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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07252-00

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07252-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal presentada por el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR este fallo por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de agosto de 2016, expediente número 11001-03-15-000-2016-01865-00, C.P. María Elizabeth García González. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2023-07252-00 Accionante: María del Carmen Londoño Sanna

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-07252-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07252-00
Accionante: MARÍA DEL CARMEN LONDOÑO SANNA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se declara
improcedente el amparo porque no cumple con el requisito general de procedencia
de legitimación en la causa por activa.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María del Carmen
Londoño Sanna contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora María del Carmen Londoño Sanna solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y a elegir y ser elegido, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 9
de noviembre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de nulidad electoral núm. 11001-03-28-000-2022-
00258-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Manifestóque el ciudadano Freddy Mauricio Garzón Ramírez promovió el
proceso de nulidad electoral núm. 11001-03-28-000-2022-00258-00, para que se
declarara la nulidad de la elección del señor Alexander López Maya como senador
de la República para el periodo 2022 - 2026, por doble militancia en la modalidad de
apoyo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07252-00
Accionante: María del Carmen Londoño Sanna

2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió, por competencia, a la
Sección Quinta del Consejo de Estado, autoridad judicial que mediante auto de 7
de diciembre de 2022 admitió la demanda y, posteriormente dictó sentencia de
única instancia el 9 de noviembre de 2023, a través de la cual anuló la elección
del señor Alexander López Maya como senador de la República.

2.3. Laparte actora resaltó que la accionada omitió su deber legal de proferir la
decisión dentro del término perentorio de seis (6) meses, contados desde el
momento de la admisión de la demanda, y que por tanto una vez venció ese término
la Corporación perdió competencia para emitir una decisión.

2.4. Del mismo modo señaló que es nulo todo lo actuado a partir del día siguiente en
que se vencieron los 6 meses para fallar el asunto, toda vez que la autoridad judicial
accionada desconoció lo dispuesto en los artículos 1º, 4º, 6º, 29, 40, 121, 228, 230,
237.5 y 264 -este último modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 1 de 2003-
de la Constitución Política.

2.5. Por último, enfatizó en que la carga por la omisión del Estado, al proferir una
decisión “extemporánea”, no puede ser asumida por las personas que en ejercicio
de su derecho constitucional a elegir votaron por el señor Alexander López Maya
para senador de la República.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1- A PREVENCIÓN, como medida provisional se sirva ordenar a la parte
accionada dejar sin efectos la extemporánea decisión de nulidad electoral del
senador Alexander López Maya Adoptada por la vía de hecho en noviembre
09 de 2023, hasta tanto no se dicte sentencia.
2- Se ordene a la parte accionada dejar sin efectos la inconstitucional e ilegal
decisión de nulidad electoral de única instancia de la elección del senador
Alexander López Maya para el periodo Constitucional 2022-2026.
3- Se vincule como litis consorcio necesario al senador Alexander López
Maya conocido de Autos cuyos datos para notificación reposan en el
expediente radicado bajo la partida número 11001-03-28-00-2022-00258-00
que conoció la sección quinta del Consejo de Estado, por lo cual no se hace
necesario aportar la dirección de notificación del prenombrado litis consorcio
en virtud de lo establecido por el artículo 61 del Código General del
Proceso y el ordinal 4 del Artículo 9 del C.P.C.A […]”. [Negrilla y mayúscula
original del texto]

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07252-00
Accionante: María del Carmen Londoño Sanna

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 5 de diciembre de 20231, la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dispuso: (i) admitir la acción de tutela; (ii) negar
la medida provisional solicitada; (iii) vincular al señor Alexander López Maya; (iv)
oficiar a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que remitiera “[…] los
documentos pertinentes relacionados con el proceso de nulidad electoral […]”; y
(v) remitir a este Despacho “[…] la presente acción constitucional, para que se
estudie la posible acumulación del presente asunto a la tutela con radicado
11001-03-15-000-2023-07046-00 […]”. [Negrilla original del texto]

5. En auto de 23 de enero de 20242, la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dispuso lo siguiente: “[…] el Despacho observa que no se ha
ejecutado la orden impartida mediante auto del cinco (5) de diciembre de 2023 3;
en consecuencia, por Secretaría, se dispone dar cumplimiento a lo dispuesto en la
referida providencia, en lo relativo a remitir la presente acción constitucional para
que se estudie la posible acumulación del asunto a la tutela con radicado número
11001-03-15-000-2023-07046-00 […]”.

6. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 21 de marzo de
20244, rechazó de plano la recusación presentada por la accionante María del
Carmen Londoño Sanna en este proceso.

7. Posteriormente, y a través de auto de 29 de abril de 2024, el Despacho
sustanciador dispuso: i) negar la acumulación de la acción de tutela de la
referencia al proceso núm. 11001-03-15-000-2023-07046-00; ii) avocar
conocimiento en el presente asunto; y iii) vincular en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso al Consejo Nacional Electoral y al señor
Fredy Mauricio Garzón Ramírez.

V. INTERVENCIONES

8. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los diferentes
vinculados, se allegó el siguiente informe:

8.1. El Consejo Nacional Electoral, a través de apoderada judicial, afirmó que esa
entidad no es responsable de la presunta amenaza de los derechos
fundamentales de la parte accionante, toda vez que esta se presentó en virtud del
proceso de nulidad electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00258-00
que cursó en la Sección Quinta del Consejo de Estado.

1
Índice 4 del expediente.
2
Índice 21 del expediente.
3
Visible a índice 4 SAMAI
4
Índice 41 del expediente.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07252-00
Accionante: María del Carmen Londoño Sanna

8.2. En ese sentido, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, en razón a que no es la competente para satisfacer las pretensiones de la
accionante.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20156, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20217, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20198.

VI.2. Cuestión previa

10. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Consejo Nacional Electoral.

11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20069, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto]

5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
6
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
7
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Accionante: María del Carmen Londoño Sanna

12. En este contexto, la Sala considera que al Consejo Nacional Electoral sí le
asiste la legitimación en la causa por pasiva en esta oportunidad porque intervino
dentro del proceso de nulidad electoral con número único de radicación 11001-03-
28-000-2022-00258-00, que es objeto de la presente tutela, razón por la cual se
denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá analizar:

b) Si la providencia de 9 de noviembre de 2023, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, dentro de proceso de nulidad electoral con
radicado número 11001-03-28-000-2022-00258-00, vulneró los derechos
fundamentales invocados por la accionante, por haberse expedido de
manera extemporánea.

14. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de
julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Accionante: María del Carmen Londoño Sanna

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en
dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Accionante: María del Carmen Londoño Sanna

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

22. La señora María del Carmen Londoño Sanna solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y a elegir y ser elegido, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 9
de noviembre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de nulidad electoral núm. 11001-03-28-000-2022-
00258-00.

23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de legitimación en la causa por activa.

VI.5.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso objeto de
estudio

24. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares
encargados de la prestación de un servicio público.

25. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.

26. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i)
cuando la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es
promovida por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de
amparo es interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa

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en calidad de agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del
agenciado de actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida
por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales.

27. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:

“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la
vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente […]”14. [Negrilla fuera del texto]

28. Enla presente oportunidad, la señora María del Carmen Londoño Sanna,
actuando a través de apoderado judicial, interpuso este mecanismo de amparo
contra la decisión de 9 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral núm. 11001-03-28-
000-2022-00258-00.

29. Como fundamento de la solicitud se aduce que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo, porque al proferir la sentencia tutelada
desconoció lo dispuesto en los artículos 1º, 4º, 6º, 29, 40, 121, 228, 230, 237.5 y
264 -este último modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 1 de 2003- de la
Constitución Política.

30. Respecto del fallo de 9 de noviembre de 2023 se destaca que esa providencia
resolvió la demanda por doble militancia en la modalidad de apoyo cometida por
el señor Alexander López Maya, en su calidad de senador de la República para el
periodo 2022-2026. En la cual se señaló:

“[…] El ciudadano Fredy Mauricio Garzón Ramírez instauró demanda en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de
2011, tendiente a obtener la nulidad del formulario E-26 SEN y de la
Resolución 3332 del 19 de julio de 2022 del Consejo Nacional Electoral en lo

14
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo

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Accionante: María del Carmen Londoño Sanna

que tiene que ver con el acto de elección del señor Alexander López Maya
como senador de la República para el período 2022-2026.
[…]

Entonces, se insiste, el hecho de que la Coordinación Territorial Santander
del Polo Democrático Alternativo haya manifestado su apoyo al candidato del
Partido Alianza Verde Jorge Édgar Flórez Herrera para la Cámara de
Representantes por ese departamento para el período constitucional 2022-
2026 no tuvo efecto alguno en los términos del acuerdo de coalición Pacto
Histórico, suscrito por ese partido político y, por ende, no exoneraba a sus
miembros de cumplirlo a cabalidad, máxime si se tiene en cuenta que la
solicitud de revocatoria de la inscripción de la señora Mary Anne Andrea
Perdomo Gutiérrez fue negada por el Consejo Nacional Electoral, por lo que
ella era la única candidata de la coalición para esa corporación por la referida
circunscripción territorial.

Así las cosas, el desconocimiento o acatamiento del comunicado de la
precitada coordinación territorial sólo tendría efectos disciplinarios al interior
de ese partido conforme con lo dispuesto por los estatutos invocados por el
demandado dentro de este asunto, pero ningún efecto en el acuerdo de
coalición tantas veces mencionado.

En ese orden de ideas, acreditado el desconocimiento de la prohibición de
doble militancia en la modalidad de apoyo por parte del señor Alexander
López Maya y al constituir aquella una casual de nulidad electoral a voces de
lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo hay mérito suficiente para
acceder a las pretensiones de la demanda.
[…]

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto que declaró la elección del señor
Alexander López Maya como senador de la República para el periodo 2022-
2026, contenido en el formulario E-26 SEN y la Resolución E-3332 de 19 de
julio de 2022 del Consejo Nacional Electoral […]”. [Negrilla y mayúscula
original del texto]

31. La transcripción anterior permite evidenciar que a la señora María del Carmen
Londoño Sanna, en relación con la citada decisión, no le asiste interés jurídico
legítimo para controvertir esa providencia, debido a que mediante esta se resolvió la
nulidad de la elección del señor Alexander López Maya como senador de la
República para el periodo 2022-2026; por lo cual se concluye que dicho proveído no
afectó, ni directa ni indirectamente, la situación jurídica de la accionante.

32. Además, la accionante no hizo parte del referido proceso judicial. Al respecto,
esta Sección en la sentencia de 3 de junio de 202215 señaló lo siguiente:

“[…] En este contexto, cabe resaltar que el hecho consistente en que el actor
haya ejercido su derecho al voto en las elecciones regionales y locales llevadas

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2022,
expediente número 11001-03-15-000-2021-01378-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Accionante: María del Carmen Londoño Sanna

a cabo el 27 de octubre de 2019, no significa que se encuentra legitimado para
controvertir la decisión judicial que se profirió dentro de un proceso de
naturaleza electoral en el que no intervenino, [sic] pues para ello resultaba
indispensable que hubiese sido parte dentro del proceso respecto del cual ahora
alega la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

30. Valga destacar que en este mismo sentido y de manera pacífica se ha
pronunciado esta Sección, entre otras, en la providencia -sentencia- de 4 de
agosto de 2016, en la que se sostuvo lo siguiente:

[…] no puede el accionante alegar que se encuentra legitimado para
promover la presente acción de tutela, con fundamento en la vulneración de
su derecho a elegir y ser elegido, materializado en el voto otorgado a la
señora Oneida Rayeth Pinto, toda vez que, en su criterio, el hecho de hacer
parte del censo electoral que dio lugar a la elección, lo acredita como
interesado.

Para la Sala, tal argumento no es de recibo, por cuanto, la participación en el
censo electoral no legitima al elector para promover la acción de tutela contra
la providencia judicial que anule la elección, si no se hizo parte del
respectivo proceso electoral.16 […]”. [Negrilla y subrayado original del texto]

33. En consecuencia, se declarará improcedente esta acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa de la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal presentada por el
Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR este fallo por el medio más expedito, en los términos de
los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de agosto de 2016,
expediente número 11001-03-15-000-2016-01865-00, C.P. María Elizabeth García González.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07252-00
Accionante: María del Carmen Londoño Sanna

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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