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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04374-00

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04374-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Emilio Yáñez Soledad, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-04374-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

22 de septiembre de 2022

1

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04374-00
Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04374-00
Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial. Temeridad de la acción. Tutela
contra sentencia de tutela. Incumplimiento de requisitos para su
análisis.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Emilio Yáñez Soledad
en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Cúcuta, el Consejo de Estado, Sección Quinta y el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Luis Emilio Yáñez Soledad, quien actúa en nombre propio,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04374-00
Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad

igualdad procesal, al debido proceso y a la defensa, y como consecuencia de lo
anterior, que se emitan las siguientes órdenes:

Que se ordene la nulidad de todo lo actuado desde [la] fecha en que el Juzgado
decretó LA CADUCIDAD DE LOS TÉRMINOS AL RESOLVER ASÍ: RESUELVE: PRIMERO:
DECLÁRESE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA INTERPUESTA POR EL APODERADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) Y LA APODERADA DE LA NACIÓN–MINISTERIO DE
SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, SALA DE CASACIÓN PENAL Y SALA DE REVISIÓN DE LA
SALA DE CASACIÓN, en lo que tenga que ver con el accionante LUIS EMILIO YÁÑEZ
SOLEDAD y, en su lugar, [que] se disponga una nueva evaluación judicial a efectos de
determinar la procedencia de la resolución de apertura de inicio de la audiencia de la
demanda administrativa, según las conclusiones que se extraigan de la parte motiva
del fallo. A efectos de la aplicación se fijará un plazo máximo e improrrogable de
cuarenta y ocho horas. Estas órdenes [como] consecuencia de la declaratoria de la vía
de hecho por defecto sustantivo.

Que se ordene la nulidad de todo lo actuado desde fecha en que el despacho decretó
probada las exenciones (sic), oportunidad en la cual fue dictada la resolución y
apelación ante el honorable Tribunal Administrativo. Subsidiariamente, [que en el
término] improrrogable de cuarenta y ocho horas, se ordene continuar el proceso de la
demanda administrativa. Esta orden es la consecuencia de la vía de hecho por defecto
fáctico.

Y que se declare como término del tiempo para la demanda administrativa desde el día
18 de agosto del 2015 ante un médico tratante privado adscrito a la IPS Clínica Los
Andes. Dr. Martin Angarita Yáñez – Ortopedista.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 21 de febrero de 2004 fue capturado por hurto en concurso homogéneo con
secuestro y, estando privado de su libertad —en centro de reclusión—, sufrió una
caída de un camarote, consecuencia de lo cual inició con dolor lumbar que con el
pasar de los años se empeoró en forma constante y crónica. A más de que también
se le desarrolló la enfermedad de gastritis aguda crónica.

ii) Mediante sentencia del 26 de junio de 2007, el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Cúcuta lo condenó a la pena de 24 años de prisión, como autor del
delito de secuestro extorsivo y hurto calificado agravado.

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iii) Ingreso al centro carcelario en buenas condiciones de salud, esto es, sin dolores
lumbares y/o gástricos, y en su reclusión —que se mantuvo por espacio de 10
años— fue tratado de manera deficiente por parte del personal médico y
administrativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), pues no le
realizaron los exámenes diagnósticos especializados que requería —como era la
resonancia magnética— en orden a que fuera debidamente diagnosticado y tratado.

iv) Consecuencia de lo anterior, interpuso diferentes acciones de tutela e incidentes
desacatos para preservar su derecho a la salud, y solo hasta el 17 de septiembre del
2014, fue sometido a una valoración general, por parte del Instituto de Medicina
Legal, el cual dictaminó lo siguiente:

Se trata de adulto masculino de 31 años de edad quien se encuentra recluido en la
penitenciaría modelo de Cúcuta desde el año 2004, en su reclusión, según historia
clínica, los profesionales médicos le han diagnosticado y manejado las siguientes
enfermedades: Sinusitis crónica, disco patía lumbosacra (hernias discales),
astigmatismo y gastritis crónica. Actualmente acusa afección dolorosa intensa en
columna lumbosacra por cuadro de disco patía crónica, a la cual no se le ha definido
tratamiento por el respectivo especialista, la última vez que el profesional médico lo
valoró fue el 15/11/2013 quien solicitó nueva resonancia nuclear magnética, sin que a
la fecha se la haya practicado, la cual es indispensable para continuar con el proceso
médico de tratamiento. Firma Dr. EMEL PALACIO MONTAGUT – Profesional Especializado
Forense.

v) Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2014, el Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Cúcuta le otorgó libertad
condicional.

vi) El 18 de agosto de 2015, acudió a un médico privado, doctor Martin Angarita
Yáñez —Ortopedista adscrito a la IPS Clínica Los Andes—, quien emitió el siguiente
diagnóstico:

Disco Patía múltiple de la columna lumbar L3-L4, L4 L5 Y L5-S1. Abombamiento discal
de L4-L5 con disminución de la amplitud del agujero de conjugación izquierdo. El Pte.
Manifiesta un dolor muy intenso a nivel de la región de la columna lumbre-sacra que se
irradia hacia ambos miembros inferiores con sensación de adormecimiento y
hormigueo, se encuentra que hay pérdida de la fuerza muscular y limitación en los
arcos de movilidad. El pronóstico del Pte. es malo con un concepto no favorable de
rehabilitación física. ( ... ) No se puede reintegrar a sus labores de trabajo (...)

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vii) Presentó demanda de reparación directa en orden a que se declarara la
responsabilidad administrativa del INPEC por falla en la prestación del servicio médico,
pero el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander declararon probada la excepción de caducidad
del medio de control.

vii) Interpuso acción de tutela en la que cuestionó las decisiones adoptadas en el
proceso contencioso administrativo, y el Consejo de Estado, Secciones Quinta y
Tercera desestimaron las pretensiones de la demanda.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del accionante, las decisiones de los jueces de lo contencioso
administrativo incurrieron en los siguientes vicios o defectos:

i) Defecto sustantivo. El medio de control presentado no estaba sometido al término
de caducidad de dos años establecido en el derecho positivo, puesto que el hecho
dañoso imputable al Estado tiene su origen en un delito de lesa humanidad, de
manera que la imprescriptibilidad penal que se predica de dichas conductas
criminales se hace extensiva a la acción contencioso administrativa.

ii) Desconocimiento de precedente jurisprudencial. Ante la existencia de distintas
posturas jurisprudenciales en torno a la caducidad del medio de control de reparación
directa, en casos en que el hecho dañoso es causado por un delito de lesa
humanidad, se acogía a la tesis expuesta por la Corte Constitucional en la sentencia
T-490 de 2014, y por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el
auto del 10 de febrero de 2016.

iii) Defecto fáctico. Se valoró arbitraria y tendenciosamente la prueba allegada, dado
que no se tuvo en cuenta el daño realmente causado mientras estuvo privado de su
libertad. La prueba realmente exculpatoria se constituyó en un indicio para declarar la
caducidad del medio de control.

1.2. Actuación procesal

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Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad

1.2.1. Mediante auto del 17 de agosto de 2022, se inadmitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se requirió al señor Luis Emilio Yáñez Soledad, para que, dentro de
los tres días siguientes a la notificación de la providencia, allegara memorial
aclaratorio en el que: i) suministrara los consecutivos de radicación completos y las
fechas en las cuales fueron emitidas las providencias cuestionadas; ii) señalara si la
acción de tutela se presentó en contra de dos procesos diferentes —medio de control
de reparación directa y acción de tutela—; iii) indicara cuáles son las autoridades
judiciales cuestionadas, esclareciendo, en primer lugar, si dentro de los accionados
se encontraba el Tribunal Administrativo del Norte de Santander y, en segundo lugar,
si se estaba haciendo referencia a la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado cuando se menciona como demandado a la «Sala de Revisión
del Consejo de Estado»; y iv) manifestara cuáles eran las causales especiales de
procedibilidad —defectos— en los que incurrían las providencias atacadas, y
sustentara, con precisión conceptual y jurídica, su aplicabilidad dentro de la acción
constitucional.

1.2.2. El 22 de agosto de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Luis Emilio Yáñez Soledad.

1.2.3. El 25 de agosto de 2022, el accionante allegó memorial de subsanación de la
demanda en los siguientes términos:

i) La acción de tutela se dirige a cuestionar a) los autos interlocutorios del 18 de
agosto de 2020 y del 15 de abril de 2021, proferidos por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa con
radicación 54001 33 40 010 2016 01202 00 [01]; y b) las sentencias del 22 de julio y
2 de noviembre de 2021, emitidas por el Consejo de Estado, la primera, por la
Sección Quinta, y la segunda, por la Sección Tercera, Subsección B, en la acción de
tutela con radicación 11001 0315 000 2021 02695 00 [01].

ii) En el libelo se señaló cuáles son las causales especiales de procedibilidad y/o
defectos en los que incurren las providencias atacadas, y se sustentó con precisión

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conceptual y jurídica su aplicabilidad dentro de la acción constitucional. Así, se tiene
que en el tiempo en que estuvo privado de su libertad se quedó sin cómo poder
trabajar debido a las cuatro hernias discales y a que adquirió una enfermedad oculta,
como lo es la hepatitis b, y fue solo hasta cuando le realizaron la valoración en la
Clínica Los Andes en que empezaron a correr los términos para realizar una
reclamación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

iii) Después de esperar tanto los jueces administrativos decretaron una caducidad
como si en prisión tuviera la manera de entrevistarse con abogados o realizar
trámites, toda vez que en su caso se reflejó que no tuvo la visita de defensores, y
que tampoco tenía dinero para poder pagar una asistencia o un asesoramiento.

iv) Desde febrero de 2004 a diciembre de 2014, periodo en el cual padeció grave
afección en su espalda, no fue tratado oportunamente por la demandada, y solo
cuando recobró su libertad, acudió en busca de tratamiento ante un médico
ortopedista, por lo que solo hasta el 18 de agosto de 2015 tuvo conocimiento de su
grave condición médica y fue el momento en el cual decidió demandar al Estado en
busca de la reparación de los perjuicios ocasionados, lo que hace que la demanda se
haya impetrado dentro del término legal.

v) Además, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Estado, en las decisiones de
tutela, no valoraron los términos expuestos en el libelo e implicaron la validez de la
verdad, pues dejaron en firme la decisiones de los jueces administrativos sin ningún
tipo de cuestionamiento, dando alcance a la violación del debido proceso.

1.2.4. A través de auto del 31 de agosto de 2022, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y al Juzgado 10 Administrativo del Circuito de
Cúcuta, como accionados, al haber conocido del medio de control de reparación
directa que se tramitó con el radicado 54001 33 40 010 2016 01202 00 [01]; de igual
forma, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Quinta, y de la Sección
Tercera, Subsección B, como accionados, al haber conocido de la acción de tutela
que se tramitó con el radicado 11001 0315 000 2021 02695 00 [01]; y también a la
Nación-Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional

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Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (USPEC) y a Fiduprevisora S. A., como terceros interesados en las resultas
de este proceso, al haber actuado dentro del medio de control de reparación directa
arriba referenciado.

Asimismo, se comisionó al Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Cúcuta, para
que notificara del trámite constitucional, como terceros interesados, a todas las
personas que intervinieron dentro del medio de control de reparación directa en
cuestión, exceptuando al señor Luis Emilio Yáñez Soledad, a la Nación-Ministerio de
Justicia, al Ministerio de Salud, al INPEC, a la USPEC y a Fiduprevisora S.A; y También
se comisionó al Consejo de Estado, de la Sección Quinta, para que notificara del
trámite constitucional, como terceros interesados, a todas las personas que
intervinieron dentro de la acción de tutela cuestionada, exceptuando al señor Luis
Emilio Yáñez Soledad, a la Nación-Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, al
INPEC, a la USPEC y a Fiduprevisora S.A.

De igual forma, se requirió al Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Cúcuta para
que enviara copia digital del expediente del medio de control de reparación directa
con radicación 54001 33 40 010 2016 01202 00 [01], y al Consejo de Estado,
Sección Quinta, para que remitiera la copia digital del expediente de la acción de
tutela con el radicado 11001 0315 000 2021 02695 00 [01]; y se ordenó remitir copia
del presente trámite constitucional a los demandados y a los terceros interesados
para que, dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la
providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a
rendir el respectivo informe.

1.2.5. El 5 de septiembre de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado
notificó del proveído al señor Luis Emilio Yáñez Soledad; al Juzgado 10
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta; al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander; al Consejo de Estado, Sección Quinta; al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B; a la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho; a la Nación-
Ministerio de Salud y la Protección Social; al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC); a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y a
la Fiduprevisora S. A.; y dio conocer al Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial

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de Cúcuta y a la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de la
comisión efectuada.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por intermedio del
consejero Alberto Montaña Plata, rindió informe en los siguientes términos:

i) En lo que respecta a la sentencia de segunda instancia del 2 de noviembre de
2021, dictada en el proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-02695-01,
se considera que tanto la providencia como su respectivo expediente contienen los
argumentos y elementos necesarios para que el juez constitucional tome la decisión
que en derecho corresponda.

ii) La acción de tutela tiene por objeto enjuiciar una sentencia de tutela adoptada en
segunda instancia, respecto de la cual no se configuran los presupuestos señalados
en la sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional, para su conocimiento; en
consecuencia, en su condición de ponente del fallo objeto enjuiciamiento estará
presto a atender lo que se disponga.

1.3.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por intermedio del
magistrado Edgar Enrique Bernal Jáuregui, solicitó declarar improcedente la acción
o, en su defecto, denegar las pretensiones de tutela, dado lo siguiente:

i) En el caso no se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la providencia
acusada se profirió el 15 de abril de 2021, y se notificó por estado electrónico el 21
de abril siguiente, por lo que transcurrieron más de 15 meses, plazo que se
encuentra por fuera de los lineamientos que la jurisprudencia constitucional ha
estimado como razonable y proporcionado para la interposición de una tutela contra
una providencia judicial.

ii) Además, es de destacar la total improcedencia de pretender cambiar, a través de
la acción de tutela, decisiones que ya están en firme, pues de permitir dicha situación
se estaría atentando gravemente contra el principio de seguridad jurídica, y se

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desnaturalizaría el propósito mismo de la acción constitucional de salvaguardar los
derechos fundamentales, convirtiéndola en una instancia más para poder solucionar
errores u omisiones de las partes y para corregir oportunidades vencidas en los
procesos jurisdiccionales ordinarios.

iii) En todo caso, es de advertir que las decisiones judiciales que declararon la
caducidad del medio de control de reparación directa no incurren en los defectos
referidos en la acción de tutela, pues en los autos cuestionados se valoraron, de
forma razonable, todas las circunstancias fácticas relevantes, en concordancia con
las normas y jurisprudencia que rigen la caducidad, y con base en esa evaluación
sustentaron la operancia del fenómeno en el caso.

1.3.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho, por intermedio de apoderado
judicial, solicitó denegar las pretensiones de tutela, dados los siguientes argumentos:

i) Las actuaciones ejercidas por parte de los operadores judiciales dentro del proceso
de reparación directa enjuiciado fueron adecuadas, y se procedió de conformidad
con la normatividad legal y procesal de manera diáfana. Lo que busca el actor es
reiterar argumentos expuestos dentro de la demanda ordinaria y ampliarlos con
nuevas exposiciones que, se considera no viene al caso, lo cual desborda el objeto
de la acción constitucional.

ii) Es de indicar que los delitos de lesa humanidad deben ser mencionados en su
condición de tales al interior del proceso penal y bajo los tipos penales existentes en
la normatividad sustantiva penal colombiana que puedan así adecuarse, lo que no
sucedió en el caso, pues de acuerdo con el recaudo probatorio no se evidencia tal
situación, ya que los delitos por los fue condenado fueron los de secuestro extorsivo
y hurto calificado agravado.

iii) El actor intenta que se tome la presunta tortura ejercida por parte del INPEC, sin
que ello se cuestionara en un escenario penal, para efectos de dar certeza de que
realmente ocurrió, lo cual permite inferir que el asunto de la lesa humanidad no es
más que la búsqueda de ampliar y dejar un término de manera indefinida, para que
se decrete la nulidad de la declaratoria de caducidad, más aún cuando es claro que

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en el hipotético caso que el delito hubiese sido considerado como de lesa
humanidad, lo era para ese delito en particular y no para hacerse extensible, como lo
pretende el actor, al medio de control de reparación directa y, sobre todo, porque al
respecto ya se ha pronunciado el Consejo de Estado en reiteradas ocasiones
haciendo claridad que el término de reparación directa es uno sólo —los 2 años
desde la ocurrencia del daño o desde que se tuvo conocimiento— y que tal cómputo
es el que puede entrar a estudiarse desde cuando se tuvo conocimiento del daño.

1.3.4. El Ministerio de Salud y Protección Social, por intermedio de apoderado
judicial, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad
o, en su defecto, declarar improcedente la acción de tutela. Argumentó que el
Ministerio carece de legitimación en la causa por pasiva, pues al no ser parte de la
Rama Judicial no tienen competencia para intervenir en las decisiones proferidas por
los despachos judiciales; además, advirtió que el accionante no probó que durante el
proceso seguido ante los despachos judiciales se haya incurrido en alguno de los
yerros que la jurisprudencia ha determinado para acceder a la protección del juez de
tutela, pues no existe conculcación de los derechos fundamentales.

1.3.5. La Fiduprevisora S. A., a través de su representante legal, solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad, en atención a
que a partir del 1 de julio de 2021, la Fiduciaria Central S. A. es el nuevo vocero y
administrador fiduciario del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la
Libertad y que, por tanto, no ostenta ninguna capacidad para continuar con la
contratación de los servicios médicos de las personas privadas de la libertad.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad

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jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela, dirigida en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 1.º del Decreto
1983 de 2017, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas para su conocimiento
en primera instancia a la misma Corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión,
Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se
refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer de
la acción de tutela dirigida en contra del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedencia para controvertir los autos interlocutorios proferidos por el Juzgado 10
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, en el proceso de reparación directa con radicación 54-001-33-40-010-
2016-01202-00. En caso afirmativo, se analizará si con la adopción de las referidas
providencias se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad procesal, al
debido proceso y a la defensa, al declararse la caducidad del medio de control.

De igual forma, corresponde a la Sala dilucidar si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedencia para controvertir las sentencias de tutela proferidas
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, y del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, en la acción de tutela con radicado 11001 03 15 000 2021
02695 00 [01]. En caso afirmativo, se analizará si con la adopción de las referidas
providencias se vulneraron los derechos fundamentales del accionante.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

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La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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2.4. Hechos probados

2.4.1. De expediente reparación directa con radicación 54-001-33-40-010-2016-
01202-00, la Sala establece lo siguiente:

i) El 19 de diciembre de 2016, el señor Luis Emilio Yáñez Soledad interpuso
demanda de reparación directa contra la Nación–Ministerio de Justicia y del Derecho,
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), CAPRECOM EPS (Liquidada) y FIDUPREVISORA S.A,
en orden a que se les declarara administrativamente responsables por falla en la
prestación del servicio médico mientras estuvo privado de su libertad.

ii) A través de auto del 18 de agosto de 2020, proferido en audiencia inicial, el
Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa interpuesta por el
apoderado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la
apoderada de la Nación–Ministerio de Salud y de la Protección Social, y dio por
terminado el proceso.

iii) Por medio de sentencia del 15 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander confirmó la decisión de primera instancia.

2.4.2. Del expediente de tutela con radicación 11001 03 15 000 2021 02695 00 [01], la
Sala establece lo siguiente:

i) El 19 de mayo de 2021, el señor Luis Emilio Yáñez Soledad interpuso acción de
tutela en contra del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta y el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander en orden a que se dejara sin efectos
los autos interlocutorios del 18 de agosto de 2020 y el 15 de abril de 2021, que
declararon probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa con radicado 54001-33-40-010-2016-01202-00 [01].

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ii) Mediante sentencia del 22 de julio de 2021, el Consejo de Estado, Sección Quinta,
negó el amparo solicitado, al no cumplirse con la respectiva carga argumentativa de
los defectos alegados.

iii) A través de sentencia del 2 noviembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declaró improcedente la acción al no cumplirse con el requisito de relevancia
constitucional.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Respecto de la acción de tutela interpuesta en contra del Juzgado 10
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander

Pues bien, se tiene que con respecto de la acción de tutela dirigida en contra del
Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander a efectos de cuestionar las providencias del 18 de agosto de
2020 y 15 de abril de 2021, en las que se declaró la caducidad del medio de control
de reparación directa, se configura la figura jurídica de la temeridad, puesto que
dichas providencias ya fueron objeto de demanda ante los jueces constitucionales.

Tal situación, desconoce lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
que es claro en señalar que «[…] El que interponga la acción de tutela deberá
manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de
los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las
consecuencias penales del falso testimonio».

La Corte Constitucional ha sido diáfana en afirmar que la violación del juramento
constituye una temeridad y un ejercicio abusivo de la acción de tutela que tiene
consecuencias nocivas para la administración de justicia, lesiona indebidamente los

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derechos del accionado y atenta contra el principio de economía procesal que debe
regir la actuación judicial.3

Por tanto, lo que corresponde en el asunto es dar aplicación a lo previsto en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en el que se señala que, «cuando sin motivo
expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».

Ahora, cierto es que el legislador omitió establecer, de manera expresa, lo que
constituye un motivo justificado para presentar una acción de tutela más de una vez,
por lo que la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en estos casos, el juez
debe determinar el carácter del motivo4, el cual debe ser expreso, es decir, que el
accionante tiene la obligación de manifestar que ya ha interpuesto otra acción y de
expresar las razones por las cuales lo hace nuevamente.

Sin embargo, la motivación presentada por el accionante hace referencia al hecho de
que el asunto no se analizó de fondo, puesto que se declaró su improcedencia ante
el incumplimiento de requisitos formales para su análisis; evento que no comporta
una justificación razonable para la interposición de una nueva acción de tutela por los
mismos hechos y pretensiones, máxime cuando los escritos en una y otra acción de
tutela son exactamente iguales y de los cuales no se aprecia, a lo menos, un
esfuerzo por explicar de manera clara los defectos endilgados, motivo este por el
cual fue rechazada la acción de tutela en la primera oportunidad.

Esta conducta del actor es contraria al principio de economía procesal, pues el
mismo asunto fue puesto en consideración en dos oportunidades, por lo que en el
caso se impone el rechazo de la acción de tutela.

2.5.2. Respecto de la acción de tutela dirigida en contra del Consejo de Estado,
Sección Quinta, y del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

3 Corte Constitucional, Sentencia T-1014 de 1999, Expedientes T-239.989 y T-242.095 Peticionario:

Orlando Oviedo Saballeth, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 1994, Magistrado Ponente: Fabio Morón.

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Ahora bien, el accionante también interpone acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Quinta, y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
autoridades judiciales que emitieron las sentencias de tutela del 22 de julio y 2
noviembre de 2021, en las que se declaró improcedente la interposición del
mecanismo de amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Sobre el particular, debe la Sala dejar claro que en la Sentencia SU-1219 de 2001, la
Corte Constitucional dejó sentado que la acción de tutela no procede contra
sentencias de tutela5, como tampoco contra las decisiones que se profieran en el
trámite de estas6, pues aunque el juez de amparo no está exonerado de cometer
equivocaciones o errores en el trámite de la acción constitucional, para tal efecto el
ordenamiento jurídico previó en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 la eventual
revisión de los fallos de tutela por parte de la Corte Constitucional.

Además, en la Sentencia SU-627 de 2015, la Corte unificó jurisprudencia en torno al
tema y señaló que para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se
trata de un proceso de tutela se deben distinguir si el mecanismo de amparo se dirige
contra una sentencia de tutela, o si se dirige contra actuaciones del proceso
diferentes a la sentencia. Así:

i) Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. Pero, si la sentencia
de tutela fue proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté
ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la

5 Ver Sentencias, T-200 de 2003 , M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1164 de 2003, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y T-582 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
6 Sentencia T-200 de 2003.

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solicitud de amparo cuestionada, se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
fraus omnia corrumpit; y no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.

ii) Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia. Por tanto, si la actuación es anterior a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad, la acción de tutela sí procede, incluso si la
Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión; y si la actuación
es posterior a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes
impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede, pero, si se trata de
obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el
trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, puede proceder
de manera excepcional.

En el sub judice el accionante no se ocupó de explicar, para efectos de justificar la
procedencia de la acción de tutela, que en las decisiones emitidas por los jueces
constitucionales se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, que «se
predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos
procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios
procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad»7.

Lo anterior, por cuanto lo único que se encargó de señalar, para cuestionar las
providencias de tutela, fue que las Secciones del Consejo de Estado no valoraron los
argumentos expuestos en el libelo, desconociendo con ello la validez de la verdad,
cuando lo cierto es que la acción de tutela no fue posible analizarla de fondo ante la
falta de explicación clara, concisa y razonable de los defectos sustantivo,
desconocimiento de precedente y fáctico endilgados. De esta forma, lo pretendido

7 Sentencia T-218 de 2012, SU- 627 de 2015.

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por el accionante es reabrir la discusión planteada en el proceso de tutela, a efectos
de tener una nueva oportunidad para que se analicen de fondo los argumentos
presentados en torno a la caducidad del medio de control de reparación directa.

Debe tenerse en cuenta que la Constitución definió directamente las etapas básicas
del procedimiento de tutela y que, en tal sentido, los errores que los jueces
constitucionales de instancia puedan cometer o, inclusive, las interpretaciones que
realicen sobre la prelación y las garantías propias de cada derecho constitucional,
siempre podrán ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional a través del
trámite de revisión.

Así, pues, el ciudadano afectado e inconforme con una decisión constitucional,
puede acudir ante la Corte Constitucional para solicitar que su expediente sea
revisado. En el trámite de selección y revisión de las providencias de tutela la Corte
analiza y adopta la decisión que va a poner fin al debate constitucional.

No se puede perder de vista que la eventual revisión de tutelas ante la Corte
Constitucional es el mecanismo de control idóneo para analizar y revisar todas
aquellas decisiones que fueron dictadas por jueces constitucionales en donde
posiblemente se hubieran configurado afectaciones al debido proceso o violaciones a
los derechos fundamentales de los accionantes y, de ser el caso, para remediarlas.

Así las cosas, lo que corresponde en el asunto es rechazar la acción de tutela por
encontrarla improcedente.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que la acción de tutela es
improcedente y, tal sentido, se impone su rechazo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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F A L L A:

Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Emilio Yáñez
Soledad, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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