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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04070-00

Fecha
29 de julio de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04070-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Héctor Alfonso Jaramillo Cruz y otros contra la sentencia de 24 de abril de 2020 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 76001 23 31 000 2012 00756 02, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo de la acción de reparación directa al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-04070-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

29 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 04070 00
Demandante: Héctor Alfonso Jaramillo Cruz y otros1
Demandada: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y Fiscalía General de la Nación

Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia de 24 de abril de 2020 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesta2 por los señores Héctor Alfonso Jaramillo
Cruz, Jessica Alejandra Orrego Álvarez, María Evidalia Cruz, Carlos Humberto
Jaramillo Cruz, Claudia Patricia Jaramillo Cruz, Diego Alexander Marín Cruz, Luz
Gladys Jaramillo Cruz, Hugo Nelson Cruz, Julio César Jaramillo Cruz y Leidy
Yohana Cruz contra la sentencia de 24 de abril de 2020 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de
reparación directa identificado con el número único de radicación 76001 23 31
000 2012 00756 02.

1 Jessica Alejandra Orrego Álvarez, María Evidalia Cruz, Carlos Humberto Jaramillo Cruz, Claudia Patricia

Jaramillo Cruz, Diego Alexander Marín Cruz, Luz Gladys Jaramillo Cruz, Hugo Nelson Cruz, Julio César
Jaramillo Cruz y Leidy Yohana Cruz.
2 Cfr. Índice 1 de SAMAI, la demanda se interpuso el 28 de junio de 2021.

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2

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 04070 00

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda de reparación directa

1. Los señores Héctor Alfonso Jaramillo Cruz, Jessica Alejandra Orrego Álvarez,
María Evidalia Cruz, Carlos Humberto Jaramillo Cruz, Claudia Patricia Jaramillo
Cruz, Diego Alexander Marín Cruz, Luz Gladys Jaramillo Cruz, Hugo Nelson Cruz,
Julio César Jaramillo Cruz y Leidy Yohana Cruz3 presentaron demanda4 contra la
Nación -Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía
General de la Nación, en ejercicio de la acción de reparación directa5 para que se
les declare administrativa y patrimonialmente responsables de los daños y
perjuicios antijurídicos que le fueron causados a los demandantes, con ocasión de
la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Héctor Alfonso
Jaramillo Cruz.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó se condene a las
demandadas al pago: i) por perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno de ellos; y ii) por perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante, la suma de $ 5’000.000 y, en la modalidad de daño
emergente, la suma de $ 7’000.000, a favor de la víctima directa del daño

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3 Mediante apoderado.
4 La demanda se presentó el 25 de junio de 2012.
5 Prevista en el artículo 86 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 […] Por el cual se reforma el Código

Contencioso Administrativo […].

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3.1. El señor Arnoldo de Jesús Gómez Bedoya fue secuestrado por siete hombres
armados en su finca ubicada en la vereda Arenal, corregimiento Todos Los
Santos, en la vía que de Tuluá conduce a Buga (Departamento del Valle del
Cauca). A cambio de su libertad, los plagiarios exigieron el pago de una suma de
dinero.

3.2. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación por estos hechos, en
la cual fue vinculado el señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz por el presunto delito
de secuestro extorsivo agravado, luego de que: i) uno de los plagiarios se
entregara a las autoridades y lo señalara de haber participado en el secuestro del
citado señor; y ii) el secuestrado, el hijo de este y uno de los agentes de la Policía
Nacional que participó en la investigación, testificaran en su contra, solicitándose
la orden de captura.

3.3. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Buga legalizó la captura y le impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva, ordenando su reclusión en un centro carcelario, la cual se hizo efectiva
el 14 de agosto de 2009.

3.4. La Fiscalía General de la Nación, el 10 de septiembre de 2009, acusó al señor
Héctor Alfonso Jaramillo Cruz por la presunta conducta punible de secuestro
extorsivo agravado en calidad de autor intelectual y material.

3.5. El Juzgado Primero Penal Especializado de Buga, mediante sentencia de 7
de mayo de 2010, condenó al señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz a 486 meses
de prisión y al pago de una multa de 23.749,99 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, decisión que fue apelada y revocada por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Buga, mediante la sentencia de 27 de julio de 2010, la cual
lo exoneró de responsabilidad, ordenando su libertad “[…] después de haber
permanecido injustamente detenido por un espacio de once (11) meses y quince
(15) días […]”.

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Normas violadas y concepto de violación

4. La parte demandante indicó como normas violadas, las siguientes:

• Artículo 90 de la Constitución Política.
• Artículo 68 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19966.

5. La parte demandante explicó el concepto de violación, en los siguientes
términos:

5.1. Indicó que se debe declarar declarar responsables a la Nación – Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad
del señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz, quien fue vinculado a un proceso penal
por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado, al cual le dictaron medida
de aseguramiento de detención preventiva y privado de la libertad entre el 14 de
agosto de 2009 y el 28 de julio de 2010, cuando fue exonerado de responsabilidad
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga.

5.2. Argumentó que durante el término que el señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz
estuvo injustamente privado de la libertad no devengó los salarios ni las
prestaciones sociales por sus actividades laborales.

Contestaciones de la demanda

Nación -Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

6. La Nación -Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
contestó la demanda7 y se opuso a todas las pretensiones formuladas, así:

6.1. Indicó que las actuaciones al interior del proceso penal se efectuaron en
vigencia de la Ley 906 de 31 de agosto de 20048, cumpliendo con los preceptos
legales, en la medida que se pudo probar la legalidad de: i) la captura del señor

6 Por la cual se expide la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
7 Mediante apoderado.
8 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

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Héctor Alfonso Jaramillo Cruz; y ii) la formulación de imputación realizada por la
Fiscalía asignada para el caso. En esa medida, adujo que, el Juez Penal con
Funciones de Control de Garantías en sus decisiones tuvo respaldo legal en los
elementos probatorios al proferir la legalidad de la captura y la imposición de la
medida de aseguramiento de detención preventiva solicitada por la Fiscalía
General de la Nación, haciendo énfasis en que estas actuaciones fueron
preliminares y, por consiguiente, allí no se discutía la responsabilidad penal del
imputado.

6.2. Asimismo, señaló que la teoría del caso presentada por la Fiscalía General
de la Nación, encontró respaldo en las pruebas legalmente recaudadas en el
proceso penal, de las cuales se obtuvo certeza suficiente para impartir la condena,
en primera instancia, por parte del Juez Primero Especializado con Funciones de
Conocimiento de Buga, la cual fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga en aplicación del principio de in dubio pro reo.

6.3. En esa medida, argumentó que no existió nexo de causalidad entre las
actuaciones y decisiones de los jueces penales que intervinieron en el proceso y
el daño antijurídico reclamado por el señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz, toda vez
que se cumplió con la finalidad de las instancias cual es “[…] la fiscalía de
adelantar la investigación y posterior acusación con base en el material probatorio
arrimado al proceso y la del Juzgado de Conocimiento de adelantar la etapa del
juicio, finalidad creada por el Legislador como una garantía para el procesado sin
que tal decisión legitime al demandante para reclamar la indemnización
patrimonial que consagra el Art. 90 de la Constitución Política pilar de la reparación
directa, sencillo porque no se produjo daño antijurídico alguno, puesto que el
demandante estaba obligado a aceptar […]”.

6.4. Por último, propuso las excepciones de: “Inane demanda”, “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “Inexistencia de perjuicios”, y la “Innominada
o genérica”.

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Fiscalía General de la Nación

7. La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda.

Sentencia de 25 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa identificado con
el número único de radicación 76001 23 31 000 2012 00756 02

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la parte resolutiva de la
sentencia, resolvió:

“[…] 1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la demandada.

2. DECLARAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios
causados a los demandantes, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto
el señor HÉCTOR ALFONSO JARAMILLO CRUZ.

3. CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a pagar al señor HÉCTOR ALFONSO JARAMILLO CRUZ, por concepto
de DAÑO EMERGENTE la suma de siete millones cuatrocientos veintitrés mil
doscientos dos pesos ($7’423.202,00) M/cte.

4. CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a pagar al señor HÉCTOR ALFONSO JARAMILLO CRUZ, por concepto
de LUCRO CESANTE consolidado: nueve millones ochenta y cuatro mil setecientos
ochenta y cuatro pesos (9’084.784,00) Mc/te.

5. CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a pagar a los demandantes por concepto de Perjuicios Morales, el
equivalente en pesos, las siguientes sumas:

Al señor HÉCTOR ALFONSO JARAMILLO CRUZ afectado directo, una suma
equivalente a ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia.

A MARIA EVIDALIA CRUZ (Madre del afectado directo), una suma equivalente a
cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta sentencia.

A LEIDY YOHANA CRUZ, DIEGO ALEXANDER MARIN CRUZ, CARLOS
JARAMILLO CRUZ (hermanos menores del afectado directo) representados por su
madre la señora MARIA EVIDALIA CRUZ, una suma equivalente a treinta (30)
salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta

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sentencia.

A CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO CRUZ, JULIO CÉSARJARAMILLO CRUZ, LUZ
GLADYS JARAMILLO CRUZ, HUGO NELSON CRUZ (hermanos del afectado
directo), una suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos mensuales legales
vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

6. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A., de
conformidad con la S. C-188 de 1996, Corte Constitucional […]”.

Consideraciones del Tribunal

9. Para fundamentar su decisión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
realizó un análisis de las pruebas obrantes en el proceso para establecer que el
señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz fue objeto de detención preventiva en centro
de reclusión, en virtud de la investigación penal que adelantó la Fiscalía General
de la Nación, por el presunto delito de “[…] Secuestro Extorsivo Agravado […]”,
fijando los extremos temporales de la privación de su libertad por el lapso de once
(11) meses y quince (15) días.

9.1. Consideró que: i) la detención preventiva se produjo como consecuencia de
un hecho ajeno al señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz, en la medida que no se
probó causa alguna que permitiera establecer que la decisión se hubiere adoptado
en una actuación directa y exclusiva del señor Jaramillo Cruz; ii) en los casos en
que se precluye la investigación o se profiere una sentencia absolutoria con
fundamento en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 414 de la
Ley 906 o por aplicación del principio in dubio pro reo, el Estado se encuentra
obligado a reparar los perjuicios causados, a pesar de que la medida privativa de
la libertad se hubiere proferido con pleno acatamiento de las exigencias legales.

9.2. En esa medida, concluyó que en el caso en concreto se configuró la
responsabilidad objetiva de la administración dado que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga accedió al recurso de apelación, debido a la imposibilidad
de desvirtuarse la presunción de inocencia del señor Héctor Alfonso Jaramillo
Cruz, por lo tanto, su privación injusta de la libertad se erige como el resarcimiento

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que debe ser reparado por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y por la Fiscalía General de la Nación.

Recursos de apelación

11. Las partes demandante y demandada interpusieron, dentro del término legal,
recursos de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y los
sustentaron con fundamento en los siguientes argumentos:

Parte demandante

12. Solicitó aumentar el monto de los perjuicios morales asignados por el Tribunal,
toda vez que las sumas de dinero reconocidas por el Tribunal, en primera
instancia, no se ajustaban con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado.

13. A su juicio, tratándose de parientes que se encuentran en el primer grado de
consanguinidad, primero civil, o el cónyuge o compañero/a permanente de la
víctima directa, les asiste el derecho a recibir igual indemnización que esta; en
tanto que, para aquellos ubicados en el segundo grado de consanguinidad, como
el caso de los hermanos, les corresponde el 50% de lo asignado al afectado con
la medida privativa de la libertad.

Parte demandada

14. La Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial9 solicitó revocar la sentencia proferida, en primera instancia, y en su lugar
se nieguen las pretensiones de la demanda, argumentando que las actuaciones
tuvieron estricto cumplimiento de las normas constitucionales y legales, de modo
que las decisiones proferidas en el proceso penal contaron con respaldo
probatorio y la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva
de la libertad obedeció a la evidencia física que presentó la Fiscalía General de la
Nación.

9 Mediante apoderado.

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15. Sostuvo que, a pesar de que el señor Jaramillo Cruz fue condenado en primera
instancia y exonerado en segunda, ello obedeció a la dinámica propia de cada
etapa del proceso, toda vez que el juez penal de primer grado consideró, con
fundamento en la normativa aplicable, las pruebas obrantes en el expediente y en
el principio de la sana crítica, que se encontraban reunidos los requisitos formales
y sustanciales para condenarlo a pena de prisión por el delito de secuestro
extorsivo agravado; en cambio, el juez de segundo grado, con fundamento en esos
mismos elementos, consideró que no existía el suficiente grado de certeza sobre
la responsabilidad penal del sindicado y lo exoneró por duda probatoria.

16. Anotó que, en cada una de las instancias y en su sana crítica, el juez valoró
las pruebas existentes y llegó a decisiones que, si bien fueron distintas, se
ajustaron a la ley, de modo que ninguna irregularidad hubo y ello conduce a
despachar negativamente las pretensiones de la demanda, pues no se demostró
que la privación de la libertad del demandante fuera injusta, arbitraria o caprichosa.

17. La Fiscalía General de la Nación10 solicitó revocar la sentencia proferida, en
primera instancia, y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda,
argumentando que no se presentó una falla en el servicio por privación injusta de
la libertad del señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz, toda vez que las decisiones
judiciales fueron proferidas respetando las garantías constitucionales y legales y
con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente.

18. Sostuvo que en virtud de la Ley 906 estaba facultada para realizar solicitudes
de imposición de medidas de aseguramiento ante el Juez de Control de Garantías
y este, en virtud del mismo estatuto procesal, estaba llamado a realizar un análisis
de las pruebas presentadas, además de decretar las que estimara pertinentes
para luego establecer la viabilidad de decretar la medida de aseguramiento. Con
base en lo anterior, indicó que, de producirse algún daño producto del decreto de
una medida de tal magnitud, es el juez de control de garantías el llamado a
responder, pues es de su resorte exclusivo la imposición y, en consecuencia, de
los malestares que esta decisión ocasione.

10 Mediante apoderado.

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19. Por último, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, alegando que ninguna responsabilidad tuvo en los hechos objeto de
controversia.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

20. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de 24 de abril de 2020,
resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de febrero de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas […]”.

Consideraciones de la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

21. Al realizar el análisis de responsabilidad indicó que la controversia giraba
entorno a la privación de la libertad que soportó el señor Héctor Alfonso Jaramillo
Cruz en un centro carcelario, la cual, a juicio de la parte demandante, fue injusta,
en tanto la autoridad judicial demandada no logró desvirtuar su presunción de
inocencia y ello condujo a que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga lo
exonerara de responsabilidad.

Daño

22. Encontró probado que el señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz, como
consecuencia del proceso penal, estuvo privado de la libertad por el presunto
delito de secuestro extorsivo agravado entre el 18 de agosto de 2009 y el 28 de
julio de 2010 en una cárcel del Municipio de Buga (Departamento del Valle del
Cauca).

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Imputación

23. Consideró que los hechos ocurrieron en el año 2008 cuando ya se encontraba
vigente la Ley 270, cuyo contenido fue objeto de estudio por la Corte
Constitucional, mediante sentencia C-037 de 5 de febrero de 199611, la cual
declaró, entre otros, la exequibilidad del artículo 68 ibidem en relación con los
presupuestos para la privación injusta de la libertad, considerando que no
resultaba viable la reparación automática de perjuicios a favor de personas
involucradas en procesos penales en los que se afectara su derecho a la libertad,
en la medida que los presupuestos de la norma exigen la necesidad de examinar
en cada caso la actuación que motivó la medida restrictiva de este derecho
fundamental, toda vez que “[…] el término “injustamente” se refiere a una
actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos
legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha
sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria
[…].

24. Asimismo, indicó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 5 de
julio de 201812 señaló que ningún cuerpo normativo establecía un régimen de
responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad,
entonces, sería el juez el que, en cada caso, deba realizar un análisis para
determinar si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o
proporcionada.

25. Al analizar el caso concreto citó los artículos: i) 286 de la Ley 906, sobre el
concepto de la imputación; ii) 287 ibidem, sobre las situaciones que determinan
dicha formulación de la imputación; iii) 306 ibidem, sobre la solicitud de medida
de aseguramiento; y iv) 308 ibidem, sobre requisitos para decretar la medida de
aseguramiento.

26. Con base en la normativa citada indicó que la Fiscalía General de la Nación
en la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud

11 Corte Constitucional, sentencia de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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de medida de aseguramiento puso en conocimiento del Juez Cuarto de Control
de Garantías las pruebas (denuncia del plagiado y un testimonio de una de las
personas que participó en el acto delictivo) y al realizar su valoración consideró
procedente legalizar la captura del señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz y decretar
la medida de aseguramiento de detención preventiva por el presunto delito de
secuestro extorsivo agravado.

27. En esa medida, consideró que las decisiones y medidas dispuestas por el juez
de control de garantías, que afectaron el derecho fundamental a la libertad del
señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz, resultaron ajustadas al ordenamiento legal,
en tanto el material probatorio revelado permitía inferir razonablemente que el
señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz podía ser el autor o partícipe en el secuestro
imputado, a lo cual indicó que las medidas resultaban necesarias para evitar que
el sindicado obstruyera la labor de la justicia y garantizar su comparecencia al
proceso y el cumplimiento de la sentencia.

28. Además, porque “[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la
Ley 733 de 2002, aplicable al sub examine, el secuestro extorsivo tiene prevista
una pena privativa de la libertad que va entre 20 y 28 años de prisión, en tanto
que, según el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004),
la detención preventiva en establecimiento carcelario procederá, entre otros
eventos, i) en los delitos de competencia de los jueces penales del circuito
especializados, como es el caso del secuestro extorsivo y ii) en los delitos
investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o
exceda de cuatro (4) años, como ocurre con el delito que la Fiscalía imputó al
señor Jaramillo Cruz […]”.

29. En suma, consideró que la autoridad judicial demandada actuó con prudencia
y pleno acatamiento del ordenamiento legal, pues se ciñó estrictamente a las
disposiciones de la Ley 906 aplicables al caso, y sus decisiones y medidas
contaron con soporte probatorio, de suerte que la restricción de la libertad
impuesta al citado señor no desbordó los criterios de proporcionalidad ni de
razonabilidad inherentes a este tipo de decisiones, toda vez que, como se vio, la

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evidencia probatoria recaudada en el proceso penal hacía inferir razonablemente
su participación en el secuestro imputado.

Proporcionalidad de la medida de aseguramiento

30. Consideró que a pesar de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga
revocó la sentencia proferida, en primera instancia, y exoneró de responsabilidad
al señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz por el delito de secuestro extorsivo
agravado, ello no obedeció a la existencia de irregularidades o arbitrariedades de
la autoridad judicial que conoció el asunto, pues las decisiones y medidas que
restringieron su libertad, lejos de ser arbitrarias e irracionales, se sustentaron en
la ley y en las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso penal y se
ajustaron a las circunstancias y elementos con los que contaba el funcionario
judicial al momento de proferirlas, a lo cual se suma que dicha sentencia
absolutoria se produjo por la falta de certeza de la participación del sindicado en
el punible endilgado y no porque se hubiera demostrado su ajenidad a los hechos
delictuales.

31. Asimismo, indicó que no obstante que el señor Jaramillo Cruz fue condenado
en primera instancia y exonerado en segunda, dicha situación obedeció a la
dinámica propia que caracteriza cada etapa del proceso penal, pues el juez de
primera instancia consideró, con fundamento en la legislación aplicable al asunto,
las pruebas aportadas al proceso y la aplicación del principio de la sana crítica,
que se encontraban reunidos los requisitos formales y sustanciales para proferir
medida de aseguramiento y para condenarlo a pena de prisión por el delito de
secuestro extorsivo agravado; en cambio, el juez de segunda instancia, con
fundamento en esos mismos elementos de juicio, estimó que no existía el
suficiente grado certeza sobre la responsabilidad penal del sindicado y lo exoneró
por duda probatoria.

32. Por último, consideró que el bien jurídico de la libertad no tiene el carácter de
absoluto y que, por tanto, la imposición de medidas que lo limitan resulta legítima,
siempre y cuando se den todos los presupuestos legales que así lo permitan o lo
exijan, como ocurrió en este asunto, dado que la autoridad judicial encontró

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pruebas que, en su opinión, resultaban suficientes para vincular al demandante a
un proceso penal, resolver su situación jurídica con medida de aseguramiento de
detención preventiva, privarlo de la libertad y condenarlo en primera instancia.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

33. Los señores Héctor Alfonso Jaramillo Cruz, Jessica Alejandra Orrego Álvarez,
María Evidalia Cruz, Carlos Humberto Jaramillo Cruz, Claudia Patricia Jaramillo
Cruz, Diego Alexander Marín Cruz, Luz Gladys Jaramillo Cruz, Hugo Nelson Cruz,
Julio César Jaramillo Cruz y Leidy Yohana Cruz13 presentaron la demanda14 que
contiene el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 24 de abril de
2020 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en el proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación
76001 23 31 000 2012 00756 02 , e invocó la causal prevista en el numeral 5. °
del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201115.

Pretensiones

34. La parte recurrente presentó las siguientes pretensiones:

“[…] DECLARAR la prosperidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto
por: Héctor Alfonso Jaramillo Cruz; María Evidalia Cruz; Jessica Alejandra Orrego
Álvarez; Carlos Humberto Jaramillo Cruz; Claudia Patricia Jaramillo Cruz; Diego
Alexander Marín Cruz; Luz Gladys Jaramillo Cruz; Hugo Nelson Cruz; Julio César
Jaramillo Cruz y Leidy Yohana Cruz, contra la sentencia de segunda instancia del
veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020) proferida por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejera
Ponente: Doctora Marta Nubia Velásquez Rico, en el proceso ordinario que en
ejercicio de la acción de reparación directa promovieron en contra de la Nación -
Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, en procura de obtener el
resarcimiento de los perjuicios morales y materiales que les fueron ocasionados con
la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Héctor Alfonso
Jaramillo Cruz; en consecuencia SE INFIRME y en su lugar se disponga:

Primero: Se DECLARE administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación
– Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación de los daños y perjuicios

13 Mediante apoderado.
14 Cfr. Índice 1 de SAMAI, la demanda se presentó el 28 de junio de 2021.
15 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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antijurídicos que le fueron causados a los demandantes con ocasión de la privación
injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz
durante periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2009 y el 28 de julio de 2010.

Segundo: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa
y patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la Nación – Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Héctor Alfonso
Jaramillo Cruz la suma de siete millones cuatrocientos veintitrés mil doscientos dos
pesos ($7.423.202 M/CTE.) por concepto de daño emergente.

Tercero: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa y
patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la Nación – Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Héctor Alfonso
Jaramillo Cruz la suma de nueve millones noventa y cuatro mil setecientos ochenta
y cuatro pesos ($9.094.784,00 M/CTE.) por concepto de lucro cesante.

Cuarto: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa y
patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la Nación – Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Héctor Alfonso
Jaramillo Cruz una suma equivalente a ochenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes (80 smmlv) por concepto de perjuicios morales en calidad de perjudicado
directo.

Quinto: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa y
patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la Nación – Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora Jessica Alejandra
Orrego Álvarez una suma equivalente a ochenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (80 smlmv) por concepto de los perjuicios morales que le fueron
causados por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima su compañero
permanente el señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz.

Sexto: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa y
patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la Nación – Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora María Evidalia Cruz
una suma equivalente a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (80
smlmv) por concepto de los perjuicios morales que le fueron causados por la
privación injusta de la libertad de la que fue víctima su hijo el señor Héctor Alfonso
Jaramillo Cruz.

Sétimo (sic): Como consecuencia de la declaración de responsabilidad
administrativa y patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la
Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Carlos
Humberto Jaramillo Cruz una suma equivalente a cuarenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (40 smlmv) por concepto de los perjuicios morales que le fueron
causados por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima su hermano el
señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz.

Octavo: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa y
patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la Nación – Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora Claudia Patricia
Jaramillo Cruz una suma equivalente a cuarenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (40 smlmv) por concepto de los perjuicios morales que le fueron
causados por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima su hermano el
señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz .

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Noveno: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa y
patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la Nación – Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Diego Alexander Marín
Cruz una suma equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes (40 smlmv) por concepto de los perjuicios morales que le fueron causados
por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima su hermano el señor
Héctor Alfonso Jaramillo Cruz.

Décimo: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa y
patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la Nación – Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora Luz Gladys Jaramillo
Cruz una suma equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes (40 smlmv) por concepto de los perjuicios morales que le fueron causados
por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima su hermano el señor
Héctor Alfonso Jaramillo Cruz

Décimo Primero: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad
administrativa y patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la
Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Hugo
Nelson Cruz una suma equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes (40 smlmv) por concepto de los perjuicios morales que le fueron causados
por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima su hermano el señor
Héctor Alfonso Jaramillo Cruz.

Décimo Segundo: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad
administrativa y patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la
Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Julio
César Jaramillo Cruz una suma equivalente a cuarenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (40 smlmv) por concepto de los perjuicios morales que le fueron
causados por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima su hermano el
señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz.

Décimo Tercero: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad
administrativa y patrimonial a título de indemnización de perjuicios se condene a la
Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora
Leidy Yohana Cruz una suma equivalente a cuarenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (40 smlmv) por concepto de los perjuicios morales que le fueron
causados por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima su hermano el
señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz.

4.2. Se condene a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a
pagar a la parte demandante la suma que corresponda a las agencias en derecho
y costas que se causen en el proceso […]

35. Para sustentar la causal de revisión expuso que la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado:

35.1. Profirió la sentencia de forma incongruente en la medida que fundamentó su
decisión con argumentos que no fueron planteados por la Nación- Rama Judicial
ni por la Fiscalía General de la Nación en la contestación de la demanda ni en los
recursos de apelación interpuestos.

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35.2. Incurrió en una “[…] vía de hecho […]” debido a la valoración irracional o
arbitraria que hizo de las pruebas documentales debidamente allegadas al
proceso para determinar que la restricción de la libertad impuesta no desbordó los
criterios de proporcionalidad ni de razonabilidad inherentes a este tipo de
decisiones.

35.3. No aplicó el criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación
de 17 de octubre de 201316, proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado que establecía el régimen objetivo de responsabilidad del Estado, toda vez
que la sentencia de unificación de 15 de agosto de 201817 proferida por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que modificó el régimen de
responsabilidad aplicable a los casos en los cuales se reclama la reparación de
los perjuicios irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona,
a la que posteriormente se le revoca dicha medida; no era aplicable al caso
concreto, en la medida que tenía efectos hacia futuro.

35.4. Por último, adujo que aunque la Subsección A de la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la parte motiva
de la providencia objeto del recurso de revisión hizo alusión a la sentencia de
unificación SU-072 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, no le dio
aplicación al precedente Constitucional en ella sentado y desconoció de plena que
en los eventos de privación de la libertad, es el juez de instancia el que en cada
caso concreto debe realizar el análisis probatorio que corresponda para
determinar si la privación de la libertad fue apropiada, razonada y ajustada a
derecho; o, si por el contrario, la misma fue arbitraria, desproporcionada y
violatoria de las normas en las que debió fundarse y, por consiguiente, fue injusta.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

Nación -Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

16 Proferida en el expediente 52-001-23-31-000-1996-07459-01 (23354).
17 Proferida en el expediente 66001 23 31 000 2010 00235 01 (46.947).

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36. La Nación -Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
contestó la demanda18 que contiene el recurso extraordinario de revisión y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas, argumentando que la
parte demandante alegó hechos que no se enmarcan dentro de las causales
establecidas por el legislador en el artículo 250 de la Ley 1437 y, en esa medida
se debe declarar improcedente el recurso extraordinario de revisión, toda vez que
no puede ser empleado para debatir la comprensión jurídica del juez natural de la
causa y reabrir debates propios de la instancia.

Fiscalía General de la Nación

37. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda19 que contiene el
recurso extraordinario de revisión y se opuso a la prosperidad de las pretensiones
formuladas, argumentando que el recurso extraordinario no se puede constituir
una tercera instancia para revivir el debate de la responsabilidad estatal que se
desarrolló en dos instancias anteriores.

38. Indicó que “[…] del análisis efectuado al recurso extraordinario de revisión se
tiene que ni los fundamentos alegados ni los documentos aportados con el recurso
Extraordinario de Revisión por la parte actora dan sustento para su procedencia,
en tanto alega hechos que no se enmarcan dentro de las causales establecidas
por el legislador en el artículo 250 del CPACA, siendo que éstas tenían que
aparecer debidamente sustentadas, circunstancia que no se materializó en el
presente asunto […]”.

Concepto del Ministerio Público

39. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

18 Mediante apoderado.
19 Mediante apoderado.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

40. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos;
i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer el recurso
extraordinario de revisión; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
sobre el principio de congruencia en las decisiones judiciales y vii) el análisis de la
causal de revisión, los cuales se desarrollarán a continuación:

Competencia de la Sala

41. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 20, sobre la
procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) 249 ibidem21, sobre
competencia para conocer los recursos extraordinarios de revisión; iii) 111 ibidem,
en especial, el numeral 2.°22 sobre las funciones de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y iv) 29, en especial el numeral 1.° del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 201923 esta Sala es competente para resolver el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 20 de abril de 2020
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión

42. Visto el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión que dispone:

“[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia […]”

43. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 20 de abril de 2020. Asimismo,

20 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
21 Artículo adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
22 Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
23 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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la sentencia quedó ejecutoriada el 20 de agosto de 202024 y el recurso
extraordinario de revisión se interpuso el 28 de junio de 202125; es decir dentro del
término indicado en el artículo 251 de la Ley 1437.

Problema jurídico

44. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en determinar si se configura o no la causal de revisión señalada en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437; en especial, determinar: i) si la
sentencia recurrida fue proferida en forma incongruente; y ii) si el disenso frente a
la valoración de las pruebas y de los criterios jurisprudenciales adoptados dentro
del proceso ordinario, son causales que generen la nulidad en la sentencia
recurrida y, en consecuencia, si se declara o no fundado el recurso extraordinario
de revisión.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de
revisión

45. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre procedencia; ii) 24926 ibidem,
sobre competencia; iii) 250 ibidem, sobre causales de revisión; iv) 251, sobre el
término para interponer el recurso; y v) 252 ibidem, sobre requisitos del recurso.

46. Atendiendo a que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa
juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.

47. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia27, lo
cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada
y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que,
excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas

24 Cfr. Índice 24 SAMAI del procedo identificado con el número único de radicación 76001 23 31 000
201200756 02.
25 Cfr Indice 1 SAMAI.
26 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
27 Cf. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José

Gregorio Hernández Galindo.

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21

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 04070 00

específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer
el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en
atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio
extraordinario de impugnación.

48. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso
y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el
legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo
cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice
para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes,
o para controvertir juicios de valor del fallador28. Al respecto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación29 ha considerado lo siguiente:

“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más

[…]

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]”.

50. En efecto, el artículo 250 de la Ley 1437, enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia
por la vía del recurso extraordinario que se analiza.

51. Los requisitos del recurso están enunciados en el artículo 252 de la Ley 1437,
que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes
requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) el nombre y
domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento;

28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004,

C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de

2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 04070 00

iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada; v) el poder para su
interposición y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder
y solicitará las que pretende hacer valer.

52. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente señaladas en la ley.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437

53. Visto el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, dispone como causal de revisión
la de “[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]”. Sin embargo, debido a que el
legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha
configurado la citada causal, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que
ha dotado de contenido esta disposición30.

54. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia,
la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado31 ha sostenido que son,
a modo enunciativo, las siguientes:

54.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia en firme.

54.2. Cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.

30 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, número único

de radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
31 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de

2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, identificada con núm. único de radicación
11001031500020090049400.

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 04070 00

54.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

54.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta.

54.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.

54.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.

54.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

54.8. Cuando la providencia carece de motivación.

54.9 Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley.

55. En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado,
para probar la configuración de la causal, se ha considerado que, por regla
general, no es posible “[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia […]’”32. Sin embargo, en algunos casos se ha

32 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016, número único

de radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 04070 00

aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de
la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el
recurrente, evento en el que la parte demandante debe probar que efectivamente
no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.

56. Asimismo, que la anomalía sea de tal magnitud que configura un defecto
insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión
adoptada hubiese sido distinta33. Dentro de este grupo de anomalías se
encuentran las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen causal de
nulidad del proceso previstas en las normas procesales y que solo pudieron ser
advertidas en la sentencia: y ii) los vicios que contiene la propia sentencia y que
pueden derivar en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan
al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación
de una determinada norma.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de
congruencia en las decisiones judiciales

57. Vistos los artículos: i) 281 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201234, sobre
congruencia; ii) 320 ibidem, sobre fines de la apelación; y iii) 328 ibidem, sobre
competencia del superior.

58. Esta Corporación35 ha definido el principio de congruencia como “[…] el
principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que
deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas
por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas,
a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas […]”, es

33 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, número

único de radicación 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión número 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, número único de radicación
11001-03-15-000-2019-00894-00.
34 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de noviembre

de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 13001 23 31 000 2001 02023 01.

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decir, que el alcance y contenido de una providencia está delimitado por las
pretensiones, existiendo una correspondencia entre esta y los hechos que se
esgrimen en la demanda y en su contestación.

59. La citada sentencia señaló que la congruencia debe ser interna y externa. La
primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia; y la segunda, la externa, que la decisión contenida en
la resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en
su contestación o en los recursos interpuestos.

60. Asimismo, indicó que en los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene
límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a
la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para fundamentar
su sentencia. No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a la
igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.

61. Por último, se determinó que en aplicación del principio de congruencia el juez
puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las normas legales
pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes, siempre y cuando,
como regla general, sus consideraciones se desplieguen en el marco de las
pretensiones del proceso y con base en el acervo probatorio debatido en el mismo.
En concordancia con lo anterior, se han señalado los eventos en los que se
presenta incongruencia de la sentencia. Sobre el particular ha indicado lo
siguiente:

“[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable a este asunto en virtud de la remisión prevista en el
artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia resulta
incongruente cuando se falla de manera extrapetita, es decir, "por objeto distinto
del pretendido en la demanda" o "por causa diferente a la invocada en esta";
asimismo, en los eventos en que se condena al demandado de manera ultra petita,
esto es, “por cantidad superior a la solicitada en la demanda” e, incluso, si se omite
decidir sobre alguna de las pretensiones invocadas en el libelo introductorio del
proceso, lo que da cuenta de una decisión mínima petita.

Con el fin de establecer si se estructura alguna de las anteriores circunstancias
corresponde comparar las pretensiones de la respectiva demanda con la sentencia
dictada, para determinar si esta resulta o no acorde con lo solicitado y en caso de

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advertirse que el juez de primera instancia decidió por fuera de lo pedido, la condena
deberá ajustarse de manera oficiosa […]”36

62. Del criterio jurisprudencial citado se concluye que: i) la sentencia debe ser
congruente con los hechos y las pretensiones de la demanda; ii) el Juez en su
ejercicio hermenéutico puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las
normas legales pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes,
siempre y cuando, sus consideraciones se enmarquen en las pretensiones del
proceso y se fundamenten en el acervo probatorio debatido en el mismo y iii) se
presenta una sentencia incongruente cuando: a) se falla de manera extra petita,
es decir, "[…] por objeto distinto del pretendido en la demanda […]” o "[…] por
causa diferente a la invocada en esta […]"; b) en los eventos en que se condena
al demandado de manera ultra petita, esto es, "[…] por cantidad superior a la
solicitada en la demanda […]” y c) cuando se omite decidir sobre alguna de las
pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuanta de
una decisión mínima petita.

Análisis de la causal de revisión

63. La Sala procede a considerar si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios jurisprudenciales citados en acápites anteriores, para la
configuración de la causal señalada en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley
1437, en los siguientes términos:

Sobre la presunta incongruencia de la sentencia

64. Para determinar si la sentencia recurrida fue proferida de forma incongruente,
en la medida que fundamentó su decisión con argumentos que no fueron
planteados por la Nación- Rama Judicial ni por la Fiscalía General de la Nación en
los recursos de apelación interpuestos, se tiene lo siguiente:

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; Sentencia de

17 de agosto de 2017; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; número único de radicación
41001233100020020092801.

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64.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de 25 de
febrero de 2014 adoptó la siguiente tesis: “[…] En consonancia con el criterio
jurisprudencial de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, se accederán a las pretensiones de la demanda, toda vez que de
las pruebas obrantes en el expediente se puede concluir que la detención
preventiva sufrida por el señor HÉCTOR ALFONSO JARAMILLO CRUZ se tornó
injusta, en razón a que con posterioridad fue absuelto de los delitos imputados, en
aplicación del principio “In dubio pro reo” […]”; es decir, consideró que se configuró
la responsabilidad objetiva de la administración y que la privación injusta de la
libertad se erige como el resarcimiento que debe ser reparado por la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y por la Fiscalía
General de la Nación.

64.2. La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que solicitó
aumentar el monto de los perjuicios morales asignados por el Tribunal, toda vez
que no se ajustaban con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado.

64.3. La Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
su recurso de apelación, argumentó que las actuaciones en el proceso penal
tuvieron estricto cumplimiento de las normas constitucionales y legales, de modo
que las decisiones proferidas contaron con respaldo probatorio y la imposición de
la medida de aseguramiento de detención preventiva de la libertad obedeció a la
evidencia física que presentó la Fiscalía General de la Nación.

64.3.1. Anotó que, en cada una de las instancias y en su sana crítica, el juez valoró
las pruebas existentes y llegó a decisiones que, si bien fueron distintas, se
ajustaron a la ley, de modo que ninguna irregularidad hubo y ello conduce a
despachar negativamente las pretensiones de la demanda, pues no se demostró
que la privación de la libertad del demandante fuera injusta, arbitraria o caprichosa.

64.4. La Fiscalía General de la Nación, en su recurso de apelación, argumentó
que no se presentó una falla en el servicio por privación injusta de la libertad del
señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz, toda vez que las decisiones judiciales fueron

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proferidas respetando las garantías constitucionales y legales y con fundamento
en el material probatorio obrante en el expediente.

64.5. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la
sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión revocó la sentencia apelada
y, en su lugar, denegó las pretensiones por considerar que la autoridad judicial
demandada actuó con prudencia y pleno acatamiento del ordenamiento legal,
pues se ciñó estrictamente a las disposiciones de la Ley 906 aplicables al caso, y
sus decisiones y medidas contaron con soporte probatorio, de suerte que la
restricción de la libertad impuesta al citado señor no desbordó los criterios de
proporcionalidad ni de razonabilidad inherentes a este tipo de decisiones, toda vez
que, como se vio, la evidencia probatoria recaudada en el proceso penal hacía
inferir razonablemente su participación en el secuestro imputado.

65. Realizado el anterior recuento, esta Sala considera toda vez que, con
fundamento en el concepto de violación, la contestación de la demanda y los
recursos de apelación interpuestos por las partes, los problemas jurídicos
desarrollados en las instancias, giraron en torno a determinar si: i) la medida de
aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación e impuesta por el
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías,
consistente en detención preventiva en centro de reclusión al señor Héctor Alfonso
Jaramillo Cruz por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado fue o no
injusta, en tanto la autoridad judicial demandada no logró desvirtuar su presunción
de inocencia y ello condujo a que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga lo
exonerara de responsabilidad; y ii) si ello daba lugar a la reparación de los
perjuicios ocasionados.

66. De esta manera, se puede concluir que la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
desarrolló los argumentos expuestos en los recursos de apelación, en especial,
los interpuestos por la parte demandada, considerando que de las pruebas
obrantes en el expediente y de los criterios jurisprudenciales aplicables al caso
concreto no había lugar a declarar responsable administrativamente a la parte
demandada, toda vez que no resultaba viable la reparación automática de

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perjuicios a favor de personas involucradas en procesos penales en los que se
afectara su derecho a la libertad, en la medida que los presupuestos de la norma
exigen la necesidad de examinar en cada caso la actuación que motivó la medida
restrictiva de este derecho fundamental.

67. En esa medida, consideró que a pesar de que la Sala Penal del Tribunal
Superior de Buga revocó la sentencia proferida, en primera instancia, y exoneró
de responsabilidad al señor Héctor Alfonso Jaramillo Cruz por el delito de
secuestro extorsivo agravado, ello no obedeció a la existencia de irregularidades
o arbitrariedades de la autoridad judicial que conoció el asunto, pues las
decisiones y medidas que restringieron su libertad, lejos de ser arbitrarias e
irracionales, se sustentaron en la ley y en las pruebas legal y oportunamente
aportadas al proceso penal y se ajustaron a las circunstancias y elementos con
los que contaba el funcionario judicial al momento de proferirlas, a lo cual se suma
que dicha sentencia absolutoria se produjo por la falta de certeza de la
participación del sindicado en el punible endilgado y no porque se hubiera
demostrado su ajenidad a los hechos delictuales.

68. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en su ejercicio hermenéutico profirió la
sentencia con la competencia propia que le otorgaba los argumentos de la
demanda, su contestación y los recursos de apelación, en la cual, realizó el
análisis sobre las normas legales pertinentes y sus consideraciones se
enmarcaron en las pretensiones del proceso y se fundamentaron en el acervo
probatorio debatido en el mismo, quedando desvirtuada la vulneración al principio
de congruencia, toda vez que se encuentra acorde con el objeto y con las causas
invocadas por las partes, es decir, no puede considerarse que es extra petita y sin
que por el hecho de denegarse las pretensiones de la demanda por la ausencia
de pruebas puede considerarse como algo ajeno al debate o problema jurídico
desarrollado.

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Sobre la presunta indebida valoración probatoria y la no aplicación de una
sentencia judicial

69. La parte recurrente argumentó que la Subsección A de la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la sentencia
objeto del recurso extraordinario de revisión incurrió en una “[…] vía de hecho […]”
debido a la valoración irracional o arbitraria que hizo de las pruebas documentales
debidamente allegadas al proceso para determinar que la restricción de la libertad
impuesta no desbordó los criterios de proporcionalidad ni de razonabilidad
inherentes a este tipo de decisiones.

71. Asimismo, porque no aplicó los criterios jurisprudenciales establecidos en: i) la
sentencia de unificación de 17 de octubre de 201337, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado que establecía el régimen objetivo de
responsabilidad del Estado, toda vez que la sentencia de unificación de 15 de
agosto de 201838 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que modificó el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en
los cuales se reclama la reparación de los perjuicios irrogados con ocasión de la
privación de la libertad de una persona, a la que posteriormente se le revoca dicha
medida; no era aplicable al caso concreto, en la medida que tenía efectos hacia
futuro; y ii) la sentencia SU-072 de 2018 proferida por la Corte Constitucional,
desconociendo que en los eventos de privación de la libertad, es el juez de
instancia el que en cada caso concreto debe realizar el análisis probatorio que
corresponda para determinar si la privación de la libertad fue o no apropiada,
razonada y ajustada a derecho.

72. En los términos en que fue propuesto el cargo, es evidente que, la causal de
revisión de nulidad originada en la sentencia por este cargo, no está llamada a
prosperar, toda vez que el supuesto defecto no corresponde a alguno de los
presupuestos legales y jurisprudenciales que podrían viciar de nulidad la sentencia
recurrida, en la medida que los argumentos del recurso se encaminan a convertir
esta etapa procesal en una tercera instancia, al pretender revivir el debate

37 Proferida en el expediente 52-001-23-31-000-1996-07459-01 (23354).
38 Proferida en el expediente 66001 23 31 000 2010 00235 01 (46.947).

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probatorio al controvertir la valoración realizada por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de las pruebas aportadas y decretadas dentro de
las instancias, así como del análisis normativo y los criterios jurisprudenciales
adoptados en la decisión recurrida, reproches que no son propios de la causal
alegada y que escapan al objeto del recurso extraordinario de revisión. Al
respecto, esta Corporación ha reiterado39:

“[…] No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en
que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal […]”.

73. Por lo tanto, los argumentos de inconformidad expuestos por la parte
demandante en este cargo cuestionan la autonomía e independencia del
funcionario judicial, lo que impide la prosperidad del recurso, máxime cuando la
sentencia recurrida fue proferida con posterioridad la sentencia de unificación de
15 de agosto de 201840.

Condena en costas

74. Vistos los artículos: i) 25541 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la
composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º42, sobre
condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°43

39 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P

Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
40 Proferida en el expediente 66001 23 31 000 2010 00235 01 (46.947).
41 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.
42 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
43 “Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta,

dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la
calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad,
que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los
referidos límites.

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sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°44 sobre las tarifas de
las agencias en derecho.

75. Atendiendo a que la condena en costas: i) están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho; ii) para su imposición se deben tener en consideración las reglas
previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación 45;
y iv) en la determinación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los
criterios para su fijación y las tarifas indicadas por el Consejo Superior de la
Judicatura.

76. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó
probatoriamente su causación, es decir, no aparece prueba alguna que acredite
los gastos en que incurrió la parte demandada para su defensa.

Conclusiones de la Sala

77. Así las cosas, se declarará infundado el recurso propuesto, al no encontrarse
acreditada las causales de anulación esgrimidas, con lo que no se advierte la
configuración de la causal de revisión del numeral 5º del artículo 250 de la Ley
1437, por lo cual resultan suficientes para no invalidar la sentencia objeto de
revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

44 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. RECURSOS
EXTRAORDINARIOS. […] Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]
45 numeral 8 del art. 365 de la Ley 1564.

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III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Héctor Alfonso Jaramillo Cruz y otros contra la sentencia de 24 de
abril de 2020 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en el proceso de reparación directa identificado con el número único de
radicación 76001 23 31 000 2012 00756 02, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo de la acción de
reparación directa al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

STELLA JEANNETTE CARVAJAL FREDY IBARRA MARTÍNEZ
BASTO Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARMELO PERDOMO CUÉTER PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salvamento Parcial de voto

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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