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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07046-00

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07046-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal elevada por el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-07046-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

29 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: ALEXANDER LÓPEZ MAYA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se declara improcedente el amparo porque no cumple
con el requisito general de procedencia de subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Alexander López Maya
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elciudadano Alexander López Maya solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
defensa y contradicción y, a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la
sentencia de 9 de noviembre de 2023, proferida por la Consejo de Estado –
Sección Quinta dentro del medio de control de nulidad electoral con número único
de radicación 11001-03-28-000-2022-00258-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Manifestó
que el ciudadano Freddy Mauricio Garzón Ramírez promovió el
proceso de nulidad electoral núm. 11001-03-28-000-2022-00258-00 en su contra,
para que se declarara la nulidad su elección como senador de la República para el
periodo 2022 - 2026, por doble militancia en la modalidad de apoyo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: Alexander López Maya

2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió, por competencia, a la
Sección Quinta del Consejo de Estado, autoridad judicial que mediante auto de 7 de
diciembre de 2022 admitió la demanda.

2.3. Señaló que el “[…] 09 de noviembre de 2023, siendo las 18:00 horas a través de
medios de comunicación como El Tiempo1, El Espectador2, Red + Noticias3, El
País4, entre otros, se anuncia que el Consejo de Estado anula la elección de
Alexander López Maya como senador de la República, citando incluso apartes
textuales del proyecto de fallo de la sección quinta […]”.

2.4. Puntualizó que con ello era evidente que los medios de comunicación conocieron
el fallo y el sentido de éste antes que fuese notificado de la decisión de fondo que
resolvió la nulidad de su elección, como senador de la República.

2.5. Agregó que, lo anterior se corrobora porque siendo las 5:02 p.m. de ese mismo
día, consultó el proceso referenciado en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI y encontró el siguiente aviso: “Solo se visualizará cuando todas las firmas
estén realizadas”. Luego a las 6:34 p.m. consultó nuevamente el sistema y encontró
que el “documento [había sido] firmado electrónicamente”.

2.6. Refirió que solo hasta el día siguiente, esto es el día 10 del mismo mes y año, fue
notificado a su correo electrónico de la decisión de la Sección Quinta del Consejo de
Estado; comunicación que también fue enviada al Senado de la República sin que
se hubiese cumplido el término de la ejecutoria de la decisión y sin que ese
organismo hiciera parte de proceso.

2.7. Expuso que la actuación del Consejo de Estado, por la indebida notificación y
filtración a los medios de comunicación, le causó un perjuicio y vulneración a sus
derechos fundamentales, porque generó un prejuzgamiento por parte de la opinión
pública; lo cual se hizo evidente con varias notas periodísticas.

2.8. Aseveró que la decisión judicial aludida incurrió en un “[…] defecto procedimental
absoluto ante la pretermisión en el trámite de la notificación de la sentencia con
radicado No. 11001-03-28-000-2022-00258-00 […]”.

1
El Tiempo (2023). Consejo de Estado anula elección del senador Alexander López Maya,
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/consejo-de-estado-anula-eleccion-del-senador-alexander-lopez-maya-824621
2
El Espectador. (2023). Consejo de Estado anula elección del congresista Alexander López Maya
“https://www.elespectador.com/judicial/consejo-de-estado-anula-eleccion-del-congresistas-alxander-lopez-maya/
3
Red + Noticias. (2023). Consejo de Estado tumba curul del senador Alexander López Maya, aliado del presidente
Petro.https://redmas.com.co/politica/Consejo-de-Estado-tumba-curul-del-senador-Alexander-Lopez-aliado-del-presidente-
Petro-20231109-0048.html
4
El País. (2023) “Lo último: Consejo de Estado anuló la elección del senador Alexander López”
https://www.elpais.com.co/politica/lo-ultimo-consejo-de-estado-anulo-la-eleccion-de-alexander-lopez-0904.html

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: Alexander López Maya

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] TUTELAR el derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política de 1991, y en consecuencia declarar la existencia de
una vulneración del derecho al debido proceso materializada en la filtración
de la sentencia con radicado No. 11001-03-28-000-2022-00258-00 y en la
notificación al Senado de la República sin que estuviese ejecutoriada la
Sentencia y ii) Declárese un defecto procedimental absoluto ante la
pretermisión en el trámite de la notificación de la sentencia con radicado No.
11001-03-28-000-2022-00258-00 con base a la vulneración al debido proceso
[…]”. (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 28 de noviembre de 2023, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con
interés en el resultado del proceso “[…] al Consejo Nacional Electoral, al
Congreso de la República - Senado de la República y al señor Fredy Mauricio
Garzón Ramírez […]”.

5. El accionante, mediante los escritos contenidos en los índices números 12, 13,
14, 15, 17 y 23 del expediente digital, presentó recusación contra el Consejero de
Estado a cargo de la sustanciación del presente proceso.

6. Mediante auto de 1.° de febrero de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado rechazó de plano la recusación formulada y dispuso devolver el
expediente al Despacho a cargo de la sustanciación.

V. INTERVENCIONES

7. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los diferentes
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

7.1. El Consejo Nacional Electoral, a través de apoderada judicial, afirmó que esa
entidad no era responsable de la presunta amenaza de los derechos
fundamentales de la parte accionante, toda vez que esta se presentó en virtud del
proceso de nulidad electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00258-00
que cursó en la Sección Quinta del Consejo de Estado.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: Alexander López Maya

7.2. En ese sentido, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, en razón a que no era la autoridad competente para satisfacer las
pretensiones del accionante.

7.3. El Consejo de Estado – Sección Quinta, a través del magistrado ponente de
la decisión objeto de la presente tutela, informó que la sentencia de 9 de
noviembre de 2023 se profirió en derecho, con observancia de las garantías
procesales, de la legislación y la jurisprudencia vigente sobre el asunto.

7.4. Explicóque con el fin de garantizar los principios de imparcialidad,
transparencia, acceso a la información y participación ciudadanía, en la página
web de la Corporación5 se publican los avisos de cada una de las Secciones que
integran esta Corporación; lo cual no quiere decir que la ciudadanía o los medios
de comunicación tengan acceso a los proyectos sin discutir o que no hayan sido
aprobados por los magistrados que integran cada Sala de Decisión.

7.5. Agregó que una vez aprobada la decisión, se hace el respectivo registro en la
sede electrónica SAMAI, en la que se incluye un resumen de la providencia, pero
esta no queda a disponibilidad de la ciudadanía sino hasta que es suscrita por
todos los miembros de la Sala.

7.6. Con base en lo anterior, concluyó que no era cierto que hubiese existido una
indebida notificación de la sentencia de 9 de noviembre de 2023, sino que las
noticias presentadas por los medios de comunicación se basaron en el informe
que se le dio a todo el público sobre la decisión tomada frente a la nulidad de la
elección del señor Alexander López Maya.

Congreso de la República – Senado de la República, por medio del
7.7. El
secretario general de esa corporación, solicitó que “[…] se sea cuidadoso en el
trámite de los procesos que involucran […]” a los miembros de dicha Corporación.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333

5
https://servicios.consejodeestado.gov.co/testmaster/ordendeldia_new.php
6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: Alexander López Maya

de 6 de abril de 20218, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20199.

VI.2. Cuestión previa

9. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Consejo Nacional Electoral.

10. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200610, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]” (Negrilla fuera del texto)

11. En este contexto, la Sala considera que al Consejo Nacional Electoral sí le
asiste la legitimación en la causa por pasiva en esta oportunidad porque intervino
dentro del proceso de nulidad electoral con número único de radicación 11001-03-
28-000-2022-00258-00, que es objeto de la presente acción de tutela, razón por la
cual se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

8
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
10
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: Alexander López Maya

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá analizar:

b) Si con ocasión a la notificación de la providencia de 9 de noviembre de
2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro de
proceso de nulidad electoral con radicado número 11001-03-28-000-2022-
00258-00, se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el
accionante, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto
procedimental absoluto,

13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con el defecto alegado,
siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de
julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.

7

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Accionante: Alexander López Maya

2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en
dichos parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

21. Elciudadano Alexander López Maya solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
defensa y contradicción y, a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la
sentencia de 9 de noviembre de 2023, proferida por la Consejo de Estado –
Sección Quinta dentro del medio de control de nulidad electoral con número único
de radicación 11001-03-28-000-2022-00258-00.

13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: Alexander López Maya

22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el requisito de
subsidiariedad.

VI.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad

23. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

24. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

(…)

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
[Negrilla original del texto]

25. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza15), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

26. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción

15
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: Alexander López Maya

constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”16.

27. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”17.

28. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991
señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que
cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de
tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario,
bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando
con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

29. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

30. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la controversia en esta
oportunidad consiste en verificar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante con ocasión de la indebida notificación de la
sentencia de 9 de noviembre de 2023 por su remisión al Senado de la República y
su presunta filtración a los medios de comunicación. Al respecto se indicó en el
escrito de tutela:

16
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge
Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: Alexander López Maya

“[…] [E]s la Sección Quinta del Consejo de Estado, quien tienen el deber de
garantizar el debido proceso evitando notificar a otros sujetos que no hacen
parte del proceso antes de la ejecutoria de la decisión. Con lo anterior, se
puede afirmar que existe una flagrante vulneración al debido proceso por
parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al notificar al Senado de la
República la perdida de investidura sin que esté ejecutoriado el fallo como se
evidencia en el correo referido en el punto 9 de los presentes hechos. Por
tanto, se evidencia que en la presente actuación se prejuzgó violando
las normas procesales y la ejecutoria del fallo, violentando así el
derecho a la igualdad y el derecho a la defensa.

Al respecto es pertinente recordar lo dispuesto por la Corte Constitucional en
Sentencia T-181 de 2019, en la cual dispuso lo siguiente: “La indebida
notificación viola el debido proceso y, cuando es consecuencia de la
conducta omisiva de la autoridad, es un defecto procedimental absoluto
porque: (i) concurre cuando el juez actúa inobservando el procedimiento
establecido en la ley; (ii) se entiende como un defecto de naturaleza
calificada que requiere para su configuración que el operador jurídico haya
desatendido el procedimiento establecido por la norma; y, además, (iii) implica
una evidente vulneración al debido proceso del accionante”

En el caso sub examine es evidente que, la filtración del proyecto de fallo a
los medios de comunicación el día 9 de noviembre de 2023 y la notificación al
Senado de la República de la decisión sin que ésta cumpliera el término de su
ejecutoria, constituye una indebida notificación con ocasión a que la Sección
Quinta del Consejo de Estado actuó inobservando el procedimiento
establecido por la ley al desatender el procedimiento establecido por la
norma.

De igual forma, la filtración a los medios de comunicación de la Sentencia
antes de la notificación personal por vía electrónica a los sujetos procesales,
me generó un estado de indefensión respecto de los medios de
comunicación, la cual, según la Corte Constitucional “se puede presentar en
la relación que existe entre el medio de comunicación y la persona
involucrada en la noticia que este divulga. Ello, en razón a que la actividad
informativa que desempeñan este tipo de organizaciones, además de tener
un gran alcance, en tanto llevan su mensaje a diversos sectores de la
sociedad, también tiene el poder de impacto social, comoquiera que puede
influir o generar determinada opinión en el conglomerado. La Corte ha
reconocido que esta situación de indefensión no requiere ser probada,
precisamente, en razón al poder de divulgación que ostentan los medios de
comunicación.”18

Al respecto, la notificación indebida de la decisión y la filtración a los medios
de comunicación, generó un prejuzgamiento por parte de la opinión pública
que vulnera mis derechos al debido proceso y a la defensa como sujeto
procesal lo cual se puede evidenciar en la siguiente afirmación de un medio
de comunicación: “Alexander López Maya participa este martes en la agenda
del Congreso, pese a que el Consejo de Estado le tumbó su curul desde el
pasado jueves (9 de noviembre) al considerar que el exsenador del Pacto
Histórico incurrió en doble militancia.”19

18
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-200 de 2018., MP: Alejandro Linares Cantillo
19
Revista Semana., “Alexander López Maya sigue en el Senado pese a que el Consejo de Estado tumbó su curul”
https://www.semana.com/confidenciales/articulo/alexander-lopez-maya-sigue-en-el-senado-pese-a-que-el-consejo-de-
estadotumbo-su-curul/202328/

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: Alexander López Maya

(…)

Es decir, para el caso objeto de análisis y motivo de recusación, de
conformidad con el reporte del aplicativo SAMAI, se tiene que a las 6:34 pm
del 9 de noviembre de 2023, se encontraba en firma, siendo consecuente que
el paso a seguir era notificar a las partes, con lo cual y en cumplimiento de la
ley, solo hasta que se notificase a los sujetos procesales se podía dar a
conocer por ellos a la opinión pública el sentido del fallo, sin embargo,
encuentro que la decisión se filtró, generando una violación directa al debido
proceso y a la normatividad al respecto que por carácter sustancial de la
misma era de obligatorio cumplimiento al ser las normas procesales de
obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes.
(…)

En este orden de ideas no se observa que en las reglas de notificación se
encuentre habilitada a la Sección Quinta del Consejo de Estado para: (i) filtrar
la Sentencia objeto del particular a los medios de comunicación o (ii) notificar
o comunicar la decisión al Senado de la República antes de que se cumpla la
ejecutoria de la providencia. Por lo cual, se prueba un defecto procedimental
absoluto ante la pretermisión en el trámite de la notificación de la sentencia
con radicado No. 11001-03-28-000-2022-00258-00 […]”. (Negrilla original del
texto, cursiva original del texto y subrayado fuera del texto)

31. Asimismo, en las peticiones de amparo se solicitó que se declare la
configuración de “[…] un defecto procedimental absoluto ante la pretermisión en el
trámite de la notificación de la sentencia […]”.

32. En atención a lo anotado, para la Sala la presente controversia gira en torno a
la vulneración de los derechos del accionante, los cuales estimó vulnerados por la
presunta indebida notificación de la sentencia dictada en el proceso de nulidad
electoral núm. 11001-03-28-000-2022-00258-00.

33. De conformidad con lo indicado previamente, la acción de tutela tiene un
carácter subsidiario, excepcional y residual, por lo que tal mecanismo de
protección de derechos fundamentales no puede reemplazar a los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador. Este carácter
excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991,
que expresamente prescribe: “[…] la acción de tutela no procederá: 1. Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”.

34. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos que fundamentan
la presente acción de tutela son susceptibles de plantearse mediante incidente de
nulidad dentro del proceso judicial en el que se dictó la sentencia de 9 de
noviembre de 2023.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: Alexander López Maya

35. En efecto, el artículo 133 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201220, aplicable en
virtud del artículo 208 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, dispone en el
numeral 8° lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo
o en parte, solamente en los siguientes casos:

(…)

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de
la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás
personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o
de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público
o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de
pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será
nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se
haya saneado en la forma establecida en este código […]”.

36. En ese orden de ideas, y conforme a la norma citada, la Sala considera que el
señor Alexander López Maya en el marco del proceso de nulidad electoral, y a
través del incidente de nulidad, debe plantear las presuntas irregularidades en la
notificación de la sentencia de 9 de noviembre de 2023, para que sea la autoridad
judicial accionada la que defina si existió una vulneración del derecho al debido
proceso del accionante, con ocasión de una presunta indebida notificación.

37. En este punto, vale la pena anotar que no se encuentra acreditada la
configuración de un perjuicio irremediable en el asunto objeto de análisis, evento
en el cual procedería la acción de tutela como mecanismo transitorio.

38. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de subsidiariedad,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

20
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07046-00
Accionante: Alexander López Maya

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal elevada por el
Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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