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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01480-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01480-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Beatriz Rendón contra el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-01480-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA MINÍMA / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE – Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 / PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES – Ley 71 de 1988 reglamentada por el Decreto 2709 de 1994 no se desconoció / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - No es un aspecto sujeto al régimen de transición / FACTORES DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Aquellos objeto de cotización / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a parte actora no cumplió con la carga argumentativa que le correspondía para sustentar la presunta ocurrencia del defecto fáctico, ya que (i) no identificó los elementos de prueba que, en su concepto, no fueron valorados por el juez, (ii) no demostró que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso, (iii) no señaló las razones por las cuales eran relevantes para la decisión y (iv) no precisó razonadamente la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo. En tales condiciones, no es posible analizar la posible configuración del referido defecto, lo cual se justifica en el hecho de que al juez constitucional le está vedado realizar un estudio oficioso de una providencia judicial, pues podría desconocer principios como el de cosa juzgada, autonomía judicial y seguridad jurídica, razón por la cual dicho reparo no tiene vocación de prosperidad y por lo tanto será denegado. Así las cosas, esta Colegiatura pasará al estudio del defecto sustantivo de cara a los argumentos que sobre el mismo presentó la tutelante en su escrito introductorio. (…) encuentra la Sala que, efectivamente, el Tribunal Administrativo de Caldas aclaró que, en un primer momento, el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 fue expresamente derogado por el artículo 24 del Decreto Nacional 1474 de 1997, pero, luego fue declarado vigente por el Consejo de Estado mediante sentencia del 22 de septiembre de 2010, luego entonces, la tesis que imperó por parte de la Sección Segunda de esta Corporación, con posterioridad a dicho fallo fue la de considerar que la regla jurídica para determinar el IBL de las personas beneficiarias del régimen de transición y que tenían derecho a la pensión de jubilación por aportes era la establecida en el referido artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, esto es, que se debía liquidar con el 75% del salario promedio que había servido de base para los aportes durante el último año de servicios. (…) No obstante, hizo hincapié en que, dicha postura fue recogida, ajustada e interpretada armónicamente, en torno a lo dispuesto en la referida sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 , mediante la cual la Sala Plena de la Corporación concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas que se benefician de éste, y que el artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el ingreso base de liquidación previsto en el mismo artículo 36, inciso 3° y 21 de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, de la lectura de las consideraciones expuestas por el tribunal acusado y la normativa aplicable al derecho prestacional de la peticionaria resulta claro que no se configuró el defecto alegado, toda vez que el régimen pensional de la señora [B.R.] corresponde al anteriormente descrito, frente a la cual, la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo de Caldas, a efectos de confirmar la negativa de la pretensión de reliquidación de la pensión, no deviene irrazonable, arbitraria o caprichosa, en la medida en que se refirió a la norma sobre la cual se soporta el defecto sustantivo -Decreto 2709 de 1994- y atiende a la jurisprudencia que gobierna la materia, la que finalmente limita la inclusión de factores para determinar el salario base de liquidación, en aquellos sobre los cuales se fundamentaron los aportes al sistema, y no otros.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / DECRETO 2709 DE 1994 - ARTIÍCULO 6 /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01480-00(AC)

Actor: BEATRIZ RENDÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Temas: Tutela contra providencia judicial – Reliquidación pensión – IBL- defectos fáctico y sustantivo.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Beatriz Rendón contra el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

Solicitud

La señora Beatriz Rendón, por conducto de apoderado judicial, mediante mensaje de datos dirigido al buzón electrónico de “Recepción de tutelas y hábeas corpus en línea de la Rama Judicial”, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al “debido proceso, defensa y contradicción, y de acceso a la administración de justicia”.

Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por la referida autoridad judicial que, en providencia de 19 de marzo de 2021, confirmó el fallo del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales proferido el 11 de junio de 2020, por el cual accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, y que se identificó con el No. 17001-33-33-003-2017-00054-00.

Hechos

De la tutela se extraen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Narró la actora que laboró como empleada pública por un periodo superior a los 20 años en la Universidad de Caldas y, en el sector privado con la Asociación Nacional de Enfermería “ANEC”, por un lapso de 8 meses y 14 días.

Adujo que, con base en los anteriores tiempos cotizados, mediante Resolución No. 778 del 1º de marzo 2011 el Instituto de Seguros Sociales -ISS le reconoció una pensión de jubilación, sin embargo dejó en suspenso el pago hasta que se acreditara el retiro definitivo del servicio.

Afirmó que el 29 de marzo de 2011, presentó recurso de apelación contra el acto de reconocimiento pensional, por encontrarse en desacuerdo con el cálculo de su ingreso base de liquidación -IBL, ya que, a su juicio, debió tomarse lo devengado durante el último año de servicios.

Mediante la Resolución No. 189 del 7 de marzo de 2012 Colpensiones negó la anterior solicitud, por considerar que el IBL debía computarse de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir con el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años de servicio.

Posteriormente, le fue aceptada su renuncia a la Universidad de Caldas, con efectos a partir del 1º de noviembre de 2014, entonces, a través de la Resolución GNR 14233 del 22 de enero de 2015 se dispuso su inclusión en la nómina de pensionados.

El 11 de febrero de 2015, la demandante presentó recurso de apelación contra este último acto administrativo, en el cual insisitió en el reajuste del IBL. No obstante, le fue resuelto, nuevamente de manera desfavorable, por medio de la Resolución VPB 48175 del 10 de junio del 2015, bajo los mismos argumentos expuestos en la Resolución No. 189 del 7 de marzo de 2012.

Inconforme con las respuestas otorgadas en sede administrativa, adujo que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron el reajuste pensional, proceso que correspondió al Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, que en fallo de 11 de junio de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones en el sentido de reconocer la mesada 14, pero respecto de la reliquidación pensional, si bien, dejó en claro que el régimen aplicable a su caso lo es la Ley 71 de 1988, por comportar tiempos públicos y privados, negó el reajuste solicitado en virtud de las reglas fijadas para el cálculo del IBL en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, esto es, con el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años de servicio.

Manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, en el que solicitó nuevamente el reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión con inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios; alzada resuelta en providencia del 19 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia bajo la misma argumentación del a quo.

Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo, porque el tribunal accionado para resolver su asunto, pese a reconocer que su pensión se gobierna por las disposiciones de la Ley 71 de 1988, en tanto esta contempla la posibilidad de acumular aportes del sector público y privado, para efectos de la liquidación de la mesada pensional desconoció que la mencionada ley fue reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, que en el artículo 6° estableció el IBL de la pensión por aportes en los siguientes términos: “será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios”.

Adujo que la sentencia del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado no podía ser sustento para resolver su caso, ya que en dicha providencia se pautaron unas reglas de derecho aplicables al IBL de las pensiones reconocidas de conformidad con la Ley 33 de 1985 en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, mas no respecto de la Ley 71 de 1988.

Bajo el anterior hilo conductor concluyó que la decisión del tribunal accionado vulneró el principio de inescindibilidad normativa, comoquiera que para edad y tiempo reconoció que debe aplicarse la Ley 71 de 1988, sin embargo, para efectos de la liquidación se remitió a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

De otra parte, sustentó un defecto fáctico en los siguientes términos: “por no encontrarse prueba en el plenario para aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, conllevándolo a una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y su decisión - defecto material o sustantivo-, que la norma aplicable lo era el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y no el artículo 6° del Decreto 2709 de 1994, pese a que este decreto reglamenta la ley 71 de 1988 y además, es posterior a la Ley 100 de 1993, y no sólo por la temporalidad, sino también por el criterio de especialidad debió aplicarse dicho decreto, puesto que se encargó de regular específicamentey bajo la vigencia del sistema integral de seguridad social en pensiones (01 de abril de 1994) y posterior a su implementación, una norma especial como lo era la Ley 71 de 1988”.

Petición de amparo constitucional

La parte actora solicitó:

“PRIMERO: CONCEDER EL AMPARO TUTELAR en forma definitiva a la señora BEATRIZ RENDÓN, por no contar con otro medio de defensa judicial eficaz, eficiente y que evite un perjuicio irremediable en su calidad de demandante dentro del proceso radicado 11-001-33-33-003-2017-00054-00, el derecho constitucional fundamental al debido proceso, derecho de defensa, contradicción, acceso efectivo a la administración de justicia para que se dicte un fallo de fondo sobre el asunto y demás que se hallen vulnerados por el operador jurídico constitucional en el estudio del tema en particular, violados por LA SALA DE DECISIÓN DEL H. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALDAS, al haber incurrido en violación de la causal específica de procedibilidad, en este caso la denominada DEFECTO FÁCTICO Y DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO o la causal que encuentre vulnerada el Juez constitucional.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por LA SALA DE DECISIÓN DEL H. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALDAS el pasado 19 de marzo de 2021, y en su lugar declarar aún no fallado de fondo el asunto sometido a conocimiento de la instancia judicial en segundo grado hasta tanto no se aplique como en derecho corresponde la norma que regula el caso, que no es otra que el artículo 6° del Decreto 2709 de 1994.
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a LA SALA DE DECISIÓN DEL H. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALDAS, que en el término de cuarenta y ocho (48)horas o el término que considere prudente el Juez constitucional, proceda a proferir sentencia de reemplazo de aquella del 19 de marzo de 2021de segunda instancia, en la que se analice el fondo de la controversia, de cara a las normas vigentes a fin de no incurrir enNO APLICACIÓN DE LAS NORMAS VIGENTES DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.” (Sic para toda la cita)

Trámite de la acción

Mediante auto de 13 de abril de 2021, el Despacho ponente (i) admitió la solicitud de tutela, (ii) ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas, y (iii) vincular al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales [autoridad judicial que resolvió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en primera instancia], y a COLPENSIONES- [parte demandada dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho] como terceros interesados en las resultas del proceso.

Adicionalmente, se solicitó el expediente ordinario y se dispuso que, a través de la oficina de sistemas de la Corporación, se publicara en la página web del Consejo de Estado la información correspondiente a la acción de la referencia.

Efectuadas las notificaciones correspondientes, el Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de Manizales aclaró que, el enlace que aportaba del expediente digital No. 17001-33-33-003-2017-00054-00 contaba con la actuación de primera instancia, dado que el Tribunal Administrativo de Caldas no le había remitido la actuación de segunda instancia.

En vista de lo anterior, y por no contar con la providencia judicial de 19 de marzo de 2021 proferida por el aludido cuerpo colegiado, la cual es objeto de reproche, el despacho mediante proveído de 11 de junio de 2021 requirió al Tribunal Administrativo del Caldas para que allegara el informe requerido y remitiera la totalidad del expediente No. 17001-33-33-003-2017-00054-01.

Contestaciones

1.6.1. Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de Manizales

El juez que profirió la decisión de primera instancia en el proceso iniciado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante correo electrónico de 21 de mayo de 2021, solicitó la desvinculación de la presente acción, por cuanto en las actuaciones adelantadas por dicho despacho no se vulneraron los derechos fundamentales de la demandante e indicó que la sentencia que dictó fue apelada y el Tribunal Administrativo de Caldas la confirmó por considerarla ajustada a la ley y jurisprudencia aplicables al caso concreto.

1.6.2. Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

Mediante escrito enviado por correo eléctronico el 25 de mayo de 2021, la directora de Acciones Constitucionales de la entidad rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

Explicó que lo pretendido por la parte actora es sustituir una decisión judicial ejecutoriada y proferida por el juez natural de la causa, autoridad que con base en la normatividad aplicable y la jurisprudencia del Consejo de Estado negó de manera acertada las pretensiones de la demanda.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Caldas se pronunció sobre el litigio con base en un estudio profundo del caso y dicha decisión hizo tránsito a cosa juzgada, y que la decisión atacada fue acertada en lo relacionado con tener en cuenta los factores realmente aportados al sistema y certificados, por lo que no existe violación a los derechos fundamentales invocados.

Citó apartes de varias sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, entre ellas, la providencia del 28 de agosto de 2018, para concluir que el ingreso base de liquidación no es un aspecto sujeto al régimen de transición.

Aclaró que la tutela interpuesta es improcedente porque este mecanismo judicial no puede ser utilizado con fines exclusivamente económicos, no incurrió en el defecto alegado y porque la acción de tutela no constituye una tercera instancia del proceso judicial ordinario.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Caldas

Mediante correo de 22 de junio de 2021, allegó la sentencia de 19 de marzo de 2021. Sin embargo, frente al escrito de tutela no realizó ningún tipo de pronunciamiento.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la señora Beatriz Rendón contra el Tribunal Administrativo de Caldas, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2 Cuestión previa

El Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de Manizales solicitó su desvinculación bajo el argumento de que no vulneró ninguna garantía constitucional y que la decisión de su instancia fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Sin embargo, la Sala precisa que su vinculación se realizó en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso y no en condición de demandado, por lo que no hay lugar a acceder a su solicitud de desvinculación.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales deprecados por la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 19 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, frente a la cual alegó los defectos sustantivo y fáctico.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia y de encontrarse superados; (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, y de acceso a la administración de justicia.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados por la accionante, en tanto a su juicio, la autoridad judicial incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, por lo que se trata de un debate que trasciende un estudio de lo meramente legal.

2.5.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, pues la providencia judicial que se reprocha fue proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento identificado con el radicado 17001-33-33-003-2017-00054-01.

2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia censurada y que puso fin al proceso ordinario reprochado fue proferida el 19 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caldas, notificada el 25 de marzo siguiente, de manera que, sin que sea necesario determinar la fecha de ejecutoria, resulta ser un término que a juicio de la Sala resulta razonable, por cuanto el mecanismo constitucional fue interpuesto el 6 de abril de 2021, es decir, antes de transcurridos 6 meses.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.5.4. Frente a la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión les pudiera irrogar a sus derechos fundamentales. Esto teniendo en cuenta que contra la providencia proferida por el el Tribunal Administrativo de Caldas no procede ningún recurso, y que los cargos alegados por la parte actora no encuadran en las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión ni del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.

2.6. Caso concreto

En el sub lite, la parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo de Caldas al proferir la sentencia de 19 de marzo de 2021 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, y de acceso a la administración de justicia y soportó su dicho en la configuración de los defectos sustantivo y fáctico, cuyas generalidades se indican a continuación.

2.6.1. Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional, ha explicado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma.

c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

2.6.2. Ahora, esta Colegiatura, en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.

De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 2016, estos aspectos tienen características que se transcriben a continuación:

Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere:

Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que:

Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Se requiere entonces que:

La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.

Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.

Conforme el anterior cuadro, la Sección señaló:

“Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador”.

2.6.3 En primer lugar, advierte la Sala que, en atención al marco conceptual referido en precedencia y los antecedes señalados al comienzo de este fallo, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa que le correspondía para sustentar la presunta ocurrencia del defecto fáctico, ya que (i) no identificó los elementos de prueba que, en su concepto, no fueron valorados por el juez, (ii) no demostró que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso, (iii) no señaló las razones por las cuales eran relevantes para la decisión y (iv) no precisó razonadamente la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.

En tales condiciones, no es posible analizar la posible configuración del referido defecto, lo cual se justifica en el hecho de que al juez constitucional le está vedado realizar un estudio oficioso de una providencia judicial, pues podría desconocer principios como el de cosa juzgada, autonomía judicial y seguridad jurídica, razón por la cual dicho reparo no tiene vocación de prosperidad y por lo tanto será denegado.

2.6.4. Así las cosas, esta Colegiatura pasará al estudio del defecto sustantivo de cara a los argumentos que sobre el mismo presentó la tutelante en su escrito introductorio.

En el sub judice, adujo que se configuró porque el tribunal accionado pese a que, para efectos de la reliquidación pensional concluyó que se debía aplicar la Ley 71 de 1988 que en su artículo 7° contempla la posibilidad de acumular aportes del sector público y privado, desconoció que la mencionada ley fue reglamentada por el Decreto 2709 de 1994 que en el artículo 6° establece la base para la liquidación de esta clase de pensiones, razón por la cual no era dable remitirse a la Ley 100 de 1993 para calcular el IBL.

En primer lugar, la Sala destaca que, el régimen que regula la pensión de jubilación por aportes, está contenido en la Ley 71 de 1988 reglamentada por el Decreto 1709 de 1994, normatividad esta última que solicitó la parte actora se le aplicara y, la que en efecto la autoridad judicial acusada observó al momento de resolver el asunto, sin embargo, concluyó que no era dable comoquiera que la señora Beatriz Rendón estaba cobijada por los parámetros establecidos en la Ley 71 de 1988 en virtud de un régimen transcisión, lo cual no conlleva a la remisión de lo relacionado con el IBL.

Al punto, el tribunal accionado en la sentencia de 19 de marzo de 2021 aclaró que la demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de jubilación atendiendo los preceptos de la Ley 71 de 1988, en virtud de ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, por haber adquirido el estatus pensional en vigencia de esta última, se le debía reconocer la pensión de jubilación con el 75% del promedio de los factores salariales devengados durante los últimos 10 años de servicios y sobre los cuales cotizó para pensión.

En igual sentido, hizo hincapié en que, el reajuste como lo pretendía la accionante, esto es, con base en la totalidad de los factores salariales percibidos en el último año de servicios, “fue una posición recogida a través de la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018” y, para motivar su decisión, dedicó un acápite de la providencia acusada para explicar por qué a la pensión reconocida a la ahora tutelante, con base en las disposiciones de la Ley 71 de 1988, se le debía aplicar lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, lo que conducía a cómputarla con los factores salariales devengados durante los últimos 10 años de servicios sobre los cuales cotizó para pensión.

Valga traer a colación el siguiente aparte:

“2.2.4. Aplicación de la rectificación jurisprudencial, frente a la pensión por aportes.

En cuanto al salario base para liquidar las pensiones de jubilación por aportes, el artículo 6° del mencionado decreto [2709 de 1994], estableció:

“Artículo 6°. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente”. (Destaca la Sala)

Si bien el artículo antes mencionado fue expresamente derogado por el artículo 24 del Decreto Nacional 1474 de 1997, el mismo fue declarado vigente por el Consejo de Estado mediante Sentencia del 22 de septiembre de 2010.

En ese orden de ideas, la liquidación de la pensión conforme a la Ley 71 de 1988, debía hacerse en cuantía equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios o del status pensional. Sin embargo, en este punto, es necesario observar con ocasión de la expedición de la sentencia de Sala Plena de 28 de agosto de 2018, la Sección Segunda del Consejo de Estado interpretó armónicamente las reglas fijadas en dicha sentencia de unificación en relación con el IBL de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 y, en desarrollo de ello, expuso lo siguiente:

[...] resulta lógico que esta postura, relacionada con el IBL de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 sea recogida, ajustada e interpretada armónicamente en torno a lo dispuesto en la referida sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, mediante la cual la Sala Plena de la Corporación concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas que se benefician de éste, y que el artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el ingreso base o liquidación previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.

Conclusión: a efectos de determinar el IBL de las personas beneficiarias de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplica como régimen anterior la pensión por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988, se deben seguir la regla y subreglas previstas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corporación, es decir, que el IBL debe establecerse en los términos del inciso 3° del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 2709 de 1994 [...]. (Subrayado por fuera del texto original)

Visto lo anterior, a partir de la sentencia de Sala Plena de 28 de agosto de 2018, el ingreso base de liquidación para el reconocimiento de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 en aplicación del régimen de transición, debe seguir en su aplicación las reglas y subreglas establecidas en dicha providencia.

En ese orden de ideas, se pone de presente que los factores salariales que se deben incluir en el IBL son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado las cotizaciones al Sistema de Pensiones, por lo que no es dable incluir otros respecto de los que no se hayan realizado oportunamente estos aportes, lo que tiene su fundamento en el principio de solidaridad como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho y en el artículo 48 superior, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005”.

Así las cosas, encuentra la Sala que, efectivamente, el Tribunal Administrativo de Caldas aclaró que, en un primer momento, el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 fue expresamente derogado por el artículo 24 del Decreto Nacional 1474 de 1997, pero, luego fue declarado vigente por el Consejo de Estado mediante sentencia del 22 de septiembre de 2010, luego entonces, la tesis que imperó por parte de la Sección Segunda de esta Corporación, con posterioridad a dicho fallo fue la de considerar que la regla jurídica para determinar el IBL de las personas beneficiarias del régimen de transición y que tenían derecho a la pensión de jubilación por aportes era la establecida en el referido artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, esto es, que se debía liquidar con el 75% del salario promedio que había servido de base para los aportes durante el último año de servicios.

Lo anterior por cuanto resultaba ser el criterio acorde con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del 4 de agosto de 2010, que en relación con el periodo y el ingreso base de liquidación de las pensiones amparadas por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, había sentado la tesis de la liquidación de la pensión en el 75% de lo devengado por el trabajador en el último año de servicios.

No obstante, hizo hincapié en que, dicha postura fue recogida, ajustada e interpretada armónicamente, en torno a lo dispuesto en la referida sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, mediante la cual la Sala Plena de la Corporación concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas que se benefician de éste, y que el artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el ingreso base de liquidación previsto en el mismo artículo 36, inciso 3° y 21 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, de la lectura de las consideraciones expuestas por el tribunal acusado y la normativa aplicable al derecho prestacional de la peticionaria resulta claro que no se configuró el defecto alegado, toda vez que el régimen pensional de la señora Beatriz Rendón corresponde al anteriormente descrito, frente a la cual, la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo de Caldas, a efectos de confirmar la negativa de la pretensión de reliquidación de la pensión, no deviene irrazonable, arbitraria o caprichosa, en la medida en que se refirió a la norma sobre la cual se soporta el defecto sustantivo -Decreto 2709 de 1994- y atiende a la jurisprudencia que gobierna la materia, la que finalmente limita la inclusión de factores para determinar el salario base de liquidación, en aquellos sobre los cuales se fundamentaron los aportes al sistema, y no otros.

En resumen, la Sala encuentra que la nueva postura sobre el IBL frente a las pensiones por aportes responde a la interpretación y lectura que dio la Sala Plena al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al establecer que esta disposición normativa contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior, y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Esta nueva tesis jurisprudencial dictada en sentencia de unificación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se erige en una decisión que cuenta con alto grado de seguridad, certeza y fuerza vinculante, gracias a la función especial y específica que cumple de ordenar y clarificar el precedente aplicable, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2012.

Como consecuencia de ello, es claro que la autoridad judicial accionada aplicó en forma directa los preceptos normativos y jurisprudenciales que rigen el derecho pensional de la tutelante, sin que sobre el particular se evidencien elucubraciones adicionales que sean contraevidentes al régimen jurídico pertinente para resolver el problema jurídico sometido a su conocimiento.

2.7. Conclusión

En consecuencia, se advierte que, en el sub judice no se configuraron los defectos alegados por la parte tutelante, razón por la cual la Sala negará la tutela incoada por la señora Beatriz Rendón contra el Tribunal Administrativo de de Caldas.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Beatriz Rendón contra el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.

De los documentos aportados con la solicitud de tutela, se concluye que la accionante no cuenta con segundo apellido. Por ello, con el fin de identificarla plenamente, se precisa que su número de cédula de ciudadanía es 16.076.158.
Correo enviado el 6 de abril de 2021.
En el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda en lo referido a la mesada catorce y negar la reliquidación pensional con lo devengado el último año de servicios.

Expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
ibídem. Expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas. Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01. Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-03442-01. Expediente: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés. Sentencias de: 10 de diciembre de 2020, Radicación: 73001-23-33-000-2017-00257-01(3514-18), C.P. Gabriel Valbuena Hernández; 21 de febrero de 2019, Radicación: 25000-23-25-000-2012-00173-01 (1310-14), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Subsección B, de 28 de marzo de 2019. Radicación: 25000-23-42-000-2014-02923-01 (0950-17) C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Subsección A. de 9 de mayo de 2019. Radicación:

25000-23-42-000-2015- 03216-01 (2240-17) C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Subsección A, entre otras.

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