Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02232-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-02232-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02232-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-02232-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
15 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA PACÍFICA / PARO NACIONAL / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / EFECTOS DE LA SENTENCIA – Se hizo extensiva a todos los ciudadanos / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROHIBICIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS MANIFESTACIONES O ACTOS SIMBÓLICOS POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL O DEL ESMAD – Pretensión estudiada en la acción de tutela interpuesta con anterioridad / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA – Expedida en cumplimiento de la orden dada en la sentencia de acción de tutela interpuesta con anterioridad / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD – Contra el Decreto de carácter general si se considera que no cumple con el mandato convencional y constitucional de que el uso de armas de fuego debe estar prohibido
El accionante manifestó que la finalidad del presente amparo es que el juez de tutela disponga que cese la amenaza de sus derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la dignidad humana. Si bien son varias las garantías invocadas, esta Sala entiende que, en consonancia con los presupuestos fácticos y los argumentos que sustentan la solicitud de amparo, el derecho a la manifestación pública y pacífica es el que se principalmente se considera como amenazado. Como se expuso con antelación, el derecho a la protesta pacífica cuenta con una naturaleza intrínsecamente compleja y, debido a la convergencia de otros derechos en su ejercicio, su restricción arbitraria puede acarrear la vulneración de garantías tales como la integridad personal, la salud y la dignidad. Si bien, de acuerdo con la Corte Constitucional, el derecho a la protesta pacífica tiene una dimensión colectiva en relación con su concreción, la titularidad de este es esencialmente individual, por lo que la presunta amenaza a dicha garantía se examinará a partir de la situación específica del señor [G.G.] como accionante, en el marco de los presupuestos fácticos expuestos. Es decir, teniendo en cuenta el marco convencional y constitucional expuesto, así como las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en la sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Sala analizará cada una de las pretensiones de la demanda de tutela y precisará si se configura la cosa juzgada constitucional o si hay lugar a pronunciarse de fondo.Ahora, si se configura la cosa juzgada constitucional se deberá declarar la improcedencia de la acción por no superarse el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el accionante cuenta con el incidente de desacato para poner de presente sus inconformidades ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones a que haya lugar. (…) En el caso concreto del señor [G.G.] si bien no fungió como accionante en la solicitud de amparo que culminó con la sentencia del 22 de septiembre de 2020, lo cierto es que, como quedó expuesto en el numeral 2.8. de esta providencia, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil hizo extensivos los efectos de la protección del derecho a la protesta pacífica a todos los ciudadanos. (…) Lo anterior, significa que, en efecto, los titulares del derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución están legitimados para promover un incidente de desacato para obtener el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020. (…) “i) Se ordene de manera inmediata se deje de utilizar armas de fuego en las manifestaciones o actos simbólicos por parte de la Policía Nacional o del Esmad” La Sala advierte que, respecto de esta pretensión, se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional por las razones que a continuación se exponen. En el literal b, del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó al Gobierno Nacional – Presidente de la República que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicha providencia procediera a: “b. Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema.
De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas. Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa. (…) Protocolo de acciones preventivas El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades.” En cumplimiento de dicha orden, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 por medio del cual se estableció el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores denominado como el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. De acuerdo con la orden dispuesta por la Corte Suprema de Justicia y con el protocolo que la materializó, la regla general es que el uso de armas de fuego o cualquier otro tipo de dispositivo letal está prohibido para cualquier miembro de la fuerza pública en contextos en los que se ejerza el derecho fundamental a la protesta pacífica. (…) Ahora bien, si el accionante considera que dicha orden no fue cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación. A su vez, si el señor [G.G] considera que el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 no cumple con el mandato convencional y constitucional de que el uso de armas de fuego debe estar prohibido, por regla general, cuenta con el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, regulado por el artículo 135 de la Ley 1437 del 2011 y el cual es un mecanismo judicial idóneo para controvertir dicha norma, al ser un decreto de carácter general dictado por el Gobierno Nacional, y un proceso en el que se puede solicitar que se adopten medidas cautelares, de conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Para controvertir un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto / MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO – Decreto de carácter general, impersonal y abstracto / ASISTENCIA MILITAR – Procedencia ante hechos que alteren gravemente la seguridad o la convivencia
Se ordene que se prohíba de manera inmediata la presencia del ejército nacional (sic) en manifestaciones o actos simbólicos dentro del marco del paro nacional”. En relación con esta solicitud, se pone de presente que la figura de la asistencia militar está consagrada en el artículo 170 de la Ley 1801 del 2016, el cual la define como un instrumento legal que puede ser dispuesto por el Presidente de la República en los siguientes escenarios: i) ante hechos que alteren gravemente la seguridad o la convivencia; ii) ante riesgo o peligro inminente; iii) para afrontar emergencia o calamidad pública. De conformidad con dicha norma y ante la situación de orden público en el marco de las distintas jornadas de protesta adelantadas desde el 28 de abril del 2021, el Presidente expidió el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 y ordenó que se aplicara, entre otras medidas, la figura de asistencia militar en coordinación con algunas autoridades locales. Por tanto, es dable concluir que el accionante pretende, por medio de esta solicitud, controvertir una norma de carácter general, impersonal y abstracto, por lo que la pretensión en cuestión es improcedente, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.
ACCIÓN DE TUTELA / GASES LACRIMÓGENOS / USO DE CARTUCHOS CON CARGA QUÍMICA CS POR PARTE LA POLICÍA NACIONAL – No constituye un uso desproporcionado de la fuerza, pues, es una actividad lícita regulada y reglamentada / DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA / PANDEMIA / COVID 19 / DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA PACÍFICA – No se suspende con ocasión a la emergencia sanitaria declarada / DEBER CONSTITUCIONAL DE TODA PERSONA DE PROCURAR EL CUIDADO INTEGRAL DE SU SALUD Y DE SU COMUNIDAD / PARTICIPACIÓN EN LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS – Quien participe debe asumir los riesgos que ello implique a nivel de contagio del virus como de la intervención de la Policía Nacional para preservar la seguridad y la convivencia ciudadana / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Se ordene se prohíba de manera inmediata la utilización de gases lacrimógenos al menos mientras pasa la emergencia del COVID 19” En relación con esta pretensión, se pone de presente que el uso de cartuchos con carga química CS por parte de la Policía Nacional para dispersar aglomeraciones o restablecer el orden público es una actividad lícita que está regulada en la Ley 525 de 1999 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción” hecha en Paris el trece (13) de enero de (1993)” y reglamentada por la Resolución 3002 del 29 de junio de 2017 “Por el cual se expide el manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”. Por otra parte, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS calificó el brote del virus Covid-19 como una pandemia, con fundamento en lo cual el Ministerio de Salud y de la Protección Social profirió la Resolución N° 385 del 12 de marzo del 2020, mediante la cual declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. (…) Ahora bien, el inciso cuarto del artículo 49 de la Constitución establece que “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”, esto significa que los ciudadanos tienen la obligación constitucional de actuar de manera diligente para preservar la salubridad pública. Desde el panorama fáctico y jurídico expuesto, se advierte que, si bien el derecho a la protesta pacífica no se suspende con ocasión de la emergencia sanitaria, lo cierto es que las personas deberían abstenerse de concurrir a escenarios en donde se presenten aglomeraciones o no se cumplan los protocolos de bioseguridad, por cuanto esto produce que los contagios y muertes por el virus covid-19 aumenten de manera acelerada. Por supuesto, quien decida libremente participar de las protestas y manifestaciones públicas debe asumir los riesgos que ello implica, tanto a nivel de contagio del virus como de las situaciones que se presentan cuando la Policía Nacional debe intervenir para preservar la seguridad y la convivencia ciudadana. Por ello, no es dable que un manifestante invoque la emergencia sanitaria producida por el covid-19 para que se suspenda el uso de cartuchos con carga química CS por parte de la Policía Nacional, pues, se reitera que al participar hoy en día en actividades en donde se presentan aglomeraciones y alteraciones al orden público se expone autónomamente a los riesgos que ello conlleva. Además, el uso de “gases lacrimógenos” no constituye un uso desproporcionado de la fuerza, pues, es un recurso legal con el que cuenta la Policía Nacional que se encuentra regulado y reglamentado.
ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / VERIFICACIÓN DE QUE LOS CARTUCHOS CON CARGA QUÍMICA CS CUMPLAN CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL – Orden dirigida a la Defensoría del Pueblo para realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación del cuerpo policial
Se ordene que en caso de que se continúe permitiendo la utilización de gases lacrimógenos, exista una verificación previa por parte de la DEFENSORIA DEL PUEBLO y de la PROCURADURÍA de que dichos gases no están vencidos” Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación: En el inciso primero del numeral octavo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó: “OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos. (…)” Lo anterior significa que, en principio, la Defensoría del Pueblo debe verificar que los cartuchos con carga química CS cumplan con las condiciones necesarias para ser utilizadas por parte de la Policía Nacional y, en especial, del Escuadró Móvil Anti Disturbios. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN LA ACCIÓN DE TUTELA - Para agenciar los derechos de los niños y niñas / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / PROHIBICIÓN DEL USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL CUANDO EXCEPCIONALMENTE DEBE INTERVENIR EN LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS – Exigencia mayor cuando se encuentren presenten menores de edad
Se ordene la prohibición de cualquier arma traumática o no traumática, en sitios donde se encuentren personas de la tercera edad o niños (…) la Corte Constitucional en la sentencia T-259 de 2018 afirmó que “existe la legitimación por activa para agenciar los derechos de los niños y niñas, por parte de terceros que manifiesten ese interés”, toda vez que es un deber de todo ciudadano velar por la protección de sus derechos. Por lo anterior, el señor [G.G.] está legitimado en la causa por activa. Ahora bien, respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación: En el inciso primero del numeral octavo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se dispuso:“SEGUNDO: ORDENAR a los aquí encausados que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción.” Lo anterior significa que, en principio, la Policía Nacional debe abstenerse de usar de manera desproporcionada la fuerza cuando excepcionalmente debe intervenir en las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021. Por supuesto, en los escenarios en donde estén presentes menores esta obligación es aún más exigente, comoquiera que la situación particular de vulnerabilidad de una persona que está empezando la vida hace que se encuentre en un estado de indefensión y en una condición de desigualdad física, psíquica, social y económica respecto del resto de seres humanos. Ello significa que, en efecto, un miembro de la Policía Nacional debe tener especial cuidado cuando en un escenario en el que se presente una alteración al orden público haya presencia de niños, pues, de ninguna manera puede utilizar la fuerza en la misma intensidad como si se tratara de personas adultas. (…) Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que la Policía Nacional cumpla con la referida obligación.
ACCIÓN DE TUTELA / CREACIÓN DE MECANISMOS DE CONVERSACIÓN CON TODOS LOS SECTORES INCLUYENDO LOS PROMOTORES DEL PARO Y LA OPOSICIÓN – Falta de relación clara entre esta pretensión y el fundamento fáctico y jurídico de la acción de tutela relacionado con el uso excesivo de la fuerza / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Se ordene al GOBIERNO NACIONAL en cabeza de IVÁN DUQUE MÁRQUEZ crear unos mecanismos de conversación amplia con todos y cada uno de los sectores dentro de la realidad nacional incluyendo a los promotores del paro, a la oposición y demás en donde se pueda establecer”. La Sala advierte que no existe una relación clara entre esta pretensión y los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el amparo ante la presunta amenaza de las garantías constitucionales accionadas. Lo anterior, en la medida en que la inminencia del perjuicio invocado tiene como argumento central el supuesto uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de agentes militares y de policía. A su vez, de la situación particular del señor [G.G.], no se advierte que lo pretendido tenga alguna virtualidad en el cese de la amenaza alegada. Ahora bien, el derecho a la protesta cuenta con una dimensión colectiva en su ejercicio y concreción y, en el presente caso, de acuerdo con lo argüido por el accionante, las jornadas de protesta se originaron a partir de una serie de descontentos por parte de los manifestantes con algunas de las políticas que ha implementado el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, el contexto específico en el que tiene lugar el diálogo y la concertación entre los protestantes y el Gobierno Nacional, en relación con las reivindicaciones y exigencias alegadas en el marco de las manifestaciones, obedece a una órbita esencialmente política, en la que el juez constitucional no puede intervenir.
ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS
Se ordene que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN adelante la investigación de las muertes, desapariciones forzadas, torturas y demás realizadas por miembros de la fuerza pública en las manifestaciones, actos que son graves violaciones a derechos humanos” Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación: En el numeral décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó: “DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” Así mismo, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Civil en el auto del 27 de mayo de 2021, dispuso:“2.4.3.2. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Nación, que en el término de quince (15) días, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha: (…) 2-. En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodológico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistemático, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos. En sentido negativo, deberán explicar las razones por las cuales no se abordó ese enfoque con base en la sentencia STC 7641-2020.” (…) Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se hagan las referidas investigaciones.
ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / PODER PREFERENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Para adelantar las investigaciones de los hechos constitutivos de faltas disciplinarias en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021
Se ordene a la PROCURADURÍA asumir de manera inmediata el poder preferente disciplinario e investigar todos y cada uno de los actos de miembros de la fuerza pública por graves violaciones de derechos humanos dentro de los que se encuentran asesinatos, torturas y desapariciones forzadas” Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación: En el numeral décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó: “DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (…) en principio, la Procuraduría General de la Nación debe adelantar las investigaciones de los hechos constitutivos de faltas disciplinarias en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se hagan las referidas investigaciones.
ACCIÓN DE TUTELA / CREACIÓN DE UN CANAL HUMANITARIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS A TODAS LAS POBLACIONES DEL PAÍS - – Falta de relación clara entre esta pretensión y el fundamento fáctico y jurídico de la acción de tutela relacionado con el uso excesivo de la fuerza / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Se ordene al GOBIERNO NACIONAL y cada uno de los alcaldes que creen de manera inmediata con los manifestantes un canal humanitario, por medio de la defensoría del pueblo, las misiones de verificación y demás entes que garantice el abastecimiento de alimentos y medicamentos a todas las poblaciones del país”. Se advierte que no existe una relación clara entre esta pretensión y los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el amparo ante la presunta amenaza de las garantías constitucionales accionadas. Es necesario reiterar que, si bien el derecho a la protesta se ejerce colectivamente mediante la reunión o asociación con otras personas, la titularidad de este es individual, tal como lo ha indicado la Corte Constitucional. Por tanto, el acceso a lo pretendido por el accionante está determinado por su situación fáctica particular. El señor [G.G.] alegó que los derechos fundamentales invocados se han visto amenazados, a partir de los distintos hechos presuntos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes militares y de policía. En este sentido, no se advierte que lo pretendido cuente con la suficiente virtualidad para hacer cesar tal amenaza.
ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ÓRGANOS CON FUNCIONES DE MINISTERIO PÚBLICO Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIÓNES PÚBLICAS / GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS MOVILIZACIONES CIUDADANAS: ALCANCE E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO – Expedición de guía en cumplimiento de la orden dada en la sentencia de acción de tutela
Se ordene que los órganos que tienen funciones de Ministerio Público Procuraduría y Personería, además de la defensoría del pueblo (sic) realicen el acompañamiento inmediato y constante a cada una de las marchas y manifestaciones dentro del marco del paro nacional en el país”. Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación: En el numeral séptimo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020 (…) Por otra parte, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en sus intervenciones, aseguraron que “para dar cumplimiento a la orden contenida en el numeral séptimo” de la sentencia de la sentencia del 22 de septiembre de 2020 expidieron de manera conjunta la “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance e Intervención del Ministerio Público (…) Lo anterior significa que, en principio, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo deben acompañar las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se haga acompañamiento a los manifestantes por parte de las referidas autoridades.
ACCIÓN DE TUTELA / CREACIÓN DE UN COMITÉ NACIONAL DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DE LAS GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS – Falta de exposición de razones por la que es necesaria la creación de dicho organismo y porque lo resuelto por el Alto Tribunal no resulta suficiente para que cese la amenaza alegada / EXPEDICIÓN DEL PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CONCOMITANTES Y POSTERIORES DENOMINADO ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA – Orden dada en la sentencia de acción de tutela
Se ordene la creación de un comité Nacional de verificación independiente las graves violaciones a derechos humanos”. En el literal b, del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó al Gobierno Nacional – Presidente de la República expedir el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. (…) En relación con las acciones posteriores a las jornadas de protesta, la Corte Suprema de Justicia ordenó implementar, en dicho protocolo, procedimientos de verificación de “la legalidad y/o proporcionalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales, así como de las órdenes de la cadena de mando relacionados con el hecho”. En este mismo sentido, se ordenó establecer un procedimiento de verificación posterior a sucesos relacionados con uso desproporcionado de la fuerza (…) De igual forma, los numerales sexto y octavo de la resolutiva de dicha sentencia, ordenan labores de verificación en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, las cuales están relacionadas con la garantía de derechos fundamentales y con situaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales. Si bien la solicitud de creación de un “Comité nacional independiente de verificación” en materia de derechos humanos no está cobijada, en principio, por lo que ordenó la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que el accionante no expuso las razones por las que se considera necesaria la creación de dicho organismo y, de igual forma, no argumentó en qué medida lo resuelto por el Alto Tribunal no resulta suficiente para que cese la amenaza alegada. En este orden de ideas, se negará esta pretensión.
ACCIÓN DE TUTELA / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE FUNCIONARIO PÚBLICO - No es una medida discrecional sino reglada y debe cumplir con unos presupuestos para que proceda su imposición / COMPETENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL – De un servidor público recae única y exclusivamente en la autoridad disciplinaria que adelanta el proceso y no del juez constitucional / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Se Ordene que mientras se adelantan las investigaciones y ante los actos violatorios de derechos humanos y de tratados que incluso son supraconstitucionales se suspenda la actividad de los miembros de la Fuerza Pública implicados (…) se advierte que la suspensión provisional de un funcionario, al que se le esté investigando o juzgando por presuntamente incurrir en una falta gravísima por violar los derechos humanos, es una medida reglada y debe cumplir con unos presupuestos específicos en cada caso para que proceda su imposición. Así mismo, la competencia legal para suspender a un servidor público recae única y exclusivamente en la autoridad disciplinaria que adelanta el proceso, quien, deberá motivar su decisión teniendo en cuenta las condiciones objetivas que tornan necesaria la medida y, además, las garantías del investigado. Se pone de presente que, al juez constitucional le está vedado inmiscuirse en los asuntos propios de un funcionario que ejerce la potestad disciplinaria, comoquiera que debe cumplir con el deber de respetar lo dispuesto en el ordenamiento jurídico respecto de las competencias atribuidas a las demás autoridades del Estado, so pena de incurrir en extralimitación de sus funciones. Así las cosas, la suspensión solicitada por el señor [G.G.] no es un asunto que competa a esta Sala y, por ello, se negará esta pretensión.
ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA – Expedición y cumplimiento de acuerdo a la orden dada en la sentencia de acción de tutela
Se orden al Gobierno Nacional, a la Policía Nacional y al Ejercito (sic) Nacional el cumplimiento de los protocolos para las manifestaciones, ante las graves violaciones a Derechos Humanos. Respecto de esta pretensión también opera el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Como ha sido expuesto con suficiencia, la Corte Suprema de Justicia ordenó la expedición y el cumplimiento estricto de un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, de conformidad con todos los parámetros constitucionales, convencionales e internacionales en materia de protección del derecho fundamental a la protesta pacífica. El Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 por medio del cual se estableció dicho protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores. Ahora bien, si el accionante considera dicha orden no está siendo cumplida a cabalidad por las autoridades estatales, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación.
DERECHO A LA VIDA EN LAS PROTESTAS – Falta de identificación de la disposición que la regula por lo que no existe un argumento cierto y objetivo que permita al juez constitucional estudiar la necesidad de que se expida una nueva disposición / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Se ordene proferir una nueva disposición FRENTE A LA PROTECCIÓN EFECTIVA DEL derecho a la vida en las protestas. El accionante en la demanda de tutela no identificó una norma o protocolo expedido por alguna autoridad, que este dirigido a regular el derecho a la protesta pacífica o la intervención de la Policía Nacional para restablecer el orden público en escenarios de manifestaciones públicas. Es decir, no existe un argumento cierto y objetivo que permita al juez constitucional estudiar la necesidad de que se expida una “nueva disposición” para hacer cesar la amenaza de los derechos fundamentales que el tutelante invocó. Así las cosas, habrá que negarse esta pretensión.
ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / PROHIBICIÓN DE TODO ACTO DE VIOLENCIA FÍSICA, MENTAL, SEXUAL O DE CUALQUIER TIPO POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL A LOS MANIFESTANTES – Cobijado por la orden dada en la sentencia de acción de tutela / PROHIBICIÓN A LAS FUERZAS DE POLICÍA Y MILITARES A REALIZAR CUALQUIER ACTO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y TORTURA EN CONTRA DE CUALQUIER CIUDADANO EN EL MARCO DE LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS
Se ordene que se restrinja cualquier acto de violencia física, mental, sexual o de cualquier tipo por parte de la Policía Nacional a los manifestantes. Respecto de esta pretensión se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Como se ha puesto de presente, La Corte Suprema de Justicia ordenó que todo actuar por parte de los agentes estatales y de policía, en contextos de manifestaciones públicas, estuvieran regidos de conformidad con todos los parámetros constitucionales, convencionales a internacionales en materia de protección del derecho fundamental a la protesta pacífica. Tales parámetros normativos prohíben el uso de la fuerza que no esté regido por los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad, lo que implica que, por regla general, cualquier acto de violencia física, mental, sexual o de cualquier otro tipo no está permitido, en ninguna circunstancia, en contextos de ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica. Por tanto, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia cobija lo pretendido por el accionante. Ahora bien, como se ha advertido, si el accionante considera dicha orden no fue cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación. En ese orden de ideas, la Sala advierte que se declarará la improcedencia de esta pretensión. (…) Se ordene a las fuerzas de Policía y Militares que limiten cualquier acto de desaparición forzada y tortura en contra de cualquier ciudadano que se manifieste resguardado en el derecho fundamental a la protesta. Por las mismas razones que el numeral inmediatamente anterior, se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional y se declarará la improcedencia de esta pretensión.
ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / PROTECCIÓN EFECTIVA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y HUMANOS EN EL MARCO DE LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS - En principio la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación están ejerciendo las acciones tendientes a garantizarlos de acuerdo a sus competencias y funciones
Se ordene al DEFENSOR DEL PUEBLO y a la PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN realizar todas las acciones para la protección efectiva de derechos fundamentales y humanos. Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación: En los numerales sexto, séptimo, octavo y décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020 (…) Lo anterior significa que, en principio, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación están ejerciendo acciones tendientes a garantizar los derechos fundamentales de las personas que participan en las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021. Así mismo, no se observa cuál otra acción es necesaria para hacer cesar la amenaza de los derechos fundamentales que invocó el tutelante, comoquiera que lo que ordenó el Máximo Tribunal de la Jurisdiccional Civil es lo que las referidas entidades pueden hacer, de conformidad con sus competencias y funciones. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo ejerzan las acciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los manifestantes.
ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS – Por los hechos punibles corresponden a la Fiscalía General de la Nación
Se ordene a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN que abra investigaciones inmediatas por las graves violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional (…) Lo anterior significa que, en principio, la Fiscalía General de la Nación debe adelantar las investigaciones de los hechos constitutivos de conductas punibles en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se hagan las referidas investigaciones. (…) Cualquier otra acción dentro de las facultades ultra y extra-petita que tiene el Juez Constitucional para proteger los derechos fundamentales entre ellos la vida. La Sala considera que no es necesario proferir alguna orden adicional a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en sentencia del 22 de septiembre de 2020, en la medida en que dicha providencia dispuso, con suficiencia, todas las medidas que las autoridades estatales deben adoptar en materia de protección tanto del derecho a la protesta pacífica, como de todos los derechos que pueden resultar afectados en el ejercicio de dicha garantía fundamental, tales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, entre otros.
NEGACIÓN DE LA SOLICITUD EN ACCIÓN DE TUTELA / AUTO ADMISORIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Disposición que la reglamenta no contempla etapa procesal para controvertirlo / NEGATIVA DE VINCULACIÓN A LA ENTIDAD PÚBLICA – Ministerio de Salud o a alguna otra autoridad sanitaria ya que de acuerdo con el fundamento fáctico y jurídico de la presente acción versa sobre el uso excesivo de la fuerza / TRÁMITE DE TUTELA – No contempla etapa procesal para controvertir pruebas, más allá de la posibilidad tienen las autoridades para contestar la demanda y aportar los medios de convicción que consideren relevantes / PRINCIPIO DE CELERIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL
La Sala advierte que negará las solicitudes hechas por la Policía Nacional, con base en las razones que se exponen a continuación: En primer lugar, el Decreto Ley 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, no prevé una etapa procesal para que se controvierta el auto admisorio de la demanda de amparo y, por ello, cualquier solicitud o petición que se haga respecto de lo decidido en esa decisión resulta improcedente. La acción de tutela se debe tramitar observando los principios de economía, celeridad y eficacia, ello significa que es un mecanismo judicial expedito, pues, se pretende la protección de derechos fundamentales y eso implica que la intervención del juez constitucional es urgente. En ese orden de ideas, modificar o adicionar el auto admisorio de la demanda en una solicitud de amparo, desconocería la naturaleza de la acción de tutela y haría imposible que se cumplieran los términos establecidos en el artículo 29 del Decreto Ley 2591 para proferir fallo de primera instancia. En segundo lugar, no resulta necesario vincular al Ministerio de Salud o a alguna otra autoridad sanitaria, comoquiera que la controversia constitucional planteada por el accionante versa sobre la amenaza de sus derechos fundamentales por el presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en algunas ciudades del país desde el 28 de abril de 2021. Es decir, el asunto que se debate en la acción de tutela del vocativo de la referencia es ajeno a las competencias y funciones que tiene el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias distritales o municipales, lo que significa que la presunta amenaza de derechos fundamentales no es producto de una acción u omisión de estas autoridades. En tercer lugar, en los numerales sexto y séptimo del auto admisorio de la demanda se ofició a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que informaran sobre las denuncias que habían recibido sobre la violación de derechos humanos, sin embargo, ello no era un límite para que también advirtieran que los miembros de la Policía Nacional habían resultado afectados en el marco de las protestas y manifestaciones públicas. Al respecto, se pone de presente que la Defensoría del Pueblo, en su intervención, indicó que varios miembros de la Policía Nacional habían resultado lesionados y que la Fiscalía General de la Nación estaba investigando si el homicidio de un uniformado tenía relación con el actuar de algún manifestante. Aunado a lo anterior, la Policía Metropolitana de Bogotá podía allegar los informes y las pruebas que considerara pertinentes para ejercer su derecho de defensa y controvertir los argumentos del accionante o poner de presente que sus uniformados han recibido tratos degradantes inhumanos por parte de los manifestantes, de conformidad con el numeral tercero del auto del 22 de junio de 2021. Por lo anterior, no es pertinente oficiar a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que alleguen los registros solicitados por la Policía Metropolitana de Bogotá. En cuarto lugar, se reitera que los principios de economía, celeridad y eficacia, impiden que en el trámite de tutela se otorguen oportunidades procesales para controvertir pruebas, más allá de la posibilidad tienen las autoridades para contestar la demanda y aportar los medios de convicción que consideren relevantes para resolver la controversia constitucional. Es decir, no puede equipararse el mecanismo de amparo constitucional con un proceso ordinario y, por ello, no es dable correrle traslado a la Policía Metropolitana de Bogotá de los videos que el accionante solicitó que le dejaran presentar.
En todo caso, los referidos vídeos no serán analizados por este juez constitucional por las razones que se expondrán al estudiar cada una de las pretensiones de la demanda y, por ello, no existe la necesidad de ejercer un derecho de contradicción frente a ellos.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02232-00(AC)
Actor: YEISON ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – derecho fundamental a la protesta pacífica – análisis de cosa juzgada constitucional – idoneidad del incidente de desacato para obtener el cumplimiento de una orden de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor Yeison Andrés González González contra el Gobierno Nacional – Presidencia de la República, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, las alcaldías de Bogotá, Cali, Pereira, Medellín Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 4 de mayo de 2021, al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Yeison Andrés González González, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Gobierno Nacional – Presidencia de la República, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, las alcaldías de Bogotá, Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se hiciera cesar la amenaza de sus derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la dignidad humana.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en distintas ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“i) Se ordene de manera inmediata se deje de utilizar armas de fuego en las manifestaciones o actos simbólicos por parte de la Policía Nacional o del Esmad.
ii) Se ordene que se prohíba de manera inmediata la presencia del Ejército Nacional en manifestaciones o actos simbólicos dentro del marco del paro nacional.
iii) Se ordene se prohíba de manera inmediata la utilización de gases lacrimógenos al menos mientras pasa la emergencia del COVID 19.
iv) Se ordene que en caso de que se continúe permitiendo la utilización de gases lacrimógenos, exista una verificación previa por parte de la DEFENSORIA DEL PUEBLO y de la PROCURADURÍA de que dichos gases no están vencidos.
v) Se ordene la prohibición de cualquier arma traumática o no traumática, en sitios donde se encuentren personas de la tercera edad o niños.
vi) Se ordene al GOBIERNO NACIONAL en cabeza de IVÁN DUQUE MÁRQUEZ crear unos mecanismos de conversación amplia con todos y cada uno de los sectores dentro de la realidad nacional incluyendo a los promotores del paro, a la oposición y demás en donde se pueda establecer.
vii) Se ordene que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN adelante la investigación de las muertes, desapariciones forzadas, torturas y demás realizadas por miembros de la fuerza pública en las manifestaciones, actos que son graves violaciones a derechos humanos.
viii) Se ordene a la PROCURADURÍA asumir de manera inmediata el poder preferente disciplinario e investigar todos y cada uno de los actos de miembros de la fuerza pública por graves violaciones de derechos humanos dentro de los que se encuentran asesinatos, torturas y desapariciones forzadas.
ix) Se ordene al GOBIERNO NACIONAL y cada uno de los alcaldes que creen de manera inmediata con los manifestantes un canal humanitario, por medio de la defensoría del pueblo (sic), las misiones de verificación y demás entes que garantice el abastecimiento de alimentos y medicamentos a todas las poblaciones del país.
x) Se ordene que los órganos que tienen funciones de Ministerio Público Procuraduría y Personería, además de la defensoría del pueblo (sic) realicen el acompañamiento inmediato y constante a cada una de las marchas y manifestaciones dentro del marco del paro nacional en el país.
xi) Se ordene la creación de un comité Nacional de verificación independiente las graves violaciones a derechos humanos (sic).
xii) Se Ordene que mientras se adelantan las investigaciones y ante los actos violatorios de derechos humanos y de tratados que incluso son supraconstitucionales se suspenda la actividad de los miembros de la Fuerza Pública implicados.
xiii) Se ordene al Gobierno Nacional, a la Policía Nacional y al Ejercito Nacional el cumplimiento de los protocolos para las manifestaciones, ante las graves violaciones a Derechos Humanos.
xiv) Se ordene proferir una nueva disposición FRENTE A LA PROTECCIÓN EFECTIVA DEL derecho a la vida en las protestas.
xv) Se ordene que se restrinja cualquier acto de violencia física, mental, sexual o de cualquier tipo por parte de la Policía Nacional a los manifestantes.
xvi) Se ordene a las fuerzas de Policía y Militares que limiten cualquier acto de desaparición forzada y tortura en contra de cualquier ciudadano que se manifieste resguardado en el derecho fundamental a la protesta.
xvii) Se ordene al DEFENSOR DEL PUEBLO y a la PRUCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN realizar todas las acciones para la protección efectiva de derechos fundamentales y humanos.
xviii) Se ordene a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN que abra investigaciones inmediatas por las graves violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.
xix) Cualquier otra acción dentro de las facultades ultra y extra-petita que tiene el Juez Constitucional para proteger los derechos fundamentales entre ellos la vida.”
4. Así mismo, como medida provisional, el accionante requirió:
“i) Se prohíba la utilización de armas de fuego al menos mientras se profiere fallo de fondo en todas las ciudades y municipios en donde existen protestas por parte de cualquier medio de las fuerzas públicas y en contra de los manifestantes dentro del paro nacional.
ii) Se ordene a la PROCURADURÍA y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO que emita una comisión de acompañamiento mucho más grande y amplio en especial en la ciudad de Cali en donde se tenga registro fílmico de todas las evidencias.”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
5. El día 24 de abril de 2021, varias organizaciones sociales convocaron a la ciudadanía con el fin de que el 28 de abril de 2021 se realizara un “paro nacional” con protestas y manifestaciones públicas en distintas ciudades del país.
6. En el marco de las referidas protestas y manifestaciones públicas, se han presentado disturbios y alteraciones al orden público que han provocado saqueos, destrucción de bienes y bloqueos.
7. Así mismo, algunos miembros de la Policía Nacional han utilizado de manera desproporcionada la fuerza y se han denunciado lesiones personales, homicidios y desapariciones forzadas.
8. Actualmente, en algunas ciudades del país persisten las protestas y manifestaciones públicas, así como los disturbios, alteraciones al orden público y las denuncias contra miembros de la Policía Nacional.
1.3. Fundamentos de la solicitud
9. El señor Yeison Andrés González González aseguró que las autoridades judiciales accionadas amenazaban sus derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la dignidad humana, con base en los siguientes supuestos fácticos:
1.3.1. Supuestos fácticos relacionados con las protestas llevadas a cabo en los años 2019 y 2020
10. Señaló que, desde el 21 de noviembre de 2019 en varias ciudades del país se han realizado manifestaciones con el fin de señalar las deficiencias en políticas públicas y sociales, en las cuales se presentaron disturbios que no fueron posible evitar.
11. Afirmó que, existen videos en los cuales se evidencia la intervención de policías vestidos de civil que han infiltrado las marchas y materializado múltiples actos de abuso policial.
12. Destacó que el 23 de noviembre de 2019, cuando los manifestantes se reunieron en la plaza de Bolívar, el ESMAD los dispersó con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y balas de goma, sin ninguna justificación, mientras que, en la ciudad de Bogotá, en la calle 19 con carrera 4ª, un integrante de la Policía Nacional le disparó a un manifestante -Dilan Cruz-, causándole la muerte con una munición de tipo “bean bag”, lo cual quedó grabado en video.
13. Pese a los protocolos, que obligan a no disparar directamente a la integralidad de los manifestantes, en su sentir, se han normalizado las mutilaciones, agresiones y muertes y el incumplimiento de disposiciones normativas. Así mismo, se hizo referencia a sucesos acaecidos el 9 de septiembre de 2020, cuando se presentó la muerte de una persona -Javier Ordoñez- en el CAI del barrio Villa Luz y otra fue quemada en una estación de policía de Soacha, situaciones que se imputan al “abuso desmedido de la autoridad policial.”
14. Refirió que, la Universidad de los Andes divulgó en internet el denominado “manual 070 de autoprotección contra el ESMAD” en el cual, se especificaron los riesgos a los cuales se exponen quienes hacen uso de la prerrogativa de la protesta pacífica.
15. En ese sentido señaló que, a pesar de que la Policía sólo puede hacer uso de las armas de fuego como última ratio, cuando esté en peligro un bien jurídico fundamental; sin embargo, existen múltiples videos que evidencian el uso desproporcionado de las armas de fuego para herir y matar a las personas, tanto manifestantes como no manifestantes.
16. Afirmó que, durante el desarrollo de las protestas en el año 2020, se hizo uso ilegal de armas de fuego por los integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá y de Soacha, causando la muerte de al menos 11 personas por disparo de bala, sin existencia de una investigación seria contra los responsables.
1.3.2. Supuestos fácticos relacionados con las protestas convocadas para el 28 de abril y el 1º mayo de 2021
17. Manifestó que el Gobierno Nacional presentó un proyecto de reforma tributaria el 15 de abril de 2021, por lo que se convocaron protestas para los días 28 de abril y 1º de mayo de la presente anualidad, con respecto de las cuales se decretó el aplazamiento, señalando que “de manera irregular la MAGISTRADA NELLY VILLAMIZAR, cuando ya existía un fallo del 2020 profiere un fallo de oficio, ampliando el alcance del fallo y limitando los derechos fundamentales en las manifestaciones del 28 de abril de 2021 hasta la fecha.”
18. No obstante, lo resuelto en dicha providencia las manifestaciones se han llevado a cabo desde esa fecha y en ellas se han realizado actos de vandalismo que no han sido evitados o regulados con la aplicación de los correspondientes protocolos.
19. Igualmente, se refirió al uso ilegal de armas de fuego por miembros de la Policía Nacional en las principales ciudades del país (Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Barranquilla y en otros municipios), frente a lo cual, a su juicio, los entes de control, a saber, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, han tenido una actitud pasiva frente a la violación sistemática de los derechos humanos, que se están presentando.
20. Por otro lado, adujo que los ataques de índole sexual van en nueve (9) casos, según el actor, perpetrados por agentes de la Policía Nacional, entre ellos, de una mujer accedida carnalmente frente a su hermana por un agente del ESMAD.
21. Afirmó que los uniformados están cubriendo su número de placa con el chaleco puesto al revés, para que no puedan ser identificados, además que se ha autorizado por el jefe del Ejecutivo la violación sistemática de derechos humanos bajo la figura de la asistencia militar.
22. Manifestó que el uso indiscriminado de los gases lacrimógenos está ocasionando muerte a personas de la tercera edad y a niños, así como también daños oculares. Advirtió que este tipo de químicos se están utilizando vencidos.
23. Aludió a las acciones “arbitrarias” del Gobierno Nacional, como la reforma tributaria en plena crisis, la reforma a la salud, además que la Policía Nacional se dedicó a comprar tanques y camionetas blindadas, nueva flota de aviones, cuando el país se encuentra con la economía quebrantada y las personas se están muriendo por el desabastecimiento, la pandemia y la pobreza que va en aumento.
24. En lo relativo a las desapariciones forzadas, indicó que al momento se reportaron 87 personas durante el paro nacional, según el informe de la Defensoría del Pueblo y que, de acuerdo con las cifras de la mesa de trabajo sobre desapariciones forzadas del 3 de mayo de 2021, se reportaron 135 denuncias. Señaló que los desaparecidos reportados, 28 han aparecido con signos de tortura y tratos crueles.
25. Por otra parte, al argumentar el fondo de la amenaza, precisó que el monopolio de la fuerza debía ejercerse en procura de la protección efectiva de los derechos humanos y que existía una evidente conducta del Gobierno Nacional, a través de agentes del Estado, de “asesinar a los manifestantes y provocar un miedo generalizado”.
26. Sostuvo que, se debía garantizar la integridad personal de los manifestantes y de los miembros de la fuerza pública, pues, se han presentado enfrentamientos entre estos que han producido problemas respiratorios por el uso de gases lacrimógenos, pérdidas de órganos oculares y graves lesiones físicas.
27. En ese orden de ideas, concluyó:
“Se hace menester la intervención del Juez Constitucional ordenando la protección generalizada de la vida de todos y cada uno de los ciudadanos, impidiendo la utilización de armas de fuego en actos simbólicos como plantones, o velatones y asegurando el derecho a la manifestación pacífica”.
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto que dispuso la remisión del expediente al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil
28. La Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 10 de mayo de 2021, dispuso la remisión del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, por conocimiento previo de esa Corporación de la acción de tutela en la que se dictó la sentencia del 22 de septiembre de 2020, por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, en relación con la demanda presentada por Soledad María Granda Castañeda y otros en contra de la Presidencia de la República, los Ministros de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
29. Lo anterior, al encontrarse acreditada no solo la triple identidad de supuestos fácticos, causa petendi y autoridades accionadas, sino también la circunstancia especial de que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil le confirió al fallo que garantizó los derechos fundamentales de todos los ciudadanos colombianos, las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos efectos inter comunis y dispuso realizar los protocolos correspondientes para todas las marchas que se llegaren a convocar en el país a partir de su proferimiento, encontrándose las órdenes pendientes de cumplimiento y aplicación.
30. Con fundamento en tales situaciones, con la finalidad de que no se presentaran decisiones contradictorias y de proteger los derechos a la igualdad y a la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, se dio aplicación al Decreto 1834 de 2015, sobre tutelas masivas.
31. Lo anterior, adicionalmente, en el entendido de que los protocolos que se están realizando para la protección de los derechos se debían construir con la amplia participación de todos los sectores de la sociedad y se dictarían con efectos generales, impersonales y abstractos, tratándose, adicionalmente, de dar pronta solución a la problemática que –se reitera– es la misma en relación con todos los ciudadanos que han acudido a la administración de justicia en protección principalmente del derecho a la protesta consagrado en el artículo 37 Constitucional y que de tramitarse en cada despacho judicial una acción podría dar lugar a múltiples sentencias diferentes.
1.4.2. Auto que dispuso la devolución del expediente
32. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, en proveído dictado el 24 de mayo de la presente anualidad, ordenó la devolución del expediente de la referencia al Consejo de Estado, por considerar que la identidad de supuestos fácticos no era plena porque los de la acción fallada por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil se referían a protestas realizadas en los años 2019 y 2020 y la del vocativo de la referencia lo hacía con respecto a las manifestaciones iniciadas el 28 de abril de 2021.
33. Precisó que, la figura que se presentaría en el presente caso sería la de la cosa juzgada, porque las acciones de tutela masivas se hicieron para que se fallen en forma similar y, por el contrario, el instituto jurídico propuesto se aplica a aquellas acciones que tengan “efectos inter comunis, y en esa medida extender sus efectos, lo cual fue plenamente establecido en la sentencia que profirió la Corte.”
34. El Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil agregó que tampoco existe total identidad con respecto las autoridades accionadas, por cuanto en la presente se pretende igualmente en contra de las alcaldías de Bogotá, Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla y en contra de la Defensoría del Pueblo, y en esta oportunidad se adicionaron los derechos a la dignidad humana, la integridad y la salud, que no fueron invocados en la tutela primigenia.
35. Por otra parte, señaló que, al revisar el sistema de gestión judicial del Consejo de Estado encontró que todas las acciones que guardan identidad con la que es objeto de estudio fueron admitidas para su trámite en el despacho del Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez, bajo el radicado No. 11001-03-15-000-2021-2250-00, a la cual considera se debe remitir esta, en garantía de que se dicte un fallo idéntico en todos los asuntos.
1.4.3. Auto que dispuso la remisión del expediente al despacho del magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez
36. La Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 24 de mayo de 2021, advirtió la improcedencia de trabar un conflicto negativo de competencias y dispuso la remisión del expediente al despacho del Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez, para que se estudiara la acumulación al proceso con radicado N° 11001-03-15-000-2021-02250-00 en donde figuran como accionantes las señoras Catalina Arbeláez Trujillo y María Antonia Marmolejo, y como accionados la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Departamento del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali y el Comandante General de las Fuerzas Militares.
37. Lo anterior, al observarse que las señoras Catalina Arbeláez Trujillo y María Antonia Marmolejo pidieron el amparo de sus derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la vida y al debido proceso, y como pretensiones solicitaron:
“PRIMERO: Que el Gobierno Nacional suspenda la figura de “asistencia militar” establecida en el artículo 170 del Código de Policía y que fue activada días atrás.
SEGUNDO: Que se ORDENE a la FUERZA PÚBLICA, a la POLICÍA NACIONAL y a las FUERZAS MILITARES abstenerse de disparar con armas letales (de fuego y traumáticas) a la población civil que se manifiesta de manera pacífica y también a quienes lo hacen mediante piedras, palos y otros objetos contundentes improvisados pues no es para nada proporcional disparar con armas letales a personas inermes o a quienes se defienden de la represión policial y militar con piedras y palos.
TERCERO: Que se ORDENE al GOBIERNO NACIONAL y a la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI la conformación inmediata de una gran mesa de diálogo donde se establezcan compromisos concretos entre las partes (Gobierno Nacional, Fuerzas Militares y de Policía, Gobierno Departamental, Gobierno Distrital, movimientos sociales, organizaciones del paro, estudiantes, oposición, partidos políticos, universidades, organismos de control y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros), con el fin de solucionar de manera pacífica el conflicto y satisfacer las demandas sociales de las protestas.
CUARTO: ORDENAR al MINISTERIO DE DEFENSA que pida al Pueblo de Colombia y en especial al Pueblo de Santiago de Cali, PERDÓN PÚBLICO, por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el contexto del Paro Nacional por excesos y abuso de la fuerza de los agentes del Estado mencionados.
QUINTO: lo demás que Sus Señorías consideren pertinente para solucionar esta crítica situación.”
38. En ese orden de ideas, la decisión de remisión se adoptó con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, para que no se profirieran providencias contradictorias, y ante la demostración de existir una significativa cantidad de acciones instauradas contra la Presidencia de la República y otras autoridades, encaminadas a la protección de los mismos derechos y que tienen idénticos supuestos fácticos, todos ellos referidos a las manifestaciones que se han venido realizando en distintas ciudades del país en el marco del “paro nacional” convocado desde el 28 de abril de 2021.
1.4.4. Auto que dispuso la devolución del expediente
39. El Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez, en proveído dictado el 31 de mayo de la presente anualidad, ordenó la devolución del expediente, por considerar que “los derechos presuntamente vulnerados y las pretensiones en ambas tutelas son distintas, al paso que la vulneración se predica de autoridades diferentes”.
40. Precisó que, si bien en las dos acciones de tutela el hecho común era el ejercicio de las garantías constitucionales de reunión y manifestación en el marco de las protestas sociales, lo cierto es que esa sola circunstancia no hacía procedente la acumulación de los procesos, toda vez que la vulneración de derechos fundamentales se imputaba a autoridades distintas.
41. Así las cosas, indicó que las dos solicitudes de amparo debían tramitarse de manera independiente, con el fin de que se analizaran los argumentos de las demandas teniendo en cuenta las razones de defensa que expusieran las autoridades accionadas en cada caso concreto.
42. Finalmente, en relación con las acumulaciones de demandas que había ordenado, precisó:
“Por último, el despacho destaca que, en otras oportunidades, ha identificado auténticos casos de tutelas masivas, al punto que se trata de solicitudes tipo formato en las que únicamente varía o cambia el nombre del solicitante, pero se dirigen contra las mismas autoridades y se pretende la protección de los mismos derechos fundamentales. En esos casos, se ha dispuesto la acumulación respectiva.”
1.4.5. Auto admisorio de la demanda
43. La Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 22 de junio de 2021, negó la medida provisional solicitada, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como al Presidente de la República, al Director General de la Policía Nacional, al Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, al Personero de Bogotá, al Defensor del Pueblo, a la Alcaldesa de Bogotá, al Alcalde de Cali, al Alcalde de Pereira, al Alcalde de Medellín, al Alcalde de Barranquilla, a la Procuradora General de la Nación, al Ministro de Defensa y al Fiscal General de la Nación, en calidad de autoridades accionadas.
44. Igualmente, vinculó, en calidad de terceros con interés, al Comité Nacional del Paro presidido por el señor Francisco Maltés y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado que publicara en su página web copia digital, íntegra, de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y del auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional de la referencia.
45. Adicionalmente, ofició a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que rindieran un informe detallado de las denuncias que habían recibido sobre la violación de derechos humanos en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021, y sus actuaciones respecto de ello.
46. Finalmente, concedió al señor Yeison Andrés González González, tres (3) días contados a partir de la notificación del auto admisorio, para que entregara en la Secretaría General del Consejo de Estado los vídeos que tenía en su poder y con los que pretendía demostrar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en distintas ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1. Defensoría del Pueblo
47. Con escrito enviado por correo electrónico el 24 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el abogado Felipe Vargas Rodríguez profesional del Grupo de Representación y Defensa Judicial de la Oficina Jurídica de la entidad, sostuvo que su intervención estaba dirigida a exponer las acciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo relacionadas con: (i) el cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en la sentencia de tutela del 22 de septiembre de 2020; (ii) el desarrollo de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021; y (iii) las quejas que han presentado los ciudadanos por “presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional”.
48. Respecto de las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, manifestó que ha presentado 8 informes de cumplimiento que son el resultado de las actividades desarrolladas por la entidad para adelantar la promoción, divulgación y protección del derecho a la protesta pacífica, así como del “control “estricto, fuerte e intenso” al actuar del ESMAD”.
49. Precisó que, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación elaboraron de manera conjunta el documento “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance e Intervención del Ministerio Público”, con el fin de orientar a las personas acerca del concepto de la protesta pacífica, las normas que la garantizan, cuándo se presenta intervención arbitraria de la fuerza pública, cuál es el acompañamiento que brinda la entidad y cómo se puede presentar una queja en el marco de la protesta pacífica.
50. Indicó que, la entidad diseñó y publicó una “guía de bolsillo” titulada “Derechos, deberes, servicios y rutas de atención en el marco de la protesta social pacífica” que ha sido distribuida entre las personas que concurren a las manifestaciones para que estén informadas de la manera como se ejerce el referido derecho fundamental y cómo la entidad puede brindarles asesoría jurídica cuando se vean afectados.
51. Señaló que, se crearon micro sitios en la página web de la Defensoría del Pueblo en los que se han publicado videos animados para hacer pedagogía respecto del derecho fundamental a la protesta pacífica y las rutas de atención de la entidad ante situaciones que afecten esa garantía constitucional.
52. Aseguró que, desde el mes de octubre de 2020 ha implementado actividades de verificación de los elementos que utilizan los miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios y se expidió la Resolución N° 481 del 13 de abril de 2021 en la que se adoptaron “Los Lineamientos para la revisión de elementos de dotación e identificación del escuadrón móvil anti disturbios –ESMAD- en el marco de las manifestaciones públicas y en eventos privados”.
53. Manifestó que, de conformidad con lo dispuesto en el referido acto administrativo, los defensores del pueblo regionales entablan comunicación directa con los comandantes del lugar en donde el Escuadró Móvil Anti Disturbios debía intervenir y verificaban que sólo se portaran los elementos establecidos en el artículo 18 de la Resolución 2903 de 2017 “Por la cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional”.
54. Aclaró que, los funcionarios de la entidad debían dejar constancia en un acta de los elementos que encontraran que no estuvieran permitidos y solicitar al comandante del escuadrón que el uniformado que actuara de manera irregular no participara del servicio, así mismo tenía que solicitar a la Procuraduría General de la Nación y a la Policía Nacional que adelantaran las investigaciones disciplinarias que correspondieran.
55. Puso de presente que, desde “septiembre de 2020 y hasta la fecha” las defensorías regionales han visitado las unidades de los escuadrones móviles anti disturbios en las ciudades en las que se han adelantado protestas y manifestaciones públicas, con el fin de realizar el proceso de verificación y si se presentasen disturbios “garantizando que no se utilizara la “escopeta calibre 12””.
56. En relación con el desarrollo de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021, indicó que el 23 de abril de 2021 la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la entidad emitió un memorando dirigido a los 42 defensores regionales con los lineamientos institucionales para la atención de las manifestaciones pacíficas y la verificación de dotación e información de los miembros de los escuadrones móviles anti disturbios.
57. Aseguró que, se han realizado 235 procesos de verificación y se ha garantizado que no se porte la “escopeta calibre 12”, así mismo varios funcionarios de la entidad han participado en el Puesto de Mando Unificado –PMU- Nacional con el fin de coordinar la atención de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y recomendar a los comandantes de la Policía Nacional sobre el uso proporcional de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.
58. Manifestó que, desde el 28 de abril hasta el 18 de mayo de 2021 se adelantaron 8.037 manifestaciones en 784 municipios en las que hubo una participación aproximada de 1.249.719 personas y que los escuadrones móviles anti disturbios intervinieron 948 registrándose 1945 personas lesionadas, de las cuales 979 eran civiles y 966 miembros de la Policía Nacional.
59. Advirtió que, que la Inspección General de la Policía Nacional inició 142 indagaciones disciplinarias “(68 por abuso de autoridad, 28 por agresiones físicas, 10 por homicidio, 14 por lesiones personales, 9 incumplimientos a órdenes y 13 por otras conductas)” y que el 11 de mayo de 2021 la Defensoría del Pueblo le solicitó al Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional un informe detallado de las actuaciones del Escuadrón Móvil Anti Disturbios desde el 28 de abril de 2021 y la utilización del lanzador de proyectiles denominado “Venom”.
60. Señaló que, la entidad ha dispuesto 441 funcionarios para que hagan acompañamiento a las protestas y manifestaciones públicas y que 303 más han estado disponibles para prestar el servicio de defensoría pública para las personas que lo requieran.
61. Aclaró que, la gestión de la entidad permitió que se crearan 237 corredores humanitarios para el tránsito de bienes de primera necesidad y que en la ciudad de Cali se realizó una asamblea con los manifestantes para que se permitiera el abastecimiento de oxígeno, medicamentos y vacunas.
62. Precisó que, ha realizado 331 mediaciones para que las manifestaciones fueran pacíficas y 213 mesas de diálogo con las autoridades para dar a conocer los pliegos de peticiones que motivan las protestas y así generar acuerdos entre las partes.
63. Respecto de las quejas que han presentado los ciudadanos por “presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional”, aseguró que entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 2021 se han registrado en el Sistema de Información Institucional Visión Web – ATQ 216 quejas. En este punto, precisó lo siguiente:
“De las 216 quejas, en 140 (69%) de ellas, se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, 147 señalan a miembros de la Policía Nacional y 3 al Ejército Nacional. Para el caso de las quejas con presunta responsabilidad de miembros de la Policía Nacional según la especialidad, 61% corresponderían al ESMAD, 36% a la policía de vigilancia y 3% al Grupo de operaciones especiales GOES.
En cuanto a los derechos que han sido presuntamente vulnerados en el marco de la protesta por parte de miembros de la policía nacional, en las 147 quejas en las que se refiere como presuntos responsables a los miembros de esta fuerza, se contabilizan 188 violaciones a los derechos humanos, entre las que figuran: integridad personal (78), libertad de reunión (36), libertad personal (21) libertad de opinión y expresión (10), vida (8), derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres (6), derechos reconocidos a los jóvenes (6), entre otros”.
64. Indicó que, la Defensoría del Pueblo ha analizado individualmente las quejas que se han presentado y las ha remitido a las entidades competentes para asumir las investigaciones, solicitando que se adoptaran las decisiones necesarias para evitar que se siguieran presentando vulneraciones a derechos fundamentales.
65. Aclaró que, la entidad “tuvo conocimiento” de que fallecieron 41 civiles y 1 integrante de la Policía Nacional, sin embargo, los hechos son materia de investigación y verificación por parte la Fiscalía General de la Nación, a quien le corresponde establecer si esos delitos están directamente relacionados con las manifestaciones.
66. Puso de presente que, junto con la Fiscalía General de la Nación instalaron una Mesa Interinstitucional de Información en el Marco de la Protesta Social, con el fin de informar de manera oportuna y transparente sobre los casos de homicidios y “personas no localizadas”. En relación con esto último, aseguró:
“En el marco de las gestiones adelantadas por la Defensoría del Pueblo para la garantía de derechos en el paro nacional iniciado el 28 de abril, se han establecido canales de comunicación, abiertos y flexibles, para recibir información por parte de representantes de organizaciones de derechos humanos, además de una revisión de redes sociales, que permiten advertir sobre posibles vulneraciones a derechos humanos; de esta manera a la fecha ha recibido por diversas fuentes, información sobre 548 solicitudes de activación del mecanismos de búsqueda urgente de personas no localizadas en el marco de las protestas sociales.”
67. En ese orden de ideas, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto la “institución ha cumplido a cabalidad las órdenes a ella impartidas en la sentencia de tutela STC 7641 de 2020”.
1.5.2. Fiscalía General de la Nación
68. Con escrito enviado por correo electrónico el 24 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el Director de Asuntos Jurídicos de la entidad, sostuvo que la Fiscalía General de la Nación carecía de legitimación en la causa por pasiva.
69. Al efecto, manifestó que no existía una “vinculación material y funcional” entre los hechos que originaron la acción de tutela y la entidad, comoquiera que los presupuestos fácticos que motivaron la interposición del mecanismo de protección constitucional están relacionados con la intervención de la Policía Nacional en las protestas y manifestaciones que se adelantan en algunas ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.
70. Advirtió que, de conformidad con los artículos 249 y 251 de la Constitución, la Fiscalía General de la Nación tenía la función de ejercer la acción penal bajo las condiciones establecidas en la Ley y, por ello, no estaba dentro de sus competencias intervenir en las manifestaciones para conservar el orden público.
71. Por otra parte, indicó que, si se aceptaba que la entidad estaba legitimada en la causa por activa, por las investigaciones que debía adelantar por los hechos punibles ocurridos durante las manifestaciones, la Fiscalía General de la Nación no había vulnerado ningún derecho fundamental.
72. Aseguró que, se han tramitado de manera oportuna todas las denuncias que se han presentado y que la entidad cuenta con canales de atención para que los ciudadanos puedan conocer de los hechos que constituyen conductas punibles.
73. En relación con los canales de atención, señaló que las personas podían acudir de manera presencial a los Centros de Atención de Víctimas (CAV), a las Salas de Atención a Usuarios (SAU), a los Centros de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), a las Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho y a las Unidades de Reacción Inmediata (URI), y de manera virtual podían presentar sus peticiones en el micro sitio “PQR” en la página web HYPERLINK "http://www.fiscalia.gov.co" www.fiscalia.gov.co.
74. Aunado a lo anterior, precisó:
“Además de los expuesto, dentro {de} las funciones propias de la labor investigativa, la FGN ha adelantado acciones de manera directa y en coordinación con la Defensoría del Pueblo encaminadas a recopilar información sobre los presuntos hechos constitutivos de actos delictivos durante las manifestaciones. En esta misma vía, con ocasión de los hechos violentos que tuvieron lugar en el marco de las protestas realizadas desde el año pasado, la Fiscalía General de la Nación dispuso que, antes y durante los eventos de marchas y protestas públicamente convocadas, se conformen escenarios de control o Puestos de Mando Unificado –PMU-.”
75. Así las cosas, pidió que se desvinculara a la Fiscalía General de la Nación del trámite constitucional del vocativo de la referencia o, en su defecto, se negaran las pretensiones de la demanda.
1.5.3. Procuraduría General de la Nación
76. Con escrito enviado por correo electrónico el 24 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la abogada Andrea Lyzeth Londoño Restrepo profesional de la Oficina Jurídica de la entidad, sostuvo que la Procuraduría General de la Nación ha acompañado las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan desde el 28 de abril de 2021 con el fin de que se garantice el derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución.
77. Aseguró que, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo elaboraron el documento “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance e Intervención del Ministerio Público”, con el fin de orientar a las personas acerca del concepto de la protesta pacífica, las normas que la garantizan, cuándo se presenta intervención arbitraria de la fuerza pública y cuál es el acompañamiento que brinda el Ministerio Público.
78. Precisó que, la entidad y la Policía Nacional expidieron el “Protocolo de verificación en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo del cualquier mitin, reunión o acto de protestas”, para que se garantizaran los derechos de las personas en las protestas y manifestaciones públicas.
79. Advirtió que, los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación participaban en los puestos de mando unificado para hacer vigilancia y seguimiento como ente de control y evitar que se vulneraran los derechos fundamentales de los ciudadanos.
80. Manifestó que, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales ha constituido agencias especiales del Ministerio Público para apoyar la recolección de pruebas y hacer seguimiento a las investigaciones disciplinarias y penales que se adelantan por los hechos ocurridos durante las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan desde el 28 de abril de 2021.
81. Aclaró que, hasta el 1° de junio de 2021 se han tramitado 154 acciones disciplinarias que buscan la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos “quienes protestan y quienes deciden no hacerlo” y el esclarecimiento de hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos. En este punto, expuso las siguientes cifras:
“-Se adelantan 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta. De estas, tres (3) son investigaciones disciplinarias, y las demás son indagaciones preliminares.
• Diez (10) expedientes contra otros funcionarios públicos, entre ellos: investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de policía. Y una indagación al gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (Antioquia) por manifestaciones públicas contra manifestantes.
• 17 actuaciones se adelantan contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, detalladas así:
• Tres (3) congresistas son investigados disciplinariamente: Dos miembros del Senado y una integrante de la Cámara de Representantes.
• Siete alcaldes: Cartagena, Pasto, Pereira, Neiva y Villavicencio (5indagaciones preliminares); y Paipa, Zipaquirá (2 investigaciones disciplinarias.
• Una indagación preliminar al Gobernador del Magdalena.
• Seis (6) Concejales: La Tebaida (Quindío), Ibagué (Tolima), Bogotá DC, Riosucio (Caldas), Girón (Santander) y Guarne (Antioquia). Todos en indagación preliminar.”
82. En ese orden de ideas, solicitó que se desvinculara a la Procuraduría General de la Nación de la presente acción de tutela.
83. Posteriormente, el 25 de junio de 2021, la Jefe de la Oficina de Planeación de la entidad, allegó un memorial en el que indicó que al revisar el Sistema de Información Misional SIM se constató que la Procuraduría General de la Nación había recibido las siguientes denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos:
1.5.4. Alcaldía de Santiago de Cali
84. Con escrito enviado por correo electrónico el 24 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del ente territorial, sostuvo que el Alcalde de Cali ha expedido varios actos administrativos con el fin de mitigar los actos violentos que se han presentado durante las protestas y manifestaciones públicas, así como para prevenir el contagio del virus covid-19 en esos escenarios.
85. Aseguró que, el Alcalde de Cali y su gabinete han adelantado acciones tendientes a conformar mesas de diálogo permanente con los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente con el fin de lograr soluciones y que se garanticen los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y al debido proceso.
86. Precisó que, se expidió el Decreto N° 4112.010.20.0304 del 31 de mayo de 2021 “Por el cual se adoptan garantías para la construcción de acuerdos, se institucionaliza la mesa de diálogo en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali en el marco del Paro Nacional del 28 de abril de 2021, y se dictan otras disposiciones” con el fin de garantizar el diálogo reclamado por el accionante y aplicar lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en la sentencia STC7641 del 22 de septiembre de 2020.
87. Puso de presente que, funcionarios del ente territorial hacen acompañamiento a las protestas y manifestaciones públicas, lo que ha permitido que se conformen corredores humanitarios para garantizar el abastecimiento de bienes de primera necesidad y que para el 8 de junio de 2021 se levantaran 21 de los 26 bloqueos en la ciudad.
88. Por otra parte, afirmó que la acción de tutela era improcedente, por cuanto el señor Yeison Andrés González González solicitaba el amparo de garantías colectivas y el mecanismo judicial idóneo para conseguir la protección de este tipo de derechos era la acción popular.
89. Aunado a lo anterior, aseguró que no se cumplía con el requisito de la inmediatez para plantear alguna controversia constitucional respecto de las protestas y manifestaciones públicas del 21 de noviembre de 2019.
90. Así las cosas, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela.
1.5.5. Presidencia de la República
91. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la abogada María Carolina Rojas Charry, después de hacer un recuento de los hechos relacionados por el accionante y las pretensiones de la solicitud de amparo, sostuvo que la acción de tutela era improcedente.
92. Aseguró que, el “Gobierno Nacional” ha cumplido con las órdenes dadas en la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020 y, por ello, expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 “Por el cual se expide el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”.
93. Advirtió que, el referido acto administrativo fue producto de la mesa de trabajo que conformaron los accionantes de la solicitud de amparo que culminó con el fallo de tutela dictado el 22 de septiembre de 2020, el Presidente de la República, la Ministra del Interior, el Ministro de Defensa, el Director General de la Policía Nacional, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y varios terceros interesados.
94. Expuso en qué consistía cada uno de los 4 Capítulos del Decreto 003 del 5 de enero de 2021 y advirtió que nunca han existido reparos en relación con el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil.
95. Por otra parte, manifestó que para contrarrestar las graves afectaciones al orden público y el “desabastecimiento”, se desplegó toda la capacidad humana y logística de la Policía Nacional y se dispuso del apoyo adicional de 2858 efectivos para contener los “actos vandálicos”.
96. Manifestó que, en el Departamento del Valle del Cauca se realizaron 97 operaciones de “desbloqueo” y se ha hecho acompañamiento a las caravanas que transportan bienes de primera necesidad, insumos médicos y vacunas para el virus covid-19.
97. Aclaró que, por el incremento de conductas violentas en las protestas y manifestaciones públicas, el 1° de mayo de 2021 el Presidente de la República hizo uso de la facultad que le confiere el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 para requerir asistencia militar. En este punto, Precisó:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo referido el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las Fuerzas Militares no intervienen en operativos de control y contención en el marco de las manifestaciones públicas, salvo cuando se disponga la Asistencia Militar, caso en el cual actuará desde sus capacidades distintivas y conforme su misionalidad, teniendo en cuenta el artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 5 de la Ley 489 de 1998, con base en los siguientes aspectos:
• Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaborar armónicamente para la realización de sus fines.
• Las instituciones públicas deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones dadas por la norma, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados.
En este sentido, la intervención de las Fuerzas Militares resulta útil en el marco de su función operacional y en estricta coordinación con las autoridades de policía”.
98. Indicó que, el Presidente de la República ha insistido en que es necesario levantar los bloqueos y que cualquier acción de los miembros de la Fuerza Pública para contrarrestar esta conducta, debe ser proporcional y respetar los derechos humanos.
99. Puso de presente que, se implementaron los programas “Conversar para avanzar: la Conversación Nacional 2020” y “Encuentros para escucharnos y avanzar sobre lo Fundamental” para entablar comunicación directa con los grupos sociales que están en desacuerdo con las políticas sociales y económicas.
100. Señaló que, el Presidente de la República es el mayor interesado en que se investiguen y sancionen las conductas que atenten contra los derechos humanos, y que desde el 28 de abril hasta el 4 de junio de 2021 la Inspección General de la Policía Nacional ha adelantado 178 investigaciones por la presunta comisión de faltas disciplinarias.
101. Advirtió que, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado 172 acciones disciplinarias por hechos relacionados con las protestas y manifestaciones públicas adelantadas en algunas ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.
102. Manifestó que, la Justicia Penal Militar abrió 40 investigaciones contra miembros de la Policía Nacional por la presunta comisión de los delitos de homicidio “12”, lesiones personales “19”, abuso de autoridad “6”, peculado culposo “2” y prevaricato por omisión “1”.
103. Al descender al caso concreto y argumentar la oposición a las pretensiones del accionante, aseguró que el señor Yeison Andrés González González carecía de legitimación en la causa por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales de “todas las personas manifestantes”, comoquiera que no acreditó la imposibilidad de los demás ciudadanos para acudir directamente al juez constitucional.
104. Indicó que, el “Departamento Administrativo de la Presidencia y/o el señor Presidente de la República” no habían vulnerado ninguno de los derechos fundamentales del tutelante, por cuanto no habían incurrido en una acción u omisión que afectara alguna garantía constitucional.
105. Aseguró que, no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante contaba con el “derecho de petición”, la “denuncia penal” y el “proceso disciplinario”, para “poner de presente” el presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.
106. Señaló que, no debía accederse al amparo solicitado por el señor Yeison Andrés González González, por cuanto las pretensiones de la demanda tendrían efectos para todas las personas y autoridades del Estado, lo que haría imposible su cumplimiento. Al respecto, precisó:
“Este tipo de medidas, son protecciones que, de implementarse tendrían efectos erga omnes, lo que implica que serían oponibles a todas las personas y autoridades públicas, y no se limitarían, como debe ser en el caso de la tutela, a afectar únicamente a las partes accionantes”.
107. En ese orden de ideas, solicitó que se desvinculara al “Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o al señor Presidente de la República” del trámite constitucional del vocativo de la referencia o, en su defecto, se declarara improcedente la acción de tutela.
1.5.6. Policía Nacional
108. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el Jefe del Área Jurídica de la entidad, se pronunció respecto de las pretensiones primera y tercera de la demanda de tutela, en los siguientes términos:
109. Advirtió que, los miembros de la Policía Nacional que hacen acompañamiento a las protestas y manifestaciones públicas no portan armas de fuego, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 de la Resolución 03002 del 29 de junio de 2017 y 35 el Decreto 003 del 5 de enero de 2021, por lo que la suspensión solicitada por el accionante resultaba “inviable jurídicamente”.
110. Indicó que, el uso de “agentes químicos” era necesario para evitar la confrontación directa entre los manifestantes y los miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, y que sólo se utilizaban cuando el “disturbio” sobrepasaba la capacidad del personal de la institución. Además, precisó:
“En este mismo sentido, es importante resaltar que cada vez que se presentan disturbios, las personas infractoras superan como mínimo en 4 o 5 veces más en número al dispositivo policial que realiza la intervención, de ahí la importancia de contar con medios que resulten eficaces para restablecer el orden público que está siendo turbado.”
111. Por otra parte, aseguró que desde el 28 de abril de 2021 han resultado 1225 uniformados lesionados, 97 instalaciones policiales afectadas, 1199 vehículos de transporte público destruidos, 107 edificios gubernamentales vandalizados y 239 establecimiento de comercio saqueados, entre otras cifras, lo que demuestra que muchos de los manifestantes no protestan de manera pacífica.
112. Aclaró que, de conformidad con el artículo 218 de la Constitución, la Policía Nacional tenía la obligación de proteger los derechos y libertades públicas de los ciudadanos, y que sus miembros utilizaban la fuerza atendiendo a los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.
113. Arguyó que, en el marco de las protestas y manifestaciones públicas, todos los funcionarios de la institución actuaban observando lo dispuesto en la Resolución 03002 del 29 de junio de 2017 “Por la cual se expide el Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional” y que varios funcionarios del Ministerio Público verifican previamente los elementos que se utilizan en este tipo de servicios.
114. Puso de presente que, agencias de las Naciones Unidas han capacitado al personal uniformado de la Policía Nacional en relación con la protección de los derechos humanos y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza cuando los ciudadanos ejercen su derecho fundamental a la protesta pacífica.
115. Aseguró que, la “actividad de policía” era un servicio público y, por ello, los miembros de la institución debían hacer presencia en todo el territorio nacional, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad en materia de convivencia y seguridad ciudadana, por lo que en determinados momentos se requería el uso legítimo de la fuerza.
116. Manifestó que, en relación con el derecho de reunión y protesta, a los policías se les ha insistido en las siguientes premisas:
“- La Policía Nacional acompaña y salvaguarda el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse pública y pacíficamente.
• La intervención de la institución a través del ESMAD, se suscita cuando existen graves alteraciones al orden público y la convivencia, poniendo en riesgo la estabilidad del Estado, así como los derechos del conglomerado en general.
• La utilización de la fuerza legítima corresponde de manera exclusiva, en el marco de la convivencia, a los miembros uniformados de la Policía Nacional.
• La actuación del ESMAD es considerada la última ratio.
• El respeto de los derechos humanos es un criterio transversal y de estricto cumplimiento en la ejecución de cualquier procedimiento policial.”
117. Señaló que, en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, el Presidente de la República expidió el Decreto N° 003 del 5 de enero de 2021 y esta norma ha sido aplicada por los miembros de la Policía Nacional para anticipar, prevenir, mitigar y contrarrestar las actuaciones que, en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021, afecten los derechos de los ciudadanos.
118. Indicó que, la acción de tutela no cumplía con las “solemnidades” establecidas en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto Ley 2591 de 1991, comoquiera que el señor Yeison Andrés González González hacía referencia a situaciones inciertas y que no tenían ningún sustento probatorio, razón por la cual no podía endilgarle a la entidad la vulneración de un derecho fundamental.
119. Afirmó que, si el accionante pretendía que se protegiera algún derecho colectivo debía utilizar la acción popular, por cuanto la solicitud de amparo constitucional era un mecanismo subsidiario al que sólo podía acudirse cuando se agotaran todos los mecanismos judiciales dispuestos en el ordenamiento jurídico.
120. Reiteró que, la Policía Nacional era garante del derecho fundamental a la protesta pacífica y que si en ejercicio de esa garantía constitucional no se presentaban hechos violentos no podía utilizarse la fuerza por parte de los miembros de esa institución.
121. Así las cosas, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda.
1.5.7. Policía Metropolitana de Bogotá
122. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la entidad, solicitó que se modificara el auto admisorio de la demanda.
123. Al efecto, indicó que era necesario que se requiriera al accionante para que aclarara y demostrara cuál era la vulneración o amenaza a sus derechos fundamentales, por cuanto actuaba como “activista político o con fines desconocidos” y no era admisible que discutiera situaciones que habían ocurrido en varias ciudades del país, pues, no estaba comprobada su “calidad, condición y don superior de la “ubicuidad””.
124. Sostuvo que, no compartía que existiera cosa juzgada constitucional en relación con lo decidido en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, comoquiera que: (i) esa decisión no fue adoptada por la Corte Constitucional; (ii) la acción de tutela tiene efectos inter partes; (iii) la referida autoridad judicial desbordó sus competencias; y (iv) en esa oportunidad no se analizaron los hechos vandálicos protagonizados por los manifestantes en las protestas del 21 de noviembre de 2019 y 28 de abril de 2021.
125. Advirtió que, era necesario vincular al Ministerio de Salud y a la secretaría de salud distrital “de la jurisdicción en la que acredite el peticionario haber sido afectado”, para que se pronunciaran sobre el aumento de contagios del virus covid-19 y cómo los “bloqueos” han afectado los procesos de vacunación.
126. Aseguró que, debía oficiarse a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que aportaran los registros que tuvieran sobre miembros de la Policía Nacional “HERIDOS, LESIONADOS, ASESINADOS, VIOLADOS” y agredidos durante las protestas y manifestaciones públicas que iniciaron el 28 de enero de 2021.
127. En relación con los videos que el accionante solicitó que le dejaran aportar, pidió que se le corriera traslado de estos para que “a través de los equipos técnicos pertinentes, se hagan los correspondientes escrutinios y valoraciones técnicas que en derecho corresponda para los fines de defensa de la entidad”.
128. Manifestó que, se debía excluir todo el material probatorio aportado por el señor Yeison Andrés González González que no cumpliera con los presupuestos de pertinencia, conducencia y utilidad, y los alcances del “documento electrónico en los términos previstos en los artículos 164 y siguientes del Código General del Proceso”.
129. Precisó que, en la decisión final que se adopte, se debían incluir los “HECHOS NOTORIOS” relacionados con; (i) las declaraciones del señor Nelson Alarcón en las que indicó que “tenía intereses políticos para llegar al Congreso y con dicha filosofía estaba promocionando el paro nacional”; y (ii) “las pruebas que acreditan las amenazas, desmanes, destrucciones y homicidios que se han generado por parte del grupo denominado la primera línea que, aupado y financiado de manera directa por grupos políticos y seguramente de otra índole, han amenazado a la población civil”.
130. Finalmente, señaló que el juez constitucional debía pronunciarse sobre los “límites temporales de los bloqueos” y establecer si era admisible que se afectaran los derechos de las personas que no participaban en las protestas.
131. No obstante, el 28 de junio de 2021, el Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la entidad, presentó memorial contestando la acción de tutela del vocativo de la referencia.
132. Además de reiterar lo expuesto anteriormente, afirmó que el señor Yeison Andrés González González carecía de legitimación en la causa por activa, por cuanto no se observaba como el presunto uso desproporcionado de la fuerza le hubiera generado un agravio.
133. Aclaro que, desde que iniciaron las protestas y manifestaciones públicas del 28 de abril de 2021, la Policía Metropolitana de Bogotá ha dado cumplimiento al Decreto 003 del 5 de enero de 2021.
134. Arguyó que, la acción de tutela era improcedente, toda vez que lo que pretendía el accionante era que se adoptara una política pública en relación con el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica y que se limitaran las funciones de la Policía Nacional.
135. Precisó que, cuando los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá intervienen en una protesta siempre están acompañados por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, gestores de convivencia y defensores de derechos humanos adscritos a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
136. En ese orden de ideas, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o, en su defecto, que se negaran las pretensiones de la demanda.
1.5.8. Alcaldía de Barranquilla
137. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el ente territorial a través de la abogada Nelcy Cecilia Mosquera Mariottis, sostuvo que la Alcaldía de Barranquilla no había vulnerado los derechos fundamentales del accionante.
138. Al efecto, manifestó que en esa ciudad no se han presentado bloqueos y que las protestas y manifestaciones públicas han sido pacíficas. Al respecto, aseguró:
“Así las cosas, no se puede dejar de lado que en la ciudad de Barranquilla no ha sido necesario el uso de asistencia militar debido a que como se manifestó anteriormente las intervenciones realizadas por la Policía Nacional en la jurisdicción territorial han sido estrictamente limitadas a la necesidad y proporcionalidad tal como lo señalan los estándares internacionales evitando a toda costa el uso desproporcionado de la fuerza. Pues reitera que el Distrito de Barranquilla en cumplimiento de ley y sus competencias ha realizado los acompañamientos necesarios para que las respectivas manifestaciones fueran de manera pacífica.”
139. Indicó que, el ente territorial carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no era responsable de las situaciones que generaban la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
140. Afirmó que, la acción de tutela era improcedente, comoquiera que el señor Yeison Andrés González González contaba con la acción de cumplimiento para satisfacer sus pretensiones.
141. Así las cosas, pidió que se declarara que la Alcaldía de Barranquilla no había vulnerado ningún derecho fundamental o, en su defecto, que se declarara improcedente la acción de tutela.
1.5.9. Comité Nacional del Paro
142. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, los señores Francisco Maltés Tello, Luis Miguel Morantes, Percy Oyola Paloma, William Henry Velandia Puerto y José Cárdenas, precisaron que el Comité Nacional del Paro no estaba constituido legalmente pero que lo conformaban diferentes organizaciones que se unieron para que le fueran reconocidos varios derechos a los ciudadanos.
143. Al pronunciarse sobre el fondo de la controversia constitucional, aseguraron que se estaban vulnerando los derechos del accionante, toda vez que durante las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan desde el 28 de abril del 2021 algunos miembros de la Policía Nacional han sido denunciados por violar los derechos humanos de los manifestantes.
144. Manifestaron que, en la ciudad de Santiago de Cali la Policía Nacional permitió que civiles armados dispararan de manera indiscriminada contra los manifestantes y que los órganos de control no han cumplido con su deber de adelantar diligentemente las investigaciones que les corresponden.
145. Señalaron que, el Gobierno Nacional ha preferido utilizar la fuerza para reprimir a los sectores inconformes con sus políticas que entablar un diálogo para obtener soluciones, y que un ejemplo de ello era el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”.
146. Advirtieron que, la acción de tutela cumplía con los requisitos inmediatez y subsidiariedad, y aclararon que ningún mecanismo judicial resultaba idóneo para satisfacer lo pretendido por el accionante.
147. Indicaron que, el derecho a la protesta pacífica era protegido por varios tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia y por el artículo 37 de la Constitución, por lo que cualquier regulación en torno al ejercicio de esta garantía debía hacerse a través de una ley estatutaria.
148. Consideraron que, se debían tener en cuenta las sentencias de tutela proferidas por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020 y por el Consejo de Estado – Sección Primera el 18 de mayo de 2021, comoquiera que en esas providencias se hizo un estudio integral del núcleo esencial del derecho fundamental a la protesta pacífica y se puso de presente que algunas entidades del Estado lo habían vulnerado.
149. En ese orden de ideas, solicitaron que se ampararan los derechos fundamentales del accionante.
1.5.10. Alcaldía de Medellín
150. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el ente territorial a través de la abogada Paula Andrea Elejalde López, sostuvo que la Alcaldía de Medellín no había vulnerado los derechos fundamentales del señor Yeison Andrés González González.
151. Al hacer referencia sobre los hechos relacionados en la demanda, aseguró que no podía pronunciarse sobre la utilización de armas de fuego por parte de los miembros de la Policía Nacional contra los manifestantes en la ciudad de Medellín, por cuando ello era materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
152. Manifestó que, desde que iniciaron las protestas y manifestaciones públicas el 28 de abril de 2021, la Alcaldía de Medellín ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 003 del 5 de enero de 2021 y ha establecido un Puesto de Mando Unificado, con el fin de adoptar decisiones articuladas con la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Medellín para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
153. Precisó que, se delegó a varios funcionarios del ente territorial para que acompañaran las protestas y sirvieran como gestores de convivencia para evitar hechos de violencia o alteración del orden público.
154. Puso de presente que, la Personería de Medellín ha adelantado procesos de verificación de los elementos que portan los uniformados del Escuadrón Móvil Anti Disturbios antes de que tengan que intervenir para restablecer el orden público.
155. Aclaró que, los traslados por protección de algunos de los manifestantes se han desarrollado de conformidad con los presupuestos establecidos en la Ley y con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio Público y que el lugar en donde se mantienen a las personas trasladadas cuenta con atención médica y un circuito cerrado de televisión, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
156. Arguyó que, no observaba la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez que el accionante no identificó la situación que provocó la vulneración de sus derechos fundamentales y tampoco demostró la amenaza cierta de una garantía constitucional.
157. Así las cosas, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda.
1.5.11. Alcaldía de Pereira
158. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el ente territorial a través del abogado Jhon Faber Quintero Olaya, sostuvo que el accionante no aportó ninguna prueba que demostrara que la Alcaldía de Pereira había vulnerado sus derechos fundamentales.
159. Manifestó que, la acción de tutela no cumplía con el requisito de la subsidiariedad, por cuanto el tutelante contaba con otro medio judicial para satisfacer sus pretensiones. En este punto, precisó:
“La respuesta es afirmativa y, por tanto, es imperativa la improcedencia de esta acción constitucional. En primer lugar, es de tener en cuenta el precedente judicial precitado por la parte actora y emanado de la Corte Suprema de Justicia, cuyas órdenes agotan el objeto de lo pretendido en este amparo constitucional y cuyo incumplimiento puede ser reclamado en sede de incidente de desacato a la histórica providencia. En los numerales 5 y siguientes de la Sentencia en mención la Corte imparte una serie de órdenes generales, cuyo cumplimiento está estrictamente ligado con lo pretendido en esta causa judicial y, por ende, queda incluido dentro del mencionado precedente.”
160. Aseguró que, los efectos de la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020 no eran inter partes, toda vez que en esa oportunidad se amparó el derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos y se ordenó a varias entidades del Estado que lo garantizaran a partir de actuaciones concretas, como la adopción de protocolos y el acompañamiento a las movilizaciones.
161. Puso de presente que, se encontraban en trámite varias acciones de tutela similares y que era necesario que las decisiones que se adoptaran no fueran contradictorias, con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica entre lo que decidía la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
162. Por otra parte, señaló que la Alcaldía de Pereira ha promovido escenarios de diálogo para que en las protestas pacíficas no se presenten hechos violentos o alteraciones del orden público que provoquen la intervención de la Policía Nacional.
163. Indicó que, le correspondía a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación investigar y sancionar a los funcionarios públicos que incurrieran en conductas irregulares que violaran los derechos humanos, imprimiendo celeridad a esos procesos.
164. En ese orden de ideas, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.
1.5.12. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
165. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la Directora Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica del ente territorial, sostuvo que debía negarse el amparo deprecado por la parte actora, comoquiera que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.
166. Puso de presente que, se han presentado múltiples tutelas a raíz de las jornadas de manifestación y que al interior de algunos de tales procesos se ha proferido fallo. Agregó que las pretensiones de la presente acción constitucional coinciden, en ciertos casos, “con disposiciones ya realizadas, teniendo en cuenta que desde el año 2019 se presentan acciones relacionadas con este tema y con estos derechos”.
167. Indicó que, la solicitud de amparo no era procedente, toda vez que no se acreditó ninguna vulneración de los derechos invocados, en la medida en que no se aportaron pruebas que demostraran que hubo, por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. alguna acción violatoria de las garantías accionadas.
168. Afirmó que, el accionante cuenta con el derecho de petición para solicitar información en relación con las medidas administrativas, policivas o de políticas públicas llevadas a cabo en el contexto de las protestas que han tenido lugar. Agregó que, dado que varias de las pretensiones expuestas fueron solucionadas “por diferentes despachos, para enterarse de las mismas [el demandante] puede solicitar información a las entidades requeridas y no acudir directamente a la acción de tutela”.
169. Expuso las actuaciones y medidas realizadas por parte del Distrito Capital frente al derecho a la manifestación pública y el marco jurídico aplicable. Afirmó que la administración distrital, en armonía con toda la normativa que regula el ejercicio del derecho a la protesta y cumpliendo con lo estipulado por los artículos 12 y 14 de la Ley 1523 del 2012, adoptó por medio del Decreto N° 599 del 26 de diciembre de 2013 los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las actividades de aglomeración de público en Bogotá D.C., a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA-.
170. Aseguró que, la Alcaldía Distrital, en virtud del artículo 46 del Decreto N° 599 del 26 de diciembre de 2013, instaló el Puesto de Mando Unificado o Centro de Operaciones de Emergencias (COE-PMU) como una instancia temporal de articulación interinstitucional, de carácter técnico y operativo, encargado de la administración, organización, coordinación y control de la actividad de aglomeración. Agregó que dicho organismo ha funcionado de forma ininterrumpida con el fin de garantizar el orden público y la convivencia pacífica en el contexto de la pandemia.
171. Expresó que, el PMU de la administración distrital, en coordinación con el Puesto de Mando Institucional de la Policía (PMI), ha monitoreado y articulado las acciones necesarias para la garantía del derecho a la reunión y manifestación pública y los derechos de quienes no participan en las jornadas de protesta. Lo anterior, en atención a lo consagrado por el artículo 315 constitucional y por el Decreto N° 003 del 5 de enero de 2021.
172. Manifestó que, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia ha establecido canales de comunicación con la comunidad y demás actores locales, tanto públicos como privados, que inciden directamente sobre las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito. Esto, con el fin de garantizar los derechos y la tranquilidad de la ciudadanía en eventos de asistencia masiva como marchas, concentraciones u otras actividades relacionadas con el derecho a la protesta.
173. Por lo anterior, indicó que dicha Secretaría cuenta con un equipo de gestores de convivencia que tiene como objetivo mediar y concertar con la ciudadanía y las instituciones en diferentes espacios para evitar la alteración del orden público y la seguridad ciudadana, en el marco del artículo 57 de la Ley 1801 de 2016.
174. Señaló que, las funciones de tales gestores son las siguientes: i) fortalecer los escenarios de diálogo con la ciudadanía en el marco de las manifestaciones; ii) promover condiciones de seguridad y convivencia en escenarios complejos de aglomeración; iii) propender por el desarrollo pacífico de la protesta en ejercicio de una labor de mediación entre las partes en situaciones de confrontación.
175. Explicó que, los gestores de convivencia adelantan labores para resolver los conflictos que se presenten en estos contextos a través de la mediación, la interlocución y el diálogo; no obstante, afirmó que de persistir e incrementar las situaciones de violencia, los participantes del PMU deben informar a sus superiores para que se decida si se agota o no la etapa de diálogo y, de ser así, se dejará constancia de ello en acta y se escala la información a la Alcaldesa y al Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá para que se evalúe la necesidad, o no, del uso de la fuerza.
176. Precisó que, en caso de decidirse el uso de la fuerza, los Decretos 003 del 5 de enero de 2021 y 599 del 26 de diciembre de 2013 disponen que habrá un despliegue de la fuerza disponible y que el último recurso para controlar la situación es la intervención del Escuadrón Móvil Anti Disturbios. Agregó que, de acuerdo con dicha normativa y la Ley 1801 de 2016, el uso de la fuerza debe estar precedido por una orden del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, excepto en aquellos casos de inminente infracción penal o policiva, en donde los agentes de policía actúan de acuerdo con el mandato legal y constitucional.
177. Afirmó que, el derecho a la protesta pacífica ha sido garantizado por la administración distrital, dado que las movilizaciones han sido acompañadas desde las funciones de los gestores de convivencia como mediadores de los conflictos que se puedan presentar en estos contextos.
178. En relación con el uso de armas por parte de la fuerza pública en estos espacios, indicó que tal asunto es resorte de la Policía Nacional, en cumplimiento de las Resoluciones 02903 del 23 de junio de 2017 y 3002 del 29 de junio de 2017 proferidas por dicha institución. Aseveró que, en la misma línea, la Décima Tercera Brigada de las Fuerzas Militares de Colombia – Ejercito Nacional, emitió la Resolución 0010 del 31 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se suspende el porte de armas de fuego en la jurisdicción de la décima tercera brigada”, normativa que, a su vez, cuenta con una regulación más reciente en el mencionado Decreto 003 del 05 de enero de 2021.
179. Advirtió que, la verificación del cumplimiento de tal normatividad depende de los entes de control y el Ministerio Público, y que la restricción del uso de armas de fuego y de menor letalidad por parte de la Policía Nacional, dentro de las protestas pacíficas, está fundamentada en los principios de proporcionalidad y razonabilidad dado que la regla general es el respeto a los derechos de los manifestantes, bajo el entendido que la protesta siempre debe ser pacífica “y que su ejercicio no legitima la acción de los vándalos”.
180. Puso de presente que, ante actos de vandalismo en este contexto, la Policía Nacional debe realizar un proceso de focalización y aplicación del uso de la fuerza, que debe ser diferenciado. Enfatizó en que la prohibición del uso de armas letales por parte de aquella institución en las manifestaciones tiene asidero en su función como garante tanto de la seguridad como del ejercicio de la protesta pacífica.
181. Señaló que, en el marco de las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno Nacional, según las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá con representación de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justica, asistieron a las reuniones para los lineamientos y aportes al protocolo que se ordenó expedir a la Presidencia de la Republica, el cual se materializó en el citado Decreto 003 del 5 de enero de 2021.
182. Agregó que, con fundamento en esta norma se han adelantado actividades conducentes a atender y acompañar las protestas dentro de la jurisdicción del Distrito Capital. A su vez, señaló las siguientes acciones adelantadas en cumplimiento del Decreto 563 del 21 de diciembre de 2015 “Por medio del cual se adopta el Protocolo de Actuación para las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por el Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”: i) Participación en la Mesa Distrital de Seguimiento al Ejercicio de los Derechos a la Libertad de Expresión, Reunión, Asociación y Movilización Social Pacífica; ii) participación en la Mesa de Trabajo – Aplicabilidad del Decreto Distrital 563 de 2015 y el Decreto Nacional 003 del 5 de enero de 2021; iii) desarrollo del comité civil de convivencia, convocado por la Secretaría de Gobierno, en cumplimiento de los artículos 3 y 5 del Decreto Distrital 562 de 2017.
183. Indicó que, el accionante no demostró amenaza o vulneración a sus derechos ni tampoco acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, con ocasión a las actuaciones de los agentes estatales durante las jornadas de protesta adelantadas en la ciudad de Bogotá con ocasión al Paro Nacional. Agregó que la mandataria distrital no tiene línea de mando para el desarrollo de las acciones de la Fuerza Pública durante las manifestaciones y, a pesar de que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. es la primera autoridad de policía en la ciudad, las decisiones sobre la intervención de la Policía Nacional recaen en el Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional, el Director General de la Policía Nacional y el Subdirector General de la Policía Nacional.
184. Así las cosas, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda o, en su defecto, se declarara improcedente la acción de tutela.
1.5.13. Personería de Bogotá D.C.
185. Con escrito enviado por correo electrónico el 29 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad a través del abogado Camilo Andrés Barrera Sánchez, sostuvo que la Personería de Bogotá no había vulnerado ninguno de los derechos fundamentales del señor Yeison Andrés González González.
186. Al efecto, indicó que la Personería tiene como función, cuando ejerce como Ministerio Público, la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Enfatizó que, en el marco del ejercicio al derecho a la protesta, esta entidad tiene la obligación de respetarlo y garantizarlo de acuerdo con los lineamientos internacionales y nacionales vinculantes para el Estado colombiano.
187. Señaló que, para dar cumplimiento a dicha normatividad, la entidad ha realizado acompañamiento permanente a los diferentes actores que han participado en las movilizaciones y, a su vez, ha recibido y tramitado los casos de presunto abuso policial reportados por los ciudadanos en el marco del “paro nacional”, así como los hechos denunciados por funcionarios públicos relacionados con presunta violencia contra servidores públicos.
188. Respecto de las pretensiones de la demanda, advirtió que el asunto se ubica ante una “posible colisión de los derechos a la protesta pacífica participación ciudadana, vida, integridad personal, libertad de expresión, reunión, circulación y movimiento, y la utilización por parte de la fuerza pública de gases lacrimógenos y armas de fuego”; no obstante, adujo que, como entidad imparcial que garantiza los derechos humanos de la ciudadanía, no cuenta con elementos para determinar si el uso de tales armas ha sido indiscriminado o ha incumplido con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.
189. Advirtió que, en el marco de sus funciones legales y constitucionales, continuará acompañando los escenarios de manifestaciones que se realicen en Bogotá D.C. y garantizando los derechos de los manifestantes. Agregó que, conforme con el artículo 19 del Decreto 003 de 2021, “seguirá acompañado la de identificación, dotación y órdenes de servicio, con los miembros de la Fuerza Disponible y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD”.
190. En ese orden de ideas, solicitó que se le desvinculara del trámite constitucional del vocativo de la referencia.
1.5.14. Ministerio de Defensa
191. Con escrito enviado por correo electrónico el 29 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la entidad, sostuvo que esa cartera ministerial no había vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
192. Indicó que, el Ministerio de Defensa no ha impartido instrucciones relacionadas con la prohibición de los derechos a la protesta, a la participación ciudadana, a la libertad de expresión, reunión y circulación, en la medida en que es un “hecho notorio” que se han venido realizando marchas pacíficas que han contado con el acompañamiento de la Policía Nacional, personerías, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y veedurías, sin que se hayan generado situaciones de violencia o enfrentamiento entre los participantes.
193. Aseveró que, no obstante, dentro de tales movilizaciones se han presentado vías de hecho por parte de manifestantes que han generado “daños y afectaciones a bienes privados y públicos, infraestructura, servicios públicos, afectación al mínimo vital de los ciudadanos, a su libre circulación y afectación a la economía del país”. Agregó que tal situación ha llevado a la necesidad del uso de la fuerza legítima para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.
194. En relación con la pretensión relacionada con la prohibición de la presencia del Ejército Nacional en las jornadas de protesta, hizo referencia a la figura jurídica de la asistencia militar. Al respecto, indicó que este es un instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer de tal asistencia, de forma temporal y excepcional.
195. Afirmó que, en atención a los protocolos establecidos para la asistencia militar y siguiendo el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, las Fuerzas Militares han establecido formas de intervención que eviten conflictos en cumplimiento del principio de proporcionalidad y han prestado su labor de seguridad a la población civil dentro de las exigencias de subordinación y obediencia que las obliga a ejecutar las órdenes dadas por el Gobierno Nacional.
196. Indicó que, el Presidente de la República expidió el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, por medio del cual se decretaron medidas para la conservación y el restablecimiento del orden público y cuya finalidad es la adopción de medidas necesarias, en coordinación con la Fuerza Pública, para el levantamiento de “los bloqueos internos que actualmente se presentan en algunas vías del país, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos y de esta manera reactivar la productividad y la movilidad de los Departamentos que están siendo afectados”.
197. Señaló que, en el marco de la asistencia militar que ordena el referido decreto, las Fuerzas Militares han actuado dentro de su competencia constitucional, legal y funcional “principalmente evitando el sabotaje a infraestructura crítica del Estado y la obstrucción de vías públicas, así como coadyuvando en el restablecimiento del orden público”.
198. Respecto de la pretensión de suspender el uso de armas de fuego y de lanzamiento de proyectiles en manifestaciones públicas, adujo que la utilización del artefacto “Venom” cuenta con la legitimidad y legalidad para ser usada por la Policía Nacional como mecanismo de última instancia ante la permanencia de hechos graves que amenazan la convivencia y el orden público y que pongan en riesgo la vida tanto de terceros como de uniformados. Aclaró que, previo al uso de dicha arma, los agentes policiales llevan a cabo uso de “otros elementos menos disuasivos (cartuchos de gas, granadas de humo, granadas de aturdimiento, entre otros)”
199. Así las cosas, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
200. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor Yeison Andrés González González contra el Gobierno Nacional – Presidencia de la República, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, las alcaldías de Bogotá, Cali, Pereira, Medellín y Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Relativa a la virtualidad de la Rama Judicial y del Consejo de Estado
201. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.
2.2.2. Relativa a las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Presidente de la República y la Personería de Bogotá
202. La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Presidente de la República y la Personería de Bogotá, en sus intervenciones, solicitaron ser desvinculadas del trámite constitucional del vocativo de la referencia, al considerar que no habían vulnerado o amenazado los derechos fundamentales del accionante.
203. En ese orden de ideas, la Sala negará estas peticiones, comoquiera que las referidas entidades fueron vinculadas como autoridades accionadas teniendo en cuenta que el señor Yeison Andrés González González aseguró que eran responsables de la amenaza de sus derechos fundamentales y, por ello, en el estudio de fondo de la controversia constitucional corresponde establecer si eso es así.
2.2.3. Relativa a las solicitudes de la Policía Metropolitana de Bogotá
204. La Policía Metropolitana de Bogotá, junto con su contestación, presentó un memorial en el que solicitó que se “modificara” el auto admisorio de la demanda con el fin de que: (i) se requiriera al accionante para que aclarara y precisara cuál era la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; (ii) se vinculara al Ministerio de Salud y a la secretaría distrital “de la jurisdicción en la que acredite el peticionario haber sido afectado” para que se pronunciara sobre los el aumento de contagios del virus covid-19 y cómo los “bloqueos” han afectado los procesos de vacunación; y (iii) se oficiara a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que aportaran los registros que tuvieran sobre los miembros de la Policía Nacional “HERIDOS, LESIONADOS, ASESINADOS, VIOLADOS” y agredidos, durante las protestas y manifestaciones públicas que iniciaron el 28 de enero de 2021.
205. Aunado a lo anterior, pidió que se le corriera traslado de los videos que se le permitieron aportar al accionante para que “a través de los equipos técnicos pertinentes, se hagan los correspondientes escrutinios y valoraciones técnicas que en derecho corresponda para los fines de defensa de la entidad”.
206. En ese orden de ideas, la Sala advierte que negará las solicitudes hechas por la Policía Nacional, con base en las razones que se exponen a continuación:
207. En primer lugar, el Decreto Ley 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, no prevé una etapa procesal para que se controvierta el auto admisorio de la demanda de amparo y, por ello, cualquier solicitud o petición que se haga respecto de lo decidido en esa decisión resulta improcedente.
208. La acción de tutela se debe tramitar observando los principios de economía, celeridad y eficacia, ello significa que es un mecanismo judicial expedito, pues, se pretende la protección de derechos fundamentales y eso implica que la intervención del juez constitucional es urgente.
209. En ese orden de ideas, modificar o adicionar el auto admisorio de la demanda en una solicitud de amparo, desconocería la naturaleza de la acción de tutela y haría imposible que se cumplieran los términos establecidos en el artículo 29 del Decreto Ley 2591 para proferir fallo de primera instancia.
210. En segundo lugar, no resulta necesario vincular al Ministerio de Salud o a alguna otra autoridad sanitaria, comoquiera que la controversia constitucional planteada por el accionante versa sobre la amenaza de sus derechos fundamentales por el presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en algunas ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.
211. Es decir, el asunto que se debate en la acción de tutela del vocativo de la referencia es ajeno a las competencias y funciones que tiene el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias distritales o municipales, lo que significa que la presunta amenaza de derechos fundamentales no es producto de una acción u omisión de estas autoridades.
212. En tercer lugar, en los numerales sexto y séptimo del auto admisorio de la demanda se ofició a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que informaran sobre las denuncias que habían recibido sobre la violación de derechos humanos, sin embargo, ello no era un límite para que también advirtieran que los miembros de la Policía Nacional habían resultado afectados en el marco de las protestas y manifestaciones públicas.
213. Al respecto, se pone de presente que la Defensoría del Pueblo, en su intervención, indicó que varios miembros de la Policía Nacional habían resultado lesionados y que la Fiscalía General de la Nación estaba investigando si el homicidio de un uniformado tenía relación con el actuar de algún manifestante.
214. Aunado a lo anterior, la Policía Metropolitana de Bogotá podía allegar los informes y las pruebas que considerara pertinentes para ejercer su derecho de defensa y controvertir los argumentos del accionante o poner de presente que sus uniformados han recibido tratos degradantes inhumanos por parte de los manifestantes, de conformidad con el numeral tercero del auto del 22 de junio de 2021.
215. Por lo anterior, no es pertinente oficiar a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que alleguen los registros solicitados por la Policía Metropolitana de Bogotá.
216. En cuarto lugar, se reitera que los principios de economía, celeridad y eficacia, impiden que en el trámite de tutela se otorguen oportunidades procesales para controvertir pruebas, más allá de la posibilidad tienen las autoridades para contestar la demanda y aportar los medios de convicción que consideren relevantes para resolver la controversia constitucional.
217. Es decir, no puede equipararse el mecanismo de amparo constitucional con un proceso ordinario y, por ello, no es dable correrle traslado a la Policía Metropolitana de Bogotá de los videos que el accionante solicitó que le dejaran presentar. En todo caso, los referidos vídeos no serán analizados por este juez constitucional por las razones que se expondrán al estudiar cada una de las pretensiones de la demanda y, por ello, no existe la necesidad de ejercer un derecho de contradicción frente a ellos.
218. Finalmente, las demás manifestaciones expuestas por la referida autoridad en su solicitud de modificación del auto admisorio, se tendrán como argumentos de defensa en el trámite constitucional del vocativo de la referencia.
2.3. Legitimación en la causa
219. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
220. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
221. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
222. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
223. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
224. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.
225. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Yeison Andrés González González es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que afirmó que estos están amenazados por el presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.
226. Lo anterior, sin perjuicio de las conclusiones a las que se arribe después de que se analicen de manera concreta cada una de las pretensiones que formuló el accionante en la demanda de tutela.
227. En relación con el extremo accionado, se advierte que la demanda se dirigió contra el Gobierno Nacional – Presidencia de la República, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, las alcaldías de Bogotá, Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación que, a juicio de la parte actora, amenazan sus derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad personal, a la salud y dignidad humana.
2.4. Problema jurídico
228. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los argumentos del libelo introductorio y las intervenciones de las autoridades accionadas, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, con ocasión de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, a través de la cual se amparó el derecho fundamental a la protesta pacífica y sus efectos se hicieron extensivos a todos los ciudadanos que a futuro ejercieran esa garantía constitucional?
229. Si la respuesta al anterior cuestionamiento es negativa, se deberá establecer:
¿Amenazan las autoridades accionadas los derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la dignidad humana del señor Yeisón Andrés González González, con ocasión del presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021?
230. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) el derecho fundamental a la protesta pacífica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional; (iii) el fenómeno de la cosa juzgada constitucional; (iv) la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020; y (v) el análisis del caso concreto.
2.5. El panorama general de la acción de tutela
231. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
232. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.
2.6. El derecho fundamental a la protesta pacífica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
2.6.1. La protesta pacífica en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
2.6.1.1. Principios rectores y marco jurídico aplicable
233. En su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de septiembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de ahora en adelante, CIDH) estableció unos estándares generales sobre las garantías fundamentales involucradas en el ejercicio del derecho a la protesta social y, así mismo, dispuso las obligaciones que, en consonancia con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, deben guiar la respuesta estatal en estos escenarios.
234. De esta forma, la CIDH estableció que la protesta social es un pilar elemental en la consolidación de toda sociedad democrática, cuya protección es transversal a una multiplicidad de derechos y libertades garantizados por el Sistema Interamericano, tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre (DADH), como en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). En este sentido, el ejercicio de este derecho implica, necesariamente, una yuxtaposición entre garantías tales como la libertad de expresión, la reunión pacífica y asociación que, a su vez, son comúnmente utilizados como mecanismos que posibilitan demandar la defensa o el cumplimiento de otros derechos humanos como los sociales, culturales, ambientales, etc.
235. La CIDH define a la protesta social como “una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación”. Existe una relación intrínseca entre este derecho y el de libertad de expresión, de reunión y de asociación, en la medida en que su ejercicio implica que se manifieste una congregación intencional y temporal de un grupo de personas en un espacio público y privado con un propósito concreto, como la expresión de opiniones individuales o colectivas y/o la formulación de reclamaciones y aspiraciones mediante las cuales se busca ejercer algún grado de influencia en la política pública de los Estados.
236. De acuerdo con lo anterior, no existe una forma única y exclusiva del ejercicio de esta garantía, en la medida en que su exteriorización implica la armonización de otros derechos en juego y está determinada por el contexto y las condiciones de su materialización. Así, las distintas formas en que se ejerce pueden variar desde formas de denuncia y presión directas, hasta acciones institucionalizadas o estructuradas a través de organizaciones formalmente constituidas o, por el contrario, puede abarcar estrategias no institucionales, como manifestaciones públicas y espontáneas con o sin coordinación previa. De igual forma, su ejercicio puede ser el vehículo de expresión de: i) una sola persona; ii) pequeños grupos de personas con intereses comunes establecidos previamente o en el marco de una coyuntura en específico; iii) grupos multitudinarios de personas sin pertenencia asociativa específica o articuladas alrededor de organizaciones estructuradas.
237. En este sentido, la CIDH advierte que, si bien el ejercicio de este derecho suele estar asociado a concentraciones o marchas en espacios públicos, aquel puede adoptar distintas modalidades tales como un bloqueo pacífico de una vía o ruta, cacerolazos, vigilias, eventos deportivos, huelgas, ocupaciones pacíficas, etc. En este sentido, la protesta social no puede ser interpretada de una forma restrictiva, pues constituye un elemento fundamental de la democracia determinado por la libertad y creatividad de las subjetividades actuantes. En consonancia con ello, el actuar estatal siempre debe atender a las condiciones del caso en concreto, pues las formas de la protesta social pueden variar si se trata de un contexto rural, urbano o si es ejercida por un grupo vulnerable y, en todo caso, las respuestas de los Estados se deben encontrar en el marco del diálogo y las garantías para el ejercicio de los derechos vinculados.
238. Ahora bien, la CIDH establece que, sin importar la modalidad de la protesta, este derecho siempre debe ejercerse de manera pacífica y sin armas de ningún tipo (artículo 15 CADH). Por tanto, los Estados cuentan con el deber de desplegar su actuar con el fin de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público; no obstante, el uso de la fuerza en estos contextos debe ser siempre proporcional al logro de tales objetivos sin llegar a obstaculizar, de manera arbitraria, el ejercicio de la constelación de derechos en juego en las protestas.
239. En este sentido, al interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el marco jurídico aplicable a los contextos de protesta social es amplio, en la medida en que abarca derechos tales como: i) derecho a la libertad de expresión (artículo IV, DADH y artículo 13 CADH); ii) derecho de reunión (artículo XXI, DADH y artículo 15 CADH); iii) libertad de asociación (artículo XXII DADH y artículo 16 CADH); iv) libertad sindical y derecho a la huelga (artículo 8 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y culturales); iv) derecho a la participación política (artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana y artículo 23 CADH); v) derechos económicos, sociales y culturales.
240. De igual forma, en el estudio de los derechos involucrados en contextos de manifestaciones y protestas, para la CIDH es necesario advertir que las respuestas incorrectas por parte del Estado cuentan con la virtualidad no sólo de afectar aquellas garantías mencionadas, sino también otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la seguridad personal. Esto tiene lugar cuando el actuar de los agentes estatales produce lesiones o incluso muertes a los manifestantes, en hechos de uso indebido y arbitrario de la fuerza. Al respecto, señala la Comisión que en algunos casos la responsabilidad no recae exclusivamente en el Estado, sino “también en actores privados que actúan con la connivencia de funcionarios públicos”.
2.6.1.2. Restricciones legítimas a los derechos yuxtapuestos en contextos de protestas y manifestaciones
241. Al interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de ahora en adelante, Corte IDH) han señalado que los Estados se encuentran en la obligación tanto de garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos en escenarios de manifestaciones y protestas, como de implementar medidas para posibilitar su materialización en la práctica. Por tanto, la garantía del orden público y la seguridad ciudadana no pueden tener como fundamento el paradigma de un uso de la fuerza que parta de la perspectiva de percibir a la población civil que se manifiesta como un potencial enemigo.
242. Si bien el ejercicio de la multiplicidad de derechos en juego en contextos de manifestación pacífica no es absoluto, las restricciones de garantías tales como la libertad de expresión, de asociación y de participación, deben estar fijadas expresamente por la ley y ser estrictamente necesarias para la garantía de los derechos de los demás, o para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud. En este sentido, la garantía del derecho a la protesta es la regla general y sus limitaciones son la excepción, por lo que la protección de los derechos y libertades de otros no deben ser usados simplemente como excusa para restringir las manifestaciones públicas y pacíficas.
243. La Corte IDH y la CIDH han establecido unos estándares de análisis integral en relación con las restricciones a los derechos en contextos de protesta social, a partir de los cuales se ha planteado la necesidad de, en estos casos, aplicar un test tripartito que debe tener en cuenta los siguientes elementos: i) toda limitación debe estar prevista en la ley; ii) debe buscar garantizar los objetivos legítimos previstos en la CADH; iii) los límites deben ser necesarios y proporcionales. Por tanto, la autoridad que imponga límites a una manifestación pública deberá demostrar que se ha cumplido con tales requisitos y se han respetado simultáneamente. A continuación, se desarrolla el contenido de cada uno de estos elementos.
2.6.1.2.1. Las restricciones deben estar previstas previamente por la ley
244. Todo límite a los derechos yuxtapuestos en el marco de manifestaciones y protestas pacíficas debe estar consagrado de forma previa, expresa, taxativa, precisa y clara por una norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, expedida por los órganos legislativos previstos por la Constitución y elegidos democráticamente y elaborada de acuerdo con los procedimientos establecidos constitucionalmente por los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
245. Esto permite que tales restricciones no estén fundamentadas en potenciales actos de arbitrariedad que equivalgan a una censura previa o que impongan responsabilidad desproporcionadas. De igual forma, este elemento busca que la normatividad que regula los límites a la protesta social no disuada, por miedo a sanciones arbitrarias, a las personas de emitir opiniones o informaciones protegidas por el derecho a la libertad de expresión.
2.6.1.2.2. Los límites a la protesta pacífica deben buscar la garantía de los objetivos de la CADH
246. El artículo 15 de la CADH establece que el derecho de reunión pacífica puede estar sujeto a restricciones impuestas en interés de la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas y los derechos y libertades de los demás. A su vez, el artículo 16.2 de dicha norma del Sistema Interamericano establece las mismas condiciones para que tenga lugar una restricción legítima del derecho a la libertad de asociación y, en términos similares, el artículo 13.2 establece cuáles son los límites a la libertad de expresión acordes con la CADH.
247. No obstante, la CIDH ha advertido que los Estados parte no son libres de interpretar el contenido de aquellos objetivos para justificar una restricción al derecho a la protesta en un caso en concreto, dado que categorías jurídicas como “seguridad nacional”, “orden público” y “protección de los derechos de los demás” deben ser definidas de conformidad con el marco jurídico del Sistema Interamericano. Además de lo anterior, si dichos conceptos se invocan como el fundamento de una limitación a los derechos en juego en una manifestación, aquellos deben ser interpretados de tal forma que se ajuste a las exigencias de una sociedad democrática a partir de la cual se establezca una ponderación real y un equilibrio entre los distintos bienes jurídicos y garantías en tensión.
2.6.1.2.3. Las restricciones deben ser necesarias y proporcionales al objetivo buscado
248. El límite impuesto debe obedecer a una necesidad social clara, cierta e imperiosa de ser efectuado, esto es, que el objetivo legítimo buscado no sea posible de ser alcanzado de forma razonable por un medio menos restrictivo de los derechos fundamentales involucrados en la manifestación. En este sentido, la restricción a estas garantías no debe ir más allá de lo estrictamente indispensable y, por tanto, los agentes estatales se encuentran en la obligación de seleccionar el medio más gravoso disponible para proteger los bienes jurídicos fundamentales que se encuentren en tensión con los derechos ejercidos en el marco de una manifestación.
249. De conformidad con lo anterior, todo Estado parte debe desarrollar permanentemente una tarea de ponderación entre derechos e intereses legítimos en tensión, lo que implica partir del presupuesto de que en ocasiones, el ejercicio del derecho a la protesta puede alterar la cotidianidad social e incluso afectar el ejercicio de otras garantías y libertades protegidas tales como el derecho a la libre circulación; no obstante, dicha irrupción en la rutina cotidiana es parte de las dinámicas que tienen lugar al interior de una sociedad plural y democrática, donde conviven perspectivas y cosmovisiones disímiles y muchas veces contradictorias, las cuales deben encontrar medios idóneos para ser expresadas.
250. De acuerdo con lo anterior, en estos contextos, el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales debe ser necesario y proporcional. La Corte IDH ha establecido que, si bien el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio mediante el uso legítimo de la fuerza, incluso letal, este poder no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad que puedan tener algunas acciones en el marco de una manifestación o la culpabilidad de sus autores.
251. En este sentido, el uso de la fuerza acarrea las siguientes obligaciones específicas para los Estados: i) regular su aplicación mediante un marco normativo claro y efectivo; ii) capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre el marco normativo de protección de derechos humanos y los límites y condiciones que rige toda circunstancia de uso de la fuerza; iii) establecer mecanismos adecuados de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza. Es así como este poder estatal debe satisfacer los siguientes principios:
I. Legalidad: el uso de la fuerza debe dirigirse a lograr un objetivo legítimo, regido bajo un marco normativo que regule la forma de actuación en tales contextos.
II. Absoluta necesidad o excepcionalidad: este poder está definido, en esencia, por su carácter estrictamente excepcional y, por tanto, únicamente puede ser desplegado una vez se hayan agotado todos los demás mecanismos de control. Por tanto, el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes estatales contra la población civil, tanto en escenarios de protesta como en cualquier otro, está prohibido por regla general, por lo que su uso excepcionalísimo, además de cumplir con el principio de legalidad, deberá ser interpretado de manera restrictiva, de manera que sea minimizado en toda circunstancia, a menos que sea absolutamente necesario en relación con la amenaza que pretende repeler. Cuando el uso de la fuerza es excesivo, toda privación de la vida e integridad es arbitraria.
III. Proporcionalidad: los medios empleados deben ser acordes con la resistencia ofrecida y el peligro existente, por lo que la fuerza estatal debe ser aplicada bajo un criterio diferenciado y progresivo, con el fin de determinar el grado de cooperación o agresión por parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, así, emplear tácticas de negociación o control según corresponda al caso.
2.6.2. La protesta pacífica en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
2.6.2.1. Principios rectores y marco jurídico aplicable
252. El artículo 37 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, en los siguientes términos: “Toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.” De forma similar al Sistema Interamericano, la Corte Constitucional ha establecido que el ejercicio de la protesta social implica una relación intrínseca y compleja con una amplia constelación de derechos y garantías fundamentales.
253. En primer lugar, la Alta Corporación ha establecido que aquel derecho es una manifestación específica de la libertad de expresión (artículo 20 constitucional) la cual, como garantía genérica, abarca un vasto espectro de derechos fundamentales. Así mismo, el derecho a la manifestación pública se establece como un pilar fundamental de todo sistema jurídico democrático y pluralista, el cual se encuentra relacionado intrínsecamente con el ejercicio de derechos como el de asociación (artículo 38 constitucional) y el de participación en asuntos públicos (artículos 2 y 40 constitucionales).
254. En una sociedad democrática, la protesta social tiene como función llamar la atención de las autoridades, agentes estatales y de la opinión pública bien sea sobre un tema de interés común, sobre una problemática específica o en relación con las necesidades de ciertos sectores. La Constitución garantiza una doble dimensión de este derecho: una dimensión estática, que abarca la posibilidad de reunirse, y una dinámica, que implica el poder movilizarse; lo anterior, de forma tanto individual como colectiva, sin discriminación alguna de las subjetividades actuantes, en consonancia con la expresión “toda parte del pueblo” del artículo 37 constitucional.
255. El ejercicio de este derecho materializa el principio pluralista de la Constitución, en la medida en que parte de una confianza amplia y justificada en la capacidad colectiva del pueblo para discutir abiertamente y en la esfera pública los asuntos de su interés y, así mismo, para conformar, controlar y transformar la institucionalidad. Por tanto, constituye una pieza fundamental en la consolidación de una sociedad democrática, pues parte del reconocimiento de que toda persona está en la capacidad de deliberar y gobernar, no sólo por medio de sus representantes, sino por sí misma en espacios de deliberación colectiva, pública y pacífica.
256. En este sentido, la Corte Constitucional ha caracterizado el ejercicio de este derecho como una asociación transitoria, con una dimensión individual en relación con su titularidad, pero colectiva en su manifestación concreta, cuya finalidad es el intercambio o la exposición de ideas, la defensa de intereses y/o poner en la esfera pública algún problema o reivindicación. De esta forma, se constituye como un móvil de la democracia participativa con los siguientes elementos: i) subjetivo, ejercido colectivamente, cuya titularidad es individual; ii) temporal, pues su duración es transitoria; iii) su finalidad debe ser lícita; iv) ejercido en un lugar determinado.
257. De acuerdo con estos elementos, la Corte Constitucional ha establecido como condición para el ejercicio de este derecho que sea pacífico, es decir, que se ejerza sin violencia ni armas de ningún tipo. Esto, en concordancia con la finalidad lícita con la que debe contar toda protesta, por lo que toda manifestación violenta no cuenta con la garantía de los derechos en juego en estos contextos, en la medida en que escapa de la esfera material de protección prevista por el constituyente.
258. No obstante, este derecho cuenta con una naturaleza disruptiva, en la medida en que su objetivo es irrumpir en la cotidianidad social para manifestar alguna idea o preocupación, lo que lleva incluso a que se entre en tensión con el ejercicio de otros derechos, debido a que es de su esencia el causar alteraciones del orden público y social. La Corte Constitucional ha establecido que, por regla general, la condición no violenta para el ejercicio de este derecho, implica una prohibición de uso de armas tanto para sus titulares como para los miembros de la fuerza pública, en la medida en que el uso de la fuerza siempre debe ser excepcional. Por tanto, el atributo conflictivo de la protesta social no puede ser la única causa que justifique restricciones a tal garantía.
2.6.2.2. Restricciones legítimas al derecho a la protesta
259. El límite intrínseco a todos los derechos yuxtapuestos en escenarios de protesta es que su ejercicio debe ser pacífico, lo cual implica las siguientes dos condiciones: i) debe excluirse cualquier uso de armas; ii) las acciones de los manifestantes no pueden tener como objetivo la provocación de alteración violenta del orden público o el desconocimiento del Estado de derecho, elemento que requiere necesariamente remitirse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a las restricciones a la protesta que allí se contemplan, las cuales fueron desarrolladas con antelación y que todo límite debe estar previsto por la ley, en cumplimiento de los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
260. De conformidad con la normatividad convencional, los límites previstos por la ley serán constitucionalmente aceptables sólo si, una vez aplicadas las fórmulas de equilibrio y proporcionalidad, es posible establecer una armonía entre el ejercicio de este derecho fundamental, frente al orden público y los derechos fundamentales que entren en tensión con los contextos de manifestación. En este sentido, el legislador está obligado a implementar las reglas y subreglas establecidas por la Corte Constitucional y a expedir normas claras y precisas que eviten toda ambigüedad que sea aprovechada para un actuar arbitrario y desproporcional e imposibiliten todo margen de discrecionalidad a los agentes de la fuerza pública para restringir estos derechos.
261. De acuerdo con la Corte Constitucional, es posible afirmar que este derecho cuenta con tres ejes de limitación: i) un eje de fase preliminar del derecho; ii) un segundo eje de ejecución de la protesta; iii) un eje orientado a los derechos de los demás.
2.6.2.2.1. Límites relacionados con la preparación y organización de manifestaciones
262. Los límites que imponga el legislador al respecto deben interpretarse como reglas que facilitan la garantía de otros derechos fundamentales y de los fines esenciales del Estado de Derecho, por lo que, estas normas que tienen lugar en la fase previa a la materialización de la protesta no pueden implicar una anulación o impedimento de los derechos en cuestión, sino que deben ser tomadas como medidas que posibilitan la labor estatal. En relación con ello, existen tres tipos de reglas: i) autorización previa; ii) anuncio previo; iii) análisis del fin legítimo.
263. La autorización previa, como el proceso en el que se somete a consideración de la autoridad competente la realización de una protesta, es tanto inconstitucional como inconvencional, pues ello implicaría tanto la posibilidad de una censura previa como un margen amplio de discrecionalidad de los agentes estatales para permitir o prohibir cierto tipo de temas. En esta medida, en situaciones de normalidad, una restricción de este tipo estaría en contravía tanto de los artículos 20 y 37 constitucionales, como del artículo 15 de la CADH.
264. El aviso previo es el acto de informar a la autoridad competente sobre la realización de una manifestación pública, límite que le permite a los agentes estatales tomar las medidas necesarias para que la protesta pueda transcurrir en normalidad, sin alteraciones graves a la cotidianidad de las demás personas, lo cual implica una garantía para la seguridad y el orden público. En sentencia C-287 de 2017 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) que establece un término de 48 horas para el aviso previo, debido a que la medida se consideró como proporcionada al derecho de manifestación pública, razonable acorde con el fin perseguido, no discriminatoria y tampoco daba lugar a dificultades interpretativas.
265. En relación con el análisis del fin legítimo, el legislador cuenta con una facultad de intervención en extremo restringida, en la medida en que, por regla general, no puede definir qué temáticas o problemáticas pueden ser objeto de discusión pública. Por tanto, los fines legítimos de este derecho deben interpretarse, caso a caso, de acuerdo con la naturaleza de tal garantía fundamental definida en el artículo 37 constitucional y bajo el presupuesto normativo del respeto por los principios esenciales de la Constitución Política, por lo que, en principio, no podría tener lugar una protesta cuyo objeto sea la promoción de discursos de odio -como, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, etc.- o la incitación a la comisión de actos delictivos.
2.6.2.2.2. Limites legítimos relacionados con el ejercicio del derecho
266. Están relacionados con la naturaleza pacífica y no violenta de esta garantía fundamental, cuya regla general de prohibición de uso de armas, rige el actuar tanto de manifestantes como de miembros de la fuerza pública. De igual forma, como se estableció con antelación, dada la naturaleza conflictiva de este derecho, toda restricción a su ejercicio que esté fundamentada meramente en la irrupción del orden público es inconstitucional. En esta medida, los límites únicamente son admisibles si son impuestos ante la afectación grave al orden público, en espacios en los que el curso del contexto de protesta lleve a que el ejercicio del derecho deje de ser pacífico.
267. A su vez, la Corte Constitucional ha establecido que, en relación con la elección del lugar en donde se lleva a cabo la manifestación, la regla general es que no es posible imponer límite alguno, pues ello implicaría un ejercicio de censura indirecta, prohibida por el inciso 2 del artículo 20 constitucional. Por tanto, es propio del ejercicio de este derecho que los manifestantes elijan el espacio público donde expresarse pacíficamente, dado que tal Corporación ha considerado que el espacio urbano, además de ser un área de circulación, es un lugar de participación, “el ágora más accesible en la que se encuentran y manifiestan los ciudadanos”.
268. En consonancia con ello, las autoridades tienen la obligación de establecer las medidas posibles que garanticen la disponibilidad de este lugar para el ejercicio del derecho. Únicamente por razones graves de seguridad pública y afectación de los derechos de los manifestantes, la posibilidad de elegir un sitio público puede ser limitada.
2.6.2.2.3. Límites relacionados con la afectación de los derechos de terceros
269. El ejercicio de este derecho conlleva a que quienes no están protestando, soporten determinadas cargas y limitaciones a derechos fundamentales como el de locomoción; no obstante, cuando existe una alteración injustificada o grave que trascienda la órbita no violenta del derecho y repercuta en daños a terceros, este derecho puede limitarse.
270. Debido a la naturaleza jurídica compleja del derecho a la protesta y la amplitud de derechos que su ejercicio implica para una sociedad democrática, cualquier tensión entre estas garantías y otros valores o derechos, daría al derecho de manifestación pública un peso abstracto mayor al de los otros. Por lo anterior, la Corte ha considerado que es necesario llevar a cabo una interpretación restrictiva de los derechos de los terceros y una presunción en favor de las libertades en juego en estos contextos, en especial, en favor del derecho a la libertad de expresión, dado su carácter fundante de toda democracia. En este sentido, consideró tal Corporación que:
“(…) derechos como la integridad personal, la propiedad, el bienestar general y el orden público deben ser analizados caso por caso, ya que solo en un control concreto es posible determinar cuando el ejercicio del derecho de reunión, manifestación o protesta, puede llegar a hacer nugatorio o afectar tales derechos. Si no es posible establecer esto, toda duda se resolverá en favor de los titulares del derecho de reunión.”
271. En este sentido, la tensión entre la libertad y el orden público se ha resuelto siempre en favor de la primera, de acuerdo con parámetros internacionales, convencionales y constitucionales, lo que ha permitido fijar reglas para el control policial en estos contextos. La Policía únicamente puede adoptar medidas que sean necesarias, proporcionales y que sirvan razonablemente para restablecer el orden público, por lo que aquellas acciones que impliquen un uso mayor de la fuerza represiva estatal, únicamente es admisible si está sustentada en su absoluta y excepcional necesidad y siempre y cuando, dichas restricciones no hagan nulo el derecho a la protesta ni vulnere derechos concomitantes, tales como la vida o la integridad personal de los manifestantes.
272. La Corte Constitucional ha establecido que el artículo 37 consagra un “modelo de gestión negociada de intervención policial en las manifestaciones sociales” a partir del cual se establece un uso absolutamente excepcional de la fuerza, en la medida en que “tiene una tendencia a la selectividad estratégica de intervención de la policía y que prohíbe un modelo de fuerza estatal intensificado”. En este sentido, se han establecido las siguientes subreglas de derecho que deben guiar el actuar del legislador las cuales, debido a su especificidad e importancia, se transcriben a continuación:
“(...) el Legislador colombiano debe, como mínimo, establecer pautas que: (i) permitan un dialogo entre los organizadores de la marcha y la autoridad, (ii) que tal dialogo construya una planificación de la protesta y evite el choque de intereses, (iii) que al existir un choque, exista una gestión negociada del conflicto que se resuelva con favorabilidad al derecho de reunión, (iv) una vez se supere la planeación y se pase a materializar la marcha, será deber de la autoridad mantener altos niveles de tolerancia social hacia la expresión de las ideas difundidas en la marcha, (v) que dentro del proceso de comunicación entre la autoridad y los organizadores se dejen reglas claras sobre que comportamientos son tolerables y cuales están prohibidos legislativamente, sin que ello consista en instrucciones o pautas institucionales para realizar la manifestación, (vi) si se incumplen tales límites, la autoridad debe recurrir como ultima ratio a las detenciones preventivas, se prohíben las detenciones fundadas en el derecho legítimo que tienen las personas a la desobediencia civil, más sí son constitucionales aquellas detenciones fundadas en razonamientos preventivos para la comisión de delitos; (vii) igualmente, está facultada la policía para usar, como último recurso la fuerza no letal, solo si existe un agotamiento previo de las etapas de dialogo y comunicación, pudiendo ser selectiva la policía con aquellos manifestantes que promuevan actos contrarios a lo permitido por el legislador, (ix) es permitida la vigilancia selectiva –peligrosista- de participantes en las marchas, solo si el estado tiene motivos constitucional y legalmente fundados –desvirtuando la presunción de inocencia- para intervenir a aquellos que este considere “potencialmente disruptivos” o peligrosos.”
2.7. El fenómeno de la cosa juzgada constitucional
273. La Corte Constitucional ha señalado que, como regla general, cuando el juez constitucional resuelve un asunto y, posteriormente, dicha Corporación decide sobre su selección, aquella decisión judicial se torna definitiva, inmutable y vinculante. En este sentido, si la Corte decide seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la propia Corte y, en los casos en los que no se selecciona el asunto en cuestión, el fenómeno opera desde la ejecutoria del auto en que se decide la no selección.
274. Posteriormente, la decisión adoptada por el juez constitucional queda ejecutoriada desde el punto de vista formal y material, por lo que no es posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, ya que eso desconocería el principio de seguridad jurídica. De conformidad con lo anterior, la jurisdicción constitucional no está autorizada para estudiar de fondo tutelas sobre las cuales pesa ya la cosa juzgada constitucional.
275. De acuerdo con la particularidad del caso en concreto, la tutela deberá declararse temeraria o improcedente, en la medida en que en tales eventos la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales, para dar lugar a un mecanismo que puede socavar los mínimos de seguridad exigidos a un ordenamiento.
2.8. La sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020
276. La Sala encuentra acreditado que, el 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, dictó sentencia en la acción de tutela ejercida por Soledad María Granda Castañeda y otros en contra de la Presidencia de la República, los Ministros de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
277. A esta acción de tutela fueron vinculados igualmente la Fiscalía General de la Nación, los comandantes del Ejército Nacional, ESMAD, COPES y GOES, por tener interés jurídico en el resultado de la actuación.
278. Así mismo, se dispuso convocar a (i) la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH-; (ii) la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres –ONU Mujeres-; (iii) la Organización Internacional del Trabajo –OIT-; (iv) el comandante de la Decimotercera Brigada de la Quinta División del Ejército Nacional; (v) la Contraloría General de la República; (vi) la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP-; (vii) la Universidad Nacional de Colombia; (viii) la Universidad Distrital; (ix) la Universidad de los Andes; (x) la Universidad Javeriana; (xi) la Universidad de Antioquia; (xii) la Universidad del Valle; (xiii) la Universidad del Atlántico; (xiv) la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; (xv) la Universidad Industrial de Santander; (xvi) el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-; (xvii) la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-; y (xviii) la Central Unitaria de Trabajadores –CUT-; y (xix) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
279. Los derechos fundamentales que la autoridad judicial examinó bajo el referido radicado correspondieron a los de protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, “no ser sometidos a desaparición forzada”, libertad de expresión, reunión, circulación y movimiento.
280. Para la protección de los citados derechos, los actores de la referida acción de tutela solicitaron en favor de todos los ciudadanos que deseen ejercer el derecho a la protesta: “ordenar (i) al Presidente de la República “conformar una mesa de trabajo” para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas; (ii) a las autoridades encausadas, en lo sucesivo, abstenerse de incurrir en conductas como las acá denunciadas; (iii) al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, acompañar a las personas en actos de protestas y brindarles asesoría jurídica a quienes resulten afectados en ellas; (iv) a la Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, permitir que organizaciones defensoras de derechos humanos realicen verificaciones en casos de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de cualquier clase de mitin; y (v) suspender las actividades del ESMAD, hasta tanto se produzcan cambios estructurales y de fondo en los procedimientos en los cuales intervienen.”
281. Los hechos de la demanda fueron sintetizados por la autoridad judicial señalando que en las protestas o manifestaciones se han desplegado conductas constantes, reiterativas y persistentes, para socavar, desestimular y debilitar su derecho a expresarse sin temor, exigiendo cambios de políticas a las distintas autoridades para las manifestaciones actuales y aquellas que se lleguen a presentar en el futuro. Al respecto, señaló:
“Entre los comportamientos que los actores identifican como violatorios, se encuentran: (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa”.
282. Los supuestos que refirieron corresponden a la utilización de gases lacrimógenos contra la población civil, a las personas que han resultado lesionadas, con fundamento en el estudio realizado por la Universidad de los Andes denominado “el manual 070 de autoprotección contra el ESMAD”.
283. Hicieron referencia a las situaciones acaecidas en las protestas llevadas a cabo el 21 de noviembre de 2019, en términos similares a los narrados por el accionante del radicado de la referencia, dando cuenta de lo acaecido en la plaza de Bolívar y las circunstancias particulares que consideran violatorias de los derechos humanos, con los correspondientes datos estadísticos. Posteriormente, se refirieron a las protestas llevadas a cabo en el año 2020, hechos todos por los que la Corte relacionó esencialmente con “los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la protesta pacífica y no violenta” de todos los ciudadanos, aclarando que censura todas las formas violentas e irracionales de formular reclamos para la protección de derechos y, llamó a la convivencia, la tolerancia y la no violencia.
284. La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil resolvió el caso concreto con fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Económicos, ratificado por Colombia por medio de la Ley 74 de 1968, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política de 1991.
285. Examinó las sentencias de la Corte Constitucional en punto del derecho fundamental objeto de análisis y la reglamentación contenida en el Código Nacional de Policía y Convivencia, de las cuales transcribió ampliamente las principales consideraciones, al tiempo que se refirió al concepto de orden público y sus principales manifestaciones, al principio de la división de poderes frente al poder de policía y la reglamentación como atribución conferida a la rama legislativa.
286. Se refirió a la Resolución No. 02903 del 23 de junio de 2017, en la que se “reglamentó el uso de la fuerza y el empleo de armas y municiones, elementos y dispositivos menos letales”, que regula las actuaciones de la policía nacional y a los demás protocolos vigentes, particularmente el que regula las actuaciones del ESMAD.
287. De la valoración en su conjunto de las pruebas allegadas en esa oportunidad concluyó que se presentó y existe la posibilidad de que se siga presentando agresión de la Fuerza Pública con respecto a quienes se manifiestan, por lo que encontró inaplazable la necesidad de que todos los habitantes del territorio nacional cuenten, por parte de la Rama Ejecutiva, encargada de mantener responsablemente el orden público, con entidades formadas suficientemente para entender, comprender y racionalizar el derecho de las personas y de los habitantes del territorio y disentir y hacer público su pensamiento.
288. Las órdenes impartidas en esa oportunidad para la protección de los derechos de los accionantes del caso y de todos los habitantes del territorio nacional, en relación con las cuales dispuso publicar la sentencia para cumplir con la garantía de publicidad y aplicación a todo el conglomerado social, fueron las que se transcriben a continuación, no obstante su extensión, por la importancia de las mismas para el caso analizado y por cuanto explican por sí mismas la garantía que confieren a los derechos del accionante que quedan subsumidos en ellas:
“SEGUNDO: ORDENAR a los aquí encausados que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción.
TERCERO: ORDENAR a los demandados que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, insertar y facilitar la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento, en la parte principal de sus respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y fácilmente identificable, hasta tanto el Congreso de la República emita una Ley Estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta pacífica.
CUARTO: ORDENAR al Ministro de Defensa que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales.
QUINTO: ORDENAR al Gobierno Nacional – Presidente de la República que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a:
a. Expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligación permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii) estado de emergencia.
b. Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema.
De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas.
Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa.
En esa línea, deberá realizarse, con la participación directa de la ciudadanía, órganos de control y los mandatarios regionales y locales, un protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores que se denominará: “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, que incluya, como mínimo, lo siguiente:
Protocolo de acciones preventivas
El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Así las cosas, es imprescindible que los miembros de la fuerza pública conozcan las disposiciones normativas que permiten el uso de las armas letales y no letales, y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo.
Igualmente, se establecerán límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios, por cuanto el entrenamiento que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo, sino en función de la protección y control de civiles.
Deberá hacerse énfasis en la formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de sus miembros, guiada por el respeto a la comunidad, donde sus integrantes actúen como agentes de paz, de protección a la ciudadanía y al derecho a la vida.
Así mismo, se hará un análisis cuantitativo y cualitativo del incremento de la profesionalización de los agentes destinados a la contención y alteración del orden público por causa del ejercicio de marchas y manifestaciones públicas, incluyendo una veeduría permanente de la ciudadanía y los órganos de control.
Protocolo de acciones concomitantes
Al momento de realizar el despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben implementar un procedimiento verificable que evalué la situación y un plan de acción previo a su intervención. De tal forma, los operativos policiales deben estar dirigidos a la contención o restablecimiento del orden, y no a la privación de la vida o agresiones injustificadas.
Con todo, en caso de que resultare obligatorio el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de la finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad.
Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica.
Protocolo de acciones posteriores
Del mismo modo, debe implementarse procedimientos que verifiquen la legalidad y/o proporcionalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales, así como de las órdenes de la cadena de mando relacionados con el hecho.
En efecto, una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad hicieron uso de armas letales o no letales, causando daños a la vida e integridad de las personas, deberá iniciarse inmediatamente, y dentro de un plazo que no supere los seis (6) meses contados a partir del suceso, al margen de las investigaciones a que haya lugar, la obligación de proveer una explicación pública satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.
Tal procedimiento será acompañado por redes de veeduría ciudadana, mandatarios regionales, locales, y órganos de control. Al señalado estatuto se le hará pedagogía nacional, es decir, se enseñará y divulgará a todos los colombianos. c. De los avances para el cumplimiento de lo antes ordenado, el Gobierno Nacional – Presidente de la República deberá rendir, de manera directa a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, un informe quincenal, claro, detallado y exhaustivo del desarrollo de las negociaciones hasta la emisión del correspondiente acto administrativo.
SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.
SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.
OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos.
Cuando se requiera cualquier participación del ESMAD en eventos públicos o privados, ese organismo de manera antelada, deberá poner a disposición DEL DEFENSOR el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e, igualmente, la Policía Nacional deberá designar a un oficial superior común que sirva de enlace entre los agentes y el DEFENSOR DEL PUEBLO.
Asimismo, la aludida institución recibirá las quejas y denuncias que, por cualquier medio expedito y eficaz, se hagan sobre las conductas del ESMAD o integrantes de la fuerza pública en el desarrollo de manifestaciones y protestas.
NOVENO: ORDENAR a los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD- y a cualquier institución que efectué “actividades de policía” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suspenda el uso de las “escopetas calibre 12”, hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.
DÉCIMO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, mensualmente remita un informe al juez de primera instancia de esta acción constitucional del cumplimiento de las disposiciones aquí adoptadas.
DÉCIMOPRIMERO: INDICAR que cuando la Corte lo considere necesario, asumirá la competencia para exigir el obedecimiento de lo aquí ordenado.
DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
289. El fallo de tutela fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, siendo excluida de la misma, según auto interlocutorio dictado el 26 de febrero de 2021 por la Sala de Selección de Tutelas No. 2, con lo cual la sentencia hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y el cumplimiento de las disposiciones –que se reitera se refieren a todas las marchas y todos los ciudadanos que son titulares del derecho a la protesta pacífica consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política– se encuentra a cargo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, con respecto al cual la Sala de Casación Civil de la Corte se reservó el derecho a ejercer el control cuando lo considerara necesario.
290. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, mediante auto del 27 de mayo de 2021, se pronunció sobre las solicitudes de “cumplimiento de fallo” e interposición de “incidente de desacato” que presentaron las señoras Laura Gómez y Angie Rusinque respecto de la sentencia del 22 de septiembre de 2020.
291. Las solicitantes manifestaron que, el derecho fundamental protegido por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil estaba siendo vulnerado desde el 28 de abril de 2021, comoquiera que se estaban desconociendo varias de las órdenes dadas, en especial la de abstenerse de incurrir en “abuso sistemático del uso de la fuerza, por parte de la Policía Nacional y el Esmad”.
292. Por otra parte, el señor Ermes Evelio Pete Vivas, Consejero Mayor y representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, presentó un memorial en el que afirmó que desde el 28 de abril de 2021 se habían presentado casos de “violencia policial”, “detenciones arbitrarias” y homicidios, y que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo no han actuado diligentemente ante esas situaciones.
293. Aunado a lo anterior, otras personas que manifestaron ser “accionantes y apoderados” solicitaron que se diera cumplimiento a las órdenes de la sentencia del 22 de septiembre de 2020, por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en las ciudades de Bogotá, Cali y Popayán y la “estigmatización” de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan desde el 28 de abril de 2021 por parte del Presidente de la República.
294. La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil consideró que las solicitudes que presentaron los ciudadanos debían ser tramitadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, por haber sido el juez constitucional que conoció de la acción de tutela en primera instancia; sin embargo, decretó pruebas complementarias y advirtió, entre otras cosas, lo siguiente:
“Si bien lo alegado por los memorialistas y los hechos actuales, de público conocimiento, sustentan la necesidad de intervención de esta Corte, la injerencia de la misma tendrá lugar, por ahora, con el decreto de pruebas complementarias respecto de las impartidas por el juez constitucional de primer grado, correspondiéndole a éste recabarlas durante el trámite de desacato que actualmente adelanta en esa etapa procesal, garantizando ante todo, el acatamiento del fallo, el derecho de contradicción y defensa de los involucrados y la doble instancia.
2.4.1. Como lo expusieron los aquí solicitantes, la Sala en la sentencia STC-7641-2020 -hoy en firme al excluirse de revisión y negarse la insistencia- amparó las prerrogativas invocadas, relativas a «(…) la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, “no ser sometidos a desaparición forzada», y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento (…)».
(…)
Como una de las finalidades de la sentencia STC7641-2020 consistió en evitar la repetición de lo ocurrido en las fechas mencionadas y en las anteriores, analizadas en el fallo en cuestión, ha de verificarse si se han reiterado los hechos denunciados.
2.4.2. No puede, ensancharse el debilitamiento de la confianza ciudadana frente a las instituciones. La exigencia pacífica del ejercicio del derecho de reunión, manifestación y protesta conlleva entre las muchas, una obligación de doble vía, tanto para los titulares del derecho, como para el Estado. El derecho no se puede asimilar al caos, al vandalismo o al desorden; tampoco procede la estigmatización y la intimidación, porque ninguna de tales circunstancias, contribuyen al proceso democrático y constitucional de hacer un país incluyente y un Estado Social de Derecho, tolerante, armonioso, en desarrollo, respetuoso de la dignidad humana. Por ello, es del caso, instar a todas las autoridades accionadas y a la ciudadanía a acatar con diligencia y plena observancia, los mandatos contenidos en la sentencia STC-7641-2020.
(…)
2.4.3.1. Ordenar al Gobierno Nacional -Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, que en el término de quince (15) días, informe lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:
(…)
2.4.3.2. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Nación, que en el término de quince (15) días, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:
(…)
2.4.3.3. Ordenar al Defensor del Pueblo, que en el término de quince (15) días, informe lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:
(…)
2.5. Finalmente, se remitirán las presentes diligencias a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que se pronuncie, sobre la apertura o complementación del trámite incidental deprecado por los memorialistas y, en adición, supervise la práctica de las pruebas decretadas en esta decisión, sin perjuicio de la verificación a cargo de esta Corporación.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
2.9. Caso concreto
295. El accionante manifestó que la finalidad del presente amparo es que el juez de tutela disponga que cese la amenaza de sus derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la dignidad humana. Si bien son varias las garantías invocadas, esta Sala entiende que, en consonancia con los presupuestos fácticos y los argumentos que sustentan la solicitud de amparo, el derecho a la manifestación pública y pacífica es el que se principalmente se considera como amenazado.
296. Como se expuso con antelación, el derecho a la protesta pacífica cuenta con una naturaleza intrínsecamente compleja y, debido a la convergencia de otros derechos en su ejercicio, su restricción arbitraria puede acarrear la vulneración de garantías tales como la integridad personal, la salud y la dignidad.
297. Si bien, de acuerdo con la Corte Constitucional, el derecho a la protesta pacífica tiene una dimensión colectiva en relación con su concreción, la titularidad de este es esencialmente individual, por lo que la presunta amenaza a dicha garantía se examinará a partir de la situación específica del señor Yeison Andrés González González como accionante, en el marco de los presupuestos fácticos expuestos.
298. Es decir, teniendo en cuenta el marco convencional y constitucional expuesto, así como las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en la sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Sala analizará cada una de las pretensiones de la demanda de tutela y precisará si se configura la cosa juzgada constitucional o si hay lugar a pronunciarse de fondo.
299. Ahora, si se configura la cosa juzgada constitucional se deberá declarar la improcedencia de la acción por no superarse el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el accionante cuenta con el incidente de desacato para poner de presente sus inconformidades ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones a que haya lugar.
300. Conviene precisar que, el incidente de desacato en el trámite de una acción de tutela está regulado en el artículo 52 del Decreto Ley 2591 de 1991, y respecto de la naturaleza jurídica de este, la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, indicó:
“En síntesis: el incidente de desacato es un instrumento procesal para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados mediante la acción de tutela, que tiene lugar cuando el obligado a cumplir una orden de tutela no lo hace. En este trámite incidental, el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, puede sancionar con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes judiciales encaminadas a restaurar el derecho vulnerado, lo cual debe efectuarse con plena observancia del debido proceso de los intervinientes y dentro de los márgenes trazados por la decisión de amparo” (Negrita y subrayado fuera del texto).
301. Lo anterior, significa que el incidente de desacato constituye el mecanismo judicial idóneo para buscar el cumplimiento de una orden de tutela y que se garantice realmente la protección de los derechos fundamentales amparados.
302. En el caso concreto del señor Yeison Andrés González González, si bien no fungió como accionante en la solicitud de amparo que culminó con la sentencia del 22 de septiembre de 2020, lo cierto es que, como quedó expuesto en el numeral 2.8. de esta providencia, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil hizo extensivos los efectos de la protección del derecho a la protesta pacífica a todos los ciudadanos.
303. En este punto, se resalta que la gran mayoría de las personas que presentaron incidentes de desacato y solicitaron el cumplimiento de la sentencia del 22 de septiembre de 2020 no fungieron como accionantes, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil atendió a sus argumentos para decretar pruebas complementarias en el trámite del incidente de desacato y remitió las peticiones al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil.
304. Lo anterior, significa que, en efecto, los titulares del derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución están legitimados para promover un incidente de desacato para obtener el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020.
305. Por otra parte, en las pretensiones que se estudien de fondo, si se advierte que existe una amenaza cierta e inminente se adoptarán las decisiones que en mayor medida protejan y reivindiquen los derechos fundamentales que invocó el accionante, en especial, el de la protesta pacífica.
306. Precisada la metodología de estudio, la Sala procede con su análisis:
2.9.1. “i) Se ordene de manera inmediata se deje de utilizar armas de fuego en las manifestaciones o actos simbólicos por parte de la Policía Nacional o del Esmad”
307. La Sala advierte que, respecto de esta pretensión, se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional por las razones que a continuación se exponen.
308. En el literal b, del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó al Gobierno Nacional – Presidente de la República que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicha providencia procediera a:
“b. Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema.
De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas.
Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa.
(…)
Protocolo de acciones preventivas
El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
309. En cumplimiento de dicha orden, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 por medio del cual se estableció el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores denominado como el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
310. De acuerdo con la orden dispuesta por la Corte Suprema de Justicia y con el protocolo que la materializó, la regla general es que el uso de armas de fuego o cualquier otro tipo de dispositivo letal está prohibido para cualquier miembro de la fuerza pública en contextos en los que se ejerza el derecho fundamental a la protesta pacífica.
311. En consonancia con las normas constitucionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales obedece al principio de excepcionalidad y absoluta necesidad, por lo que el empleo de armas letales y de fuego contra la población civil, tanto en escenarios de protesta como en cualquier otro, está prohibido por regla general. Debido a que la reglamentación que la sentencia en cuestión ordenó proferir, debe regirse por dicha normatividad, la pretensión del accionante se ve cobijada por lo dispuesto en tal providencia.
312. Ahora bien, si el accionante considera que dicha orden no fue cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación.
313. A su vez, si el señor González González considera que el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 no cumple con el mandato convencional y constitucional de que el uso de armas de fuego debe estar prohibido, por regla general, cuenta con el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, regulado por el artículo 135 de la Ley 1437 del 2011 y el cual es un mecanismo judicial idóneo para controvertir dicha norma, al ser un decreto de carácter general dictado por el Gobierno Nacional, y un proceso en el que se puede solicitar que se adopten medidas cautelares, de conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011.
314. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente esta pretensión.
2.9.2. “ii) Se ordene que se prohíba de manera inmediata la presencia del ejército nacional (sic) en manifestaciones o actos simbólicos dentro del marco del paro nacional”
315. En relación con esta solicitud, se pone de presente que la figura de la asistencia militar está consagrada en el artículo 170 de la Ley 1801 del 2016, el cual la define como un instrumento legal que puede ser dispuesto por el Presidente de la República en los siguientes escenarios: i) ante hechos que alteren gravemente la seguridad o la convivencia; ii) ante riesgo o peligro inminente; iii) para afrontar emergencia o calamidad pública.
316. De conformidad con dicha norma y ante la situación de orden público en el marco de las distintas jornadas de protesta adelantadas desde el 28 de abril del 2021, el Presidente expidió el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 y ordenó que se aplicara, entre otras medidas, la figura de asistencia militar en coordinación con algunas autoridades locales. Por tanto, es dable concluir que el accionante pretende, por medio de esta solicitud, controvertir una norma de carácter general, impersonal y abstracto, por lo que la pretensión en cuestión es improcedente, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2.9.3 “iii) Se ordene se prohíba de manera inmediata la utilización de gases lacrimógenos al menos mientras pasa la emergencia del COVID 19”
317. En relación con esta pretensión, se pone de presente que el uso de cartuchos con carga química CS por parte de la Policía Nacional para dispersar aglomeraciones o restablecer el orden público es una actividad lícita que está regulada en la Ley 525 de 1999 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción” hecha en Paris el trece (13) de enero de (1993)” y reglamentada por la Resolución 3002 del 29 de junio de 2017 “Por el cual se expide el manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”.
318. Por otra parte, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS calificó el brote del virus Covid-19 como una pandemia, con fundamento en lo cual el Ministerio de Salud y de la Protección Social profirió la Resolución N° 385 del 12 de marzo del 2020, mediante la cual declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.
319. La emergencia sanitaria se prorrogó mediante las Resoluciones N° 844 del 26 de mayo de 2020, N° 1462 del 25 de agosto de 2020, N° 2230 del 27 de noviembre de 2020 y N° 222 del 25 de febrero de 2021. Finalmente, a través de la Resolución N° 783 del 26 de mayo de 2021, se determinó que dicha prorroga sería hasta el 31 de agosto de 2021.
320. Ahora bien, el inciso cuarto del artículo 49 de la Constitución establece que “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”, esto significa que los ciudadanos tienen la obligación constitucional de actuar de manera diligente para preservar la salubridad pública.
321. Desde el panorama fáctico y jurídico expuesto, se advierte que, si bien el derecho a la protesta pacífica no se suspende con ocasión de la emergencia sanitaria, lo cierto es que las personas deberían abstenerse de concurrir a escenarios en donde se presenten aglomeraciones o no se cumplan los protocolos de bioseguridad, por cuanto esto produce que los contagios y muertes por el virus covid-19 aumenten de manera acelerada.
322. Por supuesto, quien decida libremente participar de las protestas y manifestaciones públicas debe asumir los riesgos que ello implica, tanto a nivel de contagio del virus como de las situaciones que se presentan cuando la Policía Nacional debe intervenir para preservar la seguridad y la convivencia ciudadana.
323. Por ello, no es dable que un manifestante invoque la emergencia sanitaria producida por el covid-19 para que se suspenda el uso de cartuchos con carga química CS por parte de la Policía Nacional, pues, se reitera que al participar hoy en día en actividades en donde se presentan aglomeraciones y alteraciones al orden público se expone autónomamente a los riesgos que ello conlleva.
324. Además, el uso de “gases lacrimógenos” no constituye un uso desproporcionado de la fuerza, pues, es un recurso legal con el que cuenta la Policía Nacional que se encuentra regulado y reglamentado.
325. En ese orden de ideas, no se observa que el uso de cartuchos con carga química CS durante la emergencia sanitaria producida por el covid-19 amenace los derechos fundamentales que invocó el señor Yeison Andrés González González.
326. Así las cosas, se negará esta pretensión.
2.9.4. “iv) Se ordene que en caso de que se continúe permitiendo la utilización de gases lacrimógenos, exista una verificación previa por parte de la DEFENSORIA DEL PUEBLO y de la PROCURADURÍA de que dichos gases no están vencidos”
327. Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
328. En el inciso primero del numeral octavo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó:
“OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos.
(…)” (Negrita y subrayado fuera del texto)
329. Lo anterior significa que, en principio, la Defensoría del Pueblo debe verificar que los cartuchos con carga química CS cumplan con las condiciones necesarias para ser utilizadas por parte de la Policía Nacional y, en especial, del Escuadró Móvil Anti Disturbios.
330. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación.
331. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito de subsidiariedad respecto de esta pretensión y, por ello, habrá que declararse su improcedencia.
2.9.5. “v) Se ordene la prohibición de cualquier arma traumática o no traumática, en sitios donde se encuentren personas de la tercera edad o niños”
332. El accionante cuenta con cédula de ciudadanía y en la demanda de tutela no manifestó que tuviera más de 76 años de edad, razón por la cual los derechos fundamentales que invocó no resultan amenazados con la utilización de una arma “traumática o no traumática” en los sitios en los que se encuentren personas de la tercera edad o menores.
333. Es decir, el tutelante no tiene un interés directo y particular respecto del amparo que solicitó y, por ello, no es el titular del derecho fundamental que reclama con esta pretensión.
334. Así mismo, tampoco puso de presente que actuara como agente oficioso de una persona de la tercera edad o de un menor, lo que implica que tampoco existe un motivo válido para que el juez constitucional se pronuncie sobre este requerimiento.
335. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia T-259 de 2018 afirmó que “existe la legitimación por activa para agenciar los derechos de los niños y niñas, por parte de terceros que manifiesten ese interés”, toda vez que es un deber de todo ciudadano velar por la protección de sus derechos. Por lo anterior, el señor Yeison Andrés González González está legitimado en la causa por activa.
336. Ahora bien, respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
337. En el inciso primero del numeral octavo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se dispuso:
“SEGUNDO: ORDENAR a los aquí encausados que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
338. Lo anterior significa que, en principio, la Policía Nacional debe abstenerse de usar de manera desproporcionada la fuerza cuando excepcionalmente debe intervenir en las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.
339. Por supuesto, en los escenarios en donde estén presentes menores esta obligación es aún más exigente, comoquiera que la situación particular de vulnerabilidad de una persona que está empezando la vida hace que se encuentre en un estado de indefensión y en una condición de desigualdad física, psíquica, social y económica respecto del resto de seres humanos.
340. Ello significa que, en efecto, un miembro de la Policía Nacional debe tener especial cuidado cuando en un escenario en el que se presente una alteración al orden público haya presencia de niños, pues, de ninguna manera puede utilizar la fuerza en la misma intensidad como si se tratara de personas adultas.
341. En ese contexto, debe entenderse que el uso proporcional de la fuerza implica que cuando en una confrontación esté presente un niño la Policía Nacional debe abstenerse de utilizar cualquier tipo de arma para restablecer el orden público, como cuando ocurre con las manifestaciones en la que participan únicamente personas mayores de edad.
342. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que la Policía Nacional cumpla con la referida obligación.
343. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito de subsidiariedad respecto de esta pretensión y, por ello, habrá que declararse su improcedencia
2.9.6. “vi) Se ordene al GOBIERNO NACIONAL en cabeza de IVÁN DUQUE MÁRQUEZ crear unos mecanismos de conversación amplia con todos y cada uno de los sectores dentro de la realidad nacional incluyendo a los promotores del paro, a la oposición y demás en donde se pueda establecer”
344. La Sala advierte que no existe una relación clara entre esta pretensión y los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el amparo ante la presunta amenaza de las garantías constitucionales accionadas. Lo anterior, en la medida en que la inminencia del perjuicio invocado tiene como argumento central el supuesto uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de agentes militares y de policía. A su vez, de la situación particular del señor González González, no se advierte que lo pretendido tenga alguna virtualidad en el cese de la amenaza alegada.
345. Ahora bien, el derecho a la protesta cuenta con una dimensión colectiva en su ejercicio y concreción y, en el presente caso, de acuerdo con lo argüido por el accionante, las jornadas de protesta se originaron a partir de una serie de descontentos por parte de los manifestantes con algunas de las políticas que ha implementado el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, el contexto específico en el que tiene lugar el diálogo y la concertación entre los protestantes y el Gobierno Nacional, en relación con las reivindicaciones y exigencias alegadas en el marco de las manifestaciones, obedece a una órbita esencialmente política, en la que el juez constitucional no puede intervenir.
346. En este orden de ideas, se concluye que el accionante no logró establecer, de forma clara, las razones por las cuales es necesario que se acceda a ordenar la creación de mecanismos de conversación amplia con los sectores sociales aludidos, pues, más allá de la órbita política del diálogo, no se hizo énfasis alguno en la forma como esta pretensión se relaciona con la garantía jurídica de los derechos invocados. Así las cosas, se negará esta solicitud.
2.9.7. “vii) Se ordene que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN adelante la investigación de las muertes, desapariciones forzadas, torturas y demás realizadas por miembros de la fuerza pública en las manifestaciones, actos que son graves violaciones a derechos humanos”
347. Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
348. En el numeral décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó:
“DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
349. Así mismo, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Civil en el auto del 27 de mayo de 2021, dispuso:
“2.4.3.2. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Nación, que en el término de quince (15) días, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:
(…)
2-. En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodológico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistemático, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos. En sentido negativo, deberán explicar las razones por las cuales no se abordó ese enfoque con base en la sentencia STC 7641-2020.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
350. Lo anterior significa que, en principio, la Fiscalía General de la Nación debe adelantar las investigaciones de los hechos constitutivos de conductas punibles en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021.
351. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se hagan las referidas investigaciones.
352. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito de subsidiariedad respecto de esta pretensión y, por ello, habrá que declararse su improcedencia.
2.9.8. “viii) Se ordene a la PROCURADURÍA asumir de manera inmediata el poder preferente disciplinario e investigar todos y cada uno de los actos de miembros de la fuerza pública por graves violaciones de derechos humanos dentro de los que se encuentran asesinatos, torturas y desapariciones forzadas”
353. Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
354. En el numeral décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó:
“DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
355. Así mismo, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Civil en el auto del 27 de mayo de 2021, dispuso:
“2.4.3.2. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Nación, que en el término de quince (15) días, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:
(…)
2-. En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodológico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistemático, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos. En sentido negativo, deberán explicar las razones por las cuales no se abordó ese enfoque con base en la sentencia STC 7641-2020.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
356. Lo anterior significa que, en principio, la Procuraduría General de la Nación debe adelantar las investigaciones de los hechos constitutivos de faltas disciplinarias en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021.
357. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se hagan las referidas investigaciones.
358. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito de subsidiariedad respecto de esta pretensión y, por ello, habrá que declararse su improcedencia.
2.9.9. “ix) Se ordene al GOBIERNO NACIONAL y cada uno de los alcaldes que creen de manera inmediata con los manifestantes un canal humanitario, por medio de la defensoría del pueblo, las misiones de verificación y demás entes que garantice el abastecimiento de alimentos y medicamentos a todas las poblaciones del país”
359. Se advierte que no existe una relación clara entre esta pretensión y los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el amparo ante la presunta amenaza de las garantías constitucionales accionadas. Es necesario reiterar que, si bien el derecho a la protesta se ejerce colectivamente mediante la reunión o asociación con otras personas, la titularidad de este es individual, tal como lo ha indicado la Corte Constitucional. Por tanto, el acceso a lo pretendido por el accionante está determinado por su situación fáctica particular.
360. El señor González González alegó que los derechos fundamentales invocados se han visto amenazados, a partir de los distintos hechos presuntos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes militares y de policía. En este sentido, no se advierte que lo pretendido cuente con la suficiente virtualidad para hacer cesar tal amenaza.
361. En este orden de ideas, el accionante no logró establecer, de forma clara, las razones por las cuales se hace necesario que se acceda a crear un canal humanitario que garantice el abastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el país. Lo anterior, en la medida en que no se hizo énfasis en la forma como lo pretendido está relacionado con la garantía de los derechos invocados.
362. A su vez, es necesario reiterar el carácter pacífico de este derecho y la prohibición del uso de cualquier tipo de armas en su ejercicio. Por tanto, se advierte que la obstrucción violenta de vías nacionales que vulneren, de manera desproporcionada e irrazonable, los derechos fundamentales de terceros que no participan de las jornadas de protesta, no está cobijada por la normatividad constitucional y convencional que regula la materia en cuestión.
363. Por lo expuesto con antelación, se negará esta solicitud.
2.9.10. “x) Se ordene que los órganos que tienen funciones de Ministerio Público Procuraduría y Personería, además de la defensoría del pueblo (sic) realicen el acompañamiento inmediato y constante a cada una de las marchas y manifestaciones dentro del marco del paro nacional en el país”
364. Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
365. En el numeral séptimo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó:
“SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
366. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en sus intervenciones, aseguraron que “para dar cumplimiento a la orden contenida en el numeral séptimo” de la sentencia de la sentencia del 22 de septiembre de 2020 expidieron de manera conjunta la “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance e Intervención del Ministerio Público”. Al respecto, en la página 20 del referido documento, se indicó:
“Con el propósito de generar escenarios de cohesión y participación social en el país, resulta de vital importancia el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo en la garantía del ejercicio legítimo del derecho a la manifestación pacífica, establecido en el artículo 37 de la Constitución Política, antes, durante y después de la misma.
Por tal motivo, la Procuraduría General de la Nación desde sus tres ejes misionales, preventivos, de intervención y disciplinarios, según sea el caso, acompañará de forma inmediata las manifestaciones convocadas por la ciudadanía que, según el modelo de Estado social y democrático de derecho, permite su materialización.
Este acompañamiento se realiza con el objetivo de tener una respuesta oportuna y garante de derechos, activando las acciones en materia preventiva, disciplinaria o de intervención judicial, si las circunstancias de los hechos así lo demandaren.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha diseñado planes de fácil acceso con el fin de acompañar los ciudadanos antes, durante y después de la protesta y, de ser necesario, brindar la asesoría jurídica, incluso en instancias internacionales, cuando hubiere lugar.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
367. Lo anterior significa que, en principio, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo deben acompañar las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.
368. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se haga acompañamiento a los manifestantes por parte de las referidas autoridades.
369.En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito de subsidiariedad respecto de esta pretensión y, por ello, habrá que declararse su improcedencia.
2.9.11. “xi) Se ordene la creación de un comité Nacional de verificación independiente las graves violaciones a derechos humanos” (sic a toda la trascripción)
370. En el literal b, del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó al Gobierno Nacional – Presidente de la República expedir el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
371. Entre las acciones concomitantes ordenadas por dicha Corporación, se ordenó lo siguiente:
“Al momento de realizar el despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben implementar un procedimiento verificable que evalué la situación y un plan de acción previo a su intervención. De tal forma, los operativos policiales deben estar dirigidos a la contención o restablecimiento del orden, y no a la privación de la vida o agresiones injustificadas” (Negrita y subrayado fuera del texto)
372. En relación con las acciones posteriores a las jornadas de protesta, la Corte Suprema de Justicia ordenó implementar, en dicho protocolo, procedimientos de verificación de “la legalidad y/o proporcionalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales, así como de las órdenes de la cadena de mando relacionados con el hecho”. En este mismo sentido, se ordenó establecer un procedimiento de verificación posterior a sucesos relacionados con uso desproporcionado de la fuerza, de la siguiente manera:
“(…) una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad hicieron uso de armas letales o no letales, causando daños a la vida e integridad de las personas, deberá iniciarse inmediatamente, y dentro de un plazo que no supere los seis (6) meses contados a partir del suceso, al margen de las investigaciones a que haya lugar, la obligación de proveer una explicación pública satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.
Tal procedimiento será acompañado por redes de veeduría ciudadana, mandatarios regionales, locales, y órganos de control. Al señalado estatuto se le hará pedagogía nacional, es decir, se enseñará y divulgará a todos los colombianos. c. De los avances para el cumplimiento de lo antes ordenado, el Gobierno Nacional – Presidente de la República deberá rendir, de manera directa a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, un informe quincenal, claro, detallado y exhaustivo del desarrollo de las negociaciones hasta la emisión del correspondiente acto administrativo.
373. De igual forma, los numerales sexto y octavo de la resolutiva de dicha sentencia, ordenan labores de verificación en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, las cuales están relacionadas con la garantía de derechos fundamentales y con situaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales.
374. Si bien la solicitud de creación de un “Comité nacional independiente de verificación” en materia de derechos humanos no está cobijada, en principio, por lo que ordenó la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que el accionante no expuso las razones por las que se considera necesaria la creación de dicho organismo y, de igual forma, no argumentó en qué medida lo resuelto por el Alto Tribunal no resulta suficiente para que cese la amenaza alegada. En este orden de ideas, se negará esta pretensión.
2.9.12. “xii) Se Ordene que mientras se adelantan las investigaciones y ante los actos violatorios de derechos humanos y de tratados que incluso son supraconstitucionales se suspenda la actividad de los miembros de la Fuerza Pública implicados”
375. Incurrir en graves infracciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario conforme a los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia constituye una falta gravísima, de conformidad el artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
376. Por otra parte, la suspensión provisional de un servidor público durante las etapas de investigación y juzgamiento en un proceso disciplinario, está regulada en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 157. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Durante la investigación disciplinaría o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.
(…)” (Negrita y subrayado fuera del texto)
377. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia C-086 de 2019, al resolver una demanda de inconstitucionalidad que se presentó contra el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, precisó:
“4.5.3. La suspensión provisional no es una medida discrecional, sino reglada. Por tanto, está sometida a unos estrictos presupuestos o condiciones objetivas, a saber: 1) el servidor público al que se decide suspender debe estar en ejercicio de un cargo, una función o un servicio; 2) contra él debe haberse iniciado una investigación disciplinaria o adelantarse el juzgamiento disciplinario; 3) dicha investigación o juzgamiento deben tramitarse por la supuesta comisión de faltas disciplinarias gravísimas o graves; y 4) deben existir serios elementos de juicio, a partir de los cuales se pueda establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio hace posible: a) que el procesado interfiera en el trámite del proceso, b) que el procesado continúe cometiendo la falta por la cual se lo procesa o c) que el procesado reitere la comisión de dicha falta.
4.5.4. Para suspender provisionalmente al servidor público en el proceso disciplinario se debe respetar una serie de garantías, a saber: 1) la de que la decisión debe estar motivada, esto es, fundarse en la existencia y verificación de los antedichos presupuestos o condiciones objetivas, en especial en el de que existan serios elementos de juicio; 2) la de que la suspensión debe ser temporal, tanto en lo que se refiere a la decisión inicial como a sus eventuales prórrogas, sin llegar a superar en cada evento los tres meses; 3) la de que la medida debe ser necesaria, es decir, sólo puede mantenerse en la medida en que los referidos presupuestos o condiciones objetivas permanezcan en el tiempo, pues de lo contrario debe ser revocada; y 4) la de que el funcionario que toma la decisión de suspender al servidor público es responsable, en materia disciplinaria, por su decisión.
4.5.5. La verificación del cumplimiento de los presupuestos o condiciones objetivas y del respeto de las antedichas garantías corresponde tanto a las autoridades disciplinarias, sea por medio del recurso de reposición o sea por el trámite de la consulta, y a las autoridades judiciales, por medio de la acción de tutela, que es el mecanismo de protección idóneo para este propósito.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
378. Desde el panorama normativo y jurisprudencial expuesto, se advierte que la suspensión provisional de un funcionario, al que se le esté investigando o juzgando por presuntamente incurrir en una falta gravísima por violar los derechos humanos, es una medida reglada y debe cumplir con unos presupuestos específicos en cada caso para que proceda su imposición.
379. Así mismo, la competencia legal para suspender a un servidor público recae única y exclusivamente en la autoridad disciplinaria que adelanta el proceso, quien, deberá motivar su decisión teniendo en cuenta las condiciones objetivas que tornan necesaria la medida y, además, las garantías del investigado.
380. Se pone de presente que, al juez constitucional le está vedado inmiscuirse en los asuntos propios de un funcionario que ejerce la potestad disciplinaria, comoquiera que debe cumplir con el deber de respetar lo dispuesto en el ordenamiento jurídico respecto de las competencias atribuidas a las demás autoridades del Estado, so pena de incurrir en extralimitación de sus funciones.
381. Así las cosas, la suspensión solicitada por el señor Yeison Andrés González González no es un asunto que competa a esta Sala y, por ello, se negará esta pretensión.
382. No obstante, se exhortará a la Procuraduría General de la Nación, al Director General de la Policía Nacional, al Inspector General de la Policía Nacional, a los inspectores delegados, al Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Dirección General y a los jefes de oficinas de Control Disciplinario Interno de Policías Metropolitanas y Departamentos de Policía para que, en el marco de sus competencias, analicen si hay lugar a suspender provisionalmente a los funcionarios a los que se les investigue por conductas que constituyan violaciones a los derechos humanos.
2.9.13. “xiii) Se orden al Gobierno Nacional, a la Policía Nacional y al Ejercito (sic) Nacional el cumplimiento de los protocolos para las manifestaciones, ante las graves violaciones a Derechos Humanos”
383. Respecto de esta pretensión también opera el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Como ha sido expuesto con suficiencia, la Corte Suprema de Justicia ordenó la expedición y el cumplimiento estricto de un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, de conformidad con todos los parámetros constitucionales, convencionales e internacionales en materia de protección del derecho fundamental a la protesta pacífica.
384. El Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 por medio del cual se estableció dicho protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores. Ahora bien, si el accionante considera dicha orden no está siendo cumplida a cabalidad por las autoridades estatales, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación.
385. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito de subsidiariedad respecto de esta pretensión y, por ello, habrá que declarar su improcedencia.
2.9.14. “xiv) Se ordene proferir una nueva disposición FRENTE A LA PROTECCIÓN EFECTIVA DEL derecho a la vida en las protestas”
386. El accionante en la demanda de tutela no identificó una norma o protocolo expedido por alguna autoridad, que este dirigido a regular el derecho a la protesta pacífica o la intervención de la Policía Nacional para restablecer el orden público en escenarios de manifestaciones públicas.
387. Es decir, no existe un argumento cierto y objetivo que permita al juez constitucional estudiar la necesidad de que se expida una “nueva disposición” para hacer cesar la amenaza de los derechos fundamentales que el tutelante invocó.
388. Así las cosas, habrá que negarse esta pretensión.
389. Sin embargo, la Sala considera pertinente ponerle de presente al accionante que el Presidente de la República, en cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, expidió el Decreto N° 003 del 5 de enero de 2021 “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”.
390. Al respecto, en el artículo 1° del referido decreto, se indicó que el objeto de esa norma era el siguiente:
“Artículo 1. Objeto. En cumplimiento a la orden contenida en el literal b, del ordinal Quinto del resuelve de la Sentencia de Tutela de segunda instancia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020 de la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, el cual se titula “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA”.
El Protocolo “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA” establece directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
391. Finalmente, si el señor Yeison Andrés González González quiere conocer el contenido del Decreto 003 del 5 de enero de 2021 puede consultarlo en el link: HYPERLINK "https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20003%20DEL%205%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf" https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20003%20DEL%205%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
2.9.15. “xv) Se ordene que se restrinja cualquier acto de violencia física, mental, sexual o de cualquier tipo por parte de la Policía Nacional a los manifestantes”
392. Respecto de esta pretensión se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Como se ha puesto de presente, La Corte Suprema de Justicia ordenó que todo actuar por parte de los agentes estatales y de policía, en contextos de manifestaciones públicas, estuvieran regidos de conformidad con todos los parámetros constitucionales, convencionales a internacionales en materia de protección del derecho fundamental a la protesta pacífica.
393. Tales parámetros normativos prohíben el uso de la fuerza que no esté regido por los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad, lo que implica que, por regla general, cualquier acto de violencia física, mental, sexual o de cualquier otro tipo no está permitido, en ninguna circunstancia, en contextos de ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica.
394. Por tanto, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia cobija lo pretendido por el accionante. Ahora bien, como se ha advertido, si el accionante considera dicha orden no fue cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación. En ese orden de ideas, la Sala advierte que se declarará la improcedencia de esta pretensión.
2.9.16. “xvi) Se ordene a las fuerzas de Policía y Militares que limiten cualquier acto de desaparición forzada y tortura en contra de cualquier ciudadano que se manifieste resguardado en el derecho fundamental a la protesta”
395. Por las mismas razones que el numeral inmediatamente anterior, se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional y se declarará la improcedencia de esta pretensión.
2.9.17. “xvii) Se ordene al DEFENSOR DEL PUEBLO y a la PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN realizar todas las acciones para la protección efectiva de derechos fundamentales y humanos”
396. Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
397. En los numerales sexto, séptimo, octavo y décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó:
“SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional, Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.
SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.
OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos.
(…)
DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
398. Lo anterior significa que, en principio, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación están ejerciendo acciones tendientes a garantizar los derechos fundamentales de las personas que participan en las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.
399. Así mismo, no se observa cuál otra acción es necesaria para hacer cesar la amenaza de los derechos fundamentales que invocó el tutelante, comoquiera que lo que ordenó el Máximo Tribunal de la Jurisdiccional Civil es lo que las referidas entidades pueden hacer, de conformidad con sus competencias y funciones.
400. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo ejerzan las acciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los manifestantes.
401. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito de subsidiariedad respecto de esta pretensión y, por ello, habrá que declararse su improcedencia.
2.9.18. “xviii) Se ordene a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN que abra investigaciones inmediatas por las graves violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública”
402. Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
403. En el numeral décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó:
“DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
404. Así mismo, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Civil en el auto del 27 de mayo de 2021, dispuso:
“2.4.3.2. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Nación, que en el término de quince (15) días, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:
(…)
2-. En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodológico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistemático, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos. En sentido negativo, deberán explicar las razones por las cuales no se abordó ese enfoque con base en la sentencia STC 7641-2020.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
405. Lo anterior significa que, en principio, la Fiscalía General de la Nación debe adelantar las investigaciones de los hechos constitutivos de conductas punibles en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021.
406. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se hagan las referidas investigaciones.
407. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito de subsidiariedad respecto de esta pretensión y, por ello, habrá que declararse su improcedencia.
2.9.19. “xix) Cualquier otra acción dentro de las facultades ultra y extra-petita que tiene el Juez Constitucional para proteger los derechos fundamentales entre ellos la vida”
408. La Sala considera que no es necesario proferir alguna orden adicional a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en sentencia del 22 de septiembre de 2020, en la medida en que dicha providencia dispuso, con suficiencia, todas las medidas que las autoridades estatales deben adoptar en materia de protección tanto del derecho a la protesta pacífica, como de todos los derechos que pueden resultar afectados en el ejercicio de dicha garantía fundamental, tales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, entre otros.
409. En este sentido, se insiste en la necesidad de que las autoridades estatales cumplan a cabalidad con la normatividad constitucional y convencional que las rige en el sentido de garantizar plenamente el ejercicio de la protesta, bajo el entendido de que esta goza de protección siempre y cuando sea pacífica. Por tanto, se reitera que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, la CIDH y la Corte IDH, la naturaleza no violenta de este derecho y la prohibición de uso de cualquier tipo de armas en contextos de manifestaciones, rige tanto para los protestantes, como para los miembros de la fuerza pública, en este último caso, por regla general.
410. La reiteración de instar a dichas autoridades a garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica, se hace más urgente tomando en consideración las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021”. En efecto, en dicho documento, la CIDH expuso sus preocupaciones en relación con el contexto de vulneración generalizada de derechos humanos en el país, en donde identificó como principales violaciones a tales garantías fundamentales las siguientes: (i) uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales; (ii) violencia de género en el marco de las protestas; (iii) violencia étnico-racial y contra periodistas y misiones médicas en el marco de las manifestaciones; (iv) irregularidades en los traslados por protección; (v) denuncias por desaparición.
411. A su vez, en dicho documento, la CIDH estableció unas recomendaciones generales y específicas al Estado colombiano, encaminadas a la superación de dicho contexto de vulneración de derechos humanos y a la garantía efectiva de los mismos, entre las cuales se encuentran: (i) promover y reforzar un proceso nacional de diálogo con enfoque territorial que permite para participación de todos los sectores; (ii) garantizar plenamente el ejercicio del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población; (iii) cumplir cabalmente los protocolos del uso legítimo de la fuerza siguiendo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos por los estándares internacionales y teniendo como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas; (iv) garantizar el debido proceso de las personas detenidas en el marco de las protestas.
412. En este sentido, esta Sala insiste en la necesidad de que las autoridades estatales cumplan a cabalidad con lo dispuesto en la normatividad internacional, convencional y constitucional en materia de protección del derecho a la protesta pacífica y todos los derechos concomitantes en contextos en que dicha garantía fundamental es ejercida.
2.10. Conclusión
413. La acción de tutela que ejerció el señor Yeison Andrés González González no cumple con el requisito de subsidiariedad en relación con la pretensión “ii)”, comoquiera que está controvirtiendo el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 que es un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto.
414. La solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad en relación con las pretensiones “i)”, “iv)”, “v)”, “vii)”, “viii)”, “x)”, “xii)”, “xiii)”, “xv)”, “xvi)”, “xvii)” y “xviii)”, toda vez que el accionante cuenta con el incidente de desacato para solicitar el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020.
415. Los derechos del accionante no resultan amenazados por alguna acción u omisión de las autoridades accionadas y, por ello, no procede el amparo deprecado respecto de las pretensiones “iii)”, “vi)”, “ix)”, “xi)”, “xiv)” y “xix)”.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Presidente de la República y la Personería de Bogotá, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.2. de la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes presentadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.3. de la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela ejercida por el señor Alexis de Jesús Hernández Viloria en relación con la pretensión “ii)”, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.9.2. de la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO: DECLARAR LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL y, en consecuencia, la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela ejercida por el señor Yeison Andrés González González en relación con las pretensiones “i)”, “iv)”, “v)”, “vii)”, “viii)”, “x)”, “xii)”, “xiii)”, “xv)”, “xvi)”, “xvii)” y “xviii)”, de conformidad con los argumentos expuestos en los numerales 2.9.1., 2.9.4., 2.9.5., 2.9.7., 2.9.8., 2.9.10., 2.9.12., 2.9.13., 2.9.15., 2.9.16., 2.9.17. y 2.9.18. de la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Yeison Andrés González Gonzáles respecto de las pretensiones “iii)”, “vi)”, “ix)”, “xi)”, “xiv)” y “xix)”, de conformidad con los argumentos expuestos en los numerales 2.9.3., 2.9.6., 2.9.9., 2.9.11. 2.9.14. y 2.9.19. de la parte considerativa de esta providencia.
SEXTO: EXHORTAR a la Procuraduría General de la Nación, al Director General de la Policía Nacional, al Inspector General de la Policía Nacional, a los inspectores delegados, al Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Dirección General y a los jefes de oficinas de Control Disciplinario Interno de Policías Metropolitanas y Departamentos de Policía para que, en el marco de sus competencias, analicen si hay lugar a suspender provisionalmente a los funcionarios a los que se les investigue por conductas que constituyan violaciones a los derechos humanos.
SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
OCTAVO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Folio 1 del expediente digital de tutela. La acción de tutela fue enviada al buzón web HYPERLINK "mailto:secgeneral@consejodeestado.gov.co" secgeneral@consejodeestado.gov.co. Policía Manuel Cubillos Rodríguez. El accionante relaciona a las siguientes personas en el escrito de tutela como víctimas: Julieth Ramírez- Bala Pérdida, Cristian Hernández- Disparo de arma de fuego, Jaider Mosquera- Disparo de arma de fuego, German Smith Puentes- Disparo de arma de fuego, Andrés Felipe Rodríguez- Disparo de arma de fuego, Fredy Alexander Mahecha- Disparo de arma de fuego, Julián Mauricio González- Disparo de arma de fuego, Angie Paola Baquero. Disparo de arma de fuego, Cristian Andrés Hurtado Meneses-Disparo de arma de fuego. Lorwuan Estiben Mendoza-Disparo de arma de fuego. Diana Fernanda Díaz
Los demás accionantes de esa tutela fueron los señores Sandra Borda Guzmán, Sergio Alejandro Martín Vergara, Andrés Juan Guerrero, Alejandro Briceño Díaz, Ana Benilda Ángel Orjuela, Alexandra Paola González Zapata, Fabián de Jesús Laverde Doncel, Cristian Raúl Delgado Bolaños, Aleida Murillo Gómez, Jenny Alejandra Romero González, Carlos Sleyter Obregón Ramírez, Juan Felipe Castañeda Durán, Olga Lucía Quintero Sierra, Alirio Andrés Mojica Montañez, Paola Marcela Silva Pérez, Héctor Alejandro Alba Siboche, María Fernanda Ovalle Alvarado, Angye Katherine Rojas Rivera, Wilman Silva Betancourt, Eneried Aranguren, Frank Melo Restrepo, Ángel Duván Ortiz Rodríguez, Yuri Enrique Neira Salamanca, Peter Esteban Santiesteban Castillo, María Alejandra López Mendoza, Diana Carolina Ojeda Ojeda, Victoria Lucena Góez, Mariángela Villamil Cancino, Alejandra Soriano Wilches, Carolina Moreno Velásquez, Carlos Perdomo Guerrero, Catalina Botero Marino, Manuel Alejandro Iturralde, Natalia Ramírez Bustamante, Carlos Julián Mantilla Copete, Johan Sebastián Ramírez Vargas, Fabián Darío Bernate Bastidas, Brian Valencia Ayala, Harrison Steven Valderrama Palencia, David Ricardo Pérez Castro, Carol Tatiana Gómez Suarez, Perla Tatiana Bayona Rojas, Eduardo Enrique Cáceres Téllez, Cristian Andrés Aristizábal Parra, Mohamed Mussa Shek Giraldo, Juan Camilo Gómez Olarte, María Fernanda Montiel Murillo y Santiago de Jesús Andrade Gaitán. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 22.09.2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, STC7641-2020 Radicación No. 11001-22-03-000-2019-02527-02. La abogada María Carolina Rojas Charry afirmó que era apoderada del “señor presidente de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, de conformidad con la Resolución N° 0048 del 17 de enero de 2018. La apoderada de la Alcaldía de Barranquilla no precisó las razones por las cuales el accionante podía satisfacer sus pretensiones a través de la acción de cumplimiento. Rad. 25000-23-15-000-2020-02700-01.
“SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su inicio hasta su terminación; la incorporación de los antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y brinda un tablero de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y el sistema de relatoría (…)”. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza. Ibídem: p.1
Ibídem: p.5
Ibídem
Ibídem: p.6
Ibídem.
“Artículo 15. Derecho de Reunión: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p7. Respecto a la relación intrínseca entre el derecho a la protesta social con el ejercicio de otros derechos, ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia mujeres víctimas de tortura sexual Vs. México de 28.11.18.; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia López Lone y otros Vs. Honduras de 05.10.15. Ibídem: p14. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p15. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Moreno Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela del 05.07.06. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia López Lone y otros Vs. Honduras de 05.10.15. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86, 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p17.
“Artículo 16. Libertad de Asociación. (…) El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.”
“Artículo 13.
Libertad de Pensamiento y de Expresión
(…) 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p18. Ibídem: p19. Ibídem: p20. Ibídem. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México del 28.11.18. Ibídem. Ibidem. Corte Interamericana de Derechos humanos, Sentencia Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador del 04.07.07. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Moreno Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela del 05.07.06. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México del 28.11.18. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-742 del 26.09.21. M.P. María Victoria Calle Correa. Expediente: D-8991. Ibídem
“ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
“ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.”
“ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
“ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.”
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-742 del 26.09.21. M.P. María Victoria Calle Correa. Expediente: D-8991
Ibídem. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-009 del 07.03.18. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Expedientes: D-11747 y D-11755 (acumulados)
Ibidem. Ibídem.
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-742 del 26.09.21. M.P. María Victoria Calle Correa. Expediente: D-8991
Ibídem. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-281 del 03.05.17. M.P. Aquiles Arrieta Gómez. Expediente: D-11670; Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-009 del 07.03.18. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Expedientes: D-11747 y D-11755 (acumulados)
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-281 del 03.05.17. M.P. Aquiles Arrieta Gómez. Expediente: D-11670. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Ibídem. Ibídem. Ibídem. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-265 del 16.04.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Expediente: D-3721
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-1219 del 21.11.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Expediente: T-388435; Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-001 del 13.01.16. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Expediente: T- 5158521. Los demás accionantes de esa tutela fueron los señores Sandra Borda Guzmán, Sergio Alejandro Martín Vergara, Andrés Juan Guerrero, Alejandro Briceño Díaz, Ana Benilda Ángel Orjuela, Alexandra Paola González Zapata, Fabián de Jesús Laverde Doncel, Cristian Raúl Delgado Bolaños, Aleida Murillo Gómez, Jenny Alejandra Romero González, Carlos Sleyter Obregón Ramírez, Juan Felipe Castañeda Durán, Olga Lucía Quintero Sierra, Alirio Andrés Mojica Montañez, Paola Marcela Silva Pérez, Héctor Alejandro Alba Siboche, María Fernanda Ovalle Alvarado, Angye Katherine Rojas Rivera, Wilman Silva Betancourt, Eneried Aranguren, Frank Melo Restrepo, Ángel Duván Ortiz Rodríguez, Yuri Enrique Neira Salamanca, Peter Esteban Santiesteban Castillo, María Alejandra López Mendoza, Diana Carolina Ojeda Ojeda, Victoria Lucena Góez, Mariángela Villamil Cancino, Alejandra Soriano Wilches, Carolina Moreno Velásquez, Carlos Perdomo Guerrero, Catalina Botero Marino, Manuel Alejandro Iturralde, Natalia Ramírez Bustamante, Carlos Julián Mantilla Copete, Johan Sebastián Ramírez Vargas, Fabián Darío Bernate Bastidas, Brian Valencia Ayala, Harrison Steven Valderrama Palencia, David Ricardo Pérez Castro, Carol Tatiana Gómez Suarez, Perla Tatiana Bayona Rojas, Eduardo Enrique Cáceres Téllez, Cristian Andrés Aristizábal Parra, Mohamed Mussa Shek Giraldo, Juan Camilo Gómez Olarte, María Fernanda Montiel Murillo y Santiago de Jesús Andrade Gaitán. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 22.09.2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, STC7641-2020 Radicación No. 11001-22-03-000-2019-02527-02
María Alejandra Garzón Mora, Germán Romero Sánchez, Douglas Lorduy Montañez, Raissa Carrillo Villamizar, Gustavo Gallón Giraldo, Alejandro Jiménez Ospina, Jormay Ortegón Osorio, Reymundo Rafael Vásquez Barrios, Juan David Romero Preciado, Franklin Castañeda Villacob, Ana Bejarano Ricaurte y Olga Ligia Silva López. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-034 del 03.05.18., M.P. Alberto Rojas Ríos.
“Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”
“ARTÍCULO 170. ASISTENCIA MILITAR.
Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción. PARÁGRAFO. En caso de emergencia, catástrofe o calamidad pública, la asistencia militar se regirá por los procedimientos y normas especializadas, bajo la coordinación de los comités de emergencia y oficinas responsables en la materia.”
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.”
“Por medio del cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”
El señor Yeison Andrés González González se identifica con cédula de ciudadanía 1015428746 de Bogotá. Respecto de las personas que se consideran adultos mayores, la Corte Constitucional en la sentencia T-013 de 2020 precisó: “32. Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020, conforme el documento titulado “Indicadores Demográficos Según Departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020” emitido por el DANE, la esperanza de vida al nacer para la totalidad de la población en Colombia (sin distinguir entre hombres y mujeres), se encuentra estimada en los 76 años. Por lo tanto, una persona será considerada de la tercera edad solo cuando supere esa edad, o aquella que certifique el DANE para cada periodo específico.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia del 06.07.18., M.P. José Fernando Reyes Cuartas. El documento que contiene la “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas”, se puede consultar en el link: HYPERLINK "https://publicaciones.defensoria.gov.co/desarrollo1/ABCD/bases/marc/documentos/textos/Acompanamiento_movilizaciones.pdf" https://publicaciones.defensoria.gov.co/desarrollo1/ABCD/bases/marc/documentos/textos/Acompanamiento_movilizaciones.pdf
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-1076 de 2002 consideró: “Al respecto, una interpretación histórica de las normas que integran el artículo 48 del nuevo Código Disciplinario Único pone de presente que fue la voluntad del legislador armonizar el derecho interno con el internacional, asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado con la Comunidad Internacional en materia de derechos humanos y DIH, e igualmente, atender las recomendaciones que, de tiempo atrás, los organismos internacionales de protección de los mismos han formulado al Estado colombiano” (Negrita y subrayado fuera del texto). Si bien la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario” debía entrar en vigencia el 1° de julio de 2021 de conformidad con el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, lo cierto es que el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 “Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones” modificó el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, en los siguientes términos: “Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la presenta ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas” (Negrita y subrayado fuera del texto).
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-089 del 27.02.19., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. De conformidad con el artículo 54 de la Ley 1015 de 2006 “Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional” el Director General de la Policía Nacional, el Inspector General de la Policía Nacional, los inspectores delegados, el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Dirección General y los jefes de oficinas de Control Disciplinario Interno de Policías Metropolitanas y Departamentos de Policía tienen “atribuciones disciplinarias para conocer e imponer las sanciones”.
“Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.