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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-00856-00

Fecha
15 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Conjuez Daniel Posse Velásquez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-00856-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. Negar por improcedente la tutela formulada por la señora Fanny Velásquez Varón. SEGUNDO. Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo prevé el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada, envíese al día siguiente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-00856-00

Consejero ponente: Conjuez Daniel Posse Velásquez

15 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SALA DE CONJUECES

DANIEL POSSE VELÁSQUEZ: CONJUEZ PONENTE

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2021-00856-00
Accionante: FANNY VELÁSQUEZ VARÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Asunto: Sentencia Tutela

La Sala de Conjueces1 procede a resolver la acción de tutela instaurada por la
señora Fanny Velásquez Varón a través de apoderado en contra del Tribunal
Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Fanny Velásquez Varón, por conducto de apoderado judicial, presentó
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima con el objeto de

1
En atención a las manifestaciones de impedimento presentadas por los Consejeros de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el doce (12) de marzo de dos mil
veintiuno (2021) y veintitrés (23) de ese mismo mes y año, se procedió al sorteo de conjueces,
diligencia realizada el cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021). La ponencia le correspondió al
doctor Edgardo Villamil Portilla, acompañado del doctor Diego Enrique Franco Victoria y la doctora
Solmarina de la Rosa Flórez.

Con auto del dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023), el presidente de la Sección Tercera de
la Corporación, Doctor Nicolás Yepes Corrales, advirtió que resultaba necesario realizar un nuevo
sorteo de conjueces, en razón a que los doctores Diego Enrique Franco Victoria y Edgardo Villamil
Portilla, ya no cumplían con el rol de conjuez en el Consejo de Estado. Por ello, el cuatro (4) de
agosto de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo sorteo de conjueces correspondiéndole la
presente acción de tutela a la Doctora Ruth Stella Correa Palacio y al Doctor Daniel Posse
Velásquez, siendo el suscrito designado como ponente. Asimismo, se indicó que el conocimiento de
la acción constitucional también le correspondía a la Doctora Solmarina de la Rosa Flórez, quien ya
había sido designada como conjuez.

Con auto del veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023) se aceptaron los impedimentos
presentados por los Consejeros de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Asimismo, con Auto del once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023), se aceptó el impedimento
manifestado por la Doctora Ruth Stella Correa Palacio del veinticinco (25) de agosto de dos mil
veintitrés (2023) y se señaló que al no verse afectado el quorum decisorio hasta el momento, la Sala
de Conjueces conformada por el Doctor Daniel Posse Velásquez y la Doctora Solmarina de la Rosa
Flórez, tomarían la decisión que en derecho corresponda frente a la tutela instaurada por la señora
Fanny Velásquez Varón.

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proteger sus derechos fundamentales “al debido proceso, igualdad y tutela judicial
efectiva […], así como el desconocimiento del precedente judicial […]”, por considerar que
fueron vulnerados por parte del Tribunal Administrativo del Tolima en la Sentencia
del veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020), que revocó la providencia
proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Ibagué y negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 73001-33-
33-003-2018-00050-02, promovido por la actora contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

A través de este medio de control, la señora Fanny Velásquez Varón buscaba
obtener el reconocimiento del carácter salarial de la bonificación judicial creada por
el Decreto 383 de 2013 y la respectiva reliquidación de sus prestaciones sociales
incluyendo este emolumento.

En consecuencia, la accionante solicita se le tutelen los derechos constitucionales
fundamentales invocados, se declare sin valor y efectos jurídicos la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el veintidós (22) de julio de dos
mil veinte (2020) dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado número 73001-33-33-003-2018-00050-02 y que se ordene
al Tribunal Administrativo del Tolima proferir una sentencia de reemplazo2.

2 Las pretensiones de la acción de tutela fueron formuladas en los siguientes términos:

“PRIMERO: Que se tutelen los derechos Constitucionales fundamentales invocados como
vulnerados a la señora FANNY VELÁSQUEZ VARÓN, identificada con la Cedula de Ciudadanía No.
28.756.451, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA con la sentencia de segunda
instancia de fecha julio 22 de 2020.

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se declaré sin valor y efectos jurídicos la
providencia proferida por el honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA de fecha julio
22 de 2020, dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del derecho de FANNY
VELÁSQUEZ VARÓN contra la NACION (sic) – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. RAD. 73001-33-33-003-2018-00050-02.

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL TOLIMA, que en el término de diez (15) (sic) días proceda a proferir una sentencia de
reemplazo, teniendo en cuenta para ello, las situaciones advertidas que propendan por la prevalencia
de la aplicación irrestricta al principio de favorabilidad determinado en el artículo 53 constitucional,
como también derechos fundamentales a la igualdad, como del debido proceso por defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, y por consiguiente, se acceda a las
pretensiones de la demanda”.

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1.2. Respuesta de la parte accionada y vinculada

Luis Eduardo Collazos Olaya, Magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima y
ponente de la Sentencia cuestionada del veintidós (22) de julio de dos mil veinte
(2020), a través de comunicación fechada el veintinueve (29) de abril de dos mil
veintiuno (2021), dirigida al doctor Edgardo Villamil Portilla, manifestó que dentro de
la actuación surtida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado número 73001-33-33-003-2018-00050-02, no se
materializó vulneración de derecho fundamental alguno de la accionante.

Expuso también que la solicitud de amparo pretende reabrir el debate jurídico, pues
discute criterios de interpretación de normas legales y jurisprudenciales disímiles
entre lo decidido por el Tribunal y lo manifestado por la parte demandante, en
relación con el reconocimiento del carácter salarial de la bonificación judicial creada
por el artículo 1 del Decreto 383 de 2013. Asimismo, señaló que la decisión
controvertida no incurrió en una vía de hecho, tampoco efectuó interpretaciones
inconstitucionales, no vulneró derechos por falta o indebida aplicación de una
disposición, o por una interpretación errónea, no existe una carencia de motivación
ni una violación directa de la Constitución. Por el contrario, indica que la decisión se
ajustó a la normatividad vigente.

Con Auto del diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023), notificado el
veintisiete (27) de ese mismo mes y año, se vinculó a la presente acción de tutela
al Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué, Tolima. Asimismo, se ordenó correrle
traslado por el término de dos (2) días para que se pronunciara respecto de los
hechos que dieron lugar a la presente actuación, allegara las pruebas que
pretendiera hacer valer y remitiera de manera inmediata el expediente del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 73001-
33-33-003-2018-00050-00/02.

No obstante, finalizado el término de traslado concedido, el Juzgado Tercero
Administrativo de Ibagué, Tolima, no presentó pronunciamiento alguno frente a la
acción de tutela impetrada por la señora Fanny Velásquez Varón y remitió el
expediente solicitado.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Están dados los presupuestos procesales para proferir fallo de fondo, a saber: la
competencia de esta Sala de Conjueces, demanda en forma por cumplir con los
requisitos de relación de los hechos, derechos que se consideran vulnerados e
identificación de la autoridad contra la cual se impetra la tutela, y la capacidad
sustantiva y procesal de las partes.

2.1. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala determinar si la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima emitida el veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020)
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado número 73001-33-33-003-2018-00050-02, vulneró o no los derechos
fundamentales invocados por la actora referentes “al debido proceso, igualdad y tutela
judicial efectiva […], así como el desconocimiento del precedente judicial […]”, al revocar
la providencia proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Ibagué y negar las pretensiones de la demanda.

Para tal fin, esta Sala de Conjueces deberá dilucidar primeramente si la acción de
tutela de la señora Fanny Velásquez Varón cumple a cabalidad con los requisitos
generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y, posteriormente, si existe una vulneración a los derechos
fundamentales de la actora que requieran ser amparados.

2.2. Caso concreto

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un
mecanismo del cual goza toda persona para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados
por la acción u omisión de cualquier autoridad.

A su vez, la jurisprudencia constitucional como la administrativa han expresado en
diferentes oportunidades la posibilidad que tiene la acción de tutela de proceder
contra providencias judiciales, siempre y cuando se acrediten los requisitos
generales y específicos que se han establecido.

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En Sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), el Consejo de
Estado se refirió a tales requisitos de procedencia de la acción de tutela y destacó
que el primer requisito general a analizar por el Juez de conocimiento está
relacionado con que la cuestión sometida a estudio resulte de evidente relevancia
constitucional3.

3 Sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) de la Subsección A de la Sección

Tercera del Consejo de Estado. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Radicado número
11001031500020210693600. Esta Corporación se refirió a los requisitos generales y específicos
para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, en los siguientes términos:

“Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a
la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser
cuidadosamente verificados son, los siguientes:

• Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de evidente relevancia
constitucional.

• Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter
irremediable.

• Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.

• Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
que resulta lesiva de las prerrogativas iusfundamentales.

• Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los hechos que generan la
violación como los derechos que resultan infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso
judicial, siempre que esto fuese posible; y,

• Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela.

[…]

A su turno, los requisitos específicos de procedibilidad que ha decantado la jurisprudencia
constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación,
hacen relación a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de
vulneración de derechos fundamentales: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii)
violación directa de la Constitución.

En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas
metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una
acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen
en el propósito de realizar el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario
de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo
de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación
del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su
criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su
rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos
fundamentales en los trámites judiciales” (Se excluye numeración interna y citas, y se resalta por la
Sala).

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Adicionalmente, como lo ha expuesto esta Corporación4, los requisitos generales
están relacionados con la procedibilidad de la acción constitucional, mientras que
los específicos, con la prosperidad de los presupuestos esbozados para conceder
el amparo solicitado. De ahí que la tarea del juez de tutela se concentre
primariamente en revisar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad, para que, en caso de evidenciar el incumplimiento de alguno, se
declare la improcedencia de la acción de tutela.

Descendiendo al caso concreto, esta Sala de Conjueces considera que la acción de
tutela interpuesta por la señora Fanny Velásquez Varón es improcedente, por no
haber cumplido con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a
exponerse.

En primer lugar, cabe anotar que jurisprudencialmente se ha desarrollado el alcance
de este requisito general. Al respecto, esta Corporación ha manifestado:

“Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la
conjunción de dos elementos necesarios.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que
el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal
atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena de
rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede
erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de
la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será
rechazarla o declararla improcedente.”5 (Se excluyen citas internas y se resalta
por la Sala).

4 Sentencia del cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014) de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicado No.
11001031500020120220101.
5 Ibidem.

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Por su parte, la Corte Constitucional ha expresado:

“En tales términos, la acreditación de esta exigencia [la relevancia
constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una
simple relación con aquel.”6

En otra oportunidad, la Corte Constitucional reiteró los tres criterios de análisis para
verificar si una acción de tutela tiene relevancia constitucional, sobre el particular,
señaló:

“Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico. Las discusiones de orden legales o aquellas
relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está
prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente
legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones
correspondientes”. […]

Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La jurisprudencia
constitucional ha reiterado que la cuestión debe revestir una “clara”, “marcada”
e “indiscutible” relevancia constitucional. Dado que el único objeto de la acción
tutela es la protección efectiva de los derechos fundamentales, es necesario que
el asunto que origina la presentación de la acción contra una providencia judicial
tenga trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución
Política, así como para la determinación del contenido y alcance de un derecho
fundamental. Por tal razón, los asuntos en los que se invoca la protección de
derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y
aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia
constitucional.

Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos

6 Sentencia SU-573 del veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) de la Corte
Constitucional. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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[fundamentales] y no a problemas de carácter legal […]”7 (Se excluye
numeración y citas internas y se resalta por la Sala).

En relación con el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional,
la accionante solamente señaló que “[l]os principios y derechos fundamentales que aquí
se encuentran vulnerados, (igualdad, debido proceso, tutela judicial efectiva, entre otros)
tienen clara trayectoria y relevancia constitucional en la jurisprudencia de sentencias de
tutela, proferidos por el máximo organismo de la jurisdicción constitucional, sin mencionar
la jurisprudencia de otras jurisdicciones actuando como jueces de tutela”.

Con base en lo expuesto, para la Sala es evidente que la accionante no satisfizo el
requisito general de relevancia constitucional. Por una parte, su argumentación
carece de motivos suficientes de índole constitucional para revelar la afectación de
sus derechos. Además, en el escrito de tutela la accionante se limitó a indicar que
el cumplimiento de dicho requisito se observaba por la “clara trayectoria y relevancia
constitucional en la jurisprudencia de sentencias de tutela” de los derechos que señala
le fueron vulnerados.

De esta manera, la Sala no avizora cómo la argumentación de la actora puede
acreditar que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
fechada el veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020) dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 73001-33-
33-003-2018-00050-02, supuso una restricción desproporcionada de los derechos
fundamentales de la señora Velásquez Varón y, que en razón a ello, existe una
clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional. Por el contrario, la Sala
observa que lo cuestionado en el escrito de tutela versa principalmente con el
inconformismo de la accionante frente al no reconocimiento de la bonificación
judicial que creó el Decreto 383 de 2013, para efectos de la liquidación de sus
prestaciones sociales, asunto meramente legal y económico, respecto del cual el
juez de tutela no le compete inmiscuirse y menos si ya fue resuelto y puesto en
conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, siendo suficiente para declarar la
improcedencia de la presente acción de tutela, esta Sala expone lo siguiente en
relación con los requisitos específicos manifestados por la actora para la
procedencia del amparo constitucional en contra de una providencia judicial.

7Sentencia SU-128 del 6 de mayo de 2021 de la Corte Constitucional. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.

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Lo cuestionado por la actora está relacionado principalmente con su desacuerdo
frente al no reconocimiento de la bonificación judicial que trata el Decreto 383 de
2013, para la liquidación de sus prestaciones sociales. Al respecto, el artículo 1° del
Decreto en cita, establece:

“ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia
Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido
en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose
por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una
bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá
únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de
Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” (Se resalta
por la Sala).

En el escrito de tutela argumenta la actora que, si bien el legislador goza de cierta
libertad para determinar los elementos que constituyen salario, esta facultad no es
absoluta, en razón a que tales determinaciones deben limitarse por los diferentes
principios y normas que estructuran la noción de salario que hacen parte de nuestro
ordenamiento jurídico.

La señora Velásquez Varón considera que el accionado incurrió en un defecto
sustantivo al proferir la providencia del veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020)
por no estar suficientemente motivada la decisión, pues, a su parecer, el Tribunal
Administrativo del Tolima, de manera insuficiente y sin mayor argumentación
jurídica, soportó su análisis en la sentencia C-279 de 1996 de la Corte
Constitucional, y desconoció la connotación de salario que tiene la bonificación
judicial alegada para su liquidación respecto de las prestaciones sociales.

Frente a lo anterior, en la sentencia C-279 de 1996 la Corte Constitucional señaló
que no existe motivo fundado en preceptos constitucionales que impida que el
legislador excluya determinados elementos considerados como salario, para efecto
de liquidar prestaciones sociales. Sobre el particular, dicha Corporación manifestó
en la sentencia en comento que:

“En varias ocasiones, la Jurisprudencia constitucional del país, expresada por la
Corte Suprema de Justicia antes de 1991, y luego por la Corte Constitucional, ha
manifestado que no existe derecho adquirido a la estabilidad de un régimen legal.
Las normas legales acusadas bien podrían entonces disponer que no se
consideran parte del salario, para efecto de liquidar prestaciones sociales, ciertas

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remuneraciones que, a la luz de criterios tradicionales, deberían haberse tenido
como parte de aquél. […]

Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe hacer, ya que
aún cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular
las prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en
favor del trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos
constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legilador
(SIC) disponer que determinada prestación social o indemnización se liquide sin
consideración al monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan
determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por
ello tal carácter (el subrayado es de esta Corte)”.

En la Sentencia del veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020), el accionado no
desconoció que la bonificación judicial reclamada constituyera salario, sino por el
contrario, lo reconoció y, soportado en jurisprudencia y en la misma norma que creó
este beneficio, indicó solamente que no se podía reconocer como factor de
liquidación para las demás contraprestaciones percibidas por la demandante, así:

“Bajo la referida perspectiva, destaca la Sala que, aunque la bonificación
judicial constituya salario, por tratarse de una sumas de dinero que recibe el
servidor como contraprestación directa y onerosa el servicio y que ingresa
efectivamente a su patrimonio, también lo es que, el Gobierno Nacional, en uso
de las facultades constitucionales y legales para fijar el régimen salarial de los
servidores públicos, puede disponer que determinada prestación social o
indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario del
trabajador.

En este orden, y en consideración a que el artículo 1º del Decreto 383 de 2013
dispone que la bonificación judicial constituirá únicamente factor salarial para la
liquidación de la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, se negará su reconocimiento como factor
de liquidación para las demás contraprestaciones percibidas por el demandante”
(Se resalta por la Sala).

En el marco de lo anterior, esta Sala encuentra que el accionado no incurrió en un
defecto sustantivo en la Sentencia del veintidós (22) de julio de dos mil veinte
(2020), pues no desconoció que la bonificación judicial constituyera salario, en
contraposición de las normas y principios que desarrollan tal concepto. Además, el
accionado fundado en la misma norma que creó la bonificación judicial alegada y

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en la jurisprudencia, concluyó que tal emolumento salarial no podía ser tenido en
cuenta para la liquidación de prestaciones sociales.

Por otra parte, la actora argumenta que el Tribunal Administrativo del Tolima
incurrió en un defecto sustantivo por inaplicar la Sentencia de Unificación del
Consejo de Estado del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)8. La
Sala no profundizará sobre el asunto, en razón a que el accionado simplemente
señaló en la providencia cuestionada que la prima especial de servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituía factor salarial para efectos de la
cotización de aportes a pensión. En efecto, la autoridad judicial efectuó una
comparación, pero no fundamentó su decisión en la mencionada Sentencia de
Unificación.

Adicionalmente, la actora argumenta que el Tribunal Administrativo del Tolima
incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente judicial. Al respecto, en el
escrito de tutela, luego de hacer referencia a diferentes decisiones judiciales, la
señora Fanny Velásquez Varón señala que se “extrae de las decisiones traídas a
colación que la libertad de configuración legislativa en materia laboral encuentra su alcance
y límite en los principios mínimos fundamentales del artículo 53 de la constitución política
[...] [p]or lo anterior, se logra evidenciar que en las Altas Corporaciones Judiciales
Colombianas existe consenso en relación a razonar que constituye salario todo aquello que
retribuya de manera directa el servicio prestado por el trabajador, sin importar las
denominaciones formales que se hagan sobre este […]”.

Asimismo, la actora expone que el accionado desconoció precedentes horizontales
de diferentes Tribunales Administrativos del país y vulneró su derecho a la igualdad.

Frente a lo anterior, la Sala encuentra que, por un lado, y como ya se expuso, el
Tribunal Administrativo del Tolima no desconoció que la bonificación judicial
reclamada constituyera salario, por lo que su decisión no contrarió principios o
limites propios en materia laboral o de nuestro ordenamiento jurídico en general.
Por otro lado, en relación con los precedentes horizontales, su desconocimiento no
se configura en razón a que los mismos no son vinculantes y debido a que la
argumentación de la actora es insuficiente para soportar dicha aseveración, al no
especificar cuales providencias de otras autoridades judiciales de igual rango se
omitieron y porqué en consecuencia de ello, se vulneró su derecho a la igualdad.

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Sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Radicado número: 41001-23-
33-000-2016-00041-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19.

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De conformidad con lo expuesto, la Sala no encuentra cumplido el requisito general
de relevancia constitucional, por lo tanto, se declarará la improcedencia de la acción
de tutela.

En mérito de lo expuesto, esta Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley:

RESUELVE

PRIMERO. Negar por improcedente la tutela formulada por la señora Fanny
Velásquez Varón.

SEGUNDO. Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo prevé el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada, envíese al día siguiente el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

DANIEL POSSE VELÁSQUEZ
Conjuez Ponente

SOLMARINA DE LA ROSA FLÓREZ
Conjuez

12

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