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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01239-00

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01239-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de la referencia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01239-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01239-00
Accionante: MERCEDES LOZANO SÁNCHEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN F Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se
niega el amparo – las accionadas no incurrieron en la vulneración
de derechos fundamentales

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por la
ciudadana Mercedes Lozano Sánchez en contra de las sentencias de 26 de abril
de 2021 y de 9 de noviembre de 2022, proferidas, respectivamente, por el Juzgado
Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá y por la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Mercedes Lozano Sánchez, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 26 de abril de 2021 y de 9
de noviembre de 2022, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Cincuenta y
Seis Administrativo del Circuito de Bogotá y por la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-
42-056-2019-00509-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que nació el 18 de febrero de 1958 y que cotizó al sistema general de
seguridad social en pensión un total de 1.028,57 semanas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01239-00
Accionante: Mercedes Lozano Sánchez

2.2. Comentó que, mediante Resolución No. 8439 de 22 de noviembre de 2016, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG, le
reconoció pensión de jubilación, «[…] conforme a la Ley 33 de 1985 con fecha de
efectividad el 15 de mayo de 2016 […]».

2.3. Refirió que solicitó ante el FOMAG el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación «[…] de conformidad a lo establecido en la Ley 91 de 1989 y la Ley 71 de
1988 […] [y] la inclusión de factores salariales como la PRIMA DE NAVIDAD Y
PRIMA ESPECIAL […]», la cual fue negada por la peticionada.

2.4. Indicó que, por lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
acusados y, a título de restablecimiento del derecho, pidió «[…] el reconocimiento
de la Pensión de Jubilación con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el año anterior al estatus pensional de acuerdo con lo establecido
en la Ley 71 de 1988 […]».

2.5. Mencionó que el conocimiento del referido proceso le correspondió al Juzgado
Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, en
sentencia de 26 de abril de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Inconforme con la anterior decisión presentó recurso de apelación el cual fue
desatado por el Tribunal accionado, mediante sentencia de 9 de noviembre de 2022,
en el sentido de confirmar la providencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

2.7. Adujo que en las decisiones aquí acusadas se incurrió en defecto sustantivo,
bajo el entendido que se desconoció que su vinculación como docente oficial se
realizó con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que
debía aplicarse a su caso la Ley 71 de 1988, por remisión expresa que hace la Ley
91 de 1989.

2.8. Manifestó que se incurrió en desconocimiento del precedente horizontal
contenido en las siguientes decisiones: (i) de 21 de febrero de 2020 dictada por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(Expediente No. 11001-33-35-007-2016-00325-01); (ii) de 6 de agosto de 2020
proferida por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (Expediente No. 25000-23-42-000-2016-00450-00), y (iii) de 15 de
mayo de 2020 dictada por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (Expediente No. 25000-23-42-000-2017-02460-
00).

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01239-00
Accionante: Mercedes Lozano Sánchez

[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la
sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “F” de fecha 09 de Noviembre del
2022, mediante la cual se CONFIRMÓ la sentencia emitida por el JUZGADO
CINCUENTA Y SEIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ, el 26 de abril de 2021, Sentencia que desconoce lo establecido en
el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “F” a proferir
sentencia de fondo ordenando al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO a RECONOCER LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR
APORTES a favor de la señora MERCEDES LOZANO SÁNCHEZ […] con la
inclusión de todas las cotizaciones efectuadas al sistema pensional, incluidos
los tiempos laborados al ISS hoy Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones cumpliendo el estatus pensional el 18 de Febrero de 2013 […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 13 de
marzo de 2023, admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia,
vinculó como terceros con interés directo en los resultados del proceso a la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y a la Fiduciaria La Previsora S.A. También dispuso notificar al Ministerio
Público para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, se
advierte que la Juez Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá
rindió informe en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de amparo,
al considerar, en síntesis, que «[…] las providencias objeto de censura no
incurrieron en alguna casual específica de procedibilidad o error de derecho, toda
vez que, en las mismas se analizaron las normas y el régimen jurídico aplicable
exponiendo las razones que soportan la decisión de negar las pretensiones de la
demanda […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01239-00
Accionante: Mercedes Lozano Sánchez

noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala
de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante le atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la sentencia proferida en
primera instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-
42-056-2019-00509-00/01, el presente análisis se centrará en determinar si en esta
última providencia se incurrió en las causales de procedibilidad invocadas, dado que
es la decisión que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis4.

8. A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta la situación fáctica planteada la Sala
debe establecer lo siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Si ello es así, determinar:

b) Si la sentencia de 9 de noviembre de 2022, proferida por la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 11001-33-42-056-2019-00509-01, vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, al haber incurrido,
supuestamente, en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
horizontal.

9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01239-00
Accionante: Mercedes Lozano Sánchez

dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en
dichos parámetros.

6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01239-00
Accionante: Mercedes Lozano Sánchez

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial, los cuales gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. La ciudadana Mercedes Lozano Sánchez, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 26 de abril de 2021 y de 9
de noviembre de 2022, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Cincuenta y
Seis Administrativo del Circuito de Bogotá y por la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-
42-056-2019-00509-00/01.

18. Eneste punto es preciso indicar que los defectos alegados por el extremo
accionante serán estudiados de manera conjunta.

VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

La Sala encuentra que, en efecto, se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad, en razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia
constitucional porque pretende la protección inmediata de garantías de naturaleza
fundamental como lo son la igualdad, el debido proceso, el mínimo vital y la
seguridad social; ii) la acción de amparo se dirige contra la decisión adoptada en
segunda instancia contra la cual no es procedente promover recurso alguno para
reclamar la protección de los derechos fundamentales que se invocan como
quebrantados, superando así el requisito de la subsidiariedad; iii) la acción de
tutela se presentó dentro de un término razonable, por lo que cumple con el requisito
de la inmediatez; iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; v) como no se
alega la existencia de una irregularidad procesal, no es necesario efectuar un
análisis al respecto, y vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia
dictada en un proceso de tutela.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01239-00
Accionante: Mercedes Lozano Sánchez

VI.4.2. Estudio de los defectos invocados en el sub examine

19. Cabe resaltar que el planteamiento medular de la demandante radica en señalar
qque se vulneraron sus derechos fundamentales porque el Tribunal accionado dejó
de aplicar la Ley 71 de 1988 para resolver su caso, desconociendo con ello que su
vinculación como docente oficial se produjo antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, así como su mismo precedente contenido en las siguientes
decisiones: (i) de 21 de febrero de 2020 dictada por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Expediente No. 11001-33-
35-007-2016-00325-01); (ii) de 6 de agosto de 2020 proferida por la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Expediente
No. 25000-23-42-000-2016-00450-00), y (iii) de 15 de mayo de 2020 dictada por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(Expediente No. 25000-23-42-000-2017-02460-00).

20. Pararesolver lo expuesto, la Sala considera necesario traer a colación las
consideraciones que expuso el Tribunal accionado para confirmar la sentencia
apelada. Veamos:

[…] En ese orden de ideas, como el ingreso al servicio docente oficial de la
demandante fue el 15 de mayo de 1996, tiene derecho a reclamar el
reconocimiento pensional conforme a las normas del régimen general vigente
antes de la Ley 100 de 1993, esto es, la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.

La Sala advierte que mediante la Resolución No. 8439 del 22 de noviembre de
2016, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de
la Secretaría de Educación del Distrito le reconoció la pensión de jubilación a la
demandante, en virtud de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, acto administrativo
en el que se determinó que el status de jubilada lo adquirió el 14 de mayo de
2016, fecha en que acreditó 20 años de servicio en el sector docente. La parte
actora reclama la aplicación de la Ley 71 de 1988, a fin de computar los tiempos
laborados en el sector privado, para ser beneficiaria de la pensión el 18 de
febrero de 2013, cuando concurrieron tiempo de servicio (20 años) y edad (55
años); además, pide que se incluya en el IBL todos los factores devengados en
el último año anterior al estatus.

Al respecto, es menester precisar que el salario base para la liquidación de la
pensión de jubilación por aportes, lo constituye el “salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las
excepciones contenidas en la ley” (6 del Decreto 2709 de 1994). Así las
cosas, conforme a la norma y a las reglas fijadas por las actuales sentencias de
unificación del Consejo de Estado, los factores a tener en cuenta en la
liquidación son aquellos sobre los que se cotizó para pensión […].

A fin de determinar cuáles factores salariales fueron devengados en el año
anterior al estatus pensional, esto es, del 18 de febrero de 2012 al 18 de
febrero de 2013, y cuáles fueron tenidos en cuenta para liquidar la pensión de
la demandante en el año 2016, se realizará un cuadro comparativo así:

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01239-00
Accionante: Mercedes Lozano Sánchez

La Sala advierte que los factores devengados en el año 2013 no pueden ser
incluidos en el IBL, por las siguientes razones:

La prima de navidad: Si bien era factor de liquidación en los términos del
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, tal disposición fue derogada por la Ley
33 de 1985, que estableció en su artículo 3º los factores sobre los cuales se
efectúan aportes y que deben ser tenidos en cuenta para determinar el IBL de
la pensión, disposición modificada por la Ley 62 de 1985.

La prima especial prevista en el Decreto 1242 de 1977 proferido por el Alcalde
Mayor de Bogotá, esto es por una autoridad que carecía de competencia para
determinar la remuneración salarial y prestacional de los servidores públicos de
los entes territoriales, lo que impide que conforme en IBL de la prestación.

Salario por vacaciones el Consejo de Estado en sentencia del 27 de febrero
de 2020, reiteró la posición adoptada por la Corporación en el sentido que no
conforma la base de liquidación de la pensión.

La Sala advierte que conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, la
Administración le reconoció a la demandante pensión de jubilación incluyendo
en el ingreso base de liquidación asignación básica, prima de vacaciones y
la bonificación decreto; y que en caso de acceder a reliquidar la pensión al
año 2013, el valor de la prestación disminuiría como quiera que no podría
incluirse en el IBL el último de los mencionados factores como quiera que no
fue devengado para dicha anualidad […]. (subrayas por fuera de texto)

21. Vistolo anterior, la Sala advierte que la decisión del Tribunal accionado se
fundamentó en que, pese a que la pensión de jubilación de la actora se encontraba
regulada por la Ley 71 de 1988, no era posible acceder a la reliquidación solicitada
por la aquí actora por las siguientes dos razones:

i) los emolumentos salariales que la actora pedía que se incluyeran en el ingreso
base de liquidación de su pensión no eran de aquellos que se encontraban

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01239-00
Accionante: Mercedes Lozano Sánchez

enlistados en el artículo 3° de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985 y,

ii) de efectuarse la reliquidación con los factores salariales que fueron devengados
en el año anterior al estatus pensional -desde el 18 de febrero de 2012 al 18 de febrero de
2013- el valor de la prestación económica que le fue reconocida a la aquí actora
disminuiría, en razón a que el factor denominado “bonificación decreto” no fue
devengado para esa fecha.

22. Significalo anterior que, contrario a lo sostenido por la actora, el Tribunal
accionado sí aplicó para la resolución de su caso la Ley 71 de 1988, cosa distinta
es que aún dando aplicación a dicha norma no era procedente acceder a la
reliquidación pensional, por lo que el argumento asociado a la supuesta
configuración del defecto sustantivo, carece de vocación de prosperidad.

23. En cuanto al supuesto desconocimiento del precedente horizontal alegado por la
accionante, la Sala estima que el mismo tampoco se configura, en atención a que
las decisiones alegadas como desatendidas no constituyen precedente, sino
antecedente.

24. Adicionalmente, para la Sala la decisión del Tribunal accionado no puede ser
catalogada como transgresora de derechos fundamentales, porque los factores
salariales que deben incluirse en el ingreso base de liquidación deben encontrarse
expresamente determinados en el artículo 3° de la Ley 33 de 1985 -precepto
modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985-, incluso para las pensiones reguladas
por la Ley 71 de 1988, tal como lo ha precisado reiteradamente la Sección Segunda
del Consejo de Estado9 en los siguientes términos:

[…] resulta lógico que esta postura, relacionada con el IBL de la pensión por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988 sea recogida, ajustada e interpretada
armónicamente en torno a lo dispuesto en la referida sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, mediante la cual la Sala Plena de la Corporación
concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3° del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas
personas que se benefician de éste, y que el artículo 36 contiene todos
los elementos y condiciones para que puedan adquirir su pensión con la
edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de
reemplazo del régimen anterior y con el ingreso base o liquidación
previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, o en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993, según sea el caso.

[…]

Conclusión: a efectos de determinar el IBL de las personas beneficiarias de la
transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les
aplica como régimen anterior la pensión por aportes contemplada en la Ley 71

9
Sentencias de 21 de febrero de 2019, Radicación: 25000-23-25-000-2012-00173-01 (1310-14), C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter, Subseccción B, de 28 de marzo de 2019. Radicación: 25000-23-42-000-2014-02923-01 (0950-17) C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, Subsección A. de 9 de mayo de 2019. Radicación: 25000-23-42-000-2015-03216-01 (2240-17)
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Subsección A, entre otras.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01239-00
Accionante: Mercedes Lozano Sánchez

de 1988, se deben seguir la regla y subreglas previstas en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018 proferidas por la Sala Plena de la
Corporación, es decir, que el IBL debe establecerse en los términos del inciso
3° del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 2709 de
1994 […]. (subrayado por fuera del texto original)

25. Así las cosas, para la Sala no cabe duda que la decisión del Tribunal accionado
de confirmar el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda ordinaria
resulta ajustada a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia sobre la materia y,
además, está cobijada por los principios de autonomía e independencia
característicos de la labor de administrar justicia.

26. Por los anteriores razonamientos, la Sala negará el amparo deprecado por la
actora, ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de la referencia, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: En caso de que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto
Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente (E)

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Ausente con permiso)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P(18)

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