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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01488-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01488-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de mayo de 2021, a través de la cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, NEGÓ las pretensiones de la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-01488-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

22 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DERIVADOS DEL CONTRATO REALIDAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DERIVADOS DEL CONTRATO REALIDAD - A partir de la terminación del vínculo laboral, esto es desde que se hace exigible la obligación / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS LABORALES - Con la primera petición ante la administración / RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA – Omisión de controvertir ante la jurisdicción la primera respuesta negativa de la reclamación / PRESCRIPCIÓN TRIENAL - Configuración / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[E]sta Sala de Decisión anticipa que confirmará la decisión de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo deprecado, de acuerdo con los argumentos que pasan a explicarse. A efectos de resolver el problema planteado por la accionante, es necesario analizar lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 (…) De las normas citadas, es dable concluir que, i) el término para reclamar los derechos es de 3 años, so pena de que opere la prescripción; ii) que dicho lapso transcurre a partir del momento en que la obligación se haya hecho exigible y; finalmente, iii) que la manera de interrumpir la prescripción es formulando el reclamo ante la entidad o empresa obligada. (…)Así las cosas, se tiene que la relación laboral de la señora [S.B.P.B.] y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2011; que el 30 de septiembre de 2014, la demandante presentó reclamación administrativa ante la entidad para obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas durante el tiempo que laboró bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales, la cual fue resuelta desfavorablemente por el gerente del Hospital Occidente de Kennedy Nivel III, mediante el Oficio N.º 05-80107.45S3 del 21 de octubre de 2014. El 26 de abril de 2017, la señora [S.B.P.B.] presentó petición ante la referida Subred de Servicios de Salud, en la cual solicitó la declaración de la existencia de la relación laboral, así como el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales desde el 2005 hasta el 2011; petición que fue denegada por la entidad de salud, a través del Oficio N.º 18800 del 5 de mayo de 2017, suscrito por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Como consecuencia ello, la señora [S.B.P.B.] instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. – Hospital de Kennedy, con el fin de obtener, entre otras, i) la declaratoria de la existencia del contrato realidad y, ii) la nulidad del Oficio N.º 18800 del 5 de mayo de 2017, mediante el cual la entidad le negó el reconocimiento y pago de las acreencias adeudadas por el tiempo en el que estuvo vinculada a través de contratos de prestación de servicios. Del recuento fáctico expuesto, la Sala advierte que, pese a que la señora [S.B.P.B.] presentó la reclamación administrativa dentro del término de los 3 años previstos por las normas citadas en precedencia, esto es, el 30 de septiembre de 2014, no instauró la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del Oficio N.º 05-80107.45S3 del 21 de octubre de 2014, a través del cual la Subred le negó lo solicitado, sino que, contrario a ello, consideró que el efecto de radicar dicha reclamación era que el término de 3 años se reiniciaba, lo que le permitía presentar una nueva solicitud ante la entidad, pasible de ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que, tal como quedó consignado en los antecedentes de esta providencia, la actora demandó el Oficio N.º 18800 del 5 de mayo de 2017. En ese contexto, esta Colegiatura evidencia que, exigir a la señora [S.B.P.B.] que demandara el Oficio N.º 05-80107.45S3 del 21 de octubre de 2014, no constituye de manera alguna un exceso ritual manifiesto sino que, contrario a ello, el hecho de que la accionante pretenda que se le permita controvertir el Oficio N.º 18800 del 5 de mayo de 2017 denota un uso desmedido del derecho puesto que, lo que la actora debió hacer fue, una vez obtenida la primera respuesta desfavorable de la entidad, acudir dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de aquella ante la jurisdicción contencioso administrativa, previo agotamiento de la conciliación extrajudicial.

No obstante, la señora [S.B.P.B.] dejó pasar el tiempo como si en derecho no se exigiera la carga de acudir con inmediatez y oportunidad, situación que puede traducirse como el desinterés de reclamar sus derechos prestacionales, toda vez que, se reitera, la figura en comento solo opera respecto de las prestaciones sociales y salariales puesto que, “al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales” , mientras que, los derechos pensionales son imprescriptibles pues se causan día a día. Conforme con lo expuesto, esta Sala de Decisión considera que la providencia tutelada se encuentra debidamente sustentada y no realizó una interpretación errónea de las normas que regulan la prescripción de las acciones en materia laboral y de seguridad social

FUENTE FORMAL: DECRETO 3135 DE 1968 - ARTÍCULO 41 / DECRETO 1848 DE 1969 – ARTÍCULO 102

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01488-01(AC)

Actor: SANDRA BIBIANA PUERTO BERNAL

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial – contrato realidad – prescripción trienal – confirma la decisión de primera instancia que negó el amparo deprecado

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 13 de mayo de 2021, proferido por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo deprecado, por encontrar que la decisión acusada no adolecía de los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente alegados.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 7 de abril de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal, actuando a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales del debido proceso, al trabajo y a la seguridad social.

2. La accionante consideró vulnerados los derechos invocados, con ocasión de la sentencia proferida por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo Cundinamarca el 4 de noviembre del 2020, que revocó el numeral tercero y confirmó en lo demás la decisión del 30 de septiembre de 2019, a través de la cual el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, identificada con el radicado N.º 11001-33-42-057-2017-00379-01, que instauró la señora Puerto Bernal contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“Se TUTELE el DERECHO FUNDAMENTAL DE DEBIDO PROCESO, DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, de la accionante ya identificada, al ser víctima de una Vía de Hecho, por tanto:

Solicito comedidamente a la Alta Magistratura, que, como consecuencia del amparo a los derechos fundamentales mencionados en el numeral primero de las peticiones, se sirva ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C- subsanar el ERROR GRAVE que se denota de parte de la Justicia al dar por probada la excepción de prescripción, fenómeno que no se presenta en el caso en tratado (sic).

Solicito respetuosamente se ordene por razones de economía procesal y de manera definitiva; REVOCAR el numeral segundo del fallo de segunda instancia proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C- el 4 de noviembre de 2020 dentro del Proceso No. 11001-33-42-057-2017-00379-01, y en su lugar se confirme lo ordenado en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado 57 Administrativo Oral del circuito Judicial de Bogotá, no dando por probado el fenómeno prescriptivo.

Se me reconozca personería jurídica dentro de la presente y por tanto se le ordene a la accionada se me reconozca personería jurídica, dentro del acto administrativo que dé cumplimiento a esta Sentencia”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Sandra Bibiana Puerto Bernal laboró constante e ininterrumpidamente, a través de contratos de prestación de servicios profesionales, sucesivos, habituales y sin interrupción para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel – E.S.E., en el cargo de terapeuta física desde el 1º de marzo de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2011.

5. La relación laboral desempeñada en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. – Hospital de Kennedy se desarrolló a través de contratos de prestación de servicios. El último de ellos se suscribió el 1º de septiembre de 2011 y finalizó el 30 del mismo mes y año, sin que se le reconociera el pago de las prestaciones sociales.
6. Durante la prestación del servicio, la demandante fue subordinada, debía presentar informes escritos a sus jefes o supervisores, relacionados con las funciones asignadas y desarrolladas referentes al objeto social, cumplía un horario fijo y, además, contaba con elementos de trabajo como computador, teléfonos, mobiliario y oficina, a efectos de cumplir con el objeto social de la entidad.

7. El 30 de noviembre de 2014, la demandante presentó reclamación administrativa ante la referida Subred de Servicios de Salud para obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas durante el tiempo que laboró bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales, la cual fue resuelta desfavorablemente por el gerente del Hospital Occidente de Kennedy Nivel III, mediante el Oficio N.º 05-80107.45S3 del 21 de octubre de 2014.

8. El 26 de abril de 2017, la señora Puerto Bernal presentó petición en la cual solicitó la declaración de la existencia de la relación laboral, así como el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales desde el 2005 hasta el 2011, “pues estas no fueron canceladas y si le exigían el pago de la seguridad social”.

9. A través del Oficio N.º 18800 del 5 de mayo de 2017, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., indicó que los servicios prestados por la señora Puerto Bernal no configuraron una relación laboral, ni otorgó derechos de carrera, atendiendo a que la vinculación del personal de planta de la entidad se origina mediante concurso de mérito. Por otro lado, explicó que no era posible acceder a sus pretensiones relacionadas con el reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones, toda vez que:

“(…) el hecho que la contratista desarrollara las actividades convenidas (…) en las instalaciones del Hospital no significa por sí mismo que se configure el elemento de subordinación (…) se predica que es este el que determina la diferenciación entre el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral toda vez que en el primer caso, las instrucciones impartidas por la entidad contratante se enmarcan en una relación de coordinación entre el supervisor y la contratista tendientes a cumplir con los fines del contrato de prestación de servicios, en concordancia con los preceptos jurisprudenciales aludidos en el acápite anterior y la liberalidad de la actividad propia del contratista, por ende no se encuentra ninguna relación laboral permanente (…) el cumplimiento del horario (…) no indica de por si un vínculo laboral, por cuanto solo obedece a la naturaleza de la actividad las cuales fueron contratadas en virtud de su profesión y las necesidades de la entidad hospitalaria. Los pagos realizados con ocasión a la prestación de sus servicios ofertados obedecen a los honorarios pactados y percibidos en virtud del cumplimiento de las actividades concertadas mediante contratos de prestación de servicios”.

10. Como consecuencia de ello, la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. – Hospital de Kennedy, con el fin de obtener: i) la declaratoria de la existencia del contrato realidad; ii) la nulidad del Oficio N.º 18800 del 5 de mayo de 2017, mediante el cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. le negó el reconocimiento y pago de las acreencias adeudadas por el tiempo en el que estuvo vinculada a través de contratos de prestación de servicios; iii) la devolución de los dineros pagados por concepto de retención en la fuente y aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales; y, iv) el pago de la sanción moratoria prevista en la ley 244 de 1994.

11. En providencia del 30 de septiembre de 2019, el Juzgado 57 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, accedió a la declaratoria de existencia del contrato realidad y ordenó el reconocimiento y pago de: i) todas las prestaciones comunes y ordinarias derivadas de la relación laboral cuya existencia se reconoció y; ii) de las diferencias que eventualmente se hubieren podido presentar con el pago de los aportes con destino a salud y pensión, durante el tiempo de la vinculación mediante contratos de prestación de servicios.

12. Como fundamento de su decisión, el a quo explicó que, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas consagrado en el artículo 53 de la Constitución, en el asunto objeto de estudio quedó desvirtuada la vinculación como contratista, lo que dio lugar a declarar la relación de carácter laboral que, conforme a la tesis del Consejo de Estado produce plenos efectos y obliga al pago de todos los emolumentos, incluyendo las prestaciones sociales que son asumidas directamente por el empleador como vacaciones, cesantías, prima de servicios y todas aquellas que se encuentren pactadas, además de las que se reconocen en dinero por el Sistema de Seguridad Social Integral, en la proporción correspondiente, como aquellas por concepto de salud y pensión.

13. Inconformes con la anterior determinación, las partes presentaron recurso de apelación. La accionante, para que se ordenara a la entidad que diera aplicación de lo dispuesto en las leyes 50 de 1990 y 244 de 1995, en relación con la cancelación de los intereses moratorios por la falta de pago de las prestaciones adeudadas al trabajador, así como la sanción moratoria derivada del incumplimiento en el pago de las cesantías y; la entidad accionada, para que se revoque el fallo impugnado por considerar que en el caso objeto de estudio no se logró acreditar los elementos propios de la relación laboral.

14. La Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 4 de noviembre de 2020, revocó el numeral tercero y confirmó en lo demás la decisión de primera instancia, “(…) en cuando (sic) ordenó como restablecimiento del derecho el pago equivalente de las prestaciones comunes y ordinarias causadas a favor de la actora como consecuencia de la relación laboral existente entre las partes, toda vez que no hay lugar a ello por cuanto en el presente caso operó el fenómeno prescriptivo (…)”.

15. Lo anterior, por cuanto, en su criterio, el operador jurídico de primera instancia “perdió de vista el sentido de la figura de prescripción (…) al interpretar que dicho fenómeno puede interrumpirse elevando peticiones cada tres años de manera indefinida”, sin embargo, aclaró que la prescripción sería parcial, pues no incluye los derechos relacionados con los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, toda vez que, respecto de dichas cotizaciones no opera la figura, razón por la que ordenó el restablecimiento del derecho en ese sentido.

1.4. Fundamentos de la vulneración

16. La señora Puerto Bernal considera que la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso, al trabajo y a la seguridad social, con ocasión de la sentencia del 4 de noviembre del 2020; decisión que, en su sentir adolece de defecto sustantivo, en la medida en que interpretó de manera contraevidente el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969. En su criterio, la interrupción de la prescripción se dio de la siguiente manera:

Terminación del vínculo contractual
Reclamo por escrito
Extensión término prescripción
Nuevo reclamo por escrito
Respuesta reclamo por escrito
Radicación demanda
30 de septiembre de 2011
30 de septiembre de 2014
30 de septiembre de 2017
27 de abril de 2017
5 de mayo de 2017
4 de septiembre de 2017

17. Lo anterior, sobre la base de considerar que si la terminación del vínculo laboral con la entidad se dio el 30 de septiembre de 2011 y la reclamación administrativa se presentó el 30 de septiembre de 2014, ello quiere decir que la solicitud se radicó dentro de la fecha límite para hacerlo, interrumpiendo así el fenómeno prescriptivo hasta el 30 de septiembre de 2017, “interregno de tiempo durante el cual se presentó una nueva reclamación y se acudió a la jurisdicción contencioso administrativa. Por lo cual y como claramente se puede evidenciar, el reclamo radicado el 30 de septiembre de 2014 fungió como lo señalan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 como escrito que se encargó de interrumpir el fenómeno prescriptivo por un lapso igual al inicial (3 años) y el reclamo del 27 de abril de 2017 cuya respuesta se dio el 5 de mayo de 2017 permitió que la accionante acudiera a la jurisdicción, mas no se pretendió con el mismo prolongar la operancia del fenómeno prescriptivo pues era claro que la misma se presentaría el 30 de septiembre de 2017”.

18. En esos términos, indicó que el error de interpretación se concretó en que si bien no era posible enjuiciar el acto administrativo que otorgó una respuesta al memorial radicado el 30 de septiembre de 2014, teniendo en cuenta que sobre aquella decisión de la administración había operado el fenómeno de la caducidad, “dicha radicación sí interrumpió la prescripción, dando cabida a que con una siguiente radicación dentro de los 3 años siguientes la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal acudiera a la jurisdicción, por lo cual el oficio a enjuiciar sí era el que dio respuesta al reclamo del 27 de abril de 2017, es decir el Oficio Radicado No. 18800 fechado del 05 de mayo de 2017”.

19. Para reforzar su dicho, trajo a colación las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 2 de julio de 2015; ii) del 23 de marzo de 2017; iii) del 15 de agosto de 2019; iv) del 21 de mayo de 2020; v) 25 de agosto de 2016; y, finalmente, vi) la del 14 de febrero de 2019 de la Corte Suprema de Justicia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

20. Mediante auto del 13 de abril de 2021, notificado por medios electrónicos el 26 del mismo mes y año, el magistrado ponente de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, admitió la tutela de la referencia y ordenó la notificación de los magistrados de la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como autoridad judicial accionada. Igualmente, dispuso la vinculación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., como entidad demandada en el proceso ordinario que originó el presente trámite y, finalmente, reconoció personería para actuar como apoderado judicial de la parte actora, al abogado Jorge Iván González Lizarazo.
1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

21. A través de memorial enviado el 28 de abril de 2021, la apoderada judicial de la Subred solicitó la desvinculación del mecanismo de amparo, “(…) toda vez que los hechos y pretensiones no son de su cargo ni le son imputables”, así como la declaratoria de improcedencia de la tutela, por considerar que el proceso ordinario se desarrolló dentro de las oportunidades, solemnidades y técnica procesal, por lo que no encuentra motivos para que la parte actora intervenga en la sana crítica y el juicio del operador jurídico tutelado, activando un mecanismo excepcional y residual.

1.6.3. La Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pese a haber sido notificada en debida forma, se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno.

1.7. Sentencia de primera instancia

22. En providencia del 13 de mayo de 2021, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo deprecado por no encontrar configurados los defectos alegados.

23. En relación con el defecto sustantivo, el a quo constitucional, luego de analizar los argumentos que fundamentaron el proveído cuestionado, indicó que el desacuerdo expuesto por la parte actora, relacionado con la indebida interpretación del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del decreto 1848 de 1969 no tenía vocación de prosperidad, en la medida en que a partir de dichas normas fue que la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que la interesada no demandó el acto administrativo que interrumpió la prescripción, toda vez que, “(…) la señora Puerto Bernal (…) prestó sus servicios en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. hasta el 30 de septiembre de 2011, razón por la cual tenía hasta el 30 de septiembre de 2014 para elevar la petición, en sede administrativa, con el objeto de reclamar el pago de esas sumas de dinero; sin embargo (…) la interesada no demandó el acto administrativo que interrumpió la prescripción, esto es, el Oficio núm. 05-80107-45-V3 de 21 de octubre de 2014, el cual fue expedido en respuesta de la primera reclamación, dentro de los tres años siguientes, sino que el 27 de abril de 2017 elevó una nueva solicitud y ejerció la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de ese nuevo acto, momento en el cual ya había operado el fenómeno jurídico mencionado. Y, aclaró que tal situación no resultaba aplicable a los derechos relacionados con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, toda vez que esas cotizaciones tenían la connotación de imprescriptibles”.

24. Por otro lado, tampoco encontró configurado el desconocimiento del precedente, puesto que, contrario a lo manifestado por la parte actora, la autoridad judicial accionada acogió el criterio fijado por el Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, ya que aplicó lo dispuesto en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, y en las decisiones invocadas como transgredidas, en tanto que coligió que la señora Puerto Bernal “(…) contaba con tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, para reclamar las prestaciones derivadas de la configuración de la relación laboral, petición con la cual suspendía el computo de la prescripción por una sola vez y por un término igual. Asimismo, precisó que la prescripción no afectaba las prestaciones pensionales, toda vez que los aportes adeudados al Sistema de Seguridad Social, derivados de la declaratoria de la existencia de la relación laboral, por su carácter de imprescriptibles y periódicos, estaban exceptuados de ese fenómeno”.

25. Finalmente, negó la solicitud de desvinculación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por cuanto dicha entidad fue vinculada al asunto objeto de estudio atendiendo el interés directo que le asiste, pues fue parte del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a este trámite constitucional.

1.8. Impugnación

26. A través de correo electrónico enviado el 1º de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora, actuando a través de su apoderado judicial, impugnó la sentencia del 13 de mayo de 2021, notificada a las partes el 28 del mismo mes y año.

27. Indicó que los argumentos del a quo constitucional para negar el defecto sustantivo denotan un exceso ritual manifiesto, toda vez que exigió “(…) que se hubiera demandado el acto administrativo que interrumpió la prescripción, es decir el oficio No. 05-80107-45-V3 del 21 de octubre de 2014, cuando este oficio si bien interrumpió el fenómeno prescriptivo, no pudo ser demandado en nulidad y restablecimiento del derecho en razón (sic) había operado la caducidad, (…) en razón a lo anterior, sin querer interrumpir indefinidamente el término prescriptivo, y dentro de los 3 años otorgados por los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, se radicó petición el 27 de abril de 2017, (…) de esta manera, si bien el oficio del 2014 interrumpió la prescripción, es el oficio del 2017 con el que la demandante realmente pudo acceder a la jurisdicción administrativa (…)”.

28. Además, explicó que tampoco podía exigirse que se demande el acto administrativo que interrumpió la prescripción, toda vez que respecto de aquel ya había operado el fenómeno de la caducidad:

Reclamo por escrito (interrupción prescripción)Extensión término prescriptivoRespuesta reclamo por escritoTérmino de caducidadNuevo reclamo por escritoRespuesta reclamo por escritoTérmino de caducidadRadicación demanda30 de septiembre de 201430 de septiembre de 201721 de octubre de 201421 de febrero de 201527 de abril de 20175 de mayo de 20175 de septiembre de 20174 de septiembre de 2017
29. A partir de dicho cuadro, aseguró que, “(…) habida cuenta que no existe estipulación legal con la cual se prohíba la presentación de varias reclamaciones sobre derechos laborales dentro del término prescriptivo, así como exigencia alguna de poder demandar únicamente el acto administrativo que responde a la reclamación y al tiempo interrumpe la prescripción, se evidencia que el actuar desarrollado por el fallador de la tutela (…) corresponde a un comportamiento desbordado que a raíz de (sic) interpretación procesal errada niega la primacía del derecho sustancial de la señora SANDRA BIBIANA PUERTO BERNAL”.

30. Para reforzar su dicho, trajo a colación las sentencias SU-355 de 2017 y SU-061 de 2018 que estudiaron el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

1.9. Trámite en segunda instancia

31. Encontrándose el expediente en estado de proferir el fallo de segunda instancia, el despacho ponente de esta decisión advirtió que la Subsección “A” de la Sección Segunda de la Corporación, al momento de admitir la acción de tutela, omitió vincular al Juzgado 57 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, como autoridad judicial que resolvió en primera instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a esta demanda de tutela.

32. Así, al evidenciar que el proceso estaba viciado de una nulidad de carácter saneable y, en aras de garantizar el derecho de contradicción y defensa, en aplicación de los artículos 136 y 137 del Código General del Proceso, el despacho, a través de auto del 6 de julio de 2021, ordenó que se pusiera en conocimiento de la presente acción al Juzgado 57 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá.

33. Igualmente, ofició a la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado 57 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, para que publicaran en sus respectivas páginas web, copia del escrito de tutela, del auto admisorio, de la sentencia de primera instancia, del escrito de impugnación que presentó la parte actora y del auto de nulidad saneable, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional de la referencia.

34. El Juzgado 57 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

35. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 13 de mayo de 2021, proferido por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

36. Con ocasión de la pandemia generada por el contagio a gran escala del COVID-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.

2.3. Legitimación en la causa

37. En primer lugar, la Sala advierte que la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal está legitimada en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991, en la medida en que la acción de amparo puede ser desplegada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales.

38. En el caso concreto, se tiene que la tutelante promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la presente solicitud de amparo, por lo que es claro que es la titular de los derechos fundamentales cuya vulneración alega.

39. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está igualmente legitimada en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que, en segunda instancia, resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado N.º 11001-33-42-057-2017-00379-01, que es objeto de esta acción constitucional.

2.4. Problema jurídico

40. Corresponde a la Sala resolver a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetivos de la tutela contra providencia judicial?

41. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará si procede confirmar, modificar o revocar la decisión que adoptó la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia del 13 de mayo de 2021 y, para el efecto, estudiará:

Si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” vulneró los derechos fundamentales de la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal, al proferir la sentencia del 4 de noviembre de 2020 a través de la cual declaró la prescripción de los derechos salariales y prestacionales reclamados por la tutelante, por presuntamente incurrir en un defecto sustantivo.

2.5. Razones jurídicas de la decisión

42. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva (iii) generalidades del defecto sustantivo y; (iv) análisis del caso concreto.

2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

43. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.

44. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

45. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

46. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.7. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.7.1. Relevancia constitucional

47. En el sub judice se advierte que en lo que se refiere al conteo del término de prescripción de derechos laborales, el asunto es de relevancia constitucional, por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia proferida el 4 de noviembre 2020 por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual revocó el numeral 3º de la decisión de primera instancia, en el sentido de declarar la prescripción trienal de los derechos salariales y prestacionales reclamados por la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal, salvo los pensionales, como consecuencia de la declaratoria de la existencia de la relación laboral entre aquella y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

48. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, la señora Puerto Bernal consideró vulnerados sus derechos fundamentales del debido proceso, al trabajo y a la seguridad social, por cuanto el operador jurídico de segunda instancia desconoció que si bien no era posible enjuiciar el acto administrativo que otorgó una respuesta al memorial radicado el 30 de septiembre de 2014, teniendo en cuenta que sobre aquella decisión de la administración había operado el fenómeno de la caducidad, “dicha radicación sí interrumpió la prescripción, dando cabida a que con una siguiente radicación dentro de los 3 años siguientes la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal acudiera a la jurisdicción, por lo cual el oficio a enjuiciar si era el que dio respuesta al reclamo del 27 de abril de 2017, es decir el Oficio Radicado No. 18800 fechado del 05 de mayo de 2017”.

49. En ese sentido, los argumentos que a juicio de la parte actora eran irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, concretamente la interrupción de la prescripción de sus derechos laborales derivados de la declaratoria del contrato realidad, habrían transgredido el alcance y aplicación de sus derechos fundamentales, lo que conllevó a que se omitiera el deber del juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.

50. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte tutelante frente a la razonabilidad de la decisión, pues existen interpretaciones contradictorias sobre el mismo derecho en consideración a lo dispuesto por el Consejo de Estado respecto del tema de la interrupción de la prescripción de derechos laborales, lo que, en su criterio, vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso, al trabajo y a la seguridad social.

51. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende la accionante, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente legal.

52. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección.

53. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.

2.7.2. Tutela contra tutela

54. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia que se censura fue proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado N.º 11001-33-42-057-2017-00379-01.

2.7.3. Inmediatez

55. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, en vista que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, fue proferida el 4 de noviembre 2020, mientras que la presente acción constitucional fue radicada el 7 de abril del 2021 por lo que, sin necesidad de identificar la fecha de su notificación y la de la ejecutoria, se advierte que la tutela se presentó con menos de seis meses, tiempo que esta Sala ha considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.

2.7.4. Subsidiariedad

56. En consideración a la subsidiariedad, la Sala encuentra superado este requisito por tratarse de una providencia que resolvió el recurso de apelación elevado por la señora Puerto Bernal y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por lo que es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.

57. Por otro lado, frente a los argumentos de la parte accionante, se advierte que no son procedentes los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, pues los motivos que lo sustentan no encuadran en los requisitos y causales que los hacen procedentes.

58. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados, motivo por el cual se procederá a realizar el estudio del caso concreto.

2.8. Defecto sustantivo

59. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

60. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
61. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

2.9. Caso concreto

62. En el sub judice la parte actora alega que la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso, al trabajo y a la seguridad social, con ocasión de la sentencia del 4 de noviembre del 2020, por cuanto, en su criterio, dicha decisión adolece de defecto sustantivo por interpretación errónea de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

63. Lo anterior, sobre la base de considerar que si la terminación del vínculo laboral con la entidad se dio el 30 de septiembre de 2011 y la reclamación administrativa se presentó el 30 de septiembre de 2014, ello quiere decir que la solicitud se radicó dentro de la fecha límite para hacerlo, interrumpiendo así el fenómeno prescriptivo hasta el 30 de septiembre de 2017, “interregno de tiempo durante el cual se presentó una nueva reclamación y se acudió a la jurisdicción contencioso administrativa (…)”.

64. En esos términos, indicó que el error de interpretación se concretó en que si bien no era posible enjuiciar el acto administrativo que otorgó una respuesta al memorial radicado el 30 de septiembre de 2014, teniendo en cuenta que sobre aquella decisión de la administración había operado el fenómeno de la caducidad, “dicha radicación sí interrumpió la prescripción, dando cabida a que con una siguiente radicación dentro de los 3 años siguientes la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal acudiera a la jurisdicción, por lo cual el oficio a enjuiciar sí era el que dio respuesta al reclamo del 27 de abril de 2017, es decir el Oficio Radicado No. 18800 fechado del 05 de mayo de 2017”.

65. En primera instancia, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente alegados. En relación con el primer cargo, indicó que a partir de lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 fue que el operador jurídico tutelado determinó que la interesada no demandó el acto administrativo que interrumpió la prescripción, toda vez que, si prestó sus servicios a la Subred hasta el 30 de noviembre de 2011, tenía hasta el 30 de septiembre de 2014 para elevar la petición en sede administrativa.

66. Entonces, si bien la señora Puerto Bernal radicó el 30 de septiembre de 2014 la solicitud ante la entidad, “(…) la interesada no demandó el acto administrativo que interrumpió la prescripción, esto es, el Oficio núm. 05-80107-45-V3 de 21 de octubre de 2014, el cual fue expedido en respuesta de la primera reclamación, dentro de los tres años siguientes, sino que el 27 de abril de 2017 elevó una nueva solicitud y ejerció la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de ese nuevo acto, momento en el cual ya había operado el fenómeno jurídico mencionado (…)”, aclarando que tal fenómeno no operó sobre los derechos relacionados con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, toda vez que esas cotizaciones tenían la connotación de imprescriptibles.

67. Respecto del desconocimiento del precedente, indicó que, contrario a lo manifestado por la parte actora, la autoridad judicial accionada acogió el criterio fijado por el Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, ya que aplicó lo dispuesto en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, y en las decisiones invocadas como transgredidas, en tanto que coligió que la interesada podía reclamar dentro de los 3 años siguientes a la terminación de su vínculo contractual.

68. Inconforme con dicha determinación, la señora Puerto Bernal la impugnó. Aseguró que los argumentos del a quo constitucional para negar el defecto sustantivo denotan un exceso ritual manifiesto, por exigir que se demande ante la jurisdicción el acto administrativo que interrumpió la prescripción, siendo que “(…) no existe estipulación legal con la cual se prohíba la presentación de varias reclamaciones sobre derechos laborales dentro del término prescriptivo, así como exigencia alguna de poder demandar únicamente el acto administrativo que responde a la reclamación y al tiempo interrumpe la prescripción (…)”.

69. En esos términos, esta Sala de Decisión anticipa que confirmará la decisión de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo deprecado, de acuerdo con los argumentos que pasan a explicarse.

70. A efectos de resolver el problema planteado por la accionante, es necesario analizar lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, veamos:

“ARTÍCULO  41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

ARTÍCULO  102.- Prescripción de acciones.

Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.
71. De las normas citadas, es dable concluir que, i) el término para reclamar los derechos es de 3 años, so pena de que opere la prescripción; ii) que dicho lapso transcurre a partir del momento en que la obligación se haya hecho exigible y; finalmente, iii) que la manera de interrumpir la prescripción es formulando el reclamo ante la entidad o empresa obligada.

72. En relación con la prescripción, la Sección Segunda de esta Corporación ha dicho que se entiende como el efecto de extinguirse un derecho o acción de cualquier clase, por el transcurso del tiempo. Por su parte, la Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 en la Sentencia C-916 de 2010, sostuvo que la finalidad de la prescripción es “adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la inmediatez, que, obviamente, favorece al trabajador, por ser la parte más necesitada de la relación laboral”.

73. Es decir que, el propósito de la referida figura no es otro que el de salvaguardar la seguridad jurídica respecto de los litigios que han de presentarse ante los jueces, ante la inactividad del interesado en reclamar de manera oportuna su derecho.

74. Así las cosas, se tiene que la relación laboral de la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2011; que el 30 de septiembre de 2014, la demandante presentó reclamación administrativa ante la entidad para obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas durante el tiempo que laboró bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales, la cual fue resuelta desfavorablemente por el gerente del Hospital Occidente de Kennedy Nivel III, mediante el Oficio N.º 05-80107.45S3 del 21 de octubre de 2014.

75. El 26 de abril de 2017, la señora Puerto Bernal presentó petición ante la referida Subred de Servicios de Salud, en la cual solicitó la declaración de la existencia de la relación laboral, así como el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales desde el 2005 hasta el 2011; petición que fue denegada por la entidad de salud, a través del Oficio N.º 18800 del 5 de mayo de 2017, suscrito por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

76. Como consecuencia ello, la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. – Hospital de Kennedy, con el fin de obtener, entre otras, i) la declaratoria de la existencia del contrato realidad y, ii) la nulidad del Oficio N.º 18800 del 5 de mayo de 2017, mediante el cual la entidad le negó el reconocimiento y pago de las acreencias adeudadas por el tiempo en el que estuvo vinculada a través de contratos de prestación de servicios.

77. Del recuento fáctico expuesto, la Sala advierte que, pese a que la señora Puerto Bernal presentó la reclamación administrativa dentro del término de los 3 años previstos por las normas citadas en precedencia, esto es, el 30 de septiembre de 2014, no instauró la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del Oficio N.º 05-80107.45S3 del 21 de octubre de 2014, a través del cual la Subred le negó lo solicitado, sino que, contrario a ello, consideró que el efecto de radicar dicha reclamación era que el término de 3 años se reiniciaba, lo que le permitía presentar una nueva solicitud ante la entidad, pasible de ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que, tal como quedó consignado en los antecedentes de esta providencia, la actora demandó el Oficio N.º 18800 del 5 de mayo de 2017.

78. En ese contexto, esta Colegiatura evidencia que, exigir a la señora Puerto Bernal que demandara el Oficio N.º 05-80107.45S3 del 21 de octubre de 2014, no constituye de manera alguna un exceso ritual manifiesto sino que, contrario a ello, el hecho de que la accionante pretenda que se le permita controvertir el Oficio N.º 18800 del 5 de mayo de 2017 denota un uso desmedido del derecho puesto que, lo que la actora debió hacer fue, una vez obtenida la primera respuesta desfavorable de la entidad, acudir dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de aquella ante la jurisdicción contencioso administrativa, previo agotamiento de la conciliación extrajudicial.

79. No obstante, la señora Puerto Bernal dejó pasar el tiempo como si en derecho no se exigiera la carga de acudir con inmediatez y oportunidad, situación que puede traducirse como el desinterés de reclamar sus derechos prestacionales, toda vez que, se reitera, la figura en comento solo opera respecto de las prestaciones sociales y salariales puesto que, “al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales”, mientras que, los derechos pensionales son imprescriptibles pues se causan día a día.

80. Conforme con lo expuesto, esta Sala de Decisión considera que la providencia tutelada se encuentra debidamente sustentada y no realizó una interpretación errónea de la normas que regulan la prescripción de las acciones en materia laboral y de seguridad social, en la medida en que, frente al punto, el operador jurídico cuestionado manifestó:

“(…) la Sala encuentra que frente a los derechos salariales y prestacionales reclamados operó el fenómeno prescriptivo, habida consideración a que la actora prestó sus servicios en forma sucesiva a ininterrumpida a favor de la demandada, entre el 1º de marzo de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2011 y por ende tenía hasta el 30 de septiembre de 2014 para incoar la petición en sede administrativa, tal como lo hizo, sin embargo no acudió a instancias judiciales para demandar ese primera acto donde la entidad accionada le decidió desfavorablemente sus derecho (sic) sino que esperó que transcurrieran otros casi 3 años para elevar una nueva petición, frente a la cual se generó un nuevo acto que ahora se demanda.

Téngase en cuenta que la prescripción de derechos del régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales se encuentra regulada en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y en el artículo 102 del Decreto reglamentario 1848 de 4 de noviembre de 1969, que las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescriben en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible y que el simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual (…)

La interrupción de la prescripción como la estipuló el legislador no puede ser mal interpretada para justificar que derechos de naturaleza no periódica permanezcan incólumes a pesar del paso del tiempo, por el solo hecho de presentar peticiones reiterativas cada tres años. Pensar en lo contrario implica desconocer el sentido de la norma y eternizar el tiempo para reclamar los derechos, manteniendo atada a la persona obligada de manera indefinida”.

81. En ese orden de ideas, esta judicatura encuentra que el defecto sustantivo por presunta interpretación errónea de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, no está llamado a prosperar puesto que, fue precisamente a partir de dichas normas que la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo Cundinamarca concluyó que los derechos salariales y prestacionales reclamados por la demandante habían prescrito.

2.10. Conclusión

82. Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado a través de la cual negó el amparo deprecado por la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal, por encontrar que la sentencia del 4 de noviembre del 2020, proferida por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo Cundinamarca no vulneró los derechos fundamentales de la accionante.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de mayo de 2021, a través de la cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, NEGÓ las pretensiones de la señora Sandra Bibiana Puerto Bernal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. En su lugar, dispuso: “DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción de los derechos salariales y prestacionales reclamados por la señora SANDRA BIBIANA PUERTO BERNAL, salvo los pensionales, como consecuencia de la declaratoria de la existencia de la relación laboral entre las partes durante el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2005 y el 30 de septiembre de 2011, por los motivos expuestos en esta providencia. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se ordena:
i) Efectuar con destino al sistema de seguridad social en pensiones las cotizaciones por el monto que hicieren falta y por todo el tiempo en que se declara la existencia del vínculo laboral, teniendo como base de cotización la totalidad de los honorarios (100%). Para efectos de dar cumplimiento a esta condena, la accionada deberá tomar el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante durante los tiempos que se declara la existencia de la relación laboral, el cual corresponde al 100% de los honorarios percibidos, mes a mes, por la contratista y determinar si existiere diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron cotizar al respectivo fondo de pensiones. La suma faltante, por concepto de aportes a pensión en el porcentaje que corresponda como empleador, deberá pagarse al fondo de pensiones indicado por la demandante al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia. La parte actora deberá acreditar ante la administración las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de que no las hubiere hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora”.
“ARTÍCULO  41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.
“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”. ARTÍCULO  102.- Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.
“Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, exp: 76001-23-31-000-2011-01490-01 (2621-14), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, exp: 15001-23-33-000-2014-00144-01 (0957-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, exp: 25000-23-42-000-2014-01202-01 (0990-16), M.P. Luz Adriana Ballén Martín. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, exp: 08001-23-33-000-2014-01060-01 (1473-17), M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Segunda, exp: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Corte Suprema de Justicia, exp: STP1557-2019, 102513, M.P. José Luis Barceló Camacho. El a quo del proceso ordinario fue notificado de la referida providencia por mensaje de datos enviado el 8 de julio de 2021 a las 12:24:47. Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Fecha hasta la cual se extendió la suspensión de términos judiciales de los procesos dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, les decir que la reanudación de aquellos se concretó a partir del 1º de julio del mismo año. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.3.2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6.3.2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27.1.2005, M.P.

Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.3.2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10.8.2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.8.2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24.7.2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.2.2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.2.2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.3.2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.3.2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.9.2006, M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.3.2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.1.2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28.10.2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.1.2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.2.2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.5.1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.8.2004. M.P. Clara Inés Vargas. Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa Administrativa, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 9.5.2013, exp: 08001-23-31-000-2011-00176-01 (1219-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25.8.2016, exp: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15)CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cueter.

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