Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04180-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04180-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-04180-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
13 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 24
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Control inmediato de legalidad
Expediente : 11001-03-15-000-2021-04180-00
Solicitante : Nación, Ministerio de Salud y Protección Social
Actuación : Decide el control inmediato de legalidad de la
Resolución 777 de 2 de junio de 2021, proferida por
el ministro de salud y protección social
Agotada la actuación procesal de instancia y como no se observa causal de
nulidad que invalide lo actuado, la Sala se ocupa de dictar sentencia de dentro
del trámite del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control. La Nación, Ministerio de Salud y Protección Social,
ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo con el propósito de
que, conforme al artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), se ejerza control inmediato de
legalidad respecto de la Resolución 777 de 2 de junio de 2021, «Por medio de
la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las
actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de
bioseguridad para la ejecución de estas», emitida por el titular de esa cartera.
II. TRÁMITE PROCESAL
El control inmediato de legalidad fue admitido mediante auto de 9 de julio de
2021, en el que se ordenó notificar personalmente la decisión a los señores
ministro de salud y protección social y director de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado o a quienes hubieran delegado la facultad de recibir
notificaciones, y al correspondiente representante del Ministerio Público ante
esta Corporación para que conceptuara, conforme a los artículos 171, 197, 198
y 199 del CPACA.
2.1 Intervenciones.
2.1.1 La Nación-Ministerio de Salud y Protección Social. Intervino, por
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Autoridad emisora: Nación, Ministerio de Salud y Protección Social
conducto de la responsable de la dirección jurídica de esa cartera, para defender
la legalidad de la Resolución que nos ocupa.
Afirma, en síntesis, que las facultades ordinarias otorgadas al Ministerio de
Salud y Protección Social no resultaban eficaces para controlar los efectos y la
dinámica de la pandemia causada por el virus COVID-19, como evento de salud
pública nunca visto en el mundo, puesto que la legislación vigente no asigna a
ese ente estatal competencia para expedir protocolos técnicos y científicos de
bioseguridad con carácter vinculante distintos al sector salud.
Agrega que el acto controlado define los criterios para el desarrollo seguro de
las actividades económicas y sociales y del Estado, así como los protocolos de
bioseguridad para su ejecución, lo mismo que para las actividades que
funcionaban desde la Resolución 666 de 2020 (anterior protocolo general de
bioseguridad), cuyo contenido se elaboró en concertación con los respectivos
sectores económicos, de conformidad con la evidencia científica, que incluye
higiene de manos y respiratoria, distanciamiento físico de, al menos, un metro
y autocuidado, medidas estas que, en concepto de los expertos, se deben
mantener en forma simultánea con el retorno a las actividades que
paulatinamente se han reactivado.
Acota que de las recomendaciones existentes a nivel mundial se concluye que
los protocolos de bioseguridad para todas las actividades económicas tienen
elementos comunes que deben ser atendidos, con la finalidad de prevenir al
máximo el contagio, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
causada por el virus COVID-19 y minimizar los factores que puede generar la
transmisión de la enfermedad.
Que las medidas de bioseguridad «dependen del Índice de Resiliencia
Epidemiológica Municipal, el cual está conformado por: i) avance en las
coberturas de vacunación contra el COVID -19 en población a partir de los 16
años; ii) estimación de la seroprevalencia del SARS-CoV-2 en el municipio,
ajustada por la razón de juventud; y iii) capacidad del sistema de salud en el
territorio, de manera tal, que se permite la activación de actividades que vienen
rezagadas desde el inició de la pandemia con normas de cuidado que deben
adoptarse por los responsables de las actividades, empleados, contrastas y
usuarios» (índice 11, expediente digital) .
Aduce que con el Decreto 580 de 2021 el Gobierno nacional adoptó medidas de
reactivación progresiva de las actividades económicas sociales y del Estado, en
2
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Autoridad emisora: Nación, Ministerio de Salud y Protección Social
cuyo artículo 3 dispone que «Para el desarrollo de todas las actividades
económicas, sociales y del Estado, el Ministerio de Salud y Protección Social,
expedirá los criterios y condiciones que permitan el desarrollo de estas
actividades, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas, disponibilidad
del servicio de salud del territorio y el avance en la ejecución del plan nacional
de vacunación», a partir de lo cual el Ministerio estableció los criterios de
apertura gradual y las condiciones de bioseguridad para el desarrollo de tales
actividades, según el índice de resiliencia epidemiológica municipal (IREM),
que se materializaron en la expedición de la Resolución 777 de 2 de junio de
2021.
2.1.2 Concepto del Ministerio Público. El señor procurador segundo delegado
ante esta Corporación estima que el acto administrativo en cuestión satisface los
presupuestos legales de forma y de fondo para que sea objeto de control
inmediato de legalidad y está ajustado a derecho, por consiguiente, solicita se
declare legal.
Asevera que el propósito el acto controlado es garantizar el derecho a la salud
en el marco de la pandemia causada por el virus COVID-19, toda vez que regula
medidas como el aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable
y la reactivación económica segura, mediante un protocolo de bioseguridad,
tanto para los habitantes del territorio nacional como para el desarrollo de
actividades económicas, sociales y del Estado, con la finalidad de disminuir la
propagación de la pandemia y reducir el contagio, al igual que para asegurar el
avance del plan nacional de vacunación.
Que, en este contexto, resulta evidente la conexidad de las medidas adoptadas
con la normativa superior en que se fundan; son necesarias y proporcionales
para logar los propósitos de la declaratoria del estado de excepción.
2.1.3 Intervención de la ciudadana Leidy Johana Chaparro Higuera. En su
escrito, enviado a través de mensaje de datos, solicita se declare ilegal el artículo
5.° de la Resolución 777 de 2 de junio de 2021, concerniente al «Retorno a las
actividades laborales, contractuales y educativas de manera», dado que, a su
juicio, la reapertura de los colegios no es competencia del Ministerio de Salud
y Protección Social; se desconoce la autonomía de los padres de familia para
decidir si autorizan o no el regreso presencial de sus hijos a las aulas educativas,
ante la posibilidad que sus hijos puedan contagiarse del virus COVID-19, aún
más cuando la mayoría de colegios, dice, no cuentan con servicio de acueducto,
la infraestructura no permite distanciamiento físico, ni posee ventilación y no
3
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se garantizan las medidas de protección y bioseguridad en la mayoría de
establecimientos educativos del país.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Sea lo primero precisar que, conforme a los artículos 215
constitucional, 20 de la Ley 137 de 1994, «Por la cual se reglamentan los
estados de excepción en Colombia», y 111.8 y 136 del CPACA, a esta Sala le
corresponde conocer del presente asunto1.
3.2 Marco normativo. El asunto sub examine está regulado, en lo fundamental,
por las disposiciones contenidas en los artículos 215 de la Constitución Política;
11, 13 y 20 de la Ley 137 de 1994; y 111.8, 136 y 185 del CPACA.
En efecto, el artículo 215 de la Constitución Política, en lo pertinente, establece:
ARTICULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos
en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma
grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que
constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de
todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos hasta de
treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días
en el año calendario.
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con
la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y
específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria,
establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos
casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia
fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter
permanente.
[…]
Por su parte, la Ley 137 de 1994 prevé que «Los decretos legislativos deberán
expresar claramente las razones por las cuales cada una de las medidas
adoptadas es necesaria para alcanzar los fines que dieron lugar a la
declaratoria del estado de excepción correspondiente» (artículo 11); y «Las
medidas expedidas durante los estados de excepción deberán guardar
1
La sala plena de lo contencioso-administrativo, en sesión virtual 10 de 1° de abril de 2020, determinó asignar
las decisiones acerca de los controles inmediatos de legalidad a las salas especiales de decisión de esta
Corporación, según consta en acta 9 de la misma fecha.
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Autoridad emisora: Nación, Ministerio de Salud y Protección Social
proporcionalidad con la gravedad de los hechos que buscan conjurar» (artículo
13).
Acerca del control inmediato de legalidad que compete a esta Corporación, se
tiene que el artículo 20 de la mencionada Ley 137 de 1994 dispone:
Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la
función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos
durante los estados de excepción, tendrán un control inmediato de
legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en
el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del
Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos
administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición [se
destaca].
De igual modo, el CPACA (Ley 1437 de 2011) al respecto preceptúa:
Artículo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter
general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como
desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción,
tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de
entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades
nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este
código.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos
administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la
autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.
En materia de competencia, dicho control inmediato de legalidad será ejercido
por: (i) la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en el lugar donde se
expidan las medidas, si se tratare de entidades territoriales, o (ii) el Consejo de
Estado si emanan de autoridades nacionales, en todo caso, «de acuerdo con las
reglas de competencia establecidas en este código», al tenor del citado artículo
136 del CPACA.
Del anterior marco normativo se concluye que el examen de las medidas objeto
de control inmediato de legalidad por parte del Consejo de Estado involucra los
siguientes aspectos:
5
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Medio de control: Control inmediato de legalidad
Autoridad emisora: Nación, Ministerio de Salud y Protección Social
1. Formal. (i) Relacionado con el carácter general de la medida, (ii) que emane
de autoridad nacional, (iii) dictada en ejercicio de la función administrativa y
(iv) en desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante el estado de
excepción.
2. Material o sustancial. Comprende la conexidad, que se expresa en que la
medida objeto de examen «deberá estar directa y específicamente encaminada
a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos»
y cuyo propósito sea «alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del
estado de excepción correspondiente», como lo determinan los artículos 10 y
11 de la mencionada Ley 137 de 1994, al igual que la proporcionalidad, es decir,
que «Las medidas expedidas durante los estados de excepción deberán guardar
proporcionalidad con la gravedad de los hechos que buscan conjurar» (artículo
13 ibidem).
Al respecto, esta Corporación, en providencia de 28 de enero de 20032, sostuvo
que «[…] el control automático de legalidad que estructura el artículo 20 de la
Ley 137 de 1994 versa sobre “las medidas de carácter general”, entendidas
éstas como actos de contenido general […]» y «se expiden al amparo de los
estados de excepción, esto es, actos administrativos que desarrollan o
reglamentan un decreto legislativo»3 [negrilla de la Sala].
En consonancia con lo dicho, la sala plena de lo contencioso-administrativo de
esta Corporación4 ha reiterado:
Características del control inmediato de legalidad
El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en la
Constitución Política para examinar los actos administrativos de carácter
general que se expiden al amparo de los estados de excepción, esto es, actos
administrativos que desarrollan o reglamentan un decreto legislativo.
El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto
administrativo con las normas constitucionales que permiten la
declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la
Constitución Política), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley
137 de 1994) y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con
ocasión de la declaratoria del estado de excepción.
2
Sala plena de lo contencioso administrativo, C. P. Reinaldo Chavarro Buriticá, expediente 11001-03-15-000-
2002-1280-01(CA-006).
3
Sentencia de 5 de marzo de 2012, sala plena de lo contencioso administrativo, C. P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, expediente 11001-03-15-000-2010- 00369-00.
4
Sentencia de 5 de marzo de 2012, expediente 11001031500020100036900, C. P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2020-04180-00
Medio de control: Control inmediato de legalidad
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En oportunidades anteriores, la Sala5 ha definido como características del
control inmediato de legalidad las siguientes:
a) Es un proceso judicial porque el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 otorgó
competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
examinar la legalidad de los actos administrativos proferidos en ejercicio
de la función administrativa que desarrolla los decretos. […]
c) Es autónomo, toda vez que es posible que se controlen los actos
administrativos antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la
constitucionalidad del decreto que declara el estado de excepción y de los
decretos legislativos que lo desarrollan
En principio, podría pensarse que el control integral supone que el acto
administrativo general se confronta frente a todo el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, debido a la complejidad del ordenamiento jurídico, el control
de legalidad queda circunscrito a las normas invocadas en la sentencia con
la que culmina el procedimiento especial de control de legalidad previsto
en la ley estatutaria 137.
En sentencia de 24 de mayo de 2016, la misma Sala insistió en que «El Consejo
de Estado con fundamento en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994, 111.8, 136
y 185 del CPACA, realiza un control inmediato y automático de legalidad sobre
los actos administrativos de carácter general expedidos por las autoridades
nacionales con base en los decretos legislativos»6 (se destaca) y añadió que el
control no se efectúa frente al universo jurídico, sino respecto de las
disposiciones que le sirven de fundamento directo; por consiguiente, la decisión
judicial que se adopte hace tránsito a cosa juzgada relativa, puesto que resulta
posible que sea nuevamente controvertido en la jurisdicción de cara a otras
normas no estudiadas y por aspectos diferentes a los analizados. De igual modo,
sostuvo en la citada providencia que el control integral involucra el estudio de
los parámetros y límites formales y materiales, que deben ser observados por el
Gobierno nacional para expedir el acto, lo que equivale a determinar su
conformidad (proporcionalidad y conexidad)7 con la normativa superior que le
dio soporte. La Sala lo expuso así:
4.4 -El Control inmediato de legalidad es integral, tiene efectos de cosa
juzgada respecto de las normas superiores frente a los temas
estudiados, y relativa frente al resto del ordenamiento jurídico. […]
5
Ver, entre muchas otras, sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de enero de
2003, expediente 2002-0949-01, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 7 de octubre de 2003, expediente
2003-0472-01, C. P. Tarcisio Cáceres Toro, del 16 de junio de 2009, expediente 2009-00305-00, y del 9 de
diciembre de 2009, expediente 2009-0732-00, C. P. Enrique Gil Botero.
6
Expediente 11001031500020150257800, C. P. Guillermo Vargas Ayala.
7
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, fallo de 24 de septiembre de 2002, expediente
2002-0697, C. P. Alberto Arango Mantilla.
7
Expediente: 11001-03-15-000-2020-04180-00
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En efecto, el carácter integral del control no obliga a la Sala a realizar el
estudio de validez del decreto confrontándolo con todo el universo
jurídico. Esta Corporación ha sido reiterativa en señalar “que la
integralidad que se predica de este control, no puede fundarse en los
mismos parámetros de aquel que le compete a la Corte Constitucional
respecto de los decretos legislativos, expedidos al amparo de la
declaratoria del estado de excepción, por expreso mandato superior (arts.
241 numeral 7º y 215, parágrafo), porque no es lo mismo revisar una
norma legal de excepción delante de un número finito de disposiciones
(como es la Constitución), que revisarla frente al “resto del ordenamiento
jurídico”. Si bien es cierto que el control automático supone un control
integral, no puede pretenderse con ello que al ejercer tal control, el juez
revise todo el ordenamiento jurídico”.8
Por tal motivo, aun cuando la Sala se pronunciará, como le corresponde,
respecto a la legalidad del acto, y como quiera que la decisión hace tránsito
a cosa juzgada relativa, es posible que sea nuevamente controvertido en la
jurisdicción respecto de otras normas superiores no estudiadas y por
aspectos diferentes a los analizados.
4.5.- Procedimiento y límites del control. La Sala Plena, de tiempo atrás,
ha venido sosteniendo que el control integral involucra el estudio de los
parámetros y límites, formales y materiales, que deben ser observados por
el Gobierno Nacional para expedir el acto, lo que equivale a determinar su
conformidad formal y material (proporcionalidad y conexidad)9 con
respecto a las normas superiores que directamente le sirven de fundamento.
3.3 Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si el acto
administrativo sometido a control inmediato de legalidad fue emitido con
observancia de la normativa superior en que debía fundarse; y si constituye
desarrollo de los decretos legislativos expedidos con fundamento en el 417 de
17 de marzo de 2020, por el cual el presidente de la República, con la firma de
todos los ministros, «declara un estado de emergencia económica, social y
ecológica en todo el territorio Nacional».
3.4 Acto objeto de control inmediato de legalidad. Se trata de la Resolución
777 de 2 de junio de 2021, expedida por el señor ministro de salud y protección
social, que dice:
RESOLUCIÓN 777 DE 2021
(Junio 2)
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, fallo de 23 de noviembre de 2010, expediente No.
2010-00196. C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo de 24 de septiembre de 2002,
expediente 2002-0697. C. P. Alberto Arango Mantilla.
8
Expediente: 11001-03-15-000-2020-04180-00
Medio de control: Control inmediato de legalidad
Autoridad emisora: Nación, Ministerio de Salud y Protección Social
Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el
desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se
adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas en
el artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011, y en el artículo 1º del
Decreto Legislativo 539 de 2020 y,
CONSIDERANDO:
[…]
Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, el 7 de enero de 2020,
declaró el brote del nuevo coronavirus Covid - 19 como una Emergencia
de Salud Pública de Importancia Internacional y el 11 de marzo de 2020,
como una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación,
por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes decididas para la
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles
casos y el tratamiento de los casos confirmados , así como la divulgación
de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación
del contagio.
Que, como consecuencia de ello y con el fin de prevenir y controlar a
propagación de COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social
mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional, la cual ha sido prorrogada hasta el
31 de agosto de 2021, mediante Resoluciones 844, 1462, y 2230 de 2020,
222 y 738 de 2021.
[…]
Que el Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 de
2021 adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, en el
que se define, entre otros aspectos, en todo el territorio nacional, la
población que debe recibir prioritariamente la vacuna para cumplir con el
objeto de reducir la morbilidad grave y la mortalidad especifica por
COVID- 19, disminuir la incidencia de casos graves y la protección de la
población que tiene alta exposición al virus y reducir el contagio en la
población general.
[…]
Que teniendo en cuenta que el COVID19 es un evento endémico, de
acuerdo a la evidencia científica, se logra mitigar la transmisión a través
de medidas farmacológicas como la vacunación y no farmacológicas
(medidas de bioseguridad) las cuales deben asumirse como prácticas de
autocuidado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2020-04180-00
Medio de control: Control inmediato de legalidad
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Que desde la salud pública se han identificado otras afectaciones en salud
relacionadas con la pandemia. Según el Estudio de Resiliencia y Riesgos
en Salud Mental realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
durante la pandemia se ha evidenciado un incremento en los riesgos
asociados a problemas y trastornos mentales y se ha identificado un
incremento de 1as enfermedades crónicas y de los casos de violencia
intrafamiliar, lo cual hace necesario propiciar las condiciones de
bioseguridad que permitan el reencuentro en las actividades sociales,
deportivas y culturales de forma progresiva y promover la salud y el
bienestar integral de la población colombiana .
Que, mediante Decreto 580 de 2021, el Gobierno nacional adoptó las
medidas para la reactivación progresiva de las actividades económicas,
sociales y del Estado y determinó que, bajo el nuevo panorama de la
pandemia, el Ministerio de Salud y Protección Social debe establecer los
criterios para la apertura gradual y las condiciones que permitan el
desarrollo de tales actividades.
Que, en consecuencia, con el fin de reactivar las actividades de todos los
sectores donde se desarrolla la vida cotidiana de la población colombiana
es necesario establecer las normas de autocuidado y actualizar el
protocolo general de bioseguridad que deben ser implementado y
adoptado por todas las personas, actividades económicas, sociales,
culturales y todos los sectores de la administración, a fin de propiciar el
retorno gradual y progresivo a todas las actividades.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto de la presente resolución es establecer
los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades
económicas, sociales y del Estado, y adoptar el protocolo general de
bioseguridad que permita el desarrollo de estas.
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Esta resolución aplica a todos los
habitantes del territorio nacional, a todos los sectores económicos y
sociales del país y a las entidades públicas y privadas nacionales y
territoriales que integran el Estado colombiano.
ARTÍCULO 3. Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal -
IREM. El índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal es el índice
sintético multidimensional conformado por tres dimensiones, a saber: (i)
avance en las coberturas de vacunación contra el COVID-19 en la
población a partir de los 16 años; (ii) estimación de la seroprevalencia del
ARS-CoV-2 en el municipio, ajustada por la razón de juventud; y (iii)
capacidad del sistema de salud en el territorio. El índice varía entre 0 y 1
puntos. Cuando el índice tiende a 1, se concluye una mayor resiliencia
epidemiológica del municipio ante la apertura económica, cultural y
social en el marco de la superación de la pandemia por COVID-19. Los
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Expediente: 11001-03-15-000-2020-04180-00
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Autoridad emisora: Nación, Ministerio de Salud y Protección Social
detalles metodológicos se especifican en la ficha técnica. El índice de
resiliencia epidemiológica municipal será publicado el día uno y día
quince de cada mes en el Repositorio Institucional Digital-R10- del
Ministerio de Salud y Protección Social.
ARTÍCULO 4. Criterios y condiciones para el desarrollo de las
actividades económicas, sociales y del Estado. El desarrollo de todas
las actividades económicas, sociales y del Estado se realizará por ciclos,
de acuerdo con los siguientes criterios:
4.1. Ciclo 1. Inicia en el momento en que entra en vigencia la presente
Resolución y se extiende hasta cuando el distrito o municipio, alcanza
una cobertura del 69% de la vacunación de la población priorizada en la
fase 1 (Etapa 1, 2 y 3) del Plan Nacional de Vacunación, adoptado
mediante Decreto 109 de 2020, modificado por los Decretos 404 y 466
de 2021.
En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo
que incluye conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares
de baile, siempre que la ocupación de camas UCI del departamento al que
pertenece el municipio, sea igual o menor al 85%, que se mantenga el
distanciamiento físico de mínimo 1 metro y se respete un aforo máximo
del 25% de la capacidad de la infraestructura en donde se realiza el
evento.
Las actividades que ya vienen funcionado, podrán continuar con el
desarrollo de sus actividades, siempre y cuando se respete un
distanciamiento físico de mínimo 1 metro de distancia, indicado en el
anexo técnico de esta resolución.
Si la ocupación de camas UCI es mayor al 85%, no se permiten los
eventos de carácter público o privado que superen las 50 personas. Esta
regla no aplica para congresos, ferias empresariales y centros
comerciales, en consideración al manejo de los espacios.
4.2. Ciclo 2. Inicia en el momento en el que el municipio o distrito alcance
una cobertura del 70% de la vacunación contra el Covid - 19 de la
población priorizada de la Fase 1 (Etapas 1, 2 y 3) de que trata el artículo
7 del Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 de
2021. También podrá iniciar cuando el municipio o distrito alcance un
índice de resiliencia epidemiológica municipal que supere el 0.5. Este
ciclo finaliza cuando el territorio alcance un valor de 0.74 en el índice de
resiliencia epidemiológica municipal.
En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo
que incluye conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares
de baile, siempre que se mantenga el distanciamiento físico de mínimo
1metro y se respete un aforo máximo de 50% de la capacidad de la
infraestructura en donde se realiza el evento.
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Las actividades que ya vienen funcionado, podrán continuar con el
desarrollo de sus actividades, siempre y cuando se respete un
distanciamiento físico de mínimo 1 metro de distancia, indicado en el
anexo técnico de esta resolución.
4.3. Ciclo 3. Inicia cuando el municipio o distrito alcance un índice de
resiliencia epidemiológica municipal de 0.75 y se extenderá hasta la
vigencia de la presente Resolución.
En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo
que incluye conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares
de baile, siempre que se mantenga el distanciamiento físico de 1 metro y
se respete un aforo máximo de 75% de la capacidad de la infraestructura
en donde se realiza el evento.
Las actividades que ya vienen funcionando, podrán continuar con el
desarrollo de sus actividades, siempre y cuando se respete un
distanciamiento físico de mínimo 1 metro.
PARÁGRAFO 1: Si la ocupación de camas UCI de un departamento es
mayor al 85%, el transporte público de ese departamento deberá operar
con un aforo de máximo el 70%. El aforo podrá aumentarse por encima
del 70% si la ocupación de camas UCI es inferior al 85%. Nunca podrán
generarse sobrecupos.
PARÁGRAFO 2. Los establecimientos que presten servicios de
hospedaje pueden disponer de todas sus habitaciones. Los servicios
asociados al hospedaje, es decir, alimentación, recreación y
esparcimiento, deben cumplir con los aforos definidos en la presente
resolución.
PARÁGRAFO 3. El servicio educativo en educación inicial, preescolar,
básica y media debe prestarse de manera presencial incluyendo los
servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares
complementarias. Los aforos estarán determinados por la capacidad que
tiene cada establecimiento educativo, a partir de la adecuación de los
espacios abiertos y cerrados respetando el distanciamiento mínimo de 1
metro y las condiciones de bioseguridad definidas en el anexo que hace
parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 5. Retorno a las actividades laborales, contractuales y
educativas de manera presencial. Las Secretarías de Educación de las
entidades territoriales certificadas organizarán el retorno a las actividades
académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, personal
administrativo y personal de apoyo logístico que hayan recibido el
esquema completo de vacunación.
Los empleadores o contratantes públicos y privados establecerán
estrategias para el regreso a las actividades laborales o contractuales de
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manera presencial de las personas que hayan recibido el esquema
completo de vacunación.
PARÁGRAFO. En la organización y estrategias de retorno a las
actividades de manera presencial se incluirán a las personas que en el
ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, independientemente
de su edad o condición de comorbilidad.
ARTÍCULO 6. Protocolo de bioseguridad para el desarrollo de las
actividades económicas, sociales y del Estado. Adóptese el protocolo
de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales
y del Estado, contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la
presente resolución.
ARTÍCULO 7. Adopción, adaptación y cumplimiento de las medidas
de bioseguridad.
Dentro de los parámetros y condiciones definidos en la presente
resolución los actores de cada sector, en el marco de sus competencias,
son los responsables de:
7.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta
resolución.
7.2. Dar a conocer a su sector y a la comunidad en general las medidas
indicadas en el presente acto administrativo.
7.3. Garantizar, implementar las acciones que hagan efectivas las medidas
contenidas en la presente resolución y aplicarlas.
La comunidad en general deberá:
7.4. Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones
y actividades laborales y contractuales.
7.5. Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las
medidas de bioseguridad.
7.6. Cumplir el protocolo de bioseguridad que se adopta en la presente
resolución y aquellos adoptados por las autoridades sanitarias territoriales
y por su empleador o contratante.
7.7. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que
se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se
adopten las medidas correspondientes.
7.8. Observar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador
o contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente
relacionados con síntomas o signos asociados a enfermedad COVID 19.
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7.9. Reportar al empleador o contratante cualquier situación de riesgo en
el lugar de trabajo que pongan en riesgo el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad.
7.10. Cumplir todas las medidas de bioseguridad y comportamiento en el
espacio público.
7.11.1. Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado, adoptados en
los establecimientos de los sectores económicos, sociales, y del Estado,
con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus, en el desarrollo
de todas las actividades
7.12. Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas compatibles
con COVID 19, o ser contacto estrecho de un caso sospechoso o
confirmado de conformidad con lo dispuesto en las normas expedidas por
el Ministerio de Salud y Protección Social.
ARTÍCULO 8. Vigilancia y cumplimiento. La vigilancia y
cumplimiento de las normas dispuestas en esta resolución estará a cargo
de las secretarías municipales, distritales y departamentales competentes
según el sector, o la entidad que haga sus veces, sin perjuicio de la función
de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarias de salud
municipales, distritales y departamentales quienes, en caso de
incumplimiento deberán informar a las Direcciones Territoriales del
Ministerio del Trabajo, para que se adelanten las acciones
correspondientes en el marco de sus competencias .
ARTÍCULO 9. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga las resoluciones: 666, 675,
677, 678, 679, 680, 682, 714, 735, 737, 738, 739,740, 748, 749, 773, 796,
797, 798, 887, 889, 890, 891, 892, 898, 899, 900, 905, 957, 958, 993,
1041, 1050, 1120, 1159, 1285, 1313, 1346, 1408, 1421, 1443, 1507, 1513,
1537, 1538, 1359, 1547, 1569, 1681, 1721, 1746, 1763, 1764, 1840, 2295
y 2245 todas de 2020 y 411 y 753 de 2021.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los -2 JUN 2021
(hay firma)
FERNANDO RUIZ GÓMEZ
Ministro de Salud y Protección Social [sic para toda la cita].
Hace parte de la anterior Resolución el «ANEXO TÉCNICO», denominado
«PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DE LA
TRANSMISION DE COVID-19».
3.4.1 Aspectos formales de la Resolución 777 de 2 de junio de 2021.
Examinado el acto administrativo, evidencia la Sala que satisface los
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presupuestos legales para el control inmediato de legalidad por parte de esta
Corporación, puesto que fue proferido por autoridad nacional, esto es, el
Ministerio de Salud y Protección Social, a través del titular de la cartera, en
ejercicio de la función administrativa y en desarrollo del Decreto legislativo 539
de 13 de abril de 202010, que preceptúa:
Artículo 1. Protocolos de bioseguridad. Durante el término de la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19,
el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de
determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran
para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la
administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
Artículo 2. Obligaciones de las autoridades territoriales en materia de
bioseguridad. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por
el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia
derivada del Coronavirus COVID19, los gobernadores y alcaldes estarán
sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el Ministerio de
Salud y Protección Social, en virtud de la facultad otorgada en el artículo
anterior. La secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces,
que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la
administración pública del protocolo que ha de ser implementado, vigilará
el cumplimiento del mismo.
Ahora bien, para efectos de examinar la legalidad de la Resolución aquí
controlada, resulta pertinente destacar que el Decreto legislativo 539 de 2020,
que le sirvió de sustento, fue declarado exequible por la Corte Constitucional,
en sentencia C-205 de 25 de junio de 2020 (M. P. José Fernando Reyes Cuartas),
en la que concluyó que los protocolos de bioseguridad, como medidas de
protección, cumplen un papel preponderante en el cuidado de la salud y la
reactivación de la economía nacional en el marco de la pandemia.
Aseveró la Corte que «[L]as normas de bioseguridad persiguen la prevención
y el control de los factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, en el
presente caso el coronavirus COVID-19. Por tal motivo, organismos
internacionales especializados en la materia han sugerido la adopción de tales
protocolos previo al levantamiento de las medidas de confinamiento. De tal
forma, la Sala constata que, como lo aseguró el Gobierno, esta disposición está
dirigida a conjurar las causas de la emergencia y mitigar el impacto que puede
10
«Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica»,
15
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tener la eventual progresión de la pandemia, pues garantiza la existencia de
reglas claras de higiene personal, distanciamiento físico y desinfección del
entorno en las actividades que implican interacción de individuos, al tiempo
que se previene la expansión del virus en el ámbito laboral o comercial, el
aumento exponencial de casos y las dificultades en el sistema sanitario que ello
conllevaría. Aunado a lo anterior, permite la concreción de pautas específicas
para autorizar la reapertura de las actividades económicas suspendidas»
(juicio de finalidad).
Agregó la Corporación que «Los protocolos de bioseguridad, según lo
indicado, buscan que las empresas, los trabajadores y la sociedad en general,
a partir de las medidas planteadas en los mismos, protejan su salud y su vida,
así como la de sus familias y los que hacen parte de su entorno, y a su vez, la
de aquellas personas con quienes comparte en su ámbito laboral, que al mismo
tiempo podrían ser portadoras del virus, que resultaría propagándose en caso
de que no se sigan tales instrucciones, relacionadas principalmente con el
distanciamiento individual, al aseo personal y la utilización de tapabocas. En
esa medida, la norma dirigida a que se apliquen de manera uniforme y se
supervise su cumplimiento por las entidades territoriales propende por la
mitigación y manejo del COVID-19».
En desarrollo del anterior marco normativo de excepción, el Ministerio expidió
la Resolución objeto de control de legalidad, como decisión de carácter general,
abstracto e impersonal del orden nacional, en cuanto, por mandato superior,
determina los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades
económicas, sociales y del Estado, incluido el sector de educación, y adopta el
protocolo general de bioseguridad, que permite el desarrollo de estas, aplicable
a todos los habitantes del territorio nacional, sectores económicos y sociales,
entidades públicas y privadas del país, con la finalidad de superar la pandemia
causada por el virus COVID-19.
El acto administrativo fue publicado en el diario oficial 51.694 de 3 de junio de
2021, con lo que satisface los presupuestos de publicidad, vigencia y
oponibilidad de las decisiones administrativas de naturaleza general,
consagrados en el artículo 65 del CPACA11.
Por otra parte, la Resolución controlada está dotada de los elementos externos
que la individualizan, como número, fecha de expedición, vigencia,
11
«ARTÍCULO 65. DEBER DE PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER
GENERAL. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido
publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso».
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identificación de las atribuciones constitucionales y legales que autorizan su
expedición, motivación fáctica y jurídica, articulado y firma de la autoridad
competente.
La medida adoptada se profirió en el marco de la vigencia de la emergencia
sanitaria en el territorio nacional, declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, prorrogada
por las 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 y 738 de 2021 (hasta el 31 de agosto
del mismo año), con lo cual satisfizo el elemento temporal para su emisión,
previsto en el Decreto legislativo 539 de 13 de abril de 2020 (artículo 1°), que
dispuso: «Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada
del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será la
entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre
bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y
sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID-19» (negrilla de la Sala).
Respecto de la falta de competencia para proferir el acto controlado por parte
del Ministerio de Salud y Protección Social, que aduce la interviniente Leidy
Johana Chaparro Higuera, resulta necesario reiterar que la entidad lo profirió,
no por iniciativa propia, sino por mandato superior del Ejecutivo, contenido en
el Decreto legislativo 539 de 2020, en cuanto estableció en el artículo 1.° que
esa cartera sería la encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre
bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas y sociales y los
sectores de la administración pública (incluido el educativo), para mitigar,
controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia,
por eso centralizó esta atribución en el Ministerio, es decir, para «evitar la
duplicidad de autoridades involucradas en el desarrollo de las competencias
de diseño, implementación y ejecución de planes de acción o expedición de
protocolos que sobre bioseguridad se requieran para mitigar, evitar la
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID-19. Que se requiere actuar de manera coordinada y unificada para
mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia
del Coronavirus COVID19», normativa que la Corte Constitucional declaró
exequible, como ya se anotó. Por consiguiente, la entidad actuó con
competencia y en cumplimiento de un deber legal superior.
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De modo que el acto administrativo sub examine satisface la finalidad de
desarrollar el Decreto legislativo 539 de 13 de abril de 2020, que se emitió, a su
vez, con fundamento en el Decreto legislativo 417 de 2020, mediante el cual el
presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declaró el
«estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio
nacional, por el término de 30 días».
De conformidad con lo señalado, se concluye que los presupuestos de validez
formal del acto objeto de juzgamiento están legalmente acreditados.
3.4.2 Aspectos materiales de la Resolución 777 de 2 de junio de 2021. Acerca
de la conexidad y proporcionalidad que debe guardar respecto de la normativa
superior que le sirve de fundamento, la Ley 137 de 1994, «Por la cual se
reglamentan los estados de excepción en Colombia», preceptúa:
ARTÍCULO 10. FINALIDAD. Cada una de las medidas adoptadas en los
decretos legislativos deberá estar directa y específicamente encaminada a
conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus
efectos.
ARTÍCULO 11. NECESIDAD. Los decretos legislativos deberán expresar
claramente las razones por las cuales cada una de las medidas adoptadas es
necesaria para alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del
estado de excepción correspondiente.
[…]
ARTÍCULO 13. PROPORCIONALIDAD. Las medidas expedidas durante
los estados de excepción deberán guardar proporcionalidad con la
gravedad de los hechos que buscan conjurar.
La limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será
admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la
normalidad.
Si bien es cierto que los artículos 10 y 11 citados se refieren a «decretos
legislativos», no lo es menos que las demás medidas generales dictadas por las
autoridades administrativas de los distintos órdenes deben observar también los
criterios de necesidad y proporcionalidad en su adopción, como garantía de
sujeción y respeto al estado de excepción, en aras de lograr la coherencia de las
determinaciones que se expidan durante este, encaminadas a conjurar, al
unísono, las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos.
Es decir, que se deben respetar con el mismo rigor, o más, los principios de
legalidad, competencia y responsabilidad por parte de los servidores estatales
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Expediente: 11001-03-15-000-2020-04180-00
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durante el mencionado estado excepcional al expedir medidas que lo
desarrollen.
3.4.2.1 Necesidad de la medida. La Resolución 777 de 2 de junio de 2021
motiva su expedición en las necesidades jurídica y fáctica inmediatas de
contribuir a superar la crisis o evitar la extensión de los efectos de la amenaza
global de la salubridad pública, causada por la pandemia originada en el virus
COVID-19, que, a su vez, impacta en forma negativa el normal desarrollo
económico y social del país en todos los escenarios, con consecuencias
inapreciables.
En primer lugar, la necesidad jurídica se advierte en la observancia del
mandato dirigido al Ministerio de Salud y Protección Social, contenido en dos
disposiciones: (i) el Decreto legislativo 539 de 13 de abril de 2020, que le
ordenó determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran
para todas las actividades económicas y sociales y los sectores de la
administración pública, con el propósito de mitigar, controlar, evitar la
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia ocasionada por el
virus COVID-19; y (ii) el Decreto 580 de 2021, en el que también le encomendó
que «Para el desarrollo de todas las actividades económicas, sociales y del
Estado, el Ministerio de Salud y Protección Social, expedirá los criterios y
condiciones que permitan el desarrollo de estas actividades, de acuerdo con las
condiciones epidemiológicas, disponibilidad del servicio de salud del territorio
y el avance en la ejecución del plan nacional de vacunación» (artículo 4.°).
Estas determinaciones superiores se materializaron con la expedición del acto
aquí controlado.
En desarrollo de lo anterior, emerge también la necesidad fáctica de expedir la
Resolución 777 de 2 de junio de 2021, con la que el Ministerio de Salud y
Protección Social definió, a partir de elementos técnicos, como el índice de
resiliencia epidemiológica municipal (IREM), (i) los criterios y condiciones
para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado en
condiciones y espacios bioseguros, que de manera progresiva promuevan el
bienestar integral de la población colombiana; y (ii) adoptó el protocolo de
bioseguridad para la ejecución de las mencionadas actividades.
Respecto de los primeros, la Resolución controlada dispuso en el artículo 4.°
tales criterios y condiciones para el impulso de las actividades económicas,
sociales y del Estado por ciclos (escala de 1 a 3), sujetos al avance del plan de
vacunación adoptado por el Decreto 109 de 2020 (modificado por los 404 y 466
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de 2021), y se alcance un índice de resiliencia epidemiológica municipal
(IREM) del 0.75.
Precisa que si la ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo (UCI)
de un departamento es mayor al 85%, el transporte público de ese ente territorial
deberá operar con un aforo máximo del 70%, el cual podrá aumentarse si la
ocupación de UCI es inferior al 85%. Los establecimientos que presten servicios
de hospedaje pueden disponer de todas sus habitaciones, con la condición de
que los servicios asociados, es decir, de alimentación, recreación y
esparcimiento, cumplan los aforos definidos en la misma Resolución.
En el sector educativo, el retorno no se ordena en forma pura y simple, como lo
aduce la ciudadana interviniente, toda vez que el acto controlado preceptúa que
el servicio de educación inicial, preescolar, básico y medio debe prestarse de
manera presencial, con los servicios de alimentación escolar, transporte y
actividades curriculares complementarias, pero los aforos también estarán
determinados por la capacidad que tiene cada establecimiento educativo, a partir
de la adecuación de los espacios abiertos y cerrados, con observancia del
distanciamiento mínimo de un (1) metro y de las condiciones de bioseguridad
definidas en el respectivo protocolo anexo; en esa dirección, establece que las
secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas organizarán
el retorno a las actividades académicas presenciales de los docentes, directivos
docentes, personal administrativo y personal de apoyo logístico que haya
recibido el esquema completo de vacunación.
Se ordena a los empleadores o contratantes públicos y privados, en general, que
establezcan estrategias para el regreso a las actividades laborales o contractuales
de manera presencial de las personas que hayan recibido el esquema completo
de vacunación, con inclusión de las que, en el ejercicio de su autonomía,
decidieron no vacunarse, independientemente de su edad o condición de
comorbilidad.
Por otro lado, en la misma Resolución 777 de 2 de junio de 2021 se adoptó
(como anexo técnico) el «PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 », como, de igual modo,
lo ordenó el Decreto legislativo 539 de 13 de abril de 2020, cuyo objetivo es
«Orientar las medidas generales de autocuidado y de bioseguridad en el marco
de la pandemia por el coronavirus COVID-19, para incorporar en el desarrollo
de todas las actividades de los diferentes sectores económicos, sociales, y del
Estado, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus». En este
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sentido, ilustra previamente definiciones para su interpretación y aplicación,
mediante un glosario de términos, como aislamiento, autocuidado,
bioseguridad, aglomeración, desinfectante, eventos públicos y privados,
material contaminado, residuos peligrosos, entre otros.
Luego, fija, de manera transversal y general, «MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Y AUTOCUIDADO PARA TODOS LOS SECTORES», sustentadas en el criterio
técnico, según el cual «Las medidas que han demostrado mayor evidencia para
la contención de la transmisión del virus son las siguientes: a. Medidas de
autocuidado; b. Cuidado de la salud mental; c. Lavado e higiene de manos; d.
Distanciamiento físico; e. Uso de tapabocas; f. Ventilación adecuada; g.
Limpieza y desinfección; h. Manejo de residuos»
Determina también instrumentos adicionales de bioseguridad para el
desarrollo de actividades de sectores específicos, como el educativo (docentes,
directores docentes, administrativos y personal de apoyo), en relación con el
transporte escolar, uso de tapabocas en niños, niñas y adolescentes; vigilancia
epidemiológica a la comunidad educativa; actividades de bioseguridad en niños
menores de 2 años (distanciamiento físico, lavado de manos, privilegiar
actividades al aire libre, desinfección de elementos, entre otros).
Para el sector de deportes establece distanciamiento físico, uso de tapabocas,
limpieza y desinfección de equipos, vías y ciclovías saludables, evaluación de
la condición de salud para la práctica deportiva en concentraciones y
competiciones y partidos de fútbol.
En el sector laboral, se señalan alternativas de organización para su desarrollo;
medidas para la apertura de bares y discotecas, realización de eventos públicos
y privados, funcionamiento de establecimientos y lugares con piscinas abiertas
al público, uso de playas y demás espacios públicos; marchas y protestas (antes,
durante y después); al igual que medidas de bioseguridad para los sectores
agrario, transporte aéreo y terrestre.
En este contexto, las medidas adoptadas resultan necesarias para mitigar las
repercusiones negativas económicas y sociales producidas en el país por la
pandemia ocasionada por el virus COVID-19, al permitir la apertura gradual de
los sectores productivos, acompañada de directrices preventivas de
bioseguridad contra la expansión del virus, en consonancia con lo que ordenó
el Decreto legislativo 539 de 13 de abril de 2020.
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El Ministerio informó a esta Corporación que «La mencionada resolución fue
expedida con base en el Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal IREM,
que se construye a partir de indicadores claves como el avance de la
vacunación, la seroprevalencia proyectada frente al COVID-19, la capacidad
de testeo y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI), lo cual
permitirá la apertura gradual y progresiva de todos los sectores y ampliar los
aforos frente a distintas actividades, observando siempre las medidas de
bioseguridad».
Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que «Estas reglas de seguridad
frente al riesgo de contagio del COVID-19 en el ámbito laboral, sin duda
constituyen un elemento fundamental para la concreción del elemento de
dignidad contenido en el derecho al trabajo y el derecho a la dignidad humana
en su faceta de garantía de ciertas condiciones materiales concretas de
existencia, de manera que el desarrollo de sus actividades no ponga en riesgo
su integridad física y su propia vida» (sentencia C-205 de 2020, M. P. José
Fernando Reyes Cuartas).
Comoquiera que el desarrollo adecuado de la economía nacional impacta
positivamente para alcanzar la superación de la pandemia causada por el virus
COVID-19, resultaban indispensables las medidas adoptadas, toda vez que
están encaminadas a procurar la protección y prevención del contagio en todas
las actividades económicas, sociales y de los sectores de la administración
pública, y contribuyen a garantizar los derechos sociales de los trabajadores, así
como el desempeño de las labores en condiciones dignas, justas y de
bioseguridad.
No se debe perder de vista que el asilamiento preventivo obligatorio también
generó afectaciones a la salud, coligadas a la pandemia, hecho que se pone de
presente en la motivación del acto contralado, así: «Según el Estudio de
Resiliencia y Riesgos en Salud Mental realizado por el Ministerio de Salud y
Protección Social, durante la pandemia se ha evidenciado un incremento en los
riesgos asociados a problemas y trastornos mentales y se ha identificado un
incremento de 1as enfermedades crónicas y de los casos de violencia
intrafamiliar, lo cual hace necesario propiciar las condiciones de bioseguridad
que permitan el reencuentro en las actividades sociales, deportivas y culturales
de forma progresiva y promover la salud y el bienestar integral de la población
colombiana».
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Con lo anterior, se da por satisfecho el presupuesto de necesidad de las medidas
adoptadas en el acto objeto de control.
3.4.2.2 Finalidad de la medida. En el contexto indicado, la medida
desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social está orientada a
contrarrestar los efectos económicos adversos producto de las medidas de
aislamiento preventivo obligatorio; contribuye directa y específicamente a
conjurar las causas de la perturbación generada por la pandemia causada por el
virus COVID-19 y a impedir la extensión de sus efectos, propósito que consagra
el aludido Decreto legislativo 539 de 2020, que la sustentan.
La adopción de este protocolo de bioseguridad, dice la Corte Constitucional,
está encaminada a conjurar la grave situación generada por la pandemia del
virus COVID-19, habida cuenta de que la creación de instructivos es un
presupuesto dirigido a controlar el contagio y minimizar los riesgos a los cuales
se ve expuesta la población ante la reactivación de los sectores de la economía
y la administración pública, con posterioridad al aislamiento preventivo
obligatorio12.
Las determinaciones adoptadas en el acto controlado satisfacen, de igual modo,
el juicio de finalidad, al adicionar que la vigilancia y cumplimiento de las
normas dispuestas en él estará a cargo de las secretarías municipales, distritales
y departamentales competentes según el sector, o la entidad que haga sus veces,
sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las
secretarías de salud de esos mismos entes territoriales, que, en caso de
incumplimiento, deberán informar a las direcciones territoriales del Ministerio
del Trabajo.
Como se observa, esta medida busca articular los diferentes actores frente a la
aplicación unificada de los instrumentos y prácticas de bioseguridad para el
desarrollo de las actividades económicas en todo el territorio nacional.
La decisión del Ministerio resulta igualmente compatible con los fines
perseguidos por la declaratoria del estado de excepción, entre cuyas
motivaciones, el Decreto 417 de 202013 consagró la de limitar las posibilidades
de propagación del virus COVID-19, proteger la salubridad pública, toda vez
que otro de los fundamentos para la declaración de tal estado de excepción lo
12
Sentencia C-205 de 2020, M. P. José Fernando Reyes Cuartas
13
Por medio del cual el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declaró el «Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días», declarado
exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-145 de 2020 (M. P. José Fernando Reyes Cuartas).
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Expediente: 11001-03-15-000-2020-04180-00
Medio de control: Control inmediato de legalidad
Autoridad emisora: Nación, Ministerio de Salud y Protección Social
constituyó las afectaciones al sistema económico, y la Resolución 777 de 2021
busca superarlas, a la par con la protección a la salud de la población.
De las anteriores consideraciones, infiere la Sala que la decisión satisface la
finalidad de contribuir a conjurar las causas de la perturbación que motivó la
declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica y a impedir
la extensión de los efectos letales del virus COVID-19.
3.4.2.3 Proporcionalidad de la medida. El acto enjuiciado también supera el
juicio de proporcionalidad14, no solo por lo que se acaba de exponer, sino por
su idoneidad para alcanzar un propósito constitucionalmente legítimo, cual es
el de contribuir a proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, derechos y libertades por parte de las autoridades de la República,
razón de ser del Estado social de derecho, como lo consagran los artículos 1° y
2° de la Constitución Política; en particular se pretende que, en la medida en
que los sectores económicos de la sociedad y de la administración pública
abandonen paulatinamente el confinamiento, se proteja a los trabajadores y a la
misma sociedad del riesgo del contagio y de la expansión del virus COVID-
1915.
Acerca del juicio de proporcionalidad, la Corte Constitucional dijo que «Este
Tribunal encuentra que la expedición de protocolos de bioseguridad y su
adopción en las distintas regiones del país están limitadas a las finalidades que
se pretenden lograr y no son exorbitantes de cara a la crisis generada por el
virus. En efecto, todas ellas se exhiben como medidas de salubridad y de
protección necesarias para garantizar la vida de los trabajadores y de los
demás integrantes de la sociedad, pues buscan que el desconfinamiento no
genere la expansión del virus y que se preserve la salud e integridad física de
14
Para la Corte Constitucional «Basta con señalar que la proporcionalidad del medio se determina mediante
una evaluación de su “idoneidad para obtener el fin (constitucionalmente legítimo de acuerdo con el principio
de razón suficiente); necesidad, en el sentido de que no existan medios alternativos igualmente adecuados o
idóneos para la obtención del fin, pero menos restrictivos de los principios afectados; y proporcionalidad en
sentido estricto, esto es, que el fin que la efectividad del fin que se persigue se alcance en una medida mayor a
la afectación de los principios que sufren restricción, y particularmente, del principio de igualdad”. Los dos
primeros suponen un análisis de medios afines, en el que se estudia (i) si un medio es potencialmente adecuado
para satisfacer un fin legítimo perseguido por el órgano que adopta la medida, y (ii) si existen medios
alternativos que eviten la restricción de un principio o la hagan menos intensa; el tercero, a su turno, se concentra
en determinar si esa medida satisface tan ampliamente un principio constitucional que se justifica una restricción
(menor) de otro principio o fin constitucional. También vale la pena precisar que la Corte en algunos de sus
primeros fallos estudiaba la “razonabilidad” de las medidas dentro del sub-principio de idoneidad del juicio de
proporcionalidad, mientras en otros, lo hacía en pasos separados. En realidad, el examen tiene los mismos pasos
sin importar si se separa la legitimidad del fin de la idoneidad o adecuación de la medida. Para profundizar en
el tema, se pueden consultar las Sentencias C-475 de 1997, T-015 de 1994, C-022 de 1996, C, T-230 de 1994,
C-475 de 1997, C-584 de 1997, C-309 de 1997, C-392 de 2002 y T-916 de 2002» (sentencia C-220 de 2017,
M. P. José Antonio Cepeda Amarís)
15
Corte constitucional, sentencia C-205 de 2020, M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2020-04180-00
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Autoridad emisora: Nación, Ministerio de Salud y Protección Social
aquellos que gradualmente recuperan ese escenario de comunicación social,
así como de sus familias y de aquellos que componen su entorno» (sentencia C-
205 de 2020, M. P. José Fernando Reyes Cuartas).
De modo que la Resolución 777 de 2021 persigue un beneficio de supremo valor
y trascendencia social, que justifica su expedición.
A partir de esta perspectiva, concluye la Sala que la determinación del ente
estatal no se advierte arbitraria, desproporcionada o irrazonable; no contiene
limitaciones al ejercicio de derechos fundamentales y las medidas que adopta
como desarrollo del Decreto legislativo 539 de 2020 resultan congruentes con
la gravedad de los hechos que originaron la crisis.
Lo expuesto descarta, de contera, que la autoridad administrativa haya incurrido
en falsa motivación16 del acto controlado o en desviación de poder17, en atención
a que su promulgación se tornó necesaria, proporcionada frente a las
circunstancias que lo originaron, razonada y razonable y guarda evidente
conexidad con los decretos legislativos que le sirvieron de fundamento y las
normas constitucionales citadas.
Sin más disquisiciones sobre el particular y a partir de una sana hermenéutica
jurídica, la Sala arriba a la convicción de que el acto administrativo objeto de
control inmediato de legalidad se halla conforme a derecho.
No obstante, el presente fallo producirá efectos erga omnes solo en relación con
las normas jurídicas superiores frente a las cuales se realizó el examen, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 189 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala especial de decisión 24,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Constitución y la ley, de acuerdo con el Ministerio Público,
16
En lo concerniente a la desviación de poder, la Corte Constitucional ha sostenido que este vicio «en la
expedición de un acto administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro
de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de
la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses
públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la
respectiva competencia» (sentencia C-456 de 1998, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
17
Según la jurisprudencia de esta Corporación, para que se configure la falsa motivación de los actos
administrativos «es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la
Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados
dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban
demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente»
[sentencia de 26 de julio de 2017, expediente 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326)].
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Expediente: 11001-03-15-000-2020-04180-00
Medio de control: Control inmediato de legalidad
Autoridad emisora: Nación, Ministerio de Salud y Protección Social
FALLA:
1.° Declárase conforme a derecho la Resolución 777 de 2 de junio de 2021,
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo expuesto en la
parte motiva de este fallo.
2.º En firme esta providencia, archívense las diligencias, previas las constancias
y anotaciones que sean menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmada electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Presidente
Firmada electrónicamente
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Firmada electrónicamente
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Firmada electrónicamente
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Firmada electrónicamente
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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