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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-02296-01

Fecha
25 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-02296-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada, para en su lugar: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado frente a la presunta falta de congruencia de la providencia acusada, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43 Número único de radicación: 110010315000 2021 02296 01 Actora: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-02296-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2021 02296 01
Referencia: Acción de tutela
Actora: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA EN CUANTO
ESTUDIÓ DE FONDO LA PRESUNTA FALTA DE CONGRUENCIA,
PARA EN SU LUGAR, DECLARAR IMPROCEDENTE DICHO ASPECTO.
EN LO DEMÁS SE CONFIRMA LA DECISIÓN RECURRIDA. LA
SECCIÓN TERCERA NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS SUSTANTIVO
POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL,
SUSTANTIVO Y FÁCTICO ALEGADOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
DEFENSA, A LA CONTRADICCIÓN Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado a consideración de la Sala por el señor Consejero

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, se procede a decidir la impugnación

presentada por la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

2

Número único de radicación: 110010315000 2021 02296 01
Actora: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL1 contra el fallo de

9 de julio de 2021, mediante el cual la SECCIÓN CUARTA DEL

CONSEJO DE ESTADO2 denegó el amparo solicitado.

I – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La RAMA JUDICIAL, actuando a través de apoderado, instauró

acción de tutela contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN

“B”- DEL CONSEJO DE ESTADO3, con el fin de obtener el amparo

de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la

contradicción y a la igualdad.

I.2.- Hechos

Manifestó que el señor JORGE ALFONSO CIFUENTES fue privado

de la libertad como medida preventiva entre el 22 de diciembre de

2007 y el 7 de mayo de 2008, mientras se surtió un proceso penal en

el que resultó absuelto por el delito de receptación.

Indicó que el ciudadano aludido, junto con un grupo de sus

familiares, promovieron la acción de reparación directa, identificada

1
En adelante la RAMA JUDICIAL.
2
En adelante SECCIÓN CUARTA.
3
En adelante SECCIÓN TERCERA.

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3

Número único de radicación: 110010315000 2021 02296 01
Actora: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

con el número único de radicación 250002326000 2009 00333 00,

en su contra y de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que

se les declarara responsables por la privación injusta de la libertad a

la que aquel fue sometido.

Sostuvo que el proceso aludido fue atribuido para su trámite en

primera instancia a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN C- DE

DESCONGESTIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA que, mediante sentencia de 16 de diciembre de

2012, negó las pretensiones de la demanda por cuanto no se probó

el daño, en la medida que no fueron aportadas al proceso las

providencias mediante las cuales el señor JORGE ALFONSO

CIFUENTES había sido vinculado al proceso penal.

Agregó que, interpuesto el recurso de apelación por la parte vencida,

a través de sentencia de 4 de septiembre de 2020, la SECCIÓN

TERCERA revocó la decisión, le declaró responsable por la privación

injusta de la libertad del señor JORGE ALFONSO CIFUENTES y, en

consecuencia, condenó al pago de perjuicios, en los siguientes

términos:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 16 de diciembre
de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Rama Judicial - Dirección

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Actora: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

Ejecutiva de Administración Judicial responsable por la
privación injusta de la libertad del señor Jorge Alfonso
Cifuentes, durante el período comprendido entre el 22 de
diciembre de 2007 y el 7 de mayo de 2008.

Demandante Cuantía
Jorge Alfonso Cifuentes 42.67 SMLMV
(Víctima directa)
Fabiola Romero Arévalo 42.67 SMLMV
(Esposa de la víctima)
Brayan Andrés Cifuentes 42.67 SMLMV
Romero (Hijo de la víctima)
Miguel Ángel Cifuentes 42.67 SMLMV
Romero (Hijo de la víctima)
Fredy Alonso Cifuentes 42.67 SMLMV
Villalobos (Hijo de la
víctima)

TERCERO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial a pagar, por concepto de
perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes
sumas:
[…]
CUARTO: ORDENAR que el director ejecutivo de
administración judicial, dentro del mes siguiente a la ejecutoria
de esta providencia, emita un comunicado en el cual reconozca
el daño antijurídico que causó y pida perdón por la afectación
al buen nombre del señor Jorge Alfonso Cifuentes, de acuerdo
con las condiciones expuestas en esta providencia.

QUINTO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial a pagar la suma
de$4.010.746,75, a favor de Jorge Alfonso Cifuentes, a título
de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Señaló que la providencia cuestionada incurrió en el defecto

sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

contenido en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018,

proferidas por la Corte Constitucional.

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Explicó que la aplicación de un régimen objetivo no elimina la

obligación de verificar que no opere una causa que exima o reduzca

la responsabilidad del Estado, como la culpa exclusiva de la víctima.

Apuntó que, conforme con los precedentes jurisprudenciales

aplicables, para el caso bajo estudio el análisis que “[…] debe

realizarse para efectos de establecer la responsabilidad

extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad se

orientará bajo los estándares del régimen subjetivo o de falla del

servicio, máxime cuando NO ESTÁ ACREDITADA LA ILEGALIDAD DE

LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO […]”.

Agregó que en la providencia “[…] cuestionada no se realizó el

análisis exigido por las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de

2018, puesto que para eventos de privación injusta es necesario,

por un lado, identificar la antijuridicidad del daño, y por otro,

verificar la ausencia de culpa grave o dolo de la persona detenida

[…]”.

Sostuvo que conforme con el artículo 68 de la Ley 270 de 7 de

marzo de 19964 la privación de la libertad solo deviene injusta

cuando ha sido consecuencia de una actuación o decisión arbitraria,

injustificada e irrazonable que transgrede los procedimientos

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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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establecidos por el legislador.

Arguyó que la providencia cuestionada incurrió en el defecto

sustantivo por indebida aplicación del artículo 70 de la Ley 270 de

1996 y 63 del Código Civil, en la medida que hizo inoperante la

excepción de culpa exclusiva de la víctima, en cuanto no tuvo en

cuenta que quien fue privado de la libertad se puso en la condición

para que fuera investigado por sus conductas, “[…] puesto que su

comportamiento resultó desproporcionado con respecto a los

parámetros mínimos de prudencia de cualquier ciudadano […]”.

Explicó que el análisis de la excepción de culpa exclusiva de la

víctima no implica “[…] un reproche de la actuación desde la óptica

del tipo penal, sino que el análisis se hace desde noción de culpa

grave o dolo bajo la perspectiva civil […]”.

Sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en el defecto fáctico

y “desconocimiento de la sana crítica”, por cuanto la decisión careció

de apoyo probatorio que permitiera la aplicación de los supuestos

legales que la sustentan, respecto del reconocimiento extra petita de

un perjuicio de carácter no pecuniario no solicitado.

Finalmente, sostuvo que la sentencia objeto de tutela resulta

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incongruente, pues la autoridad judicial accionada concedió a los

demandantes medidas de reparación en cabeza del Director

Ejecutivo de Administración Judicial, sobre un daño autónomo que

no fue solicitado dentro del proceso, lo que desconoce el carácter

rogado de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad al
condenarse de forma arbitraria a la Rama Judicial, dentro del
expediente de reparación directa No.
25000232600020090033301 en el que actúa como
demandantes del señor Jorge Alfonso Cifuentes y otros y
demandada la Nación – Rama Judicial y Nación -Fiscalía
General De La Nación.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto
la sentencia de fecha 4 de septiembre de 2020, dentro del
proceso de reparación directa No. 25000232600020090033301
en el que actúan como demandantes señor Jorge Alfonso
Cifuentes y otros, se ordene, por consiguiente, a la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado proferir un
nuevo fallo en el que se denieguen las pretensiones de la
demanda. 25000232600020090033301.

3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmar el
fallo proferido por el a -quo, por las razones y argumentos
expuestos por dicha instancia judicial […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, vinculada en

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calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso,

destacó que en el trámite del proceso ordinario no fue condenada

por la responsabilidad origen de la controversia.

Señaló que, en ese orden de ideas, debía ser desvinculada del

presente proceso, en razón a que no está llamada a responder por

el fondo del asunto.

I.5.2.- La SECCIÓN TERCERA, así como los demás vinculados en

calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso,

no rindieron informe alguno, pese a que fueron notificados en

debida forma.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 9 de julio de 2021, luego de advertir que la

acción de tutela cumplía con los requisitos generales de

procedibilidad, la SECCIÓN CUARTA efectuó el estudio del fondo

del asunto, con base en el cual concluyó que la providencia

cuestionada no había incurrido en ninguno de los defectos alegados,

por lo que denegó el amparo pretendido por la actora.

Para tal efecto, señaló que no existió desconocimiento del

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precedente judicial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia

SU-072 de 2018, en tanto, la SECCIÓN TERCERA había valorado

la conducta del señor JORGE ALFONSO CIFUENTES al interior del

proceso penal del que fue objeto, de donde se concluyó que aquel

no había colaborado en el resultado del que derivaba el daño

antijurídico soportado, por lo cual la medida de aseguramiento

impuesta en su contra no había sido razonable ni proporcional, con

base en el título de imputación aplicable.

Expuso que “[…] contrario a lo sostenido por la parte accionante, no

es cierto que en casos de privación de la libertad se deba siempre

aplicar el régimen de responsabilidad subjetivo […]”, dado que

conforme con la jurisprudencia de la “[…] Corte Constitucional y la

mayoría de las Subsecciones del Consejo de Estado, se ha

entendido que el artículo 90 de la Constitución no privilegia ningún

régimen de responsabilidad […]”.

Agregó que dicho análisis constituye una aplicación legítima del

principio iura novit curia, en virtud del cual el juez puede encausar

el análisis de un asunto bajo las premisas del título de imputación

que considere pertinente de acuerdo con el caso concreto, dando

preponderancia a su juicio libre y autónomo, del que deberá

manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de

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base para dicha escogencia.

Explicó que la misma consideración es suficiente para descartar la

configuración del defecto sustantivo, en tanto, la autoridad

judicial accionada descartó que en el caso la privación de la libertad

se hubiese justificado en conductas atribuibles a la víctima durante

el proceso penal.

Sostuvo que, en ese orden de ideas, el análisis efectuado por la

autoridad judicial demandada, en el marco de su autonomía

judicial, no desconoció los derechos fundamentales al debido

proceso, defensa, contradicción y a la igualdad, como lo sostiene la

entidad accionante.

Agregó que, en relación con el presunto reconocimiento extra

petita, el defecto fáctico y el principio de congruencia por las

órdenes no pecuniarias impuestas al Director Ejecutivo de

Administración judicial, dichos cargos no están llamados a

prosperar, en tanto se trata de una medida de reparación que

puede ser decretada por el juez incluso de oficio, por lo que su

reconocimiento no conlleva la vulneración de los derechos

fundamentales de la entidad accionante.

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La entidad accionante impugnó la decisión proferida en primera

instancia y solicitó que se revoque, para conceder el amparo

solicitado con la finalidad de evitar un perjuicio irremediable al

patrimonio público.

Para tal efecto, luego de citar algunos apartes de la providencia

proferida por la SECCIÓN CUARTA, reiteró inextenso cada uno de

los argumentos planteados en el escrito introductorio.

Iteró que el defecto sustantivo en el que incurrió la sentencia

acusada consistió en que la autoridad accionada no tuvo en cuenta

la normativa que rige la materia en el presente caso, además de

haber desconocido los precedentes aplicables al caso.

Destacó que no había fundamento fáctico ni jurídico para la

concesión de las medidas de reparación de daños inmateriales que

no fueron solicitadas en la demanda, por lo que hubo una

trasgresión al “[…] principio de justicia rogada y principio de

congruencia en la decisión judicial […]”.

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de

noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12

de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

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momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales

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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

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En el caso bajo examen, la RAMA JUDICIAL pretende que se deje

sin efecto la sentencia de 4 de septiembre de 2020, proferida

por la SECCIÓN TERCERA, por medio de la cual revocó la decisión

del a quo y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda

promovida dentro de la acción de reparación directa identificada

con el número único de radicación 250002326000 2009 00333 00.

A la citada providencia la actora atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su

juicio, incurrió en los defectos sustantivo por desconocimiento

del precedente judicial, sustantivo, fáctico y por carecer de

congruencia.

Los disensos de la actora radican en el hecho de que, a su juicio,

debía haberse realizado un análisis del medio exceptivo de la culpa

exclusiva de la víctima, a partir de las conductas que esta ejecutó y

que llevaron a que fuera sujeto de la investigación penal.

Además, porque la accionante estima que el caso debía ser

analizado bajo un régimen de responsabilidad subjetiva, sin que

hubiese sido procedente la concesión de reparaciones no pedidas,

frente a las cuales no había prueba del daño causado.

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En el curso de la primera instancia, la SECCIÓN CUARTA denegó

el amparo pretendido por la RAMA JUDICIAL, por cuanto encontró

razonable el análisis efectuado por la autoridad judicial accionada

en la providencia cuestionada.

La impugnación de la RAMA JUDICIAL está estructurada sobre

una reiteración de cada uno de los argumentos que sostuvieron su

posición jurídica inicial.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y,

de ser así, establecer si la SECCIÓN TERCERA vulneró los

derechos deprecados e incurrió en los defectos sustantivo por

desconocimiento del precedente, sustantivo, fáctico y si fue

incongruente, al haber proferido la sentencia de 4 de septiembre de

2020 aludida.

En ese orden de ideas, se entrará a examinar el cumplimiento de

los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con

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suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable5 y, por último, la solicitud

identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Frente al requisito de la subsidiariedad, la Sala advierte que

respecto a la inconformidad referente a que la providencia

cuestionada resulta incongruente, debido a que la autoridad judicial

accionada concedió a los demandantes en el proceso ordinario la

reparación inmaterial de un daño autónomo que no fue solicitado

dentro de la demanda, la actora tiene a su disposición el recurso

extraordinario de revisión conforme con la causal establecida en el

numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de

20116, esto es, por presuntamente existir una nulidad en la

sentencia acusada.

Lo anterior, porque los argumentos expuestos están encaminados a

demostrar una falta de congruencia en la providencia cuestionada,

situación que debe ser discutida mediante el ejercicio del recurso

extraordinario aludido por la causal en mención.

5
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
6
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.”

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Respecto al recurso extraordinario de revisión y, particularmente,

frente a la causal prevista en el numeral 5 de la aludida norma, la

Sala Plena de lo Contencioso administrativo de esta Corporación7 ha

señalado diferentes circunstancias que pueden conllevar la

configuración de una nulidad en la sentencia que pone fin a un

proceso ordinario seguido ante esta jurisdicción, en los siguientes

términos:

“[…] 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se
genere en el preciso momento en que se dicta la sentencia objeto
de censura contra la cual no procede el recurso de apelación,
pues si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a
ésta, no tendrá cabida el recurso extraordinario de revisión,
salvo, que se trate de circunstancias que aunque ocurrieron con
anterioridad a esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por
el recurrente que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario,
equivaldría a permitir que el mencionado recurso se convierta en
una oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las
partes incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no
proponer las nulidades del caso de acuerdo con las reglas de
oportunidad previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para
proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del
artículo 144 ib […]”.

Cabe resaltar que esta Sala, en repetidas oportunidades, entre

otras en providencia de 11 de octubre de 20188, se ha pronunciado

respecto del recurso extraordinario de revisión como mecanismo de

7
Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de noviembre de
2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001031500020120023000.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
octubre de 2018. Número único de radicación 11001031500020180237200. C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.

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defensa idóneo y eficaz cuando se advierta en la sentencia aspectos

que resultan incongruentes.

En el caso bajo estudio, la accionante no ha agotado el recurso

extraordinario de revisión, siendo este el mecanismo idóneo para

que sea discutida la presunta incongruencia que predica frente a la

providencia acusada.

Ahora bien, la Sala advierte que en la impugnación la entidad

accionante hizo mención del presunto perjuicio irremediable que

podría causarse al patrimonio público con la providencia

cuestionada, no obstante, en lo que respecta a las medidas de

reparación inmateriales, tal argumento no es de recibo como

justificación de la procedencia de la acción de tutela, porque dichas

órdenes no son de carácter pecuniario.

En las condiciones anotadas, en la medida que no fue acreditado un

perjuicio irremediable frente al aspecto aludido, la Sala concluye

que este carece del requisito general de subsidiaridad, razón por la

que se relevará de su análisis, dada su improcedencia, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, visto que el presente caso cumple con

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los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial, en lo que concierne a los defectos

sustantivo por desconocimiento del precedente, sustantivo y

fáctico, la Sala hará mención al marco jurídico general de estos y

en seguida los analizará de fondo de manera conjunta.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial

En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las

decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras

jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente

jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de

unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º

de la Ley 169 de 31 de diciembre de 18969 y el 270 de la Ley 1437

de 2011; así como su respaldo jurisprudencial en las sentencias C-

836 de 9 de agosto de 200110; C-816 de 1o. de noviembre de

201111; C-179 de 13 de abril de 201612; y T-102 de 25 de febrero

de 201413.

9
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
10
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(Doctrina probable).
11
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio González
Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial).
12
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
13
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente
jurisprudencial).

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En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,

ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”14 (Destacado fuera de
texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso

determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos

fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y

a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del

debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por

la Corte Constitucional15, según el cual la actividad interpretativa

que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía

judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la

aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos

análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus

decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto

concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía

(precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

14
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
15
Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.

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En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de

mayo de 200816, indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que
un caso pendiente de decisión debe ser fallado de
conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los
hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos
del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y
(iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha
evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Destacado
fuera de texto).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia

constitucional, cuya doctrina es obligatoria17, la regla del respeto

del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación

judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni

petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver

una situación concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de

supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente

judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en

pronunciamientos anteriores de la Sala18, a saber: i) la disanalogía

16
Corte Constitucional, Sentencia T-457 del 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
17
Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo
de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02074-
00.

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o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el

precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una

transformación significativa de la situación social, política o

económica en la que se debe aplicar la regla definida con

anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden

constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones

adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia

en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la

consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser

contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que

se fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el

juez que se separa del precedente asume una especial carga de

argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,

razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio

de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse

a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y

fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se

sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas y, como lo ha sostenido la Sala, solo el

desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a

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la configuración del defecto sustantivo, como causal de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales19.

Del defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional20 ha

precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial

aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la

que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que

contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

T-949 de 200921, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es
inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e)
a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por

19
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-
15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-
03-15-000-2012-01797-00.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21
M.P Mauricio González Cuervo.

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el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión
judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional22 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa

ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión

“[…]no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca

del grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos

elaborados por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar

la incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 201323, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el

22
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
23
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en
que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la
autonomía e independencia judicial, pues se basa en la
aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica. De
hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la
apreciación del material probatorio constitutivo del defecto
fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal
punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria
del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de
que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones
[…]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la

actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente

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conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.

Caso concreto

Para resolver los cargos planteados por la actora, es necesario

transcribir apartes de la providencia cuestionada:

“[…] la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden:
primero, identificará que, en este caso, se acreditó un daño
consistente en la afectación al derecho a la libertad y otro
consistente en la afectación al buen nombre. Luego, ante la
ausencia de la decisión que impuso la medida de
aseguramiento, analizará la existencia de un daño especial.
Posteriormente, al no encontrar probada la culpa de la
víctima, como única causal eximente de responsabilidad
posible en estos casos, imputará el daño a la Rama Judicial,
según las reglas de competencia señaladas en la norma
procesal penal. Finalmente, liquidará la indemnización de los
perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.

[…]

2.2. Identificación del daño

a. Daño derivado de la afectación del derecho a la libertad

16. En el expediente se encuentra probado que Jorge
Alfonso Cifuentes sufrió un daño consistente en la restricción
de su derecho a la libertad, desde el 22 de diciembre de 2007,
hasta el 7 de mayo de 2008, esto es, por un período de 4
meses y 16 días.

b. Daño derivado de la afectación al derecho al buen nombre

17. La Sala considera que toda privación injusta de la
libertad trae consigo una intensa vulneración al derecho al
buen nombre de quien la padeció. En efecto, el ejercicio del ius
puniendi del Estado se sustenta en la confianza legítima de
toda la población que lo acata porque presume su corrección.
Por tanto, la sociedad que se entera de la detención de un
ciudadano asume que el Estado tenía razones suficientes para
señalarlo como autor o partícipe de un delito. De manera que,

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la Sala estima que la privación de la libertad de Jorge Alfonso
Cifuentes también generó un daño consistente en el
menoscabo en su reputación y la afectación de su imagen en
su entorno social.

2.3. Análisis de la existencia de un daño especial

18. En el presente asunto, no se aportó al proceso el
registro de la audiencia en la que se decretó la medida de
aseguramiento impuesta en contra de Jorge Alfonso Cifuentes.
Al respecto, solo se cuenta con el acta de la audiencia
preliminar expedida el 23 de diciembre de 2007 por el Juzgado
21 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá, en la que se afirmó haber proferido medida de
detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra
del imputado. No obstante, este documento no contiene los
fundamentos de esa decisión, por lo que no es posible realizar
un análisis de fondo que permita determinar la legalidad o
ilegalidad de esa medida cautelar personal. En todo caso, dado
que la Sala advierte la posibilidad de que haya ocurrido un
daño especial, se estudiará el caso bajo ese régimen objetivo
de responsabilidad.

20. El 30 de abril de 2008, el Juzgado 7 Penal del Circuito de
Conocimiento celebró la audiencia de juicio oral, en la cual, una
vez finalizado el debate probatorio y presentados los alegatos
de cierre, anunció el sentido del fallo absolutorio a favor de
Jorge Alfonso Cifuentes y ordenó su libertad inmediata, la cual
se hizo efectiva el 7 de mayo de 2008.

30. (sic) En coherencia con lo anterior, mediante Sentencia de
11 de junio de 2008, se dispuso la absolución de Jorge
Cifuentes. Al respecto, se indicó que, si bien su captura se
presentó en el curso de una diligencia de allanamiento
practicada en el inmueble de su propiedad, lugar en el que se
encontró un vehículo reportado como hurtado, no existían
elementos suficientes para determinar su participación en la
comisión del delito y que, por el contrario, las pruebas
practicadas dentro del proceso permitían concluir que su
vecino, quien estacionó el vehículo en el parqueadero, fue el
responsable de la conducta investigada

[…]

20. (sic) Por lo anterior, en este caso, la antijuridicidad del
daño se deriva de la imposibilidad que surgió dentro del
proceso de justificar definitivamente la restricción del derecho
a la libertad del demandante, lo que generó para él un daño
especial que deberá ser indemnizado.

2.4. Entidad a la que se le imputa el daño

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22. (sic) La Ley 906 de 2004, norma procesal bajo la cual
se adelantó el proceso penal, prevé que la fiscalía debe solicitar
al juez de control de garantías la orden de captura, así como
también la imposición de medida de aseguramiento. Por tanto,
es este último funcionario quien adopta, de manera autónoma,
la decisión sobre la libertad del ciudadano.

23. En el caso concreto, la privación de la libertad se
produjo en virtud de la legalización de captura y posterior
imposición de medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento de reclusión emitida el 23 de
diciembre de 2007 por el Juzgado 21 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá. Por tanto, dado
que la restricción del derecho de libertad es una competencia
exclusiva del juez, el daño se imputará, únicamente, a la
Nación – Rama Judicial […]”. (Destacado fuera de texto).

Conforme con la transcripción en cita la Sala advierte que la

SECCIÓN TERCERA declaró la responsabilidad de la RAMA

JUDICIAL, en razón a que determinó que el señor JORGE

ALFONSO CIFUENTES sufrió un daño especial que no estaba en el

deber jurídico de soportar.

Para tal efecto, encontró probado que el ciudadano aludido había

estado privado de la libertad por orden de un juez de control de

garantías por un período de 4 meses y 16 días, sin que al final del

proceso penal respectivo el Estado haya podido desvirtuar su

presunción de inocencia, razón por la cual resultó absuelto.

La autoridad judicial accionada advirtió que no podía efectuar un

análisis sobre la legalidad o ilegalidad de las razones de la decisión de

la medida de privación de la libertad aludida, porque no fue aportada

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al proceso una copia de la audiencia en la que se decretó.

Ahora bien, en el caso bajo estudio la RAMA JUDICIAL adujo que

la providencia acusada incurrió en los defectos sustantivo por

desconocimiento del precedente judicial contenido en las sentencias

C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 y sustantivo por indebida

aplicación de los artículos 68 y 70 de la Ley 270 de 1996 y 63 del

Código Civil.

Lo anterior, debido a que, en criterio de la actora, por una parte, la

autoridad judicial no tuvo en cuenta que quien fue privado de la

libertad se puso en la condición para que fuera investigado por sus

conductas, lo que dejaba inoperante el medio exceptivo de culpa

exclusiva de la víctima y, por otra, en razón a que, a su juicio, el

caso debía ser estudiado bajo el régimen de responsabilidad

subjetiva.

Al respecto la Sala advierte que en las sentencias C-037 de 1996 y

SU-072 de 2018, que la RAMA JUDICIAL invocó como

desconocidas, la Corte Constitucional señaló que el juez

administrativo dando aplicación al principio iura novit curia, debe

establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades

del caso en concreto, toda vez que realizar una fórmula rigurosa

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para el juzgamiento del Estado, en lo referente a la privación de la

libertad, trasgrede el artículo 68 de la Ley 270 y el régimen general

de responsabilidad establecido en el artículo 90 de la Constitución

Política.

Además, el alto Tribunal dispuso que definir como fórmula

inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse

desvirtuado la presunción de inocencia, o incluso en otros eventos,

el Estado deba ser condenado de manera automática, conlleva la

vulneración de la normativa mencionada en precedencia.

Agregó que, en materia de privación injusta de la libertad, la

responsabilidad del Estado no se define a partir de un título de

imputación único y excluyente (objetivo o subjetivo), en razón a

que debe obedecer a las particularidades del caso, esto es, que la

decisión a través de la cual se restringió privativamente la libertad

sea inapropiada, irrazonable y desproporcionada.

Así, en la sentencia C-037 de 1996, en relación con el tema bajo

estudio, la Corte Constitucional señaló de forma puntual:

“[…] ARTICULO 68. PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD.
Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá
demandar al Estado reparación de perjuicios.

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CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su
fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28,
29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término
“injustamente” se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de
forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad
no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho,
sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se
estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona
fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva,
aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en
forma automática la reparación de los perjuicios, con grave
lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos
los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que
se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad
estatal a propósito de la administración de justicia, debe
contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo
siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado
de las circunstancias en que se ha producido la detención […]”.

De igual forma, en la sentencia SU-072 de 2018, la Corte precisó:

“[…] 117. La Corte en esta oportunidad ratifica que el artículo
90 de la Constitución Política no establece un régimen de
imputación estatal específico.

118. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la
sentencia C-037 de 1996, no definen un régimen de
imputación concreto.

119. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado
han aceptado que el juez administrativo, en aplicación del
principio iura novit curia, deberá establecer el régimen de
imputación a partir de las particularidades de cada caso.

120. Definir, una fórmula rigurosa e inflexible para el
juzgamiento del Estado en los casos de privación injusta de la
libertad contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley
270 de 1996 y de paso el régimen general de responsabilidad
previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.

121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que
cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la
presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro
reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se

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acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el
Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a
partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un
análisis previo que determine si la decisión a través de la cual
se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada,
irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un
precedente constitucional con efecto erga omnes,
concretamente la sentencia C-037 de 1996.

Ahora bien, a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el
juez administrativo deberá establecer si está frente a un caso
de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada
o de su absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello
hubiere lugar, un título de atribución objetiva. Esa libertad
judicial también se extiende a la nominación de las causales de
privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado
artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en tanto
responden a cierto estado de cosas, independientemente de
estar o no normados [...]”.

Aunado a lo anterior, la Sala destaca que las reglas

jurisprudenciales en cita estuvieron desarrolladas, entre otros, a

partir del alcance dado a los artículos 68 y 70 de la Ley 270 de

1996, citados por la parte actora y que prevén:

“[…] ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad
podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

[…]

[…] ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño
se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima
cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya
interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará
de responsabilidad al Estado […]”.

Por su parte el artículo 63 del Código Civil, norma que también fue

invocada como desconocida por la actora, define los términos de

culpa y dolo en forma general así:

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“[…] ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres
especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste
en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun
las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear
en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale
al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación,
significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia, es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración
de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a
la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro […]”.

Precisado lo anterior, la Sala no advierte que la providencia acusada

haya incurrido en desconocimiento de los precedentes aludidos, ni

de las normas citadas.

En efecto, los precedentes invocados son claros en establecer que,

en materia de privación injusta de la libertad, no hay un régimen

específico de responsabilidad que deba aplicarse, sino que este debe

ser establecido por el juez administrativo, con base en el

principio iura novit curia, a partir de las particularidades de cada

caso.

En el caso bajo estudio, la autoridad judicial estableció como

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régimen de imputación para resolver la demanda de reparación

directa el del daño especial, en razón a que al proceso no fue

allegada copia de la audiencia en la que fue decretada la privación

de la libertad de la víctima, por lo que no se podían analizar la

razones y fundamentos de tal decisión.

La decisión de la SECCIÓN TERCERA sobre dicho aspecto resulta

razonable, en la medida que, a partir del principio de la carga

dinámica de la prueba, la RAMA JUDICIAL era la que estaba en la

capacidad de aportar los elementos de juicio en los que constara las

razones y fundamentos de la decisión de privar de la libertad del

señor JORGE ALFONSO CIFUENTES.

Ahora bien, en relación con la culpa exclusiva de la víctima la Sala

advierte que la defensa de la RAMA JUDICIAL no hizo uso de dicho

medio exceptivo de defensa en el curso del proceso ordinario, puesto

que en la contestación de la demanda ordinaria se limitó a alegar su

falta de legitimación en la causa por pasiva, para atribuir la

responsabilidad de los hechos a la Fiscalía General de la Nación24.

No obstante, lo cierto es que en la sentencia cuestionada la autoridad

judicial afirmó que “[…] al no encontrar probada la culpa de la

24
Contestación de la demanda por parte de la Rama Judicial, vista a folios a 90 a 99 del cuaderno
principal del expediente ordinario.

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víctima como única causal eximente de responsabilidad posible en

estos casos […]” imputaría el daño a la Rama Judicial, lo que

significa que si hubo un pronunciamiento sobre el referido medio

exceptivo.

Situación distinta es que la RAMA JUDICIAL pretenda que se haga

un análisis de la conducta del señor JORGE ALFONSO CIFUENTES

antes del proceso penal, esto es, a las acciones que llevaron a

que fuera investigado, situación que no corresponde a ninguna de

las reglas fijadas en las providencias invocadas como precedente, ni

en las normas citadas como desconocidas.

Cabe destacar que, frente al análisis de la culpa exclusiva de la

víctima, a partir de su conducta en actos pre procesales y

procesales no hay unidad de criterio entre las subsecciones de la

Sección Tercera del Consejo de Estado.

De ahí que en tal situación prevalece el principio de autonomía e

independencia de la autoridad judicial accionada, en razón a que es

un órgano de cierre, y que ha venido sosteniendo que la única

conducta que puede ser valorada y, por ende, capaz de liberar de

responsabilidad al Estado, es la conducta procesal, la cual fue

analizada en el caso que nos ocupa, sin que por ello se pueda

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predicar un desconocimiento del precedente.

Al respecto en sentencia de 11 de diciembre de 202025, esta Sala

señaló:

“[…] No obstante la existencia de los anteriores
antecedentes jurisprudenciales, también debe resaltarse
que, a través de las sentencias de 6 de agosto de 202026,
de 8 de mayo de 202027, de 30 de abril de 2020, de 2 de
abril de 202028, entre otras, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado ha venido
sosteniendo que el juez contencioso no se encuentra
legitimado para valorar la conducta preprocesal del
encartado, so pena de incurrir en un desconocimiento de
la presunción de inocencia de quien fue absuelto por el
juez penal.

1. Como se puede advertir de los pronunciamientos efectuados
por las distintas Subsecciones de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, el entendimiento del alcance de la culpa
exclusiva de la víctima en los procesos de responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad, en estos momentos,
no es un asunto pacífico porque la Subsección B de dicha
Sección ha venido sosteniendo que la única conducta que
puede ser valorada y, por ende, capaz de liberar de
responsabilidad al Estado, es la conducta procesal, en tanto
que la conducta preprocesal no puede ser objeto de
análisis por el juez contencioso.

2. En este contexto, cabe resaltar que la procedencia del
mecanismo de amparo en contra de providencias judiciales
proferidas por altas cortes es más restrictiva. Al respecto, la
Corte Constitucional, mediante la sentencia SU – 917 de

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
diciembre de 2020, Cp Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2020-04597-00.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2020, rad. 70001-
23-31-000-2001-01143-01 (47792), M.P. Martín Bermúdez M.
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, rad. 25000-
23-26-000-2005-02575-01 (43246), M.P. Martín Bermúdez M.
28
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de abril de 2020, rad. 25000-
23-26-000-2010-00749-01 (45173), M.P. Alberto Montaña Plata.

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201029, señaló que su procedencia únicamente tiene cabida
«cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al
definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía
de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional. En los demás eventos los principios de
autonomía e independencia judicial, y especialmente la
condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las
interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando
el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión».

3. En ese orden de ideas, se advierte que prevalecen los
principios de autonomía e independencia de la autoridad
judicial accionada, en razón a su carácter de órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
[…]”. (Resltado fuera de texto).

Corolario a lo anterior los argumentos sobre la presunta

configuración de los defectos sustantivo por desconocimiento

del precedente y sustantivo no tienen vocación de prosperar.

Ahora bien, la actora reprochó el hecho de que la SECCIÓN

TERCERA haya concedido medidas de reparación no pecuniarias a

cargo del Director Ejecutivo de Administración Judicial, porque no

había prueba del daño respectivo, con lo cual argumentó la

presunta configuración del defecto fáctico.

En el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia

29
Corte Constitucional, Sentencia SU – 917 de 2010. M.P.: Jorge Iván Palacio P.

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cuestionada la autoridad judicial accionada ordenó al Director

Ejecutivo de Administración Judicial, que emitiera un comunicado

en el cual reconozca el daño antijurídico causado y pida perdón por

la afectación al buen nombre del señor JORGE ALFONSO

CIFUENTES.

Sobre las razones y fundamentos de la orden aludida, en la

providencia acusada, la SECCIÓN TERCERA señaló lo siguiente:

“[…] la Sala encuentra que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el daño al buen nombre se deriva siempre y
necesariamente en un perjuicio sobre la reputación, o el
concepto que de la persona tenían los demás29, un deterioro
de
la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que
observaba en su desempeño dentro de la sociedad. Este
asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido considerado en
la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana
que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado,
como por la sociedad31. De ahí la gravedad del perjuicio que
debe repararse con ocasión del daño al buen nombre del señor
Jorge Alfonso Cifuentes.

28. Por tal motivo, se ordenará al director ejecutivo de
administración judicial que emita un comunicado en el que se
disculpe con la víctima por el daño antijurídico que le causó y
reconozca que adelantó un proceso penal que implicó su
detención, sin contar con las pruebas suficientes que
justificaran la privación de la libertad. Asimismo, de acuerdo
con el principio según el cual este tipo de reparaciones
integrales deben concertarse con las víctimas, el representante
de esta entidad deberá coordinar con el demandante si el
documento solamente le será entregado en físico a él o si,
además, se publicará en sus plataformas de comunicación y
difusión […]”.

A través de la medida de reparación no pecuniaria reprochada por

la RAMA JUDICIAL se pretende la satisfacción del daño al buen

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nombre de la víctima de la privación injusta de la libertad, como

consecuencia de la exposición de su reputación.

En ese orden de ideas, en la medida que fue probado que el señor

JORGE ALFONSO CIFUENTES fue privado de la libertad y que el

juez administrativo concluyó que dicha actuación fue injusta, la

medida de satisfacción al daño al buen nombre de este tenía

fundamento fáctico, por lo que el reproche de la RAMA JUDICIAL

sobre este aspecto tampoco tiene vocación de prosperar.

Lo precedente pone de manifiesto que la SECCIÓN TERCERA no

incurrió en los defectos endilgados, toda vez que la providencia

cuestionada está debidamente motivada con fundamento en las

pruebas, la jurisprudencia y normas aplicables al asunto, por lo

que el hecho de que la actora no comparta la tesis allí dispuesta, no

significa que la decisión sea arbitraria, sino que, de conformidad

con la autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento, se

accedieron a las pretensiones de la demanda.

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la

accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no así

las falencias que alega.

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En ese orden de ideas, la Sala modificará el fallo impugnado para,

en su lugar, declarar improcedente el amparo solicitado en relación

con la presunta falta de congruencia de la sentencia acusada y, en

lo demás, confirmará la sentencia de primera instancia, como se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada, para en su lugar:

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado frente a la

presunta falta de congruencia de la providencia acusada, conforme

con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

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eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de febrero

de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CAMILO CALDERÓN RIVERA EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Conjuez Conjuez

(Firmado electrónicamente)
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Conjuez

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