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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2020-04180-00

Fecha
30 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2020-04180-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Maryuris Estella Blanco Serrano, en nombre propio y en representación de [M.J.C.B.], los señores Celis María Florián Chala, Nelson Jhovanny Sabogal Chala, Wilmer Alfonso González Chala, los menores [M.I.F.N. – M.L.F.N. – W.A.F.N.] quienes comparecieron al presente asunto por medio de su representante legal, señora Yenina del Carmen Nieto Pardo y la señora Moilis Edith Contreras Blanco, por la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, contra la sentencia de 25 de octubre de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Negar la pretensión tercera de la demanda del recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. TERCERO: Abstenerse de condenar en costas de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta decisión. CUARTO: Devolver al despacho judicial de origen el expediente remitido en préstamo, identificado con el radicado 0800123-31-000-2012-00145-01. QUINTO: Reconocer al abogado Nelson Torres Romero, identificado con la cédula de ciudadanía n.º 80.259.301 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional n.º 326.201 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, conforme a los términos y facultades contenidas en el poder obrante en el expediente digital109.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2020-04180-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2020-04180-00
Demandante: MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO Y OTROS
Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 25
de octubre de 2019, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: Causal invocada: Existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación - Artículo 250, numeral 5.º del CPACA.

SENTENCIA

La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la señora Maryuris Estella Blanco
Serrano y otros, por intermedio de apoderado judicial, en el cual invocaron la
causal 5.ª del artículo 250 del CPACA 1 y pretenden que se infirme la sentencia
de 25 de octubre de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado2.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda de reparación directa

El 26 de enero de 2012, la señora Maryuris Estella Blanco Serrano, en su propio
nombre y en representación de sus hijos Moilis Edith Contreras Blanco y
M.J.C.B3, así como Marina Esther Chala Cienfuegos, Wajid Martín Florián Chala,
Celis María Florián Chala, Nelson Jhovanny Sabogal Chala y Wilmer Alfonso
González Chala, por medio de apoderado judicial, promovieron demanda de
reparación directa4 contra la Nación- Ministerio de Defensa– Policía Nacional,
con el fin de que se declarara administrativamente responsable por la muerte del
señor Moisés José Contreras Chala.

Formularon las siguientes pretensiones:

1
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011,
en adelante CPACA - “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […] ”.
2
Radicado 0800123-31-000-2012-00145-01, MP. Marta Nubia Velásquez Rico.
3
En consideración a que en la presente sentencia se relacionan hechos en los que se mencionan
a niños y niñas que actúan a través de sus representantes legales, se ha adoptado como medida
de protección del derecho a la intimidad y la confidencialidad no mencionar sus nombres en esta
providencia y, en su lugar, solo referir sus iniciales [artículo 33 de la Ley 1098 de 2006].
4
Folios 1 al 51 del cuaderno físico n.º del expediente del proceso de reparación directa, radicado
0800123-31-000-2012-00145-01.

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

“[…] PRIMERO: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, de los perjuicios
materiales, morales y fisiológicos causados a los demandantes como
consecuencia de la muerte del señor MOISÉS CONTRERAS CHALA (Q-E-P-D-),
causada por miembros de la Policía Nacional adscritos al Departamento del
Atlántico, en los hechos ocurridos el día 11 de junio de 2010.

SEGUNDO: Condenar, en consecuencia a la NACIÓN- MINISTERIO DE
DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, como reparación del daño ocasionado, a pagar
a su compañera sentimental MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO a sus
menores hijos MOILIS EDITH Y [M.J.C.B.], los perjuicios de orden material
teniendo en cuenta la edad de la víctima y los gastos generados por su muerte la
suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ
MIL PESOS ($ 372.810.000)

TERCERO: Condenar, en consecuencia a la NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, como reparación del daño ocasionado, a pagar
a los actores o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden
material, moral, objetivados y subjetivados, actuales y futuros así:

a) Para la señora MARINA ESTHER CHALA CIENFUEGOS, madre de la víctima
el equivalente a DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES.

b) Para la señora MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO, en calidad de
compañera permanente de la víctima el equivalente a DOSCIENTOS (200)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

c) Para los menores MOILIS EDITH Y [M.J.C.B.], en calidad de hijos de la víctima,
el equivalente a CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES para cada uno.

d) Para los señores WAJID MARTÍN FLORIÁN CHALA, CELIS MARIA FLORIÁN
CHALA, WILMER ALFONSO GONZALEZ CHALA Y NELSON JHOVANNY
SABOGAL CHALA, hermanos de la víctima el equivalente a CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES para cada uno.

CUARTO. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto
en el artículo 178 del C.C.A. y se reconocerán los intereses legales desde la fecha
de ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a sentencia
que le ponga fin al proceso.

QUINTO: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos
de los artículos 176 y 177 del C.C.A. […]”5.

La demanda se sustentó en los supuestos fácticos, que se sintetizan de la
siguiente manera6:

• El 11 de junio de 2010, a las 4:30 p.m. aproximadamente, miembros de la
Policía Nacional ingresaron de manera “violenta y sin orden judicial” a la casa de
uno de los hermanos del señor Moisés Contreras Chala, ubicada en el barrio 20
de julio de Barranquilla, procedimiento en el que, según manifestaron los
demandantes, “destrozaron las puertas, enseres y ventanas de la vivienda” en
búsqueda de una supuesta droga que, según los agentes, allí se expendía.

5
Folios 1 y 2 ib.
6
Folios 2 al 5 ib.

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

• En el operativo fue aprehendido el señor Moisés José Contreras Chala, quien
se encontraba de visita en la vivienda y fue conducido por uniformados en la
camioneta de placas 06-1628 de la Policía Nacional hasta la estación de la
ciudadela 20 de julio de Barranquilla, lugar al que arribó hacia las 6:00 p.m.
aproximadamente.

• Según el libro de guardia de la referida estación, minutos después el señor
Contreras Chala fue llevado a la clínica Murillo de Barranquilla, porque
presentaba “dolores estomacales y calambres en las piernas”. De acuerdo con la
historia clínica ingresó a las 6:20 p.m. sin signos vitales.

• Los demandantes señalaron que los uniformados que lo trasladaron le
mintieron al médico que lo atendió, porque le informaron que habían encontrado
al señor Contreras Chala “en la calle” y que era “drogadicto”.

• El protocolo de necropsia indicó que la muerte del señor Contreras Chala fue
violenta, por insuficiencia respiratoria y por asfixia mecánica, debida a una
broncoaspiración de causa estomacal.

• La señora Maryuris Estella Blanco Serrano presentó denuncia ante la justicia
penal militar, cuya investigación correspondió al Juzgado 174 de Instrucción
Penal Militar, autoridad que remitió la investigación a la Fiscalía 39 Delegada de
la Unidad de Vida de Barranquilla, por cuanto los hechos no guardaban relación
con el servicio.

2. Actuaciones procesales en el juicio de reparación directa

2.1. El asunto, inicialmente, correspondió por reparto al Juzgado Cuarto
Administrativo de Barranquilla que, por auto de 27 de enero de 2012 7, inadmitió
la demanda, para que la parte actora estimara razonadamente la cuantía, toda
vez que en el acápite correspondiente indicó que “[…] excede la suma de
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) al ser estimada en la
demanda en forma razonada en más de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS
M/L (800.000.000)”8, sin explicar cómo se llegó a esa cifra y cuál de los dos
valores era el correcto.

La parte demandante, para subsanar el yerro advertido, reiteró las pretensiones
que formuló respecto de cada uno de los demandantes, y precisó que “[…] Como
se puede observar la señora MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO y sus menores
hijos, se solicitó como perjuicios materiales la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS MILLONES DE PESOS ($372.000.000) y por perjuicios morales se solicitó para la
señora MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO la suma de DOSCIENTOS (200)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, que representan la suma de
CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS ($107.000.000) al momento de presentar la
demanda […] Siendo así la pretensión de mayor valor en la demanda para la señora

7
Folio 62 ib.
8
Folios 9 y 10 ib.

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO, superior a los trescientos millones de pesos
($300.000.000), razón por la cual se estima la cuantía de forma razonada […]”9.

En auto de 10 de febrero de 201210, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Barranquilla declaró la falta de competencia, en razón a la cuantía y ordenó la
remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico.

A través de auto de 7 de marzo de 201211, el Tribunal Administrativo del Atlántico
admitió la demanda contra la Nación- Ministerio de Defensa– Policía Nacional.
Posteriormente, el proceso fue enviado a la “Subsección de Descongestión” de
la referida corporación, que en auto de ponente, de 23 de octubre de 201212,
avocó el conocimiento del asunto13.

2.2. La Nación- Ministerio de Defensa– Policía Nacional, por conducto de
apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda14.

Informó que se realizó un procedimiento de rutina en la vivienda en donde se
encontraba el señor Moisés José Contreras Chala, a quien se capturó, porque no
permitió que le hicieran la requisa, motivo por el cual fue conducido a la estación
de policía para identificarlo y verificar sus antecedentes.

Señaló que el detenido manifestó que se sentía mal, ante lo cual el comandante
de la estación ordenó trasladarlo inmediatamente a una clínica, lugar al que llegó
sin signos vitales.

Argumentó que, al hacer un estudio minucioso del informe de necropsia, si bien
se dictaminó la muerte violenta, también lo es que allí se consignó que los
resultados de toxicología y la investigación serían determinantes para aclarar la
causa de la muerte.

Concluyó que no se configuró la falla en el servicio con ocasión del traslado a la
estación o a la clínica Murillo de la ciudad de Barranquilla, por lo que no existía
nexo causal, y sostuvo que probablemente la muerte del señor Contreras Chala
fue producto de los “metabolitos de cocaína y cannabinoides” que se hallaron en
el examen de toxicología que se realizó, por lo que consideró que el hecho fue
culpa exclusiva de la víctima.

2.3. La etapa probatoria y de alegatos de conclusión

A través de auto de 12 de julio de 201315, la ponente del Tribunal: i) tuvo como
pruebas la documental aportada por las partes, ii) decretó como prueba

9
Folios 63 y 64 ib.
10
Folios 65 y 66 ib.
11
Folios 70 y 71 ib.
12
Folio 77 ib.
13
De conformidad con lo previsto en el Acuerdo PSAA11 n.º 8596 de 19 de septiembre de 2011,
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
14
Folios 85 a 115 ib.
15
Folios 116 y 117 ib.

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Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

trasladada el expediente con radicación I.P. 1317, que cursaba ante el Juzgado
174 de Instrucción Penal Militar de Barranquilla a solicitud de la parte
demandante y iii) decretó la testimonial solicitada por la demandada.

Vencido el período probatorio, mediante auto de 13 de noviembre de 2013 16, se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
lo de su competencia.

2.4. Sentencia de primera instancia

Finalizada la etapa de alegaciones, la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo del Atlántico, en sentencia de 31 de enero de 201417, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación-
Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los hechos en que perdió la vida el
señor Moisés Contreras Chala.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional a
reconocer y pagar por concepto de perjuicios las sumas de dinero que se expresan
a continuación:

MORALES:

Nombre Parentesco SMLMV
Moilis Edith Contreras Blanco hija 100 SMLMV
[M.J.C.B.] hijo 100 SMLMV
Nelson Jhovanny Sabogal Chala hermano 50 SMLMV
Celis María Florián Chala hermana 50 SMLMV
Wilmer Alfonso González Chala hermano 50 SMLMV
Wajid Martín Florián Chala hermano 50 SMLMV
Marina Esther Chala Cienfuegos madre 100 SMLMV
Maryuris Estella Blanco Serrano Compañera permanente 50 SMLMV

MATERIALES:
En la modalidad de lucro cesante se reconocerá la suma resultante de las pautas
señaladas en la parte motiva de esta providencia a favor de la señora Maryuris
Estella Blanco Serrano como compañera permanente y de sus hijos Moilis Edith
Contreras Blanco y [M.J.C.B.].

TERCERO: DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

CUARTO: Cúmplase lo dispuesto en esta providencia en los términos establecidos
en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.

SEXTO: Notifíquese al señor agente del Ministerio Público delegado.

SÉPTIMO: En caso de no ser apelada CONSÚLTESE esta sentencia junto con el
auto que liquide la condena impuesta en abstracto por perjuicios materiales, de
conformidad con el artículo 184 del C.C.A. […]”.

16
Folio 319 del cuaderno físico n.º 2 del expediente del proceso de reparación directa, radicado
0800123-31-000-2012-00145-01.
17
Folio 333 al 365 del cuaderno físico n.º 3 del expediente del proceso de reparación directa,
radicado 0800123-31-000-2012-00145-01.

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

El Tribunal, de acuerdo con el material probatorio, concluyó que a partir del
momento en que el señor Moisés José Contreras Chala fue privado de su libertad
y sometido por parte de miembros de la Policía Nacional, la entidad asumió una
posición de garante respecto del aprehendido, toda vez que se creó una relación
especial de sujeción y protección, es decir, su integridad era responsabilidad de
la demandada con base en una obligación de resultado y no se probó que la
víctima hubiera causado su propia muerte, por lo que debía declararse la
responsabilidad administrativa de la demandada.

En cuanto a los perjuicios morales, aplicó la postura jurisprudencial del Consejo
de Estado18, según la cual se regló la suma equivalente a 100 SMMLV en los
eventos que aquél se presente en su mayor grado de vínculo de parentesco.

El daño emergente no fue reconocido toda vez que en la demanda se solicitó la
suma de $372.000.000. Sin embargo, no se aportó prueba que acreditara dichos
gastos, solamente se allegó una factura por concepto de servicios funerarios a
nombre del señor Mario Mejía Capdevilla, que no era parte en el proceso.

Sobre el lucro cesante, el a quo profirió condena en abstracto con fundamento
en que no se probó la actividad laboral que ejercía el occiso, pero aplicó el criterio
del Consejo de Estado19, según el cual indicó que “[…] toda persona que se
encuentra en edad productiva, desempeña una actividad lícita […]”, por lo cual
se presumía que devengaba 1SMMLV, aunado a que la víctima, por ley
(numerales 1.º y 2.º del artículo 411 del Código Civil), debía alimentos a su
compañera permanente y a sus hijos.

2.5. Recurso de apelación

La Nación- Ministerio de Defensa– Policía Nacional20 apeló la decisión de primera
instancia e insistió que la captura del señor Moisés José Contreras Chala fue un
procedimiento de rutina y que su muerte no era atribuible a su acción u omisión.

Sostuvo que la muerte fue causada por la culpa exclusiva de la víctima al
oponerse violentamente al procedimiento de identificación que realizó la Policía
Nacional.

Resaltó que el dictamen sobre “psicofármacos” concluyó que la víctima se
encontraba bajo los efectos de “cocaína y canabinoides (sic)”, lo cual explicaba
su comportamiento agresivo que pudo provocar la broncoaspiración que le causó
la muerte.

18
Al respecto se citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 18 de enero de 2012, radicado 25000-23-26-000-1996-03149-01 (20038), M.P. Olga
Melida Valle de la Hoz.
19
Al respecto se citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 18 de marzo de 2010, radicado 05001-23-31-000-1996-00145-01 (18569), M.P.
Enrique Gil Botero.
20
Folios 366 a 384 del cuaderno físico n.º 3 del expediente del proceso de reparación directa,
radicado 0800123-31-000-2012-00145-01.

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

Se opuso al reconocimiento de perjuicios morales y materiales en favor de la
señora Maryuris Estella Blanco Serrano, en tanto consideró que no probó la
existencia de una unión marital con la víctima y señaló que el a quo debió declarar
la inepta demanda porque la solicitud de conciliación extrajudicial solo fue
presentada por aquella, pero no por los demás demandantes, razón por la cual
debió inhibirse de resolver de fondo y no reconocerles la indemnización
solicitada.

2.6. Mediante auto de 1.º de octubre de 201421, la ponente del Tribunal citó a las
partes y al Ministerio Público a la audiencia de conciliación de que trata el artículo
70 de la Ley 1395 de 2010, la cual fue reprogramada en auto de 22 de octubre
siguiente22. La diligencia se celebró el 5 de noviembre de 201423 y se declaró
fallida por falta de ánimo conciliatorio.

Por medio de auto de 2 de marzo de 201524, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y, a través de auto de 29 de abril de 201525,
se admitió el recurso. En auto de 28 de mayo de 201526 se corrió traslado a las
partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto.

La Nación- Ministerio de Defensa– Policía Nacional presentó escrito en el que
insistió en la culpa exclusiva de la víctima.

La parte demandante guardó silencio.

El Procurador Delegado solicitó que se confirmara la sentencia recurrida, por cuanto
consideró que el señor Moisés José Contreras Chala fue retenido y sometido por
la Policía Nacional y a partir de ese momento asumió la posición de garante e
incumplió sus deberes de cuidado y protección respecto de la víctima.

2.7. Sentencia de segunda instancia

La Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, en sentencia de 25
de octubre de 201927, resolvió:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del
Atlántico, el 31 de enero de 2014, la cual quedará así:

1. Revocar las indemnizaciones concedidas a los demandantes Moilis Edith
Contreras Blanco, [M.J.C.B.], Marina Esther Chala Cienfuegos, Wajid Martín
Florián Chala, Celis María Florián Chala, Nelson Jhovanny Sabogal Chala y Wilmer
Alfonso González Chala y, en su lugar, Inhibirse de resolver de fondo respecto de
estos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

21
Folio 386 ib.
22
Folio 387 ib.
23
Folio 388 ib.
24
Folio. 391 ib.
25
Folios 397 y 398 ib.
26
Folio 400 ib.
27
Folios 427 al 443 ib.

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2. Declarar que la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional es
administrativamente responsable por la muerte del señor Moisés José Contreras
Chala.

3. Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional a pagar a la
señora Maryuris Estella Blanco Serrano la suma de 50 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales.

4. Negar las demás súplicas de la demanda.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código
Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia, expedir copias con destino a las partes
con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Sin costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente
al Tribunal de origen.”28.

El ad quem precisó que la señora Maryuris Estella Blanco Serrano, se encontraba
legitimada en la causa por activa y que, dentro de las piezas de la investigación
penal adelantada por el homicidio del señor Moisés José Contreras Chala,
existen medios de prueba con los cuales era posible establecer la unión marital
y, por ende, su condición de compañera permanente, por lo que tal calidad estaba
acreditada respecto de la demandante.

Sobre los argumentos de inepta demanda por falta de agotamiento del requisito
de conciliación extrajudicial, la Sección Tercera advirtió que la constancia
expedida por la Procuraduría 117 Judicial II Administrativa de Barranquilla,
aportada por la parte demandante (folio 17), indica que la convocante fue la
señora Maryuris Estella Blanco Serrano, pero no señaló a otros sujetos y tampoco
se anexó copia de la solicitud de conciliación extrajudicial para verificar si los
demás demandantes formaron parte de dicha solicitud, circunstancia que no tuvo
en cuenta el a quo y que resultaba violatoria del derecho de defensa de la entidad
demandada.

En consecuencia, revocó los perjuicios morales reconocidos a Moilis Edith
Contreras Blanco, [M.J.C.B.], Marina Esther Chala Cienfuegos, Wajid Martín
Florián Chala, Celis María Florián Chala, Nelson Jhovanny Sabogal Chala y
Wilmer Alfonso González Chala para, en su lugar, inhibirse de pronunciarse
respecto de las pretensiones invocadas por aquellos.

En cuanto a la falla del servicio, precisó que no le asistía razón a la Policía
Nacional por cuanto estaba comprobado que el señor Moisés José Contreras
Chala sufrió una muerte violenta por insuficiencia respiratoria aguda causada por
asfixia mecánica debido a broncoaspiración de origen estomacal y su causa fue

28
Asimismo, en la providencia se precisó que “[…] por error, el Tribunal a quo notificó de la
demanda al director ejecutivo de administración judicial, lo cual no se tendrá en cuenta dado que
la entidad que representa no fue demandada en este proceso.”

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sofocación por cuerpo en vía aérea, no por las sustancias sicoactivas
encontradas, según el examen de toxicología. Por tanto, la falla en el servicio
atribuida a la demandada se concretó en la falta de custodia y cuidado de la
integridad física del detenido, sin que se hubiera explicado cómo ocurrió dicha
circunstancia y que aquel llegó sin signos vitales al centro asistencial.

Finalmente, el ad quem precisó que la parte demandante no presentó recurso de
apelación y la entidad demandada no recurrió expresamente acerca de la tasación
de la indemnización, ni la condena en abstracto. No obstante, explicó que:

“[…] la Sala no pierde de vista la sentencia de unificación de la Sala Plena de esta
Sección acerca de la competencia del juez de segunda instancia en relación con los
aspectos que se entienden comprendidos dentro del marco del recurso, el apelante
único y el principio de la non reformatio in pejus29.

[…] la Sala seguirá el precedente jurisprudencial antes citado y revisará la
liquidación de los perjuicios reconocidos por el Tribunal de primera instancia para
hacer las modificaciones a que haya lugar, siempre que favorezcan al apelante
único.

El a quo reconoció a la demandante 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes por concepto de perjuicios morales, en calidad de compañera
permanente del señor Moisés José Contreras Chala. Igualmente, le reconoció
lucro cesante mediante condena en abstracto.

De acuerdo con lo consignado en los fallos del 28 de agosto de 2014 30,
específicamente en cuanto al reconocimiento de perjuicios morales en casos de
muerte, como la demandante se encuentra en el primer nivel de relaciones
afectivas con la víctima, el a quo debió reconocerle la cantidad de 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes; sin embargo, no se modificará este monto
dado que no fue apelado por la parte actora.

En cuanto al lucro cesante, el a quo profirió una condena en abstracto con
fundamento en que no se probó la actividad laboral que ejercía el occiso, pero
aplicó el criterio según el cual toda persona en edad productiva desempeña una
actividad lícita y que la víctima, por ley, debía alimentos a su compañera
permanente y a sus hijos.

En primer lugar, debe advertirse que respecto de los hijos de la víctima Moilis Edith
Contreras Blanco y [M.J.C.B.], a quienes el a quo reconoció lucro cesante en
abstracto, no habrá lugar a dicha indemnización dado que, como antes se indicó,
frente a estos demandantes la Sala se inhibirá de pronunciarse de fondo, dado que
no agotaron el requisito de procedibilidad de la conciliación extra judicial.

En segundo lugar, en cuanto al lucro cesante reconocido mediante condena en
abstracto a la demandante Maryuris Estella Blanco Serrano, el a quo señaló que
“en el expediente no obra prueba alguna de la actividad laboral que ejercía el
occiso” y por ello consideró que debía aplicarle el criterio según el cual toda
persona en edad productiva desempeñaba una actividad lícita y debía alimentos
según la ley.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005), M.P. Danilo
Rojas Betancourth.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
expediente 26.251, MP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa y expediente 32.988 M.P. Ramiro
Pazos Guerrero (para el primer grado de consanguinidad se reconoce el equivalente a 100
SMLMV).

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

Sobre la actividad productiva del señor Moisés José Contreras Chala, en el
proceso solo obra el testimonio del señor Adolfo de Jesús Acuña Ortiz, vecino de
los demandantes, quien señaló que el señor Moisés José Contreras Chala “era
comerciante, compraba y vendía ropa, negociaba con marranos también” 31.

No obstante, como recientemente lo precisó la sentencia de unificación de la
Sección Tercera de esta Corporación en materia de lucro cesante32 y lo reiteró esta
Sala de Subsección en un caso similar33, debe “acreditarse suficientemente” que
la víctima desempeñaba una actividad productiva lícita que le proporcionaba
ingresos y que no pudo continuar realizando.

Para la Sala la manifestación del mencionado testigo no constituye prueba
suficiente para acreditar la actividad económica a la que supuestamente se
dedicaba la víctima, pues no explica ni detalla la razón de ese conocimiento ni se
allegaron otros medios de prueba que soportaran ese dicho.

De hecho, en la demanda se solicita este perjuicio sin fundamento alguno pues no
se menciona siquiera a qué actividad productiva se dedicaba el señor Moisés José
Contreras Chala, que coincida con lo señalado por el testigo.

Por tales motivos, se negará la indemnización por este concepto.

En cuanto a los perjuicios por concepto de daño emergente, en la demanda se
solicitó la cantidad de $2’810.000 en favor de la compañera permanente e hijos de la
víctima, suma que no fue reconocida por el a quo y frente a la cual la Sala no se
pronunciará, dado que no fue materia de apelación. […]”.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Demanda

El 25 de septiembre de 202034, la señora Maryuris Estella Blanco Serrano,
quien dijo actuar en nombre propio y en representación de su hijo [M.J.C.B.], los
señores Celis María Florián Chala, Nelson Jhovanny Sabogal Chala, Wilmer
Alfonso González Chala, quienes manifestaron actuar en nombre propio y como
herederos (hijos) de la señora Marina Esther Chala Cienfuegos, las menores
[M.I.F.N. – M.L.F.N. – W.A.F.N.] quienes dijeron comparecer al presente asunto
por medio de su representante legal, señora Yenina del Carmen Nieto Pardo, en
su condición de herederas (hijas) del señor Wajid Martín Florián Chala, y la
señora Moilis Edith Contreras Blanco, a través de apoderado judicial,
presentaron recurso extraordinario de revisión, contra la sentencia de 25 de
octubre de 2019, dictada en segunda instancia, por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se modificó la sentencia de 31
de enero de 2014, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo del Atlántico, en la acción de reparación directa promovida por

31
Folios. 250 y 251 del cuaderno 1.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 18 de julio de 2019, radicado 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572), M.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 25 de julio de 2019, radicado 68001-23-31-000-2008-00171-01 (50622).
34
Según el índice 2 de SAMAI “Se presentó demanda por ventanilla virtual con solicitud No 386,
fecha de presentación: 24/09/2020 17:06:32”, se radicó después del horario de atención al público
por lo que debe entenderse presentada el 25 de septiembre de 2020.

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Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

Maryuris Estella Blanco Serrano y otros contra la Nación- Ministerio de Defensa
• Policía Nacional.

Formularon las siguientes pretensiones:

“[…] Solicito se conceda y se admita, para su estudio y decisión el Recurso de
Revisión interpuesto, rogando a los Consejeros de Estado que integran la Sala
Plena que al decidir el presente recurso revisen la sentencia de segunda instancia
y se acceda a las siguientes pretensiones:
Primero: Se anule la sentencia objeto de revisión y en su lugar, se profiera fallo
que confirme en todas sus partes el fallo proferido en la primera instancia.
Segundo: Se condene en costas a la parte demandada.
Tercero: Se le compulsen copias al Abogado Norberto Caro Castro, identificado
con la C.C. No. 8.738.675 de Barranquilla, T. P. No. 106.578 del CSJ, ante la
Fiscalía, para que se le inicie investigación penal por el posible punible de fraude
procesal, al haber inducido en error al juez y ante al Consejo Superior de la
Judicatura, para que se le inicie proceso disciplinario al incurrir en la falta
disciplinaria prescrita en el artículo 33 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, que
hace referencia a efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas
o inexistentes que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados
o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial”35.

Seguidamente, relataron las actuaciones adelantadas para agotar el requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial y el trámite del proceso de
reparación directa.

Los recurrentes invocaron la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, por cuanto
consideran que la decisión objeto del recurso es nula porque desconoce el debido
proceso, artículo 29 de la Constitución Política, por violación de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, al inhibirse el juzgador de segunda instancia de fallar de fondo el asunto,
basado en argumentos falsos y por la aplicación indebida del precedente
jurisprudencial.

En primer lugar, señalaron que el derecho al debido proceso se afecta cuando
sin fundamento válido una autoridad emite sentencia inhibitoria36, porque se debe
garantizar la resolución de fondo cuando se den los presupuestos para ello, pues
de lo contrario se iría en detrimento del derecho de acceso real y efectivo a la
administración de justicia.

Afirmaron que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión incurrió
en un grave error al inhibirse de fallar sobre las pretensiones de Moilis Edith
Contreras Blanco y [M.J.C.B.], y los señores Marina Esther Chala Cienfuegos,
Wajid Martín Florián Chala, Celis María Florián Chala, Nelson Jhovanny Sabogal
Chala y Wilmer Alfonso González Chala, por considerar que solo la demandante

35
La demanda de revisión obra en digitalmente en el documento. pdf “DemandaWeb-Demanda-
(.pdf) NroA ctua 2” en el índice 2 de SAMAI.
36
En el escrito de la demanda se citaron apartes de la sentencia de 8 de mayo de 2018, de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

Maryuris Estella Blanco Serrano agotó el requisito de conciliación extrajudicial
para demandar en reparación directa, dando por ciertas las afirmaciones “falsas,
temerarias y de mala fe” expresadas por la entidad demandada en el recurso de
apelación, toda vez que de la constancia que se aportó al proceso, en el numeral
“segundo”, se hacía referencia a las pretensiones de “los solicitantes”.

Asimismo, afirmaron que sí cumplieron con el requisito de procedibilidad para lo
cual aportaron el auto de 15 de abril de 2011 en el que se inadmitió la solicitud,
emitido por la Procuraduría 117 Judicial II Administrativa de Barranquilla, así
como la copia del escrito de la solicitud de conciliación, con constancia de su
recibido ante la Secretaría General de Negocios Judiciales Sede Atlántico de la
Policía Nacional del “1 de mayo de 2011” y, los poderes que habían otorgado
para agotar el referido presupuesto de procedibilidad.

Precisaron que el artículo 228 de la Constitución Política prevé el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme al cual debe
entenderse que, las normas procesales son el medio que permite concretar o
efectivizar los derechos sustanciales de los ciudadanos.

Advirtieron que la omisión de no relacionar los nombres de los convocantes en la
constancia de conciliación aportada al proceso es un error atribuible al
Procurador 117 Judicial II y no a los demandantes, consideran que el “rigorismo
formalista” del fallo recurrido afectó las garantías procesales, al desconocerles el
derecho de acceso a la administración de justicia.

Asimismo, señalaron que el juez ad quem fue inducido en error por el abogado
de la demandada y que aquel “[…] incumple el deber de obrar con lealtad, y la
información fraudulenta aportada determina la decisión judicial. Es decir que el
juez o Tribunal es víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo
conduce a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales […]”.

Sostuvieron, que si en gracia de discusión se aceptara que los referidos actores
no agotaron el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, ello no
constituye causal de inepta demanda por falta de requisitos formales, porque es
una exigencia previa para demandar más no un requisito formal de la demanda,
lo cual supone que su incumplimiento, si bien genera consecuencias de tipo
procesal, no tiene la virtualidad de estructurar una “nulidad” que impida al juez
resolver de fondo, por lo que debió entenderse como una irregularidad saneada37.

Señalaron que tampoco es cierto que por el hecho de omitirse la audiencia de
conciliación extrajudicial resulte vulnerado el derecho de defensa de la parte
demandada, toda vez que tuvo la oportunidad de conciliar antes de conceder el
recurso de apelación.

37
Al respecto, citó la sentencia de tutela de 13 de febrero de 2014, Sección Primera del Consejo
de Estado, radicado 11001-03-15-000-2013-02489-00(AC), M.P. Guillermo Vargas Ayala.

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Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

En segundo lugar, argumentaron que la entidad demandada no apeló
expresamente la tasación de la indemnización, ni la condena en abstracto
reconocida en la sentencia de primera instancia. Sin embargo, la Sección Tercera
en la sentencia objeto del recurso, al momento de resolver, decidió revisar la
liquidación de perjuicios en la modalidad de lucro cesante y los negó a favor de
la señora Maryuris Estella Blanco Serrano, por considerar que no se acreditó la
actividad económica a la que se dedicaba la víctima, tomando para ello como
referente la sentencia de unificación jurisprudencial de 18 de julio de 2019.

Al respecto, expusieron que al revisar la sentencia de unificación que tuvo en
cuenta el fallador, dicha providencia se refiere al reconocimiento de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante en casos de privación injusta de la
libertad, y que en ninguna parte establece la acreditación de la "actividad
económica" como exigencia para el reconocimiento de la indemnización, sino
"[…] demostrar que la víctima directa estaba en edad productiva, que era
productiva y que desarrolle una actividad lícita […]", lo cual se encontraba
probado en el plenario y, por ende, era viable presumir que devengaba 1 SMMLV.

Sostuvieron que se debe “[…] tener presente lo referente al cambio de
precedente jurisprudencial y su aplicación en el tiempo toda vez que no obstante
que la aplicación general e inmediata de un nuevo precedente fijado por un
órgano de cierre de la jurisdicción vincula a la administración de justicia como
garantía de un principio de igualdad, pero sin que esa regla en general pase por
alto el contenido material de la misma igualdad al que hizo referencia
anteriormente y que conduce a que cada situación sea observada a la luz de las
circunstancias particulares […]”, razón por la cual consideran que se debió
mantener la tesis jurisprudencial vigente para el momento de presentar la
demanda, tal y como lo decidió el Tribunal, por lo que en su criterio, la Sección
Tercera en la decisión objeto del recurso, al modificar y tomar como referente la
sentencia de unificación, la aplicó indebidamente y vulneró el debido proceso de
los demandantes.

2. Auto admisorio de la demanda

Por medio de auto dictado el 8 de junio de 2021, se admitió la demanda38 y se
surtieron las notificaciones de rigor, las cuales se realizaron en legal forma, según
constancias obrantes en el sistema de gestión judicial SAMAI 39.

En la referida decisión se determinó que la parte actora del presente trámite está
conformada de la siguiente forma:

• MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO, que actúa en nombre propio
y en representación de su menor hijo [M.J.C.B.]40.

38
Debe señalarse que previo a la admisión se advirtieron varios defectos formales de la demanda,
para lo cual se le concedió la oportunidad a la parte actora para que los corrigiera (índices 5 al 30
de SAMAI).
39
Las notificaciones se llevaron a cabo el 10 de junio de 2021. Índices 33 a 36 de SAMAI.
40
índice 10 del SAMAI, poder obrante en la página 5 del archivo PDF contentivo del escrito de
subsanación.

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• MOILIS EDITH CONTRERAS BLANCO41.
• CELIS MARÍA FLORIÁN CHALA, NELSON JHOVANNY SABOGAL
CHALA, WILMER ALFONSO GONZÁLEZ CHALA que actúan en nombre
propio y como herederos (hijos) de la señora MARINA ESTHER CHALA
CIENFUEGOS (fallecida).
• Las menores [M.I.F.N. – M.L.F.N. – W.A.F.N.] que actúan por medio de
su representante legal señora Yenina del Carmen Nieto Pardo, en su
condición de herederas (hijas) del señor WAJID MARTÍN FLORIÁN
CHALA (fallecido).

Asimismo, se solicitó a la Secretaría General del Tribunal Administrativo del
Atlántico, que remitiera en forma física, en calidad de préstamo, el expediente
contentivo del proceso de reparación directa, radicado 08001-23-31-000-2012-
00145-01.

3. Contestación de la demanda

La Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional, dentro del término otorgado
no se opuso a la demanda.

4. Concepto del Ministerio Público

El procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
presente asunto42 y solicitó que se declarara parcialmente fundado el recurso
extraordinario de revisión.

En primer lugar, relató el trámite y actuaciones del proceso de reparación directa
que culminó con la sentencia de 25 de octubre de 2019, así como recapituló el
trámite del recurso extraordinario de revisión.

Seguidamente, se refirió a los criterios generales fijados por esta corporación
respecto del recurso extraordinario de revisión en cuanto a la causal 5.ª del
artículo 250 del CPACA y los casos en que se configura43.

En cuanto al caso concreto, indicó que la causal alegada se materializaba bajo
el entendido que un fallo inhibitorio “no justificado”, es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y a una tutela judicial efectiva, de acuerdo con lo
explicado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

41
índice 27 del SAMAI, poder obrante en las páginas 2 y 3 del archivo PDF contentivo del escrito
de subsanación.
42
Índice 41 de SAMAI, archivo .pdf “44CONCEPTO_CPTO054DE2021EXP202 00418000RER(.pdf)
NroActua 41”.
43
Citó: i) sentencia de 7 de abril de 2015, radicación 1001-03-15-000-2006-00318-00, Sala
Trece Especial de Decisión, ii) Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 27 de
enero de 2004, radicación 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, iii) Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia de 1 de
agosto de 2017, radicación 11001-03-15-000-2016-02832-00, iv) sentencia de 11 de
octubre de 2005, radicación 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz.

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Estado, en sentencia de 8 de mayo de 2018, radicación No 11001-03-15-000-
1998-00153-01, la cual transcribió in extenso.

Seguidamente, advirtió que la parte actora en la acción de reparación directa para
acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial para poder acudir a la jurisdicción contenciosa, presentó junto con la
demanda la "constancia de solicitud de conciliación No 108933-0353- 2011"
expedida el 17 de junio de 2011 por el Procurador 117 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Barranquilla, en la cual se indica como convocante a la señora
Maryuris Estella Blanco Serrano, lo que en principio permitía inferir que fungía
como única solicitante.

Sin embargo, destacó que en el mismo escrito también se anotó lo siguiente "[…]
2. que las pretensiones de la solicitud son las siguientes "Se concilien los
perjuicios materiales, morales y fisiológicos causados a los solicitantes como
consecuencia de la muerte del señor MOISÉS CONTRERA CHALA, por parte de
los miembros de la Policía Nacional, en el operativo realizado el 11 de junio de
2010, en el barrio 20 de julio de esta ciudad […]", por lo que podía presumirse
que se trataba de varios solicitantes o convocantes y, en su criterio, procedía
garantizar el acceso a la administración de justicia de los demandantes y resolver
de fondo sus pretensiones.

Asimismo, destacó que lo anterior se corrobora con la documental aportada con
el recurso de revisión, que da cuenta que sí agotaron el requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial. Al respecto, destacó las siguientes
pruebas aportadas:

1. El auto de 15 de abril de 2011, emitido por la Procuraduría 117 Judicial II
Administrativa de Barranquilla, por medio del cual se inadmitió la solicitud de
conciliación, en el cual se indicó “[…] CONVOCANTE: MARYURIS BLANCO
SERRANO Y OTROS y CONVOCADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA -
POLICÍA NACIONAL”.

2. La solicitud de conciliación con el respectivo sello de radicado ante la Policía
Nacional, el “1° de marzo de 2011”, en la cual destacó los siguientes apartes:
"[…] ASUNTO: CONVOCATORIA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN CONVOCANTE:
MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO, MARINA CHALA CIENFUEGOS Y OTROS
CONVOCADOS: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL […] MARIO DE
JESÚS MEJÍA CAPDEVILLA […] actuando de conformidad al poder conferido por los
señores MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO, MARINA ESTHER CHALA
CIENFUEGOS, WAJID FLORÁN CHALA, CELIS MARIA FLORIÁN CHALA, WILMER
ALFONSO GONZÁLEZ CHALA, NELSON YHOVANNY SABOGAL CHALA […]”.

3. Copia del registro civil de defunción del señor Moisés José Contreras Chala,
y de los registros civiles de nacimiento de Moilis Edith Contreras Blanco,
[M.J.C.B.], Nelson Jhovanny Sabogal Chala, Moisés José Contreras Chala,
Celis María Florián Chala, Wajid Martín Florián Chala, Wilmer Alfonso
González Chala.

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4. Los poderes especiales otorgados al abogado Mario de Jesús Mejía
Capdevilla, por parte de los convocantes Maryuris Estella Blanco Serrano,
quien actuó en nombre propio y en representación de Moilis Edith Contreras
Blanco y [M.J.C.B.], así como de los demás convocantes Marina Esther Chala
Cienfuegos (madre de la víctima), Nelson Jhovanny Sabogal Chala, Moisés
José Contreras Chala, Celis María Florián Chala, Wajid Martín Florián Chala,
Wilmer Alfonso González Chala (hermanos de la víctima), cuyo
reconocimiento se surtió ante notaría el 15 de junio de 2010, todos ellos
dirigidos al procurador Delegado ante los Juzgados Administrativos de
Barranquilla.

De acuerdo con lo anterior, en criterio del Ministerio Público, se equivocó el
fallador de segunda instancia al inhibirse de resolver sobre las pretensiones de
los menores hijos de la víctima, así como de sus demás familiares, por cuanto la
decisión carecía de fundamento en la medida en que no correspondía a la
realidad procesal en la que se basó.

Asimismo, indicó que la entidad demandada en la acción de reparación directa
no alegó sobre la supuesta ineptitud sustantiva de la demanda por no haberse
agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial por la
mayoría de los demandantes, por el contrario, mantuvo el debate contra las
pretensiones de todos los actores, bajo el entendido que sí habían cumplido con
el precitado requisito, razón por la cual el proceso en primera instancia resolvió
sobre el fondo del asunto accediendo parcialmente las pretensiones de la
demanda.

Finalmente, en cuanto al desconocimiento del derecho al debido proceso, por la
aplicación indebida del precedente jurisprudencial en materia de reconocimiento
de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, indicó que no había
correspondencia entre los argumentos del recurso y la causal invocada, porque
frente a esta clase de recursos se ha descartado que se puedan alegar errores
de juicio atinentes con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de
las normas, la apreciación de los hechos y de las pruebas que puedan ser
imputadas al juzgador, porque no es propio del ámbito del recurso extraordinario
de revisión.

Así las cosas, indicó que resultaba improcedente por parte de los recurrentes,
invocar la causal de nulidad originada en la sentencia objeto de reproche,
alegando situaciones inherentes a una supuesta indebida aplicación del
precedente jurisprudencial, como si se tratara de una tercera instancia, lo cual no
corresponde conocer al juez del recurso, porque no es el escenario para debatir
el devenir litigioso que se surtió durante el proceso de reparación directa, tanto
en la primera como en segunda instancia.

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5. Auto de pruebas

Por medio de auto de 16 de julio de 202144, el ponente dispuso tener como
pruebas: i) los documentos aportados y solicitados con la demanda y ii) como
prueba trasladada la obrante en el proceso de reparación directa que se tramitó
con el radicado 0800123-31-000-2012-00145-0145.

6. Impedimento de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico

Encontrándose el expediente al despacho del ponente para resolver sobre el
recurso extraordinario de revisión, la doctora Marta Nubia Velásquez Rico,
integrante de la Sala Veintidós Especial de Decisión manifestó impedimento 46
con fundamento en el numeral 1.º del artículo 141 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión del artículo 130 del CPACA47.

Para el efecto, expresó que “[…] fui ponente de la sentencia que ahora se
cuestiona mediante el recurso extraordinario de revisión citado en la referencia.
[…] cuento con un criterio formado en relación con el fondo del asunto, pues
considero que el fallo objeto de revisión se ajustó plenamente a lo probado en el
proceso ordinario que antecedió a este juicio extraordinario, circunstancia que
incide en el principio de imparcialidad y que motiva la presente manifestación de
impedimento […]”.

La manifestación de impedimento pasó al despacho del ponente, el 12 de julio
de 2022, según constancia del índice 64 de SAMAI y fue objeto de discusión en
sesión que se llevó a cabo el 29 de julio de 2022, sin embargo, no se obtuvo la
mayoría decisoria por parte de los integrantes de esta Sala Especial de Decisión.
En consecuencia, por medio de auto de 3 de agosto de esta anualidad 48 , se
ordenó el sorteo de un conjuez49 para dirimir el empate en cuanto a la decisión
del impedimento, diligencia que se llevó a cabo el 5 de agosto siguiente50 , en la
que resultó designada la doctora Magdalena Inés Correa Henao.

44
Índice 44 de SAMAI.
45
El referido expediente fue remitido en digital y en físico, en calidad de préstamo a esta
corporación el 21 de junio de 2021, (índices 42 y 43 de SAMAI). Asimismo, la Secretaría General
de esta corporación remitió en tres ocasiones oficios a la Policía Nacional en cumplimiento de lo
ordenado en el auto de pruebas, sin que se recibiera respuesta, (índices 49 a 52 de SAMAI). En
consecuencia, por medio de auto de 1.º de septiembre de 2021, el despacho ponente requirió por
segunda ocasión a la entidad (índice 54). Finalmente, la Policía Nacional atendió el requerimiento
a través de memorial allegado 15 de septiembre de 2021, como consta en el índice 59 de SAMAI
y la Secretaría General procedió a realizar el respectivo traslado de la documental aportada por
medio de la fijación en lista (índice 60 de SAMAI).
46
Índice 63 de SAMAI.
47
En adelante CPACA “Artículo 130 Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables en los casos señalados en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: […]”.
48
Índice 67 de SAMAI.
49
En atención a lo dispuesto en los artículos 115, 126 y 128 de la Ley 1437 de 2011 y 53 del
Reglamento Interno del Consejo de Estado, Acuerdo 80 de 2019.
50
Índice 72 de SAMAI.

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

En providencia de 5 de septiembre de 202251 esta Sala Especial de Decisión, con
la participación de la citada conjuez, declaró fundado el impedimento presentado
por la Dra. Marta Nubia Velásquez Rico, por la causal 1.ª del artículo 141 del
CGP y, en consecuencia, fue separada del conocimiento del proceso de la
referencia.

El asunto retornó al despacho del ponente para fallo, el 26 de septiembre de
2022, según constancia del índice 81 de SAMAI.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Presupuestos procesales

1.1. Competencia

De acuerdo con el inciso 1.º del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado.

Asimismo, corresponde precisar que el artículo 107 del CPACA creó las Salas
Especiales de Decisión de esta corporación y que el Acuerdo 321 del 2 de
diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, reglamentó su integración y funcionamiento.

Por su parte, el numeral 1.º del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asignó la
competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.

De acuerdo con lo anterior, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo
de Estado es competente para conocer la demanda de revisión contra la
sentencia proferida el 25 de octubre de 2019, en segunda instancia, por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso
contentivo de la acción de reparación directa que la señora Maryuris Estella
Blanco Serrano y otros promovieron contra la Nación – Ministerio de Defensa -
Policía Nacional.

1.2. Oportunidad

El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del término
establecido en el artículo 251 del CPACA, toda vez que se interpuso el 25 de
septiembre de 202052 y la decisión objeto de impugnación, es la sentencia de 25
de octubre de 2019, dictada en el proceso de reparación directa 08001-23-31-

51
Índice 77 de SAMAI, el auto se notificó el 16 de septiembre de 2022, según el índice 78 del
referido aplicativo.
52
Según el índice 2 de SAMAI “Se presentó demanda por ventanilla virtual con solicitud No 386,
fecha de presentación: 24/09/2020 17:06:32”, se radicó después del horario de atención al público
por lo que debe entenderse radicada el 25 de septiembre de 2020.

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

000-2012-00145-01 (53710), notificada por edicto de 31 de octubre de 2019, el
cual se desfijó el 5 de noviembre de 201953, por ende, cobró ejecutoria a los tres
días siguientes, de conformidad con el artículo 331 del Código de Procedimiento
Civil54, hoy 302 del CGP.

En ese sentido, debe precisarse que la sentencia de segunda instancia proferida
por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, cobró ejecutoria el
8 de noviembre de 2019, razón por la cual el término de un año para presentar
el recurso en principio fenecía el 9 de noviembre de 202055. Así que la demanda
de revisión extraordinaria cumple con el requisito de oportunidad, porque se
interpuso el 25 de septiembre de 2020, dentro del año siguiente a la ejecutoria
de la decisión recurrida, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del CPACA.

1.3. Legitimación en la causa

En punto a este presupuesto procesal, la Sala considera que los recurrentes
están legitimados en la causa por activa, de acuerdo como se explicó en el
acápite de admisión, así como la Nación- Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, por pasiva, toda vez que tuvo la calidad de parte demandada en el
proceso en el que se dictó la sentencia objeto del recurso extraordinario de
revisión.

2. Problema jurídico

Conforme a los planteamientos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión, corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia
dictada el 25 de octubre de 2019, por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que modificó la providencia de 31 de enero de 2014, proferida
por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, en la
acción de reparación directa promovida por Maryuris Estella Blanco Serrano y
otros contra la Nación- Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

En consecuencia, se deberá establecer si en el caso concreto se configura la
causal de revisión consistente en existir nulidad originada en la sentencia (art.

53
Índice 21 del SAMAI en el proceso de reparación directa con radicado 08001-23-31-000-2012-
00145-01. “El presente edicto se fija en lugar público de esta Secretaría por el término de tres (3)
días, comprendidos entre las 8:00 a.m. del 31/10/2019 y las 5:00 p.m. del 05/11/2019, hora en
que de desfija.
De conformidad con el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, el término de ejecutoria de
la providencia que antecede corre desde el día 6 de noviembre de 2019 hasta el día 08 de
noviembre de 2019.”.
54
Tal como consta en el folio 444 del cuaderno físico n.º 3 del expediente del proceso de
reparación directa, radicado 0800123-31-000-2012-00145-01.
55
Término que incluso se afectó con ocasión de la suspensión de términos judiciales en todo el
territorio nacional en virtud de los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11521,
PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556, y
PCSJA20-11567 de 2020 del C.S. de la J, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 del
Decreto Legislativo 564 de 2020 desde el 16 de marzo hasta el momento en que se determinó su
levantamiento, esto es, el 1.º de julio del 2020. No obstante, como se advirtió el recurso se
interpuso, pese a las circunstancias de anormalidad, con antelación a un año.

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Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

250.5 CPACA), por la presunta vulneración del derecho al debido proceso porque
la decisión objeto del recurso:

i) Se inhibió de manera injustificada y revocó las indemnizaciones concedidas a
Moilis Edith Contreras Blanco, [M.J.C.B.], Marina Esther Chala Cienfuegos, Wajid
Martín Florián Chala, Celis María Florián Chala, Nelson Jhovanny Sabogal Chala
y Wilmer Alfonso González Chala, al concluir que no habían agotado el requisito
de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

ii) Revocó el reconocimiento de los perjuicios en la modalidad de lucro cesante a
favor de la señora Maryuris Estella Blanco Serrano, por considerar que no se
acreditó la actividad económica a la que se dedicaba la víctima, con fundamento
en la sentencia de unificación de 18 de julio de 201956, la cual, en criterio de los
recurrentes, se aplicó de forma indebida, por cuanto se debió presumir que la
víctima ejercía una actividad lícita y que por lo menos devengaba 1SMMLV, como
lo concluyó el Tribunal en primera instancia.

En este orden de ideas, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la
Sala abordará metodológicamente el estudio de los siguientes ejes temáticos: i)
generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) la causal quinta de
revisión, consistente en existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación, y iii) con base en lo
anterior, se resolverá el caso concreto a partir de los argumentos sustentados por
la parte recurrente.

2.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión57

El recurso extraordinario de revisión58 constituye un medio de impugnación
excepcional contra la sentencia, el cual, permite el rompimiento del principio de
cosa juzgada y su finalidad se contrae a restablecer tanto el imperio de la justicia,
como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados
por decisiones injustas.

De acuerdo con el artículo 248 del CPACA, el recurso procede contra “[…] las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala

56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 18 de julio de 2019, radicado 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572), M.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera.
57
Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de
marzo de 2010, radicado REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, radicado REV-2003-00678, 12
de julio de 2005, radicado REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de
febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, radicado REV-045 y 11 de febrero de 1993,
Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, radicado 35995 y Sección
Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, radicado 2007-00267. Cita original: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad. 11001-03-
15-000-2012-00231-00, Actor: Víctor Daniel Viveros Villegas.
58
Regulado en el Título VI “RECURSOS EXTRAORDINARIOS”, Capítulo I “Recurso
Extraordinario de Revisión”, artículos 248 al 255 de la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones
realizadas por la Ley 2080 de 2021, artículos 68, 69 y 70.

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de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos”.

Las causales que se pueden invocar se encuentran previstas por el legislador en
el artículo 250 del CPACA. Aquellas delimitan el ámbito de acción de este medio
de impugnación excepcional y no admiten interpretaciones extensivas dado que
comportan situaciones excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa
juzgada. En síntesis, se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la
aparición de documentos decisivos que modificarían el sentido de la decisión o
incluso la violación al debido proceso. Se trata de causales que no se refieren a
errores sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación
indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como lo
ha precisado esta corporación, “[…] [n]o es un recurso que proceda por violación
de la ley […]”59. En otras palabras, “[…] el recurso extraordinario de revisión no
da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó
la ley en la sentencia.”60.

Por tanto, este medio de impugnación excepcional no está previsto para corregir
los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio origen a la sentencia
recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar hechos no
expuestos ante el juez natural del proceso, sino para garantizar el derecho al
debido proceso y el restablecimiento de la justicia material.

De manera que, como lo ha indicado esta corporación61, el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto.

En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-068 de 19 de noviembre
de 199862, señaló que: “[…] la revisión no está regulada para errores “in
judicando” ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de
soporte a la decisión que puso término al proceso63; se trata de un examen
detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana […]”.

A su vez, en sentencia C-520 de 4 de agosto de 200964, la Corte se refirió al
recurso extraordinario de revisión en la jurisprudencia colombiana, y destacó la
tesis decantada por la Corte Suprema de Justicia, según la cual:

59
Cfr., Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 3, sentencia de 4 de agosto de 2021.
Rad. 11001031500020210061000. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
60
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de
2013, Rad. 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
61
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º 11001-03-15-000-2013-02724-00, MP.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
62
Corte Constitucional, sentencia C-068 de 19 de noviembre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
63
Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, agosto 2 de 1994. M.P. Edgar
Saavedra Rojas.
64
Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle
Correa.

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[…] el recurso de revisión no puede ser usado como intento de revivir el debate
probatorio, ni para volver sobre aspectos de pura interpretación legal. De ello da
muestra la sentencia de 13 de enero de 2004, Expediente 0211-01, en la que la
Corte doctrinó acerca de que el recurso extraordinario no autoriza un análisis
panorámico del debate procesal, sino de establecer, por las precisas y taxativas
causales que estableció el legislador en el artículo 380 Código de Procedimiento
Civil, si el fallo, desde esa perspectiva, arremete contra las garantías procesales
que dichas causales protegen. De allí, entonces, que ‘los errores de apreciación
probatoria en que haya podido incurrir el juez al proferirlo, son aspectos ajenos al
recurso de revisión’, pues este ‘no constituye una tercera instancia en la que pueda
replantearse el litigio’, ni es ‘medio conducente para reparar cualquier irregularidad
de la sentencia, o su indebida fundamentación’ […] [65]”.

2.2. La causal de revisión consistente en la nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso – Reiteración de jurisprudencia

El numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, establece como causal de revisión
“[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación” 66.

De acuerdo con lo anterior, la causal comprende los siguientes presupuestos:

(i) Que se dirija contra una sentencia respecto de la cual no proceda recurso
de apelación, “[…] porque entonces sería el juez ad quem quien debe
concurrir a desplegar la actividad judicial que permita enervar y solucionar
el hecho constitutivo de nulidad o en dado caso dejárselo explícito al a quo
si corresponde a éste implementar la solución, campo de acción que es
totalmente ajeno al juez del recurso extraordinario de revisión, pues se itera,
no funge como una tercera instancia y de hecho su competencia la fija una
condición sine qua non y es que la sentencia objeto de revisión esté
ejecutoriada y en firme, es decir, ya superó las instancias del juez natural
[…]”67.

ii) Que exista una nulidad procesal o constitucional, "[…] pero este segundo
supuesto pende del siguiente y (iii) que esta tenga nacimiento en la
sentencia que puso fin al proceso, o en su defecto, que la parte afectada,
bajo motivo invencible, no hubiera podido alegarla […]”68.

Así las cosas, aunque el enunciado normativo es claro, la jurisprudencia ha dicho
que “[…] se trata de una de las causales de revisión que más discusiones ha

65
Cit. “Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2004-00729 de agosto 29
de 2008, Expediente 11001-0203-000-2004-00729-01, MP: Edgardo Villamil Portilla.”
66
Sobre esta causal pueden verse, entre otras decisiones: i) sentencia de 3 de abril de 2018,
radicado 11001-03-15-000-2014-00251-00, Sala Veintiuno Especial de Decisión, M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, ii) sentencia de 20 de agosto de 2021, radicado10001-03-15-000-
2020-02925-00, Sala Veinticinco Especial de Decisión, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, iii)
sentencia de 10 de marzo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2019-03190-00, Sala Quince
Especial de Decisión, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, vi) sentencia de 16 de febrero de 2021,
radicado 11001-03-15-000-2019-00788-00, Sala Quinta Especial de Decisión, M.P. Milton
Chaves García y v) sentencia de 13 de octubre de 2020, radicado 11001-03-15-000-2019-00119-
00, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Alberto Montaña Plata.
67
Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicado 11001-03-15-
000-2016-02343-00 - acumulado (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
68
Ibidem.

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generado en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo69 […] dado que en
razón de su redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión
establecer su alcance, por cuanto el legislador omitió determinar las
circunstancias que podían generar la nulidad de la providencia, es decir, se trata
de un texto en blanco […]”70.

En otras palabras, si bien de la lectura del numeral 5.º del artículo 250 del
CPACA, se advierte que para la configuración de la causal es necesario que la
nulidad se presente al momento de proferir la sentencia, lo cierto es que, el
legislador no definió los eventos constitutivos del vicio, por lo que la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo71, en un ejercicio hermenéutico, ha señalado de
manera consistente, que los hechos que la configuran son aquellos que
constituyen las causales de nulidad procesal72, esto es, las previstas en el artículo
133 del Código General del Proceso73, pero no son figuras idénticas. Se trata de
vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la sentencia, pero
no los acaecidos en etapas anteriores, toda vez que, las nulidades procesales
deben seguir la regla de oportunidad prevista en el artículo 134 del CGP 74. Sin
embargo, también se ha aceptado la posibilidad de alegar la nulidad originada en
la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio constitutivo de la causal antes
de proferirse el fallo, “[…] no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso
del proceso […]”75, caso en el cual, al afectado le asiste la carga de probar que
no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad, pues de lo contrario, la causal se

69
Sala Veintiséis Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2015,
radicado 11001-03-15-000-2013-00358-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
70
Sala Veintidós de Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicado 11001-03-15-000-
2016-02260-00(REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
71
Ver, entre otras, las siguientes providencias: del 20 de abril de 2004, radicado 11001-03-15-
000-1996-0132-01; del 18 de octubre de 2005, radicado 11001-03-15-000-2000-00239-00, del 7
de febrero de 2006, radicado 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 2 de marzo de 2010,
expediente número 185; del 9 de marzo de 2010, radicado 1100103150002002-1024-01, y del
31 de mayo de 2011, radicado 11001-03-15-000-2008-00294-00.
72
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad.
REV-093, M.P. Mario Alario Méndez, señaló, al respecto: “[…] Así, por ejemplo, la nulidad que
tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se
provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2);
cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente
por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por
el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención
del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite
íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena
a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite
íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos […]”. (Se destaca).
Citada en: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de
octubre de 2005, radicado 11001-03-15-000-2000-00239-00. M.P. Jaime Moreno García.
73
En adelante CGP. Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
74
En este sentido puede verse la sentencia ya citada, proferida por la Sala Tercera Especial de
Decisión, el 4 de agosto de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00610-00.
75
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto
de 2013, radicado 11001-03-15-000-2009-00687-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, en
la que se cita “Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Mauricio Torres
Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2001-0091-01.
Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la República.”.

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convertiría en una excusa para subsanar las omisiones cometidas en el proceso
ordinario.

En este sentido resulta importante señalar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en providencia de 31 de mayo de 2011,
resumió los supuestos que podrían configurar el vicio de nulidad en la sentencia,
así:

“[…]
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a
quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada
con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación” 76.

Posteriormente, en sentencia de unificación de 8 de mayo de 201877, esta
corporación aceptó un nuevo evento que daría lugar a la configuración de la
causal de nulidad originada en la sentencia, por desconocimiento del artículo 29
superior, como lo es, el fallo inhibitorio injustificado.

En suma, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar
la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de
la Constitución. Dentro de estos supuestos se pueden citar los siguientes: i) la
sentencia en la que se condena a la parte que no fue vinculada al proceso; ii) la
sentencia de las corporaciones judiciales que no cuenta con el número de votos
necesarios para la aprobación, o aquella que aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados; iii) la sentencia que no tiene formal ni materialmente

76
Cfr. Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de mayo
de 2011, radicación: 11001-03-15-000-2008-00294-00 (REV). M.P. Mauricio Torres Cuervo. [En
la providencia se citó la sentencia de 7 de febrero de 2006, radicación: 11001-03-15-000-1997-
00150-00 (REV), M.P. María Elena Giraldo Gómez].
77
Cfr. Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado radicado 11001-
03-15-000-1998-00153-01 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro. [En la providencia se citaron, la
sentencia C-739 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso, entre otras, “[…] ESTARSE A LO
RESUELTO en las sentencias C-491 de 1995 […] y C-217 de 1996 […] y la providencia de 7 de
febrero de 2006, radicación: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), M.P. María Elena Giraldo
Gómez].
Por auto de 7 de julio de 2015, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar criterios:
“[…]
i) En qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación al debido
proceso. […]”.

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motivación ante la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones
de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión; iv) la sentencia se
dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus; v) la decisión que
desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o
minuspetita78; y vi) cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una
decisión inhibitoria que se traduce en denegación de justicia79.

2.3. El caso concreto

La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia proferida el 25 de octubre
de 2019 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
considerar que atenta contra el derecho al debido proceso, en primer lugar,
porque se inhibió de manera injustificada de pronunciarse respecto de las
pretensiones de algunos de los demandantes al concluir que no agotaron el
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y, en segundo lugar,
porque aplicó indebidamente el precedente jurisprudencial en cuanto al
reconocimiento del lucro cesante, toda vez que se debió presumir que la víctima
ejercía una actividad lícita y que devengaba 1 SMMLV. Los supuestos que se
invocan en el recurso se estudian de la siguiente manera:

i) Para abordar el análisis de los argumentos respecto de la decisión
inhibitoria, la Sala destaca que, como se indicó en precedencia, en la sentencia
de unificación de 8 de mayo de 2018, esta corporación reconoció que una
decisión inhibitoria no justificada desconoce los derechos de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de las partes, por lo que su
expedición configura la causal de revisión por violación del artículo 29
constitucional. Al respecto se dijo:

“[…] [E]s indiscutible que el respeto al debido proceso implica la necesaria
observancia de otros derechos fundamentales y ligados a él, como el de acceso a
la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, que permiten que cualquier
persona que acuda al aparato judicial del Estado pueda obtener una protección
eficaz de los derechos del que es titular.

Recuérdese que en desarrollo del mandato contenido en el literal a) del artículo
152 de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley 270 de 1996 que en su
artículo 1º dispuso que “La administración de justicia es la parte de la función
pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de
hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en
ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia
nacional.”

Ello significa que la función de administrar justicia no se realiza con el mero
desarrollo procesal, sino que exige, ante todo, que el juez garantice los derechos
amenazados o vulnerados, mediante providencias que resuelvan de forma clara,
cierta, motivada y jurídica los asuntos que generaron su expedición.

78
Consejo de Estado Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016,
radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
79
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de
2018, radicado 11001-03-15-000-1998-00153-01.

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Es de Perogrullo, entonces, que entre el derecho de acceso a la administración
de justicia y el debido proceso existe una estrecha relación, en tanto aquél es un
elemento constitutivo de este; y que el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, es una manifestación concreta de los derechos a acceder a la justicia, a
la defensa y al debido proceso.

En consecuencia, es claro que toda persona tiene derecho al debido proceso
y, por tal razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo
cuando el cumplimiento de los presupuestos procesales así lo permita, pues
de lo contrario, se iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino
del derecho de acceso a una real y efectiva administración de justicia, dado que
la no resolución de las controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos,
equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una
vulneración al debido proceso.

Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad
judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, que,
como se expuso, es una clara denegación de justicia.

[…]

Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos
los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las
circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la
causal de revisión alegada.

La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces
de esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso.” (negrilla fuera de texto).

No obstante, como se señaló no toda decisión inhibitoria está proscrita del
ordenamiento jurídico y que, por ese solo hecho, se deba concluir que se
configuró la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, toda
vez que el juez, de manera excepcional, tiene la potestad de inhibirse80. Al
respecto, la Corte Constitucional explicó, sobre el particular, lo siguiente:

“[…]
De la Constitución surge el papel activo del juez en la búsqueda de la genuina
realización de los valores del Derecho -en especial la justicia, la seguridad jurídica
y la equidad-, luego de sus atribuciones y de su compromiso institucional emana
la obligación de adoptar, en los términos de la ley que rige su actividad, las
medidas necesarias para poder fallar con suficiente conocimiento de causa y
con un material probatorio completo. De allí resulta que, bajo la perspectiva de
su función, comprometida ante todo con la búsqueda de la verdad para adoptar
decisiones justas, no pueda limitarse a los elementos que le son suministrados
por las partes y deba hallarse en permanente disposición de decretar y practicar
pruebas de oficio, de evaluar y someter a crítica las allegadas al proceso y de
evitar, con los mecanismos a su alcance, las hipótesis procesales que dificulten o
hagan imposible el fallo.

80
En este sentido puede consultarse la sentencia de 11 de octubre de 2021, Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado 76001-23-31-000-2004-02181-01(50428) MP.
Alberto Montaña Plata.

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Así, pues, si se atiende al Preámbulo de la Constitución, que señala a sus
preceptos como objetivo prioritario la realización de la justicia y la garantía de un
orden justo; si se quiere alcanzar los fines esenciales del Estado, uno de los cuales
consiste en asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Carta (artículo 2 C.P.); si se da verdadero sentido a la norma
fundamental en cuya virtud las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2 C.P.); si se acatan los
postulados del debido proceso, que en últimas consagran el derecho de toda
persona a que, dentro de las formas propias de cada juicio, se defina el Derecho
en su caso (artículo 29 C.P.); si se hace efectivo el acceso de todos a la
administración de justicia (artículo 229 C.P.) y si se reconoce en ella la prevalencia
del Derecho sustancial (artículo 128 C.P.), las inhibiciones judiciales deben ser
rechazadas como formas habituales y generalizadas de dar término a los procesos
judiciales o a las etapas de los mismos.

Desde luego, la proscripción de las inhibiciones no puede ser absoluta, ya
que se dan circunstancias excepcionales, en las que resulta imposible
adoptar fallo de mérito, a pesar de que el juez haya hecho uso de todas sus
facultades y prerrogativas para integrar los presupuestos procesales de la
sentencia.

Uno de tales eventos es el de la falta de jurisdicción, que corresponde en el fondo
a la absoluta carencia de facultades del juez para administrar justicia en el caso
controvertido. Lo que entonces se le exige es precisamente no resolver, ya que,
al hacerlo, invadiría la órbita propia de una jurisdicción distinta, con ostensible
violación del debido proceso (artículo 29 C.P.) y en clara extralimitación de
funciones públicas (artículo 6 C.P.), lo que justifica la inhibición cuando la
demanda no ha sido rechazada de plano.

Hipótesis distinta es la de falta de competencia del juez, si ella corresponde a otro
de la misma jurisdicción, pues entonces no tiene lugar la decisión inhibitoria, en
cuanto lo procedente es el envío de las diligencias al competente. Ello es posible
en tal caso, a partir del concepto de economía procesal y en cuanto no se rompe
la autonomía que la Constitución consagra en cabeza de las distintas
jurisdicciones.

Los otros casos que puedan presentarse deben ser de tal naturaleza que,
agotadas por el juez todas las posibilidades que el ordenamiento jurídico le ofrece
para resolver y adoptadas por él la totalidad de las medidas conducentes a la
misma finalidad, siga siendo imposible la decisión de fondo. De tal modo que,
siempre que exista alguna posibilidad de arribar a ella, la obligación ineludible del
fallador consiste en proferir providencia de mérito, so pena de incurrir en
denegación de justicia.”81 (negrilla fuera de texto).

Ahora bien, en el caso concreto, en la sentencia recurrida el ad quem se inhibió
frente a las pretensiones invocadas por un grupo de actores, al considerar que le
asistía razón a la entidad demandada, en cuanto que no se había agotado el
requisito de procedibilidad de la acción, consistente en el agotamiento previo de
la conciliación extrajudicial, por todos los que acudieron al proceso de reparación
directa. En este sentido debe señalarse que la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado unificó su postura sobre la materia82 y estableció que al

81
Corte Constitucional, Sentencia C-666 del 28 de noviembre de 1996.
82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
auto de unificación de 25 de mayo de 2016, radicado 66001-23-31-000-2009-00056-01, MP:
Danilo Rojas Betancourth.

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igual que la caducidad de la acción, la conciliación extrajudicial es un aspecto
que debe ser objeto de revisión y pronunciamiento de oficio por parte del juez. Al
respecto, precisó lo siguiente:

“[…] el Consejo de Estado como juez de segunda instancia, en principio debe
pronunciarse exclusivamente respecto de los razonamientos y requerimientos
formulados en el señalado medio de impugnación de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 357 del C.P.C., no se puede perder de vista que dicha regla no es
absoluta y admite ciertas excepciones derivadas, de una parte, de la lógica del
recurrente, en tanto se conserva la facultad de manifestarse en cuanto a los
aspectos implícitos de la impugnación, y de otro lado, de diferentes cuerpos
normativos que le impongan al operador judicial pronunciarse de oficio al respecto
-normas y principios de carácter constitucional, tratados internacionales
relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho
Internacional Humanitario, y normas legales de carácter imperativo-, como lo
son la caducidad de la acción y el agotamiento del requisito de procedibilidad
de celebrar conciliación extrajudicial, elementos que a su vez se configuran
en sendos presupuestos procesales cuyo incumplimiento inviabiliza el
acceso a la administración de justicia. […]

14 […] tal como la presentación de pretensiones requieren que las mismas sean
elevadas en el término establecido para ello por la caducidad de la acción, so pena
de que se rechacen al momento de admitirse la demanda o su reforma, o se
denieguen cuando se profiera el fallo correspondiente, se advierte que respecto de
dichas solicitudes igualmente debe revisarse el cumplimiento del requisito de
procedibilidad consistente en el intento de llegar a una conciliación
extrajudicial, aspecto sobre el cual la Sala también edificará una jurisprudencia
consolidada.

[…]
14.8 En efecto, con la finalidad de lograr la descongestión de la administración de
justicia y que únicamente los puntos de una controversia que ameriten poner en
movimiento el aparato jurisdiccional lleguen al mismo, lo que haría que sus lapsos
de tramitación a su vez sean más cortos en favor de la eficiencia de la
administración de justicia, se observa que respecto de cualquier solicitud que
corresponda a la naturaleza de los medios de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales, e incluso, de
los asuntos civiles en los que proceda la conciliación extrajudicial, debe intentarse
llegar a un acuerdo de dicha índole previamente a elevarla ante la jurisdicción, sin
importar el momento dentro del trámite procedimental en que esto se haga, es
decir, al momento de incoar el proceso judicial con la presentación de una
demanda o al instante en que ésta se puede reformular, toda vez que así como
ocurre en relación con la verificación de la existencia de la caducidad de la acción,
entre esas dos situaciones no hay diferencia alguna a la luz de los objetivos
indicados que se pretendieron lograr con la institución de la figura de la
procedibilidad de la acción.

14.9 Con observancia de que con la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial
se intenta depurar de peticiones innecesarias las contiendas que puedan iniciarse
ante los diferentes operadores judiciales en la mayor medida posible, para efectos
de que entre otras finalidades, se descongestione la administración de justicia y
los interregnos de duración de los procesos disminuya, es claro que dicho requisito
de procedibilidad debe verificarse en cualquier momento en que se busque
manifestar una pretensión que pueda llegar a ocupar la atención de la jurisdicción
y conlleve a congestionarla, por lo que antes de formularla, el accionante
respectivo debe propender por darle el trámite pertinente con anterioridad a
elevarla. […] ”. (subraya fuera de texto).

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De acuerdo con lo anterior, debe definirse si la sentencia inhibitoria proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación estaba o no
justificada de manera razonable, por lo que es indispensable referirse a sus
consideraciones. El ad quem sustentó su inhibición en los siguientes
argumentos:

“[…] 7.1.- Que el a quo debió declarar la inepta demanda dado que la solicitud
de conciliación extrajudicial solo fue presentada por la señora Maryuris Estella
Blanco Serrano

La entidad apelante señaló que la solicitud de conciliación extrajudicial solo fue
presentada por la señora Maryuris Estella Blanco Serrano, pero no por los demás
demandantes, razón por la cual debió inhibirse de resolver de fondo respecto de estos
y no reconocerles la indemnización solicitada.

En materia contencioso-administrativa el requisito de conciliación extrajudicial fue
consagrado en el artículo 13 de la Ley 1285 de 200983.

En el sub judice, los actores demandan en reparación directa por la muerte del
señor Moisés José Contreras Chala, debido a una supuesta falla del servicio de la
Policía Nacional, de ahí que se trate de un asunto susceptible de conciliación
promovido con fundamento en el artículo 86 del CCA.

Se observa que la constancia expedida por la Procuraduría 117 Judicial II
Administrativa de Barranquilla84 se indica que la parte convocante fue la señora
Maryuris Estella Blanco Serrano, pero no señaló a otros convocantes, tampoco se
anexó copia de la solicitud de conciliación extra judicial para verificar si los demás
demandantes formaron parte de dicha solicitud.

Tal como lo ha precisado esta Sala de Subsección85, este requisito previo a
la demanda es obligatorio para acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa a partir de la vigencia de la Ley 1285 de 2009, la cual rige desde
el 22 de enero 2009, es decir, que para el momento de presentación de la
demanda, el 26 de enero de 2012, ya era obligatorio para los actores agotarlo.

Además, no puede decirse que no tuvieron chance de acreditar su
cumplimiento, dado que la ausencia de este requisito no es causal de
rechazo de plano, de conformidad con el artículo 143 del CCA, incluso, los
hoy demandantes pudieron agotar dicho requisito antes de que la demanda
fuera admitida, para que las partes tuvieran la oportunidad de llegar a un
acuerdo conciliatorio y todos los hoy accionantes quedaran habilitados para
activar la jurisdicción, como lo ha señalado esta Corporación86.

83
“Artículo 13. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
“Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir
de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de
procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial”.
84
Folio 17 cuaderno 1.
85
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
auto del 9 de diciembre de 2013, radicado 70001-23-33-000-2013-00115-01 (47783), MP:
Mauricio Fajardo Gómez. Reiterado en sentencia de 22 de junio de 2017, radicado 25000-23-26-
000-2010-00327-01(49420).
86
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 3
de mayo de 2010, radicado 11001-03-15-000-2010-00395-00, MP: Gerardo Arenas Monsalve.
Postura reiterada por la Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2017,
radicado 25000-23-26-000-2010-00327-01(49420).

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En el sub judice se acreditó que solo la demandante Maryuris Estella Blanco
Serrano agotó el requisito de conciliación extrajudicial para demandar en
reparación directa y no los demás accionantes, circunstancia que fue inadvertida
por el a quo y que resulta violatoria del derecho de defensa de la entidad
demandada que fue convocada en sede de conciliación por la mencionada
actora, pero luego fue llamada en vía judicial por más demandantes, respecto
de quienes no tuvo la oportunidad de conciliar sus peticiones
indemnizatorias.

Por tal motivo, le asiste razón a la parte apelante y la Sala revocará los perjuicios
reconocidos a los demandantes Moilis Edith Contreras Blanco, [M.J.C.B.], Marina
Esther Chala Cienfuegos, Wajid Martín Florián Chala, Celis María Florián Chala,
Nelson Jhovanny Sabogal Chala y Wilmer Alfonso González Chala para, en su
lugar, inhibirse de pronunciarse respecto de las pretensiones invocadas por estos.
[…]” (negrilla fuera de texto).

En este orden, se advierte que la sentencia objeto del recurso de revisión
determinó que solo la señora Maryuris Estella Blanco Serrano convocó a la
demandada a la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 117 Judicial II
Administrativa de Barranquilla el 17 de junio de 2011 y, por ende, era la única
demandante que se encontraba habilitada para activar la jurisdicción con la
formulación de su pretensión de reparación directa.

Revisado el expediente de reparación directa, se observa que, en efecto, la única
prueba que se aportó al proceso ordinario con la demanda de reparación directa
fue la constancia de solicitud de conciliación n.º 108933-0353-2011, expedida el
17 de junio de 2011 por el Procurador 117 Judicial II para Asuntos Administrativos
de Barranquilla, (folio 17) que indica lo siguiente:

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De acuerdo con lo anterior, el Procurador 117 Judicial II Administrativo dejó
explícito que la única persona que convocó a la conciliación extrajudicial fue la
señora Maryuris Estella Blanco Serrano, razón por la cual la decisión de la
Subsección A de la Sección Tercera se fundamentó en la prueba documental que
obraba en el expediente y se adoptó de acuerdo con la postura jurisprudencial
reiterada en cuanto a la obligatoriedad de acreditar el requisito de procedibilidad
de la conciliación extrajudicial respecto de cada demandante, por lo cual no se
advierte que sus conclusiones sean falsas o que se realizaran sin fundamento
válido y razonable, toda vez que observó y analizó la documental que la propia
parte demandante aportó al proceso.

Igualmente, se destaca que la decisión mencionó la afectación al debido proceso
de la demandada por cuanto se formularon pretensiones respecto de personas
que no habían activado la jurisdicción, lo cual se ajusta a derecho y no configura
nulidad alguna, por el contrario, ello evidencia que dio prevalencia a las garantías
procesales del apelante único y atendió su argumentación en punto a la ausencia
de responsabilidad, de manera que, al estudiar el requisito de procedibilidad de
la acción, se inhibió justificadamente, toda vez que fue un presupuesto que no se
había cumplido por quienes acudieron al proceso en los términos previstos en las
leyes 640 de 200187 y 1285 de 200988.

Ahora bien, los argumentos que exponen los recurrentes y el Ministerio Público
para solicitar que se infirme la sentencia recurrida, se sustentan en que, en el
numeral segundo de la mencionada constancia, al hacerse la transcripción de las
pretensiones de la solicitud de conciliación se indicaba “los solicitantes”, razón
por la cual podía inferirse y presumirse de forma razonable que el requisito de
procedibilidad se agotó no solo respecto de la señora Maryuris Estella Blanco
Serrano, sino también respecto de todos los demandantes.

Sin embargo, tal argumentación no puede ser admitida, porque de la referida
transcripción no podía concluirse y determinarse de manera clara y precisa que
bajo tal expresión se comprendía a todos y cada uno de los integrantes del núcleo
familiar de la víctima, que acudieron en reparación directa, a saber: Moilis Edith
Contreras Blanco, [M.J.C.B.], Marina Esther Chala Cienfuegos, Wajid Martín
Florián Chala, Celis María Florián Chala, Nelson Jhovanny Sabogal Chala y
Wilmer Alfonso González Chala, para considerar, sin dubitación alguna, que
efectivamente fueron convocantes de la diligencia.

En efecto, el término “solicitantes” es genérico, lo que hace improbable una
interpretación omnicomprensiva como la que se propone, pues el juez claramente
solo podía verificar, que de forma singular y precisa, la constancia emitida por la
Procuraduría 117 Judicial II para Asuntos Administrativos [como se observa en
la referencia “CONVOCANTE:” y el numeral 1 “el solicitante”], se refería de
manera unívoca a la señora Maryuris Estella Blanco Serrano, por ende, lo
alegado en el recurso implicaría un análisis contraevidente de su contenido y, en

87
“Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.
88
“Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de
Justicia”.

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todo caso, la valoración del operador judicial se encuentra amparada por el único
elemento que el juez tenía a su vista y del cual razonablemente concluyó la falta
de acreditación del deber que la ley impuso a los demandantes, lo cual no es
posible reevaluar en este escenario excepcional.

En este sentido, debe decirse que, los recurrentes adjuntaron con la demanda de
revisión los siguientes documentos:

i) Copia del escrito de la solicitud de conciliación que los recurrentes
manifestaron haber remitido a la Policía Nacional el 1ª de mayo de 201189.

ii) Copia de los poderes especiales otorgados al abogado Mario de Jesús Mejía
Capdevilla, por parte de los convocantes Maryuris Estella Blanco Serrano, Moilis
Edith, [M.J.C.B.], Marina Esther Chala Cienfuegos, Nelson Jhovanny Sabogal
Chala, Moisés José Contreras Chala, Celis María Florián Chala, Wajid Martín
Florián Chala, Wilmer Alfonso González Chala, cuyo reconocimiento se surtió
ante las Notarías 2.ª y 7.ª del Círculo de Barranquilla el 15 de junio de 2010,
dirigidos al procurador Delegado ante los Juzgados Administrativos de
Barranquilla90.

iii) Copia del auto de 15 abril de 2011, en el cual la Procuraduría 117 Judicial Il
de Barranquilla, inadmitió la solicitud de conciliación prejudicial91.

iv) Asimismo solicitaron los actores, que se oficiara a la Policía Nacional para que
aportara al presente asunto copia del escrito de la convocatoria de conciliación
“prejudicial” que manifestaron fue radicado ante la “(…) Secretaría General -
Negocios Judiciales - Sede Atlántico, Policía Metropolitana de Barranquilla el 01
de mayo de 2011”, requerimiento que se atendió por la entidad en el sentido de
informar que “(…) de conformidad con lo suministrito (sic) por la Unidad de
Defensa Judicial del Atlántico perteneciente a la Secretaría General de la Policía
Nacional y verificados los archivos físicos y magnéticos que reposan en la misma
unidad, no fue evidenciado la solicitud de convocatoria de la conciliación
prejudicial solicitada por su honorable despacho (…)”92.

No obstante, esta Sala Especial de Decisión, al revisar el contenido de los
referidos documentos, puede concluir que si bien hacen parte del conjunto de
probanzas que tienen que ver con el requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial, lo cierto es que debieron ser aportados al proceso ordinario, y al
respecto se recuerda que, este no es el momento para que la parte recurrente
supla las deficiencias para acreditar en debida forma el cumplimiento de dicho
presupuesto procesal, pues se reitera, este medio de impugnación excepcional
no está previsto para corregir los yerros cometidos por las partes en el litigio que
dio origen a la sentencia recurrida, o para alegar hechos no expuestos ante el

89
Documento. pdf “DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 2” en el índice 2 de SAMAI.
90
Ibidem.
91
Ibidem.
92
Documento .pdf “64_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXORER2021041(.pdf)
NroActua59”, índice 59 de SAMAI. Las referidas pruebas fueron objeto de traslado a los recurrentes,
conforme al artículo 110 del CGP, como consta en el índice 60 del referido aplicativo.

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Demandante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04180-00

juez natural del proceso, lo cual, es lo realmente pretendido por los recurrentes.
Precisamente, la decisión que se analiza fue enfática en indicar que “[…]
Tampoco se anexó copia de la solicitud de conciliación extra judicial para verificar
si los demás demandantes formaron parte de dicha solicitud”.

En este orden, los reparos en los que se sustenta la demanda de revisión
debieron ser expuestos en el proceso ordinario, pues la autoridad judicial ordenó
correr el traslado del recurso de apelación a los demandantes, de acuerdo con
las reglas del artículo 212 del CCA, mediante el auto de 28 de mayo de 201593,
frente a lo cual, guardaron silencio, y ante la evidencia que arrojaba la prueba
documental aportada al proceso, se insiste, el juez ad quem, concluyó que solo
la señora Maryuris Estella Blanco Serrano cumplió con el requisito de
procedibilidad para accionar ante la jurisdicción de acuerdo con la exigencia
prevista en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.

Así las cosas, la inhibición tuvo por causa la falta de diligencia por parte de los
accionantes frente a sus deberes procesales, y no obedece a un exceso de
formalismo o a un error atribuible al juez de instancia.

Por otra parte, los recurrentes consideran que la falta del requisito de la
conciliación extrajudicial es un aspecto meramente formal, que no fue objeto de
inadmisión, rechazo o pronunciamiento por parte de la demandada en el trámite
de primera instancia, por lo que se debió entender como un defecto subsanado y
que, en todo caso, la conciliación se intentó previo a la concesión del recurso de
apelación ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Sin embargo, de acuerdo a la postura unificada de la Sección Tercera de esta
corporación94, aplicable al momento de proferir la decisión objeto de revisión, es
claro que el mencionado requisito constituye uno de los presupuestos necesarios
para dictar sentencia de mérito, es decir, es un aspecto sustancial que, de no
cumplirse y acreditarse por cada uno de los demandantes, no permite un
pronunciamiento de fondo por parte del juez, toda vez que su incumplimiento no
habilita para acudir ante la jurisdicción, es decir, es ex ante, esto es, anterior a la
formulación de la demanda y no puede entenderse como un aspecto subsanable.

Igualmente, no puede considerarse superado con la audiencia de conciliación de
que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, por cuanto son escenarios
diferentes, se rigen por distintas normas y se tramitan ante autoridades
diferentes, pues el primero, se trata de un requisito de procedibilidad de la acción,
el cual se adelanta ante la Procuraduría General de la Nación, antes de presentar
la demanda con el fin de precaver el litigio y activar la jurisdicción contenciosa
administrativa y la conciliación a la que se refiere el artículo 70 de la Ley 1395 de

93
Folio 400 ibidem.
94
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
auto de unificación de 25 de mayo de 2016, radicado 66001-23-31-000-2009-00056-01, MP:
Danilo Rojas Betancourth.

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201095, procedía ante la autoridad judicial de primera instancia, en el trámite del
proceso ordinario con la finalidad de dar por terminado el litigio.

En suma, la Sala encuentra justificada la decisión inhibitoria de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque el incumplimiento de la
parte demandante de la obligación contenida en el artículo 13 de la Ley 1285 de
2009, no permitía estudiar el fondo de las pretensiones de la demanda de
reparación directa. Dicha circunstancia hacía improcedente cualquier análisis
relativo a los actores, Moilis Edith Contreras Blanco, [M.J.C.B.], Marina Esther
Chala Cienfuegos, Wajid Martín Florián Chala, Celis María Florián Chala, Nelson
Jhovanny Sabogal Chala y Wilmer Alfonso González Chala, quienes no agotaron
el requisito de procedibilidad de la acción previsto en la ley.

ii) En segundo lugar, en cuanto al cargo por vulneración al debido proceso
en razón a que, en criterio de los recurrentes, se aplicó indebidamente la
sentencia de unificación de 18 de julio de 201996, debe precisarse que es un
supuesto que tampoco vicia de nulidad la sentencia recurrida bajo la causal 5.ª
del artículo 250 del CPACA.

Sobre el particular es importante señalar que como los argumentos en que se
edifica la causal recaen en el hecho que se debió mantener la tesis jurisprudencial
que aplicó la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, se
advierte, en primer lugar, que las sentencias que refirió el juez ad quem son
decisiones de unificación jurisprudencial, vinculantes y vigentes al momento de
proferir la decisión97 y, en segundo lugar, se reitera que la violación del
precedente judicial no constituye causal que invalide la decisión judicial con
fundamento en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA.

En este punto es importante reiterar que los eventos de nulidad originada en la
sentencia, que ha desarrollado el Consejo de Estado para definir la causal, son
de aplicación restrictiva y no admiten interpretación o aplicación extensiva a otros
supuestos98.

Por tanto, la vulneración del precedente judicial no constituye un vicio formal,
grave e insaneable que afecte la validez de la sentencia y conlleve a que se
invalide la decisión bajo la causal alegada por los recurrentes para cuyo sustento,
además, invocaron la violación del derecho a la igualdad. Sobre el particular, esta
corporación ha precisado lo siguiente:

“[…] la causal de revisión no tiene vocación de prosperar, toda vez que el defecto
que se predica de la sentencia objeto de revisión –violación del derecho a la

95
Derogado por el artículo 309 del CPACA.
96
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 18 de julio de 2019, radicado 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572), MP.
Carlos Alberto Zambrano Barrera.
97
Además de la sentencia de unificación citada en el píe de página anterior, la decisión objeto de
revisión acudió a la sentencia de 6 de abril de 2018, exp. 05001-23-31-000-2001-03068-
01(46005), MP: Danilo Rojas Betancourth.
98
En este sentido puede consultarse la sentencia de 13 de octubre de 2020, radicado
11001031500020190011900, Sala 14 Especial de Decisión, MP. Alberto Montaña Plata.

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igualdad por el desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de
Estado-, no corresponde a alguno de los presupuestos que podrían viciarla de
nulidad.

Lo cierto es que la violación al precedente alegada, aun si fuera cierta, no
constituye vicio formal de la sentencia, ni violación del debido proceso, ni, mucho
menos, alguna de las causales taxativas previstas por el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil o 133 del Código General del Proceso, por lo que no es
competencia del juez revisor analizar, por esta vía judicial, los argumentos
expuestos por Audifarma al respecto99.

5.2.4.- El recurso extraordinario de revisión no procede para revisar una sentencia
por el desconocimiento del precedente judicial, pues esta no es una causal prevista
por el legislador para el efecto.

Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del precedente judicial
–esto es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva sentencia o sentencias que
tengan la entidad de precedente-, la legislación prevé el denominado recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, procedente, sí, contra las
sentencias de única y segunda instancia proferidas por los tribunales
administrativos, cuando contraríen o se opongan a una sentencia de unificación
del Consejo de Estado, en los términos de los artículos 256 a 268 del CPACA.

De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, tendría
cabida la acción de tutela contra providencia judicial para garantizar la aplicación
de una sentencia de unificación o de un precedente judicial, en los términos
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, con el fin de
proteger el derecho fundamental de igualdad.

Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción de
tutela contra providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento del
precedente y, por ende, por la violación del derecho a la igualdad, al considerar
que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo judicial idóneo para
atacar dicho vicio o defecto de la sentencia, ya que no fue previsto por el legislador
como una causal de dicho recurso.”100.

Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del recurso
extraordinario de revisión”101.

Además de lo expresado, la Sala observa que a lo largo del recurso se insiste en
que la señora Maryuris Estella Blanco Serrano tiene derecho al reconocimiento
del lucro cesante, por cuanto se acreditó que el señor Moisés José Contreras
Chala desempeñaba una actividad lícita y que, por tanto, debía presumirse que
devengaba 1SMMLV, argumento frente al cual se advierte, que la Subsección A
de la Sección Tercera de esta corporación concluyó lo contrario de forma
motivada, por cuanto indicó que la única prueba que se aportó al proceso no
arrojaba certeza sobre la actividad económica que realizaba la víctima. Al
respecto, la sentencia de 25 de octubre de 2019 indicó:

99
Cit. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de julio de 2012. Radicado: 13001-
23-31-000-2007-00173-01(REV). Consejero ponente: Mauricio Torres Cuervo.
100
Cit. Corte Constitucional. Sentencias T-100 de 2010, T-918 de 2010 y T-830 de 2012.
101
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión,
sentencia del 7 de abril de 2015, expediente 11001-03-15-000-2013-02724-00(REV), MP., Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Reiterada por la Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del
18 de febrero de 2022, expediente 11001-03-15-000-2019-05088-00, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra.

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“[…] en cuanto al lucro cesante reconocido mediante condena en abstracto a la
demandante Maryuris Estella Blanco Serrano, el a quo señaló que “en el
expediente no obra prueba alguna de la actividad laboral que ejercía el occiso” y
por ello consideró que debía aplicarle el criterio según el cual toda persona en edad
productiva desempeñaba una actividad lícita y debía alimentos según la ley.

Sobre la actividad productiva del señor Moisés José Contreras Chala, en el
proceso solo obra el testimonio del señor Adolfo de Jesús Acuña Ortiz, vecino de
los demandantes, quien señaló que el señor Moisés José Contreras Chala “era
comerciante, compraba y vendía ropa, negociaba con marranos también” 102.

No obstante, como recientemente lo precisó la sentencia de unificación de la
Sección Tercera de esta Corporación en materia de lucro cesante 103 y lo reiteró
esta Sala de Subsección en un caso similar104, debe “acreditarse suficientemente”
que la víctima desempeñaba una actividad productiva lícita que le proporcionaba
ingresos y que no pudo continuar realizando.

Para la Sala la manifestación del mencionado testigo no constituye prueba
suficiente para acreditar la actividad económica a la que supuestamente se
dedicaba la víctima, pues no explica ni detalla la razón de ese conocimiento ni se
allegaron otros medios de prueba que soportaran ese dicho.”. (subraya fuera de
texto)

La sentencia de unificación que aplicó el juez ad quem dispuso, en cuanto al
reconocimiento de lucro cesante en los casos de privación injusta de la libertad,
que debe acreditarse con suficiencia tanto el ingreso como la actividad que
desempeñaba la víctima y, que, de no probarse el ingreso, sí debe acreditarse el
desempeño de una actividad productiva lícita. Sobre el particular, fijó las
siguientes reglas:

“[…] Respecto del lucro cesante

i) Se reconoce el lucro cesante en favor de la persona privada injustamente de
la libertad, siempre que se solicite de manera expresa por la parte demandante,
de modo que no procederá ningún reconocimiento oficioso al respecto.

Para hacer tal reconocimiento debe haber prueba suficiente que acredite que,
con ocasión de la detención, la persona afectada con la medida de
aseguramiento dejó de percibir sus ingresos o perdió una posibilidad cierta
de percibirlos. Cuando quien se haya visto privado injustamente de su libertad
haya sido una ama de casa o la persona encargada del cuidado del hogar, tendrá
derecho a que se le indemnice el lucro cesante, conforme a los términos y
condiciones consignados en la sentencia de unificación del 27 de junio de 2017,
proferida dentro del proceso con radicación 50001-23-31-000-2000-372-01
(33.945).

ii) La liquidación del lucro cesante, que –se insiste- deberá solicitarse en
la demanda-, comprenderá el valor de los ingresos ciertos que, de no
haberse producido la privación de la libertad, hubiera percibido la víctima
durante el tiempo que duró la detención y, además, podrá comprender, si –
se insiste también- se solicita en la demanda, el valor de los ingresos que se

102
Folios. 250 y 251 del cuaderno 1.
103
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 18 de julio de 2019, radicado 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572), CP. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
104
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 25 de julio de 2019, radicado 68001-23-31-000-2008-00171-01 (50622).

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acredite suficientemente que hubiera percibido la víctima después de
recuperar su libertad y que se frustraron con ocasión de la pérdida de ésta.

iii) El ingreso base para la liquidación será el que se pruebe de manera
fehaciente que percibía el afectado directo con la medida de aseguramiento.

iv) De no probarse el ingreso, pero sí el desempeño de una actividad
productiva lícita, la liquidación se hará con sustento en el salario mínimo
legal vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de
reparación directa. Igual se hará en el caso del ama de casa o de la persona
encargada del cuidado del hogar, conforme a los términos y condiciones
consignados en la sentencia de unificación del 27 de junio de 2017, proferida
dentro del proceso con radicación 50001-23-31-000-2000-372-01 (33.945). […]”

De acuerdo con lo anterior, la regla jurisprudencial no prevé la presunción de una
actividad productiva lícita y que por ello deba reconocerse la suma de 1SMMLV,
la regla es clara en tanto a que el ingreso base para la liquidación debe probarse
de manera fehaciente, y de no estar acreditado, sí lo debe estar, el desempeño
de una actividad productiva lícita, evento en el cual la liquidación se hará con
sustento en el salario mínimo legal vigente al momento de la sentencia.

En este orden de ideas, los argumentos expresados por la recurrente son ajenos
a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, por cuanto, pese a que la
autoridad judicial aplicó la postura de unificación vigente al momento de proferir
la decisión de 25 de octubre de 2019, en realidad lo que propone, es una
controversia en cuanto a la valoración probatoria que realizó el juez de instancia
y de la cual concluyó que no era suficiente la prueba testimonial para tener por
acreditado que la víctima realizaba una actividad económica lícita, por cuanto, en
su criterio, no se aportaron más elementos de juicio que permitieran tener por
acreditados los supuestos para el reconocimiento de la indemnización
reclamada.

En conclusión, como lo indicó el Ministerio Público el propósito del recurso
extraordinario de revisión no es propiciar una instancia adicional del proceso
ordinario para demostrar que era procedente el reconocimiento del lucro cesante.
Por tanto, si bien se aduce una violación al debido proceso no se evidencia
argumento alguno que acredite el desconocimiento del derecho de acceso a la
administración de justicia y/o a la tutela judicial efectiva, así como tampoco sobre
la competencia de la Sala que dictó la providencia, la violación del derecho de
audiencias y de defensa, la motivación y congruencia del fallo, aspectos que
constituyen el contenido constitucionalmente vinculante de este derecho; por el
contrario, la parte pretende controvertir a través de este medio de impugnación
excepcional, el criterio del juez de instancia que bajo su autonomía dictó la
sentencia de forma motivada de acuerdo con la realidad procesal.

En suma, como los argumentos del recurso extraordinario de revisión no guardan
relación ni cumplen los presupuestos que configuran la causal 5.ª del artículo 250
CPACA, esto es, la de “nulidad originada en la sentencia”, los cargos no
prosperan.

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Finalmente, en la pretensión tercera de la demanda los recurrentes solicitaron
que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior
de la Judicatura para que se inicien las investigaciones penal, por el posible
punible de fraude procesal, artículo 453 de la Ley 599 de 2000105 y disciplinaria,
por la presunta incursión en la falta prevista en el numeral 10.º del artículo 33 de
la Ley 1123 de 2007106, contra el apoderado de la Policía Nacional que actuó en
el proceso ordinario, por cuanto consideran que indujo en error a la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

La Sala negará la referida pretensión, por cuanto del expediente ordinario no se
evidencian elementos que permitan advertir la posible comisión de algún tipo de
conducta contraria al ordenamiento jurídico, por parte del mencionado profesional
del derecho, pues lo que se observa es que aquel acudió al proceso en segunda
instancia con la finalidad de formular el recurso de apelación y plantear los
argumentos de defensa respecto de la entidad que representó judicialmente,
postura que acogió el ad quem. En efecto, se insiste, la decisión adversa a las
pretensiones de los actores obedeció al incumplimiento de los deberes
procesales que la ley les imponía.

3. Conclusión

La Sala no encontró acreditada la causal 5.ª de revisión prevista en el artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, referida a la nulidad originada en la sentencia,
invocada por la parte actora, toda vez que, en el caso concreto no concurren los
requisitos necesarios para su configuración.

4. Costas

La Ley 1437 de 2011 no estableció una disposición en materia de costas
especialmente en el marco del recurso extraordinario de revisión. No obstante, la
Ley 2080 de 2021 por medio de su artículo 70, modificó el artículo 255 del CPACA
y en cuanto a este recurso dispuso que “si se declara infundado el recurso, se
condenará en costas y perjuicios al recurrente”.

Ahora bien, el artículo 86 de Ley 2080 de 2021, relativo a su vigencia, indica que
las reformas procesales allí establecidas, prevalecen sobre las anteriores normas
de procedimiento desde el momento de su publicación -25 de enero de 2021-.
Sin embargo, en su inciso cuarto establece que, “[…] en estos mismos procesos,
los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a
correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se

105
“Artículo 453. Modificado por el artículo 11 de la Ley 890 de 2004 […]Fraude procesal. El que
por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia,
resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años,
multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”.
106
“[…] Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:
[…] 10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o
descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o
auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa. […]”.

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regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.”.

En este orden de ideas, en atención a que el recurso extraordinario se presentó
el 25 de septiembre de 2020, - a través de una nueva demanda- para la Sala no
es aplicable al presente asunto la modificación introducida por la Ley 2080 de
2021 al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, como quiera que el trámite del
presente medio extraordinario se encontraba en curso cuando entró en vigencia
dicha ley, aunado al hecho que la recurrente tenía una expectativa legítima
relacionada con la forma en que se regulan las costas, pues para septiembre de
2020, no se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021107.

Por lo anterior, debe acudirse a la norma procesal general que resulta aplicable
por expresa remisión de los artículos 188 y 306 del CPACA. Así las cosas, en lo
relativo a la condena, es del caso precisar que, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de las expensas
y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá lugar a
su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral 8.º ejusdem “ […] cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

En el caso concreto, la Sala advierte que no procede la condena en costas por
concepto de expensas y gastos procesales, porque no aparece demostrado en
el expediente que la parte demandada hubiere incurrido en dichos pagos.

En cuanto al componente de agencias en derecho, debe señalarse que, si bien
se declarará infundado el recurso, la parte pasiva, esto es, la Nación- Ministerio
de Defensa – Policía Nacional no compareció al proceso dentro de la oportunidad
legal con el fin de oponerse y ejercer su derecho de defensa, solo acudió, por
conducto de apoderado, ante el requerimiento probatorio que se realizó en el auto
de 1.º de septiembre de 2021, (índice 54), y allegó la documental solicitada por
el despacho sustanciador. Sin embargo, esta actuación para la Sala, no basta
para el reconocimiento de agencias en derecho a su favor, dado que, no significó
una gestión procesal en defensa de la entidad y, por lo tanto, no se evidencia una
actuación intelectual que justifique su compensación108.

IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

107
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente 11001-03-15-000-2019-05088-00,
MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
108
La Sala 27 Especial de Decisión de esta corporación, MP. Rocío Araújo Oñate, en sentencia
de 6 de agosto de 2019 precisó que “[…] la función de las agencias en derecho es la de otorgar
a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión procesal que realizó
[…]”, radicado 15001-33-33-007-2017-00036-01, demandante Yesid Figueroa García,
demandado Municipio de Tunja, asunto: Revisión Eventual.

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V. FALLA

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la señora Maryuris Estella Blanco Serrano, en nombre propio y en
representación de [M.J.C.B.], los señores Celis María Florián Chala, Nelson
Jhovanny Sabogal Chala, Wilmer Alfonso González Chala, los menores [M.I.F.N.
– M.L.F.N. – W.A.F.N.] quienes comparecieron al presente asunto por medio de
su representante legal, señora Yenina del Carmen Nieto Pardo y la señora Moilis
Edith Contreras Blanco, por la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, contra la
sentencia de 25 de octubre de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Negar la pretensión tercera de la demanda del recurso
extraordinario de revisión, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: Abstenerse de condenar en costas de conformidad con lo señalado
en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: Devolver al despacho judicial de origen el expediente remitido en
préstamo, identificado con el radicado 0800123-31-000-2012-00145-01.

QUINTO: Reconocer al abogado Nelson Torres Romero, identificado con la
cédula de ciudadanía n.º 80.259.301 de Bogotá y portador de la tarjeta
profesional n.º 326.201 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado
judicial del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, conforme a los términos y
facultades contenidas en el poder obrante en el expediente digital109.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

(firmado electrónicamente
(firmado electrónicamente) con salvamento de voto)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Magistrado

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

109
Documental obrante en el documento .pdf “64_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL
ECTRONICO_ANEXORER2021041(.pdf ) NroActua 59”, índice 59 de SAMAI.
Validación que se realizó respecto del referido profesional del derecho en el aplicativo SAMAI:
Servicio URNA - Validación de datos del abogado:
Cedula a validar 8025930
Nombre abogado: NELSON TORRES ROMERO
Tarjeta profesional: 326201
Correo electrónico: NELSON.TORRES9301@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Estado: Vigente

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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