RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-01378-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-01378-01

Fecha
3 de junio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-01378-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de mayo de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente el mecanismo de amparo de la referencia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-01378-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

3 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-01378-01
Accionante: JESÚS LEOCADIO TABARQUINO CASTAÑEDA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS – SALA TERCERA
DE DECISIÓN Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
confirma el fallo impugnado – el actor carece de legitimación en la
causa por activa para promover el mecanismo de amparo, con el
objeto de cuestionar la providencia que fue proferida dentro de un
proceso judicial en el que no fue sujeto procesal

Sentencia de segunda instancia1

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia de 10 de mayo de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y a través de la cual se declaró improcedente el
amparo solicitado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda presentó acción de tutela
con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le
atribuyó: i) a la sentencia de 19 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caldas – Sala Tercera de Decisión, dentro del medio de
control de nulidad electoral con radicación número 17001-23-33-000-2019-00576-
00, y ii) a la Procuraduría General de la Nación.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

1
El expediente de la referencia ingresó al Despacho a cargo del magistrado que actúa como ponente en esta providencia el
13 de mayo de 2022, tal como se advierte del índice 3 del aplicativo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2021-01378-01
Accionante: Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda

2.1. Manifestó que el señor Mauricio Jaramillo Martínez fue elegido alcalde municipal
de Palestina (Caldas) por el Partido Social de Unidad Nacional, en adelante Partido
de la U, para el período constitucional 2016-2019; sin embargo, el 29 de junio de
2016 el Tribunal Administrativo de Caldas declaró nulo el acto de su elección (dentro
del expediente 17001-23-33-000-2015-00768-00), al considerar que se encontraba
inhabilitado.

2.2. Expuso que el Consejo Nacional Electoral, a través de las resoluciones números
2269, 2282, 2294 y 2299 de 6 de septiembre de 2017, sancionó a varias
organizaciones políticas, por inscribir aspirantes inhabilitados, dentro de las que se
encontraba el Partido de la U, con la prohibición de postular candidatos a los
próximos comicios de mandatorios locales.

2.3. Indicó que el Partido de la U registró como candidato de dicho movimiento político
al señor Mauricio Jaramillo Martínez para las elecciones locales que se efectuaron
el 27 de octubre de 2019, oportunidad en la que nuevamente el citado ciudadano
resultó electo como alcalde de Palestina para el período constitucional 2020-2023.

2.4. Relatóque el señor Jorge Hernán Restrepo Cardona presentó demanda de
nulidad electoral contra el señor Mauricio Jaramillo Martínez y el Consejo Nacional
Electoral, con el propósito de que se anulara el acto de elección demandado.

2.5. Señalóque el conocimiento del referido proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Caldas – Sala Tercera de Decisión, corporación judicial que, en
sentencia de única instancia de 19 febrero de 2021, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que el actual alcalde de Palestina no fue reelegido, puesto
que al declararse nulo su primer nombramiento el 29 de junio de 2016, las cosas
regresaron a su estado anterior, por lo que podía participar en los comicios
celebrados el 27 de octubre de 2019, máxime cuando la sanción que le impuso el
Consejo Nacional Electoral al Partido de la U fue revocada, mediante Resolución
1934 de 2018.

2.6. Manifestó
que la anterior decisión desconoce su garantía superior al debido
proceso, porque acogió un fallo del Consejo de Estado2 en el que se discutía la
posesión de un gobernador, supuesto fáctico diferente al debatido en el proceso
contencioso objeto de censura.

2.7. Afirmó que, en la sentencia enjuiciada, se incurrió en defecto sustantivo, dado
que no se aplicó el artículo 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), que prevé que los efectos de los fallos que
declaran la nulidad de una elección no son retroactivos, por consiguiente, no era
dable concluir que la primera designación del señor Mauricio Jaramillo Martínez
como alcalde de Palestina nunca sucedió.

2
Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 23 de mayo de 2017, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
expediente 11001-03-28-000-2016-00025-00.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2021-01378-01
Accionante: Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda

2.8. Aseveró que la Procuraduría General de la Nación fue negligente en defender
los derechos de los ciudadanos en el proceso contencioso objeto de censura, por
cuanto a pesar de que la elección del señor Jaramillo Martínez fue abiertamente
inconstitucional y se evidenciaban irregularidades en el trámite del proceso judicial,
no efectuó actuación alguna para evitar esa situación.

2.9. Expuso que la decisión acusada no estuvo precedida de un adecuado estudio de
la controversia suscitada, en tanto que la decisión fue proferida un día después del
ingreso al despacho del respectivo expediente.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Con base en los anteriores hechos y consideraciones, acudo en forma
respetuosa ante esa Digna Instancia Judicial- a fin de que me sean tutelados-
los derechos fundamentales con respecto- AL DEBIDO PROCESO- y con ello
a la INCURSION EN VIAS DE HECHO y OMISIONES PUNTUALES EN EL
PROCEDIMIENTO- El derecho a la APLICACIÓN DE UNA OPORTUNA Y
DEBIDA JUSTICIA- A la IGUALDAD en la DEBIDA Y OPORTUNA
INTERVENCION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN
DEFENSA DEL ORDEN JURIDICO en la forma como me he referido en
acápites anteriores.- Y como consecuencia de ello, y al tenerse a bien -
TUTELAR- esos derechos fundamentales, se disponga- QUE EN EL TERMINO
PRUDENCIAL QUE A BIEN SE TENGA- SE DISPONGA DE LA
REVOCATORIA TOTAL DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DE FEBRERO
19 DE 2021-EMITIDO POR LA COMSION TERCERA DEL H. TRIBUNAL
CONTENCIOSO DE CALDAS y de acuerdo con ello, el DEJARSE SIN EFECTO
LA DECISION DE FEBRRO 19/2021- se ordene Al Tribunal Contencioso
Administrativo de Caldas, que dentro de los términos que permite ley, se
PROFIERA LA NUEVA PROVIDENCIA DE REEMPLZO al interior del proceso
de Nulidad Electoral cuyo R/do. Es el No. 2019-00576-00 donde obró como
Demandante el Sr. JORGE HERNAN RESTREPO CARDONA- Remplazo que
deberá ser DEFINICION en forma puntual y de acuerdo como a bien se tenga
definir por el despacho de Instancia, en procura de la rectificación y el ordenado
a derecho de esta clase de procedimientos y mediante el cual se observen todas
las reglas propia de un debido proceso- con respeto a la Igualdad y se de
cumplimiento en forma puntual al alcance semántico del texto Superior con
respecto a la aplicación del Artículo 314 Constitucional- con respecto a la
prohibición de la Reelección de Alcaldes, acorde con lo dispuesto en el Articulo
288 de CEPACA- en relación con las consecuencias y alcances de la Nulidad
de un Acto de elección Popular de un Alcalde- que debe ser aplicado en el
presente caso- Toda vez que el fallo emitido por la Comisión 3ª. Del H. Tribunal
Contencioso Administrativo de Caldas, de febrero 19 de -2021- ante sus
Imprecisiones ES NULO en su totalidad- Además por cuento como están
planteadas y definidas las cosas- no se está permitiendo la alternancia que se
planean en los principios democráticos, introducidos en el sistema
constitucional Colombiano- y en concordancia con el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos como derecho vinculante y del que emanan
obligaciones de respeto y garantías de los derechos y el deber de adoptar
disposiciones para asegurar el libre ejercicio de los mismos, y el estricto
acatamiento de los estándares mínimos de protección de derechos y libertades
que nos pertenecen y son propios en un Estado Social como el nuestro.[…]

4

Radicación: 11001-03-15-000-2021-01378-01
Accionante: Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 12 de abril de
2021, admitió la presente acción de tutela en contra de los magistrados de la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas y de la Procuradora
General de la Nación. En la misma providencia, vinculó como terceros con interés
directo en los resultados del proceso «a los señores Jorge Hernán Restrepo
Cardona, Mauricio Jaramillo Martínez y magistrados del Consejo Nacional
Electoral».

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a los vinculados,
se produjeron las siguientes intervenciones:

5.1. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, a través
del magistrado ponente de la sentencia enjuiciada, rindió informe en el que se opuso
a la prosperidad del amparo deprecado por el accionante, en razón a que, a su
juicio, lo pretendido por él es «controvertir la decisión de fondo adoptada, basado
en situaciones que no son constitutivas de alguna vía de hecho, situación que, a
todas luces torna improcedente la presente acción de tutela, toda vez que, se
insiste, fueron respetadas todas las garantías constitucionales y legales de los
sujetos procesales».

5.2. La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderado judicial, rindió
informe en el que advirtió que no ha vulnerado los derechos fundamentales del
accionante, en tanto que, a través del Procurador 28 judicial II para Asuntos
Administrativos de Manizales intervino y rindió concepto dentro del proceso judicial
objeto de censura, motivo por el cual adelantó las actuaciones que la Constitución
Política le asigna al Ministerio Público.

5.3. El ConsejoNacional Electoral, por intermedio de apoderada judicial, rindió
informe en el que indicó que esa entidad carece de legitimación en la causa por
pasiva, porque el accionante le atribuye la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a una providencia judicial que no fue proferida por esa Corporación.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 10 de mayo de 2021, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, declaró improcedente el amparo
solicitado por el accionante, luego de considerar que carecía de legitimación en la
causa por activa para controvertir la decisión que fue proferida en el marco de un
proceso judicial en el que no fue sujeto procesal.

7. Como sustento de lo anterior el a quo señaló lo siguiente:

5

Radicación: 11001-03-15-000-2021-01378-01
Accionante: Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda

[…] En el sub lite, luego de valorar los elementos de convicción que reposan en
las presentes diligencias, se evidencia que el medio de control de nulidad
electoral 17001-23-33-000-2019-00576-00 fue instaurado por el señor Jorge
Hernán Restrepo Cardona contra el Consejo Nacional Electoral y el señor
Mauricio Jaramillo Martínez, con el propósito de anular la elección de este como
alcalde de Palestina para el período 2020 a 2023, lo que negó el 19 de febrero
de 2021 el Tribunal Administrativo de Caldas (sala tercera de decisión).

Con base en lo expuesto, la Sala concluye que el tutelante carece de
legitimación en la causa por activa, toda vez que, además de no ser parte en el
aludido trámite contencioso-administrativo, invoca una garantía constitucional
de la que no es titular, pues la vulneración del debido proceso solo la pueden
alegar los intervinientes en las diligencias ordinarias, en las cuales, se reitera,
no participó.

Además, no se observa que el accionante actúe como agente oficioso del señor
Jorge Hernán Restrepo Cardona, comoquiera que no obra manifestación
expresa de que acuda a este asunto en esa condición y tampoco se allegaron
elementos probatorios que demuestren la imposibilidad de aquel de asumir la
defensa de sus prerrogativas superiores.

Cabe destacar que si el tutelante estimaba que la elección del señor Mauricio
Jaramillo Martínez como alcalde de Palestina contrariaba el ordenamiento
jurídico, debió hacerse parte (como coadyuvante) dentro del medio de control
en el que se profirió la providencia cuestionada, conforme al artículo 228 del
(CPACA), y exponer sus argumentos, y no utilizar la acción de tutela para tal
fin, so pretexto de salvaguardar un derecho constitucional fundamental del cual
no es titular.

Por otro lado, el actor indica que la Procuraduría General de la Nación no ejerció
el debido control en el proceso de nulidad electoral 17001-23-33-000-2019-
00576-00, sin embargo, no es dable emitir un pronunciamiento sobre este
reproche, porque incumbe a los derechos constitucionales fundamentales de
las partes en ese trámite contencioso-administrativo, y el demandante, se
insiste, no tuvo esa condición ni acreditó los requisitos de la agencia oficiosa.
[…].

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia,
reinterando los argumentos que expuso en el escrito inicial de la tutela, a partir del
cual, a su juicio, era evidente la vulneración en que incurrió tanto el Tribunal
accionado como la Procuraduría General de la Nación.

9. En cuanto a su discenso con la decisión del a quo el impugnante expuso, en
síntesis, lo siguiente:

[…] 1º. De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 86 Superior y como Personal
natural a la que correspondemos todos los colombianos como individuos
pertenecientes a la especie Humana (colombiano) y en atención a la vez a la
generalidad y conocimiento que se debe dar a la comunidad de la existencia de
esta clase de procesos Junciales y en especial de orden electoral (Interese
general) contenido en el Numeral 5º. Del Articulo 277 del CEPACA- Fueron las
razones para considerarme debidamente “LEGITIMADO” y por mi actuación

6

Radicación: 11001-03-15-000-2021-01378-01
Accionante: Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda

directa dentro del proceso en referencia; Para solicitar en consecuencia la
Protección por la vulneración por parte de la Comisión 3ª. Del h. Tribunal
Contencioso Administrativo de Caldas en fallo del (19) de Febrero de 2021 por
la presunta vulneración (Fallo) de derechos fundamentales, especialmente en
lo referente al debido proceso, a la igualdad- al de Petición e información
oportuna y en cuento al Acceso a la Administración de Justicia en ejercicio
del control político, y el derecho a una representación política efectiva o
legal” todo ello, de acuerdo con las disposiciones Constitucionales y legales;
con respecto al ordenamiento de la ACCION DE TUTELA, y la que para el
efecto instauré contra el H. Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas- y La
Procuraduría General de Nación (Todo ello, al encontrarme debidamente
legitimado)-

[…]

g. Para interponer esta clase de acciones que la jurisprudencia a definido como
SENCILLA- PREFERENTE y SIN ESPECIALES REQUISITOS – de
procedibilidad- se dice entonces que están debidamente legitimados a la vez
LOS PERSONEROS MUNICIPALES y LA DEFENSORIA PUBLICA- entidades
de CONTROL que si bien es cierto existen- regularmente en esta clase de
procedimientos- son -INEFICIENTES- toda vez que de una u otra forma
presentan determinado interés que no permiten las verdaderas garantías
procedimentales- Para quienes pretendemos una determinada
IMPARCIALIDAD y UNA RECTA ACTUACION EN LAS DECISIONES
JUDICIALES- dentro del llamado ESTADO SOCIAL DE DERECHO. –
Encontrando además con extrañeza que se trata de deslegitimar mi actuación
dentro del presente proceso como Ciudadano Colombiano además como
integrante del Censo electoral del Municipio de Palestina Caldas,
deslegitimación que de persistir, será Consultada en la debida oportunidad ante
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. […]

10. Confundamento en los anteriores argumentos, la parte impugnante solicitó
revocar el fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se amparen sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20175.

3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
4
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
5
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2021-01378-01
Accionante: Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda

VIII.2. Problemas jurídicos

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado6, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. En sentencia de 31 de julio de 20127, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

15. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
7
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-01378-01
Accionante: Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda

absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 9.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión10» que se encaje en dichos
parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

21. El ciudadano Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda presentó acción de tutela
con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le
atribuyó: i) a la sentencia de 19 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caldas – Sala Tercera de Decisión, dentro del medio de
control de nulidad electoral con radicación número 17001-23-33-000-2019-00576-
00, y ii) a la Procuraduría General de la Nación.

9
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
10
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2021-01378-01
Accionante: Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda

VIII.4.1. De la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

22. En este acápite, la Sala estima pertinente determinar si el ciudadano Jesús
Leocadio Tabarquino Castañeda se encuentra legitimado en la causa por activa
para promover a nombre propio el mecanismo de amparo de la referencia y
cuestionar: i) la sentencia de 19 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caldas – Sala Tercera de Decisión, dentro del medio de
control de nulidad electoral con radicación número 17001-23-33-000-2019-00576-
00, y ii) las supuestas omisiones en que incurrió la Procuraduría General de la
Nación en el trámite del referido proceso judicial.

23. Sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su disposición la acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o vulnerados por
cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la prestación de un
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

24. Precisamente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991,
que se refiere a la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su representante. Los
poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […].

25. Atendiendo a lo dispuesto en tal norma, se entiende que el titular de los derechos
fundamentales que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción
de tutela: i) por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de
agente oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman amenazados
o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.

26. En el asunto cuyo estudio ocupa la atención de la Sala, se advierte que el señor
Jorge Hernán Restrepo Cardona presentó demanda de nulidad electoral en contra
del señor Mauricio Jaramillo Martínez y del Consejo Nacional Electoral.

27. En ese orden de ideas, se tiene que, en principio, los legitimados en la causa por
activa para promover la presente acción de tutela son las partes que integraron

10

Radicación: 11001-03-15-000-2021-01378-01
Accionante: Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda

dicho proceso ordinario, esto es, los señores Mauricio Jaramillo Martínez, Jorge
Hernán Restrepo Cardona y el Consjeo Nacional Electoral.

28. Visto lo anterior, es claro para la Sala que el ciudadano Jesús Leocadio
Tabarquino Castañeda no tiene la condición de parte dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral con radicado
número 17001-23-33-000-2019-00576-00 y, por ende, carece de legitimación en la
causa por activa para promover el mecanismo de amparo de la referencia, con el
objeto de cuestionar, en nombre propio, la providencia judicial dictada en el interior
del referido proceso y las supuestas irregularidades en que incurrió la Procuraduría
General de la Nación dentro del mencionado expediente.

29. En este contexto, cabe resaltar que el hecho consistente en que el actor haya
ejercido su derecho al voto en las elecciones regionales y locales llevadas a cabo
el 27 de octubre de 2019, no significa que se encuentra legitimado para controvertir
la decisión judicial que se profirió dentro de un proceso de naturaleza electoral en
el que no intervenino, pues para ello resultaba indispensable que hubiese sido parte
dentro del proceso respecto del cual ahora alega la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales.

30. Valgadestacar que en este mismo sentido y de manera pacífica se ha
pronunciado esta Sección, entre otras, en la providencia -sentencia- de 4 de agosto
de 2016, en la que se sostuvo lo siguiente:

[…] no puede el accionante alegar que se encuentra legitimado para
promover la presente acción de tutela, con fundamento en la vulneración
de su derecho a elegir y ser elegido, materializado en el voto otorgado a
la señora Oneida Rayeth Pinto, toda vez que, en su criterio, el hecho de
hacer parte del censo electoral que dio lugar a la elección, lo acredita
como interesado.

Para la Sala, tal argumento no es de recibo, por cuanto, la participación
en el censo electoral no legitima al elector para promover la acción de
tutela contra la providencia judicial que anule la elección, si no se hizo
parte del respectivo proceso electoral […]11. (negrillas y subrayas fuera del texto)

31. Así las cosas, al no encontrarse satisfecho el requisito exigido en el artículo 10º
del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991, la Sala de Decisión declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa
por activa, tal como lo consideró el a quo.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de agosto de 2016, expediente
número 11001-03-15-000-2016-01865-00, C.P. María Elizabeth García González.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2021-01378-01
Accionante: Jesús Leocadio Tabarquino Castañeda

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de mayo de 2021 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (18)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.