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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-05088-00

Fecha
1 de marzo de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2019-05088-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Luz Marina Forero Páez, por las causales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA, contra la sentencia de 27 de septiembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DEVOLVER al despacho judicial de origen el expediente remitido en préstamo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2019-05088-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

1 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2019-05088-00
Demandante: Luz Marina Forero Páez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 27 de
septiembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”

Tema: Causales invocadas: i) existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación y ii) ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada - Artículo 250, numerales 5 y 8 del CPACA.
Requisitos para su configuración. Reiteración de jurisprudencia.
Improcedencia del recurso para reabrir discusiones sobre
aspectos definidos en sede ordinaria.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la señora Luz Marina Forero Páez, por
intermedio de apoderado judicial, en el cual se invocaron las causales 5 y 8 del
artículo 250 del CPACA1 y que pretende que se infirme la sentencia de 27 de
septiembre de 2018, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado2.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora Luz Marina Forero Páez presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el Oficio OFI14-83398
de 26 de noviembre de 2014, suscrito por la Coordinadora del Grupo de
Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, por medio del cual se
le negó el reconocimiento y pago de la prima de actividad, el subsidio familiar y

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011,

en adelante CPACA - “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […] 8. Ser
la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. […]”.
2 Radicado 25000234200020150249101, MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Demandante: Luz Marina Forero Páez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2019-05088-00

los demás haberes que se encuentran establecidos en los artículos 38 y 49 del
Decreto 1214 de 19903.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de las referidas
prestaciones laborales, la correspondiente reliquidación de su pensión de
invalidez, que los valores fueran debidamente indexados, que se condenara en
costas y el pago de la condena, de acuerdo con las previsiones de los artículos
192 y 195 del CPACA.

La demanda se sustentó en los siguientes supuestos fácticos, que se sintetizan
así:

1.1.1. La señora Luz Marina Forero Páez fue nombrada por el ministro de
Defensa, mediante Resolución 13299 de “6 de noviembre de 1993”, para que se
desempeñara como bacterióloga en el Batallón de Ingenieros No. 13 “General
Antonio Baraya”, cargo del cual tomó posesión el 2 de diciembre de 1993.

1.1.2. A través de Resolución 510 de 2 de marzo de 2012, expedida por el
Ministerio de Defensa, se le reconoció a la demandante pensión de invalidez, con
fundamento en la disminución de la capacidad laboral del 100%, de acuerdo con
la determinación de 24 de mayo de 2011, emitida por la Junta Médica Laboral,
efectiva a partir del 2 de octubre de 2011 y equivalente al 100% de las partidas
computables de sueldo básico y ½ prima de navidad, de acuerdo con los artículos
102 y 106 del Decreto 1214 de 1990.

1.1.3 El 6 de noviembre de 2014, la señora Forero Páez solicitó a las autoridades
demandadas el reconocimiento y pago de las prestaciones salariales
establecidas en los artículos 38 y 49 del Decreto 1214 de 1990, junto con la
consecuente reliquidación de su pensión.

1.1.4. La Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de
Defensa, en Oficio OFI14-83398 de 26 de noviembre de 2014, negó la petición.

3 “Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la

Policía Nacional.
[…] ARTÍCULO 38. PRIMA DE ACTIVIDAD. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa
y de la Policía Nacional, tienen derecho a una prima de actividad del veinte por ciento (20%) del
sueldo básico mensual, mientras permanezcan en el desempeño de sus funciones.
[…] ARTÍCULO 49. SUBSIDIO FAMILIAR. […] A partir de la vigencia del presente Decreto, los
empleados públicos del Ministerio tendrán derecho al pago de un subsidio familiar, que se
liquidará mensualmente sobre su sueldo básico, así:
a) Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga derecho conforme al
literal c) de este artículo;
b) Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlo,
el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c) del presente artículo;
c) Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los
demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%). […]”.

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Demandante: Luz Marina Forero Páez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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La accionante aludió que el Decreto 1301 de 19944 y la Ley 352 de 19975 crearon
una situación de desigualdad al incorporar a los antiguos empleados de los
establecimientos públicos destinados a la prestación de los servicios de salud de
las Fuerzas Militares al Instituto de Salud, sin hacerlos beneficiarios del régimen
salarial previsto para los servidores del Ministerio de Defensa Nacional.

En criterio de la demandante, el Ministerio de Defensa no debió aplicar el artículo
56 de la Ley 352 de 1997, que excluyó a los referidos funcionarios del régimen
salarial de primas, subsidios y asignaciones correspondientes al personal civil de
esa cartera, previsto en el Decreto 1214 de 1990 y el Decreto 1792 de 20006.

En ese sentido, señaló que esa exclusión contradice la Ley 4 de 19927, que
estableció en cabeza del presidente de la República la competencia para fijar el
régimen salarial y prestacional de los funcionarios al servicio del Estado.

Manifestó que las prestaciones previstas en el Decreto 1214 de 1990 fueron
establecidas a favor de todos los empleados civiles del Ministerio de Defensa, y
ninguna norma posterior o con la misma fuerza legal, les quita ese carácter a los
empleados, por lo que su régimen salarial y prestacional debe ser el mismo, así
que una interpretación contraria atenta contra el principio in dubio pro operario.

En sustento de sus pretensiones refirió algunos pronunciamientos de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en relación con el derecho reclamado por
empleados públicos -civiles- no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional, con fundamento en el Titulo III del Decreto 1214 de 19908.

4 “Por el cual se crea el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un establecimiento

público del sector descentralizado”.
5 “Por la cual se restructura el sistema de salud y se dictan otras disposiciones en materia de

seguridad social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. […] Ver Jurisprudencia Vigencia
y Notas del Editor - Declarada inhibida para conocer del segmento ... (literal b) ) Sentencia de la
Corte Constitucional C-315 de 2002 y declarada inhibida (literales a) y b) Sentencia de la Corte
Constitucional C-019 de 2015.”.
6 “Por el cual se modifica el Estatuto que regula el Régimen de Administración del Personal Civil

del Ministerio de Defensa Nacional, se establece la Carrera Administrativa Especial”.
7 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
8 Citó las siguientes providencias:

“Proceso No.25000232500020050764301 nulidad y restablecimiento del derecho JULIO CESAR
RAMIREZ ROJAS contra Mindefensa, M.P. Alfonso Vargas Rincón del 21 de noviembre de 2011;
Proceso No. 25000232500020050793101, Número interno 2009-1993 Nulidad y
Restablecimiento de LUIS EDUARDO NIETO GUERRERO contra Mindefensa, M.P. Luis Rafael
Vergara Quintero, del 21 de noviembre de 2011;
Proceso No. 25000232500020060204201 Número Interno 2091-2008 Nulidad y Restablecimiento
del derecho FEDERICO BARON DEL RISCO contra Mindefensa, M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero del 21 de noviembre de 2011;
Proceso No. 25000232500020090038701 Número interno 0808-2011, Nulidad y restablecimiento
del derecho ADELA DE LA LUZ RAMIREZ contra Mindefensa M.P. Bertha Lucía Ramírez de
Páez. Sentencia del 9 de febrero de 2012” (se transcribe tal cual obra en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho que promovió la señora Luz Marina Forero de Páez como se puede

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Asimismo, indicó que el acto demandado se encontraba falsamente motivado al
desconocer que los integrantes de la Dirección de Sanidad pertenecen al
personal civil del Ministerio de Defensa, dado que no es posible que exista una
discriminación salarial en tratándose del mismo grupo de empleados9.

1.2. Actuaciones procesales relevantes

La demanda correspondió por reparto a la Subsección “C” de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que la admitió por auto de ponente
de 28 de octubre de 201510, providencia en la que, igualmente, se ordenó notificar
al Ministerio de Defensa, al Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

El Ministerio de Defensa11 se opuso a las pretensiones y defendió la legalidad
del acto administrativo enjuiciado. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio.

Integrado en debida forma el contradictorio, el 17 de mayo de 2017 se llevó a
cabo la audiencia inicial, oportunidad en la que el despacho judicial de
conocimiento se pronunció sobre la legalidad de la actuación procesal surtida
hasta esa etapa y concluyó que no se presentaba causal de nulidad de lo actuado
y no emitió consideraciones respecto de excepciones previas por cuanto no
fueron propuestas.

Seguidamente, fijó el litigio, a partir de los presupuestos fácticos de la demanda
y su contestación, el cual se concretó en:

“La presente controversia se contrae a determinar, si la demandante Luz
Marina Forero Páez, tiene derecho o no a que se reajuste la asignación
básica y las prestaciones sociales que percibió en servicio activo,
incluyendo en su liquidación lo correspondiente a los haberes laborales
consagrados en el Decreto 1214 de 1990. En caso afirmativo si, como
consecuencia de lo anterior, la entidad demandada debe reliquidar la
pensión de invalidez de la actora, teniendo en cuenta los nuevos
factores.”12.

En la etapa probatoria el juez de primera instancia incorporó los documentos de
la demanda y su contestación, al tiempo decretó la prueba documental solicitada
por la parte actora y, en consecuencia, ordenó a la demandada que aportara
copia de la hoja de vida de la demandante. En firme el auto de pruebas se corrió
traslado a las partes para alegatos de conclusión.

verificar en el folio 25 del cuaderno principal del proceso con radicado
25000234200020150249101.
9 Folios 23 a 45 del cuaderno principal del expediente con radicado 25000234200020150249101.
10 Folios 41 y 42 del cuaderno principal del expediente con radicado
25000234200020150249101.
11 Folios 69 a 76 del cuaderno principal del expediente con radicado 25000234200020150249101
12Folios 105 y 106 del cuaderno principal del expediente radicado 25000234200020150249101.

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1.3. Sentencia de primera instancia

Finalizada la etapa de alegaciones, la Subsección “C” de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 13 de septiembre de
201713, en la que negó las súplicas de la demanda.

Expuso y analizó las normas sobre los regímenes salariales y prestacionales del
personal vinculado al Ministerio de Defensa Nacional, como lo son, el artículo 150
de la Constitución Política, el Decreto 2701 de 198814, los Decretos
121115,121216 y 121317 de 1990, el artículo 2 y los Títulos III y VI del Decreto
1214 de 1990, los artículos 248.6 y 279 de la Ley 100 de 199318, los artículos
88 y 89 del Decreto 1301 de 1994, los artículos 9, 10, 53, 54 y 55 de la Ley 352
de 1997, el artículo 2 y 3.4 del Decreto 3062 de 199719 y el artículo 114 del
Decreto 1792 de 2000, para determinar que con ocasión de la supresión y
liquidación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, y la consecuente
incorporación de sus servidores a las plantas de personal del Ministerio de
Defensa, debían distinguirse dos situaciones a saber en cuanto al régimen
prestacional aplicable:

i) La del personal incorporado al Instituto de Salud de las fuerzas Militares antes
de la vigencia de la Ley 100 de 1993, a quienes se les aplica integralmente el
Título VI del Decreto 1214 de 1990.

ii) Y la de los servidores que ingresaron con posterioridad a la Ley 100 de 1993,
que se rigen por lo previsto en esa ley, y en lo no previsto, por el Título VI del
Decreto 1214 de 1990.

Concluyó que de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 la situación
prestacional de la actora estaba gobernada por la Ley 100 de 1993, pues se
logró “[…] establecer que ingresó al Instituto Nacional de Salud de las Fuerzas
Militares el 02 de diciembre de 1993 (sic), cuando dicha Ley ya se encontraba
vigente […]”20,

Precisó que si bien el parágrafo del artículo 55 de la Ley 352 de 1997 21, prevé
una remisión al Decreto 1214 de 1990, aquella es residual porque solamente

13 Folios 162 al 167 del cuaderno principal expediente con radicado 25000234200020150249101.
14 “Por el cual se reforma el Régimen Prestacional de los empleados públicos y trabajadores

oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y
comerciales del Estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional.”.
15 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas

Militares.”.
16 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía

Nacional.”.
17 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional.”.
18 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”.
19 “Por el cual se dictan normas para la liquidación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares”.
20 Folio 166 del cuaderno principal del expediente con radicado 25000234200020150249101.
21 “Artículo 55. Régimen prestacional. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del

Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de

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procede frente a lo no previsto en la Ley 100 de 1993, y además es restrictiva,
pues se refiere exclusivamente al Título VI del Decreto 1214 de 1990, y no a todo
su articulado22.

Así las cosas, indicó que en el caso concreto no era procedente reconocer y
pagar la prima de actividad prevista en el artículo 38 del Decreto 1214 de 1990,
ni las demás prestaciones contenidas en el Título III y, por ende, a la reliquidación
de su pensión de invalidez, ya que por vía de la remisión taxativa del parágrafo
del artículo 55 de la Ley 352 de 1997, es aplicable únicamente el Título VI del
referido Decreto.

En virtud de lo anterior, precisó que el régimen salarial que cobijaba a la actora
era el establecido por el Gobierno Nacional y el prestacional el de los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva e indicó que “no puede hablarse de
desconocimiento de derechos adquiridos, máxime si como se ha examinado,
tales derechos, para quienes los adquirieron, quedaron garantizados por expresa
disposición de las normas revisadas.”.

Finalmente, determinó que no había lugar a la condena en costas procesales por
cuanto no se evidenció arbitrariedad del derecho, mala fe o temeridad, respecto
de lo actuado por la parte actora dentro del proceso.

1.4. Sentencia de segunda instancia

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Subsección
“B” de la Sección Segunda de esta Corporación dictó sentencia el 27 de
septiembre de 201823, en la que confirmó el fallo apelado, pero en atención a las
siguientes consideraciones.

La Sala explicó que el numeral 6 del artículo 248 de la Ley 100 de 1993 facultó
al presidente de la República para que, en el término de 6 meses, contados a
partir de la publicación de la referida ley, organizara el sistema de salud de las
Fuerzas Militares y de Policía, lo cual realizó mediante el Decreto 1301 de 1994
y creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un establecimiento
público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa.

la Policía Nacional que se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa
y de la Policía Nacional respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de
la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuara aplicando en su integridad el Título VI del
Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
Parágrafo. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporen al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la presente ley quedarán
sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo no contemplado en la Ley 100 de 1993, se les
aplicará lo dispuesto en el Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen
o adicionen.”.
22 Sobre el tema citó la sentencia de 12 de octubre de 2016 del Consejo de Estado, Sección

Segunda, Subsección “B", MP. César Palomino Cortes, radicación 25000234200020120112201.
23Folios 216 a 228 del cuaderno principal del expediente con radicado
25000234200020150249101.

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En lo que se refiere al régimen salarial del personal vinculado al citado Instituto,
indicó que el artículo 88 del Decreto 1301 de 1994 preceptuó que en materia de
remuneración, primas, bonificaciones y subsidios, sus empleados y trabajadores
oficiales estarían sujetos a las normas legales que para tal efecto estableciera el
Gobierno Nacional, es decir, excluyó a los empleados del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares de las normas que en dicha materia estaban previstas para
el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional (Decreto 1214 de 1990).

Seguidamente, señaló que la Ley 352 de 1997 ordenó la creación de la Dirección
General de Sanidad Militar y suprimió y liquidó el establecimiento público
denominado Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, al tiempo que dispuso la
incorporación de su personal a la planta del Ministerio de Defensa Nacional o de
la Policía Nacional, según fuera el caso, conforme a la reglamentación que
expidiera el Gobierno Nacional.

Respecto a la incorporación a las plantas de personal de salud del Ministerio de
Defensa Nacional o de la Policía Nacional, expuso que el artículo 5424 de la Ley
352 de 1997 precisó que sería conforme a la reglamentación especial que
expidiera el Gobierno Nacional, garantizando los derechos adquiridos, y el
artículo 55 ibídem en lo que tiene que ver con el régimen prestacional estableció
que estaría condicionado a la fecha de vinculación laboral del empleado, de
manera que si fue con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 se les aplica lo dispuesto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990 o, en su
defecto, si es con posterioridad a dicha fecha, se sigue lo regulado por la Ley 100
de 1993.

Por su parte, en lo referente al régimen salarial aplicable indicó que el artículo
56 de la Ley 352 de 1997 estableció que el personal que se incorporara a las
plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional
por virtud de esa Ley “(…) continuarán sometidos al mismo régimen salarial que
se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según sea el caso
(…)”.

24 “Artículo 54. Personal. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente
prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se incorporaran a las plantas de personal de
salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional, según sea el caso, conforme a
la reglamentación especial que al respecto expida el Gobierno Nacional, garantizando los
derechos adquiridos y sin tener que presentar o cumplir ningún requisito adicional.
Parágrafo 1º. Inicialmente, las personas incorporadas continuaran prestando sus servicios en las
mismas unidades y establecimientos en que laboraban antes de la expedición de la presente
ley.
Parágrafo 2º. El personal que actualmente presta sus servicios en la unidad prestadora de
servicios Hospital Militar Central, se incorporará al establecimiento público de orden nacional,
previsto en el artículo 40 de la presente ley.”.

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De acuerdo con lo anterior, la Sala precisó que para determinar el régimen
salarial aplicable al personal vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares se hacía necesario distinguir tres etapas, a saber:

i) Empleados públicos – personal civil- vinculados al Ministerio de Defensa con
anterioridad al 22 de junio de 1994 (fecha en la que entró en vigencia el Decreto
1301 de 1994 y se creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares) 25, son
aplicables las disposiciones previstas en el Decreto 1214 de 1990.

ii) Empleados públicos vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
le serían aplicables las disposiciones que para esta clase de servidores
estableciera el Gobierno Nacional26, artículo 88 del Decreto 1301 de 1994.

iii)Y empleados públicos incorporados a la planta de personal del Ministerio de
Defensa –sector salud-, con ocasión del proceso de supresión y liquidación del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, continuarían sometidos al régimen
salarial que se les aplicaba en el referido Instituto.

Enfatizó que “[…] a partir de la expedición del Decreto 1301 de 1994, por expresa
disposición del Gobierno Nacional, el régimen salarial aplicable a los servidores
públicos vinculados al sector salud de la Fuerzas Militares no es otro que el
previsto para los empleos de la Rama Ejecutiva […] lo que […] excluye cualquier
posibilidad de aplicar a este tipo de servidores el régimen salarial previsto en el
Decreto 1214 de 1990 […]” e indicó que tal conclusión ha sido definida
pacíficamente por la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado27.

En cuanto al caso concreto, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso,
la Subsección “B” de la Sección Segunda precisó que:

25 Folio 225 del cuaderno principal del expediente con radicado 25000234200020150249101.
26 Indicó que la normativa que sobre el particular expidió el Gobierno Nacional se desarrolló en

los Decretos 674 de 2008, 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de
2013, 190 de 2014, 1120 de 2015, 238 de 2016 y 1007 de 2017, mediante los cuales han sido
fijadas las escalas de asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y
vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en los cuales expresamente se ha
establecido lo siguiente: ”Los empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, de la
Policía Nacional y de sus entidades adscritas y vinculadas, devengarán los elementos
salariales que les vienen aplicando en los mismos términos y condiciones señaladas en el
Decreto General de la Rama Ejecutiva Nacional.
[…] Los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional a quienes se les aplica el Decreto-ley 1214 de 1990, continuarán
con dicho régimen” (subrayas y negrilla del Tribunal).
27 En la referida providencia se expuso como marco jurisprudencial la sentencia de 29 de enero

de 2015 de la Sección Segunda, Subsección A, “Expediente No, 3406-2013, Actor Lina Paola
Medellín Martínez, Demandado NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL -
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.”, MP. Gustavo Gómez Aranguren, la sentencia
de 27 de noviembre de 2014, radicado 2853 -2013 MP. Gerardo Arenas Monsalve, y la sentencia
de 10 de diciembre de 2015, radicado 2219-2013, MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Demandante: Luz Marina Forero Páez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2019-05088-00

i) Según el Acta No. 490 de 2 de diciembre de 1993, la demandante, en virtud
de la Resolución 13299 de 26 de noviembre de 1993, tomó posesión del cargo
de Especialista Jefe ante el Comandante del Batallón de Ingenieros No. 13
“Antonio Baraya”.

ii) Según el Acta 2159 de 1 de marzo de 1996, la señora Forero Peláez tomó
posesión “POR INCORPORACIÓN DE ACUERDO CON EL DECRETO No. 181
DE ENERO 24 DE 1996”28 del cargo de Profesional Universitario 3020-08 en el
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.

iii) Según el Acta 286 de 2009, por medio de la Resolución 1377 de 14 de octubre
de 2009, la demandante fue incorporada a la planta de personal de empleados
públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad en
el empleo de Servidor Misional en Sanidad Militar, código 2-2, grado 7, del cual
tomó posesión el 14 de octubre de 2009.

En consecuencia, la Subsección “B” de la Sección Segunda estimó que “[…] el
hecho de que la señora Luz Marina Forero Páez se hubiese vinculado a la planta
de personal del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares el 1° de marzo de 1996
y que fuera incorporada mediante la Resolución 1377 de 14 de octubre de 2009,
al servicio de Sanidad del Ministerio de Defensa Nacional, permite afirmar que el
régimen salarial aplicable a su situación particular es el previsto por el Gobierno
Nacional para los servidores públicos del orden nacional […]”29, en atención al
artículo 54 de la Ley 352 de 1997, a través de la cual el legislador dispuso la
incorporación del personal de salud de las Fuerzas Militares a la planta del
Ministerio de Defensa Nacional, como consecuencia de la supresión y liquidación
del establecimiento público Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2.1. Demanda

El 3 de diciembre de 2019, la señora Luz Marina Forero Páez, a través de
apoderado judicial30, presentó recurso extraordinario de revisión fundado en las
causales previstas en los numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA contra la

28 “Por el cual se aprueba el Acuerdo no. 12 del 29 de junio de 1995 de la Junta Directiva del

Instituto de Salud de las Fuerzas Militares por el cual se adopta la Planta Global de Personal del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares […]
Artículo tercero. En un término máximo de 45 días, el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
vinculará a su planta los empleados públicos de la planta del Ministerio de Defensa Nacional al
servicio de la Secretaría General, Comando General, Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Hasta tanto no se vinculen a la nueva planta del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, estos
empleados continuarán percibiendo su remuneración mensual del Ministerio de Defensa
Nacional“.
29 Folio 227 del cuaderno principal del expediente con radicado 25000234200020150249101.
30 El demandante confirió poder especial al abogado Juan Pablo Orjuela Vega, tal y como se

puede corroborar en el documento obrante a folio 10 del cuaderno principal del expediente físico.
Link: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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Demandante: Luz Marina Forero Páez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2019-05088-00

sentencia de 27 de septiembre de 2018, proferida por la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. En la demanda solicitó:

“[…] que con fundamento en la demostración de la causal de revisión
impetrada, se anule la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2018 por
la Sección Segunda, Subsección "B", de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra
Lisset Ibarra Vélez, y en sede de instancia se revoque la del 13 de
septiembre de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C", con ponencia del
Magistrado Samuel José Ramírez Poveda y, en su lugar, se despachen
favorablemente las pretensiones de la demanda instaurada por la doctora
Luz Marina Forero Páez contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional -
Dirección General de Sanidad Militar, con las consecuencias jurídicas y
económicas previstas en el código de la materia.

Reitero también todos y cada uno de los argumentos que fueron expuestos
en el proceso ordinario por la apoderada judicial de la demandante. […]”31.

Señaló que la sentencia de segunda instancia incurrió en las causales referidas,
para lo cual esgrimió argumentos conjuntos para sustentarlas.

Luego de relatar el trámite y actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que culminó con la sentencia recurrida, indicó que
en otro proceso, según su criterio, de características y condiciones iguales, la
Subsección "A" de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de
21 de junio de 201832, accedió a las pretensiones formuladas por la señora Gloria
Cecilia Gutiérrez Muñoz, razón por la cual argumentó que:

“[…] con una diferencia de apenas tres (3) meses, las dos subsecciones
de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, dictaron sentencias opuestas, pese a que los hechos,
los fundamentos de derecho y las situaciones planteadas por las
respectivas demandantes, que fueron compañeras de trabajo, eran
absolutamente iguales.”.

Expresó que la sentencia controvertida, al confirmar la negativa de sus
pretensiones, aplicó una interpretación restrictiva de las fuentes formales del
derecho, lo cual, a su juicio, “[…] genera una nulidad constitucional en cuanto
con esa sentencia vulneró sus derechos fundamentales del trabajo, de un lado; y
del otro, porque tres (3) meses antes la misma Corporación pronunció un fallo
favorable en un proceso con idéntica situación, por manera que ha debido darle
el mismo tratamiento […] y acceder a las pretensiones de la demanda […]”33.

Para demostrar que se configuraron las causales alegadas, argumentó que:

31 Folio 8 del cuaderno principal de este expediente en físico.
32 La cual aportó en copia como anexo a la demanda de revisión, folios 36 al 47 del cuaderno

principal del expediente físico.
33 Folio 3 del cuaderno principal de este expediente en físico.

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La recurrente tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones contenidas en
el Título III del Decreto 1214 de 1990, y a que se le liquidaran sus prestaciones
sociales con todos los factores previstos en el artículo 102 del mismo estatuto,
para lo cual, relacionó los datos de otras sentencias emitidas por las
Subsecciones “A” y “B” de la Sección Segunda de esta Corporación en varios
casos en donde se ha reconocido al personal civil no uniformado del Ministerio
de Defensa dichas prestaciones y que, en criterio de la demandante, son
procesos equivalentes a su situación34, dijo que “[…] el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca ha dictado sentencias de segunda instancia en más de diez
(10) procesos similares”35. Seguidamente, destacó que:

El artículo 4° de la Constitución señala que es "norma de normas" y que, en caso
de incompatibilidad con una ley u otra disposición, prevalece aquélla.

El articulo 25 superior, conforme a los postulados de la Organización
Internacional del Trabajo -OIT, se aplica tanto a los trabajadores activos como
pasivos (pensionados), cuyos derechos gozan de especial protección del Estado
y en condiciones dignas y justas.

El artículo 29 constitucional, sobre el debido proceso, determina que toda
persona tiene derecho a ser oída y a defender su "status".

El artículo 53 ibídem, prevé el derecho fundamental al trabajo, la irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, el principio de
aplicación de la situación más favorable al trabajador y establece que el Estado
debe garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.

Señaló que el artículo 53 de la Constitución “[…] incorpora a la legislación interna
los convenios internacionales del trabajo, que parten del supuesto, en relación
con la seguridad social y específicamente con los pensionados, que deben poder
llevar una vida similar y acorde con el nivel y el núcleo social dentro del cual
trabajaron y desarrollan su existencia” y manifestó que la decisión que se busca
infirmar “[…] vulneró los derechos de protección al trabajo, a una vida digna, al
debido proceso, y afectó en manera grave las condiciones de existencia de mi
mandante. Del mismo modo ignoró el principio de favorabilidad, particularmente

34 Citó y pidió que se oficiara a la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación para

que, a su costa, se remitieran copias auténticas de las sentencias de segunda instancia dictadas
en los procesos con radicado: “[…] 2005-07907, demandante: Carlos Julio Niño Orjuela, en
sentencia del 21 de noviembre de 2011, con ponencia del Consejero Alfonso Vargas Rincón;
2005-07643, demandante: Julio César Ramírez Rojas, en sentencia del 21 de noviembre de
2011, con ponencia del Consejero Alfonso Vargas Rincón; 2005-07931, demandante: Luis
Eduardo Nieto Guerrero, en sentencia del 21 de noviembre de 2011, con ponencia del Consejero
Luis Rafael Vergara Quintero;2006-02042, demandante: Federico José Barón del Risco, en
sentencia del 21 de noviembre de 2011, con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara
Quintero;2009-00387, demandante: Adela Luz Ramírez, en sentencia del 9 de febrero de 2012,
con ponencia de la Consejera Bertha Lucía Ramírez de Páez”.
35 Folio 4 del cuaderno principal de este expediente en físico. Sin embargo, no señaló a cuáles

pronunciamientos del Tribunal hacía mención.

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en cuanto a la interpretación y aplicación de las normas laborales, como fuente
del derecho, también de raigambre constitucional […]”.

Finalmente, indicó que “La violación del debido proceso, implica una nulidad
supralegal, que aunada a los otros preceptos que se indican, constitutivos de
principios constitucionales aplicables en materia de derechos fundamentales del
trabajo, llevan a la conclusión que la sentencia objeto de recurso está viciada de
nulidad y por ende debe ser infirmada […]”.

2.2. Actuaciones procesales relevantes

2.2.1. Auto admisorio de la demanda

Por medio de auto dictado el 13 de diciembre de 2019, se admitió la demanda y
se surtieron las notificaciones de rigor, las cuales se realizaron en legal forma,
según constancias obrantes en el sistema de gestión judicial SAMAI36.

Asimismo, se ordenó requerir a la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que remitiera el expediente contentivo del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado
25000234200020150249101.

2.2.2. Contestación de la demanda

El Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar guardó silencio.

2.2.3. Concepto del Ministerio Público

La procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el presente asunto37 y solicitó que se declarara la improcedencia del recurso
extraordinario de revisión, por cuanto no se acreditan los elementos que
estructuran las causales invocadas y que habilitarían revisar la sentencia de 27
de septiembre de 2018.

En primer lugar, se refirió a los criterios generales fijados por esta Corporación
respecto del recurso extraordinario de revisión38. En cuanto a la causal 5 del
artículo 250 del CPACA, explicó los casos en que se configura39; sostuvo que, en
el caso concreto, no hay reparo alguno frente a las formalidades de la providencia

36 Las notificaciones se llevaron a cabo el 18 de diciembre de 2019. Anotación 6 a 8 de SAMAI.
37Folios 65 al 71 del cuaderno principal de este expediente en físico.
38 Citó y trascribió apartes de la sentencia de 1 de marzo de 2018, radicado
11001032500020130083800 (1763-2013) de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, MP. César Palomino Cortés, en la cual se citó la sentencia "Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de abril de 2004, REV 194, Consejera
Ponente María Inés Ortiz Barbosa".
39 En cuanto a la causal 5 del artículo 250 del CPACA citó la sentencia del 3 de abril de 2018,

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, radicado
11001031500020170209100, MP. Rocío Araújo Oñate.

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atacada y expresó que “[…] la recurrente no debe tener por finalidad que el juez
de revisión se convierta en un juez de instancia […]”.

Fue enfática en decir que “[…] no es de recibo para esta agencia del Ministerio
Público que la parte recurrente pretenda desvirtuar la decisión tomada por la
Sección Segunda, Subsección "B” del H. Consejo de Estado, amparando su
inconformidad en la cita de sentencias en las que se decidieron casos puntuales,
que a su juicio son similares al que le fue fallado en contra de sus pretensiones,
los cuales, por su naturaleza tienen un efecto inter partes, sin que se pueda
pretender extender sus efectos a la sentencia que ahora es objeto de estudio en
el presente recurso de revisión […]”.

Manifestó que si bien la parte actora argumentó que se desconocieron sentencias
emitidas por el Consejo de Estado en las que se ha reconocido que el personal
civil no uniformado al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, tiene derecho
a que se le aplique el Título III del Decreto 1214 de 1990 y citó los artículos 25,
29 y 53 de la Constitución Política, a su juicio, no se estableció con la claridad y
precisión “[…] cuál es en últimas el motivo por el que se considera que la
sentencia objeto del recurso de revisión es nula […]”, “[…] pues la recurrente no
enuncia cuál es la razón concreta por la que, a su juicio, se presentó la presunta
nulidad que alega como causal de revisión del fallo.”.

Concluyó que no se demostró la presunta violación al debido proceso, así como
tampoco transgresión alguna a la obligación que tiene el Estado de garantizar
condiciones dignas y justas para los trabajadores, ni mucho menos a la obligación
de garantizar el reajuste periódico de las pensiones legales que se reclaman.

En cuanto a la causal 8 del artículo 250 del CPACA, expuso los presupuestos
para su estructuración 40 e indicó que aquella se circunscribe a que la sentencia
sea contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en el que fue dictada.

Frente al caso concreto, indicó que tampoco se sustentó fáctica ni jurídicamente
por parte de la recurrente la configuración de dicha causal, aunado a que no se
cumple con el requisito de identidad de partes, el cual, es un presupuesto
ineludible para ser acogido vía recurso extraordinario de revisión.

Al respecto, explicó que si bien la recurrente argumentó que en otro proceso con
“características y condiciones iguales” al que es objeto del presente recurso, la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado emitió una

40 En cuanto a la causal 8 del artículo 250 del CPACA citó las sentencias:

“-Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 2 de abril de 2013,
expediente 11001031500020010011801 (REV), C.P. Gerardo Arenas Monsalve:
-Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, C.P. Danilo
Rojas Betancourth, sentencia del 5 de abril de 2016, Radicación: 11001031500020070143300.
-Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 8 de marzo de
2018, M.P. Cesar Palomino Cortés, Rad. 76001233100020020396002 (2135 -11).”.

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sentencia favorable en el proceso de la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz, a
juicio del Ministerio Público, no es viable establecer que la sentencia configure
una cosa juzgada en relación con la providencia objeto de este recurso, toda vez
que dicho fallo fue proferido dentro de un proceso cuya parte demandante era
diferente a la señora Forero Páez, por lo tanto, no se cumplen los requisitos para
configurar la causal y tampoco estaría llamada a prosperar.

2.3. Auto de pruebas

Por medio de auto de 12 de febrero de 2020, el ponente dispuso tener como
pruebas los documentos aportados con la demanda, así como las que allegaran
al proceso y que solicitó la demandante. Una vez vencido el periodo probatorio,
el expediente ingresó al despacho para fallo el 12 de marzo de 2020 41.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3. Presupuestos procesales

3.1. Competencia

De acuerdo con el inciso 1 del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado.

Asimismo, corresponde precisar que el artículo 107 del CPACA creó las Salas
Especiales de Decisión de esta Corporación y que el Acuerdo 321 del 2 de
diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, reglamentó su integración y funcionamiento.

Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asignó la
competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.

De acuerdo con lo anterior, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo
de Estado es competente para conocer la demanda de revisión contra la
sentencia proferida el 27 de septiembre de 2018, en segunda instancia, por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que la
señora Luz Marina Forero Páez promovió contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Dirección General de Sanidad Militar.

41 Tal y como consta en las anotaciones 17 y 23, respectivamente, del trámite del presente asunto

en SAMAI.

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3.2. Oportunidad

El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del término
establecido en el artículo 251 del CPACA, toda vez que la sentencia que se
pretende infirmar fue dictada el 27 de septiembre de 2018, por la Subsección
“B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, notificada por medios
electrónicos a las partes el 29 de noviembre de 2018, de tal manera que cobró
ejecutoria el 4 de diciembre de esa anualidad y la demanda de revisión fue
interpuesta el 3 de diciembre de 2019, por ende, no alcanzó a transcurrir el año
al cual se refiere la norma aplicable al caso.

3.3. Legitimación en la causa

En punto a este presupuesto procesal, considera la Sala que la señora Luz
Marina Forero Páez está legitimada en la causa por activa, así como el Ministerio
de Defensa - Dirección General de Sanidad Militar, por pasiva, toda vez que la
recurrente y la demandada tuvieron la calidad de partes en el proceso en el que
se dictó la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión.

4. Problema jurídico

Conforme a los planteamientos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión, corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia
dictada el 27 de septiembre de 2018, por la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que confirmó la providencia de 13 de
septiembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, por medio de la cual se negaron las súplicas de la
demanda incoada por la señora Luz Marina Forero Páez, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio
de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar.

En consecuencia, se deberá establecer si en el caso concreto se configuran las
causales de revisión referidas a:

I) Existir nulidad originada en la sentencia (art. 250.5 CPACA), por la presunta
vulneración de los derechos a la vida digna, debido proceso y al trabajo y demás
garantías laborales al confirmarse la negativa a las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto por medio del cual se le
negó el reconocimiento y pago de la prima de actividad, el subsidio familiar y los
demás haberes que se encuentran establecidos en el Decreto 1214 de 1990 y la
consecuente reliquidación de su pensión de invalidez, al aplicarse una
“interpretación restrictiva de las fuentes formales del derecho”, y porque en un
caso similar, contrario a lo decidido en el proceso de la recurrente, la Subsección
"A" de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 21 de junio
de 2018, accedió a las pretensiones de la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz.
Es decir, en criterio de la señora Forero Páez, existen dos decisiones opuestas

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con supuestos jurídicos “absolutamente iguales”.

II) Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada (art. 250.8 CPACA),
por cuanto la Subsección "A" de la Sección Segunda de esta Corporación ha
reconocido en varios casos que el personal no uniformado perteneciente a la
planta de personal del Ministerio de Defensa tiene derecho al reconocimiento de
las prestaciones contenidas en el Decreto 1214 de 1990, para lo cual la
recurrente relacionó los datos de las sentencias y manifestó además que “[…] el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dictado sentencias de segunda
instancia en más de diez (10) procesos similares”42.

En este orden de ideas, la Sala abordará el estudio de los siguientes ejes
temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) la causal
quinta de revisión, consistente en existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, iii) la causal
octava de revisión, consistente en ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada
y iv) con base en lo anterior, se resolverá el caso concreto.

4.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión43

El recurso extraordinario de revisión constituye un medio de impugnación
excepcional contra la sentencia, el cual, permite el rompimiento del principio de
cosa juzgada y su finalidad se contrae a restablecer tanto el imperio de la justicia,
como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados
por decisiones injustas.

Este recurso, está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA44, y su
ámbito de acción está restringido a las causales previstas por el legislador, las
cuales no admiten interpretaciones extensivas dado que comportan situaciones
excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa juzgada.

Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA, y en
síntesis se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso

42 Folio 4 del cuaderno principal del expediente físico. Sin embargo, no señaló a cuáles
pronunciamientos del Tribunal hacía mención.
43 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras

sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de
marzo de 2010, Rad. REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio
de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995,
Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037;
Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de
15 de julio de 2010, Rad. 2007-00267. Cita original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad. 11001-03-15-000-2012-
00231-00, Actor: Víctor Daniel Viveros Villegas.
44 Con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, arts. 68, 69 y 70.

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la violación al debido proceso, y se trata de causales que no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación
indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como
lo ha precisado esta Corporación, “No es un recurso que proceda por violación
de la ley”45. En otras palabras, “el recurso extraordinario de revisión no da cabida
a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en
la sentencia.”46.

Las sentencias susceptibles del recurso a voces del artículo 248 del CPACA
son “[…] las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.”.

En suma, este medio de impugnación excepcional no está previsto para corregir
los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio origen a la sentencia
recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar hechos no
expuestos ante el juez natural del proceso, sino para garantizar el derecho al
debido proceso y el restablecimiento de la justicia material.

De manera que, como lo ha indicado esta Corporación, el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto.

En efecto, sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia SU-026 de
202147, a partir de la jurisprudencia de esta Corporación, explicó que:

“[…] 5.5. Respecto de la tipología y comprensión particular de estas
causales, el Consejo de Estado precisó que, a excepción del numeral 4°,
ninguno de los numerales que posibilitan la revisión extraordinaria apuntan
a reabrir el debate jurídico ni refutan el criterio con que el juez interpretó o
aplicó la ley. Por el contrario, las causales cuestionan puntualmente las
irregularidades procesales y probatorias que afectaron la integridad de la
decisión y vulneraron los derechos de las partes. Al respecto, dicha
autoridad judicial expuso que “las causales de los numerales 5 y 8 son de
índole procesal, mientras que las causales de los numerales 1, 2, 3, 6 y 7
recaen sobre aspectos que atañen a la validez o insuficiencia de los
elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión” 48.

5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia
contencioso-administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz
cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo

45 Cfr., Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 3, sentencia de 4 de agosto de 2021.

Rad. 11001031500020210061000. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de

2013, Rad. 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
47 Corte Constitucional, referencia: Expediente T-7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
48 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 7 de febrero de 2017, rad.

11001-03-15-000-2013-02042-00(REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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judicial que se encuentra ejecutoriado. De hecho, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre la acción de
tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho […].”.

4.2. La causal de revisión consistente en la nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso

De conformidad con el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, “Son causales de
revisión: “5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.

Según lo ha entendido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo49 los
hechos que configuran la causal denominada nulidad originada en la sentencia
son los que constituyen las causales de nulidad procesal, esto es, las causales
del artículo 133 del Código General del Proceso50, pero no son figuras procesales
idénticas.

De igual manera, se ha aceptado, que la sentencia puede resultar viciada por
hechos externos que, si bien no están previstos como causales de nulidad
procesal, lo cierto es que sí pueden afectar la legalidad y justicia de la decisión,
al punto que desconocería el artículo 29 de la Constitución. Dentro de estos
supuestos se pueden citar los siguientes: i) la sentencia en la que se condena a
la parte que no fue vinculada al proceso; ii) la sentencia que se dicta, a pesar de
que el proceso estaba legalmente suspendido o interrumpido; iii) la sentencia de
las corporaciones judiciales que no cuenta con el número de votos necesarios
para la aprobación, y iv) la sentencia que no tiene formal ni materialmente
motivación ante la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones
de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión.

En este orden, se trata entonces de vicios procesales que surgen al momento de
la expedición de la sentencia, pero no los acaecidos en etapas anteriores. Es
decir, la nulidad o vicio surge de la propia sentencia y eso habilita la procedencia
del recurso extraordinario de revisión51.

49 Ver, entre otras, las siguientes providencias: del 20 de abril de 2004, expediente número:

11001-03-15-000-1996-0132-01; del 18 de octubre de 2005, expediente número 11001-03-15-
000-2000-00239-00, del 7 de febrero de 2006, expediente número 11001-03-15-000-1997-
00150-00; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 9 de marzo de 2010, expediente
número 1100103150002002-1024-01, y del 31 de mayo de 2011, expediente número
1100103150002008-00294-00.
50 En adelante CGP. Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
51 En este sentido puede verse la sentencia ya citada, proferida por la Sala Especial de Decisión

No. 3, el 4 de agosto de 2021. Rad. 11001031500020210061000.

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Para mayor ilustración la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de 17 de
julio de 201352, identificó los siguientes defectos como causantes de nulidad en
la sentencia53:

“[…] Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso
legalmente concluido.

a. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.54

b. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la
firma de más o menos jueces de los requeridos legalmente.

c. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) proferir una sentencia sin
motivación55 o ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada).56

d. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o
competencia del juez.57 […]”.

Por otra parte, se ha dicho que, la violación del debido proceso puede derivar en
la causal de nulidad originada en la sentencia en los casos en los que existe
denegación de justicia, esto es, cuando el juez, sin fundamento válido y
razonable, dicta una decisión inhibitoria58. De todos modos, el juez administrativo
deberá ser cauteloso para identificar si en el caso concreto la sentencia vulnera
los derechos de acceso a la administración de justicia y particularmente la tutela
judicial efectiva.

4.3. La causal de revisión consistente en ser la sentencia contraria a otra
anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada

En primer lugar, es importante destacar que en el ordenamiento jurídico
colombiano las providencias que ponen término a una controversia están
amparadas por el instituto jurídico procesal de la res iudicata o cosa juzgada,

52 Rad. 11001031500020120023100. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
53 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de

mayo de 1998, Rad. REV-093, de 18 de octubre de 2005, Rad. 2000-00239; Sección Segunda,
Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, Rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia
de 14 de diciembre de 2009, Rad. 2006-00123.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 3 de febrero de 2009,

Rad. REV-1998-00170.
55 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1 de junio de

2005, Rad. REV-062.
56 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de

1998, Rad. REV-093.
57 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre

de 1997, Rad. REV-080.
58 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de

2018, Rad. 110010315000199800153-01.

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conforme a la cual se otorga a aquellas decisiones emanadas de la autoridad
judicial, el carácter de definitivas y vinculantes, para evitar que se presente un
nuevo litigio entre idénticas partes respecto de pretensiones ya decididas.

El referido instituto, que encuentra su sustento en el artículo 29 de la Constitución
Política, hace parte inescindible del derecho al debido proceso. En efecto, todo
juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no
puede recaer indefinidamente la expectativa alrededor del sentido de la solución
judicial a su conflicto, pues existe el derecho constitucional fundamental a la
sentencia firme y, por lo tanto, a la cosa juzgada.

En ese sentido, el instituto jurídico procesal en mención representa una garantía
de certeza, seriedad y seguridad jurídica sobre las decisiones judiciales; asegura
la inmutabilidad, inimpugnabilidad y obligatoriedad del fallo frente a todo eventual
proceso futuro que pueda iniciarse sobre el mismo objeto, y evita que un asunto
ya resuelto sea debatido nuevamente ante la jurisdicción.

Sin embargo, debe aclararse que, aunque la firmeza de la decisión sea el objeto
de la cosa juzgada, no significa que no sea posible reabrir el debate jurídico, pues
este puede plantearse nuevamente, siempre y cuando se trate de nuevos hechos
suscitados con posterioridad a la sentencia proferida.

En relación con el principio de cosa juzgada, el artículo 189 del CPACA prevé:

“[…] Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la
nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa
juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada.
Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del
control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en
relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el
examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza
o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin
efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.

Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral
2 del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro
y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos
efectos diferentes.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que
tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya
identidad jurídica de partes.

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La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho
aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta
declaración a su favor.

Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la
formalidad del registro de acuerdo con la ley. […]”.

Por su parte, el CGP en su artículo 303, prevé la cosa juzgada, de la siguiente
manera:

“[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el
primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a
registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.”.

La Sala Plena de esta Corporación, en cuanto a la causal octava de revisión, ha
indicado que:

“[…] El fenómeno de la cosa juzgada ocurre, cuando entre dos procesos
judiciales se presenta una serie de identidades procesales que determinan
que, en el segundo juicio al juez le resulte vedado pronunciarse sobre
aquellas cuestiones sobre las que concurren las anotadas identidades.

Esto, en tanto la cosa juzgada está llamada a garantizar la unidad de la
jurisdicción, de modo que solamente haya un pronunciamiento sobre la
misma materia. Así, cuando la jurisdicción se agota con una decisión, ésta
se vuelve intangible por antonomasia y ningún otro juez puede volver sobre
el asunto, pues de hacerlo, sería posible el hallazgo de dos sentencias
contradictorias sobre idéntica controversia lo cual desconocería la unidad
de jurisdicción y lesionaría la seguridad jurídica, pues la aplicación de unas
mismas normas a un caso idéntico, no puede conducir razonablemente a
resultados distintos.

Quiere decir que para que se acepte la existencia de cosa juzgada se
requiere que la materia objeto de decisión del nuevo proceso ya haya sido
resuelto, que el motivo o razón para obrar o accionar sea el mismo y que

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entre ambos procesos exista identidad jurídica de partes, esto es, sean las
mismas. […]”59

Igualmente, para que se configure esta causal, la Sala Plena de la Corporación
ha señalado que es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

“[…]
1. Que existan dos sentencias contradictorias.
2. Que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que fue dictada.
3. Que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la
cosa juzgada.

El último de los requisitos señalados tiene un ingrediente adicional al
exigírsele al recurrente demostrar la imposibilidad de haber propuesto al
interior del proceso ordinario, la cosa juzgada como excepción, bien sea
porque estuvo representado por curador ad-litem, o porque ignoraba la
existencia del proceso anterior, puesto que no puede premiarse la
inactividad o negligencia de quien pudiendo alegar este hecho exceptivo
oportunamente no lo hace, y pretende, luego de concluido el proceso de
manera desfavorable a sus intereses, corregir su inactividad a través de
este recurso extraordinario, pasando por alto que los términos procesales
son preclusivos y deben cumplirse en aras de un correcto desarrollo de los
principios constitucionales del debido proceso, el derecho de defensa y de
contradicción, aunado a la buena fe y lealtad procesal que orientan las
actuaciones de las partes procesales.

Además de lo anterior, para los efectos de esta causal, ha de entenderse
que la alusión a un término nuevo o segundo proceso deben analizarse
lógicamente en relación con un primer o anterior proceso, pues solamente
cuando se inicia un proceso entre las mismas partes y sobre el mismo
asunto, luego de haberse proferido sentencia en otro anterior, podría
argumentarse que este segundo pretende revivir lo ya decidido en contravía
del propósito de la cosa juzgada que no es otro que evitar decisiones
contradictorias sobre un mismo asunto y entre las mismas partes. […]”
(negrilla de la Sala)60.

Así las cosas, de acuerdo con las disposiciones referidas y los criterios
jurisprudenciales expuestos, son varios los presupuestos para que prospere la
causal 8 del recurso extraordinario de revisión, en los términos del artículo 250
del CPACA. Asimismo, esos requisitos deben presentarse de manera
concurrente, por lo que, si falta alguno de ellos, no puede configurase la causal.
Estos son61:

59 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de diciembre

de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-00228-00 (REV), MP. Gustavo Gómez Aranguren.
60 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de

2013, expediente 11001-03-15-000-2001-00118-01.
(REV), MP. Gerardo Arenas Monsalve.
61 Sobre esta causal puede consultarse la sentencia de 29 de octubre de 2020, radicado11001-

03-25-000-2016-00065-00, Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, MP.
Rafael Francisco Suárez Vargas.

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• Que exista una sentencia ejecutoriada, en firme y constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que se dictó.

-Que se adelante un segundo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia dictada en el proceso anterior.

• Que en ambos procesos exista identidad de partes, reducido a los sujetos
procesales obligatorios (sujetos activo y pasivo, y litisconsortes necesarios); es
decir, que sean los mismos en ambos procesos; identidad de objeto, aspecto
relacionado con lo que se demanda, esto es, el petitum del libelo introductorio;
que el tema sometido a conocimiento del juez sea idéntico en uno y otro, y las
pretensiones coincidan en una demanda y otra; e identidad de causa, aspecto
relacionado con el por qué se demanda, es decir, la motivación o razón jurídica
de la primera demanda es igual a la que se invoca en la segunda.

• Que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa
juzgada, porque si fue propuesta y se negó, no se configura la causal,
comoquiera que el recurso extraordinario no puede ser usado para revisar la
decisión del juez natural de instancia.

• Que la sentencia dictada en el segundo proceso sea contraria a la proferida en
el primer proceso, respecto de la cual se presenta la identidad de partes, objeto
y causa.

En este orden de ideas, con fundamento en lo expuesto, procede la Sala a
estudiar los argumentos del recurso extraordinario de revisión propuesto en el
presente caso.

4.4. El caso concreto

La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia proferida el 27 de
septiembre de 2018 por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por considerar que atenta contra los derechos a la vida digna, debido
proceso, al trabajo y demás garantías fundamentales laborales y, por tanto, está
viciada de nulidad conforme el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

En este orden, los argumentos del recurso están orientados a sustentar la nulidad
de la sentencia objeto de controversia, por vulneración del derecho al debido
proceso, toda vez que “aplicó una interpretación restrictiva de las fuentes
formales del derecho” y porque es contraria a la decisión proferida por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de junio de
2018, en la que sí se accedió a las pretensiones de la señora Gloria Cecilia
Gutiérrez Muñoz, razón por la cual la parte recurrente señala que:

“[…] con una diferencia de apenas tres (3) meses, las dos subsecciones de
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo

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de Estado, dictaron sentencias opuestas, pese a que los hechos, los
fundamentos de derecho y las situaciones planteadas por las respectivas
demandantes, que fueron compañeras de trabajo, eran absolutamente
iguales.”.

Para la Sala, los argumentos expresados por la demandante son ajenos a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión, y denotan la inconformidad con
lo resuelto al expresar que “aplicó una interpretación restrictiva de las fuentes
formales del derecho” y acudir a las previsiones de los artículos 4, 25, 29 y 53 de
la Constitución Política, lo cual de manera alguna está relacionado con los
supuestos de hecho que configuran la causal de nulidad originada en la sentencia
por vulneración al debido proceso, explicados con antelación, pues a lo que se
insta en el presente caso es que el juez del recurso extraordinario de revisión
reabra la discusión en torno a si la señora Forero Páez tiene derecho a los
prestaciones salariales previstas en el Título III del Decreto 1214 de 1990 y por
ende a que se reliquide su pensión de invalidez, aspectos que valoró, analizó y
resolvió el juez del proceso ordinario dentro de su autonomía y concluyó que no
le era aplicable el régimen que invocó como sustento de sus pretensiones.

La Sala insiste en que, al juez del recurso extraordinario de revisión, cuya
competencia está limitada por las causales del artículo 250 CPACA, no le
corresponde examinar la actividad interpretativa del juez ordinario, para este
caso, el juez de la nulidad de los actos administrativos, ni de revisar la valoración
probatoria, pues no se trata de una instancia que permita una nueva discusión
sobre el fondo de la controversia. Además, es claro que en el caso concreto el
sustento de la causal que se invoca en la demanda no versa sobre situaciones
originadas en la misma sentencia recurrida o en hechos que sobrevengan con
posterioridad a ella, sino que, al libelo subyacen motivos de inconformidad con el
análisis sustancial y probatorio en el que el juez sustentó la decisión de confirmar
la negativa a las pretensiones de la actora, circunstancia que desborda los
supuestos que configuran la nulidad originada en la sentencia.

En cuanto al cargo por vulneración al debido proceso en razón a que, en criterio
de la actora, existen sentencias contradictorias al interior de la Sección Segunda
de esta Corporación, debe precisarse que es un supuesto que tampoco vicia de
nulidad la sentencia recurrida. Esto por cuanto el argumento tiende a sustentar
una presunta vulneración al derecho a la igualdad y las demás garantías
fundamentales a que refiere la recurrente, lo que es una discusión que compete
al juez constitucional de tutela determinar, pero no al del recurso extraordinario
de revisión bajo la causal 5 por vulneración al debido proceso objeto de estudio.

Igualmente, corresponde señalar que, en cuanto a la exclusión o no del régimen
salarial del Decreto 1214 de 1990 para el personal no uniformado del Ministerio
de Defensa Nacional, en primer lugar, las sentencias indicadas por la recurrente
no son decisiones que tengan la naturaleza de sentencias de unificación
jurisprudencial y, en segundo lugar, se reitera, la violación del precedente judicial

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no constituye causal de nulidad originada en la sentencia por vulneración al
debido proceso toda vez que aquel no se transgrede en razón a que una
autoridad judicial no aplique en un determinado asunto la ratio decidendi
desarrollada en casos similares, como lo afirma el recurrente.

En ese sentido, esta Corporación ha precisado lo siguiente:

“[…] 5.2.3.- En ese sentido, en los términos en que fue propuesto el cargo,
es evidente que la causal de revisión no tiene vocación de prosperar, toda
vez que el defecto que se predica de la sentencia objeto de revisión –
violación del derecho a la igualdad por el desconocimiento del precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado-, no corresponde a alguno de los
presupuestos que podrían viciarla de nulidad.

Lo cierto es que la violación al precedente alegada, aun si fuera cierta, no
constituye vicio formal de la sentencia, ni violación del debido proceso, ni,
mucho menos, alguna de las causales taxativas previstas por el artículo 140
del Código de Procedimiento Civil o 133 del Código General del Proceso,
por lo que no es competencia del juez revisor analizar, por esta vía judicial,
los argumentos expuestos por Audifarma al respecto62.

5.2.4.- El recurso extraordinario de revisión no procede para revisar una
sentencia por el desconocimiento del precedente judicial, pues esta no es
una causal prevista por el legislador para el efecto.

Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del precedente
judicial –esto es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva sentencia o
sentencias que tengan la entidad de precedente-, la legislación prevé el
denominado recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
procedente, sí, contra las sentencias de única y segunda instancia
proferidas por los tribunales administrativos, cuando contraríen o se
opongan a una sentencia de unificación del Consejo de Estado, en los
términos de los artículos 256 a 268 del CPACA.

De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
tendría cabida la acción de tutela contra providencia judicial para garantizar
la aplicación de una sentencia de unificación o de un precedente judicial, en
los términos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
2005, con el fin de proteger el derecho fundamental de igualdad.

Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción
de tutela contra providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento
del precedente y, por ende, por la violación del derecho a la igualdad, al
considerar que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo
judicial idóneo para atacar dicho vicio o defecto de la sentencia, ya que no
fue previsto por el legislador como una causal de dicho recurso.”63.

62 Cfr. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de julio de 2012. Radicado: 13001-

23-31-000-2007-00173-01(REV). MP. Mauricio Torres Cuervo.
63 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-100 de 2010, T-918 de 2010 y T-830 de 2012.

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Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del
recurso extraordinario de revisión.”64.

Ahora bien, la Sala debe advertir que en la sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-019-CE-S2 de 2019, proferida el 12 de diciembre de 2019, la Sección Segunda
de esta Corporación en pleno sentó su postura frente a las divergencias que se
presentaban entre sus Subsecciones “A” y “B” “[…] sobre el régimen salarial y
prestacional del personal civil vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares que se incorporó a las plantas de personal de salud del Ministerio de
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar […]”65.

No obstante, el citado pronunciamiento de unificación jurisprudencial también
determinó que:

“Segundo: Adviértase a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de
unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión
tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la
presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.”

De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales
ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables.”66 (negrilla de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, esta Sala Especial de Decisión, en relación con el caso
objeto de estudio: i) reitera que no es causal de revisión el desconocimiento del
precedente de acuerdo con las previsiones del legislador en el artículo 250 del
CPACA y ii) que, si bien existió divergencia de posturas entre las Subsecciones “A”
y “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la sentencia de unificación fijó
sus efectos de forma retrospectiva salvo en los casos en que hubiera operado la
cosa juzgada como ocurre en el sub judice, toda vez que la decisión que se
controvierte adquirió ese carácter con antelación67 a aquella en la que se sentó la
postura de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Además de lo expresado, la Sala observa que a lo largo del recurso se insiste
que tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones salariales contenidas en
el Decreto 1214 de 1990 y, por ende, a su reliquidación pensional, pese a que la

64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión,

sentencia del 7 de abril de 2015, expediente 11001-03-15-000-2013-02724-00(REV), MP., Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
66 Sección Segunda del Consejo de Estado, MP César Palomino Cortés, radicado

25000234200020160423501.
67 Como se indicó en el acápite de oportunidad para la interposición de este recurso extraordinario

de revisión, la sentencia que se pretende infirmar fue dictada el 27 de septiembre de 2018, por
la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, notificada por medios
electrónicos a las partes el 29 de noviembre de 2018, de tal manera que cobró ejecutoria el 4 de
diciembre de esa anualidad.

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Demandante: Luz Marina Forero Páez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2019-05088-00

Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó lo contrario
de forma motivada, por cuanto se acreditó que su incorporación a la planta de
personal del Ministerio de Defensa acaeció el 14 de octubre de 2009 por lo que,
de acuerdo con la Ley 100 de 1993, su régimen salarial era el previsto en el
Decreto 1301 de 1994 y la Ley 352 de1997, normativa que la excluyó del régimen
salarial pretendido y que determinó el aplicable, esto es, el previsto por el
Gobierno Nacional en atención a su incorporación al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares (establecimiento público del nivel descentralizado) y,
posteriormente, a la Dirección de Sanidad del Ministerio de Defensa Nacional
(nivel central).

Al respecto, nótese que los argumentos expresados por la recurrente son ajenos
a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, lo cual también se corrobora
con las pretensiones invocadas, como se lee a continuación:

“[…] y en sede de instancia se revoque la del 13 de septiembre de 2017,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección "C", con ponencia del Magistrado Samuel José Ramírez
Poveda y, en su lugar, se despachen favorablemente las pretensiones de la
demanda instaurada por la doctora Luz Marina Forero Páez contra la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad
Militar, con las consecuencias jurídicas y económicas previstas en el código
de la materia.

Reitero también todos y cada uno de los argumentos que fueron
expuestos en el proceso ordinario por la apoderada judicial de la
demandante. […]”.

En efecto, como lo indicó el Ministerio Público el propósito del recurso
extraordinario promovido por Luz Marina Forero Páez es propiciar una instancia
adicional del proceso ordinario para demostrar que tiene derecho al
reconocimiento de las prestaciones contenidas en el Decreto 1214 de 1990. Por
tanto, si bien se aduce una violación al debido proceso no se evidencia
argumento alguno que acredite el desconocimiento del derecho de acceso a la
administración de justicia y/o a la tutela judicial efectiva, así como tampoco sobre
la competencia de la Sala que dictó la providencia, la violación del derecho de
audiencias y de defensa, la motivación y congruencia del fallo, la validez y
controversia de las pruebas, aspectos que constituyen el contenido
constitucionalmente vinculante de este derecho68.

En este punto es importante reiterar que los eventos de nulidad originada en la
sentencia, que ha desarrollado el Consejo de Estado para definir la causal, son

68 En este sentido puede verse la sentencia ya citada proferida el 30 de septiembre de 2021 por

la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del Recurso Extraordinario de Revisión, Rad.
11001-03-28-000-2021-00044-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: Luz Marina Forero Páez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2019-05088-00

de aplicación restrictiva y no admiten interpretación o aplicación extensiva a otros
supuestos69.

En suma, como los argumentos de hecho y de derecho del recurso extraordinario
de revisión no guardan relación ni cumplen los presupuestos que configuran la
causal 5 del artículo 250 CPACA, esto es, la de “nulidad originada en la
sentencia”, el cargo no prospera.

Sobre la causal 8 del artículo 250 del CPACA la recurrente alega la
configuración de la cosa juzgada tomando como referencia los fallos emitidos por
la Subsecciones “A” y “B” de la Sección Segunda de esta Corporación en casos
que, en su criterio, serían similares, en los cuales se habría desarrollado una ratio
decidendi diferente a la que se aplicó para decidir el asunto concerniente a la
señora Forero Páez.

La recurrente puso de presente las siguientes providencias:

RADICADO SENTENCIA PARTES OBJETO CAUSA

Sentencia de 21 Demandante: Nulidad de los oficios El demandante
de noviembre de Luis Eduardo 050100001 de 14 de considera que al
2011 de la Nieto Guerrero. enero y 050103584 encontrarse nombrado
Subsección “A” de 24 de mayo de en un cargo en la planta
2500023250002 de la Sección Demandado: 2005, proferidos por de personal del
0050793101 Segunda del Ministerio de el Comisionado Comisionado Nacional
Consejo de Defensa Nacional para la para la Policía del
Estado. Nacional – Policía, mediante los Ministerio de Defensa,
Comisionado cuales se negó el desde el 9 de diciembre
MP. Luis Rafael Nacional para la reconocimiento de los de 1999 tiene derecho
Vergara Quintero. Policía Nacional. factores salariales de al reconocimiento de la
la prima de actividad, prima de actividad y el
el subsidio familiar al subsidio familiar
demandante previstos en los
Decisión: Accede artículos 38 y 49 del
a pretensiones. Decreto 1214 de 1990.
Sentencia de 21 Demandante: Nulidad de los El demandante
de noviembre de Julio César oficios 050100022 considera que al
2011 de la Ramírez Rojas de 14 de enero de encontrarse nombrado
2500023250002 Subsección “A” 2005 y 05010358270, en un cargo en la planta
0050764301 de la Sección Demandado: proferidos por el de personal del
Segunda del Ministerio de Comisionado Comisionado Nacional
Consejo de Defensa Nacional para la para la Policía del
Estado. Nacional – Policía, mediante los Ministerio de Defensa,
Comisionado cuales se negó el desde el 11 de abril de
MP. Alfonso Nacional para la reconocimiento de 2000 tiene derecho al
Vargas Rincón. Policía Nacional. los factores reconocimiento de la
salariales de la prima prima de actividad y el
de actividad y el subsidio familiar
Decisión: Accede subsidio familiar. previstos en los
a pretensiones. artículos 38 y 49 del
Decreto 1214 de 1990.

69 En este sentido puede consultarse la sentencia de 13 de octubre de 2020, radicado
11001031500020190011900, Sala 14 Especial de Decisión, MP. Alberto Montaña Plata.
70 No se especifica fecha del acto administrativo.

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Demandante: Luz Marina Forero Páez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2019-05088-00

RADICADO SENTENCIA PARTES OBJETO CAUSA

Sentencia de 9 Demandante: Nulidad de los La demandante
de febrero de Adela Luz oficios Mo. 21055 considera que al
2012 de la Ramírez Castaño MDSGDAGTH-22 de encontrarse nombrado
Subsección “B” 16 de marzo de en un cargo en la planta
2500023250002 de la Sección Demandado: 2009, oficio No. de personal del
0090038701 Segunda del Ministerio de 050102594 de 21 de Comisionado Nacional
Consejo de Defensa abril de 2005 y para la Policía del
Estado. Nacional - oficio No. Ministerio de Defensa,
Coordinadora 050104371 de 22 de desde el 7 de diciembre
Grupo Talento junio de 2005, de 1995 tiene derecho
MP. Bertha Lucía Humano - proferidos por la al reconocimiento de la
Ramírez de Páez. Comisionado Coordinadora de prima de actividad y el
Nacional para la Talento Humano del subsidio familiar
Policía Nacional. Comisionado previstos en los
Nacional para la artículos 38 y 49 del
Policía, mediante los Decreto 1214 de 1990.
cuales se negó el
Decisión: Accede reconocimiento de
a pretensiones. los factores
salariales de la prima
de actividad y el
subsidio familiar.
Sentencia de 21 Demandante: Nulidad del oficio El demandante
de noviembre Federico José 050108405 de 7 de considera que al
de 2011 de la Barón Del diciembre de 2005, encontrarse nombrado
2500023250002 Subsección “A” Risco. proferido por el en un cargo en la
0060204201 de la Sección Comisionado planta de personal del
Segunda del Demandado: Nacional para la Comisionado Nacional
Consejo de Ministerio de Policía, mediante el para la Policía del
Estado. Defensa cual se negó el Ministerio de Defensa,
Nacional – reconocimiento de desde el 14 de junio de
MP. Luis Rafael Comisionado los factores 1995 tiene derecho al
Vergara Nacional para la salariales de la reconocimiento de la
Quintero. Policía prima de actividad y prima de actividad y el
Nacional. el subsidio familiar. subsidio familiar
Decisión: previstos en los
Accede a las artículos 38 y 49 del
pretensiones. Decreto 1214 de 1990.

Sentencia de 21 Demandante: Nulidad de los El demandante
de noviembre Carlos Julio oficios 050100862 considera que al
de 2011 de la Niño Orjuela. de 16 de febrero y encontrarse nombrado
Subsección “A” 050104359 de 22 en un cargo en la
2500023250002 de la Sección Demandado: de junio de 2005, planta de personal del
0050790701 Segunda del Ministerio de proferidos por la Comisionado Nacional
Consejo de Defensa Coordinadora de para la Policía del
Estado. Nacional – Talento Humano del Ministerio de Defensa,
Coordinadora Comisionado desde el 7 de abril de
MP. Alfonso Grupo Talento Nacional para la 2000 tiene derecho al
Vargas Rincón. Humano - Policía. mediante reconocimiento de la
Comisionado los cuales se negó prima de actividad y el
Decisión: Nacional para la el reconocimiento subsidio familiar
Accede a Policía de los factores previstos en los
pretensiones. Nacional. salariales de la artículos 38 y 49 del
prima de actividad, Decreto 1214 de 1990.
el subsidio familiar.

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2019-05088-00

RADICADO SENTENCIA PARTES OBJETO CAUSA

Sentencia de 21 Demandante: Nulidad del oficio La demandante
de junio de 2018 Gloría Cecilia 113942 de 13 de considera que al haber
de la Gutiérrez noviembre de sido nombrada en el
2500023420002 Subsección “A” Muñoz. 2012, proferido por cargo de odontóloga
0130066701 de la Sección el director de en el batallón de
Segunda del Demandado: asuntos legales Infantería No 11
Consejo de Ministerio de del Ministerio de “Cacique Nutibara”
Estado. Defensa Defensa Nacional, desde el 1º de agosto
Nacional – mediante el cual se de 1990 tiene derecho
MP. Gabriel Dirección negó el al reconocimiento de
Valbuena General de reconocimiento de la prima de actividad y
Hernández. Sanidad Militar los factores el subsidio familiar
salariales de la previstos en los
prima de actividad, artículos 38 y 49 del
el subsidio familiar. Decreto 1214 de 1990
Decisión: y que se reliquide su
Accede a las pensión de jubilación.
pretensiones

Ahora bien, al realizar el mismo ejercicio con el caso de la recurrente se tiene:

RADICADO SENTENCIA PARTES OBJETO CAUSA

Sentencia de 27 de Demandante: Nulidad del La demandante
septiembre de 2018 Luz Marina oficio OFI14- considera que al haber
de la Subsección Forero Páez. 83398 de 26 de sido nombrada en el
“B” de la Sección noviembre de cargo de Bacterióloga
250002342000 Segunda del Demandado: 2014, proferido para el Batallón de
20150249101 Consejo de Estado. Ministerio de por la Ingenieros No 13
Defensa Coordinador del General “Antonio
Nacional – Grupo de Baraya desde el 6 de
MP. Sandra Lisset Ejército Prestaciones noviembre de 1993,
Ibarra Vélez Nacional – Sociales del tiene derecho al
Dirección Ministerio de reconocimiento de la
General de Defensa prima de actividad y el
Decisión: Niega a Sanidad Militar. Nacional, subsidio familiar
las pretensiones mediante el cual previstos en los
se negó el artículos 38 y 49 del
reconocimiento Decreto 1214 de 1990
de los factores y que se reliquide su
salariales de la pensión de invalidez.
prima de
actividad, el
subsidio familiar.

Vista la información que se ilustra en los cuadros anteriores, la Sala debe resaltar
que la recurrente plantea la cosa juzgada respecto de sentencias que si bien se
profirieron con anterioridad a la que se busca infirmar, lo cierto es que como se
observa ninguna guarda identidad de partes, objeto ni causa en relación con la
sentencia del 27 de septiembre de 2018, proferida por la Subsección “B” de la
Sección Segunda de esta Corporación; por consiguiente, bajo el entendido que
los requisitos de la triple identidad procesal (partes, objeto y causa petendi) deben
ser concurrentes, la Sala concluye que en el caso sub examine tampoco está

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Demandante: Luz Marina Forero Páez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2019-05088-00

acreditado el supuesto de revisión que señala el numeral 8 del artículo 250 del
CPACA.

Así las cosas, dado que no se predica la cosa juzgada entre las partes de los
citados procesos respecto de la recurrente y la sentencia que se pretende infirmar
no se configura la causal 8 del artículo 250 CPACA y por ende el cargo tampoco
prospera.

4.5. Conclusión

La Sala no encontró acreditada las causales 5 y 8 de revisión previstas en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, referidas a la nulidad originada en la
sentencia71 y ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada72, invocadas por
la parte actora, toda vez que, en el caso concreto no concurren los requisitos
necesarios para su configuración.

4.6. Costas

La Ley 1437 de 2011 no estableció una disposición en materia de costas
especialmente en el marco del recurso extraordinario de revisión. No obstante, la
Ley 2080 de 2021 por medio de su artículo 70, modificó el artículo 255 del CPACA
y en cuanto a este recurso dispuso que “si se declara infundado el recurso, se
condenará en costas y perjuicios al recurrente”.

Ahora bien, el artículo 86 de Ley 2080 de 2021, relativo a su vigencia, indica que
las reformas procesales allí establecidas, prevalecen sobre las anteriores normas
de procedimiento desde el momento de su publicación -25 de enero de 2021-.
Sin embargo, en su inciso cuarto establece que, “en estos mismos procesos, los
recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a
correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se
regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los

71 En este sentido y sobre esta causal pueden verse las siguientes: i) sentencia de 3 de abril de

2018, radicado 11001031500020140025100, Sala 21 Especial de Decisión, MP. Rafael
Francisco Suárez Vargas, ii) sentencia de 20 de agosto de 2021,
radicado1001031500020200292500, Sala 25 Especial de Decisión, MP. Marta Nubia Velásquez
Rico, iii) sentencia de 10 de marzo de 2021, radicado 11001031500020190319000, Sala 15
Especial de Decisión, MP. Hernando Sánchez Sánchez, vi) sentencia de 16 de febrero de 2021,
radicado 11001031500020190078800, Sala 5 Especial de Decisión, MP. Milton Chaves García
y v) sentencia de 13 de octubre de 2020, radicado 11001031500020190011900, Sala 14 Especial
de Decisión, MP. Alberto Montaña Plata.
72 En este sentido y sobre esta causal pueden verse las siguientes: i) sentencia de 25 de octubre

de 2019, radicado 11001-33-36-037-2013-00462-01, Subsección “A” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, MP. Marta Nubia Velásquez Rico, y ii) sentencia de 29 de octubre de 2020,
radicado11001-03-25-000-2016-00065-00, Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Demandante: Luz Marina Forero Páez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2019-05088-00

términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.”.

En este orden de ideas en atención a que el recurso extraordinario se presentó
el 3 de diciembre de 2019, - a través de una nueva demanda73- para la Sala no
es aplicable al presente asunto la modificación introducida por la Ley 2080 de
2021 al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, como quiera que el trámite del
presente medio extraordinario se encontraba en curso cuando entró en vigencia
dicha ley, aunado al hecho que la recurrente tenía una expectativa legítima
relacionada con la forma en que se regulan las costas, pues para diciembre de
2019, no se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021.

Así las cosas, debe recordarse que en ese marco normativo, esta Corporación74
ha señalado el criterio objetivo-valorativo de la condena en costas, por un lado
objetivo porque implica que no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o
siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en
el proceso o recurso que haya propuesto75 y, a la vez, valorativo, porque se
requiere que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad del abogado realizada efectivamente dentro del proceso76.

Por lo anterior, la Sala se abstendrá de condenar en costas dado que, de
conformidad con el artículo 365, numeral 8º del CGP, aplicable por remisión del
188 del CPACA “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”, y en el presente caso, si
bien se declaró infundado el recurso, la parte pasiva Ministerio de Defensa –
Dirección de Sanidad Militar no acudió al proceso y ni siquiera constituyó
apoderado judicial que permitiera considerar, cuando menos, que habría ejercido
la vigilancia del proceso Por ende, no están acreditadas las expensas o gastos
en los que hubiera tenido que incurrir con ocasión del trámite, como tampoco
agencias en derecho con lo cual resulta evidente que aquellas no se causaron

73 Es importante precisar que el recurso extraordinario de revisión se activa con la presentación

de una nueva demanda que da origen a un nuevo proceso y, por consiguiente, no se tiene en
cuenta la fecha del proceso primigenio sino de este nuevo trámite. Citar Ibarra fr .
74 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

providencia de 13 de diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de
radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William
Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de
2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación 25000233700020140111501.
75 Corte Constitucional, sentencia C-157, M.P. Mauricio González Cuervo.
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación
15001-23-33-000-2012-00162-01.

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IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

V. FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Luz Marina Forero Páez, por las causales 5 y 8 del
artículo 250 del CPACA, contra la sentencia de 27 de septiembre de 2018,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, de
acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEVOLVER al despacho judicial de origen el expediente remitido en
préstamo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado

(Firmado electrónicamente con
(Firmado electrónicamente) aclaración de voto)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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