Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03582-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03582-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-03582-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
5 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Dos años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso, salvo que se evidencie que la víctima no contaba con elementos para atribuir el daño al Estado / DELITO DE LESA HUMANIDAD
Con fundamento en las nuevas reglas fijadas en la sentencia de unificación, el tribunal demandado determinó que se encontraba configurado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción, toda vez que la muerte del señor [Ó.M.M.] ocurrió el 7 de septiembre de 2006, y la señora [E.Y.V.R.] reconoció el cadáver el 10 de esos mismos mes y años, y en esa oportunidad tuvo conocimiento de que había fallecido por una acción atribuible a tropas del Ejército Nacional. Por consiguiente, comoquiera que la demanda de reparación directa fue radicada el 4 de abril de 2016, se determinó que para ese momento ya había fenecido el término de caducidad establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. (…) [L]a Sala pone de presente que la decisión objeto de reparo fue proferida con sujeción a las nuevas reglas definidas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 relacionadas con el cómputo de la caducidad de la reparación directa cuando se pretenda la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado como resultado de hechos derivados de delitos de lesa humanidad. Antes de la sentencia de unificación existía una divergencia de criterios en la Sección Tercera del Consejo de Estado en torno a la contabilización del plazo para el oportuno ejercicio del medio de control de reparación directa, razón por la cual, la Sala Plena de la referida Sección unificó las diferentes tesis sobre el punto y determinó como premisa para el cómputo el conocimiento de la participación por acción u omisión del Estado. (…)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Las sentencias invocadas son criterios auxiliares de interpretación / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Dos años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso, salvo que se evidencie que la víctima no contaba con elementos para atribuir el daño al Estado / DELITO DE LESA HUMANIDAD
[L]a parte actora sostuvo que se desconocieron varios pronunciamientos emitidos por esta Corporación dentro de unas acciones de tutela. Frente a tal cuestionamiento, se debe señalar que las sentencias de tutela emitidas por el Consejo de Estado no constituyen precedente en tanto no fueron proferidas por el órgano de cierre en materia Constitucional y esta Corporación no actuó como órgano de cierre Contencioso Administrativo, de manera que la decisión contenida en ellas constituye un criterio auxiliar de interpretación, pues se trata de una decisión dictada en una acción de tutela. (…) Finalmente, frente al desconocimiento de las sentencias T-352 de 2016 y T-296 de 2018 proferidas por la Corte Constitucional, se aclara que estas no son precedente, pues, como se ha dicho en varias oportunidades en esta Corporación las sentencias de constitucionalidad y de unificación son las que constituyen precedente de obligatorio seguimiento. En consecuencia, no se configuró el yerro de desconocimiento del precedente.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DELITO DE LESA HUMANIDAD / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
[E]l demandante alegó que se desconoció el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, pues, en su sentir, tales postulados habilitan la presentación de la demanda de reparación cuando se exista sentencia ejecutoriada dentro del proceso penal, en la que se determine la imputación jurídica del daño al Estado. (…) [L]a Sala insiste en (…) indicar que, según las nuevas reglas definidas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 para el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa, en caso de daños por crímenes de lesa humanidad, se debe tener en cuenta el momento a partir del cual el interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos. (…) [L]a Sala considera que no se configuró en defecto sustantivo, bajo la premisa de que la decisión reprochada se fundamentó en el precedente vinculante vigente para el momento de dictar sentencia. (…) [N]o se advierte que el juez ordinario haya dejado de lado la inexistencia de la ejecutoria de la sentencia del proceso penal para que de esta forma se abriera paso la interposición de la demanda de reparación directa, como lo aseveró la parte accionante, en la medida en que la ausencia de firmeza de la providencia no era óbice para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de solicitar la reclamación de los perjuicios irrogados con el daño, dado que para el cómputo del termino de caducidad se requería que la parte actora hubiera tenido la posibilidad de establecer la acción u omisión del Estado. Así las cosas, la Sala declarará la cosa juzgada constitucional respecto de la sentencia del 3 de septiembre de 2020 dictada por la Sección Quinta de esta Corporación y negará el amparo deprecado ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 - NUMERAL 2 - LITERAL I) / DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 - NUMERAL 8 / DECRETO 2591 DE 1991
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03582-00(AC)
Actor: ELSA YANETH VARGAS RÍOS Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA Y OTRO
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la señora Elsa Yaneth Vargas Ríos y otros en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera y del Tribunal Administrativo de Casanare, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la integridad personal, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 "[p]or medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
La señora Elsa Yaneth Vargas Ríos, a través de apoderado, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la integridad personal, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado.
Las mencionadas garantías las consideró trasgredidas con ocasión de la sentencia del 10 de diciembre de 2020 dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare, a través de la cual se revocó la decisión de primera instancia del 29 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal.
En la sentencia de primera instancia se había declarado la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la muerte del señor Óscar Moreno Moreno ocurrida en procedimiento militar irregular el 7 de septiembre de 2006, y en su lugar, declaró configurada la caducidad del medio de control de reparación directa, proceso que se identificó con la radicación 85001-33-33-002-2016-00113-01, instaurado por la hoy demandante en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
La demandante también presentó reparos frente a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 emitida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el medio de control de reparación directa incoado por el señor Juan José Coba Oros y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional identificado con el radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01.
Por consiguiente, la actora solicitó:
“PRIMERO: Que en honor de la supremacía de la Constitución Política de Colombia (2º, 4°, 93 y 94 .C.N.) y en garantía de los artículos 1.1., 2, 5, 8.1, 24, 25 y 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en armonía con el art 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, los artículos 3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 3 y 131 de la Convención de Ginebra y los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado desde febrero 8 de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con efectos inter comunis o inter pares sean tutelados los derechos fundamentales de acceso a la Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), a la integridad personal (Art. 12 C.N.), a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 CN) y a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), en favor de ELSA YANETH VARGAS RIOS, ALVARO SNEIDER ARIZA VARGAS, ELCY ANDREA ARIZA VARGAS y MARIANA JANES ARRIETA VARAS, los cuales les fueron vulnerados dentro del proceso de Reparación Directa radicado 850013333002-2016-00113-01 iniciado por ellos contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, por causa de la decisión judicial adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE contenida en su providencia del 10 de diciembre de 2020, que revocó la sentencia estimatoria de primera instancia y en su lugar decretó la caducidad de la acción a pesar de tratarse de un caso de responsabilidad del Estado derivado de un probado delito de lesa humanidad cometido en el escenario del conflicto armado interno por agentes del Estado en servicio activo, en un episodio de los llamados “falsos positivos” que afectó los derechos de los actores, así como por la decisión adoptada en el CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN TERCERA dentro del proceso de reparación directa 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), sentencia que decreta la caducidad en el denominado fallo de Unificación proferido el veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), decisiones judiciales que se han adoptado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE y el CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN TERCERA en contra de sus propios precedentes habilitantes y en desacato de la interpretación constitucional acuñada con supremacía funcional en las sentencias T-352 de 2016 y T-296 de 2018, trasgrediendo la doctrina Convencional de las sentencias de la CIDH Barrios Altos vs Perú, García Lucero vs Chile, Órdenes Guerra vs Chile vinculantes para Colombia conforme al principio de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad.
SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los demandantes, con efectos inter comunis o inter pares, se declaren nulas por incompatibilidad con la Constitución Política de Colombia y por ser transgresoras del Bloque de Constitucionalidad -y, en consecuencia carentes de efectos jurídicos-, las siguientes providencias judiciales:
a) La del 10 de diciembre de 2020, que revocó la sentencia estimatoria de primera instancia y en su lugar decretó la caducidad de la acción, dictada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso de Reparación Directa radicado 850013333002-2016-00113-01 en el proceso iniciado por ELSA YANETH VARGAS RIOS, ALVARO SNEIDER ARIZA VARGAS, ELCY ANDREA ARIZA VARGAS y MARIANA JANES ARRIETA VARAS contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL por la ejecución extrajudicial -Falso Positivo- del señor OSCAR MORENO MORENO (Q.E.P.D.), asesinados en un falso combate el 08 DE SEPTIEMBRE DE 2006 en la Vereda “MARENAO” del municipio de Monterrey (Casanare) a manos de efectivos del Ejército Nacional;
b) Dictada por el CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN TERCERA dentro del proceso de reparación directa 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033): la Sentencia de Segunda Instancia que decreta la caducidad en el denominado fallo de Unificación proferido el veintinueve (29) de Enero de dos mil veinte (2020) por mayoría –con tres salvamentos de voto-, en tanto es denominado fallo de unificación que contiene instrucciones jerárquicamente impartidas para que en casos similares los Jueces y Tribunales de lo Contencioso Administrativo decreten caducidad de la acción en casos de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de hechos de lesa humanidad.
PETICIÓN SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN SEGUNDA: Si el Juez de Tutela considera que no es dable anular o privar de efectos jurídicos todas las providencias solicitadas en la PETICIÓN SEGUNDA, a lo menos, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los demandantes ELSA YANETH VARGAS RIOS, ALVARO SNEIDER ARIZA VARGAS, ELCY ANDREA ARIZA VARGAS y MARIANA JANES ARRIETA VARAS, con efectos inter comunis o inter pares se declaren nulas o se priven de efectos jurídicos por incompatibilidad con la Constitución Política de Colombia y el Bloque de Constitucionalidad, las decisiones adoptadas en la parte resolutiva de la sentencia de 10 de diciembre de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare en el proceso de Reparación Directa radicado 850013333002-2016-00113-01.
TERCERA: Que privadas de efectos jurídicos las providencias de las que pedimos se declare su anulación y por efecto de la unificación interpretativa respecto de la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad contenida en las sentencias de tutela T-352 de 2016 y T-296 de 2018, así como en la sentencia CIDH Órdenes Guerra contra Chile de 29 de noviembre de 2018 y en los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado desde febrero 8 de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o con base en los precedentes habilitantes en casos semejantes que en igualdad el Juez de Tutela decida aplicar, se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare y a la Sección Tercera del Consejo de Estado a tratar con debida diligencia los procesos de Reparación Directa radicados 850013333002-2016-00113-01 y 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033) (respectivamente), dando prioridad para proferir las correspondientes sentencias de segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de un (1) mes calendario, teniendo en cuenta el más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y pro actione, como quiera que de acuerdo con el sistema de precedentes y el principio de Convencionalidad, para el presente caso no aplica la regla general del artículo 164 del CPACA que estableció la caducidad para las acciones de reparación directa sin distinguir su aplicabilidad a los delitos de lesa humanidad.
CUARTA: Solicito de manera respetuosa, conforme al artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, por favor se conceda la siguiente medida provisional con la finalidad de que se protejan los Derechos Fundamentales de mis representados a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 CN), a la reparación integral (Art. 90 C.N.) y al acceso a la Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), así:
Que por favor con efectos inter comunis o inter pares se proceda a la suspensión provisional de los efectos de la Sentencia de Unificación proferida el veintinueve (29) de Enero de dos mil veinte (2020) por el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN TERCERA SALA PLENA dentro del proceso de reparación directa 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), para que de esta manera, a casos similares no se les aplique dicha jurisprudencia hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela y de esta manera evitar el menoscabo o vulneración de derechos fundamentales a los actores de la presente acción y la de casos análogos.
QUINTA: Con la finalidad de que participen terceros intervinientes, tal cual lo indica el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, solicito respetuosamente al Juez de Tutela que por favor, por el medio más expedito y de amplia circulación a nivel Nacional se realice llamado a la comunidad en general para que quien tenga interés legítimo en el resultado del proceso, ejerza su derecho e intervenga en coadyuvancia con los accionantes o accionados dentro de la presente acción constitucional” (Mayúsculas sostenidas del texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones narró, en síntesis, los siguientes:
Indicó que el 7 de septiembre de 2006, el señor Óscar Moreno Moreno fue asesinado con “tiros de gracia” por parte militares en la vereda Marenao, ubicada en el municipio de Monterrey (Casanare), quienes simularon un combate con miembros de grupos armados al margen de la ley, y alteraron la escena del crimen para presentar al occiso como no identificado muerto en combate.
Afirmó que se enteró del fallecimiento del señor Moreno el 10 de septiembre de 2006.
Acotó que la Fiscalía Sesenta Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Yopal inició investigación penal por los presuntos delitos de desaparición forzada, secuestro simple, concierto para delinquir, fraude procesal, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, porte ilegal de armas y retención ilegal, en contra de varios uniformados del Ejército Nacional.
Manifestó que el 15 de enero de 2014, el soldado profesional Ángel Miro Ávila Celis se acogió a sentencia anticipada, en razón a que participó en la supuesta operación en donde murió el señor Óscar Moreno Moreno, quien narró los pormenores de aquella, las alteraciones de la escena del crimen y el modo en que fue ejecutado.
Mencionó que el 10 de febrero de 2016 se presentó solicitud de conciliación extrajudicial en la Procuraduría 72 Judicial I Administrativa de Casanare, y se declaró fallida el 4 de abril de 2016.
Expresó que el 11 de abril de 2016 presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, decidida en primera instancia mediante sentencia del 26 de septiembre de 2019 por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal, en la que se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado.
Refirió que a través de providencia del 10 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Casanare revocó en sede de apelación la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró configurada la caducidad del medio de control incoado y prescindió de emitir pronunciamiento de fondo, decisión que se sustentó en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Aseguró que, a pesar de la sentencia de unificación en referencia, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, dentro del trámite de la acción de tutela con radicación 11001-03-15-000-2019-04842-01, profirió fallo en el sentido de revocar la decisión del 16 de enero de 2020 emitida por la Sección Primera de esta Corporación, que había negado el amparo solicitado para, en su lugar concederlo, en un asunto de similares supuestos fácticos a los expuestos en el proceso de reparación directa en donde fungió como demandante.
3. Sustento de la petición
Arguyó que en la sentencia objeto de cuestionamiento se ignoraron deliberadamente los más de veinte casos que, antes del fallo de unificación del 29 de enero de 2020, habían decidido asuntos con idénticos argumentos a los debatidos en esta oportunidad, en los que se privilegió el derecho de acceso a la administración de justicia de los actores, a pesar de que había trascurrido el término de dos años previsto en la norma, una vez conocidos los hechos dañosos y la participación del Estado en ellos.
Sostuvo que el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 establece una prohibición general de resolver de manera distinta casos iguales, norma que fue infringida por el Tribunal Administrativo de Casanare, así como también los artículos 4, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política, y los principios pro actione y pro damnato, ya que, con fundamento en un único precedente (sentencia de unificación del 29 de enero de 2020) restringió el derecho de acceso a la administración de justicia de la demandante.
Acotó que se desconocieron las siguientes providencias:
1) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de tutela del 20 de junio de 2011, MP Alfonso Vargas Pinzón, radicación 11001-03-15-000-2011-00655-00 (AC), actor: José Alonso Ceballos García y otros, demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro.
2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, auto del 11 de agosto 11 de 2011, radicación 85001233100020100017701, actor: Olga Falla Londoño y otros, MP Gladys Agudelo Ordóñez. Se revocó en sede de apelación el auto del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la caducidad del medio de control de reparación directa y, en su lugar, ordenó admitir la demanda.
3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 5 de abril de 2013, MP Stella Conto Díaz Del Castillo, radicación 19001-23-31-000-1999-00217-01(24984).
4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, auto del 17 de septiembre de 2013, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092), actor: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros. “Dicha providencia fue adoptada como precedente en la sentencia Órdenes Guerra vs. Chile del 29 de noviembre de 2018 y en la sentencia T- 352 de 2016”.
5) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de tutela del 12 de febrero de 2015, MP Alberto Yepes Barreiro, radicación 11001031500020140074701, accionante: Jairo Moncaleano Perdomo, accionado: Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Risaralda.
6) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo de tutela de segunda instancia del 12 de marzo de 2015, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-15-000-2014-01352-01, acores: Nubia Tarache y otros, demandados: Tribunal Administrativo de Casanare.
7) Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Alberto Yepes Barreiro (E), sentencia de tutela del 7 de septiembre de 2015, radicación 11001-03-15-000-2015-01676-00 (AC), demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro.
8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 7 de septiembre de 2015, radicación 85001-23-33-000-2013-00035-01(51388).
9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 7 de septiembre de 2015, radicación 85001-23-31-000-2010-00178-01(47671).
10) Consejo de Estado, Sección Tercera, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), auto del 2 de mayo de 2016, actor: María Faelly Cutiva Leyva y otros, demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otros, radicación 18001-23-33-000-2014-00069-01 (53518).
11) Corte Constitucional, sentencia T-352 de 2016 del 6 de julio de 2016, expedientes con radicaciones T-4.254.307 y T-5.086.690, demandantes: Benigno Antonio Cañas Quintero y Dulcinea Sanabria Sánchez y otros, MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, demandados: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y Tribunal Administrativo de Casanare.
12) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, auto del 5 de septiembre de 2016, radicación 05001233300020160058701 (57265).
13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, auto del 24 de octubre de 2016, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 05001233300020160172201 (58051).
14) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 10 de noviembre 2016, radicación 19001-23 31-000-2010-00115-01 (56282), MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, actora: Luz Adriana Infante Largo y otros.
15) Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección “B”, auto del 30 de marzo de 2017, MP Ramiro Pazos Guerrero, radicación 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG).
16) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”; sentencia del 12 de octubre de 2017; MP Danilo Rojas Betancourt, radicación: 05001-23-31-000-2010-01922-01(49416), actora: María Denice Ramírez Castaño, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional.
17) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”; auto del 7 de diciembre de 2017, MP Jaime Enrique Rodríguez Navas, radicación 05001-23- 33-000-2017-01395-01(59601), actor: Juan José Puerta Larrea y otros.
18) Corte Constitucional, sentencia T-296 del 24 de julio de 2018; MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
19) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto del 30 de agosto de 2018, MP Stella Conto Díaz del Castillo, radicación 25000-23-36-000-2017- 01976-01(61798); actor: Nelson Andrés Zúñiga Rodríguez y otros.
20) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto del 12 de septiembre de 2019; MP Ramiro Pazos Guerrero, radicación 44001-23-31-000-2010-00238-01 (53833).
Advirtió que desde el año 2011, por decisiones en firme del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, se inaplicó por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto al término de caducidad del medio de control de reparación directa, tratándose de graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales, hasta que fue emitida la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, que restringió el derecho de acceso a la administración de justicia.
Precisó que la autoridad judicial demandada desconoció los artículos 1.1, 2.5, 8.1, 24, 25 y 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el antecedente fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los fallos Barrios Altos contra Perú, García Lucero contra Chile, y Órdenes Guerra contra Chile, en los que se señaló que, en los casos de responsabilidad civil de los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando los hechos son constitutivos de delitos de lesa humanidad, la acción de reparación correspondiente es imprescriptible.
Acotó que se vulneró el principio de confianza legítima, por cuanto en la etapa final del proceso, la decisión de primera instancia fue revocada con sustento en una intempestiva sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado la que, además, quebranta los principios de buena fe y de seguridad jurídica.
Señaló que el Tribunal Administrativo de Casanare omitió el hecho de que el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 tiene un vacío normativo en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación directa derivada de delitos de lesa humanidad, razón por la cual, el Consejo de Estado en múltiples providencias ha sostenido que frente a tales delitos, con fundamento en las normas jurídicas de protección de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario, los principios de Derecho Internacional Público, del ius cogens y humanidad, se encuentra una regla de cómputo de la caducidad diferenciada, en la que prima la materialidad de esos derechos y de la tutela judicial efectiva.
Resaltó que el tribunal demandado no cumplió con la carga de establecer las circunstancias particulares de la parte actora que le impidieron presentar la demanda de reparación directa antes de 2014, toda vez que la radicación del libelo en esa oportunidad obedeció a la certeza y claridad que ofrecía la jurisprudencia hasta ese momento acerca de la imprescriptibilidad de la acción de reparación directa en casos de graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado.
Indicó que había una situación que impedía materialmente el ejercicio del medio de control, pues, solo hasta la ejecutoria de la sentencia del proceso penal, se advirtió la posibilidad de imputarle la responsabilidad patrimonial al Estado.
Aclaró que el hecho lesivo, en este caso la muerte del señor Moreno Moreno, no es suficiente para la determinación de responsabilidad patrimonial del Estado, de manera que, además de la imputación fáctica, se requiere la jurídica, la que en este asunto no se ha producido debido a que la sentencia penal no se encuentra ejecutoriada, conforme con la cual se podría verificar el nexo causal del daño con la acción de los agentes estatales.
Alegó que la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en el proceso de tutela con radicación 11001-03-15-000-2019-04842-01, revocó el fallo del 16 de enero de 2020, proferido por la Sección Primera de esta Corporación, por el cual se habían negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, amparó el derecho de acceso a la administración de justicia en un asunto con similares supuestos fácticos y jurídicos a los que son objeto de debate en esta oportunidad.
Afirmó que en ese caso se presentó la demanda de reparación directa después de trascurridos dos años de conocido el hecho y la participación del Estado. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 se declaró la caducidad del medio de control, a pesar de que se trató de un delito de lesa humanidad, y en sede de tutela se negaron las pretensiones de la demanda, decisión que, en segunda instancia, fue revocada en su integridad y se dispuso proveer sobre la admisión del libelo introductorio.
Manifestó que la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado corrigió en esa providencia el yerro de interpretación del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, expuesto en el fallo de unificación del 29 de enero de 2020, de manera que, en esta oportunidad, se debe hacer lo propio por parte de la Sección Quinta.
Aseguró que los precedentes constitucionales en sede de revisión de tutela, como el fijado en la sentencia T-352 de 2016 respecto de flexibilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, son vinculantes en relación con las decisiones de los jueces naturales del proceso.
Expresó que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 desconoce abiertamente el fallo Órdenes Guerra contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se fundó en decisiones del Consejo de Estado atinentes a la inaplicación del término de caducidad cuando se trata de daños ocasionados por la comisión de un crimen de lesa humanidad.
Indicó que el citado fallo de unificación equipara la acción civil de reparación directa con la acción penal por los delitos de lesa humanidad y abre paso a la coexistencia de la caducidad con la imprescriptibilidad, postura que resulta contradictoria, dado que no puede haber referencia a los dos conceptos en forma simultánea.
Insistió en que, en el ámbito penal, la acción no prescribe si no se identifica la persona que se debe procesar por el respectivo delito y, en sede contencioso administrativo, el término de caducidad de la reparación directa no es exigible sino hasta tanto el afectado advierte que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y le resulta imputable (imputación jurídica).
Recalcó que la Corte Suprema de Justicia, tribunal de cierre en materia penal, no realiza las construcciones argumentativas que sí hace el Consejo de Estado, si se tiene en cuenta que mediante sentencia del 19 de marzo de 2020, en el expediente con radicación 45110, se ordenó la admisión de la demanda de parte civil en un caso catalogado como de lesa humanidad, providencia en la que se sostuvo que en ese tipo de delitos no opera la imprescriptibilidad de la acción civil.
Advirtió que el artículo 164, numeral 2, literal i) de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 90 constitucional, permite contar el término de dos años a partir del día siguiente al de la sentencia penal ejecutoriada, en la que se determine no solo el momento del hecho lesivo o de su conocimiento, sino, además, un punto de referencia para el proceso de imputación jurídica de la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que el juez penal, luego de la valoración de la acusación, establece en el fallo si el daño antijurídico fue causado por la acción u omisión de los agentes del Estado.
Refirió que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 obliga a que se presente la demanda de reparación directa, con excepción de los casos de desaparición forzada, dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia material del daño, so pena de que opere la caducidad, sin que se haga un ejercicio analítico acerca de la imputación jurídica, cuya fuente es el artículo 90 de la Constitución Política, tesis que generará mayor congestión judicial y radica en las víctimas de tales delitos una carga de imputación que en la mayoría de veces resulta de difícil acreditación.
Con fundamento en todo lo anterior, arguyó la configuración de los siguientes defectos:
i) Procedimental absoluto: por violación del derecho al debido proceso.
ii) Fáctico: por la indebida valoración probatoria que habilitaría el oportuno ejercicio del medio de control de reparación directa.
iii) Sustantivo: por errónea interpretación de los artículos 10 y 164 de la Ley 1437 de 2011, en tanto vulnera la Constitución (artículo 90) y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 1.1, 2.5, 8.1, 24, 25 y 29), el principio de convencionalidad, y por violación del precedente vertical y horizontal del Consejo de Estado.
iv) Desconocimiento del precedente vinculante que señala el carácter fundamental del derecho de acceso a la administración de justicia.
v) Error inducido: en razón a que el tribunal accionado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 del CPACA, siguió los parámetros de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, para decretar la caducidad del medio de control ejercido.
vi) Violación directa de la Constitución: por desconocimiento del artículo 90.
4. Actuación procesal
Mediante auto del 17 de abril de 2021 se negó la solicitud del decreto de la medida cautelar deprecada, se admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar esa decisión a los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo de Casanare y a los magistrados que integran la Sección Tercera del Consejo de Estado, en calidad de autoridades judiciales demandadas.
También se ordenó la comunicación del inicio del presente trámite al juez Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal, al juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, al ministro de Defensa Nacional y al comandante del Ejército Nacional, con el fin de que manifestaran lo pertinente, por ser terceros interesados en el asunto.
Asimismo, se comunicó la existencia de la acción de tutela de la referencia a los señores Juan José Coba Oros, María Rosalba León de Coba, Hilania Coba Cruz, Anyi Shirley Coba Tarache, Clodomiro Tarache Cruz, Octavio Coba León, Omaira Coba León, María Ludy Hernández Coba, Dumar Yesid Coba León, Yolima Coba León, Yurleidy Patricia Coba León, José Edier Sigua Coba, Adiela Coba León, Onaldo Coba Oros, Omar Coba Oros, María Ana Julia Coba Oros, Margot Coba García, Leidy Fernanda Coba Coba y Oliverio Hernández de Dios, quienes promovieron el proceso de reparación directa con radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01. Lo anterior, en atención al interés que les asiste en las resultas de este proceso.
5. Contestaciones e intervenciones
5.1. Sección Tercera del Consejo de Estado
La magistrada ponente de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, se pronunció para indicar que los cuestionamientos frente al fallo de unificación, la tutela es improcedente por configurarse la cosa juzgada, toda vez que a través de la sentencia del 3 de septiembre de 2020, la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de la acción de tutela que promovieron los actores del proceso de reparación directa con radicación 61.033, negó el amparo solicitado por considerar que no se trasgredieron los derechos fundamentales alegados.
Manifestó que los demandantes impugnaron la decisión, desatada de manera desfavorable mediante sentencia del 21 de octubre de 2020 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con confirmación de la decisión inicialmente adoptada.
Indicó que el asunto fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, corporación que decidió no seleccionarlo por auto del 30 de abril de 2021, sin que con posterioridad a ello se hubiere insistido en la revisión.
Precisó que durante el trámite de la segunda instancia del proceso de tutela referido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020, se pronunció sobre la sentencia de unificación del 29 de enero de ese mismo año y concluyó que el criterio de caducidad de la reparación directa en materia de daños derivados de delitos de lesa humanidad “es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional”.
5.2. Tribunal Administrativo de Casanare
El magistrado ponente de la providencia objeto de cuestionamiento, contestó la acción de tutela en el sentido de indicar que la referida sentencia se sustentó en los parámetros fijados en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto del control de la oportunidad para presentar la demanda de reparación directa cuando se imputa a la autoridad la infracción de Derecho Internacional Humanitario o de derechos humanos en perjuicio de personas protegidas por el bloque de constitucionalidad, en eventos tales como la muerte en circunstancias de presunto combate, sin que medie desaparición forzada.
Advirtió que en el marco teórico de la sentencia objeto de debate se indicó que la decisión relacionada con el criterio acogido de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se hizo en cumplimiento del deber de acatamiento de los tribunales del precedente del superior funcional.
Afirmó que de la revisión de los elementos de convicción allegados al proceso se concluyó que no se estructuró ninguna de las hipótesis que hacen más flexible el cómputo de la caducidad, por cuanto el hecho lesivo ocurrió el 7 de septiembre de 2006 y “su revelación (daño al descubierto), sobrevino tan solo tres días después, por lo que se determinó que se concurrió en forma tardía a la presentación de la demanda.
5.3. Nación – Ministerio de Defensa Nacional
A través de la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la cartera ministerial, alegó la improcedencia de la acción de tutela por la existencia de cosa juzgada en relación con la sentencia SU del 29 de enero de 2020, dada las múltiples decisiones que se han proferido respecto de las reglas fijadas en la citada sentencia, en las que se ha negado el amparo de los derechos fundamentales invocados.
Refirió puntualmente la sentencia del 3 de septiembre de 2020 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, en la que se determinó que la Sección Tercera no desconoció el precedente de esa misma corporación ni inobservó la sentencia de tutela T-352 de 2016 de la Corte Constitucional, así como las providencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente en el caso Órdenes Guerra contra Chile, relativas a la caducidad en los procesos de reparación directa por ejecuciones extrajudiciales dentro del conflicto armado interno.
Expresó que la mencionada sentencia de tutela fue confirmada en segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, a través de fallo del 21 de octubre de 2020.
Adujo que la regla fijada por la Sección Tercera relacionada con la caducidad del medio de control fue calificada por la Corte Constitucional como compatible con la Carta Política, mediante sentencia SU 312 del 13 de agosto de 2020.
Acotó que el escrito de tutela no cumple con los requisitos habilitantes para el estudio de fondo de la acción, ya que la parte actora no enlistó los defectos de los que adolece la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare y tampoco acreditó la vulneración de los derechos fundamentales señalados.
Arguyó que los elementos de prueba valorados por la autoridad judicial accionada permitieron concluir que la demanda de reparación directa estaba caducada al momento de su presentación, de acuerdo con las reglas fijadas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, máxime si se tiene en cuenta que el caso sometido a consideración del tribunal guardaba similitudes fácticas con el analizado por la Sección Tercera en la referida sentencia de unificación.
5.4. El Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y los demandantes del proceso de reparación directa, a pesar de que fueron notificados en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991 y el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 377 de 2018, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare con la sentencia de segunda instancia dictada el 10 de diciembre de 2020 en el medio de control de reparación directa ejercido por la parte actora, se vulneraron los derechos fundamentales alegados, por configuración de los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución y error inducido.
Para ello deberá escindirse el análisis en dos componentes, sobre la base de considerar que del escrito de la tutela se infiere que se pretende cuestionar no solo el contenido del fallo del 10 de diciembre de 2020 dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare, sino también la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 emitida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; ii) la cosa juzgada constitucional; iii) el estudio sobre la subsidiariedad como requisitos adjetivos de procedibilidad; de encontrarse superados se estudiará, iv) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:
“(…) si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrillas fuera de texto).
Conforme con el anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencias judiciales y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, es sabido que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden adentrarse en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra una decisión de la misma naturaleza; ii) subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; iii) la inmediatez y iv) la relevancia constitucional.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala analizar la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Cuestionamientos frente a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Cosa juzgada constitucional.
La cosa juzgada constitucional ha sido definida como una institución jurídico procesal, por la cual se confiere a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, por lo que surge una restricción para el juez constitucional referente a la imposibilidad de que vuelva a conocer y decidir sobre lo resuelto.
De esta manera, la función negativa de la cosa juzgada implica una prohibición no solo dirigida a los funcionarios judiciales para conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, sino también a las partes y eventualmente a la comunidad, para no volver a entablar el mismo litigio.
Y, como función positiva, tiene como propósito lograr la terminación definitiva de la respectiva controversia y dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.
En materia de tutela, la Corte Constitucional ha considerado que también está sometida a los parámetros de la cosa juzgada, toda vez que con ello se garantiza que las controversias que ya han sido decididas de manera definitiva por las autoridades judiciales competentes no sean reabiertas y, por consiguiente, evitar que se afecte el principio de seguridad jurídica
Así pues, una sentencia proferida en un proceso de tutela hace tránsito a cosa juzgada constitucional (i) cuando es seleccionada para revisión por parte de la Corte Constitucional y fallado en la respectiva Sala o, (ii) cuando, surtido el trámite de selección, sin que haya sido escogida para revisión, fenece el término establecido para que se insista en su selección.
En efecto, en la sentencia SU-1219 de 2001, se explicó lo siguiente en punto de la cosa juzgada constitucional en acciones de tutela:
“Como regla general, cuando el juez constitucional resuelve un asunto en concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección, la decisión judicial sobre el caso se torna definitiva, inmutable y vinculante. Si la Corte en ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la propia Corte, y cuando no lo selecciona, la misma opera a partir de la ejecutoria del auto en que se decide la no selección. Luego de ello, la decisión queda ejecutoriada desde el punto de vista formal y material. Por tanto, no es posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto[46], pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico”.
A partir de tales definiciones, se tiene que si la acción de tutela es seleccionada para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la propia Corte, y cuando no lo selecciona, aquella opera a partir de la ejecutoria del auto que decide la no selección y, luego de ello, la decisión queda ejecutoriada tanto desde el punto de vista formal como el material.
Ahora bien, en el escrito de la acción de tutela, la parte actora indicó que con el fallo de unificación del 29 de enero de 2020 se desconoció el precedente horizontal relacionado con la flexibilización del término de caducidad tratándose daños ocasionados por delitos de lesa humanidad, así como el precedente vertical en ese mismo sentido, decantado por la Corte Constitucional en la sentencia T-352 de 2016.
Afirmó que se desatendió el fallo Órdenes Guerra contra Chile dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se determinó la inaplicación del término de caducidad cuando se trata de daños ocasionados por la comisión de un crimen de lesa humanidad.
Asimismo, indicó que el citado fallo de unificación equipara la acción civil de reparación directa con la acción penal por los delitos de lesa humanidad y abre paso a la coexistencia de la caducidad con la imprescriptibilidad, postura que resulta contradictoria, dado que no se puede hacer referencia a los dos conceptos en forma simultánea.
Afirmó que en los casos de demandas de reparación directa por daños originados en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, el artículo 164, numeral 2, literal i) de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 90 constitucional, permite contar el término de caducidad de dos años a partir del día siguiente al de la sentencia ejecutoriada dentro del proceso penal, puesto que es desde ese momento en el que se establece que el daño antijurídico fue causado por la acción de agentes del Estado.
Sobre el particular, se tiene que, tal como se indicó en los escritos de contestación y de intervención de la acción de tutela, a través de la sentencia del 3 de septiembre de 2020, la Sección Quinta de esta corporación negó el amparo deprecado frente a la sentencia de unificación del 29 de enero 2020 proferida en el proceso de reparación directa con radicación 61.033.
En el libelo inicial se solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión de la expedición de, entre otras providencias, del 29 de enero de 2020, por la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia en torno a la caducidad del medio de control de reparación directa cuando se alegan daños generados por delitos de lesa humanidad.
En la sentencia del 3 de septiembre de 2020, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la vulneración de los derechos invocados, con fundamento en que, de la revisión del fallo objeto de cuestionamiento, no se advirtió la configuración de los yerros de desconocimiento del precedente, procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, fáctico y violación directa de la Constitución.
En relación con la ocurrencia de un supuesto desconocimiento del precedente, señaló lo siguiente:
“En cuanto a la providencia de tutela de la Corte Constitucional que la parte actora considera desconocida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, esto el expediente T-4.254.307 y T-5.086.690 (sentencia T-352 de 2016) esta Sala de Decisión resalta que los fallos de esta naturaleza no constituyen precedente, puesto que como se ha manifestado en otras oportunidades, únicamente las sentencias de constitucionalidad y de unificación dictadas por la Sala Plena de esa Corte, tienen carácter obligatorio.
En atención a ello, la autoridad accionada unificó los diferentes criterios sobre el tema y consideró que en el caso de la caducidad de la reparación directa para delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra el término pertinente no resulta exigible hasta tanto se cuente con elementos para identificar a quien le resulta imputable el daño pertinente, es decir se acoge la premisa del conocimiento de la participación por acción u omisión del Estado. Con lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado no creó una nueva regla en la materia, sino que partiendo de las diversas posiciones jurídicas que existían al respecto, acogió una de ellas, sin que esto signifique que los demás criterios jurídicos fueron desconocidos, ya que este es justamente el fin de la unificación de la jurisprudencia.
Por otra parte, en cuanto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, la autoridad judicial cuestionada precisó que dichas providencias resultan vinculantes en tanto interpreten las normas de la Convención. Sin embargo, adujo que el fallo analizado no contenía una interpretación del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el acceso a la administración de justicia, pues, en el caso se avaló “la aceptación de responsabilidad de Chile, en cuanto a los efectos de sus normas de prescripción de las acciones civiles frente a los delitos de lesa humanidad”.
Adicionalmente, señaló que el ordenamiento jurídico chileno contenía preceptos distintos a los establecidos en el derecho colombiano, en cuanto no preveían la posibilidad de contar el plazo pertinente a partir del conocimiento de la participación del Estado, lo cual, según la autoridad cuestionada es una regla que tiene los mismos efectos que la imprescriptibilidad en materia penal.
Por tales razones, concluyó que como en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile no se interpretó la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de reglas con contenido material similar a las que prevé el Código Contencioso Administrativo colombiano y la Ley 1437 de 2011, tal pronunciamiento no resultaba vinculante para resolver el presente asunto.
En este punto, este Sala encuentra que la autoridad judicial cuestionada no desconoció el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que luego de un análisis razonado determinó que las reglas contenidas en la sentencia del caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile no eran aplicables al ordenamiento jurídico colombiano puesto que la sentencia no realizó una interpretación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sino que fundamentó su decisión en la aceptación del Estado Chileno sobre los “efectos de sus normas de prescripción de las acciones civiles frente a los delitos de lesa humanidad” (Negrillas fuera del texto original).
Respecto de la ocurrencia del defecto fáctico, la parte actora de la acción de tutela del proceso con radicación 11001-03-15-000-2020-03381-00, sostuvo que la autoridad judicial cuestionada fundó la decisión en lo que denominó “conocimiento del hecho dañoso por confesión por medio de apoderado judicial”, sin tener en cuenta los demás medios probatorios allegados al proceso.
Frente a tal motivo de disenso, en la sentencia del 3 de septiembre de 2020 se expuso el siguiente razonamiento para negar el defecto alegado:
“(…) la Sala encuentra que si bien el tutelante se refirió a la sentencia condenatoria de segunda instancia del proceso penal en contra de los militares participantes en la supuesta misión táctica “ARCANO UNO,” el caso concreto no cumplió con los demás supuestos de la carga argumentativa, toda vez que no señaló cómo ésta (sic) providencia, en el evento de haber sido valorada, habría incidido en la decisión que adoptó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, esto es, habría podido cambiar lo considerado en el sentido de que el medio de reparación directa había caducado. Lo anterior, como quiera que la Sección Tercera de esta Corporación advirtió que la caducidad en este caso empezó a contar desde el 6 de abril de 2007 (fecha en que tuvieron conocimiento de los hechos) y no como lo pretendía la parte actora, desde la responsabilidad del Estado (sentencia condenatoria en el proceso penal) pues el trámite dado al proceso penal carece de la suficiencia de determinar la forma en la que se computara el plazo de caducidad en la reparación directa”.
Finalmente, en cuanto a la configuración de los defectos procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, se efectuó el siguiente análisis:
“Ahora bien, en el caso concreto, el actor y los intervinientes señalaron que este defecto se materializó porque la elaboración interpretativa que hizo la sentencia de 29 de enero de 2020, vulneró los principios pro actione y pro damnato e hizo evidente la comisión de un deliberado exceso de ritual manifiesto, en contra de los deberes del Juez (sic) consagrados además del artículo 229 de la Carta, en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, los artículos 1 y 9 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia, en el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011 CPACA y los artículos 2, 4, 7, 11 y 42.2 de la Ley 1564 de 2012 CG del P.
Al contrastar el cargo planteado por el accionante en el escrito de tutela con la providencia cuestionada, se advierte que comoquiera que la Sección Tercera de esta Corporación con la providencia del 29 de enero de 2020 dictó un fallo de unificación respecto al punto debatido, en el que argumentó suficientemente las razones de la tesis acogida por la Corporación en materia de caducidad del medio de control de reparación directa en delitos de lesa humanidad, no puede exigirse que el presente asunto se fallara de una determinada manera, cuando en esta providencia justamente se fijó el criterio jurídico sobre el tema.
Tal circunstancia no implica de manera alguna que se hayan desconocido sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado, pues, contrario a ello, es claro que la providencia cuestionada fue proferida en respeto de las garantías de las partes involucradas en la controversia” (Resalta la Sala).
El fallo del 3 de septiembre de 2020 fue objeto de impugnación, decidida a través de sentencia del 21 de octubre de 2020 emitida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en el sentido de confirmar la decisión de negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor.
El asunto fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y por auto del 30 de abril de 2021, fue excluido de esta, decisión que fue notificada el 14 de mayo siguiente, sin que se hubiera presentado en forma ulterior escrito de insistencia.
A partir de lo anterior, se tiene que si bien no existe una completa identidad de partes en los procesos de tutela con radicaciones 1001-03-15-000-2021-03582-00 y 11001-03-15-000-2020-03381-00, lo cierto es que tal circunstancia no impide la configuración de la cosa juzgada constitucional, como expresamente lo ha determinado la Corte Constitucional, pues, ante ese escenario de divergencia de partes, lo que se realiza es un examen más profundo, “que no se basta con la coincidencia formal sino con una verificación de la coincidencia material entre los dos procesos, a pesar de las pequeñas diferencias”.
Advierte la Sala que en los dos mecanismos de amparo existe un mismo relato de hechos, pretensiones y fundamentos jurídicos y, adicionalmente, tienen una misma causa petendi, referida a que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 vulnera los derechos fundamentales señalados, en tanto desconoce el precedente horizontal sobre la flexibilización del término de caducidad, al igual que el fallo Órdenes Guerra contra Chile, proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También se indicó que la Sección Tercera del Consejo de Estado hizo una errónea equivalencia entre la acción penal por delitos de lesa humanidad y la acción civil de reparación directa, y realizó una indebida interpretación del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, dado que el cómputo del término de caducidad, en casos de delitos de lesa humanidad, empieza desde el día siguiente al de la ejecutoria de la sentencia proferida en el proceso penal.
Lo anterior, pone de presente que existe una coincidencia de problemas jurídicos suscitados en las dos acciones de tutela frente a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
Por otro lado, es oportuno mencionar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020 se pronunció respecto de la constitucionalidad y convencionalidad del referido fallo de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dado que en aquella corporación también existía una disparidad de criterios para contabilizar el inicio de la caducidad en el medio de control de reparación directa por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, y determinó lo siguiente:
“(…) Para empezar, este Tribunal observa que en la jurisprudencia contencioso administrativa, de conformidad con el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se ha señalado que el término de caducidad de dos años del medio de control de reparación directa sólo inicia a contabilizarse: (i) desde el momento en el cual los interesados tienen conocimiento de que el daño es imputable al Estado, y (ii) siempre que se encuentren materialmente en posibilidad de acudir al aparato judicial para interponer la demanda correspondiente.
6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta Corporación estima que dicho entendimiento del término de caducidad del medio de control de reparación directa es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio.
6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración de responsabilidad de la administración y gestionar el resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el término respectivo solo empieza a contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin han trascurrido lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera que no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva.
6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término legal de caducidad del medio de control de reparación directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra permite, en la mayor medida de lo posible, la optimización de los intereses constitucionales en tensión en asuntos como el estudiado en la presente oportunidad. Específicamente, por una parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave al acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial de los daños causados por las mismas.
(…)
Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte estima que la aplicación del término legal de caducidad del medio de control de reparación directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos constitucionales y, por ello, decide unificar su jurisprudencia en tal sentido con el fin de superar los criterios divergentes existentes dentro de la Jurisdicción Constitucional” (Se destaca).
En ese orden de ideas, la Sala considera que se configura la cosa juzgada constitucional en relación con lo decidido en el fallo de tutela del 3 de septiembre de 2020 dictado por la Sección Quinta del Consejo de Estado respecto de los cuestionamientos hacia la sentencia de unificación del 29 de enero de 2021, en el que se negó la vulneración de los derechos fundamentales invocados, decisión en la que, además, se analizaron los efectos inter comunis de la referida sentencia de unificación y se determinó que no existía quebranto de los derechos fundamentales de las víctimas de los delitos de lesa humanidad, razón por la cual se declarará la improcedencia de la presente acción de tutela en relación con los reparos expuestos hacia el referido fallo de unificación.
2.5. Cuestionamientos respecto del fallo del 10 de diciembre de 2020 proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.5.1. No se trata de una tutela contra otra decisión de igual naturaleza, puesto que la providencia que censura la parte actora fue proferida en el marco del proceso de reparación directa que promovió la señora Elsa Yaneth Vargas Ríos en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con radicación 85001-33-33-002-2016-00113-01.
2.5.2. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción de tutela pretende cuestionar el fallo proferido el 10 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Casanare, mientras que la petición de amparo se presentó el 10 de junio del año que cursa, sin que sea necesario establecer la fecha de notificación de la sentencia, ya que fue interpuesta dentro del plazo razonable de seis (6) meses.
Lo anterior, en atención a la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, providencia en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.5.3. Respecto a la subsidiariedad, la Sala encuentra que la demandante no dispone de otros medios de defensa judicial, ordinarios o extraordinarios, para censurar el proveído dictado por la aludida autoridad judicial demandada, pues lo que manifiesta no se ajusta a las causales taxativas contempladas en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 para que proceda el recurso extraordinario de revisión.
A su vez, cabe destacar que los sustentos contenidos en la demanda de acción de tutela no concuerdan con los presupuestos necesarios para la procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, ya que no se alega el desconocimiento de alguna decisión de esa naturaleza.
2.5.4. Por último, es del caso advertir que los reparos contra la providencia cuestionada pretenden poner de presente las irregularidades en que incurrió la autoridad judicial demandada al dictarla, en tanto comprometen garantías de orden superior, más allá del debate legal surtido en las instancias ordinarias, por lo que el asunto es relevante desde el punto de vista constitucional.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el análisis de los yerros alegados.
Sobre el punto, se debe precisar que si bien la parte actora adujo la configuración de los defectos sustantivo, fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente, error inducido y violación directa de la Constitución, lo cierto es que la censura planteada se circunscribe a los defectos sustantivo, por indebida interpretación del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011; desconocimiento del precedente horizontal de la Sección Tercera respecto de la flexibilización del término de caducidad en casos de hechos lesivos derivados de delitos de lesa humanidad, al igual que el precedente vertical de la Corte Constitucional en esos mismos asuntos; y fáctico, por cuanto no se analizó que solo con ocasión de la ejecutoria de la sentencia del proceso penal se determinó el momento para el inicio del cómputo del término de caducidad.
Lo anterior, sin perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.
2.6. Caso concreto
De acuerdo con lo expuesto en el sub lite, se tiene que la parte actora considera que el Tribunal Administrativo de Casanare, en la providencia objeto de reproche, vulneró los derechos fundamentales invocados, toda vez que, con único precedente, es decir, la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, se cambió de forma intempestiva la jurisprudencia que se venía aplicando para flexibilizar la forma de contabilizar el término de caducidad en los procesos de reparación directa por casos de lesa humanidad, y desatendió los más de veinte precedentes en los que se hacía referencia a la mencionada flexibilización.
Adujo que se desconoció el precedente fijado por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en el proceso de tutela con radicación 11001-03-15-000-2019-04842-01, por el cual se revocó el fallo del 16 de enero de 2020, proferido por la Sección Primera de esta Corporación, que había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, amparó el derecho de acceso a la administración de justicia en un asunto con similares supuestos fácticos y jurídicos a los que son objeto de debate en esta oportunidad.
Igualmente, sostuvo que la autoridad judicial demandada interpretó en forma errónea los artículos 10 y 164 de la Ley 1437 de 2011, al igual que los artículos 2.5, 8.1, 24, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos de, en concordancia con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política, en la medida en que dichas normas permiten la presentación de la demanda cuando se tenga conocimiento del daño, circunstancia que tiene lugar con la ejecutoria del fallo del proceso penal respecto de la comisión del delito de lesa humanidad.
Manifestó que no se analizó el hecho de que había una situación que impedía conocer el momento de la causación del daño por parte del Estado, pues, no es suficiente con que se haya sabido de la muerte del señor Moreno Moreno, sino que, adicionalmente, se requiere de la certeza de la intervención del Estado en el daño, la cual ocurre con la sentencia del proceso penal.
2.6.1. Obligatoriedad del precedente para las autoridades judiciales y su desconocimiento como causal de procedencia de la acción de tutela
Para esta Sala el precedente es aquella regla creada por una alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal.
Lo anterior en ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.
Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores judiciales y constituye la creación del derecho, al definir directrices que permiten resolver la controversia y que la misma pueda aplicarse a otros asuntos con supuestos jurídicos y fácticos similares, bajo la primacía de la Constitución.
Esta Sección ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
Ahora bien, se puede clasificar el precedente en dos categorías: (i) el precedente horizontal, que hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia.
El precedente vertical, por provenir del respectivo tribunal de cierre, encargado de unificar la jurisprudencia, limita la autonomía del juez, puesto que debe respetar y acatar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales, en los eventos donde los asuntos no son revisables por el órgano de cierre.
En forma excepcional el funcionario judicial puede apartarse del precedente fijado por el superior funcional, para cuyo fin deberá hacer una exposición del precedente que pretende abandonar, y explicar de manera clara y precisa las razones por las cuales se aparta de este, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en los términos que se indican a continuación:
“(…) un tribunal puede apartarse de un precedente cuando considere necesario hacerlo, pero en tal evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene que aportar las razones que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores y la estructuración de una nueva respuesta al problema planteado. Además, para justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jurídico de determinada manera. Los operadores jurídicos confían en que el tribunal responderá de la misma manera y fundamentan sus conductas en tal previsión. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, ellas primen no sólo (sic) sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho”
En el asunto sometido a consideración de la Sala, se encuentra que el Tribunal Administrativo de Casanare en la providencia objeto de cuestionamiento revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal, con fundamento en que se acreditó la caducidad del medio de control de reparación directa.
Para tal efecto, la autoridad judicial accionada, con base en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, planteó como problema jurídico a resolver, el siguiente:
“Se trata de discernir si, frente a eventos imputados al Estado que puedan calificarse como delitos de lesa humanidad o graves infracciones a los derechos humanos, diferentes a desaparición forzada, deba aplicarse el régimen de caducidad previsto en el art. 164 de la Ley 1437/2011; de ser así, cómo debe realizarse el cómputo del bienio previsto en la legislación interna para esos efectos.
Sí, (sic) a partir de la sentencia de unificación 61.033 del 29/01/2020, proferida por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha quedado inequívocamente establecido que el régimen de caducidad que adoptó el Legislador (sic) se aplica a todos los eventos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado por hechos que pudieran calificarse como crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad u otras infracciones graves a los derechos humanos o al DIH, sin perjuicio de la particularidad normativa interna para los casos de desaparición forzada; por consiguiente, no es viable predicar que la imprescriptibilidad de la acción penal para identificar e individualizar a los presuntos responsables de esos hechos ante la jurisdicción natural, neutralice o excluya el régimen de caducidad propio del medio de control de reparación directa.
Debe precisarse que la aludida sentencia de unificación enfatiza que el bienio de rigor empezará a correr cuando concurran dos circunstancias inseparables: i) la ocurrencia misma del hecho lesivo, y ii) el conocimiento que hayan podido tener los interesados en demandar de la posibilidad de imputarlo al Estado, esto es, que hayan podido conocer la razonable probabilidad de atribuirlo al Estado por acción o por omisión de sus agentes.
Igualmente, señaló el superior funcional que el régimen de caducidad es inoponible a las víctimas que pretendan reparación extracontractual cuando se acredite que estuvieron en imposibilidad material de acudir al estrado para ejercer el derecho fundamental de acceso efectivo a la Administración de Justicia” (Negrillas adicionales).
Asimismo, hizo un recuento de las reglas de unificación y precisó cómo debe aplicarse el término de caducidad previsto en el numeral 8, artículo 136 del Decreto 01 de 1984 y en el literal i), numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de acuerdo con lo señalado en dicha providencia.
En ese sentido, según la Sección Tercera del Consejo de Estado, “para computar el plazo de caducidad no basta con la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, pues, además, se debe determinar si el interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos y que le era imputable el daño”.
La caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión dañosa, sino desde que se tuvo la posibilidad de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba procedente para los fines previstos en el artículo 90 de la Constitución Política.
Con fundamento en las nuevas reglas fijadas en la sentencia de unificación, el tribunal demandado determinó que se encontraba configurado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción, toda vez que la muerte del señor Óscar Moreno Moreno ocurrió el 7 de septiembre de 2006, y la señora Elsa Yaneth Vargas Ríos reconoció el cadáver el 10 de esos mismos mes y años, y en esa oportunidad tuvo conocimiento de que había fallecido por una acción atribuible a tropas del Ejército Nacional.
Por consiguiente, comoquiera que la demanda de reparación directa fue radicada el 4 de abril de 2016, se determinó que para ese momento ya había fenecido el término de caducidad establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Sobre el particular, la Sala pone de presente que, dado el carácter vinculante del precedente para todos los funcionarios judiciales, la decisión objeto de reparo fue proferida con sujeción a las nuevas reglas definidas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 relacionadas con el cómputo de la caducidad de la reparación directa cuando se pretenda la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado como resultado de hechos derivados de delitos de lesa humanidad.
Antes de la sentencia de unificación existía una divergencia de criterios en la Sección Tercera del Consejo de Estado en torno a la contabilización del plazo para el oportuno ejercicio del medio de control de reparación directa, razón por la cual, la Sala Plena de la referida Sección unificó las diferentes tesis sobre el punto y determinó como premisa para el cómputo el conocimiento de la participación por acción u omisión del Estado.
Lo anterior no significa que el Tribunal Administrativo de Casanare hubiera desatendido otros precedentes de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, según la parte actora, resultaban de obligatorio acatamiento para aquella autoridad judicial y en los que se establecía una flexibilización del término de caducidad, sobre la base de considerar que, precisamente, la unificación de criterios en una sentencia de tal connotación tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica, la buena fe y la igualdad en las decisiones.
A partir de tales lineamientos, se insiste en que los funcionarios judiciales están obligados a mantener su propia línea jurisprudencial y a acoger los precedentes de los órganos límite de la jurisdicción.
Por consiguiente, la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare no desatendió el precedente vertical de la Sección Tercera, pues la decisión se basó en la reciente unificación de criterios sobre la caducidad de la reparación directa, providencia que, como se anotó es vinculante para toda la jurisdicción contenciosa administrativa.
Por otro lado, la parte actora sostuvo que se desconocieron varios pronunciamientos emitidos por esta Corporación dentro de unas acciones de tutela. Frente a tal cuestionamiento, se debe señalar que las sentencias de tutela emitidas por el Consejo de Estado no constituyen precedente en tanto no fueron proferidas por el órgano de cierre en materia Constitucional y esta Corporación no actuó como órgano de cierre Contencioso Administrativo, de manera que la decisión contenida en ellas constituye un criterio auxiliar de interpretación, pues se trata de una decisión dictada en una acción de tutela.
Además, adujo que se desconocieron unas sentencias de tutela de la Sección Quinta del Consejo de Estado, frente a las cuales se aclara que no se advierte lesión del derecho a la igualdad porque tales decisiones se emitieron antes de que se unificara el tema de la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad, esto es, con anterioridad a la expedición de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, por lo que el sustento jurídico de los fallos invocados como desconocidos fue distinto en su momento.
En relación con el desconocimiento de los pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a la caducidad en casos como el que se analiza, se observa que todos ellos fueron emitidos antes de que se unificara dicho tema, por lo que la sentencia de unificación mencionada recogió las tesis divergentes que existían en ese momento; por ende, como se precisó en líneas arriba, el juez debía acoger el criterio unificado para cuando se emitió la providencia objeto de controversia.
Finalmente, frente al desconocimiento de las sentencias T-352 de 2016 y T-296 de 2018 proferidas por la Corte Constitucional, se aclara que estas no son precedente, pues, como se ha dicho en varias oportunidades en esta Corporación las sentencias de constitucionalidad y de unificación son las que constituyen precedente de obligatorio seguimiento.
En consecuencia, no se configuró el yerro de desconocimiento del precedente.
2.6.2. Defecto sustantivo y defecto fáctico
En relación con el defecto sustantivo, se ha considerado que este se configura cuando:
“(…) a actuación controvertida desconoce una ley adaptable al caso o se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (i) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (ii) es inconstitucional, (iii) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso. También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le (sic) reconoce a las autoridades judiciales, se produce (iv) un grave error en la interpretación de la norma, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la Constitución”.
Y en cuanto al defecto fáctico esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 2015, precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, en el sentido de señalar que los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.
El accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
Así mismo, deben ser cuidadosos los interesados al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador
La Sala pone de presente que para resolver los reproches planteados se hará el análisis en forma conjunta de los defectos fácticos y sustantivo, por estar estrechamente relacionados.
Para el efecto, se tiene que el demandante alegó que se desconoció el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, pues, en su sentir, tales postulados habilitan la presentación de la demanda de reparación cuando se exista sentencia ejecutoriada dentro del proceso penal, en la que se determine la imputación jurídica del daño al Estado.
Sobre ese reparo, la Sala insiste en los argumentos señalados en párrafos precedentes, en el sentido de indicar que, según las nuevas reglas definidas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 para el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa, en caso de daños por crímenes de lesa humanidad, se debe tener en cuenta el momento a partir del cual el interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos.
La anterior tesis quedó plasmada así:
“De este modo, si un grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros, pero no cuenta con elementos para inferir que el Estado estuvo involucrado y era el llamado a responder patrimonialmente, la caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión dañosa, sino desde que tuvo la posibilidad de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba procedente para los fines previstos en el artículo 90 de la Constitución Política. Lo anterior no implica la individualización o sanción penal del agente que ocasionó el daño, sino el conocimiento de la intervención de una autoridad, porque ello restringiría el derecho de acceso a la administración de justicia, en cuanto condicionaría la declaratoria de la responsabilidad estatal a un requisito de procedibilidad que la ley no contempla, como es la identificación del autor o partícipe.
El trámite de un proceso penal por los hechos que dan lugar a una demanda de reparación directa no altera el cómputo de la caducidad, sino que da lugar a la suspensión del proceso, tal como lo precisa el artículo 161 del C.G.P., que prevé: […].
De este modo, si los afectados consideran que el resultado del proceso penal adelantado en contra del agente implicado en los hechos tiene la suficiencia de determinar el sentido del fallo de responsabilidad patrimonial del Estado, lo que les corresponde es ejercer en tiempo la pretensión de reparación directa y, luego, cuando el proceso se encuentre para dictar sentencia, solicitar la suspensión por “prejudicialidad”, y será el juez de lo contencioso administrativo el que defina si existe o no una relación de dependencia o si puede definir el asunto sin esperar la condena penal”.
En ese orden, la interpretación acerca de la forma de contabilizar el término de caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 debe estar sujeta a las reglas establecidas en la sentencia de unificación ya mencionada, y no a los criterios que existían antes de esta, razón por la cual, la Sala considera que no se configuró en defecto sustantivo, bajo la premisa de que la decisión reprochada se fundamentó en el precedente vinculante vigente para el momento de dictar sentencia.
En torno al defecto fáctico, la parte actora afirmó que no se analizó por parte del Tribunal Administrativo de Casanare el hecho de que no existía sentencia penal ejecutoriada, para efectos del inicio del cómputo del término de caducidad, lo que impedía la atribución jurídica del daño al Ejército Nacional y, por contera, la presentación de la demanda de reparación directa.
Sobre este punto, es importante señalar que de la lectura de las consideraciones del fallo cuestionado, en cuanto al extremo temporal inicial del término de caducidad, se explicó que la muerte de la víctima directa ocurrió el 7 de septiembre de 2006 y, el 10 de esos mismos mes y año, la señora Elisa Yaneth Vargas Ríos reconoció el cadáver de quien dijo era su compañero permanente; tal circunstancia fue confesada por el apoderado judicial de la actora, quien manifestó que la muerte se habría producido en combate con tropas del Gaula Casanare, en la operación “Gavilán” desarrollada el 8 de septiembre de 2006.
Al respecto, se indicó lo siguiente:
“Acorde con lo anterior, es evidente que el hecho mismo de la muerte del señor Óscar Moreno Moreno y su imputación material y jurídica al Estado quedaron enteramente al descubierto, cuando menos, desde el día 10/09/2006 y desde entonces para la compañera permanente del occiso y para los demás integrantes de la parte actora quedaron abiertas las opciones para acudir al estrado, bien fuere en calidad de víctimas en el proceso penal o por vía de reparación contra la Administración.
4.5 Si se aplica una lista de chequeo similar a la que utilizó el Consejo de Estado en el ya citado fallo de unificación, para establecer si concurrió alguna imposibilidad material que impidiera el acceso al medio de control para quienes demandaron en este proceso, se tiene que la respuesta es negativa.
En efecto:
4.5.1 Conocimiento cierto de la ocurrencia del hecho lesivo: se dio desde el 10/09/2006 con el reconocimiento del cadáver del señor Moreno Moreno, efectuado por su compañera permanente; el registro civil de defunción se protocolizó el 11/09/2006 por orden de la Fiscalía, fol. 19, documento digital 04, carpeta de primera instancia.
4.5.2 Conocimiento de la autoría del hecho lesivo: para efectos de identificar la opción de imputar jurídicamente al Estado dicha muerte, es evidente que los deudos pudieron saber desde 07/09/2006 que la vida se la quitaron tropas del Ejército Nacional, esto es, agentes de la Administración con armas oficiales, en desarrollo de lo que reportaron como presunto combate. Así que nunca quedó en la penumbra quiénes lo mataron, ni su relación con el Estado.
4.5.3 Acceso efectivo a la Administración de Justicia: desde esa época las víctimas reflejas demandantes pudieron ejercer el medio de control de reparación directa y en el pertinente proceso discutir las circunstancias de la muerte y abordar el debate probatorio respecto del presunto combate, el que, al parecer, pudo constituir uno de los casos que coloquialmente se conocen como “falsos positivos”, esto es, uso aparentemente legítimo de la fuerza material de las tropas para reportar bajas de presuntos combatientes.
4.5.4 No se adujo ni se ha demostrado algún hecho que impidiera inexorablemente demandar por vía de reparación directa dentro del bienio previsto por la legislación nacional. Nótese que el Consejo de Estado, en la aludida sentencia de unificación, reconoce explícitamente que, también en estos procesos contenciosos con pretensiones patrimoniales, es factible hacer valer amparo de pobreza, si esa fuere la limitación para acudir a la jurisdicción” (Negrillas fuera del texto original).
De lo expuesto, se advierte que la autoridad demandada realizó el análisis de la circunstancia a partir de la cual la parte actora tuvo la posibilidad de advertir la participación de agentes del Estado en el hecho dañoso, con fundamento en las pruebas aportadas al proceso, y determinó la configuración de la caducidad del medio de control, con sustento en el criterio fijado en la sentencia de unificación.
Por consiguiente, no se advierte que el juez ordinario haya dejado de lado la inexistencia de la ejecutoria de la sentencia del proceso penal para que de esta forma se abriera paso la interposición de la demanda de reparación directa, como lo aseveró la parte accionante, en la medida en que la ausencia de firmeza de la providencia no era óbice para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de solicitar la reclamación de los perjuicios irrogados con el daño, dado que para el cómputo del termino de caducidad se requería que la parte actora hubiera tenido la posibilidad de establecer la acción u omisión del Estado.
Así las cosas, la Sala declarará la cosa juzgada constitucional respecto de la sentencia del 3 de septiembre de 2020 dictada por la Sección Quinta de esta Corporación y negará el amparo deprecado ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la cosa juzgada constitucional en relación con los cuestionamientos presentados en contra del fallo de unificación del 29 de enero de 2020 proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso con radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), de conformidad con los argumentos señalados en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Niégase la acción de tutela promovida por la señora Elsa Yaneth Vargas Ríos, de acuerdo con lo considerado en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086”
Juan José Coba Oros, María Rosalba León de Coba, Hilania Coba Cruz, Anyi Shirley Coba Tarache, Clodomiro Tarache Cruz, Octavio Coba León, Omaira Coba León, María Ludy Hernández Coba, Dumar Yesid Coba León, Yolima Coba León, Yurleidy Patricia Coba León, José Edier Sigua Coba, Adiela Coba León, Onaldo Coba Oros, Omar Coba Oros, María Ana Julia Coba Oros, Margot Coba García, Leidy Fernanda Coba Coba y Oliverio Hernández de Dios, quienes promovieron el proceso de reparación directa con radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01. La acción de tutela se presentó el 10 de junio de 2021 vía electrónica en el Sistema de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus de la Rama Judicial. El proceso que dio lugar al fallo de unificación del 29 de enero de 2020. Los demandantes de ese asunto, el 29 de julio siguiente presentaron acción de tutela en contra de la referida sentencia, al considerar que el criterio de unificación vulneraba los derechos fundamentales de la parte actora y de las víctimas de los delitos de lesa humanidad, así como los derechos al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y el principio de reparación integral.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.”
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”
Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Ibídem. Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. Respecto de la cosa juzgada constitucional ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-001 de 2016, C-100 de 2019, T-089 de 2019, T-219 de 2019,
En cuanto a la doble función de la cosa juzgada, pueden consultarse las sentencias C-774 de 2001; C-226 de 2008; C-614 de 2013, C-332 de 2013, entre otras. Corte Constitucional, sentencia T-219 de 2018. Consejo de Estado, Sección Quinta, expediente 11001-03-15-000-2020-03381-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra, actor: Juan José Cobo Oros y otros, demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera y Tribunal Administrativo de Casanare. Asimismo, se cuestionó la sentencia del 19 de diciembre de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare, por la cual se remitió el proceso al Consejo de Estado, con el fin de que profiriera sentencia de unificación sobre la caducidad de la reparación directa cuando se alegan daños derivados de delitos de lesa humanidad, y el auto del 25 de enero de 2018, por el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del proveído que remitió el proceso y confirmó la decisión inicialmente adoptada. También fueron objeto de reproche los autos del 17 de mayo de 2018, mediante el cual la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado avocó conocimiento para el trámite de unificación de jurisprudencia; y del 18 de mayo de 2020, que rechazó la solicitud de nulidad contra la sentencia del 29 de enero de 2020. Los trámites se surtieron en el proceso de reparación directa con radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01, promovido por el señor Juan José Coba Oros y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de agosto de 2020, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad. No. 11001-03-15-000-2020-01772-01.
En el siguiente enlace se puede consultar el trámite dado a la revisión eventual: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-01&date4=2021-07-26&radi=Radicados&palabra=coba+oros&radi=radicados&todos=%25
Elsa Yaneth Vargas Ríos, Juan José Coba Oros, María Rosalba León de Coba, Hilania Coba Cruz, Anyi Shirley Coba Tarache, Clodomiro Tarache Cruz, Octavio Coba León, Omaira Coba León, María Ludy Hernández Coba, Dumar Yesid Coba León, Yolima Coba León, Yurleidy Patricia Coba León, José Edier Sigua Coba, Adiela Coba León, Onaldo Coba Oros, Omar Coba Oros, María Ana Julia Coba Oros, Margot Coba García, Leidy Fernanda Coba Coba y Oliverio Hernández de Dios. Demandando: Sección Tercera del Consejo de Estado y Tribunal Administrativo de Casanare. Demandantes: Juan José Coba, María Rosalba León de Coba, Hilania Coba Cruz, Anyi Shirley Coba Tarache, Clodomiro Tarache Cruz, Octavio Coba León, Omaira Coba León, Maria Ludy Hernández Coba, Dumar Yesid Coba León, Yolima Coba León, Yurleidy Patricia Coba León, José Edier Sigua Coba, Adiela Coba León, Onaldo Coba Oros, Omar Coba Oros, María Ana Julia Coba Oros, Margot Coba García, Leidy Fernanda Coba Coba, Oliverio Hernández de Dios. Corte Constitucional, sentencia T-219 de 2018. Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate. Corte Constitucional, sentencia T-460 de 2016. Corte Constitucional, sentencia C-447 de 1997.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia ejecutoriada de Tutela del 20 de junio de 2011, MP Alfonso Vargas Pinzón, radicación 11001-03-15-000-2011-00655-00 (AC), actor: José Alonso Ceballos García y otros, demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de tutela segunda instancia del 12 de febrero de 2015, MP Alberto Yepes Barreiro, radicación 11001031500020140074701, accionante: Jairo Moncaleano Perdomo, accionado: Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Risaralda.
Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo de tutela de segunda instancia del 12 de marzo de 2015, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-15-000-2014-01352-01, acores: Nubia Tarache y otros, demandados: Tribunal Administrativo de Casanare.
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Alberto Yepes Barreiro (E), sentencia de tutela de segunda instancia del 7 de septiembre de 2015, radicación 11001-03-15-000-2015-01676-00 (AC), demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, auto del 11 de agosto 11 de 2011, radicación 85001233100020100017701, actor: Olga Falla Londoño y otros, MP Gladys Agudelo Ordóñez. Se revocó en sede de apelación el auto del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la caducidad del medio de control de reparación directa y, en su lugar, ordenó admitir la demanda.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 5 de abril de 2013, MP Stella Conto Díaz Del Castillo, radicación 19001-23-31-000-1999-00217-01(24984).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, auto del 17 de septiembre de 2013, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092), actor: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros. Dicha providencia fue adoptada como precedente en la sentencia Órdenes Guerra vs. Chile del 29 de noviembre de 2018 y en la sentencia T- 352 de 2016.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 7 de septiembre de 2015, radicación 85001-23-33-000-2013-00035-01(51388).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 7 de septiembre de 2015, radicación 85001-23-31-000-2010-00178-01(47671).
Consejo de Estado, Sección Tercera, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), auto del 2 de mayo de 2016, actor: María Faelly Cutiva Leyva y otros, demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otros, radicación 18001-23-33-000-2014-00069-01 (53518).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, auto del 5 de septiembre de 2016, radicación 05001233300020160058701 (57265).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, auto del 24 de octubre de 2016, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 05001233300020160172201 (58051).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 10 de noviembre 2016, radicación 19001-23 31-000-2010-00115-01 (56282), MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, actora: Luz Adriana Infante Largo y otros.
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección “B”, auto del 30 de marzo de 2017, MP Ramiro Pazos Guerrero, radicación 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”; sentencia del 12 de octubre de 2017; MP Danilo Rojas Betancourth, radicación: 05001-23-31-000-2010-01922-01(49416), actora: María Denice Ramírez Castaño, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”; auto del 7 de diciembre de 2017, MP Jaime Enrique Rodríguez Navas, radicación 05001-23- 33-000-2017-01395-01(59601), actor: Juan José Puerta Larrea y otros.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto del 30 de agosto de 2018, MP Stella Conto Díaz del Castillo, radicación 25000-23-36-000-2017- 01976-01(61798); actor: Nelson Andrés Zúñiga Rodríguez y otros.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto del 12 de septiembre de 2019; MP Ramiro Pazos Guerrero, radicación 44001-23-31-000-2010-00238-01 (53833).
Corte Constitucional, sentencia T - 464 de 2011, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
En el fallo del Tribunal Administrativo del Casanare se hace referencia a la demandante de este asunto como “Elisa” y no “Elsa”, como en efecto es su nombre.
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