuerdo con las consideraciones de este fallo.
3.° Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase.
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr. Si bien el actor anota que laboró para la Escuela de Varones en Turminá hasta el 20 de diciembre de 1975, lo cierto es que lo hizo hasta el 19 de los mismos mes y año, toda vez que desde la primera fecha se le incorporó a la planta del departamento del Cauca.
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
«[S]obre Instrucción Pública».
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico. Corte Constitucional, sentencia C-371 del 14 de mayo de 2002: «[…] la buena conducta que resulta exigible de los servidores públicos […] se precisa a partir del respectivo régimen disciplinario». Expediente: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), demandante: Gladys Amanda Hernández Triana, demandada: UGPP, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter. Al respecto se aclara que pese a que el tribunal de primera instancia determinó que la fecha de vinculación del actor había sido 1.° de enero de 1976, en atención a un documento en el que se relacionaban tanto las escuelas como el personal que pasaban a cargo del departamento del Cauca, lo cierto es que de los medios probatorios que reposan en el expediente no se evidencia que aquel haya perdido continuidad, ya que lo que se hizo fue aceptarse su renuncia por haber estado incluido en el listado del aludido departamento, sin que se advierta otra situación administrativa que rompa el vínculo laboral que el accionante tenía como docente oficial desde 1973, de lo que dan cuenta también los certificados de tiempo de servicio emitidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la secretaría de educación del Cauca.
«En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
[…]».
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
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