Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05838-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05838-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05838-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
16 de octubre de 2025
Demandante: Néstor Pastrana Núñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05838-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Dieciséis [16] de octubre de dos mil veinticinco [2025]
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05838-00
Demandante NÉSTOR PASTRANA NÚÑEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA SEXTA DE
DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial - reparación directa por
muerte - caducidad - declara improcedente por falta de
relevancia constitucional - debate meramente legal
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 17 de septiembre de 2025, el señor Néstor Pastrana Núñez por intermedio de
abogado, presentó acción de tutela con el fin de que se le amparen sus derechos
fundamentales «al Debido Proceso, Libre Acceso a la Administración de Justicia, a
la Defensa, a la Igualdad, al Reconocimiento y Cumplimiento del Precedente
Jurisprudencial, Reparación Integral de las Víctimas y otros, consagrados en la
Constitución Nacional».
Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el Tribunal Administrativo
del Huila, Sala Sexta de Decisión, al proferir la providencia de 11 de febrero de
2025, que revocó la decisión de 14 de julio de 2023 del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, que había accedido a las
pretensiones del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 41001-33-33-004-2016-00196-01, para en su lugar declarar la caducidad.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
PRIMERO: Que se Tutele los Derechos al Debido Proceso, Libre Acceso a la
Administración de Justicia, a la Defensa, a la Igualdad, al Reconocimiento y
Cumplimiento del Precedente Jurisprudencial, Reparación Integral de las Víctimas y
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Demandante: Néstor Pastrana Núñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión
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el Derecho a no ser revictimizado por la Rama Judicial y otros, consagrados en la
Constitución Nacional, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA – SALA SEXTA DE DECISIÓN.
SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN
reemplazar la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 11 de febrero de 2025,
dentro del proceso de Reparación Directa, incoado por NESTOR PASTRANA
NUÑEZ Y OTRA contra LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA
– POLICIA NACIONAL Y OTROS, con radicado : 41 001 33 33 004 2016 00196 01,
en la que confirme la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DE NEIVA1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• El señor Reinaldo Pastrana Núñez fue elegido como concejal del municipio de
Tarqui – Huila, para el periodo 2001 – 2003. No obstante, debido a amenazas
contra su vida por parte del grupo insurgente denominado las FARC2, presentó
renuncia a su cargo, pero esta no fue aceptada3.
• El 15 de diciembre de 2002, el señor Reinaldo Pastrana Núñez fue asesinado
por dos sicarios, quienes le dispararon en varias oportunidades, lo que ocasionó
que en el año 2004, algunos familiares del occiso interpusieron demanda de
reparación directa4, la cual fue decidida en segunda instancia el 12 de septiembre
de 2014 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Sala Octava de
Decisión en el sentido de condenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, Ejército Nacional y «Ministerio del Interior y de Justicia» a pagar
perjuicios materiales y morales por la muerte del señor Pastrana Núñez.
• El 17 de junio de 2016, los señores Herminia Pastrana Núñez y Néstor Pastrana
Núñez, en calidad de hermanos de la víctima directa, radicaron el medio de control
de responsabilidad administrativa y extracontractual contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional y Ministerio del interior, por
los mismos hechos.
• En cuanto a la caducidad de la acción contenciosa advirtieron que el término
debía computarse desde el año 2015, ya que «hace más de treinta años se habían
alejado de su familia […] [y] sólo volvieron a tener contacto […] en los primeros
días del mes de diciembre del 2015, fecha en la que se enteraron del fallecimiento
de su padre […] y de su hermano Reinaldo […]».
1 Trascrito del texto original con posibles errores ortográficos.
2 El 20 de octubre del 2002 las FARC dejó en la vivienda del señor Reinaldo Pastrana Núñez,
presidente del Concejo de Tarqui - Huila, una comunicación informándole a él, y a los demás
concejales, que tenían plazo hasta el 25 de octubre del 2.002 para renunciar a sus curules.
3 «[E]l Gobierno Nacional, por intermedio de su presidente y ministro del Interior y de Justicia,
habían dado instrucciones para que no se les aceptaran las renuncias a los concejales
amenazados por la guerrilla».
4 Identificada con el radicado 41001-23-31-000-2004-00145-01.
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Demandante: Néstor Pastrana Núñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión
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• El 14 de julio de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Neiva declaró no probada la excepción de caducidad y condenó a las
demandadas a pagar 50 SMLMV a cada uno de los demandantes, por concepto
de perjuicio moral.
• Al respecto de la oportunidad de la demanda el juzgado señaló que, según la
declaraciones extra juicio y la prueba testimonial practicada, «emerge con claridad
meridiana que los demandantes no conocieron de la muerte de la víctima sino
hasta el año 2015, fecha en la que recuperaron contacto con sus familiares
ubicados en el Municipio de Tarqui con quienes perdieron total comunicación
hacía aproximadamente treinta (30) años atrás».
• Contra la anterior decisión las demandadas interpusieron recurso de apelación.
• El 11 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de
Decisión revocó la providencia del a quo, al exponer que se había configurado la
caducidad.
• Para llegar a esa conclusión advirtió que si bien en el asunto sometido a estudio
resultaba aplicable la regla contenida en la SU proferida al interior del expediente
61.033 de la Sección Tercera del Consejo de Estado5, los demandantes no
demostraron la imposibilidad de haber conocido el daño en la fecha de su
ocurrencia.
• Destacó que, aunque se probó el hecho relacionado con el alejamiento de los
actores con su grupo familiar por el lapso de 36 años, ello no era suficiente para
superar la exigencia de presentar en tiempo la demanda, ya que la excepción
jurisprudencial en estos casos se cumple con la demostración de una barrera real
y material que hubiese impedido a los demandantes acudir ante la administración
de justicia.
• Resaltó que, según las pruebas recaudadas, el abandono que hicieron los
demandantes a su núcleo familiar se dio de manera voluntaria, con el fin de buscar
mejores oportunidades, pero tal circunstancia no se trata de un aspecto que
materialmente les impidiera haber conocido de la muerte de su hermano en la
fecha de la ocurrencia del daño, esto es, en el año 2002.
• Aclaró que, en todo caso, el perjuicio moral se había desvirtuado, porque si bien
la jurisprudencia6 ha establecido que con la acreditación del parentesco se
presume tal afectación, también es cierto que este menoscabo surge de la
cercanía, convivencia, trato y relación permanente o periódica entre los parientes,
5 Regla jurisprudencial referente a que resulta aplicable el término para demandar establecido por
el legislador en casos adelantados con ocasión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra
y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al
Estado e inicia «cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia».
6 Citó la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente con radicado interno
26.251.
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porque de ello surgen a su vez afectaciones tales como la tristeza, depresión,
angustia, miedo, desasosiego, temor o zozobra.
• Por lo anterior precisó que, ante la ausencia por más de 36 años de los
demandantes, sin contacto alguno con el occiso, se rompe ese lazo de afecto,
amor, solidaridad y unidad familiar, lo que es inherente a las relaciones familiares,
y propio del perjuicio moral.
• La providencia de segunda instancia fue notificada mediante correo electrónico
enviado el 10 de marzo de 2025 y la acción de tutela de la referencia radicada el
17 de septiembre de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El accionante, luego de recordar los fundamentos de las sentencias de primera y
segunda instancia al interior del proceso contencioso 41001-33-33-004-2016-
00196-01, expuso que la autoridad judicial accionada trasgredió sus garantías
constitucionales al configurarse los defectos: fáctico y por desconocimiento del
precedente.
En primer lugar, advirtió que la providencia controvertida incurre en un yerro de
índole probatorio, por la inadecuada valoración de las declaraciones extra juicio
aportadas al proceso, así como de los testimonios recaudados, con los cuales
demostró que los demandantes no se enteraron de la muerte de su hermano, sino
hasta que se reunieron con sus familiares en el año 2015, máxime si se tiene en
cuenta que para la época de los hechos no existían los medios de comunicación
que existen en la actualidad.
Alegó que la jurisprudencia del Consejo de Estado7 ha determinado que para el
reconocimiento del perjuicio moral en estos casos solo es necesario acreditar el
registro civil respectivo, máxime cuando los testigos fueron claros en manifestar
que los demandantes se vieron afectados con la noticia de la muerte de su
hermano.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 19 de septiembre de 2025 se admitió la acción de tutela y se
dispuso notificar al demandante, así como al Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión, como autoridad judicial accionada.
Como terceros con interés, se vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Neiva, a la señora Herminia Pastrana Núñez8, a la Nación,
7 Para respaldar el alegato referente a la prueba para el otorgamiento de perjuicios morales a
familiares, el tutelante citó las siguientes providencias del Consejo de Estado: «Sección Tercera
[…] Radicación número: 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251); […] Sección Segunda […]
11001-03-15-000-2021-03660-00; […] Sección Tercera […] 18001-23-31-000-2005-00142-01, […]
Sección Tercera […] 76001-23-31-000-2009-00109-02.
8 Se destaca que la señora Herminia Pastrana Núñez fue notificada por aviso.
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Demandante: Néstor Pastrana Núñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión
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Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional y al
Ejército Nacional, así como a las demás partes, personas y/o entidades que hayan
participado en el proceso ordinario con radicado 41001-33-33-004-2016-00196-01.
De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información
de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y el
Ministerio de Interior solicitaron que se declare su falta de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que las pretensiones del mecanismo constitucional
van dirigidas contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión.
1.6.2. La Policía Nacional expuso que la solicitud de tutela es improcedente
porque no cumple con los presupuestos generales o específicos que ha
establecido la jurisprudencia, máxime cuando no se acreditó la consumación de un
perjuicio irremediable.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por el señor Néstor Pastrana Núñez, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa - solicitudes de desvinculación
Esta colegiatura advierte que, si bien el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Neiva y el Ministerio de Interior solicitaron su
desvinculación del presente trámite, las referidas peticiones serán negadas, en
razón a que la comparecencia de éstas se hizo en calidad de terceros con interés
en las resultas del proceso y no como autoridades demandadas.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la parte accionante, por
parte del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión con ocasión de
la sentencia proferida en segunda instancia el 11 de febrero de 2025.
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Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades
del defecto alegado, y (iv) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […] [énfasis de
sala].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201413, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración
de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia14.
Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida se recuerda que en el escrito de tutela se indicó que la
providencia controvertida valoró indebidamente el material probatorio aportado al
expediente, particularmente las declaraciones extra juicio aportadas al proceso,
así como de los testimonios recaudados, con los cuales, a su juicio, se demostró
que los demandantes no se enteraron, y no tuvieron cómo enterarse de la muerte
de su hermano, sino hasta que se reunieron con sus familiares en el año 2015.
Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos del accionante, sin el debido contraste de un indebido e irracional
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
14 Énfasis de la sala.
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estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta Sala el argumento que se refiere a la indebida
valoración probatoria, no cuenta con la carga argumentativa para ser estudiado,
en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales, porque además de no
individualizarse cada una de las pruebas presuntamente desatendidas,
refiriéndose tan solo a la generalidad del medio probatorio -declaración extra
judicio y testimonios-, no se desvirtúa, a prima facie, que el análisis realizado por
el tribunal en el marco de una decisión fuera desproporcionado o irrazonable.
Al respecto se destaca que el tribunal sustentó la decisión que estableció que
había caducado el medio de control al exponer que no se demostró la existencia
de una barrera real que hubiera impedido a los demandantes acudir ante la
administración de justicia, máxime cuando el abandono que éstos hicieron a su
núcleo familiar se dio de manera voluntaria, con el fin de buscar mejores
oportunidades, pero tal circunstancia no se trató de un aspecto que materialmente
les impidiera haber conocido de la muerte de su hermano en la fecha de la
ocurrencia del daño, esto es, en el año 2002.
Además, resaltó que tal criterio se encontraba respaldado en la regla contenida en
la SU proferida al interior del expediente 61.033 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado15 referente a la regla jurisprudencial que establece que resulta aplicable
el término para demandar establecido por el legislador en casos adelantados con
ocasión de «delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial
al Estado» e inicia «cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia».
Ahora, aunque el accionante alegó el desconocimiento del material probatorito, no
expone por qué es irrazonable la interpretación que el ad quem le dio a la norma y
a la jurisprudencia, máxime cuando se advierte un pronunciamiento por parte del
tribunal referente a las pruebas que se aluden desconocidas, en el cual solo
encontró acreditado el alejamiento de los demandantes de su núcleo familiar por
más de 30 años, pero concluyó que ello no permitía ampliar el término preclusivo,
porque tal circunstancia fue voluntaria, sin que se acreditara una barrera para
conocer el hecho dañino.
En este orden de ideas, se advierte que el tutelante pretende reabrir el debate
legal y busca que el juez de tutela imponga una interpretación distinta a la que
asumió el funcionario natural de la causa, el cual estableció, bajo criterios
15 Regla jurisprudencial referente a que el término de caducidad en casos adelantados con ocasión
de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado inicia «cuando el demandante tuvo
o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia».
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establecidos en una sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que no era viable establecer, a raíz de un abandono voluntario al núcleo
familiar, alterar el término preclusivo de la caducidad, al punto de extenderlo hasta
el eventual reencuentro. Criterio del tribunal que se considera, de entrada, estaría
en consonancia con el principio de seguridad jurídica.
Al respecto, esta sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a
múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de
normas a un caso en específico16, y no le corresponde al juez constitucional
señalar cuál de tales posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la
independencia y autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite
ordinario, donde cabe destacar que, de hacerlo, esta Sección se convertiría en
una tercera instancia.
En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales del tutelante, sino que, por el
contrario, se advierten argumentos con el fin de intentar acreditar el daño
antijurídico expuesto en la demanda, para a su vez, disentir del análisis legal y
probatorio efectuado por la autoridad judicial de segundo grado demandada.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por el accionante, la sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional,
máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa,
lo que implica que la tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»17 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
Finalmente se advierte que al encontrarse que el fundamento para controvertir la
decisión de declarar la caducidad no es relevante desde el punto de vista
constitucional, resulta inane referirse acerca del cargo contra la determinación que
encontró no acreditado el daño moral sustentado en un defecto por
desconocimiento del precedente, ya que tal estudio depende de la prosperidad del
primer yerro en mención.
2.6. Conclusión
Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional.
16 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05838-00
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y el Ministerio de Interior.
SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Néstor Pastrana Núñez.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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