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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02695-00

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate (e)
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02695-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, PAR Caprecom Liquidado y el Ministerio de Salud y Protección Social - MINSALUD atendiendo a las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad deprecados por el señor Luis Emilio Yáñez Soledad, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-02695-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)

22 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA DEMANDA / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA

¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la parte actora, por presuntamente incurrir en los defectos sustantivo y fáctico, al proferir la providencia del 15 de abril de 2021, mediante la cual se confirmó la decisión dictada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta el 18 de agosto de 2020, a través de la cual se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, propuesta por la USPEC y la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social? (…) [Respecto al defecto sustantivo, para la Sala,] si bien el actor indicó la presunta vulneración a su derecho fundamental al debido proceso, no precisó en qué consistió dicha vulneración y tampoco es claro a cual ley se refiere posteriormente, tampoco el motivo por el cual estas fueron indebidamente interpretadas para sustentar el defecto sustantivo, ni explicó las razones consistentes en la supuesta vulneración en la que incurrió el Tribunal accionado, no cumpliendo así con la carga mínima requerida para proceder a su estudio, motivo por el cual el yerro será negado. (…) [A su vez, frente al defecto fáctico,] esta Sección considera que la parte accionante tampoco cumplió con la carga argumentativa mínima exigida para justificar la configuración del defecto fáctico, pues no indicó cuáles fueron en concreto los elementos probatorios indebidamente valorados, ni mucho menos la incidencia en la decisión que adoptó la autoridad judicial accionada, en consideración a que el cuestionamiento se hizo en forma genérica en relación con las inconformidades que le asisten respecto del fallo cuestionado. Por lo expuesto, la afirmación de la parte actora es en extremo amplia, y ello generaría que el juez constitucional de tutela deba proceder con una revisión in extenso de los elementos de convicción aportados al expediente, lo que claramente desborda las competencias propias de esta instancia de decisión y desconoce la función propia del juez natural de la causa, motivo por el cual el cargo resulta impróspero.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02695-00(AC)

Actor: LUIS EMILIO YÁÑEZ SOLEDAD

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y OTRO

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor Luis Emilio Yáñez Soledad contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 19 de mayo del 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Luis Emilio Yáñez Soledad, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 15 de abril de 2021, que confirmó la decisión de primera instancia, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho –, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC-, Caprecom EPS- y la Fiduprevisora S.A., dentro del expediente con radicación No. 54001-33-40-010-2016-01202-01.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“Que se ordene la nulidad de todo lo actuado desde fecha. En que el juzgado decreto LA CADUCIDAD DE LOSTERMINOS Y ALRESOLVER

Que se ordene la nulidad de todo lo actuado desde fecha en que el despacho decreta probada las exenciones oportunidad en la cual fue dictada la resolución y apelación ante el honorable tribunal administrativo.

Subsidiariamente, Improrrogable de cuarenta y ocho horas. Se ordene continuar el proceso de la demanda administrativa Esta orden es la consecuencia de la vía de hecho por defecto fáctico. Y que se declare como termino del tiempo para la demanda administrativa desde el día 18 de agosto del 2015 ante un médico Tratante privado adscrito a la IPS Clínica Los Andes. Dr. Martin Angarita Yáñez – Ortopedista.”. (sic a toda la cita)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Luis Emilio Yáñez Soledad estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario durante el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2004 y el 11 de diciembre de 2014, en cumplimiento de una condena impuesta por la comisión de los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.

5. Durante dicho periodo, el señor Yáñez Soledad sufrió una caída de un camarote al interior de su celda en el mes de junio de 2004, hecho que desencadenó una lesión denominada como “DISCOPATÍA L3/L4,L4/L5 y L5/S1. ABOMBAMIENTO DISCAL DE L4/L5 CON DISMINUCIÓN DE LA AMPLITUD DEL AGUJERO DE CONJUGACIÓN IZQUIERDO”, diagnóstico al que se llegó mediante resonancia nuclear magnética practicada el 21 de enero de 2008.

6. Luego de la salida del establecimiento penitenciario, un médico particular al que consultó el 18 de agosto de 2015 emitió concepto en los siguientes términos:

“CONCEPTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
PTE. MASCULINO DE 32 AÑOS DE EDAD CON DX: 1. RECTIFICACIÓN DE LA LORDOSIS LUMBAR.
2. DISCOPATÍA L3/L4,L4/L5 y L5/S1.
3. ABOMBAMIENTO DISCAL DE L4/L5 CON DISMINUCIÓN DE LA AMPLITUD DEL AGUJERO DE CONJUGACIÓN IZQUIERDO
EL PTE. MANIFIESTA UN DOLOR MUY INTENSO A NIVEL DE LA REGION DE LA COLUMNA LUMBO-SACRA QUE SE IRRADIA HACIA AMBOS MIEMBROS INFERIORES CON SENSACION DE ADORMECIMIENTO Y HORMIGUEO, SE ENCUENTRA QUE HAY PÉRDIDA DE LA FUERZA MUSCULAR Y LIMITACIÓN EN LOS ARCOS DE MOVILIDAD.
EL PRONÓSTICO DEL PTE. ES MALO CON UN CONCEPTO NO FAVORABLE DE REHABILITACIÓN FISICA.
EL PTE, LABORO COMO BRAZADERO EN LA CENTRAL DE ABASTOS, POR LA LESION A NIVEL DE LA COLUMNA LUMBO-SACRA ESTE PTE. NO SE PUEDE REINTEGRAR A SUS LABORES DE TRABAJO QUE SON LEVANTAR BULTOS PESADOS A LA ESPALDA.” (Sic a toda la cita)

7. En razón al diagnóstico otorgado por el médico tratante, decidió iniciar el medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho –, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC-, Caprecom EPS- y la Fiduprevisora S.A., proceso en el que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta avocó conocimiento a través del radicado No. 54001-33-40-010-2016-01202-00, sin embargo, en el curso de la audiencia inicial celebrada el 18 de agosto de 2020, luego de hacer un análisis de las excepciones propuestas por las entidades accionadas, declaró probada la excepción de caducidad propuesta por el apoderado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y la apoderada de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, indicando que:

“(…) a pesar de que el accionante empieza a contabilizar el término de caducidad a partir del 18 de agosto de 2015, no resulta posible computar desde de ese momento el mismo, ya que como se advierte de los documentos referidos el señor Luis Emilio Yáñez Soledad tenía conocimiento de su patología desde el 21 de enero de 2008 cuando le fue practicada la Resonancia Nuclear Magnética (RNM), arrojando como diagnostico “RECTIFICACIÓN DE LA LORDOSIS LUMBAR. DISCOPATÍA L3/L4,L4/L5 y L5/S1. ABOMBAMIENTO DISCAL DE L4/L5 CON DISMINUCIÓN DE LA AMPLITUD DEL AGUJERO DE CONJUGACIÓN IZQUIERDO”, situación que no presenta variación respecto de la prescripción médica del 18 de agosto de 2015 emanada por el Ortopedista Doctor Martín Angarita Yáñez.

Por tal razón, el computo del fenómeno jurídico de la caducidad debe empezar a efectuarse en el asunto de marras a partir del 21 de enero de 2008, fecha en la que se emitió el resultado de la Resonancia Nuclear Magnética (RNM) donde se pudo establecer la lesión que hoy presenta el actor.

Así las cosas, el demandante contaba hasta el 22 de enero de 2010 para interponer la demanda de reparación directa, no obstante como el tramite prejudicial fue radicado el 22 de julio de 2016 (fls. 155 y 156) cuando habían transcurrido 5 años y 6 meses, y la demanda fue radicada el 19 de diciembre de 2016 (fl. 157), resulta claro que en este caso se encuentra ampliamente fenecido término de caducidad, debiéndose por lo tanto declarar probada esta excepción y dar por termino el proceso.” (Sic a toda la cita)

8. Inconforme con la referida decisión, la parte accionante, a través de su apoderado judicial, interpuso recurso de apelación al considerar que el señor Yáñez Soledad recobró su libertad en diciembre del 2014, por lo cual, hasta esa fecha tuvo que solicitar en varias oportunidades la atención médica por su afección, por último, concluyó que en el diagnóstico formulado el 18 de agosto de 2015 por el médico tratante, fue el determinante a la hora de establecer un concepto desfavorable para su rehabilitación, siendo imposible para el accionante, al estar recluido en el centro carcelario acudir a alguna acción para la reparación de su daño, razón por la cual el término de caducidad debe ser contado a partir de la fecha en que se emitió el diagnóstico desfavorable en el 2015.

9. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander avocó conocimiento del recurso propuesto y concluyó que luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial, la decisión proferida por el a quo fue ajustada a derecho, toda vez que el diagnóstico presentado el 18 de agosto de 2015 por el médico privado, fue una prueba adicional a efectos de establecer la tasación de los perjuicios, mas no el habilitante necesario para determinar el conocimiento del daño que reclama. En tal sentido, confirmó la decisión de primera instancia, indicando que fue a partir del “13” de enero de 2008 que el accionante tuvo certeza del daño ocasionado, habiendo trascurrido el término de caducidad a partir del día siguiente de este y vencido el “13” de enero de 2010.

1.4. Fundamentos de la solicitud

10. La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, pues consideró que, al proferir la decisión del 15 de abril de 2021, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico en la medida en que violó el inciso final del artículo 29 de la Carta Política, y realizó una valoración arbitraria de las pruebas.

11. Indicó, en lo referente al defecto sustantivo, que el tribunal tutelado vulneró el artículo 29 de la Constitución Política toda vez que:

“(…) LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN Y LA VÍA DE HECHO EN LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. En términos materiales,' la violación del derecho fundamental consistió en que fui procesada con un grupo de personas que no tenían nada que ver con migo y aun así se me aplico la figura del agravante
.2. La norma contenida en el artículo 199 de la ley 1453 no es aplicable en mi caso
En este sentido, desde la base normativa misma el auto del juez décimo y tribunal previo constituye una vía de hecho por defecto sustantivo pues se funda en norma y tiempo inaplicable para vencer el daño causado.” (sic a toda la cita)

12. En cuanto al defecto fáctico manifestó que:

“arbitraria y tendenciosamente la “prueba” allegada en tanto que toda la actividad de los despachos estuvo únicamente encaminada a la construcción de. Un archivo tal como sucedió descansan en el repudio de como actuó el abogado del INPEC y la valoración que hicieron sin ser real. Sendas piezas procesales determinan la vía de hecho por fala de defensa Al respectó solamente se puede afirmar que los funcionarios accionados no, manejan con claridad el tema.

Todo lo anterior, o sea, el grosero tratamiento que se hizo del debido proceso indiciaría, ha de. amañarla como prueba de archivo, materializado en el también grosero tratamiento de cómo me intimidaron en privación legal para que no me diera cuenta del daño ocasionado y generado diariamente hasta llegar a recuperar mi libertad; reconocido en sus partes y ejecución por los intervinientes decisión1 respecto del material probatorio allegado, el que fue retorcido de tal manera, que la prueba realmente exculpatoria se constituyó en “indicio”, para dar improcedente la presente demanda invirtiéndose, inconstitucionalmente, el valor de la prueba allegada, imponiéndose así́ el criterio del juzgador y no el del sistema normativo hasta configurar la vía de hecho que aquí́ se alega.” (Sic a toda la cita)

1.5. Trámite de la acción de tutela

13. Mediante auto del 2 de junio de 2021, la magistrada que fungió como ponente admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, en calidad de autoridades judiciales accionadas.

14. Así mismo, vinculó en calidad de terceros con interés a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC -, a Caprecom EPS, a la Fiduprevisora S.A. y a la señora María Socorro Yáñez Soledad, toda vez que fueron parte procesal al interior del medio de control de reparación directa.

15. Sin embargo, previo a decidir la presente acción, mediante auto de 29 de junio de 2021, notificado el 21 de junio de 2021 a las partes, se ordenó vincular al presente trámite constitucional al Ministerio de Salud y Protección Social, quien participó al interior del medio de control de reparación directa objeto de la presente acción constitucional, y quien además formuló la excepción de caducidad, a fin de que actúe como tercero interviniente.

1.6. Intervenciones

16. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC

17. Con escrito enviado por correo electrónico el 8 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, adujo que todas las autoridades están atadas a lo que estrictamente la ley les permite, en tal sentido, indicó que la USPEC no está en el deber de cumplir con lo que se encuentra estipulado más allá de sus competencias, razón por la cual no tiene competencia frente a las solicitudes realizadas por el actor.

18. Como sustento de lo expresado anteriormente hizo un recuento del contrato de fiducia mercantil Nº 145 de 2019, firmado con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, el cual ejecutó las contrataciones de prestación de servicios de salud, tecnologías en salud y sistemas de información, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad a cargo del INPEC.

19. Así pues, precisó que las competencias legalmente establecidas al USPEC a través del Código Penitenciario y Carcelario, radican expresamente en la estructuración del contrato de fiducia mercantil de conformidad con la Ley 65 de 1993 modificada por la Ley 1709 de 2014, las cuales establecen la exigencia de garantizar la prestación de los servicios médicos y la asistencia en salud.

20. En tal sentido, indicó que para llevar a cabo la atención a medicina especializada que presta el Consorcio Fondo de Atención en Salud a la PPL 2019 de cualquier interno que está bajo la custodia y vigilancia del INPEC, debe ser valorado por el área de sanidad del respectivo establecimiento carcelario, para posteriormente realizar la remisión a medicina especializada que requiera.

21. Finalmente concluyó solicitando su desvinculación de la presente acción constitucional, toda vez que carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

22. Mediante escrito allegado el 8 de junio de 2021, el apoderado del INPEC adujo que dicha entidad tiene a su cargo ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, por tal razón dicha entidad no es la encargada de dar solución a lo planteado por el accionante.

23. En tal sentido, solicitó la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el INPEC no vulneró ningún derecho fundamental del accionante.

1.6.3. Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta

24. A través del Oficio Nº J10A21-0151, el juez a cargo de este despacho hizo un breve recuento de la actuación procesal del medio de control de reparación directa interpuesto por el accionante, e indicó la dirección física y electrónica de la señora María Socorro Yáñez Soledad, junto con el link de acceso al expediente digitalizado con radicado Nº 54001-33-40-010-2016-01202-00, de acuerdo con el requerimiento realizado en el auto admisorio de la acción de tutela.

1.6.4. PAR Caprecom Liquidado

25. Mediante escrito allegado el 8 de junio de 2021, a través de su apoderado, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva para pronunciarse frente al fondo del asunto, por cuanto la inconformidad del accionante va encaminada a que se ordene la nulidad de lo actuado al interior del medio de control de reparación directa que declaró probada la excepción de caducidad, máxime si se tiene en cuenta que actualmente PAR Caprecom carece de competencia para atender temas relacionados con la prestación al servicio de salud.

26. Indicó que de conformidad con la Ley 1709 de 2014 se creó el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, constituido con recursos del presupuesto general de la Nación con el fin de garantizar el acceso a la salud de la población privada de la libertad y cuya administración debe ser manejada por una sociedad fiduciaria estatal o de economía mixta. Así pues, mediante contrato de fiducia mercantil Nº 363 de 2015 suscrito entre la USPEC y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, la entidad encargada de contratar la prestación del servicio de salud es dicho consorcio, en tal sentido, hoy Caprecom carece de competencia para contratar este servicio de salud.

27. Por último, solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, la inexistencia de nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos fundamentales incoados, y negar la presente acción de tutela por no haber vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

1.6.5. Tribunal Administrativo de Norte de Santander

28. A través de escrito allegado vía correo electrónico el 9 de junio de 2021, el magistrado ponente de la decisión objeto de la presente acción constitucional, manifestó, luego de hacer un recuento procesal del medio de control de reparación directa, que todas las decisiones judiciales que declararon la caducidad de la acción valoraron el caso sub examine de forma correcta en concordancia con las normas y la jurisprudencia aplicable.

29. Destacó la improcedencia de la acción por cuanto este amparo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia, lo cual desnaturalizaría el propósito por el cual fue creada, dando cabida a que las partes corrigieran errores u omisiones en oportunidades vencidas de los procesos jurisdiccionales ordinarios.

30. Indicó que el tribunal no incurrió en ninguno de los defectos planteados, toda vez que su pronunciamiento frente al proceso ordinario constituyó una interpretación judicial válida y razonable que no configuró requisito alguno de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ni se evidenció la violación de derechos fundamentales del accionante.

31. Por tanto, solicitó declarar la improcedencia de la acción, o en su defecto, se denieguen todas y cada una de las pretensiones.

1.6.6. María Socorro Yáñez Soledad

32. Mediante escrito enviado el 15 de junio de 2021 la señora Yáñez Soledad, actuando en nombre propio, manifestó estar de acuerdo con la acción de tutela presentada por el señor Luis Emilio Yáñez Soledad, argumentando que la decisión tomada al interior del medio de control de reparación directa es injusta, más aún cuando recibió diferentes amenazas por parte de funcionarios del INPEC en el momento en que solicitaban la atención médica del accionante. Así pues, solicitó se acceda y falle a favor del accionante.

1.6.7. Ministerio de Salud y Protección Social - MINSALUD

33. A través de escrito enviado el 13 de julio de 2021, a la Secretaría General de esta Corporación, MINSALUD intervino mediante apoderado judicial en la presente acción constitucional indicando que se opone a todas y cada una de las pretensiones formuladas por el accionante, toda vez que no ha violado ni amenazado derecho fundamental alguno, considerando improcedente la solicitud de amparo.

34. Precisó que MINSALUD carece de legitimación en la causa por pasiva dentro de la presente acción, al no ser parte de la rama judicial del poder público, razón por la cual no se encuentra facultado para intervenir en las decisiones proferidas por los despachos judiciales hoy accionados; en tal sentido, adujo que no existe ningún soporte constitucional, legal, jurisprudencial o doctrinal, que permita inferir que tiene una injerencia directa o indirecta en las decisiones cuestionadas, máxime cuando estas fueron debidamente motivadas en la legislación correspondiente.

35. Indicó que la parte accionante no precisó con exactitud las causales que invoca para la procedencia de la acción frente a las providencias judiciales atacadas, pretendiendo solamente reabrir el litigio concluido en las sentencias, el cual hizo transito a cosa juzgada.

1.6.8. Si bien la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho fue notificado de la presente acción en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

36. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Luis Emilio Yáñez Soledad contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

37. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.

2.3. Legitimación en la causa

38. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

39. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991, en los artículos 1°, 10º, 46 y 49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales.

40. Desde la expedición por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

41. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

42. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, la Corte Constitucional indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

43. En la sentencia T-435 de 2016, el Alto Tribunal Constitucional estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de las cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la sentencia SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.

44. De esa manera, la Corte Constitucional en la sentencia T-697 de 2006, indicó que, de conformidad con su jurisprudencia y lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, se tiene que “un primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela es la exigencia de que quien solicite el amparo, se encuentre “legitimado en la causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. La legitimación “por activa” exige que el derecho cuya protección se invoca, sea un derecho fundamental radicado en cabeza del demandante y no, en principio, de otra persona”.

45. En relación con el caso de la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha establecido que, “Cuando la acción de tutela es interpuesta por intermedio de agente oficioso, la jurisprudencia constitucional ha señalado los siguientes elementos normativos: (i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando como tal; (ii) del escrito de tutela se debe poder inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer la acción de tutela, ya sea por circunstancias físicas o mentales; (iii) la informalidad de la agencia, pues esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y los agenciados; (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso.”

46. Finalmente, es importante recordar que, la mencionada Corte, en la Sentencia de Unificación SU-173 de 2015, estableció que, “La legitimación en la causa es un presupuesto procesal exigido en la acción de tutela, debido a que los derechos fundamentales son inherentes a las personas y, además, son intransferibles, aun tratándose de personas jurídicas o entidades territoriales (…) La legitimación para ejercitar la acción de tutela a favor de terceros es excepcional y por lo mismo sólo puede intentarse cuando el interesado demuestre que se ven afectados sus derechos fundamentales y que se halle imposibilitado para deprecar por sí mismo el amparo constitucional; así los interesados son aquellas personas a quienes la decisión afecte directamente en sus derechos fundamentales, esto es, las partes del litigio.”

47. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Luis Emilio Yáñez Soledad es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fue parte demandante en el medio de control de reparación directa mediante el cual se dictó la providencia censurada.

48. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

49. En relación con la autoridad judicial, se advierte que la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que profirió la decisión que, a juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales, por lo que se encuentra legitimado por pasiva.

50. Finalmente la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, PAR Caprecom Liquidado y el Ministerio de Salud y Protección Social - MINSALUD en los informes rendidos, solicitaron su desvinculación a la presente acción de tutela, bajo los argumentos de que carecen de legitimación en la causa por pasiva y no han vulnerado ningún derecho fundamental del accionante, sin embargo, esta Sala de Decisión negará tales solicitudes, toda vez que su vinculación al presente mecanismo constitucional fue en calidad de terceros con interés y no como parte demandada en la tutela.

2.4. Problema jurídico

51. De conformidad al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas y de el informe presentado por las autoridad judicial accionada, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

52. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la parte actora, por presuntamente incurrir en los defectos sustantivo y fáctico, al proferir la providencia del 15 de abril de 2021, mediante la cual se confirmó la decisión dictada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta el 18 de agosto de 2020, a través de la cual se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, propuesta por la USPEC y la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social?

53. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

54. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.

55. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

56. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

57. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

58. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 15 de abril de 2021 comoquiera que, a su juicio, se incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, pues, “el artículo 199 de la ley 1453” no es aplicable a la controversia suscitada, y se realizó una valoración arbitraria de las pruebas.

59. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión pues, en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, por cuanto una vez la autoridad judicial accionada confirmó el fallo dictado por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, violó el artículo 29 de la Constitución.

60. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la razonabilidad de la decisión, que al declarar la caducidad del medio de control; vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

61. Luego, es de relevancia constitucional cuando presuntamente subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal o judicial establecido por la ley para su protección, como lo alega la parte actora en el caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

62. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.

2.6.2. Tutela contra tutela

63. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del medio de control de reparación directa que promovió el señor Luis Emilio Yáñez Soledad contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC); Caprecom Eps (Liquidada) y la Fiduprevisora S.A.

2.6.3. Inmediatez

64. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos con ocasión de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 15 de abril de 2021, la cual fue notificada por estado el 21 del mismo mes y año, y la acción de tutela se presentó el 19 de mayo de 2021, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional.

65. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.6.4. Subsidiariedad

66. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse el auto de 15 de abril de 2021, de una providencia que resolvió el recurso de apelación que interpuso el señor Luis Emilio Yáñez Soledad, contra la decisión proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta el 18 de agosto de 2020, en el trámite del medio de reparación directa con radicado N° 54001-33-40-010-2016-01202-01 es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.

67. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258 de la Ley 1437 de 2011.

68. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará de fondo el amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.

2.7. Generalidades de los defectos alegados

2.7.1. Defecto sustantivo

69. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

70. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:

71. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

69. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.

2.7.2. Defecto fáctico

72. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:

73. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere:

Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que, de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que:

Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Se requiere entonces que:

La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez.
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.

Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.

74. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

75. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

76. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba.

2.8. Caso concreto

77. La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad con ocasión de la providencia del 15 de abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se confirmó la decisión del a quo en el sentido de declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

78. En síntesis, los reproches formulados por el accionante giran en torno a que se incurrió en los defectos fácticos y sustantivo al hacer una evaluación arbitraria de las pruebas y normas que, a su juicio, llevarían a concluir que la fecha en que se tuvo conocimiento del daño fue el 18 de agosto de 2015, momento en el cual se diagnosticó al accionante con “1. RECTIFICACIÓN DE LA LORDOSIS LUMBAR. 2. DISCOPATÍA L3/L4,L4/L5 y L5/S1. 3. ABOMBAMIENTO DISCAL DE L4/L5 CON DISMINUCIÓN DE LA AMPLITUD DEL AGUJERO DE CONJUGACIÓN IZQUIERDO”.

79. Defecto sustantivo: En su escrito de tutela el accionante indicó que:

“LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN Y LA VÍA DE HECHO EN LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. En términos materiales,' la violación del derecho fundamental consistió en que fui procesada con un grupo de personas que no tenían nada que ver con migo y aun así se me aplico la figura del agravante
.2. La norma contenida en el artículo 199 de la ley 1453 no es aplicable en mi caso
En este sentido, desde la base normativa misma el auto del juez décimo y tribunal previo constituye una vía de hecho por defecto sustantivo pues se funda en norma y tiempo inaplicable para vencer el daño causado.”

80. De lo referido en el escrito de tutela, si bien el actor indicó la presunta vulneración a su derecho fundamental al debido proceso, no precisó en qué consistió dicha vulneración y tampoco es claro a cual ley se refiere posteriormente, tampoco el motivo por el cual estas fueron indebidamente interpretadas para sustentar el defecto sustantivo, ni explicó las razones consistentes en la supuesta vulneración en la que incurrió el Tribunal accionado, no cumpliendo así con la carga mínima requerida para proceder a su estudio, motivo por el cual el yerro será negado.

81. Defecto fáctico: Ahora bien, frente a los cargos encaminados a cuestionar las actuaciones surtidas dentro del medio de control y que a juicio del accionante desencadenaron la configuración del defecto fáctico indicó:

“En el presente caso, tanto el juez, valoraron arbitraria y tendenciosamente la “prueba” allegada en tanto que toda la actividad de los despachos estuvo únicamente encaminada a la construcción de. Un archivo tal como sucedió descansan en el repudio de como actuó el abogado del INPEC y la valoración que hicieron sin ser real. Sendas piezas procesales determinan la vía de hecho por fala de defensa Al respectó solamente se puede afirmar que los funcionarios accionados no, manejan con claridad el tema
Todo lo anterior, o sea, el grosero tratamiento que se hizo del debido proceso indiciaría, ha de. amañarla como prueba de archivo, materializado en el también grosero tratamiento de cómo me intimidaron en privación legal para que no me diera cuenta del daño ocasionado y generado diariamente hasta llegar a recuperar mi libertad; reconocido en sus partes y ejecución por los intervinientes decisión1 respecto del material probatorio allegado, el que fue retorcido de tal manera, que la prueba realmente exculpatoria se constituyó en “indicio”, para dar improcedente la presente demanda invirtiéndose, inconstitucionalmente, el valor de la prueba allegada, imponiéndose así́ el criterio del juzgador y no el del sistema normativo hasta configurar la vía de hecho que aquí́ se alega.” (Sic a toda la cita)

82. Frente al punto, esta Sección considera que la parte accionante tampoco cumplió con la carga argumentativa mínima exigida para justificar la configuración del defecto fáctico, pues no indicó cuáles fueron en concreto los elementos probatorios indebidamente valorados, ni mucho menos la incidencia en la decisión que adoptó la autoridad judicial accionada, en consideración a que el cuestionamiento se hizo en forma genérica en relación con las inconformidades que le asisten respecto del fallo cuestionado.

83. Por lo expuesto, la afirmación de la parte actora es en extremo amplia, y ello generaría que el juez constitucional de tutela deba proceder con una revisión in extenso de los elementos de convicción aportados al expediente, lo que claramente desborda las competencias propias de esta instancia de decisión y desconoce la función propia del juez natural de la causa, motivo por el cual el cargo resulta impróspero.

2.9. Conclusión

84. Concluye la Sala que no procede el amparo de los derechos fundamentales deprecados por el accionante, toda vez que no cumplió con la carga argumentativa mínima para estudiar el fondo del asunto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, PAR Caprecom Liquidado y el Ministerio de Salud y Protección Social - MINSALUD atendiendo a las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad deprecados por el señor Luis Emilio Yáñez Soledad, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Pagina 164 del cuaderno principal al interior de la reparación directa obrante en el índice 15 de la plataforma SAMAI, expediente: 11001-03-15-000-2021-02695-00
Si bien la tutela se presentó contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, lo cierto es que los reparos planteados se dirigieron solamente contra el Tribunal.
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 1983 de 2017 y el Decreto 333 de 2021.
“SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su inicio hasta su terminación; la incorporación de los antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y brinda un tablero de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y el sistema de relatoría (…)”.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM" \l "86" 86 de la Constitución Política”.
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Corte Constitucional, Sentencia T-004 del 11 de enero de 2013. M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo
Corte Constitucional, Sentencia SU-173 del 16 de abril de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00;

Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de enero de 2020, Exp: 11001-03-15-000-2019-04664-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 30 de enero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2019-04374-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Corte Constitucional, Sentencia SU-195, 12.03.12, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU.159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-043, 27.01.05, M.P.Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-295, 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-657, 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-686, 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T-743, 24.07.06, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia T-033, 01.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-792, 01.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-189, 03.03.05, M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-205, 04.03.04, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, Sentencia T-800, 22.09.06, M.P. Jaime Araújo Rentería. Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia SU-159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencias T-051, 30.01.09, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101, 28.10.2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-018, 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sentencia T-086, 08,02,07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-231, 13.04.94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807, 26.08.04, M.P. Clara Inés Vargas
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de enero de 2020, Exp: 11001-03-15-000-2019-04664-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 30 de enero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2019-04374-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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