RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2019 › Radicado 25000-23-42-000-2014-02923-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02923-01

Pensión por aportes de beneficiario del régimen de transición

Fecha
28 de marzo de 2019
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02923-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A Revocar la sentencia del 26 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió a las súplicas de la demanda. En su lugar, se deniegan por las razones expuestas en la parte motiva. Reconocer al doctor José Alexander López Mesa como apoderado de la UGPP, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder obrante a folio 295. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-02923-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

28 de marzo de 2019

PENSIÓN POR APORTES DE BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN – Determinación

A efectos de determinar el IBL de las personas beneficiarias de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplica como régimen anterior la pensión por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988, se deben seguir la regla y subreglas previstas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de la Corporación, es decir, que el IBL debe establecerse en los términos del inciso 3.º del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994. (…). Así las cosas, como el demandante adquirió el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, esta Subsección concluye que tiene derecho a que su pensión de jubilación se liquide conforme a la primera de las subreglas señaladas por la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, tomando la tasa de reemplazo del 79.31% sobre un ingreso de liquidación IBL equivalente al «promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.».

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, C.P.: César Palomino Cortés. En cuanto a la pensión por aportes, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 25 de mayo de 2017, radicación: 4006-16, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 71 DE 1988 / DECRETO 2709 DE 1994 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 2709 DE 1994 – ARTÍCULO 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 10 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 270

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 25000-23-42-000-2014-02923-01(0950-17)

Actor: ALFONSO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 26 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Alfonso Gutiérrez Gutiérrez contra la UGPP.

Antecedentes

La demanda

Pretensiones

Alfonso Gutiérrez Gutiérrez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicita que se declare la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos: Resolución PAP 000171 del 6 de agosto de 2009, por la cual CAJANAL reconoce a su favor una pensión de jubilación por aportes; Resolución PAP 038293 del 14 de febrero de 2011 mediante la cual esta misma entidad le reliquidó dicha prestación; y Resolución RDP 011374 del 10 de octubre de 2012 por medio de la cual la UGPP le negó el reajuste de la pensión. Así mismo, pide que se declare la nulidad de la Resolución expedida por la UGPP RDP 021492 del 28 de diciembre de 2012 que resolvió el recurso de apelación formulado contra la referida Resolución 011374.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se ordene a la UGPP realizar la reliquidación de su pensión incluyendo todos los factores de salario devengados y pagados en el último año de servicios (entre 28 de enero de 2010 y 27 de enero de 2011), tales como asignación básica, auxilios de alimentación y de transporte, primas de riesgo, de vacaciones, de navidad y de servicios, bonificación, horas extras, compensatorios y bonificación por servicios prestados, a partir del 28 de enero de 2010.

De igual forma reclama las diferencias entre lo que se le ha venido pagando por concepto de pensión y lo que se ordene cancelar en la sentencia respectiva, ajustadas de conformidad con el IPC, y que se dé cumplimiento al fallo de conformidad con el artículo 192 del CPACA.

Hechos

El señor Alfonso Gutiérrez Gutiérrez nació el 1.° de mayo de 1948 y laboró al servicio del Estado por un periodo superior a los 20 años, comprendido entre el 2 de septiembre de 1988 y el 27 de enero de 2010, por lo que no cabe duda de que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

CAJANAL reconoció, mediante la Resolución PAP 000171 del 6 de agosto de 2009, una pensión de jubilación por aportes a su favor a partir del 1.° de mayo de 2008 y por haber cotizado 10.869 días, siempre y cuando demostrara retiro del servicio; como quiera que su desvinculación definitiva ocurrió el 28 de enero de 2010, la entidad de previsión le reliquidó la prestación por medio de la Resolución PAP 038293 del 24 de febrero de 2011, estableciendo una tasa pensional del 79.31%, efectiva a partir de la fecha de retiro.

Inconforme con la anterior decisión, elevó un derecho de petición el 18 de mayo de 2012 con el fin de que la pensión le fuera recalculada única y exclusivamente con el tiempo de servicio oficial y los factores devengados en el último año de servicios ocurrido entre el 28 de enero de 2009 y el 27 de enero de 2010, solicitud que fue denegada por Resolución RDP 011374 del 10 de octubre de 2012 y confirmada mediante la Resolución RDP 021492 del 28 de diciembre de 2012.

Reiteró que con su actuar, la entidad de previsión desconoció el principio mínimo de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, ya que su pensión debía calcularse con todos los factores de salario devengados en el último año de servicio oficial, beneficio establecido en el parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, que remite al Decreto 1848 de 1969 y al Decreto 1045 de 1978 para efectos de edad y factores de salario.

Normas violadas y concepto de la violación

Como disposiciones violadas se citaron los artículos 2.°, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 36 y 288 de la Ley 100 de 1993, las Leyes 57 y 153 de 1887, los Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978, las Leyes 33 y 62 de 1985 y los Decretos 1158 de 1994 y 2143 de 1995 reglamentarios de la Ley 100 de 1993.

Al desarrollar el concepto de violación, el actor alegó que la entidad de previsión al disponer que para la liquidación de su pensión era aplicable en pleno la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158 de 1994, efectúa claramente una incorrecta interpretación del artículo 36 de la referida ley, el cual ordena que para estas personas beneficiarias del régimen de transición se aplicará en su plenitud el régimen anterior, esto es, la edad para acceder al derecho pensional, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la prestación, aspecto este último sobre el cual la UGPP considera que hace relación únicamente con el porcentaje del 75%, y no a los demás aspectos (factores y forma de liquidar la pensión), interpretación ésta que resulta errónea, pues el concepto integral de «monto» corresponde a la suma del porcentaje, base liquidable y factores.

Adujo que con el fin de dar alcance a las normas referidas, debe tenerse en cuenta la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 21 de septiembre de 2000, expediente 470-99 en la que se concluye que la normatividad anterior se debe aplicar en su integridad y define el concepto de «monto», así como la sentencia del 4 de agosto de 2010, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado, de la que fácilmente se concluye que la pensión de quienes están en régimen de transición debe liquidarse con la totalidad de los factores salariales devengados y debidamente certificados en el último año de servicios, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse, si es del caso.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia proferida el 26 de mayo de 2016, declaró la nulidad parcial de las Resoluciones PAP 000171 del 6 de agosto de 2009 y PAP 038293 del 14 de febrero de 2011 por las cuales CAJANAL reconoció y liquidó la pensión del actor, y la nulidad de las Resoluciones RDP 011374 del 10 de octubre de 2012 y RDP 021492 del 28 de diciembre de 2012 mediante las cuales la UGPP negó la reliquidación de la prestación, y a título de restablecimiento del derecho, ordenó reajustar la pensión del señor Gutiérrez Gutiérrez en un 75% del salario promedio del último año, incluyendo además de la asignación básica, las horas extras y la bonificación por servicios prestados, los valores correspondientes a primas de vacaciones y de navidad, subsidios de alimentación y de transporte, compensatorio retroactivo, vacaciones en dinero, indemnización sentencia vacaciones(sic), primas de riesgo, de riesgo retroactiva y de servicios.

Esgrimió que el demandante a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 15 años de servicios y 44 años de edad por lo que su situación fáctica estaba amparada por la Ley 71 de 1988 como quiera que había acumulado tiempos públicos y tiempos privados.

Adujo que en el ordenamiento jurídico Colombiano está consagrado el principio de favorabilidad y conexo a éste el de inescindibilidad normativa, del cual se deriva que la norma que se adopte debe aplicarse en su integridad y prohíbe su desmembramiento dentro de una sana hermenéutica; que en el caso concreto del demandante, en su calidad de beneficiario del régimen de transición, se debe acudir a lo dispuesto para la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 y su decreto reglamentario 2709 de 1994 en materia de requisitos de edad, tiempo y monto de la pensión, y en cuanto a la cuantía de la prestación a lo señalado en los artículos 27 del Decreto ley 3135 de 1968 y 73 del Decreto 1848 de 1969, por lo que es claro que tiene derecho a que esta prestación le sea liquidada en un 75% del salario base de liquidación del último año, incluidas todas aquellas sumas que habitual y periódicamente recibió el servidor como retribución de sus servicios, salvo que se trate de un factor expresamente excluido por la ley.

La apelación

La parte demandada, inconforme con la decisión, apeló la sentencia.

Expresó que el problema jurídico está referido a los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de una pensión de jubilación de las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a las cuales en principio les son aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985, sin embargo, para quienes no cumplieron la totalidad del tiempo al servicio del Estado, su derecho pensional quedó consagrado por la Ley 71 de 1988 y los Decretos 1160 de 1989 y 2709 de 1994 que regularon la denominada «pensión por aportes».

Señaló que en cuanto al salario base para liquidar esta pensión se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 2709 de 1994, el cual si bien fue derogado por el artículo 1474 de 1997, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010, consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez, generándose así un vacío legal sobre este tema; que en consecuencia, la norma a la que se debe dar aplicación en material de liquidación de pensión por aportes es el artículo 6.° del citado decreto 2709, no obstante que también debe acudirse a los parámetros que fijó la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-258 de 2013 y en la que se precisó que en lo relativo al ingreso base de liquidación, el régimen de transición no estableció beneficio alguno, por lo que debe acudirse a las normas que regulan el tema en la Ley 100 de 1993, es decir, el inciso 3.° del artículo 36 y el artículo 21 ibidem.

Añadió que en materia de factores, la Corte considera que se deben incluir aquellos que tienen carácter remuneratorio y sobre los cuales se hayan efectuado cotizaciones al sistema general de pensiones; que estas interpretaciones que ha dado la Corte en materia del IBL del régimen de transición, las cuales también han sido acogidas por la Corte Suprema de Justicia, son las que más se ajustan a la Constitución y se compadecen con principios como el de la solidaridad, igualdad y sostenibilidad presupuestal; que por ello, las autoridades judiciales deben acogerse a tales criterios y puede apartarse válidamente del precedente judicial que ha fijado el Consejo de Estado.

Por último adujo, en relación con el precedente fijado por el Consejo de Estado, que las sentencias dictadas frente a este tema no constituyen sentencias de unificación en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, ni cumple con las condiciones previstas en el artículo 271 ibidem. Antes por el contrario, la Corte Constitucional dictó un nuevo fallo en el que ratificó su posición con fecha 29 de abril de 2015 (SU-230/15), magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Alegatos de conclusión

Tanto la parte demandante como la entidad demandada reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas oportunidades procesales.

El Ministerio Público

El procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto en el que solicitó que se confirme la sentencia apelada.

Consideraciones

Según se desprende del recurso de apelación el problema jurídico se contrae a establecer si la pensión del señor Alfonso Gutiérrez Gutiérrez, beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, debe liquidarse con la totalidad de los factores salariales que devengó en el último año de servicios, o para tal efecto debe aplicarse el inciso tercero del artículo 36 de esta normatividad.

Para dilucidar el problema jurídico, la Sala seguirá el siguiente derrotero: a) la postura unificada frente a la reliquidación de pensión ordinaria de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; b) del IBL de los beneficiarios de la pensión por aportes; c) caso concreto.

Postura unificada frente a la reliquidación de pensión ordinaria de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

En primer lugar se debe tener en cuenta la regla y las subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales.

En efecto, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso:

85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

86. (…) el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

(…)

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.

En cuanto a las subreglas se tiene:

La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

Conclusión: De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen precedente obligatorio, el IBL para las personas que se encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

Del IBL de los beneficiarios de la pensión por aportes.

La Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes», concebida como un respaldo para que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo laborado como empleados públicos y privados, pudieran obtener la pensión de jubilación sumando tiempos del uno y otro, ya que las normas que se habían expedido con antelación regulaban en forma separada el régimen pensional de cada uno de estos sectores. Así, esta se obtiene sumando los tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado, con la condición de que en el primer caso se hubieren efectuado aportes y, en el segundo, realizado cotizaciones.

Respecto de la naturaleza de esta modalidad pensional, la Corporación ha señalado lo siguiente:

Conforme a la norma trascrita, la posibilidad de computar el tiempo servido en el sector público con el cotizado en el ISS, constituye un régimen pensional aplicable a quienes estuvieron vinculados laboralmente al sector oficial, a empleadores públicos y privados afiliados al ISS o a ambos, y requieren de la suma de todos los aportes hechos, para reunir los requisitos para acceder al derecho de pensión.
Con la expedición de la Ley 100 de 1993, se estableció, en la misma línea de lo dispuesto por la Ley 71 de 1988, la posibilidad de acumular para efectos pensionales, los tiempos de servicios y de cotizaciones acumulados tanto en el sector público como en el sector privado, lo cual hizo en principio innecesaria la aplicación de ésta última para estos efectos.
Al fijar nuevas reglas y requisitos para el reconocimiento de las pensiones, la Ley 100 de 1993 previó igualmente un régimen de transición pensional en su artículo 36, conforme al cual quienes cumplieran determinados requisitos para ser sujetos de dicho régimen, tendrían derecho a que su pensión se reconociera con los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión conforme a la normatividad que anteriormente le resultara aplicable.
En virtud del citado régimen de transición pensional, es posible obtener la pensión de jubilación del sector público, tanto la del régimen general, establecida en la Ley 33 de 1985, como la que corresponda a los regímenes especiales oficiales vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
En este contexto, resulta viable también para quienes no reúnen los requisitos del ISS, ni los requisitos de la pensión oficial anteriores a la Ley 100, pero son beneficiarios del régimen de transición, obtener la pensión de jubilación con la sumatoria de los tiempos cotizados al Seguro Social y a otras cajas de previsión como servidor público; a partir de lo cual, la citada prestación pensional por aportes pasa a constituir una modalidad de pensión aplicable en virtud de la normatividad contenida en la Ley 71 de 1988 y sus decretos reglamentarios.

Ahora bien, la ley 71 fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989 y posteriormente por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, el cual señaló en su artículo 8.° en relación con el monto, lo siguiente:

Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.

Y en cuanto al ingreso base de liquidación, el artículo 6.° del citado decreto preceptuaba:

Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes.  El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

La anterior disposición fue expresamente derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, en los siguientes términos:

Artículo  24. Vigencia y derogatorias. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica los siguientes artículos del Decreto 1748 de 1995: 3º, 9º, 12, 15, 16, 17, 24, 28, 35, 36, 37, 41, 44, 52 y 57 y deroga el numeral 2º del artículo 3º, el artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1300" \l "25" 25, el inciso 3º del artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1300" \l "29" 29, el literal c) del artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1300" \l "36" 36, el inciso 7º del artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1300" \l "47" 47, el artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1300" \l "51" 51 y el parágrafo transitorio del artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1300" \l "52" 52 del mismo Decreto 1748 de 1995. Así mismo, modifica el artículo 8º del Decreto 1887 de 1995, y deroga el artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1189" \l "6" 6º del Decreto 2709 de 1994 y todas las demás normas que le sean contrarias. (Negrilla fuera del texto).

No obstante lo anterior, dicha derogatoria fue anulada por esta Sección mediante sentencia del 15 de mayo de 2014, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, por considerar que desconocía la finalidad del régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio legislativo. Como argumentos para tal decisión se expusieron los siguientes:

Así, en el presente caso, tratándose de una situación análoga a nivel reglamentario, se destaca que la norma que disponía el salario base para la liquidación de la pensión por aportes fue derogada, situación que originó un vacío normativo y obligó a remitirse a la Ley 100 de 1993, aun cuando el legislador dispuso que el Gobierno Nacional debía reglamentar las condiciones para el reconocimiento y pago de la pensión por aportes (inc. 2, art. 7, Ley 71 de 1988).

Visto lo anterior, la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció no solamente la Ley 71 de 1988; sino también la Ley 100 de 1993, ya que ésta previó un régimen de transición, como un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo para las personas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional bajo una normatividad anterior, en este sentido no puede el ejecutivo en virtud del ejercicio de la facultad reglamentaria reducir de manera desproporcionada e irrazonable los beneficios de la normatividad pensional anterior, pues dejaría sin eficacia la finalidad del régimen de transición pensional.

Conforme a lo expuesto, como quiera que la norma referida había cobrado vigencia a partir de tal declaratoria de nulidad, la Sección Segunda consideraba que la regla jurídica para determinar el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición y que tenían derecho a la pensión de jubilación por aportes era la establecida en el referido artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994, esto es, que se debía liquidar con el 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicios, criterio que resultaba igualmente acorde con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del 4 de agosto de 2010, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado, la cual, en relación con el periodo y el ingreso base de liquidación de las pensiones amparadas por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, había sentado la tesis de la liquidación de la pensión en el 75% de lo devengado por el trabajador en el último año de servicios. Lo anterior bajo los principios de integridad e inescindibilidad normativa, progresividad, favorabilidad, del concepto de salario y ponderación de los derechos laborales y finanzas públicas.

No obstante, resulta lógico que esta postura, relacionada con el IBL de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 sea recogida, ajustada e interpretada armónicamente en todo a lo dispuesto en la referida sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, mediante la cual la Sala Plena de la Corporación concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas que se benefician de éste, y que el artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el ingreso base de liquidación previsto en el mismo artículo 36, inciso 3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.

La anterior conclusión responde a la interpretación y lectura que dio la Sala Plena al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al establecer que esta disposición normativa contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior, y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Esta nueva tesis jurisprudencial dictada en sentencia de unificación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se erige en una decisión que cuenta con alto grado de seguridad, certeza y fuerza vinculante, gracias a la función especial y específica que cumple de ordenar y clarificar el precedente aplicable, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2012.

Así, el contenido y la regla y subreglas que expuso la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, se caracterizan por su permanencia, identidad, carácter vinculante y obligatorio. En este sentido, cuando la Corte Constitucional en la sentencia C-634 de 2011 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 10.° de la Ley 1437 de 2011, ordenó a las autoridades dar aplicación uniforme de las normas a situaciones con los mismos supuestos fácticos y jurídicos de la mano de las sentencias de unificación jurisprudencial, y entendió que dicho precepto no hizo otra cosa que reconocer a la jurisprudencia de las altas cortes el carácter de fuente formal de derecho con efecto vinculante, pues el acatamiento del precedente judicial constituye no solo el presupuesto fundamental del Estado Social y Constitucional de Derecho sino también el desarrollo de sus fines esenciales dentro de los que se encuentran la garantía de la efectividad de principios y derechos, tales como el de la igualdad, la buena fe, la seguridad jurídica y la garantía de la imparcialidad.

Conclusión: a efectos de determinar el IBL de las personas beneficiarias de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplica como régimen anterior la pensión por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988, se deben seguir la regla y subreglas previstas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de la Corporación, es decir, que el IBL debe establecerse en los términos del inciso 3.º del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994.

Caso concreto

En el proceso no se discute que el señor Gutiérrez Gutiérrez es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, pues para el 1.° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el sistema general de seguridad social contaba con más de 40 años, ya que nació el 1.° de mayo de 1948.

Efectuó aportes para pensiones así: al Instituto de Seguros Sociales del 1.° de febrero de 1971 al 30 de diciembre de 1972; del 1.° de septiembre de 1973 al 28 de febrero de 1974; del 11 de junio de 1976 al 28 de agosto de 1977; del 24 de octubre de 1977 al 19 de febrero de 1978; del 14 de abril de 1978 al 1.° de junio de 1983; del 1.° de julio de 1983 al 1.° de agosto de 1984; del 20 de marzo al 15 de mayo de 1987; del 8 al 31 de julio de 1987; y del 28 de julio al 16 de agosto de 1988. Así mismo, realizó aporte como empleado del Ministerio de Agricultura del 2 de septiembre de 1988 al 30 de junio de 2009 y de nuevo al ISS del 1.° de julio de 2009 al 27 de enero de 2010 para un total de 11.466 días y cumplió los 60 años de edad el 1.° de mayo de 2008, requisito con el que consolidó el estatus de pensionado por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988.

Igualmente figura que la pensión del actor fue liquidada con el 79.31% del promedio de lo devengado entre el 28 de enero de 2000 y el 27 de enero de 2010.

Así las cosas, como el demandante adquirió el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, esta Subsección concluye que tiene derecho a que su pensión de jubilación se liquide conforme a la primera de las subreglas señaladas por la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, tomando la tasa de reemplazo del 79.31% sobre un ingreso de liquidación IBL equivalente al «promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.».

En relación con la segunda subregla fijada en la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sobre los factores salariales que se deben incluir en el IBL en el régimen de transición, en el caso concreto se tiene lo siguiente:

Factores de salario - base de cotización – servidores públicos incorporados al sistema general de pensiones – Decreto 1158 de 1994.
Factores de salario devengados y cotizados por el señor Alfonso Gutiérrez Gutiérrez durante los últimos diez (10) años de servicios.

Factores salariales que se incluyeron en el IBL que sirvió de base para liquidar la pensión del demandante
Asignación básica mensual
Asignación básica mensual
Asignación básica
Bonificación por servicios prestados
Bonificación por servicios
Bonificación por servicios prestados
Prima técnica, cuando sea factor de salario
Horas extras
Horas extras
Primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario
Bonificación de recreación

Remuneración por trabajo dominical o festivo
Prima de riesgo

Remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna
Sueldo de vacaciones

Gastos de representación
Compensatorio

Primas de navidad, de vacaciones y de servicios

Auxilios de alimentación y de transporte

Con fundamento en lo anterior, la Sala precisa que el reconocimiento de la pensión del señor Alfonso Gutiérrez Gutiérrez, bajo el régimen de transición debe tener en cuenta los factores que devengó y cotizó, previstos en el Decreto 1158 de 1994.

Conclusión

En conclusión, el demandante no tiene derecho a la liquidación de su pensión de jubilación en el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, con la inclusión de la totalidad de factores salariales devengados durante dicho periodo, como lo pretende, comoquiera que al estar cobijado por el régimen de transición, su prestación debe liquidarse según lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, así como los factores salariales que devengó y sobre los cuales cotizó, previstos en el Decreto 1158 de 1994, como son la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y las horas extras.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda.

4. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas, en cuanto no resultaron probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

Revocar la sentencia del 26 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió a las súplicas de la demanda. En su lugar, se deniegan por las razones expuestas en la parte motiva.
Reconocer al doctor José Alexander López Mesa como apoderado de la UGPP, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder obrante a folio 295.

Sin condena en costas en segunda instancia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Folios 231-237
Folios 246 a 256
Folios 293 a 294 y 296 a 302
Folios 303-310
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
Sentencia del 25 de mayo de 2017 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra, Expediente 4006-16
Por el cual se derogan, modifican y lo adicionan algunos artículos del HYPERLINK "E:\\abeltranm\\Documents\\ABM\\CE 2016\\Sentencias\\Proyectos de Fallo\\Pension por Aportes\\dr_1748_95.doc"Decreto reglamentario 1748 de 1995 y se dictan otras disposiciones
Expediente 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-2011)
Como se dijo en la misma sentencia del 25 de mayo de 2017
Ley 1437 de 2011. Artículo 270. «Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11de la Ley 1285 de 2009».

Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 25 de julio de 2012. Magistrado ponente: Mauricio González Cuervo. En esta providencia con relación a las sentencias de unificación del Consejo de Estado se consideró que: «por su naturaleza se deriva un alto grado de seguridad y certeza. En efecto, es este órgano el definido por la Constitución como máximo tribunal de lo contencioso-administrativo y órgano de cierre del mismo (CP, 237), y como tal, ostenta el mandato de unificación jurisprudencial en su jurisdicción, condición que le imprime fuerza vinculante a determinadas decisiones que profiere. Restantes decisiones del tribunal supremo de lo contencioso administrativo, diferente de las de unificación, no cuentan con el poder vinculante de las anteriores, y para el Legislador son las sentencias unificadoras las que válidamente se hallan llamadas a dotar a esta jurisdicción y a la administración en general de reglas de interpretación “claras, uniformes e identificables”, en virtud del mandato constitucional aludido. [...] téngase en cuenta que, como bien se ha dicho, estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de providencias -las sentencias de unificación jurisprudencial- a las que el Legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de Estado».

Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011. Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

Ley 1437 de 2011. Artículo 10. «Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas».

En esta sentencia de señaló: «[…] 11.  El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante».

En la misma providencia se determinó que:  «La anterior afirmación se fundamenta en que la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato, el acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución -art.2-; de la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad -art.29 CP; del derecho a la igualdad -art.13 CP-; del postulado de ceñimiento a la buena fé de las autoridades públicas -art.83 CP-; de los principios de la función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política”».
La igualdad, consagrada en el artículo 13 superior, que debe entenderse como la obligación de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar la igualdad de trato, es decir, que los casos iguales deben ser resueltos en forma semejante a como se solucionaron casos anteriores, salvo que existan motivos razonables para apartarse del precedente.
La buena fe, normada por el artículo 83 constitucional, entendida como la confianza legítima en el respeto del acto propio de las autoridades judiciales, a las cuales «[…] les están vedadas [...] actuaciones que desconozcan la máxima latina venire contra factum proprium non valet; desde este punto de vista, el derecho de acceso a la administración de justicia implica también la garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia […]».
La seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus derechos, entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resolución de conflictos o de coherencia de las decisiones judiciales y «[…] por la necesidad de realizar lo que la doctrina denomina la regla de la universalidad […]».
Y en cuanto a la universalidad, en la teoría del discurso de Alexy, el fundamento del valor del precedente radica precisamente en dicho principio, denominado Universalisierbarkeitsprinzip, que tiene sus orígenes en el stare decisis, expresión que proviene del latín «stare decisis et non quieta movere» y que lo define así: (X) FX ORX; es decir, una norma según la cual para toda situación similar a F se dará la consecuencia OR. A su turno, para efectos del cambio de precedente, el mismo autor planteó la regla de «la carga de argumentación» nombrada Argumentationslastregel, de acuerdo con la cual, quien quiera apartarse de un precedente está obligado a justificar sus razones, con el fin de garantizar los principios constitucionales fundamentales de igualdad de trato ante las autoridades y seguridad jurídica.
La interdicción de la arbitrariedad y la garantía de la imparcialidad y objetividad, implican que el juez se encuentra motivado a decidir con base en reglas normativas derivadas del precedente, pese a que en un momento dado se aparte fundadamente de este, ello permite que el ciudadano y la administración sujetos a su juicio, confíen plenamente en que aquel lo hizo dentro del marco jurídico vigente y no movido por sus propias e irracionales convicciones o por la calidad de alguno o algunos de los sujetos que intervienen en el proceso.
Consejo de Estado. Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01

Según cédula de ciudadanía que figura a folio 100
Según Resolución PAP 038293 del 14 de febrero de 2011 expedida por CAJANAL
Folio 8 vuelto, en el que figura la Resolución PAP 038293 del 14 de febrero de 2011 que ordena la reliquidación de la pensión del actor
Según Resolución PAP 038293 del 14 de febrero de 2011
Folios 28 y 29
Según Resoluciones PAP 000171 del 6 de agosto de 2009 que le reconoce la pensión y PAP 038293 del 14 de febrero de 2011 que ordena su reliquidación
Las certificaciones de folios 55 vuelto y 56 dan cuenta de que se hicieron los respectivos aportes a CAJANAL y al ISS sobre los factores consagrados en el Decreto 1158 de 1994
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.