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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-03660-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
19 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-03660-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los señores Gloria Mercedes, Deyanira, Jairo, Arturo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval con el señor Roger Areiza Sandoval, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. En consecuencia: Segundo: Dejar sin efectos el numeral primero de la sentencia del 9 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso de reparación directa con radicación 41001-33-31-005-2011-00041-01. Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Huila que, en el término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que proceda a evaluar la legitimación en la causa por activa de los hermanos del fallecido, y los perjuicios morales reclamados por aquellos, de conformidad con lo expuesto en esta providencia; y en el evento de requerir una prueba de oficio para tomar la decisión que en derecho corresponda, se entenderá suspendido el término anterior, mientras que se recauda dicha evidencia. Cuarto: En caso de que no sea impugnada la presente decisión, debe remitirse el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-03660-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

19 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / SOLICITUD DE COADYUVANCIA / ACEPTACIÓN DE LA COADYUVANCIA / ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO

Los señores [A.], [M.], [G.M.], [J.A.] y [S.L.A.S.], actuando en nombre propio, manifestaron coadyuvar la acción de tutela y, además, ser tenidos como accionantes y beneficiarios de la petición principal propuesta, así como de la subsidiaria, por encontrarse en idéntica situación fáctica y de violación de los derechos fundamentales referida en el libelo. Ha señalado la doctrina «que la parte demandante y la parte demandada no solo estará constituía por quienes así figuran en la demanda, sino que también deben tener tal calidad los que intervienen posteriormente a la notificación de la demanda en calidad de litisconsortes, cualquiera que sea la índole del mismo, porque todas las formas de litisconsorcio necesariamente convergen a integrar una de las partes. En otros términos, cuando luego de formulada la demanda se ordena a la integración del litisconsorcio necesario, o interviene un litisconsorte facultativo o un cuasinecesario y es admitido, los litisconsortes no son terceros, sino personas que vienen a ubicarse en una de las dos partes dentro del proceso». Así las cosas, la Sala tendrá a los señores [A.], [M.], [G.M.], [J.A.] y [S.L.A.S.], como accionantes dentro de la presente acción de tutela, por ser la figura procedente en el caso, en atención a su interés en el trámite ordinario, esto es, por conformar la parte activa dentro del proceso de reparación directa y que resultaron afectados con la decisión del Tribunal de declarar su falta de legitimación en la causa por activa y, por contera, de no analizarse los perjuicios morales reclamados. A su turno, los señores [M.N.P.], en calidad de esposa del fallecido, y [R.A.], [J.D.], [L.D.], [J.F.] y [O.M.A.P.] y [M.P.A.M.], en calidad de hijos del causante, manifestaron coadyuvar las peticiones planteadas en la acción constitucional en atención a que los hermanos del causante también sufrieron en gran medida su pérdida y porque las pretensiones de tutela no se encaminaban a desconocer los valores reconocidos a su favor en el trámite del proceso de reparación directa. Así las cosas, la Sala tendrá como coadyuvantes en el proceso a los mencionados, en atención a que su intervención se dirige a favorecer los intereses de los hermanos del causante.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO FÁCTICO / INADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / AUSENCIA DE VALORACIÓN DEL REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO COMO PRUEBA DE PARENTESCO – Para la acreditación del vínculo como hermanos del causante / AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MORALES – A los hermanos del causante / CAUSACIÓN DEL PERJUICIO MORAL - Sufren dolor moral los padres, hijos, hermanos, abuelos, con la pérdida de un ser querido, razón por la cual es posible presumir su causación con la sola acreditación de la relación de parentesco / ACREDITACIÓN DEL PARENTESCO / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Pretenden los accionantes, por intermedio de apoderado judicial, la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como al principio de reparación integral, los cuales estiman vulnerados con las providencias del 9 de febrero y 13 de abril de 2021, proferidas por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso de reparación directa con radicación 41001-33-31-005-2011-00041-03. La parte actora deriva la vulneración de sus derechos fundamentales en la configuración de los defectos «fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial», en torno a la exigencia de aportar el registro de nacimiento de nacimiento de su hermano fallecido, para efectos de acreditar su parentesco, con el propósito de que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales a su favor. De igual forma, señalan que si de las referidas pruebas se evidenciaba duda, por parte del Tribunal, este contaba con la posibilidad de decretar, de oficio, la prueba orientada a obtener el registro civil de nacimiento del fallecido, en orden a aclarar la situación con respecto del efectivo parentesco con la víctima. Pues bien, de la providencia objeto de censura, se puede extraer que en el análisis de la legitimación en la causa por activa de los señores [G.M.], [D.], [R.], [J.], [A.], [A.], [M.], [J.A.] y [S.L.A.S.], quienes acudieron al proceso en calidad de hermanos del fallecido, señor [R.H.A.S.] (q.e.p.d.), el Tribunal fue enfático en señalar que «la prueba idónea para acreditar la relación de parentesco es el registro civil de nacimiento». Lo anterior, por cuanto de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado «cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y obligaciones (artículo 1 Decreto 1260 de 1970), es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970». (…) Es decir, advirtió que aunque al proceso se allegaron los registros civiles de nacimiento de los demandantes relacionados, los cuales prueban que todos ellos son hijos de [A.A.] y [L.S.], y que por tanto, entre sí, tienen la calidad de hermanos, lo cierto es que esa circunstancia no demostraba la calidad de hermanos del fallecido, toda vez que no se allegó el registro civil de nacimiento de este, única prueba idónea y eficaz para acreditar la relación filial y de parentesco entre los demandantes y la víctima. Dicho argumento es refutado por los aquí accionantes al señalar que dicho requerimiento, además de excesivo, desconoce que en el plenario existían pruebas, que acreditaban el efectivo parentesco. Alegan que el Tribunal omitió realizar una valoración conjunta de sus registros civiles de nacimiento con el registro civil de matrimonio del causante, que reposan en los folios 76 y 191 a 199 del cuaderno 1 del expediente de reparación directa, en los que se lee, claramente, que los padres del señor [R.H.A.S.] (q.e.p.d.), son aquellos que se relacionan en el registro civil de cada uno de sus hermanos, por lo que no puede existir duda de la legitimación para el reconocimiento y liquidación de perjuicios morales. Pues bien, al revisar el registro civil de matrimonio de la víctima, señor [R.H.A.S.](q.e.p.d.) con la señora [M.N.P.M.], obrante a folio 76 del cuaderno 1 del expediente de reparación directa, se advierte que, en efecto, se hace constar como padres del contrayente, los señores [A.A.] y [L.M.S.], evento que evidencia que, tal como lo advierten los accionantes, en el asunto, se omitió la valoración de la referida prueba, documento público que da cuenta del parentesco de los señores [A.A.] y [L.M.S.] con el fallecido.

El Tribunal sostuvo que en el caso no se acreditó el parentesco entre el causante y sus hermanos, sin dar valor probatorio al registro civil de matrimonio del fallecido, pese a que este evento era uno de los pedimentos de la apelación y que podía dar cuenta de la prueba que echó de menos, lo que, en todo caso, bien podía aclarar, si no era de su convencimiento, decretando una prueba de oficio, tal como lo refieren los accionantes. (…) Ahora bien, aunque es cierto que en el Tribunal, más adelante, analizó la procedencia del reconocimiento de perjuicios de los hermanos del causante, en calidad de víctimas indirectas, y evidenció que estos no se encontraban probados, pues ni los testimonios recibidos ni las declaraciones extrajuicio hacían referencia a alguno de ellos; lo cierto es que, tal como lo refieren los accionantes, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado «que la simple acreditación de la relación de parentesco existente permite presumir el dolor sufrido por los parientes». En efecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha entendido «que las reglas de la experiencia ponen de presente que normalmente sufren dolor moral los padres, hijos, hermanos, abuelos, con la pérdida de un ser querido, razón por la cual es posible presumir su causación con la sola acreditación de la relación de parentesco». De igual forma, ha sostenido en relación con el perjuicio moral, «que este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral». (…) En ese contexto, la Sala considera que si bien es cierto en el asunto no se allegó el registro civil de nacimiento del causante, para efectos de determinar su parentesco entre este y sus hermanos, tal evento se podía extraer de la valoración conjunta del registro civil de matrimonio del fallecido con los registros civiles de nacimiento de cada uno de los hermanos, lo cual da cuenta de que su padre y madre son los mismos, y, en todo caso, si ello no llevaba al juzgador al convencimiento del parentesco, estaba en la posibilidad de pedir una prueba de oficio para dar claridad al evento. Lo anterior, afectó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes, puesto que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, es posible presumir la causación de perjuicios morales por parte de los padres, hijos, hermanos y abuelos, con la pérdida de un ser querido, con la sola acreditación de la relación de parentesco. Así las cosas, en el caso se verifica la existencia de un defecto fáctico por indebida valoración probatoria que vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03660-00(AC)

Actor: DEYANIRA AREIZA SANDOVAL Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa. Acreditación de parentesco. Defecto fáctico.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por los señores Deyanira, Jairo y Arturo Areiza Sandoval contra el Tribunal Administrativo del Huila.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, los señores Deyanira, Jairo y Arturo Areiza Sandoval, por intermedio de apoderado, promovieron demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la reparación e indemnización integral.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se deje sin efectos la sentencia del 9 de febrero de 2021 y la providencia del 13 de abril de 2021, que negó la solicitud de complementación de la sentencia, proferidas por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso de reparación directa con radicación 41001-33-31-005-2011-00041-03; y en su lugar, que se ordene al Tribunal la valoración conjunta del registro civil de matrimonio de la víctima y los registros civiles de nacimiento de los señores Gloria Mercedes, Deyanira, Ricardo, Jairo, Arturo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval, y como consecuencia de lo anterior, que profiera una decisión que en derecho corresponda frente a la totalidad de hermanos demandantes, teniendo en cuenta que las relaciones paterno-materno filiales con el señor Roger Areiza (q.e.p.d.) quedaron probadas y que, por tanto, sí se encontraban legitimados para el reconocimiento del pago de los perjuicios reclamados.

Subsidiariamente, solicitaron que se ordene la corrección del numeral primero de la sentencia del 9 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso de reparación directa con radicación 41001-33-31-005-2011-00041-03, a efectos de que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, el Tribunal ejerza su facultad oficiosa para decretar la prueba tendiente a obtener el registro civil de nacimiento del señor Roger Hernando Areiza Sandoval (q.e.p.d), y, una vez obtenida la prueba, proceda a dictar un nuevo fallo reconociendo la calidad de hermanos de los señores Gloria Mercedes, Deyanira, Ricardo, Jairo, Arturo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval y, como consecuencia de ello, el reconocimiento y pago de los perjuicios morales solicitados.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de los accionantes narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 5 de febrero de 2007, el municipio de Pitalito vinculó al señor Roger Hernando Areiza Sandoval (q.e.p.d) a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social para ocupar el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 4.

ii) El 15 de octubre de 2008, la Secretaría de Gobierno ordenó al señor Roger Hernando Areiza (q.e.p.d.) coordinar con el cuerpo de bomberos la verificación de la destrucción de un material explosivo (pólvora), que había sido incautado días antes por la Policía Nacional.

iii) El 21 de noviembre de 2008, se llevó a cabo el procedimiento para la destrucción de la pólvora incautada y, durante el desarrollo de la actividad, el material explosivo estalló, causando quemaduras graves al señor Roger Hernando Areiza (q.e.p.d.). El evento fue reportado a la ARL y esta lo calificó como accidente de trabajo.

iv) El 23 de noviembre de 2008, falleció el señor Roger Hernando Areiza, como consecuencia de las graves lesiones ocasionadas por la falta de capacitación y de elementos de protección personal para el desarrollo de su labor como funcionario del municipio de Pitalito.

v) La familia del señor Roger Hernando Areiza (q.e.p.d.) está conformada por su esposa María Nelcy Paramo Muñoz, sus hijos Roger Antonio, Juan David, Laura Daniela, Julián Felipe y Oscar Mauricio Areiza Paramo, María Paula Areiza Muñoz, y sus hermanos Gloria Mercedes, Deyanira, Ricardo, Jairo, Arturo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval, con quienes mantenía una relación de amor, paz y tranquilidad.

vi) Consecuencia de la muerte del señor Roger Hernando Areiza (q.e.p.d.), sus familiares presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, el municipio de Pitalito (Huila) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del referido municipio.

vii) Mediante sentencia del 23 de junio de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva declaró responsable al municipio de Pitalito, por los perjuicios morales y materiales causados a los señores María Nelcy Páramo, en calidad de esposa, y de Roger Antonio, Juan David, Laura Daniela, Julián Felipe y Oscar Mauricio Areiza Paramo, y María Paula Areiza Muñoz, en calidad de hijos, por la muerte del señor Roger Hernando Areiza (q.e.p.d.) y negó las demás pretensiones de la demanda; además, refirió que los señores Gloria Mercedes, Deyanira, Ricardo, Jairo, Arturo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval, hermanos de la víctima, no se encontraban legitimados dentro del proceso al no haber probado su parentesco con el fallecido. Advirtió que la única prueba idónea para comprobar el parentesco era el registro civil de nacimiento del causante.

viii) Los demandantes presentaron recurso de apelación argumentando que el vínculo de consanguinidad y relación paterno filial entre la víctima y sus hermanos se encontraba demostrado con sus registros civiles de nacimiento y el registro civil de matrimonio del causante, pruebas que reposaban en el expediente.

ix) A través de sentencia del 9 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del Huila adicionó el fallo de primera instancia, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los señores Gloria Mercedes, Deyanira, Ricardo, Jairo, Arturo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval y, a su vez, modificó el monto de la condena por perjuicios morales y materiales decretada a favor de la esposa e hijos de la víctima. Para estos efectos, se reiteraron los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia.

x) El 23 de febrero de 2021, los demandantes radicaron solicitud de complementación del fallo de segunda instancia, con el fin de que el juzgador se pronunciara respecto de la valoración probatoria del registro civil de matrimonio del causante y de los registros civiles de nacimiento de cada uno de los hermanos, pues pese a que fue un reparo expuesto tanto en el recurso de apelación y alegatos de conclusión, de ello no se efectuó ningún razonamiento.

xi) El 13 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo del Huila negó la solicitud de complementación, por resultar improcedente, al estar encaminada a controvertir la decisión adoptada por la Sala de decisión.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del apoderado de los accionantes, el fallo del Tribunal incurrió en los defectos «fáctico, procedimental y desconocimiento de precedente», en atención a las siguientes circunstancias:

i) Defecto fáctico

a) El Tribunal declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los hermanos de la víctima, al no tomar en cuenta u omitir la valoración de sus registros civiles de nacimiento y del registro civil de matrimonio del causante, que reposan a folios 76 y 191 a 199 del cuaderno 1 del expediente de reparación directa, y con los cuales se acreditó su parentesco con la víctima.

b) Los registros civiles de nacimiento de los hermanos de la víctima junto con el registro civil de matrimonio del causante permiten concluir la relación de parentesco entre estos, pues en dichos documentos se lee, claramente, que los padres del señor Roger Hernando Areiza Sandavoal (q.e.p.d.), son los mismos que se expresan en el registro civil de cada uno de sus hermanos, por lo que no puede existir duda de la legitimación para el reconocimiento y liquidación de perjuicios morales.

c) No resulta proporcional ni coherente que a pesar de que en el fallo se reconoce que los hermanos del causante sufrieron afectación emocional, psicológica y económica con su muerte, se desconozca el reconocimiento de los perjuicios morales causados, por el hecho de no aportarse un documento con el que se pide probar lo que con las demás pruebas aportadas al plenario quedó acreditado.

ii) Defecto procedimental

a) Se configuró la existencia de un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, pues el Tribunal negó la existencia de las pruebas obrantes a folios 76 y 191 a 199 del cuaderno 1 del expediente, y exigió a los accionantes probar un hecho que se encontraba plenamente demostrado en el plenario.

b) El juzgador omitió hacer uso de su facultad oficiosa para requerir la prueba que, en su sentir, era absolutamente necesaria para acreditar el parentesco entre los hermanos del causante, a fin de confirmar lo que se encontraba en las documentales allegadas al plenario, esto es, las relaciones paterno-materno filiales entre la víctima directa del accidente y sus hermanos.

c) Es desmesurado el requerimiento del registro civil de nacimiento del causante, toda vez que de un análisis detallado y conjunto del registro civil de matrimonio de la víctima y de los registros civiles de nacimiento de los hermanos, resulta claro el nivel de parentesco entre la víctima y los accionantes. La Sala de decisión hizo caso omiso de las pruebas aportadas y las cuales se constituyen como pertinentes y suficientes para demostrar la existencia del parentesco.

iii) Desconocimiento de precedente

a) En sentencia del 24 de abril de 2013, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en el expediente 25000-23-26-000-1999-0231-01 (27844), señaló que la corporación ha venido reconociendo que la simple acreditación de la relación de parentesco existente permite presumir el dolor sufrido por los parientes.

b) El Tribunal no puede pretender modificar la posición de la alta corporación, en plena vulneración de los derechos fundamentales de las partes en litigio, pues pese a que el Tribunal reconoció la causación de perjuicios morales a favor de los hermanos de los demandantes, adujo que no resultaba procedente su pago, ante su falta de legitimación, por no haberse acreditado su condición de hermanos.

c) El fallo judicial enjuiciado resulta desacertado, conforme a lo planteado por el Consejo de Estado, comoquiera que los registros civiles de los hermanos de la víctima y que fueron debidamente aportados al plenario, permiten acreditar su parentesco y, por ende, que son acreedores de los perjuicios morales solicitados.

1.2. Actuación Procesal

Mediante auto del 1 de julio de 2021, se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila, como demandados, y a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al municipio de Pitalito (Huila) y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito, como terceros interesados en las resultas del proceso; y se comisionó al Tribunal Administrativo del Huila para que notificara del trámite constitucional, como terceros interesados en las resultas del proceso, a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de reparación directa con radicado 41001-33-31-005-2011-00041-03, exceptuando a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y al municipio de Pitalito (Huila).

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Huila para que enviara, en calidad de préstamo, el expediente de reparación directa con radicado 41001-33-31-005-2011-00041-03, en el que actuaron, en calidad de demandantes, la señora María Nelcy Páramo Muñoz y otros y, como demandados, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, el municipio de Pitalito (Huila) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa ciudad; se reconoció personería jurídica para actuar dentro del proceso al abogado John Albert Gómez Pineda, según poder otorgado por los accionantes, contenido en el expediente digitalizado; y se ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación del proveído, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.

El auto admisorio de la demanda se notificó a los accionantes, a los accionados y a los terceros interesados, el 9 de julio de 2021, a través de correo electrónico enviado por la Secretaría General del Consejo de Estado.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo del Huila

El 12 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo del Huila, por intermedio del magistrado Enrique Dussán Cabrera, remitió escrito de contestación de la acción de tutela, en el que solicitó declararla improcedente o, en subsidio, denegar el amparo solicitado, en atención a los siguientes argumentos:

i) La parte actora puede acudir al recurso extraordinario de revisión para solicitar que se anule la sentencia enjuiciada y se dicte una nueva, porque lo alegado es la presunta violación de derechos fundamentales y legales que, precisamente, de existir, harían viable por vía del citado recurso tal anulación.

ii) De considerarse procedente la acción, debe indicarse que la corporación no ha vulnerado derechos fundamentales ni legales del solicitante, puesto que la decisión se profirió de acuerdo con la Constitución Política y la ley, y conforme con el análisis y valoración probatoria que allí se contiene.

iii) Además, en memorial anexo, el Tribunal manifestó que no fue posible atender el requerimiento de notificación de la tutela de todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de reparación directa con radicado 41001-33-31-005-2011-00041-03, por cuanto el 4 de mayo de 2021 fue remitido el expediente al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva.

1.3.2. El municipio de Pitalito (Huila)

El 14 de julio de 2021, el municipio de Pitalito, por intermedio de apoderada, radicó memorial de contestación de la acción de tutela, en el que solicitó declararla improcedente o, en su defecto, negar las pretensiones de la demanda. Para estos efectos, argumentó lo siguiente:

i) El municipio carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la acción de tutela se orienta a controvertir los fallos judiciales proferidos por los jueces de lo contencioso administrativo, actuación decisoria que corresponde por completo a la órbita de competencia de la Rama Judicial.

ii) La acción de tutela trata de la simple replicación de los argumentos que ya fueron debatidos en la jurisdicción competente, en la que el Tribunal negó la legitimidad material de los tutelantes luego de una valoración acertada de la prueba.

iii) Los demandantes no probaron el perjuicio moral que alegaron padecer, pues ni en los testimonios recibidos, ni de las declaraciones extrajuicio arrimadas al proceso se hizo referencia a alguno de ellos. Es tan así, que el Tribunal refirió que, incluso, recibido el testimonio de la señora Silvia Andrea Forero Artunduaga, esta adujo no saber los nombres de los hermanos, ni expresar de manera concreta a quienes determinaba como familiares del causante.

iv) No existe el defecto fáctico que se alega, pues el Tribunal sí valoró las pruebas aportadas que pretendían legitimar a los hoy tutelantes, y se pronunció en lo atinente al derecho reclamado por los actores; además, la mención jurisprudencial que trae a colación el apoderado de los accionantes solo muestra los criterios para estimar la existencia de perjuicios morales y no para determinar la legitimación.

v) Aunque al expediente se aportaron los registros civiles de nacimiento de cada uno de los hoy reclamantes, no se probó de forma determinante que ellos fueran hermanos del causante, pues no existe inferencia lógica que le permita al fallador concluir tal situación. La carga de la prueba en el dicho de los hechos y en la acreditación de la legitimidad le correspondía completamente a los demandantes, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP); por tanto, lo que pretende el apoderado es que el juzgador supla su falta de diligencia en el desarrollo del poder que se le confirió, cuando el juez de conocimiento no puede suplir de ninguna forma la falta de probanza en que recae un sujeto procesal.

vi) El municipio ha sido diligente al requerir a los accionantes la documentación necesaria para realizar el pago ordenado, pues dado que cuenta con disponibilidad presupuestal y así se acredita, ha requerido en dos oportunidades al apoderado de los accionantes para proceder al pago ordenado en sentencia.

1.3.3. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

El 14 de julio de 2021, la Policía Nacional, por intermedio del jefe del Área Jurídica, contestó a la acción de tutela, solicitando denegar las súplicas de los accionantes ante la improcedencia de la acción, dado lo siguiente:

i) La acción de tutela es improcedente, pues los demandantes contaron con la oportunidad procesal para controvertir la determinación que les resultó adversa a sus intereses, la cual les fue resuelta de manera desfavorable por la instancia pertinente, y, además, no existe un perjuicio irremediable ocasionado a los accionantes.

ii) En el caso, se está en presencia de una acción constitucional donde se tiene como único fin volver a reabrir el debate probatorio debidamente precluido, por estar en desacuerdo con la interpretación del despacho judicial en lo referente a la denegatoria del resarcimiento moral, circunstancia que, por sí sola, no dilucida una manifestación probatoria protuberante que propicie el amparo.

iii) El Tribunal no incurrió en un error de hecho, pues efectuó una valoración conjunta de las pruebas allegadas al plenario, y explicó e individualizó las razones jurídicas por las cuales declaró la falta de legitimación por activa. El registro civil de nacimiento del señor Roger Hernando Areiza es el único documento dotado de idoneidad para probar el parentesco con sus hermanos, demandantes en el medio de control.

iv) Los accionantes procuran que se le dé un carácter de presunción al daño moral por la sola condición de ser hermanos, inferencia totalmente errada, pues era su deber acreditar por medio de pruebas claras y expeditas el origen del daño ocasionado por el fallecimiento de su hermano, según lo establece el artículo 167 del CGP y, en el caso, no se estableció el nexo de causalidad que lograra atribuir responsabilidad que permita indemnizar el perjuicio ocasionado.

v) La Policía Nacional carece de legitimación en la causa por pasiva, pues aunque en el libelo se adujo que el 21 de noviembre de 2008, la institución incautó un material explosivo denominado pólvora, y que en esa fecha se llevó a cabo el procedimiento para su destrucción, la institución no tiene responsabilidad en el lamentable deceso del señor Roger Hernando Areiza Sandoval.

1.3.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

El 14 de julio de 2021, el Juzgado remitió en archivo digitalizado el expediente reparación directa con radicado 41001-33-31-005-2011-00041-00, instaurado por María Nelcy Páramo Muñoz y otros contra el municipio de Pitalito.

1.4. Otras actuaciones

1.4.1. El 19 de julio de 2021, el apoderado de la parte actora presentó réplica del Oficio DM-015 del 12 de julio de 2021, radicado por el Tribunal Administrativo del Huila, en los siguientes términos:

i) El recurso extraordinario de revisión no resulta procedente al caso, pues ninguna de las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA encuadra dentro del fundamento fáctico, jurídico y probatorio efectuado en la tutela; además, esta acción constitucional no está encaminada a que se anule la sentencia y que se dicte una nueva, sino a que se ordene el estudio conjunto de las pruebas documentales, tal como se hizo para el reconocimiento de los perjuicios a la esposa e hijos del causante.

ii) La falta de legitimación en la causa por activa decretada por el juzgador se fundamentó en el hecho de que no se aportó al plenario el registro civil de nacimiento del causante, por considerar tal documental como única y exclusiva para tomar una decisión frente al parentesco entre la víctima y sus hermanos, cuando lo cierto es que las relaciones paterno-filiales se probaron conforme lo establece el Decreto 1260 de 1970.

iii) El Tribunal omitió valorar de manera íntegra las pruebas que reposaban en el expediente, entre ellas, el registro civil de matrimonio del causante y los registros civiles de nacimiento de sus hermanos, las que, de haberlas examinado de manera juiciosa y en conjunto, habrían llevado a concluir la afinidad en sus relaciones paterno-filiales y/o parentesco que se reprocha.

1.4.2. Mediante auto del 23 de julio de 2021, se ordenó notificar del auto del 1 de julio de 2021, admisorio de la demanda, a todas las personas que integraron la parte demandante en el medio de control de reparación directa con radicado 41001-33-31-005-2011-00041-03. El proveído se notificó por la Secretaría General del Consejo de Estado el 27 de julio de 2021.

1.4.3. El 28 de julio de 2021, el apoderado de los accionantes Deyanira, Jairo y Arturo Areiza Sandoval, remitió a la Secretaría General del Consejo de Estado las direcciones de notificación de los demás demandantes del medio de control de reparación directa, a saber, los señores María Nelcy Páramo Muñoz, Roger Antonio, Juan David, Laura Daniela, Julián Felipe y Oscar Mauricio Areiza Páramo; María Paula Areiza Muñoz; Gloria Mercedes, Ricardo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval.

1.4.4. El 5 de agosto de 2021, la Secretaría General del Consejo de Estado remitió a las direcciones electrónicas de los demás demandantes del medio de control de reparación directa, aportadas por el apoderado de los accionantes, copia del auto admisorio de la demanda, proferido el 1 de julio de 2021 y del auto del 23 de julio de 2021, que ordenó notificar del trámite de tutela a todos los demandantes del proceso de reparación directa.

1.4.5. El 6 de agosto de 2021, los señores Amparo, Marylú, Gloria Mercedes, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval, actuando en nombre propio, manifestaron coadyuvar la acción de tutela y solicitaron ser tenidos como accionantes y beneficiarios de la petición principal propuesta, así como de la subsidiaria, por encontrarse en idéntica situación fáctica y, por contera, de una violación flagrante de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, y a la reparación e indemnización integral.

1.4.6. El 9 de agosto de 2021, los señores María Nelcy Páramo, en calidad de esposa del fallecido, y Roger Antonio, Juan David, Laura Daniela, Julián Felipe y Oscar Mauricio Areiza Páramo y María Paula Areiza Muñoz, en calidad de hijos del fallecido, también manifestaron coadyuvar las peticiones planteadas en la acción constitucional, en atención a que los hermanos del fallecido también sufrieron en gran medida su pérdida, por lo que resultaba procedente el amparo solicitado por estos y por tanto, su reconocimiento en calidad de accionantes. De igual forma, agregaron que se encontraban conformes con lo pedido en la tutela, en atención a que esta no se encamina a desconocer los valores reconocidos a su favor en el trámite del proceso de reparación directa.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Los señores Amparo, Marylú, Gloria Mercedes, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval, actuando en nombre propio, manifestaron coadyuvar la acción de tutela y, además, ser tenidos como accionantes y beneficiarios de la petición principal propuesta, así como de la subsidiaria, por encontrarse en idéntica situación fáctica y de violación de los derechos fundamentales referida en el libelo.

Ha señalado la doctrina «que la parte demandante y la parte demandada no solo estará constituía por quienes así figuran en la demanda, sino que también deben tener tal calidad los que intervienen posteriormente a la notificación de la demanda en calidad de litisconsortes, cualquiera que sea la índole del mismo, porque todas las formas de litisconsorcio necesariamente convergen a integrar una de las partes. En otros términos, cuando luego de formulada la demanda se ordena a la integración del litisconsorcio necesario, o interviene un litisconsorte facultativo o un cuasinecesario y es admitido, los litisconsortes no son terceros, sino personas que vienen a ubicarse en una de las dos partes dentro del proceso».

Así las cosas, la Sala tendrá a los señores Amparo, Marylú, Gloria Mercedes, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval, como accionantes dentro de la presente acción de tutela, por ser la figura procedente en el caso, en atención a su interés en el trámite ordinario, esto es, por conformar la parte activa dentro del proceso de reparación directa y que resultaron afectados con la decisión del Tribunal de declarar su falta de legitimación en la causa por activa y, por contera, de no analizarse los perjuicios morales reclamados.

2.2.2. A su turno, los señores María Nelcy Páramo, en calidad de esposa del fallecido, y Roger Antonio, Juan David, Laura Daniela, Julián Felipe y Oscar Mauricio Areiza Páramo y María Paula Areiza Muñoz, en calidad de hijos del causante, manifestaron coadyuvar las peticiones planteadas en la acción constitucional en atención a que los hermanos del causante también sufrieron en gran medida su pérdida y porque las pretensiones de tutela no se encaminaban a desconocer los valores reconocidos a su favor en el trámite del proceso de reparación directa. Así las cosas, la Sala tendrá como coadyuvantes en el proceso a los mencionados, en atención a que su intervención se dirige a favorecer los intereses de los hermanos del causante.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 9 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso de reparación directa con radicación 41001-33-31-005-2011-00041-03.

En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora, al no realizar un estudio conjunto del material probatorio, aplicar un exceso de ritual manifiesto y no tener en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado en torno a la determinación de perjuicios morales.

2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo, una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; (v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.5. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, previstos en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, pues según aduce el apoderado de los accionantes, el asunto fue resuelto sin un adecuado análisis probatorio y con desconocimiento de la jurisprudencia en materia de determinación de perjuicios morales, eventos que, de encontrarse acreditados, conducirían a considerar lesivos los intereses de la parte actora.

Es de advertir que aunque el apoderado de los accionantes también controvierte la existencia de un defecto procedimental, lo cierto es que los alegatos que lo sustentan no involucran una controversia con respecto a la ley procesal, sino del análisis probatorio realizado en el asunto, por lo que la Sala valorará los argumentos incorporados en este acápite como complemento a lo referido con respecto del defecto fáctico.

ii) Se «cumple con el requisito de subsidiariedad», dado que la decisión cuestionada hace referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión planteada dentro de un proceso de reparación directa y, de los hechos narrados, no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.

Si bien es cierto el Tribunal manifiesta que en el asunto procede el recurso extraordinario de revisión, porque se alega la presunta violación de derechos fundamentales y legales, lo cierto es que los alegatos presentados por el apoderado de los accionantes se subsumen adecuadamente en las causales de defecto fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial, que son procedentes analizar en esta instancia constitucional.

iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», pues la sentencia objeto de censura data del 9 de febrero de 2021, y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 11 de junio de 2020, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta Corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

iv) En el sub lite «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis probatorio y jurisprudencial.

v) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y adecuó sus alegatos a la configuración de los defectos fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial.

vi) El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión que se cuestiona fue proferida dentro del trámite de un proceso de reparación directa.

2.6. Análisis de procedencia del amparo invocado

La Sala abordará el estudio de la procedencia del amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante, en el siguiente orden: i) criterios para definir la existencia de los defectos «fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial», ii) hechos probados y iii) análisis del caso concreto.

2.6.1. Criterios señalados por la Corte Constitucional para determinar la existencia de los defectos «fáctico y desconocimiento de precedente»

2.6.1.1. Defecto fáctico

La Corte Constitucional señaló, de manera primigenia, tres casos que daban origen a este defecto; sin embargo, a modo de desarrollo jurisprudencial ha planteado la existencia de dos dimensiones que le dan origen y que, a su vez, se traducen en otras modalidades de configuración, agrupadas en la Sentencia T-923 de 2013, de la siguiente forma:

Dimensión negativa: que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio debidamente allegado al plenario y se presenta cuando el funcionario judicial: i) niega la práctica del medio probatorio solicitado, ii) no ordena el que debía recaudar de oficio u iii) omite la valoración de elementos de juicio determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de ella emerge.

Dimensión positiva: que se produce por desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la apreciación de los medios de prueba que conducen a valorarlos de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y se da cuando el funcionario judicial: i) fundamenta su determinación en elementos de juicio que no le es permitido considerar porque fueron indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes al caso concreto o se trata de pruebas nulas de pleno derecho, y/o ii) apoya la decisión judicial en material probatorio que no permite llegar a la certeza sobre el supuesto fáctico del cual parte la conclusión del fallador.

2.6.1.2. Desconocimiento de precedente jurisprudencial

La Corte Constitucional ha sostenido que este defecto se configura cuando se desconoce aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio, en materia de patrones fácticos y problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

De igual forma, ha señalado que los jueces deben acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas constituyan precedentes, y/o sus propias decisiones en casos idénticos; y que esta regla solo admite excepción cuando el asunto presenta situaciones no analizadas en otros fallos judiciales.

También ha dicho que, para que el juez, singular o colegiado, pueda apartarse de los precedentes judiciales, debe: i) «hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia)»; y ii) «ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».

2.6.2. Hechos probados

De conformidad con el expediente de reparación directa con radicación 41001-33-31-005-2011-00041-03, la Sala puede establecer lo siguiente:

i) El 16 de diciembre de 2010, los señores María Nelcy Páramo Muñoz, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Roger Antonio, Juan David, Laura Daniela, Julián Felipe y Oscar Mauricio Areiza Páramo; Sandra Patricia Muñoz Cabrera, actuando en nombre propio y en representación de la menor María Paula Areiza Muñoz; Gloria Mercedes, Deyanira, Ricardo, Jairo, Arturo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval, promovieron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, el municipio de Pitalito (Huila) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito, con el fin de obtener la reparación de perjuicios por la muerte del señor Roger Hernando Areiza Sandoval (q.e.p.d.).

ii) Mediante sentencia del 23 de junio de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva a) declaró no probadas las excepciones de culpa exclusiva de la víctima y rompimiento del nexo causal, propuestas por el municipio de Pitalito y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito; b) declaró patrimonial, extracontractual y administrativamente responsable al municipio de Pitalito por los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados a los demandantes, con ocasión de la muerte del señor Roger Hernando Areiza Sandoval, a causa de los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2008, en las oficinas del municipio de Pitalito, lugar conocido como la Balestera, cuando desarrollaba una labor, dada su calidad de empleado del ente territorial accionado; c) declaró probada la excepción de concurrencia de culpas, propuesta por el municipio de Pitalito; y d) condenó al municipio de Pitalito al pago de perjuicios morales y materiales a favor de María Nelcy Páramo Muñoz, Roger Antonio, Juan David, Laura Daniela, Julián Felipe y Oscar Mauricio Areiza Paramo y María Paula Areiza Muñoz.

iii) A través de sentencia del 9 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del Huila a) adicionó la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los señores Gloria Mercedes, Deyanira, Ricardo, Jairo, Arturo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval, en calidad de hermanos de la víctima directa, señor Roger Hernando Areiza Sandoval; b) modificó los numerales cuarto y quinto de la sentencia, en el sentido de incrementar el monto reconocido por perjuicios morales y materiales, a favor de María Nelcy Páramo Muñoz, Roger Antonio, Juan David, Laura Daniela, Julián Felipe y Oscar Mauricio Areiza Paramo y María Paula Areiza Muñoz; y c) confirmó la sentencia en lo demás. La decisión se notificó por correo electrónico el 19 de febrero de 2021.

iv) Por medio de providencia del 13 de abril 2021, el Tribunal Administrativo del Huila negó la solicitud de adición o complementación de la sentencia presentada por el apoderado de la parte actora. Señaló que la Sala de decisión ya se había pronunciado sobre el parentesco de los demandantes Gloria Mercedes, Deyanira, Ricardo, Jairo, Arturo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval con el señor Roger Areiza Sandoval, por lo que no era necesario analizar su registro civil de matrimonio, pues al no aportarse el registro civil de nacimiento del fallecido, no quedó probado quiénes eran sus padres. Advirtió que lo pretendido por los demandantes, con la solicitud de adición y/o complementación, era que se valorara el registro civil de matrimonio del fallecido, pero que ello excedía la competencia o lo permitido en el artículo 287 del CGP.

2.6.3. El caso concreto. Análisis de la Sala

Pretenden los accionantes, por intermedio de apoderado judicial, la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como al principio de reparación integral, los cuales estiman vulnerados con las providencias del 9 de febrero y 13 de abril de 2021, proferidas por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso de reparación directa con radicación 41001-33-31-005-2011-00041-03.

La parte actora deriva la vulneración de sus derechos fundamentales en la configuración de los defectos «fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial», en torno a la exigencia de aportar el registro de nacimiento de nacimiento de su hermano fallecido, para efectos de acreditar su parentesco, con el propósito de que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales a su favor.

De igual forma, señalan que si de las referidas pruebas se evidenciaba duda, por parte del Tribunal, este contaba con la posibilidad de decretar, de oficio, la prueba orientada a obtener el registro civil de nacimiento del fallecido, en orden a aclarar la situación con respecto del efectivo parentesco con la víctima.

Pues bien, de la providencia objeto de censura, se puede extraer que en el análisis de la legitimación en la causa por activa de los señores Gloria Mercedes, Deyanira, Ricardo, Jairo, Arturo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval, quienes acudieron al proceso en calidad de hermanos del fallecido, señor Roger Hernando Areiza Sandoval (q.e.p.d.), el Tribunal fue enfático en señalar que «la prueba idónea para acreditar la relación de parentesco es el registro civil de nacimiento».

Lo anterior, por cuanto de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado «cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y obligaciones (artículo 1 Decreto 1260 de 1970), es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970».

Así las cosas, al analizar los registros civiles de nacimiento de los demandantes, la Sala de decisión refirió lo siguiente:

145. Efectivamente, al proceso se allegaron los registros civiles de nacimiento de los demandantes relacionados (fs. 191 a 199 c. ppal 1), los cuales prueban que todos ellos son hijos de la misma madre, Luzmila Sandoval, y el mismo padre, Antonio Areiza, y por tanto, entre sí, tienen la calidad de hermanos; no obstante, al no allegarse el registro civil de nacimiento del fallecido Roger Hernando Areiza Sandoval, no puede probarse la calidad de hermanos de él, siendo la única prueba idónea y eficaz para probar la relación filial y de parentesco con la víctima.

Es decir, advirtió que aunque al proceso se allegaron los registros civiles de nacimiento de los demandantes relacionados, los cuales prueban que todos ellos son hijos de Antonio Areiza y Luzmila Sandoval, y que por tanto, entre sí, tienen la calidad de hermanos, lo cierto es que esa circunstancia no demostraba la calidad de hermanos del fallecido Roger Hernando Areiza Sandoval, toda vez que no se allegó el registro civil de nacimiento de este, única prueba idónea y eficaz para acreditar la relación filial y de parentesco entre los demandantes y la víctima.

Dicho argumento es refutado por los aquí accionantes al señalar que dicho requerimiento, además de excesivo, desconoce que en el plenario existían pruebas, que acreditaban el efectivo parentesco. Alegan que el Tribunal omitió realizar una valoración conjunta de sus registros civiles de nacimiento con el registro civil de matrimonio del causante, que reposan en los folios 76 y 191 a 199 del cuaderno 1 del expediente de reparación directa, en los que se lee, claramente, que los padres del señor Roger Hernando Areiza Sandoval (q.e.p.d.), son aquellos que se relacionan en el registro civil de cada uno de sus hermanos, por lo que no puede existir duda de la legitimación para el reconocimiento y liquidación de perjuicios morales.

Pues bien, al revisar el registro civil de matrimonio de la víctima, señor Roger Hernando Areiza Sandoval (q.e.p.d.) con la señora María Nelcy Páramo Muñoz, obrante a folio 76 del cuaderno 1 del expediente de reparación directa, se advierte que, en efecto, se hace constar como padres del contrayente, los señores Antonio Areiza y Luz Mila Sandoval, evento que evidencia que, tal como lo advierten los accionantes, en el asunto, se omitió la valoración de la referida prueba, documento público que da cuenta del parentesco de los señores Antonio Areiza y Luz Mila Sandoval con el fallecido.

El Tribunal sostuvo que en el caso no se acreditó el parentesco entre el causante y sus hermanos, sin dar valor probatorio al registro civil de matrimonio del fallecido, pese a que este evento era uno de los pedimentos de la apelación y que podía dar cuenta de la prueba que echó de menos, lo que, en todo caso, bien podía aclarar, si no era de su convencimiento, decretando una prueba de oficio, tal como lo refieren los accionantes.

Debe tenerse en cuenta que el funcionario judicial que resuelve la controversia tiene la obligación de fallar con el propósito de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial y, para ello, goza de amplias facultades para direccionar el proceso, entre ellas, el decreto de las pruebas de oficio, a efecto de esclarecer la verdad real de los hechos, en términos de lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 42 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Corte Constitucional ha señalado que «la omisión en el decreto de pruebas por parte de la autoridad judicial competente, impide la recepción y análisis de hechos que resultan indispensables para la correcta solución del caso debatido», y que dicha omisión ocurre por ejemplo: i) cuando la autoridad judicial no ejerce la facultad para decretar pruebas de oficio en los casos que faltan elementos para dirimir adecuadamente el conflicto, o ii) cuando se niega el decreto y práctica de pruebas pertinentes, conducentes o esenciales para resolver el fondo del asunto.

Lo anterior, también en plena aplicación de los principios establecidos en el artículo 103 del CPACA, a partir de los cuales le corresponde al juez de lo contencioso administrativo garantizar los valores que son de la esencia del Estado Social de Derecho, dentro de los que se cuentan la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la ley, y la preservación del orden jurídico.

Ahora bien, aunque es cierto que en el Tribunal, más adelante, analizó la procedencia del reconocimiento de perjuicios de los hermanos del causante, en calidad de víctimas indirectas, y evidenció que estos no se encontraban probados, pues ni los testimonios recibidos ni las declaraciones extrajuicio hacían referencia a alguno de ellos; lo cierto es que, tal como lo refieren los accionantes, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado «que la simple acreditación de la relación de parentesco existente permite presumir el dolor sufrido por los parientes».

En efecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha entendido «que las reglas de la experiencia ponen de presente que normalmente sufren dolor moral los padres, hijos, hermanos, abuelos, con la pérdida de un ser querido, razón por la cual es posible presumir su causación con la sola acreditación de la relación de parentesco».

De igual forma, ha sostenido en relación con el perjuicio moral, «que este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral».

Además, «que para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte, se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas».

En ese contexto, la Sala considera que si bien es cierto en el asunto no se allegó el registro civil de nacimiento del causante, para efectos de determinar su parentesco entre este y sus hermanos, tal evento se podía extraer de la valoración conjunta del registro civil de matrimonio del fallecido con los registros civiles de nacimiento de cada uno de los hermanos, lo cual da cuenta de que su padre y madre son los mismos, y, en todo caso, si ello no llevaba al juzgador al convencimiento del parentesco, estaba en la posibilidad de pedir una prueba de oficio para dar claridad al evento.

Lo anterior, afectó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes, puesto que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, es posible presumir la causación de perjuicios morales por parte de los padres, hijos, hermanos y abuelos, con la pérdida de un ser querido, con la sola acreditación de la relación de parentesco.

Así las cosas, en el caso se verifica la existencia de un defecto fáctico por indebida valoración probatoria que vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes y, en consecuencia, dejará sin efectos el numeral primero de la sentencia enjuiciada y ordenará al Tribunal accionado proferir una nueva decisión en la que proceda a evaluar la legitimación en la causa por activa de los hermanos del fallecido, y los perjuicios morales reclamados por estos, de acuerdo con lo señalado en esta instancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los señores Gloria Mercedes, Deyanira, Jairo, Arturo, Amparo, Marylú, Jesús Antonio y Sandra Liliana Areiza Sandoval con el señor Roger Areiza Sandoval, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. En consecuencia:

Segundo: Dejar sin efectos el numeral primero de la sentencia del 9 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso de reparación directa con radicación 41001-33-31-005-2011-00041-01.

Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Huila que, en el término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que proceda a evaluar la legitimación en la causa por activa de los hermanos del fallecido, y los perjuicios morales reclamados por aquellos, de conformidad con lo expuesto en esta providencia; y en el evento de requerir una prueba de oficio para tomar la decisión que en derecho corresponda, se entenderá suspendido el término anterior, mientras que se recauda dicha evidencia.

Cuarto: En caso de que no sea impugnada la presente decisión, debe remitirse el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

Hernán Fabio López Blanco. Procedimiento Civil. Úndecima ed. Bogotá: Dupre Editores, 2012, t.1, p.306.
Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
i) omisión en el decreto y práctica de las pruebas; ii) valoración errada de las mismas; y iii) valoración de las que resultan nulas de pleno de derecho.
Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006, entre otras.
Sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011.
Folios 1 a 29 y 170.
Folios 517 a 537.
Folios 55 a 94, del cuaderno 3.
Folio 96, cuaderno 3.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 2011, expediente 52001-23-31-000-1999-00518-01.
Sentencias SU-556 de 2015 y SU-537 de 2017.
Sentencia T-488 de 1999, reiterada en el fallo T-160 de 2013.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 23 de agosto de 2012, consejero ponente Hernán Andrade Rincón, expediente 18001-23-31-000-1999-00454-01(24392).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 18 de mayo de 2017, consejero ponente Jaime Enrique Rodríguez navas, expediente 25000-23-26-000-2004-01493-01 (36208).
Sentencia del 28 de agosto de 2014. Expediente 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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