Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00651-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00651-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-00651-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
10 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandantes: Julio César Benavides Borja
Tema: Causal invocada: ser la sentencia contraria a otra anterior
que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que aquella fue dictada –numeral 8.º del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)–. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA
La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor Julio César Benavides Borja.
El recurrente invocó la causal 8.ª del artículo 250 del CPACA y pretende que se
infirme la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de abril de 2019, SUJ-
015-CE-S2-2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado1.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
El 14 de noviembre de 2012, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del CPACA y a través de apoderada judicial, el señor Julio César
Benavides Borja demandó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL),
con el fin de que se declarara la nulidad de los oficios 16898 de 16 de abril y
27950 de 7 de junio, ambos, del año 2012. En dichos actos administrativos la
entidad no accedió al reajuste de la asignación de retiro del actor.
Como hechos relevantes se indicó que, el 2 de mayo de 1991, el actor se unió al
Ejército Nacional de Colombia como soldado regular. Después de terminar su
servicio militar obligatorio, pasó a soldado voluntario desde el 18 de noviembre
de 1992. En consecuencia, se rigió bajo las previsiones de la Ley 131 de 19852.
Posteriormente, en noviembre de 2003, el Ejército Nacional decidió que todos los
soldados voluntarios pasarían a profesionales. Por tanto, al mencionado personal
le resultaba aplicables las previsiones de los Decretos 17933, 17944, ambos, del
1
Radicación n.º 85001-33-33-000-2013-00237-01.
2
«Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario».
3
«Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las
Fuerzas Militares».
4
«Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de
las Fuerzas Militares».
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1
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
año 2000, y 4433 de 20045. Con fundamento en las disposiciones anotadas, a
través de la resolución 3410 de 13 de julio de 2011, la CREMIL reconoció una
asignación de retiro al soldado profesional Julio César Benavides Borja dado que
prestó más de 20 años de servicio a esa institución.
No obstante, el demandante consideró que la entidad incurrió en errores al
determinar el valor total de la prestación, porque (i) no tuvo en cuenta el salario
mínimo mensual legal vigente (SMMLV) incrementado en un 60 % sino en un 40
%6; (ii) en la fórmula empleada, equivocadamente, computó los porcentajes [70
%] para el cálculo de la mesada de la asignación y [38.5 %] de la prima de
antigüedad; y (iii) en el ingreso base de liquidación se debió incluir el subsidio
familiar en virtud del derecho a la igualdad. Para una mejor ilustración, se reflejan
las diferencias en la operación aritmética para la liquidación de la asignación de
retiro, según el siguiente cuadro:
CREMIL
La entidad tomó el sueldo básico7 y le sumó la prima de antigüedad [38.5 %]. Luego, dividió el resultado de
esa suma por el 70 %.
Asignación de retiro = (salario + prima de antigüedad) / 70 %
Demandante
Julio César Benavides Borja señaló que la CREMIL debió aplicar al sueldo básico8 el 70 %. Luego, sumarle la
prima de antigüedad [38.5 %] e incluir el subsidio familiar devengado a la fecha del retiro.
Asignación de retiro = (salario * 70 %) + prima de antigüedad + subsidio familiar
El 12 de marzo de 2012, Julio César Benavides Borja solicitó a la CREMIL el
reajuste de su asignación de retiro. La entidad negó la petición, a través de oficio
16898 de 16 de abril de 2012, al considerar que la prestación se liquidó en los
términos señalados en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y con las partidas
computables a que había lugar. El demandante interpuso reposición y, en
subsidio, apeló lo decidido, sin embargo, los recursos fueron denegados por
improcedentes en el oficio 27950 de 7 de junio de 2012.
En criterio del actor, los actos administrativos de la CREMIL debían declararse
nulos. Lo anterior, porque (i) aplicó indebidamente los artículos 16 del Decreto
4433 de 2004, 13.2.1 ejusdem y 1.º [inciso 1.º] del Decreto 1794 de 2000; (ii)
desconoció el inciso 2.º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000; y (iii) aplicó los
artículos 13 y 23 del Decreto 4433 de 2004, en detrimento de la garantía
fundamental a la igualdad9.
5
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
6
La diferencia del 20 % en el incremento del salario surgió porque los soldados voluntarios pasaron a ser
profesionales y se aplicó restrictivamente el artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, «… Asignación salarial
mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario
mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40 %) del
mismo salario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000
se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal
vigente incrementado en un sesenta por ciento (60 %)».
7
SMMLV incrementado en un 40 %.
8
SMMLV incrementado en un 60 %.
9
Entre otras disposiciones se citaron las siguientes: artículos 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política;
138, 159 a 195 de la Ley 1437 de 2011; 10.º de la Ley 4.ª de 1992 y el Decreto 1793 de 2000.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
A título de restablecimiento del derecho, el señor Julio César Benavides Borja
solicitó que la entidad fuera condenada al reconocimiento y pago del reajuste de
su asignación de retiro. En ese sentido, señaló que debía tenerse en cuenta lo
siguiente: (i) el SMMLV en un 60 %, [artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000]; (ii) la
fórmula de liquidación del 70 % del SMMLV más la prima de antigüedad,
equivalente al 38.5 % del SMMLV [artículo 16 del Decreto 4433 de 2004]; (iii) la
inaplicación del artículo 13.2 del Decreto 4433 de 2004 e inclusión del subsidio
familiar. Asimismo, pidió (iv) el pago del reajuste del retroactivo pensional desde
la fecha de reconocimiento de la asignación de retiro, hasta su inclusión en
nómina; (v) la indexación de los valores reconocidos e intereses de mora
causados; y (vi) condenar en costas.
El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Sistema Oral de Yopal. En auto de 30 de agosto de 2013, la referida
autoridad admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y ordenó
notificar al director general de la CREMIL. A su turno, dispuso la notificación del
agente del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado (ANDJE) [artículos 171, 197 y 199 del CPACA]10.
2. Contestación de la CREMIL
La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda a través de varias
excepciones de fondo. En síntesis, señaló que no se configuró ningún vicio de
nulidad frente a las decisiones que adoptó, por el contrario, esgrimió que la
liquidación y reconocimiento de la asignación de retiro del demandante se efectuó
conforme a las disposiciones vigentes que rigen al personal del Ejercito Nacional,
en especial, puntualizó que aplicó correctamente la fórmula contenida en el
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
Seguidamente, la CREMIL explicó que, hasta la Ley 923 de 2004 se previó la
asignación de retiro para los soldados profesionales. En ese sentido, alegó que,
en el caso del demandante, aplicó el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004
[reglamentario de la citada ley], que no dispuso el subsidio familiar como partida
computable para el reconocimiento de la prestación.
Adicionalmente, negó la existencia de la vulneración al derecho a la igualdad
alegada. Al respecto, la entidad indicó que en el Decreto 4433 de 2004, de
manera distinta, se reguló la asignación de retiro para los oficiales y suboficiales,
y para los soldados profesionales. Finalmente, propuso la excepción de
prescripción del derecho, con fundamento en el artículo 43 ejusdem11.
10
El anterior recuento se realiza de los folios 1 a 84 del expediente físico con radicado 85001-33-33-000-
2013-00237-01/00, que se encuentra digitalizado en el índice 65 de SAMAI de este trámite –archivo .zip
«66_RECIBEPRUEBAS […]»; carpeta comprimida «C01-Principal»; documento .pdf «0000 Exp[…]» págs. 1 a
130–.
11
El anterior recuento se realiza de los folios 85 al 114 del expediente físico con radicado 85001-33-33-000-
2013-00237-01/00, que se encuentra digitalizado en el índice 65 de SAMAI de este trámite –archivo .zip
«66_RECIBEPRUEBAS […]»; carpeta comprimida «C01-Principal»; documento .pdf «0000 Exp[…]» págs. 131
a 182–.
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Demandante: Julio César Benavides Borja
3. Sentencia de primera instancia
En fallo de 13 de agosto de 201412, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Sistema Oral de Yopal accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En primera medida, indicó que la liquidación de la asignación de retiro
debió realizarse con el SMMLV incrementado en un 60 %. En ese sentido, explicó
que, el inciso final del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000 previó una regla
especial para quienes a 31 de diciembre del año 2000 se desempeñaron como
soldados voluntarios, la cual permitía mantener dicho porcentaje de bonificación
mensual, reconocido por la Ley 131 de 1985, indistintamente de la condición de
soldado profesional que adquirió el actor en el año 200313.
En segundo lugar, frente a los porcentajes y partidas computables para liquidar
la prestación, el a quo precisó que la CREMIL no aplicó correctamente el artículo
16 del Decreto 4433 de 2004. Por consiguiente, la entidad generó un detrimento
en el monto final reconocido porque, la operación aritmética que se deriva de la
norma es la siguiente: al SMMLV incrementado en un 60 % se le aplica el 70 % y
a este resultado se le suma la prima de antigüedad del 38,5 %.
En tercer lugar, en cuanto al subsidio familiar como partida computable, el juez
estimó14 que el parágrafo del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, que excluyó
dicho factor sin justificación alguna, conllevaba a la vulneración del derecho a la
igualdad. Además, enfatizó que, dentro de los haberes devengados por el
demandante en su última nómina de servicio se encontraba tal partida; por tanto,
en virtud del principio de favorabilidad, la primera instancia consideró que era
procedente inaplicar la disposición mencionada y ordenar la inclusión del subsidio
familiar en el porcentaje reconocido a la fecha de retiro del servicio, como se
realizaba respecto de los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional.
En consecuencia, la primera instancia (i) declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados; (ii) condenó a la CREMIL a reliquidar, reajustar y
pagar la asignación de retiro, por tanto, precisó la siguiente fórmula:
12
En aplicación del artículo 180.7 del CPACA, la primera instancia fijo el litigio en los siguientes términos:
«[s]e encuentran en divergencia o desacuerdo en todos los hechos planteados en la demanda, versando
dicha controversia sobre la aplicación del régimen salarial de los soldados voluntarios del ejército nacional
y específicamente del señor Julio César Benavides Borja; así mismo se discute la reliquidación de la
asignación de retiro del mencionado ciudadano por una indebida interpretación y la no inclusión de un factor
salarial (subsidio familiar) como partida computable. || De conformidad con lo anterior, el litigio en sus
presupuestos fácticos y jurídicos se contrae a determinar si efectivamente los actos administrativos
contenidos en los oficios Nos. CREMIL 18054 consecutivo 16896 del 16 de abril de 2012 (por medio del cual
se negó el reajuste de la asignación de retiro e inclusión de factor salarial del señor JULIO CÉSAR BENAVIDES
BORJA), […] y CREMIL 30746 consecutivo 27950 del 7 de junio de 2012 […] se encuentran viciados de nulidad
y por ende es procedente el restablecimiento del demandante que presuntamente se encuentra afectado; o
si por el contrario los aludidos actos enjuiciados están acordes con la normatividad que regula la materia
[…] Folio 121 y CD visible en el folio 127», la anterior información se toma de la página 7, pp 13, de la
sentencia objeto de revisión.
13
La primera instancia se fundamentó, entre otras, en la providencia de 24 de julio de 2008, radicado n.º
«2001-071-96 MP. Gerardo Arenas Monsalve», para realizar una interpretación más amplia del principio de
favorabilidad, respetar los derechos adquiridos e inaplicar el principio de inescindibilidad normativa. Además,
advirtió que no existía una posición unificada por parte del Consejo de Estado, en punto a la aplicación de
dicho incremento en materia de liquidación de la asignación de retiro y para apartarse de manera motivada
de la postura de su superior funcional [Tribunal Administrativo del Casanare].
14
El a quo se fundamentó en la sentencia de tutela «[…] del 17 de octubre de 2013; Sección Segunda —
Subsección "B"; Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez; dentro del radicado No. AC-11001-03-
15-000-2013-01821-00».
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Salario básico (del respectivo año) incrementado en un 60% (de conformidad con
el inciso final del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000), más el porcentaje del
subsidio familiar (que se encuentra reconocido a la fecha de retiro del accionante);
a dicha sumatoria se le debe sacar el 70% (contemplado en el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004); y a dicha suma se le debe adicionar el 38% de la prima de
Antigüedad (de conformidad con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004); el
resultado que de esta última operación será el monto final de la asignación de retiro
del demandante15.
Seguidamente, la autoridad judicial (iii) dispuso la indexación de las sumas
adeudadas; (iv) denegó las demás pretensiones; y (v) no condenó en costas. Por
último, (vii) reconoció personería al defensor de la entidad demandada16.
4. Recurso de apelación
La CREMIL apeló la sentencia de primera instancia con el fin de que el ad quem la
revocara. Para tal efecto, reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y
enfatizó en el argumento de que no existía fundamento jurídico para incluir el
subsidio familiar como partida computable. En ese sentido, explicó que el artículo
13 del Decreto 4433 de 2004 dispuso, de manera taxativa, que las partidas para
la liquidación de la asignación de retiro eran el salario mensual, en los términos
del inciso 1.º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, y la prima de antigüedad.
A su vez, en punto a la fórmula para la liquidación, la entidad precisó que dio
aplicación al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y, en consecuencia, calculó el
70 % sobre el salario básico incrementado en el 38,5 % de la prima de
antigüedad. Adicionalmente, reiteró que no se configuró la transgresión al
derecho a la igualdad17, en atención a que, el Decreto 4433 de 2004 definió, de
manera distinta, los factores computables para efectos del reconocimiento de la
asignación de retiro de los soldados profesionales y de los oficiales y suboficiales.
Indicó que tal disposición se encontraba vigente y que gozaba de la presunción
de legalidad, razón por la cual, no era dable efectuar interpretaciones de las
normas o hacerlas extensivas en lo que no era aplicable a los soldados
profesionales18.
5. Remisión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho al
Consejo de Estado para unificación de jurisprudencia
5.1. En providencia de 6 de abril de 2016, de acuerdo con las previsiones del
artículo 271 del CPACA, el Tribunal Administrativo de Casanare remitió el proceso
a la Sección Segunda de esta corporación, para que, por importancia jurídica,
15
Se transcribe incluso con errores.
16
El anterior recuento se realiza de los folios 224 al 265 del expediente físico con radicado 85001-33-33-
000-2013-00237-01/00, que se encuentra digitalizado en el índice 65 de SAMAI de este trámite –archivo .zip
«66_RECIBEPRUEBAS […]»; carpeta comprimida «C01-Principal»; documento .pdf «0000 Exp […]» págs. 375
a 417–.
17
La CREMIL se fundamentó en la sentencia C-387 de 1994.
18
El anterior recuento se realiza de los folios 287 al 291 del expediente físico con radicado 85001-33-33-
000-2013-00237-01/00, que se encuentra digitalizado en el índice 65 de SAMAI de este trámite –archivo .zip
«66_RECIBEPRUEBAS […]»; carpeta comprimida «C01-Principal»; documento .pdf «0000 Exp […]» págs. 423
a 446–.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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trascendencia económica y social asumiera el conocimiento del trámite de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor Benavides Borja.
En cuanto a la importancia jurídica, el Tribunal sostuvo que en tratándose de la
reliquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales existían
posturas divergentes sobre el incremento del 60 % del salario devengado y la
inclusión del subsidio familiar, dado que no había una posición unánime del
Consejo de Estado. A manera de ejemplo, el a quo señaló que en diversas
sentencias incluyó el subsidio familiar como partida computable para el
reconocimiento de la prestación, pero revocó el incremento del 60 % del salario.
No obstante, a través de sentencias de tutela en algunos asuntos se dejó sin
efecto lo decidido y en otros no, lo que evidenciaba que no existía una postura
jurídica uniforme.
A su vez, el Tribunal advirtió que el reconocimiento de dicha prestación
conllevaba trascendencia desde los puntos de vista económico y social dado el
impacto directo al presupuesto general de la Nación, aunado a que el monto de
la asignación de retiro afecta a los soldados profesionales y a sus familias19.
5.2. Por medio de auto de 31 de octubre de 2018, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, como tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y con fundamento en los artículos 270 y 271 del CPACA, la Sala
Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió avocar el
conocimiento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior,
en atención a la solicitud del Tribunal Administrativo de Casanare para que se
profiriera una sentencia de unificación jurisprudencial en cuanto (i) al incremento
del 40 % al 60 % para los soldados voluntarios que se incorporaron como
profesionales; (ii) la interpretación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 para
calcular la prestación; (iii) la inclusión o no del subsidio familiar como partida
computable.
Además, en la decisión se indicó que, el 14 de septiembre de 2018, la ANDJE
también solicitó unificar jurisprudencia en relación con la aludida prestación. Lo
anterior, en atención a la multiplicidad de casos e impacto económico que tenían
por objeto de la reliquidación de la asignación de retiro y porque existía diversidad
de criterios interpretativos en cuanto a su reajuste, además de los señalados, en
punto a los siguientes temas: (iv) la inclusión o no de la duodécima parte de la
prima de navidad; (v) el reconocimiento de un 4 %, por cada año de servicio
adicional a los 20 años requeridos, tal y como se hace con los oficiales y
suboficiales de la institución castrense; y (vi) el incremento de la prima de
actividad a partir de la expedición del «Decreto 2863 de 2007».
En ese sentido, al cumplirse los supuestos y los requisitos de orden legal y
reglamentario, y al advertirse divergencias interpretativas y posturas jurídicas
disímiles en diversos pronunciamientos judiciales, tanto en la vía ordinaria como
19
El anterior recuento se realiza de los folios 85 al 88 del expediente físico con radicado 85001-33-33-000-
2013-00237-01/00, que se encuentra digitalizado en el índice 65 de SAMAI de este trámite –archivo .zip
«66_RECIBEPRUEBAS […]»; carpeta comprimida «C02-Segunda […]»; documento .pdf «0000 Exp […]» págs.
151 a 158–.
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en sede de tutela, el pleno de la Sección Segunda del Consejo de Estado
consideró que era necesario unificar la jurisprudencia en relación con la
asignación de retiro de los soldados profesionales en cuanto a los siguientes
puntos:
I. El reajuste del 40 % al 60 % de la asignación de retiro de los soldados
voluntarios que se incorporaron como profesionales. Esto es, la asignación
salarial que se debe tener en cuenta para la liquidación.
II. Legitimación de la CREMIL para decidir sobre el reajuste de la asignación de
retiro.
III. La interpretación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, sobre la forma
de computar la prima de antigüedad en la liquidación de la asignación de
retiro de los soldados profesionales.
IV. Las partidas computables que deben tenerse en cuenta para la liquidación
de la asignación de retiro de los soldados profesionales.
V. Porcentaje de liquidación de la asignación de retiro de soldados
profesionales. Aplicación de los incrementos previstos por el Decreto 991 de
201520.
6. Sentencia de unificación jurisprudencial
En atención a la naturaleza de la decisión de 25 de abril de 2019, sentencia SUJ-
015-CE-S2-2019, y por efectos metodológicos que permitan dar mayor claridad
de lo ocurrido en el caso particular del señor Julio César Benavides Borja, se
dividirá la exposición de la parte resolutiva de la mencionada providencia en dos
partes. La primera, en punto a las reglas de unificación que adoptó la Sección
Segunda de esta corporación por importancia jurídica, trascendencia económica
y social, y, en segundo lugar, la decisión adoptada en el caso concreto del ahora
recurrente. De acuerdo con lo anterior, frente a lo primero, se resolvió lo siguiente:
Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar
lo siguiente:
1. En virtud de la correspondencia que debe existir, las partidas para liquidar la
asignación de retiro son las mismas sobre las cuales el legislador o el gobierno en
uso de sus facultades constitucionales o legales fijen el correspondiente aporte a
cargo de los miembros de la Fuerza Pública.
En ese orden, las partidas computables para la asignación de retiro de los soldados
profesionales son únicamente las siguientes:
1.1. Aquellas enlistadas de manera expresa en el artículo 13.2 del Decreto 4433
de 2004, esto es, el salario mensual y la prima de antigüedad.
20
El anterior recuento se realiza de los folios 93 al 109 del expediente físico con radicado 85001-33-33-000-
2013-00237-01/00, que se encuentra digitalizado en el índice 65 de SAMAI de este trámite –archivo .zip
«66_RECIBEPRUEBAS […]»; carpeta comprimida «C02-Segunda […]»; documento .pdf «0000 Exp[…]» págs.
165 a 185–.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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Demandante: Julio César Benavides Borja
1.2. Todas aquellas partidas que el legislador o el gobierno en uso de sus
facultades constitucionales o legales lo disponga de manera expresa, respecto
de las cuales, en atención a lo establecido en el Acto Legislativo núm. 1 de
2005, a los artículos 1 y 49 de la Constitución Política y a los numerales 3.3. y
3.4 de la Ley 923 de 2004 deben realizarse los correspondientes aportes.
2. Los soldados profesionales que causen su derecho a la asignación de retiro a
partir de julio de 2014 tendrán derecho a que se incluya el subsidio familiar como
partida computable en dicha prestación, así: en el porcentaje del 30% [21] para
quienes al momento de su retiro estén devengado el subsidio familiar regulado en
el Decreto 1794 de 2000[22] y, en porcentaje del 70%, para el personal de soldados
profesionales que no percibía tal partida.
3. Para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad al
mes de julio de 2014, el subsidio familiar no es partida computable para la
liquidación de esa prestación, toda vez que no estaba definido en la ley o decreto
como tal.
4. A fin de establecer la asignación mensual como partida computable para efectos
de liquidar la asignación de retiro según lo dispuesto por el artículo 13.2.1 del
Decreto 4433 de 2004, deberá atenderse el artículo 1 del Decreto ley 1794 de
2000, en su integridad, teniendo en cuenta el salario que le corresponde a los
soldados voluntarios que se incorporaron como profesionales, por lo cual:
4.1. La asignación de retiro de los soldados voluntarios que se encontraban
vinculados al 31 de diciembre del año 2000 y posteriormente fueron
incorporados como profesionales debe liquidarse conforme la asignación a la
que tenían derecho en servicio activo de acuerdo con el artículo 1 del Decreto
1794 de 2000, esto es, un salario mínimo legal vigente incrementado en un
60%. Así mismo, habrá lugar a realizar los correspondientes descuentos por
concepto de los aportes para la asignación de retiro que se hubieren dejado de
efectuar como consecuencia de haber percibido un salario inferior al que
correspondía en servicio activo, por virtud de dicha norma, y a adelantar el
trámite administrativo tendiente a obtener el reintegro de la porción que le
correspondía al empleador.
4.2. Por su parte, la asignación salarial mensual de los soldados que se
vincularon como profesionales, debe liquidarse conforme la asignación a la que
tenían derecho en servicio activo de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1794
de 2000, esto es, un salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%.
5. Para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales en
aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, debe tenerse en cuenta que
será solamente la asignación salarial la que deberá tomarse en el 70% de su valor,
para luego, adicionarle el valor de la prima de antigüedad del 38.5%, calculada a
partir del 100% de la asignación salarial mensual básica que devengue el soldado
profesional al momento de adquirir el derecho a obtener la asignación de retiro; de
la siguiente manera:
(salario x 70%) + (salario x 38.5%) = Asignación de Retiro.
6. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL tiene legitimación en la causa
para reajustar la asignación de retiro de los soldados profesionales, sin que se
requiera que previamente se hubiera obtenido el reajuste del salario devengado
en servicio activo.
21
El pp. corresponde al siguiente de la sentencia de unificación: «244 Artículo 1 del Decreto 1162 de 2014».
22
El pp. corresponde al siguiente de la sentencia de unificación: «245 El artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
revivió con la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009».
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Demandante: Julio César Benavides Borja
7. No son aplicables a los soldados profesionales los incrementos previstos por el
Decreto 991 de 2015 para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
8. Esta sentencia no es constitutiva del derecho por lo que las reclamaciones que
se hagan con fundamento en ella quedarán sujetas a las reglas de prescripción.
Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas
en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen
precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de
2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial,
toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retroactivos,
en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales
ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables.
Cuarto: Por tratarse de una sentencia de unificación que reconoce un derecho,
esta sentencia debe ser extendida por las autoridades administrativas en virtud de
los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, a quienes acrediten encontrarse en
los mismos supuestos fácticos y jurídicos, de conformidad con las reglas señaladas
en la parte motiva de esta providencia.
Las anteriores reglas jurisprudenciales de aplicación obligatoria para las
liquidaciones de la asignación de retiro de todos los soldados profesionales
fueron el resultado del análisis histórico, normativo y jurisprudencial que, de
manera detallada, el pleno de la Sección Segunda del Consejo de Estado
identificó y desarrolló en cuanto a las siguientes materias: (i) el derecho a la
seguridad social; (ii) la naturaleza jurídica, evolución y el régimen especial de los
soldados profesionales en punto a la asignación de retiro; (iii) las partidas
computables que deben tenerse en cuenta para la liquidación de esa prestación;
(iv) la partida de subsidio familiar, para lo cual se abordó: a. la competencia para
establecer el régimen pensional de la Fuerza Pública, b. el ejercicio de la potestad
reglamentaria y c. los principios laborales de igualdad y progresividad como
mandatos de optimización y límites de la competencia para regular el régimen de
los miembros de la Fuerza Pública; (v) la asignación básica para la liquidación
de la asignación de los soldados voluntarios que se incorporaron como
profesionales; (vi) la legitimación de la CREMIL para decidir sobre el reajuste de la
asignación de retiro con el 60 % de la asignación básica mensual; y (vii) la forma
de liquidar la asignación, de acuerdo con la correcta interpretación del artículo 16
del Decreto 4433 de 2004, así como, sobre la aplicación o no de los incrementos
previstos por el Decreto 991 de 2015.
A su vez, zanjados los puntos sustanciales objeto de posturas divergentes,
expuestas en el auto de 31 de octubre de 2018, la Sección Segunda de esta
corporación resolvió. en el caso concreto del señor Julio César Benavidez Borja,
lo siguiente:
Quinto: Revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, proferida el 13 de
agosto de 2014 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Sistema Oral
de Yopal, Casanare, que accedió parcialmente a las pretensiones de los
demandantes, en lo relativo al reconocimiento del subsidio familiar como partida
computable. En consecuencia, la asignación de retiro del demandante deberá
liquidarse en los siguientes términos:
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i.Con base en el salario básico del respectivo año en los términos señalados en
el inciso final del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, esto es, aplicando el
salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 60% desde el día 30
de agosto de 2011, fecha en la que se hizo efectiva la primera mesada pensional
reconocida a través de la Resolución 3410 del 13 de julio de 2011. Así mismo,
habrá lugar a realizar los correspondientes descuentos por concepto de los
aportes para la asignación de retiro que se hubieren dejado de efectuar como
consecuencia de haber percibido un salario inferior al que correspondía en
servicio activo, por virtud de dicha norma, y a adelantar el trámite administrativo
tendiente a obtener el reintegro de la porción que le correspondía al empleador.
ii.Con la inclusión únicamente de las partidas computables de que trata el artículo
13.2 del Decreto 4433 de 2004, esto es, asignación básica mensual
incrementada en un 60% y prima de antigüedad.
iii.El 70% de que trata el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 se aplicará
exclusivamente sobre el salario mínimo mensual legal vigente del respectivo
año incrementado en un 60%.
iv.La operación matemática que deberá realizar CREMIL para obtener la asignación
de retiro del demandante es la siguiente:
[Asignación básica mensual incrementada en un 60% x 70% (porcentaje que
trae el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004)]+38.5% (prima de antigüedad)
= Asignación de retiro.
Sexto: No es procedente inaplicar el artículo 13.2 del Decreto 4433 de 2004 por
las razones expuestas en la parte motiva.
Séptimo: Confirmar en lo demás la providencia recurrida.
Octavo: No condenar en costas en segunda instancia a la entidad demandada.
En el caso concreto, la Sección Segunda definió tres problemas jurídicos a
resolver. El primero, consistente en determinar el salario base de liquidación que
debió tenerse en cuenta para el reconocimiento de la asignación de retiro. El
segundo, determinar si el subsidio familiar debía incluirse en la liquidación de la
prestación del demandante. Y el tercero, establecer las partidas sobre las cuales
debía aplicarse el 70 % previsto en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
Con base en las reglas de unificación, se concluyó lo siguiente: (i) de acuerdo
con el artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, se debió liquidar la asignación de
retiro con el SMMLV, incrementado en un 60 %, desde el 30 de agosto de 2011,
dado que en esa fecha se hizo efectiva la primera mesada pensional reconocida
al demandante a través de la Resolución 3410 del 13 de julio de 2011; (ii) el
subsidio familiar no podía ser incluido en la liquidación de la asignación de retiro
del actor, toda vez que, solo hasta el mes de julio de 2014 –Decretos 1161 y 1162
de 2014–, dicha partida fue definida como computable para los soldados
profesionales. En consecuencia, como el actor adquirió el derecho antes de esa
fecha no podía ser incluida en la liquidación y esa exclusión no comportaba la
vulneración del derecho a la igualdad; y (iii) según el artículo 16 del Decreto 4433
de 2004, el 70 % debe aplicarse exclusivamente sobre la asignación salarial
mensual del actor. Por tanto, como la CREMIL aplicó indebidamente ese porcentaje
sobre la sumatoria obtenida de la asignación básica mensual y la prima de
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antigüedad, esa circunstancia generó un detrimento en el monto final de la
asignación del señor Benavides Borja.
En suma, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó
parcialmente la sentencia de primera instancia en lo relativo al reconocimiento
del subsidio familiar como partida computable. En ese sentido, determinó que la
asignación de retiro del señor Julio César Benavides Borja se debía liquidar
conforme la siguiente fórmula: «[Asignación básica mensual incrementada en un
60 % x 70 % (porcentaje que trae el artículo 16 del Decreto 4433 de
2004)]+38.5 % (prima de antigüedad) = Asignación de retiro». Finalmente, no
condenó en costas, toda vez que, al revocarse parcialmente la sentencia, la
decisión fue favorable a la parte demandada.
7. Providencia aclaratoria de la sentencia de unificación jurisprudencial
Las partes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho solicitaron la
adición y aclaración de la sentencia SUJ-015-CE-S2-2019. En cuanto a lo
primero, la CREMIL solicitó la adición en relación con la aplicación de los artículos
1.º y 5.º del Decreto 1161 de 2014, con la finalidad de que se indicara cómo se
afecta el porcentaje de la partida del subsidio familiar, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 5.º, teniendo en cuenta las variaciones del artículo 1.º
ejusdem, para los soldados e infantes de marina profesionales en servicio activo.
A su vez, la entidad y el demandante pidieron que se aclarara la sentencia, con
el fin de que se precisara el término de prescripción que debe aplicarse a las
asignaciones de retiro de los soldados profesionales. En similares términos,
expusieron que a pesar de que el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 prevé un
término prescriptivo de tres años, la jurisprudencia reiterada de esta corporación
había estimado que aquel no debía atenderse, en razón a que fue expedido con
extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria y, en consecuencia,
se aplicó el lapso cuatrienal, contenido en el artículo 174 del Decreto 1211 de
1990.
En decisión de 10 de octubre de 2019, la Sección Segunda del Consejo de
Estado resolvió:
Primero: Aclarar la regla contenida en el numeral 8.° del ordinal 1.° de la
sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019 proferida el día 25 de abril de 2019
por esta Sección, en el sentido de indicar que la regla sobre prescripción que debe
aplicarse para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados
profesionales es la contenida en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.
Segundo: Denegar la solicitud de adición de sentencia formulada por el
apoderado de CREMIL en relación con la aplicación de los artículos 1 y 5 del
Decreto 1161 de 2014 en la liquidación de las asignaciones de retiro de los
soldados profesionales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En cuanto a la solicitud de adición, la Sala precisó que la forma de liquidar el
subsidio familiar de los soldados e infantes de marina profesionales en servicio
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activo, hipótesis contemplada en el artículo 1.º del Decreto 1161 de 2014, no fue
objeto de pronunciamiento en la sentencia de unificación como quiera que no era
un tema materia de debate, ni respecto del cual se avocara conocimiento para
unificar jurisprudencia. En ese sentido, se explicó que el estudio por parte de la
corporación fue el relativo a determinar si el subsidio familiar era partida
computable o no para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados
profesionales, artículo 5.º, ejusdem. Por tanto, el planteamiento de la CREMIL era
distinto al objeto de la sentencia de unificación y no había lugar a adicionarla.
Frente a las peticiones de aclaración, la Sala precisó que la regla de prescripción
aplicable a la asignación de retiro de los soldados profesionales es la trienal, esto
es, la contenida en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Demanda
El 16 de febrero de 202123, por medio de apoderado judicial, el señor Julio César
Benavides Borja presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
de unificación jurisprudencial de 25 de abril de 2019 [SUJ-015-CE-S2-2019],
aclarada el 10 de octubre del mismo año, que la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que el
actor promovió contra la CREMIL24. El demandante formuló las siguientes
pretensiones (se transcriben inclusive con errores en el texto):
PETICIÓN
1. Revocar parcialmente el numeral primero del fallo impugnado, en lo referente a
negar la pretensión de inclusión del subsidio familiar y la duodécima parte de la
prima de navidad y, en consecuencia,
2. Condenar a CREMIL a cancelar al actor en la asignación de retiro el subsidio
familiar en el mismo porcentaje devengado al momento del retiro e incluir la
duodécima parte de la prima de actividad devengada a la fecha fiscal de retiro.
3. En lo demás, mantener incólume el fallo impugnado.
El recurrente invocó la causal 8.ª del artículo 250 del CPACA, esto es, «[s]er la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada». A su juicio, la decisión de unificación
«desconoció el precedente judicial vertical y horizontal» en punto a la inclusión y
reliquidación con el subsidio familiar y la duodécima parte de la prima de
navidad25 como factores computables en la asignación de retiro para los soldados
profesionales, así como frente a las reglas de prescripción para la liquidación de
la prestación.
23
Índice 2 de SAMAI, archivo «5_ED_REMITE […]».
24
Radicado: 85001-33-33-000-2013-00237-01. MP. William Hernández Gómez.
25
Frente al reconocimiento de la duodécima parte de la prima de navidad como factor computable para la
liquidación de la asignación de retiro, en las páginas 7 a 9 del recurso se transcribieron apartes de la
siguiente providencia: «Consejo de Estado […] sentencia de fecha 14 de noviembre de 2017, Demandante:
MELQUISEDECH SILVA, Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, […] radicado N°
15001333300920150001301, Magistrado: DR. FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA».
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En ese sentido, argumentó que la sentencia de 25 de abril de 2019 vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, mínimo vital y móvil, por cuanto conlleva
un trato discriminatorio porque a otros soldados profesionales y policías que sí
se les reconoció las mencionadas partidas. Para sustentar la configuración de la
causal invocada, en la demanda se citaron las siguientes26:
SENTENCIAS QUE SE PRETENDEN HACER VALER
1. Consejo de Estado – Sección segunda – Subsección B – en sentencia del 17 de
octubre de 2013 – expediente N° 2013-01821-00.
2. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera.
C.P. MARIA ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ. Expediente N° 2014-02292-01.
Actor OMAR ENRIQUE ORTEGA FLOREZ.
3. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta.
C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS. Expediente N°
110010315000201500380 (AC). Actor JAIRO JARABA MORALES.
4. Tribunal Administrativo de Casanare. C.P. JOSE ANTONIO FEGUEROA
BURBANO. Expediente N° 850013333002-2013-00058-01. Actor LUIS ALBERTO
GUTIERREZ GARCIA.
5. Tribunal Administrativo de Antioquia. C.P. YOLANDA OBANDO MONTES.
Expediente N° 05001333302220130021701. Actor WILMER GIOVANNY AGUDELO
MARIN.
6. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera.
C.P. MARIA ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ. Expediente N° 2014-02292-01. Actor
OMAR ENRIQUE ORTEGA FLOREZ.
7. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta.
C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS. Expediente N°
110010315000201500380 (AC). Actor JAIRO JARABA MORALES.
8. Tribunal Administrativo de Antioquia. C.P. YOLANDA OBANDO MONTES.
Expediente N° 05001333302220130021701. Actor WILMER GIOVANNY AGUDELO
MARIN.
9. Tribunal Administrativo de Boyacá. M.P. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ.
Expediente N° 15001333301020170000601. Actor. WILSON MONROY SARMIENTO
10. Tribunal Administrativo de Antioquia. M.P. MARTA CECILIA MADRID ROLDAN.
Expediente N° 0500133330102014004301. Actor CÉSAR ALBERTO GUEVARA
PARRA.
11. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda.
C.P. William Hernández Gómez. Expediente N° 19001-23-33-000-2014-00128-01
(1936- 2016). Demandante. José Henry Casso. Demandado. Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares.
12. Sentencia de Tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda -
Subsección “B” de fecha Veintisiete (27) de Julio de Dos Once (2011), Expediente:
11 001- 03 15 000 -2011-00725-00, Consejero Ponente: Doctor VICTOR
HERNANDO ALVARADO ARDILA, Actor: JORGE ENRIQUE VARGAS PEÑUELA.
26
Se transcribe tal cual, incluso con errores y repetición de las sentencias invocadas.
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Demandante: Julio César Benavides Borja
13. Sentencia de Tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda -
Subsección “B” de fecha Veintinueve (29) de Marzo de Dos Doce (2012),
Expediente: 11 001- 03 15 000 -2012-00314-00, Consejero Ponente: Doctor
GERARDO ARENAS MONSALVE, Actor: ALBA MARIA RIVERA MUÑOZ.
14. Sentencia de Tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda -
Subsección “B” de fecha Tres (03) de Mayo de Dos Doce (2012), Expediente: 11
001- 03 15 000 -2012-00317-00, Consejero Ponente: Doctor VICTOR HERNANDO
ALVARADO ARDILA, Actor: MANUEL SALVADOR ARROYAVE OCHOA.
15. Sentencia de Tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda -
Subsección “B” de fecha Treinta y Un (31) de Mayo de Dos Doce (2012),
Expediente: 11 001- 03 15 000 -2011-01741-01, Consejero Ponente: Doctor:
WILLIAM GIRALDO GIRALDO, Actor: JUAN ALFONSO FIERRO MANRIQUE.
16. Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección “B” de fecha Dos (02) de
Agosto de Dos Doce (2012), Expediente: 25000 2325000 2010-00901-01,
Consejero Ponente: Doctora: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ, Actor: LUIS
ALBERTO SANCHEZ REYES.
17. Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección “B” de fecha Quince (15)
de Noviembre de Dos Mil Doce (2012), Expediente: 25000 2325000 2010-
0005111-01, Consejero Ponente: Doctor: GERARDO ARENAS MONSALVE, Actor:
CAMPO ELIAS AHUMADA CONTRERAS.
18. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda.
Sentencia de unificación por importancia jurídica. SU- CE-SUJ-SII-013-2018.
SUJ013-S2. Expediente N° 050012333000201300741-01. Número Interno: 4648-
2015. Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Demandante:
Dora Alicia Campo Correa y Luis Ángel Correa Quintero. Demandado: Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
De acuerdo con lo anterior, en el escrito contentivo del recurso extraordinario se
indicó que dichos pronunciamientos judiciales corresponden a asuntos que
«comportan supuestos de hecho similares» frente al caso del recurrente, esto es,
(i) soldados profesionales retirados del servicio activo antes [Decreto 4433 de
2004] y después de la vigencia de los Decretos 1161 y 1162 de 2014, (ii) fue
reconocido el derecho a devengar la asignación de retiro con el subsidio familiar
en el porcentaje devengado en actividad y (iii) se reconoció la prestación con la
inclusión de la duodécima parte de la prima de navidad percibida en servicio.
Asimismo, se alegó que era evidente que ante «las mismas condiciones de hecho
y de derecho», «ha existido y existe un trato desigual y discriminatorio entre una
y otra parte de los miembros de la Fuerza Pública, que hay violación del principio
constitucional de igualdad, para los Soldados Profesionales que son quienes más
necesitan que sus mesadas pensionales sean liquidadas en derecho y no por
capricho del gobierno».
Finalmente, el recurrente discrepó de la aclaración de la sentencia de unificación.
Al respecto, indicó que, de conformidad con la reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado, se ha manifestado que la prescripción aplicable a los
miembros de las fuerzas militares es la prevista en el artículo 174 del Decreto
1211 de 1990, que corresponde a cuatro años; por tanto, a su juicio, no es
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
aplicable el límite trienal previsto en el artículo 43 del decreto 4433 de 2004, dado
que conlleva el desconocimiento del precedente judicial en esa materia27.
2. Auto admisorio de la demanda
Por medio de auto de 16 de agosto de 2022, el ponente admitió la demanda28 y
ordenó las notificaciones a la CREMIL y al Ministerio Púbico, conforme las
previsiones del artículo 253 del CPACA, y a la ANDJE, de acuerdo con el artículo
199 ejusdem. Igualmente, se solicitó a la Secretaría del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Sistema Oral de Yopal que remitiera el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado n.º 85001-33-33-000-2013-
00237-01. Las vinculaciones se realizaron en legal forma, según las constancias
obrantes en el sistema de gestión judicial SAMAI29.
3. Contestación
La CREMIL se opuso al recurso extraordinario de revisión y solicitó tener como
pruebas los antecedentes administrativos que dieron origen al reconocimiento de
la asignación de retiro del recurrente, obrantes en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Como fundamento de su contestación, sostuvo que
la carga argumentativa del extremo demandante no cumple los presupuestos
para tener por configurada la causal prevista en el numeral 8.º del artículo 250
del CPACA.
Adicionalmente, esgrimió que el subsidio familiar que pide el recurrente que se
reconozca como factor computable de su prestación, precisamente, fue uno de
los asuntos que unificó la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
sentencia de 25 de abril de 2019 y, en donde, determinó que no es computable
en el caso del señor Benavides Borja. A su vez, la decisión de unificación también
precisó que tampoco la duodécima parte de la prima de navidad es computable
y que ahora se pretende que sea reconocida vía recurso extraordinario de
revisión.
La entidad insistió en que no existe fundamento jurídico para incluir y liquidar
como partida computable la duodécima parte de la prima de navidad, en la
asignación de retiro de Julio César Benavides Borja, porque los soldados
profesionales «no efectúan aportes mientras se encuentran en servicio activo,
para cubrir la duodécima parte de la prima de navidad al momento del retiro».
Asimismo, aclaró que no todos los servidores la perciben a su favor, pues es la
ley la que determina el derecho a ser beneficiario o que aquella sea computable
27
En las págs. 21 y 22 de la demanda de revisión, el recurrente citó apartes de los siguientes
pronunciamientos: «Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Subsección B Consejo Ponente: Dr. VÍCTOR HERNNADO ALVARADO ARDILA, febrero 23 de 2012. Expediente N°
11001-03-15-000-2011-01741-00 actor: JUAN ALFONSO FIERRO MANRIQUE […]Sentencia de la Sección
Segunda-Subsección B, de 25 de noviembre de 2010 […] radicado No. 2061-2009, actor: LEONOR GUARNIZO
DE MALDONADO ».
28
Índice 47 de SAMAI. La demanda se admitió luego de que, en providencia de 24 de junio de 2022, la Sala
Veintidós Especial de Decisión del consejo de Estado revocó el auto de 16 de abril de 2021 que había
rechazado el recurso extraordinario de revisión [índices 4 a 41 de SAMAI].
29
Índices 49 a 51 de SAMAI.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
para la prestación de vejez, por ende, no resulta válido que la entidad realice
interpretaciones en cuanto a su reconocimiento.
A su turno, frente al subsidio familiar, la CREMIL señaló que la sentencia de
unificación explicó que existe una justificación jurídicamente válida para el trato
diferenciado entre los soldados profesionales, pues corresponde a un factor que
se ha adquirido gradualmente, como expresión del principio de progresividad; de
esta forma, señaló que es comprensible que ciertos soldados lo consolidaran bajo
criterios jurídicos anteriores a la expedición de los Decretos 1161 y 1162 de 2014,
y otros, en virtud del legislador, es decir, de manera distinta. Sin embargo, tal
situación no implica la trasgresión de la garantía fundamental invocada como lo
dejó claro la Sección Segunda de esta corporación en las reglas de unificación y
sus efectos en el tiempo.
En suma, alegó que el recurso extraordinario de revisión no puede utilizarse como
mecanismo para cuestionar la interpretación judicial, ni la sana crítica en la
valoración de las pruebas que hizo el juez, «de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar deliberaciones tendientes a refutar las motivaciones jurídicas
[…] como si se tratara de una nueva instancia»30.
Por su parte, el Ministerio Público y la ANDJE no se pronunciaron en el presente
asunto.
4. Auto de pruebas
Por medio de auto de 4 de noviembre de 202231, el ponente dispuso tener como
prueba la aportada con el recurso extraordinario de revisión y se accedió a la
solicitada por el recurrente32. Asimismo, se dispuso que se tendría como prueba
trasladada la obrante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que se tramitó con el radicado n.º 85001-33-33-000-2013-00237-0133. Una vez
se corrió el traslado de las pruebas decretadas, el asunto ingresó al despacho
del ponente para fallo el 22 de junio de 2023, como consta en el índice 56 de
SAMAI.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Presupuestos procesales
1.1. Competencia
30
Índice 55 de SAMAI, archivo «54_ […]».
31
Índice 58 de SAMAI.
32
El ponente dispuso oficiar al Ejército Nacional, para que certificara si el señor Julio César Benavides Borja
devengó la prima de navidad y el subsidio familiar, en el año inmediatamente anterior a la fecha fiscal del
retiro del recurrente. Pese a que la Secretaría General de esta corporación libró en múltiples oportunidades
los respectivos oficios y requerimientos a los funcionarios de la institución, como consta en los índices 72 a
77 de SAMAI, hasta el 31 de mayo de 2023 se incorporó al expediente del presente proceso el certificado
requerido, expedido por la Sección de Nómina de la Dirección de Personal del Ejercito Nacional [índice 80].
En consecuencia, en auto de 9 de junio de esta anualidad [índice 80 de SAMAI] se dispuso el traslado que de
aquel se había dispuesto desde el auto que lo decretó como prueba.
33
El expediente fue remitido de forma digital al presente asunto, tal y como consta en el índice 65 de SAMAI
–archivo .zip «66_RECIBEPRUEBAS […]».
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
De acuerdo con el inciso 1.º del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado. Asimismo, corresponde
precisar que el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión de
esta corporación y que el acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
reglamentó su integración y funcionamiento.
Por su parte, el numeral 1.º del artículo 29 del acuerdo 080 de 2019, asignó la
competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado. En este orden de ideas, la Sala Veintidós
Especial de Decisión de la corporación es competente para conocer el recurso
de revisión contra la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que el señor Julio César Benavides Borja promovió
contra la CREMIL.
1.2. Procedencia y oportunidad
De acuerdo con el artículo 248 del CPACA, el recurso procede contra «… las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos». En este caso, la recurrente
controvierte una sentencia dictada, en segunda instancia, por una de las
secciones de esta corporación que se encuentra debidamente ejecutoriada,
razón por la cual el recurso cumple con el requisito de procedencia.
Ahora bien, en cuanto a la oportunidad para presentar el recurso extraordinario
de revisión, en el presente caso debe tenerse en cuenta que los términos
judiciales a nivel nacional fueron objeto de suspensión, en virtud de los Acuerdos
PCSJA20-1151734, PCSJA20-1151835, PCSJA20-1152136, PCSJA20-1152637,
PCSJA20-1153238, PCSJA20-1154639, PCSJA20-1154940 , PCSJA20-1155641, y
PCSJA20-1156742 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura en
concordancia con lo establecido en el artículo 1.º del Decreto Legislativo 564 de
202043, esto es, desde el 16 de marzo hasta el 1.º de julio del 2020.
34
Suspendió términos judiciales a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020.
35
Conservó las medidas de suspensión de los términos procesales en los juzgados, tribunales y altas cortes
entre el 16 y el 20 de marzo de 2020, excepto en las acciones de tutela y hábeas corpus.
36
Prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020.
37
Prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 4 de abril hasta el 12 de abril de 2020.
38
Prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020.
39
Prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020.
40
Prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020.
41
Prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020.
42
Prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 9 hasta el 30 de junio de 2020, y dispuso el
levantamiento de dicha suspensión a partir del 1° de julio de 2020.
43
Decreto Legislativo 564 de 2020. «Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los
términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer
derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante tribunales
arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el
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Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
Atendiendo lo anterior, se tiene que la sentencia objeto del recurso extraordinario
de revisión fue proferida el 25 de abril de 2019, las solicitudes de aclaración y
adición de las partes, fueron resueltas en decisión de 10 de octubre de 2019, que
se notificó por estado el 15 de noviembre de esa anualidad 44 y, por ende, cobró
ejecutoria a los tres días siguientes, de conformidad con el artículo 302 del CGP45,
esto es, el 20 de noviembre de 2019.
En circunstancias de normalidad, la oportunidad para presentar el recurso vencía
el 21 de noviembre de 2020, es decir, un día inhábil46, por tanto, en atención a
las reglas de cómputo de términos previstas en el artículo 118 del CGP47, si el
vencimiento de un término ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día
hábil siguiente, que para el caso concreto era el 23 de noviembre de 2020.
No obstante, desde el 21 de noviembre de 201948 hasta el 16 de marzo de 202049
–suspensión de términos judiciales– transcurrieron tres (3) meses y (23) veintitrés
días, desde aquel siguiente al de la ejecutoria de la providencia que se recurre.
Así las cosas, en atención a que el levantamiento de la suspensión de los
términos judiciales ocurrió desde el 1.º de julio de 202050, en el caso concreto, la
contabilización del término de que trata el artículo 251 del CPACA se reanudó a
partir de esa fecha51, es decir, el plazo para presentar el recurso expiraba el 8 de
marzo de 2021.
día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales. El conteo
de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que
cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante,
cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir
la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes
contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la
actuación correspondiente».
44
Según consta en los índices 21 y 22 de SAMAI del radicado n.º 85001-33-33-000-2013-00237-01.
45
«Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean
impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una
providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. || Las que sean proferidas por fuera de
audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han
vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos».
46
Día sábado.
47
«Cómputo de términos. || Si el término fuere común a varias partes comenzará a correr a partir del día
siguiente al de la notificación a todas. || Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá
lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término
vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta
el primer día hábil siguiente. En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni
aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado».
48
Momento en el cual empezó el cómputo del término al que se refiere el artículo 251 del CPACA en el caso
concreto.
49
Momento en que se suspendieron los términos judiciales por la COVID 19.
50
Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura «Artículo 1. Levantamiento de
la suspensión de términos judiciales. La suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país
se levantará a partir del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas en el presente
Acuerdo. Parágrafo. Desde el 17 de junio, conforme a las indicaciones de jefes de despachos o
dependencias, los servidores podrán acudir a las sedes con el fin de realizar tareas de planeación y
organización del trabajo, sin atención al público, bajo las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.
|| Artículo 2. Suspensión de términos judiciales. Se prorroga la suspensión de términos judiciales en el
territorio nacional, desde el 9 de junio hasta el 30 de junio de 2020 inclusive. […]».
51
De conformidad con el inciso segundo del artículo 1.º del Decreto Legislativo 564 de 2020 «[e]l conteo de
los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese
la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura».
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En ese sentido, teniendo en consideración (i) que el recurso extraordinario de
revisión se presentó el 16 de febrero de 202152 y (ii) que la oportunidad para
presentarlo se vio afectada por la suspensión de términos judiciales, el rigor
extintivo de la caducidad para este asunto operó el 8 de marzo de 2021, por tanto,
la Sala considera que se cumplió con el presupuesto de oportunidad.
1.3. Legitimación en la causa
En punto a este presupuesto procesal, como se indicó en los antecedentes, el
señor Julio César Benavides Borja se encuentra legitimado en la causa por
activa, toda vez que fue el demandante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que se tramitó con radicación n.º 85001-33-33-000-
2013-00237-01. Por su parte, también se cumple el presupuesto por pasiva,
porque la CREMIL fue la parte demandada en el mencionado proceso en el que se
dictó la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión.
2. Problema jurídico
La Sala considera necesario establecer si la causal de revisión prevista en el
numeral 8.º del artículo 250 del CPACA, consistente en «[s]er la sentencia contraria
a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada […]» puede llegar a configurarse con base en los motivos
expresados por el solicitante en revisión, esto es: si la sentencia del 25 de abril
de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado desconoció los
pronunciamientos judiciales previos que indicó el señor Julio César Benavides
Borja y que, a su juicio, hicieron tránsito a cosa juzgada, al no aplicar el mismo
tratamiento sobre el reconocimiento de la asignación de retiro con el subsidio
familiar y la duodécima parte de la prima de navidad como factores computables
de la prestación.
Por lo anterior, corresponde a la Sala determinar si procede la revisión
extraordinaria de la providencia impugnada, por ser la sentencia contraria a otra
anterior que constituye cosa juzgada entre las partes del proceso.
En este orden de ideas, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la
Sala abordará metodológicamente el estudio de los siguientes ejes temáticos: i)
generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) la causal octava de
revisión, y iii) con base en lo anterior, se resolverá el caso concreto a partir de la
argumentación expuesta por la parte recurrente de cara a la casual invocada y el
objeto de este medio excepcional de impugnación.
2.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión53 es un medio de impugnación excepcional
que permite quebrantar el principio de cosa juzgada y, su finalidad se contrae a
52
Índice 2 del SAMAI.
53
Regulado en el Título VI «RECURSOS EXTRAORDINARIOS», Capítulo I «Recurso Extraordinario de
Revisión», artículos 248 al 255 del CPACA, con las modificaciones realizadas por la Ley 2080 de 2021,
artículos 68, 69 y 70.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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restablecer el imperio de la justicia y la vigencia del ordenamiento jurídico, que
pueden resultar afectados por decisiones materialmente injustas. Las causales a
invocar se encuentran previstas en el artículo 250 del CPACA. Aquellas delimitan
el ámbito de acción de este medio de impugnación y no admiten interpretaciones
extensivas dado que comportan situaciones excepcionales a la institución jurídico
procesal de la cosa juzgada.
En síntesis, se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición
de documentos decisivos que modifiquen el sentido de la decisión o incluso la
violación al debido proceso. Se trata de causales que no constituyen errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida
o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como lo ha
precisado esta corporación, «[n]o es un recurso que proceda por violación de la
ley»54. En otras palabras, «el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia»55. Por tanto, este medio de impugnación excepcional no está previsto
para corregir los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio origen a la
sentencia recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar hechos
no expuestos ante el juez natural del proceso, sino para garantizar el derecho al
debido proceso y el restablecimiento de la justicia material.
De manera que, como lo ha indicado esta corporación56, el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto.
En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-680 de 19 de noviembre
de 199857, señaló que, «la revisión no está regulada para errores “in judicando” ni
puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de soporte a la
decisión que puso término al proceso [58]; se trata de un examen detallado de
ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de
justicia que de ella emana». A su vez, en sentencia C-520 de 4 de agosto de
200959, la Corte se refirió al recurso extraordinario de revisión en la jurisprudencia
colombiana, y destacó la tesis decantada por la Corte Suprema de Justicia, según
la cual:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicación n.º 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro «Sobre las generalidades del
recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-2001-00091, 6 de abril de
2010, Rad. REV-2003-00678, 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133, 12 de julio de 2005, Rad.
REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de
abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de
abril de 2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, Rad. 2007-00267».
54
Cfr., Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión,
sentencia de 4 de agosto de 2021, radicación n.º 11001031500020210061000. M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
55
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicación n.º 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
56
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión,
sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º 11001-03-15-000-2013-02724-00 (REV), M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
57
Corte Constitucional, sentencia C-680 de 19 de noviembre de 1998. MP. Carlos Gaviria Díaz.
58
Cfr. pp. 6 «Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2 de agosto de 1994. M.P. Edgar
Saavedra Rojas».
59
Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. MP. María Victoria Calle Correa.
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[E]l recurso de revisión no puede ser usado como intento de revivir el debate
probatorio, ni para volver sobre aspectos de pura interpretación legal. De ello da
muestra la sentencia de 13 de enero de 2004, Expediente 0211-01, en la que la
Corte doctrinó acerca de que el recurso extraordinario no autoriza un análisis
panorámico del debate procesal, sino de establecer, por las precisas y taxativas
causales que estableció el legislador en el artículo 380 Código de Procedimiento
Civil, si el fallo, desde esa perspectiva, arremete contra las garantías procesales
que dichas causales protegen. De allí, entonces, que ‘los errores de apreciación
probatoria en que haya podido incurrir el juez al proferirlo, son aspectos ajenos al
recurso de revisión’, pues este “no constituye una tercera instancia en la que pueda
replantearse el litigio”, ni es “medio conducente para reparar cualquier irregularidad
de la sentencia, o su indebida fundamentación”[60].
2.2. El desconocimiento de la cosa juzgada de una decisión judicial como
causal del recurso extraordinario de revisión
El recurrente alegó como causal del recurso extraordinario de revisión, la
enunciada en el numeral 8.º del artículo 250 del CPACA, «[s]er la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada» [se
subraya].
En primer lugar, es importante destacar que en el ordenamiento jurídico
colombiano las providencias que ponen término a una controversia están
amparadas por el instituto jurídico procesal de la res iudicata o cosa juzgada,
conforme a la cual se otorga a aquellas decisiones emanadas de la autoridad
judicial, el carácter de definitivas y vinculantes, para evitar que se presente un
nuevo litigio entre idénticas partes respecto de pretensiones ya decididas.
El referido instituto, que encuentra su sustento en el artículo 29 de la Constitución
Política, hace parte inescindible del derecho al debido proceso, su finalidad es la
garantía de la seguridad jurídica que caracteriza a toda decisión judicial y como
fundamento del ejercicio de la función pública de administración de justicia
(artículos 228 ejusdem y 1.º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia –
LEAJ–). En efecto, todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya
que sobre las partes no puede recaer indefinidamente la expectativa alrededor
del sentido de la solución judicial a su conflicto, pues existe el derecho
constitucional fundamental a la sentencia firme y, por lo tanto, a la cosa juzgada.
La razón de instituir esta circunstancia ─desconocimiento de la cosa juzgada─
como causal de revisión apunta a preservar la cohesión y la unidad de
jurisdicción, por tanto, una vez ejecutoriada una decisión judicial, «se vuelve
intangible por antonomasia y ningún otro juez puede volver sobre el asunto»,
pues si lo hace, habría «dos sentencias contradictorias sobre idéntica
controversia lo cual desconocería la unidad de jurisdicción y lesionaría la
60
Cit. «Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2004-00729 de agosto 29 de 2008,
Expediente 11001-0203-000-2004-00729-01, MP. Edgardo Villamil Portilla».
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seguridad jurídica”, en la medida que "la aplicación de unas mismas normas a un
caso idéntico, no puede conducir razonablemente a resultados distintos»61.
Desde esta perspectiva es importante recordar que la cosa juzgada es la cualidad
atribuida por el ordenamiento jurídico a las sentencias ejecutoriadas en virtud de
la cual se considera que son inmutables, vinculantes y definitivas, esto es, que:
(i) no pueden ser modificadas, ni siquiera por el mismo juez que las profirió; (ii)
son de obligatorio cumplimiento, y (iii) lo decidido no puede ser discutido
nuevamente en sede jurisdiccional.
Así pues, la cosa juzgada no sólo dota de estabilidad y certeza a las relaciones
jurídicas, sino que evita que el aparato judicial sea utilizado en múltiples
oportunidades aparentemente con distintos argumentos para resolver el mismo
asunto, con el consecuente desgaste que impediría que pueda ocuparse de las
demandas de otros justiciables62.
Así, mientras el CGP establece que «la sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes» (artículo 303 ejusdem),
el CPACA, en su artículo 189, dispone lo siguiente:
Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que
niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación
con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que
se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga
omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se
haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de
un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo
pertinente sus decretos reglamentarios.
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del
artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa
juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos
diferentes.
A la luz del artículo 303 del CGP, el instituto de la cosa juzgada se estructura con
tres presupuestos, a saber: el objeto o beneficio jurídico que se solicita (eadem
res o identidad de la cosa pedida), la causa o hecho jurídico que sirve de
fundamento al derecho reclamado (eadem causa petendi) y similitud de partes
(eadem conditio personarum)63.
Los dos primeros presupuestos, el objeto y la causa, configuran los límites
objetivos de la cosa juzgada ─res iudicata─; el último, el subjetivo, la semejanza
61
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de diciembre de 2014,
rad. 2012-00228-00(REV), MP. Gustavo Gómez Aranguren.
62
Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
63
Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia del 14 de noviembre de 2017, rad. n.° 05001-22-03-
000-2017-00726-01, MP. Luis Armando Tolosa Villabona.
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de partes64.
La identidad de objeto indica que en el nuevo proceso se controvierta sobre el
equivalente bien jurídico definido en el litigio anterior65, y, por tanto, en relación
con este aspecto, la identidad responde al interrogante sobre qué se litiga66. La
coincidencia, en torno a este aspecto, debe indagarse principalmente en la
demanda, en la situación fáctica generadora de consecuencias jurídicas
concretas, cotejando la demanda inicial con la posterior demanda y cuyas
situaciones jurídicas requieren una respuesta de la administración de justicia.
La identidad de causa se identifica con el hecho jurídico que funge como
fundamento a las súplicas67, esto es, la situación que el actor hace valer en su
demanda como cimiento de la acción68, dicho de otro modo, se trata de la
«narración del libelo, la relación del caso que ha originado los derechos y dado
motivo a la reclamación en justicia»69. Por tanto, el hecho jurídico es equivalente
cuando en el nuevo juicio se aduce el mismo elemento fáctico específico ya
invocado en el anterior70. En ese orden, la identificación de la causa petendi debe
indagarse en la demanda y responde a la cuestión de por qué se litiga71, con
apoyo en qué, al soporte del petitum.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha enlistado en su jurisprudencia una
serie de situaciones concretas en las cuales se avizora la ausencia de semejanza
de causas, a saber: (i) cuando varían sustancialmente los supuestos fácticos de
la acción y (ii) cuando aparecen nuevos hechos.
En cuanto al primer supuesto, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que no
se configura la cosa juzgada cuando aparezcan circunstancias sobrevinientes,
ocurridas con posterioridad al primer litigio, puesto que el segundo proceso
resulta apoyado sobre una razón no debatida en el anterior, «máxime que, por
tratarse de presupuestos de hecho de ocurrencia posterior, no podían ser materia
del primer proceso72».
Finalmente, la identidad de partes, se concreta no en la equivalencia física, sino
jurídica73 de los sujetos vinculados al pleito, ya que la fuerza obligatoria de un
fallo judicial se limita a las personas que han intervenido en el proceso en el cual
64
[8] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencias de 5 de agosto de 2005; 18 de diciembre de
2009; y 7 de noviembre de 2013, ibid.
65
[13] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia del 30 de junio de 1980, ibid.
66
[14] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencias del 24 de enero de 1983; del 20 de agosto de 1985;
del 26 de febrero de 2001; del 12 de agosto de 2003; del 15 de noviembre de 2005; del 10 de junio de 2008;
del 19 de septiembre de 2009; del 16 de diciembre de 2010, ibid.
67
[17] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 27 de septiembre de 1945. En igual sentido: Corte
Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencias del 26 de febrero y 24 de julio de 2001; 12 de agosto de 2003; 5
de julio de 2005; 10 de junio de 2008; y del 7 de noviembre de 2013.
68
[18] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 8 de febrero de 2016.
69
[20] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 24 de febrero de 1948.
70
[21] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 9 de mayo de 1952.
71
[23] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencias de 20 de agosto de 1985; del 26 de febrero de 2001;
del 12 de agosto de 2003; del 15 de noviembre de 2005; del 10 de junio de 2008; 19 de septiembre de 2009;
y del 16 de diciembre de 2010.
72
[24] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 30 de junio de 1980.
73
[26] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencias de 30 de junio de 1980; del 24 de abril de 1984 y
del 24 de julio de 2001.
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se profirió74.
Después de este análisis, se evidencia que los términos empleados por la norma
procesal civil en la que se establecen las condiciones para que pueda invocarse
la excepción de cosa juzgada, se refuerzan luego de una lectura completa y
holística de esa norma y de su comparación con la legislación procesal
administrativa, disposiciones a partir de las cuales se infiere que el fenómeno de
cosa juzgada está ligado fuertemente a los efectos que se consignan en la
decisión judicial.
Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 del CPACA, en los asuntos en
los cuales se debaten y definen intereses subjetivos, como son los relativos a las
acciones contractuales y de reparación directa, la cosa juzgada se materializa en
el hecho de que, en sede judicial, no puede volverse a debatir en un nuevo
proceso por las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa, un litigio que
ya haya sido definido mediante sentencia ejecutoriada; mientras que, en los
procesos en los cuales lo que se debate y define es la legalidad de un acto,
como los relativos a las acciones de nulidad, esta figura se concreta en que el
análisis efectuado por el juez, en una sentencia ejecutoriada, no pueda ser
discutido o retomado con posterioridad, bien porque, habiéndose decretado la
nulidad del acto, este desaparece del ordenamiento jurídico ─con lo que un
nuevo juicio de legalidad carecería de objeto por sustracción de materia─,
o bien porque, habiéndose denegado las pretensiones de la demanda, el mismo
no pueda ser atacado sino exclusivamente por razones diferentes a las ya
estudiadas por el juez75.
Lo anterior por cuanto, tratándose de una jurisdicción rogada, el acto acusado no
se confronta con la totalidad del ordenamiento jurídico, sino únicamente con las
normas superiores invocadas por el accionante y a partir del concepto de
violación por él formulado, de modo que son estos aspectos los que demarcan la
causa petendi de la demanda y, con ella, la decisión respecto de la cual se
predica el carácter de cosa juzgada erga omnes76.
En otras palabras, en el caso en que el juez de la legalidad del acto administrativo
niegue su nulidad, esta decisión, enmarcada por la referencia a las normas
violadas y el concepto de violación invocados, es inmutable y de obligatorio
cumplimiento erga omnes, lo cual implica que, por una parte, el acto no sólo sigue
teniendo plenos efectos en el ordenamiento jurídico, sino que, por haber sido
74
[27] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencias del 24 de abril de 1984, del 24 de julio de 2001; del
5 de julio de 2005; y del 7 de noviembre de 2013.
75
Lógica similar a la que se aplica en materia del juicio de constitucionalidad de las leyes operado por la
Corte Constitucional. Al respecto pueden consultarse las sentencias C-220 de 2011, C-332 de 2013, C-532
de 2013 y C-287 de 2014.
76
Sobre este punto la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de 29 de abril de 2008, rad. 11001-03-
06-000-2008-00009-00(1878), MP. William Zambrano Cetina, explicó que en el caso de las sentencias que
niegan la nulidad del acto demandado pueden presentarse las siguientes situaciones. «a. Que un mismo
acto administrativo sea objeto de diversas demandas, sin que automáticamente opere el fenómeno de cosa
juzgada a partir de los pronunciamientos judiciales anteriores; b. Que, por lo mismo, sobre un acto
administrativo coexistan sin ser contradictorios, diversos pronunciamientos judiciales respecto de su
legalidad, cuando la causa petendi que ha dado origen a los procesos es distinta en cada caso; y c) Que
únicamente, cuando sobre un mismo acto administrativo se discutan las mismas razones o causa petendi
de un proceso anterior, habrá cosa juzgada».
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analizada y definida judicialmente, su validez deviene inexpugnable en relación
con los cargos analizados, de modo que su contenido no puede ser desconocido
y, por la otra, que su legalidad no puede ser cuestionada nuevamente, en sede
judicial, por las razones ya estudiadas 77.
La misma regla se aplica a lo decidido sobre la legalidad de un acto administrativo
demandado en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la
norma no hizo distinción alguna entre estos dos tipos de contencioso.
Ahora para que se configure la causal del numeral 8.º del artículo 250 del CPACA,
es necesaria la concurrencia de tres presupuestos esenciales, a saber: (i) que
existan dos sentencias contradictorias; (ii) que la sentencia contrariada
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que fue dictada y frente
al segundo proceso ─lo cual ocurre cuando este involucra a las mismas partes
del proceso anterior, versa sobre el mismo objeto y se adelanta por la misma
causa─ y (iii) que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción
la cosa juzgada78.
2.3. Caso concreto
En el presente recurso extraordinario se alegó que la decisión judicial de
unificación jurisprudencial, proferida por la Sección Segunda el 25 de abril de
2019, transgredió las garantías superiores del señor Julio César Benavides Borja,
al haber desconocido la institución de cosa juzgada. Para sustentar lo anterior,
se indicaron diversas sentencias que, según se sostuvo, son contrarias a lo
decidido en el caso del recurrente, pues, el pleno de la Sección Segunda de esta
corporación no tuvo como factor computable el subsidio familiar, tampoco
reconoció la duodécima parte de la prima de navidad para efectos de la
liquidación de la asignación de retiro y cambió la regla prescriptiva cuatrienal a la
trienal que se había aplicado por esta corporación.
Sin embargo, la Sala advierte que ninguno de los pronunciamientos que señaló
el actor permiten tener por acreditados los presupuestos de identidad de persona
(eadem personae), el objeto o cosa pedida (eadem res) ni de causa (eadem
causa petendi). En efecto, de lo anterior da cuenta el siguiente cuadro:
Sujetos Objeto Causa Radicado –Decisión de la autoridad
juridicial79
Demandante: Reajustar la liquidación Se pidió la protección del derecho 11001-03-15-000-2013-01821-00.
José Narcés de la asignación de retiro fundamental a la igualdad, a través Tutela contra providencia judicial.
López del soldado José Narcés de la inaplicación del parágrafo del
Bermúdez. López Bermúdez, con la artículo 13 del Decreto 4433 de
77
En este sentido puede consultarse las sentencias de 18 de febrero de 2022, de esta Sala Especial de
Decisión, radicado n.º 11001-03-15-000-2019-05088-00 y de 9 de diciembre de 2022, n.º 11001-03-15-000-
2021-05107-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
78
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013,
radicado: 11001-03-15-000-2001-00118-01 (REV), MP. Gerardo Arenas Monsalve.
79
La información que se relaciona en el cuadro corresponde a las providencias que pudieron ser consultadas
en sistema de gestión judicial de SAMAI y en el módulo de consulta de la relatoría del Consejo de Estado.
Se precisa que algunas sentencias que indicó el recurrente no están en el aplicativo, pero los datos
pertinentes se obtuvieron de las anotaciones e índices de los radicados respectivos en el mencionado
aplicativo.
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Sujetos Objeto Causa Radicado –Decisión de la autoridad
juridicial79
inclusión del subsidio 2004, dado que, en la sentencia de En sentencia de 17 de octubre de 2013, la
Demandado / familiar como factor 18 de abril de 2013, el Tribunal Subsección B de la Sección Segunda del
tercero computable. Administrativo del Tolima denegó las CE amparó el derecho fundamental a la
interviniente: pretensiones de nulidad y igualdad, dejó sin efectos el fallo de
TA. de Tolima / restablecimiento del derecho contra segunda instancia del proceso ordinario y
CREMIL. el Oficio 103137-103145 de 23 de dispuso que se dictara una nueva sentencia
diciembre de 2003, mediante el cual que reconociera el subsidio familiar como
la CREMIL negó la reliquidación de la partida computable en la reliquidación de la
prestación con la inclusión del asignación de retiro.
subsidio familiar, en contra de los
intereses del tutelante, radicado: 2011-00245-01. Demandante: Reajustar la liquidación Se pidió la protección de los 11001-03-15-000-2014-02292-01. Omar Enrique de la asignación de retiro derechos fundamentales a la Tutela contra providencia judicial. Ortega Flórez. del soldado Omar igualdad, al debido proceso, acceso
Enrique Ortega Flórez a la administración de justicia, a En sentencia de 11 de diciembre de 2014,
Demandados / L ó p e z d e acuerdo con través de la debida aplicación del 70 la Sección Primera del CE amparó los
tercero la fórmula del artículo 16 % para la liquidación de la derechos fundamentales al mínimo vital y a
interviniente: del Decreto 4433 de 2004 asignación de retiro y la inaplicación la igualdad, dejó sin efectos el fallo de
Sub. C, Sec. 2.ª y que se incluyera el del parágrafo del artículo 13 del segunda instancia del proceso ordinario y
del TA. de Cund. subsidio familiar como Decreto 4433 de 2004, dado que, en dispuso que se dictara una nueva decisión
– Juz. 30 Admin. partida computable. la sentencia de 7 de febrero de 2014, que ordenara que, en la reliquidación de la
de Bogotá / el Tribunal Administrativo de asignación de retiro debía aplicarse la
CREMIL. Cundinamarca denegó las fórmula prevista en el artículo 16 del
pretensiones de nulidad y Decreto 4433 de 2004, adicionalmente, que
restablecimiento del derecho contra se reconociera el subsidio familiar.
el acto administrativo, mediante el
cual la CREMIL negó la reliquidación
de la prestación, en contra de los
intereses del tutelante, radicado: 2012-0105-01. Demandante: Reajustar la liquidación Se pidió la protección de los 11001-03-15-000-2015-00380-00
Jairo Jaraba de la asignación de retiro derechos fundamentales a la Tutela contra providencia judicial. Morales. del soldado Jairo Jaraba igualdad, al debido proceso y acceso
Morales, con el a la administración de justicia, En sentencia de 29 de abril de 2015, la
Demandados / incremento del 20 % del porque en sentencia de 22 de Sección Cuarta del CE amparó el derecho
tercero sueldo básico devengado septiembre de 2014, el Tribunal fundamental a la igualdad, dejó sin efectos
interviniente: y q u e s e incluyera el Administrativo de Antioquia declaró el fallo de segunda instancia del proceso
TA. Ant. – Juz. subsidio familiar como la falta de legitimación de la ordinario y dispuso que se dictara una
23 Admin. de partida computable. demandada en cuanto al incremento nueva decisión, pero solo en cuanto a que
Med. / CREMIL. salarial del 20 % y denegó las se reconociera el subsidio familiar como
pretensiones de nulidad y partida computable en la reliquidación de la
restablecimiento del derecho contra asignación de retiro.
el acto administrativo, mediante el
cual la CREMIL negó la reliquidación
de la prestación, en contra de los
intereses del tutelante, radicado: 05001-33-33-023-2013-00228-01. Demandante: Reajustar la liquidación Se pretendió la nulidad de los actos 85001-33-33-002-2013-00058-0180.
Luis Alberto de la asignación de retiro administrativos en los que la CREMIL Medio de control de nulidad y
Gutiérrez del soldado Luis Alberto no reconoció en favor del restablecimiento del derecho. García. Gutiérrez García con la demandante el subsidio familiar para
inclusión del subsidio efectos de la liquidación de su En sentencia de primera instancia, el
Demandado: familiar. asignación de retiro, en virtud del Juzgado Segundo Administrativo Oral de
CREMIL. parágrafo del artículo 13 del Decreto Yopal inaplicó el parágrafo del artículo 13
4433 de 2004. del Decreto 4433 de 2004, declaró la
nulidad de los actos administrativos
contenidos en los oficios demandados y
condenó a la CREMIL a reliquidar la
asignación de retiro del demandante con la
inclusión del subsidio familiar, según se
infiere del índice 15 de SAMAI y la
argumentación del recurrente en revisión81.
80
La información que se relaciona en el cuadro corresponde con las anotaciones e índices del sistema de
gestión judicial de SAMAI del radicado y el argumento que señaló el recurrente. Se precisa que la providencia
judicial de primera instancia no está cargada en el aplicativo.
81
Según el índice 24 de SAMAI el Tribunal Administrativo de Casanare revocó parcialmente la sentencia de
la primera instancia. Se precisa que la providencia judicial de segunda instancia no pudo ser consultada en
el aplicativo.
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Sujetos Objeto Causa Radicado –Decisión de la autoridad
juridicial79
Demandante: Reajustar la liquidación Se pretendió la nulidad del Oficio 05001-33-33-022-2013-00217-01. Wilmer Giovanni de la asignación de retiro 38193 del 9 de agosto de 2012 en el Medio de control de nulidad y
Agudelo Marín. del soldado Wilmer que la CREMIL no reconoció en favor restablecimiento del derecho. Giovanni Agudelo Marín, del demandante el subsidio familiar
Demandado: con la inclusión del para efectos de la liquidación de su En sentencia de segunda instancia de 16 de
CREMIL. subsidio familiar. asignación de retiro en virtud del octubre de 2014, la Sala Primera de
parágrafo del artículo 13 del Decreto Oralidad del Tribunal Administrativo de
4433 de 2004. Antioquia confirmó la declaratoria de
nulidad del acto administrativo contenido en
el oficio demandado y la condena a la
CREMIL de reliquidar la asignación de retiro
del demandante con la inclusión del
subsidio familiar. Demandante: Reajustar la liquidación Se pretendió la nulidad de los actos 15001-33-33-010-2017-00006-0182
José Wilson de la asignación de retiro administrativos en los que la CREMIL Medio de control de nulidad y
Monroy del soldado José Wilson no reconoció en favor del restablecimiento del derecho. Sarmiento. Monroy Sarmiento, con la demandante el subsidio familiar para
inclusión del subsidio efectos de la liquidación de su En sentencia de segunda instancia de 29 de
Demandado: familiar. asignación de retiro en virtud del junio de 2018 el Tribunal Administrativo de
CREMIL. parágrafo del artículo 13 del Decreto Boyacá confirmó la declaratoria de nulidad
4433 de 2004. del acto administrativo y condenó a la
CREMIL a reliquidar la asignación de retiro
del demandante con la inclusión del
subsidio familiar. [Según se advierte del
índice 13 de SAMAI y la argumentación del
recurrente en revisión]. Demandante: Reajustar la liquidación Se pretendió la nulidad de los Oficios 05001-33-33-010-2014-00243-01. César Alberto de la asignación de retiro 24694 de 26 de mayo de 2011 y Medio de control de nulidad y
Guevara Parra. del soldado César Alberto 32460 de 7 de julio de 2011, en los restablecimiento del derecho. Guevara Parra, con el fin que la CREMIL, para liquidar la
Demandado: de que el 70 % de la prestación, tomó el sueldo básico y En sentencia de 12 de agosto de 2015, la
CREMIL. fórmula contenida en el sumó la prima de antigüedad [38.5 Sala Tercera de Oralidad en Descongestión
artículo 16 del Decreto %]. Luego, dividió el resultado de del Tribunal Administrativo de Antioquia
4433 de 2004 se aplicara esa suma por el 70 % y no reconoció confirmó la declaratoria de nulidad de los
de manera correcta, y se en favor del demandante el subsidio actos administrativos contenidos en los
inaplicara el parágrafo del familiar para efectos de la liquidación oficios demandados, y la condena a la
artículo 13 ejusdem, esto de su asignación de retiro en virtud CREMIL de reliquidar la asignación de retiro,
es, que en la reliquidación del parágrafo del artículo 13 del esto es, aplicar el 70 % al salario básico y
se incluyera el subsidio Decreto 4433 de 2004. adicionando las partidas en un 38.5 % sobre
familiar. la prima de antigüedad y el subsidio familiar. Demandante: Reajustar la liquidación Se pretendió la nulidad de los Oficios 19001-23-33-000-2014-00128-01.
José Henry de la asignación de retiro 49585 de 9 de octubre de 2012 y Medio de control de nulidad y
Casso. del soldado José Henry 59051 de 21 de noviembre de 2012, restablecimiento del derecho
Casso, con el fin de que en los que la CREMIL aplicó el
Demandado: se aplicara el incremento incremento del salario en el 40 %, En sentencia de 10 de mayo de 2018, la
CREMIL. del 20 % del sueldo sin tener en cuenta que el soldado Subsección A de la Sección Segunda del
básico devengado –inciso pasó de ser voluntario a profesional, CE confirmó la declaratoria de nulidad de
segundo del artículo 1.º tomó ese sueldo básico y sumó la los actos administrativos demandados y la
del Decreto 1794 de prima de antigüedad [38.5 %], luego, condena a la CREMIL de reajustar la
2000–. Que el 70 % de la dividió el resultado de esa suma por liquidación de la asignación de retiro del
fórmula contenida en el el 70 % y no reconoció en favor del demandante, conforme con los artículos 16
artículo 16 del Decreto demandante el subsidio familiar para del Decreto 4433 de 2004 y el inciso
4433 de 2004, se aplicara efectos de la liquidación de su segundo del artículo 1.º del Decreto 1794
de manera correcta, y se asignación de retiro en virtud del de 2000, esto es, que se debía aplicar el 70
inaplicara el parágrafo del parágrafo del artículo 13 del Decreto % del salario mensual, incrementado en un
artículo 13 ejusdem, esto 4433 de 2004. 60 %), adicionado con el (38.5 %) de la
es, que en la reliquidación prima de antigüedad. Asimismo, se dispuso
se incluyera el subsidio la inaplicación del parágrafo del artículo 13
familiar. del Decreto 4433 de 2004, con el fin de que
se incluyera el subsidio familiar como
partida computable. Demandante: Reajustar la mesada de la Se pidió la protección de los 11001-03-15-000-2011-00725-00. Jorge Enrique asignación de retiro del derechos fundamentales al debido Tutela contra providencia judicial. Vargas Peñuela. Coronel de la Fuerza proceso, a la igualdad y a la
Aérea Colombiana, Jorge seguridad social, dado que, en En sentencia de 27 de julio de 2011, la
Enrique Vargas Peñuela sentencia de 7 de abril de 2011, la Subsección B de la Sección Segunda del
de conformidad con el Subsección C de la Sección CE amparó los derechos al debido proceso
82
La información que se relaciona en el cuadro corresponde con las anotaciones e índices del sistema de
gestión judicial de SAMAI del radicado y el argumento que señaló el recurrente. Se precisa que la providencia
judicial no está cargada en el aplicativo.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Sujetos Objeto Causa Radicado –Decisión de la autoridad
juridicial79
Demandados / IPC para los años 2002 a Segunda del Tribunal Administrativo e igualdad, dejó sin efectos el fallo de
tercero 2008 –artículos 1.° de la de Cundinamarca revocó la segunda instancia del proceso ordinario en
interviniente: Ley 238 de 1995, 14 y providencia de 15 de septiembre de cuanto declaró prescrito el derecho del
Sub. C –Sec. 279 de la Ley 100 de 2010 del Juzgado 18 Administrativo accionante para reclamar el reajuste de su
2.ª– TA. Cund. / 1993, en lugar del del Circuito de Bogotá que accedió asignación de retiro y ordenó dictar una
CREMIL. efectuado en virtud del parcialmente a las súplicas de la nueva decisión dado que el fenómeno de la
principio de oscilación del acción de nulidad y restablecimiento prescripción cuatrienal opera sobre las
Decreto 1211 de 1990. del derecho. En su lugar, la segunda mesadas más no sobre el reajuste como tal
instancia declaró la prescripción del y, en ese sentido, si bien no se puede pagar
derecho al reajuste de la prestación la diferencia de las mesadas pensionales
y denegó las pretensiones de la prescritas, dichos conceptos sí deben ser
demanda, en contra de los intereses utilizados como base para la liquidación de
del tutelante, radicado: 11001-33- las posteriores al año 2005 que se
31-018-2010-00125-01. liquidaron con fundamento en el principio de
oscilación que retomó el Decreto 4433 de
2004. Demandante: Reajustar la asignación Se pidió la protección de los 11001-03-15-000-2012-00314-00. Alba María de retiro del señor Luis derechos fundamentales al debido Tutela contra providencia judicial. Rivera de Muñoz Enrique Muñoz Castro– proceso, a la igualdad, a la
–cónyuge prestación frente a la cual seguridad social y acceso a la En sentencia de 29 de marzo de 2012, la
sobreviviente del es beneficiaria la señora administración de justicia de la Subsección B de la Sección Segunda del
señor Luis Alba María Rivera de beneficiaria de la prestación, porque CE amparó el derecho a la seguridad social
Enrique Muñoz Muñoz por sustitución en la sentencia de 22 de julio de de la beneficiaria de la sustitución
Castro. pensional–, de 2011, la Subsección C de la Sección pensional, dejó sin efectos el fallo de
conformidad con el IPC Segunda del Tribunal Administrativo segunda instancia del proceso ordinario en
Demandados: para los años 1999 y de Cundinamarca revocó la cuanto declaró prescrito el derecho para
Sub. C, Sec. 2.ª, 2001 a 2003 –artículos providencia de 25 de marzo de 2010 reclamar el reajuste de la asignación de
TA. Cund. – Juz. 1.° de la Ley 238 de 1995, del Juzgado Dieciocho retiro y ordenó dictar una nueva decisión
18 Admin. de 14 y 279 de la Ley 100 de Administrativo del Circuito de Bogotá dado que la autoridad judicial incurrió en
Bogotá –– Min. 1993–, en lugar del que accedió parcialmente a las defecto sustantivo porque aplicó
Defensa – efectuado en virtud del súplicas de la acción de nulidad y erradamente el término de prescripción
Policía Nacional principio de oscilación del restablecimiento del derecho. En su cuatrienal y dispuso que no había derecho
– CREMIL. Decreto 1211 de 1990. lugar, la segunda instancia declaró al reconocimiento, sin embargo, el derecho
la prescripción del derecho al al incremento se causó y por tanto el
reajuste de la asignación de retiro y incremento porcentual incidía en las
denegó las pretensiones de la mesadas futuras.
demanda, en contra de los intereses
del tutelante, radicado: 11001-33-
31-018-2010-00107-01. Demandante: Reajustar la asignación Se pidió la protección de los 11001- 03 15 000 -2012-00317-00. Manuel Salvador de retiro del Capitán de derechos fundamentales al debido Tutela contra providencia judicial. Arroyave Ochoa. Corbeta, Manuel proceso y a la igualdad, porque en
Salvador Arroyave sentencia de 12 de octubre de 2011, En sentencia de 3 de mayo de 2012, la
Demandados:
Ochoa, de conformidad el Tribunal Administrativo del Subsección B de la Sección Segunda del
TA Atl. –Juz 4.º con el IPC para los años Atlántico confirmó la providencia de CE amparó los derechos al debido proceso
Admin. de 1997, 1999 y 2001 a 2004 14 de abril de 2011 del Juzgado e igualdad, dejó sin efectos el fallo de
Barranquilla –– –artículos 1.° de la Ley Cuarto Administrativo del Circuito de segunda instancia del proceso ordinario en
CREMIL. 238 de 1995, 14 y 279 de Barranquilla que negó las súplicas cuanto confirmó la prescripción del derecho
la Ley 100 de 1993, en de la acción de nulidad y para reclamar el reajuste de la asignación
lugar del efectuado en restablecimiento del derecho. En su de retiro y ordenó dictar una nueva decisión
virtud del principio de lugar, declaró la prescripción del dado las autoridades judiciales no hicieron
oscilación del Decreto derecho al reajuste de la asignación el análisis de la incidencia que un reajuste
1211 de 1990. de retiro y denegó las pretensiones del IPC hasta el año 2004 puede tener en la
de la demanda, en contra de los base de la asignación a partir del año 2005
intereses del tutelante, radicado: de cara a las postura jurisprudencial del CE
2010-00306-01. con miras a concluir si efectivamente en su
situación ello no tenía relevancia a partir del
año 2005.
Demandante: Reajustar la asignación Se pidió la protección de los 11 001-03-15-000-2011-01741-01.
Juan Alfonso de retiro de Juan Alfonso derechos fundamentales al debido Tutela contra providencia judicial.
Fierro Manrique Fierro Manrique, de proceso y a la igualdad, porque en
conformidad con el IPC, sentencia de 26 de agosto de 2011, En sentencia de 31 de mayo de 2012, la
Demandados: para los años 1997 a el Tribunal Administrativo de Bolívar Sección Cuarta del CE confirmó el amparó
TA Bol. –– Juz. 2009 –artículos 1.° de la confirmó la providencia de 16 de de los derechos al debido proceso e
2.º Admin. de Ley 238 de 1995, 14 y diciembre de 2010 del Juzgado igualdad, mantuvo la decisión de dejar sin
Cartagena – 279 de la Ley 100 de Segundo Administrativo del Circuito efectos el fallo de segunda instancia del
CREMIL. 1993, en lugar del de Cartagena que accedió proceso ordinario en cuanto declaró la
efectuado en virtud del parcialmente a las súplicas de la prescripción del derecho para reclamar el
principio de oscilación del acción de nulidad y restablecimiento reajuste de la asignación de retiro y ordenó
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28
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
Sujetos Objeto Causa Radicado –Decisión de la autoridad
juridicial79
Decreto 1211 de 1990. del derecho, pero en la que se dictar una nueva decisión dado que se
declaró la prescripción del derecho incurrió en defecto por desconocimiento del
al reajuste de la asignación de retiro, precedente jurisprudencial, por cuanto el
en contra de los intereses del despacho judicial accionado no aplicó la
tutelante, radicado: 2009-00359-01. posición de esta corporación, según la cual,
a pesar de que la diferencia reconocida en
los incrementos de las asignaciones de
retiro esté prescrita, la misma debe ser
tenida en cuenta como base la liquidación
de las mesadas posteriores. Demandante: Reajustar el monto de la Se pretendió la nulidad del Oficio 25000-23-25-000-2010-00901-01
Luis Alberto mesada de la asignación 49546 -37198 de 23 de julio de 2010, Acción de nulidad y restablecimiento del
Sánchez Reyes. de retiro del Coronel del en el que la CREMIL negó el reajuste derecho. Ejército, Luis Alberto de la asignación de retiro del
Demandado: Sánchez Reyes, de demandante, toda vez que la En sentencia de 2 de agosto de 2012, la
CREMIL. conformidad con el IPC, aplicación del principio de oscilación Subsección B de la Sección Segunda del
para los años 1999 a resulta inferior al resultado del CE confirmó parcialmente la decisión que
2010 –artículos 1.° de la realizado conforme con el IPC, en accedió a las pretensiones de nulidad y
Ley 238 de 1995, 14 y detrimento del poder adquisitivo de la restablecimiento del derecho, dado que era
279 de la Ley 100 de prestación del demandante. más favorable para el demandante el
1993, en lugar del reajuste de la asignación de retiro con
efectuado en virtud del fundamento en el IPC –Ley 100 de 1993–
principio de oscilación del para los años 1997 a 2004, en lugar de la
Decreto 1211 de 1990. oscilación prevista en el Decreto 1211 de
1990. No obstante, se precisó que la
prescripción que opera es la cuatrienal y no
la trienal, en ese sentido, las mesadas
causadas, con anterioridad al 25 de junio de
2006, eran las prescritas y no las del año
2007 como lo declaró la primera instancia
porque la disposición aplicable era el
artículo 174 del Decreto 1211 de 1990. Demandante: Reajustar el monto de la Se pretendió la nulidad del Oficio 25000-23-25-000-2010-00511-01. Campo Elías mesada de la asignación 49546 -37198 de 23 de julio de 2010, Acción de nulidad y restablecimiento del
Ahumada de retiro del Brigadier en el que la CREMIL negó el reajuste derecho. Contreras. General de la Fuerza de la asignación de retiro del
Aérea, Campo Elías demandante, toda vez que la En sentencia de 15 de noviembre de 2012,
Demandado: Ahumada Contreras, de aplicación del principio de oscilación la Subsección B de la Sección Segunda del
CREMIL. conformidad con el IPC, resulta inferior al resultado del CE confirmó la decisión que accedió a las
para los años 1997, 1999 realizado conforme con el IPC, en pretensiones de nulidad y restablecimiento
y 2001 a 2004 –artículos detrimento del poder adquisitivo de la del derecho, dado que era más favorable
1.° de la Ley 238 de 1995, prestación del demandante. para el demandante el reajuste de la
14 y 279 de la Ley 100 de asignación de retiro con fundamento en el
1993, en lugar del IPC –Ley 100 de 1993– para los años 1997
reajuste efectuado en a 2004, en lugar de la oscilación prevista en
virtud del principio de el Decreto 1211 de 1990. No obstante, se
oscilación del Decreto precisó que la prescripción que opera es la
1211 de 1990. cuatrienal y no la trienal, porque la
disposición aplicable era el artículo 174 del
Decreto 1211 de 1990.4
Demandantes: Reconocimiento y pago Se pretendió la nulidad de la 05001-23-33-000-2013-00741-01. Dora Alicia de la pensión de Resolución 5383 de 27 de julio de Medio de control de nulidad y
Campo Correa y sobrevivientes, en calidad 2012 del Ministerio de Defensa restablecimiento del derecho.
Luis Ángel de padres sobrevivientes Nacional que negó el
Correa Quintero del suboficial del Ejército, reconocimiento de pensión de En sentencia de unificación jurisprudencial,
Ever Alonso Correa sobrevivientes, con fundamento en por importancia jurídica, SU-CE-SUJ-SII-
Demandado: Campo fallecido en el artículo 8.º del Decreto 2728 de 013-2018 de 4 de octubre de 2018, la
Min. Defensa – combate en el año de 1968, la Ley 131 de 1985 y el artículo Sección Segunda del Consejo de Estado
Ejército 1998. 22 del Decreto 4433 de 2004, en sentó las reglas jurisprudenciales en
Nacional. consideración a que no se causó el materia pensional de los soldados
derecho a tal prestación ni era voluntarios fallecidos por causa de heridas
aplicable el régimen general para el o accidente aéreo en combate o por acción
reconocimiento de la prestación directa del enemigo, bien sea en conflicto
contenido en la Ley 100 de 1993 y internacional o en mantenimiento del orden
797 de 2003. público, antes del 7 de agosto de 2002
(dado el vacío normativo que existía en la
materia), igualmente, que no había lugar a
descuentos de lo pagado por concepto de
compensación y cesantías dobles a sus
beneficiarios en virtud del Decreto 2728 de
1968 y se determinó que «el término
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
Sujetos Objeto Causa Radicado –Decisión de la autoridad
juridicial79
prescriptivo que debe atenderse en relación
con las mesadas pensionales, es el
cuatrienal de acuerdo con lo señalado en el
régimen propio de las Fuerzas Militares
(artículo 169 del Decreto 095 de 1989 y
artículo 174 del Decreto 1211 de 1990». En
el caso concreto, se concluyó que los
demandantes tienen derecho, al
reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes.
Demandante: Reajustar la liquidación Se pretendió la nulidad del Oficio 15001-33-33-009-2015-00013-0183
Melquisedech de la asignación de retiro 70348 de 10 de septiembre de 2014, Medio de control de nulidad y
Silva. del soldado, en el que la CREMIL aplicó el restablecimiento del derecho.
Melquisedech Silva, con incremento del salario en el 40 %,
Demandado: el fin de que se aplicara el sin tener en cuenta que el soldado En sentencia de 14 de noviembre de 2017,
CREMIL. incremento del 20 % del pasó de ser voluntario a profesional, la Sala de Decisión Primera del Tribunal
sueldo básico devengado tomó ese sueldo básico y sumó la administrativo de Boyacá confirmó la
–inciso segundo del prima de antigüedad [38.5 %], luego, declaratoria de nulidad del acto
artículo 1.º del Decreto dividió el resultado de esa suma por administrativo demandados y la condena a
1794 de 2000–. Que el 70 el 70 % y no reconoció la duodécima la CREMIL de reajustar la liquidación de la
% de la fórmula contenida parte de la prima de navidad como asignación de retiro del demandante,
en el artículo 16 del factor computable para efectos de la conforme con los artículos 16 del Decreto
Decreto 4433 de 2004, se liquidación de su asignación de 4433 de 2004 y el inciso segundo del
aplicara de manera retiro, en virtud del parágrafo del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, esto
correcta, y se inaplicara el artículo 13 del Decreto 4433 de es, que se debía aplicar el 70 % del salario
parágrafo del artículo 13 2004. mensual, incrementado en un 60 %),
ejusdem, esto es, que en adicionado con el (38.5 %) de la prima de
la reliquidación se antigüedad. Asimismo, se dispuso la
incluyera la duodécima inaplicación del parágrafo del artículo 13 del
parte de la prima de Decreto 4433 de 2004, con el fin de que se
navidad. incluyera la duodécima parte de la prima de
navidad como factor computable.
Vista la información que se ilustra en el cuadro anterior, la Sala debe resaltar que
se planteó la cosa juzgada respecto de sentencias que si bien se profirieron con
anterioridad a la que se busca infirmar, lo cierto es que, como se observa,
ninguna guarda identidad de partes ni causa en relación con la sentencia de 25
de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda de esta corporación; por
consiguiente, bajo el entendido de que los requisitos de la triple identidad
procesal (partes, objeto y causa petendi) deben ser concurrentes, la Sala
concluye que en el caso sub examine no está acreditado el supuesto de revisión
que señala el numeral 8.º del artículo 250 del CPACA.
En efecto, el señor Julio César Benavides Borja no fue extremo procesal en
ninguno de los trámites que invocó. Por tanto, para la Sala es claro que el
elemento subjetivo para la configuración de la cosa juzgada no se cumple en el
presente asunto.
Ahora bien, en cuanto al objeto, es cierto que hay similitud en que lo pretendido
en algunos de esos asuntos fue la reliquidación de la asignación de retiro de
soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales con la inclusión del subsidio
familiar como partida computable, es decir, el objeto del litigio coincide con el
planteado por el soldado Julio César Benavides Borja, sin embargo, no se
advierte la identidad de causa, pues, en el radicado 85001-33-33-000-2013-
83
Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el recurrente citó apartes de la decisión
correspondiente al radicado 15001-33-33-009-2015-00013-01 e indicó el enlace digital del del Boletín núm.
84 del Tribunal Administrativo de Boyacá en donde se pudo consultar el contenido de la decisión judicial,
páginas 7 a 9 del recurso extraordinario de revisión.
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Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
00237-01, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta corporación se pronunció
en punto al análisis de la legalidad de los oficios 16898 de 16 de abril y 27950 de
7 de junio, ambos, del año 2012 de la CREMIL.
Es decir, el caso del señor Julio César Benavides Borja comportó el juicio de
legalidad contra el acto administrativo que afectó su situación particular,
individual y concreta, de acuerdo con las previsiones del artículo 138 del CPACA84.
A su turno, los procesos que él citó como referente para declarar la cosa juzgada,
versaron sobre situaciones fácticas semejantes más no idénticas, pues actuaron
otros demandantes, los actos administrativos acusados son diferentes a pesar de
que persiguieran objetos similares. Incluso, la mayoría de las providencias,
corresponden a decisiones de tutela que afectaron solo a los encausados en
dichos trámites en concreto y respecto de las situaciones jurídicas que en cada
caso se determinó, pero no modificaron de manera alguna la situación del aquí
recurrente.
Debe precisarse que la sentencia de 25 de abril de 2019 unificó varios de los
puntos en derecho frente a los criterios que, como los aplicados en las sentencias
invocadas por el aquí demandante, eran divergentes en punto al reconocimiento
del subsidio familiar como factor computable para la liquidación de retiro, pero
que finalmente adoptó como regla de unificación que no lo era para «[l]os
soldados profesionales que causen su derecho a la asignación de retiro a partir
de julio de 2014», como en el caso del recurrente, es decir, que si bien algunos
de esos asuntos pueden tener semejanza en cuanto a las normas, argumentos y
supuestos fácticos y jurídicos, lo cierto es que a partir de la decisión que se
recurre, las discrepancias que se presentaban en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo fueron zanjadas, entre otros, en lo que tiene que ver con los
factores salariales que se deben tener en cuenta para dicha liquidación y la regla
de prescripción aplicable para ese supuesto.
Asimismo, se observa que frente a las situaciones semejantes que se
consolidaron con anterioridad a la ejecutoria de las reglas de unificación allí
adoptadas, es decir, en los asuntos ya definidos en sede judicial como en algunos
de los casos expuestos por señor Julio César Benavides Borja, la sentencia que
se controvierte dejó a salvo dichas situaciones jurídicas, precisamente, en virtud
del respeto a la institución de la cosa juzgada, tal y como se puede observar del
numeral cuarto de su parte resolutiva.
En esta medida, a juicio de la Sala, no le bastaba al recurrente ofrecer
argumentos con la afirmación de que los casos expuestos son idénticos en
cuanto se discutieron los mismos derechos y aquellos fueron reconocidos, sino
que, para entender por configurada la causal alegada de la cosa juzgada, le
resultaba forzoso demostrar que la situación jurídica definida en alguno de los
procesos que relacionó guardaba identidad de sujeto y causa.
84
La nulidad y restablecimiento del derecho es un medio de control de naturaleza subjetiva, individual,
temporal y desistible, a través del cual la persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una
norma jurídica, como efecto de la vigencia de un acto administrativo viciado, puede solicitar que se declare
la nulidad del mismo y que como consecuencia, se le restablezca su derecho o se repare el daño. Es decir,
difiere de aquellos medios de control de carácter público, como el previsto en la Ley 472 de 1998.
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Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
Ahora bien, para la Sala la inconformidad del recurrente realmente se centra en
que la decisión proferida el 25 de abril de 2019 por la Sección Segunda del
Consejo de Estado no valoró unas pruebas, desconoció el precedente y,
particularmente, no tuvo en cuenta otros casos en los que se resolvió de forma
favorable las pretensiones de los actores en punto al reconocimiento del subsidio
familiar y la duodécima parte de la prima de navidad como partidas computables
para la asignación de retiro de los soldados profesionales, lo cual escapa al objeto
de la causal invocada.
Al respecto, se advierte que el disenso en la valoración probatoria o el
desconocimiento del precedente no constituyen variantes que puedan ventilarse
bajo la causal del numeral 8.º del artículo 250 del CPACA, y que en este trámite no
se logró demostrar que sobre el asunto en discusión existiera cosa juzgada. Por
el contrario, lo pretendido por el actor es que se emita un nuevo pronunciamiento
sobre el fondo del asunto porque considera que el juez de instancia debió haber
resuelto de forma favorable sus pedimentos, lo que conlleva a que el recurso
extraordinario de revisión se convierta en una «tercera instancia»85 para debatir
la posición de unificación que en criterio de la parte vencida debió adoptarse en
el proceso, de esto último, da cuenta el hecho de que por esta vía pretende el
reconocimiento de la duodécima parte de la prima de navidad como partida
computable, sin embargo, el reconocimiento de dicho factor no lo propuso en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó el 14 de
noviembre de 2012.
Por las anteriores razones, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión, en la medida que no se evidencia el cumplimiento de los
presupuestos para la configuración de la causal prevista en el numeral 8.º del
artículo 250 del CPACA.
2.4. Conclusión
La Sala no encontró acreditada la causal 8.ª de revisión prevista en el artículo
250 del CPACA, «[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada», invocada por la parte actora, toda vez que, en el caso
concreto no concurren los requisitos necesarios para su configuración.
2.5. Costas
La Ley 2080 de 2021, por medio de su artículo 70, modificó el artículo 255 del
CPACA y en cuanto al recurso dispuso que «si se declara infundado el recurso, se
condenará en costas y perjuicios al recurrente». A su vez, el artículo 86 ejusdem,
relativo a la vigencia, indica que las reformas procesales allí establecidas,
prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de
85
En este sentido puede consultarse la sentencia de 9 de diciembre de 2022, de esta Sala Especial de
Decisión, radicado n.º 11001-03-15-000-2021-05107-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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su publicación –25 de enero de 2021–. Por tanto, como el recurso extraordinario
se presentó el 16 de febrero de 2021, para la Sala es aplicable al presente asunto
la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 al artículo 255 de la Ley 1437
de 2011, como quiera que, para la fecha de presentación del recurso, ya estaba
en vigor la nueva ley.
Así las cosas, bajo una interpretación armónica que permita determinar el
alcance de la condena en costas dentro del recurso extraordinario de revisión, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho. En ese sentido, solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el
artículo 365, numeral 8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación».
En el caso concreto, la Sala advierte que no procede la condena en costas por
concepto de expensas y gastos procesales porque no aparece demostrado en el
expediente que la parte demandada hubiere incurrido en dichos pagos. En cuanto
al componente de agencias en derecho, debe señalarse que, aunado a que el
recurso se declarará infundado, uno de los extremos de la parte pasiva, esto es,
la CREMIL compareció al proceso dentro de la oportunidad legal con el fin de
oponerse, ejerció su derecho de defensa y realizó solicitudes probatorias (índice
55 de SAMAI). Por tanto, la Sala estima que la gestión de la caja en este proceso
resulta suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho a su
favor, a título compensatorio86 frente a los esfuerzos en el tiempo, dedicación,
vigilancia y diligencia que le demandó, en su calidad de extremo pasivo, el hecho
de contestar el presente recurso, sumado a la naturaleza y duración de esta
causa procesal, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 365 y 366 del
CGP.
Realizadas las precisiones anteriores, conviene indicar que, al ser un proceso de
única instancia ante esta corporación, la liquidación de las costas será realizada
por la Secretaría General, de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo
36687 del CGP. Asimismo, según el numeral 4.º del artículo 366 del ejusdem, para
la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Al respecto, el Acuerdo n.º PSAA16-10554 de
2016, dispuso lo siguiente:
86
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión,
sentencia de 6 de agosto de 2019 en donde se precisó que «la función de las agencias en derecho es la de
otorgar a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión procesal que realizó»,
radicación n.º 15001-33-33-007-2017-00036-01, revisión eventual, M.P. Rocío Araújo Oñate.
87
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto
por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al
juez aprobarla o rehacerla. [...]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […] 6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que
resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se
hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de
obedecimiento al superior, según el caso».
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial
tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas
por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por
el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que
permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan
desconocer los referidos límites.
[…]
Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
[...] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. [...] (énfasis añadido por la Sala).
En consecuencia, se fijarán las agencias en derecho en favor del Ministerio de
Educación Nacional y a cargo del recurrente: en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente –SMMLV– a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
V. FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Julio César Benavides Borja por la causal 8.ª del artículo 250 del
CPACA, contra la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de abril de 2019
del pleno de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de acuerdo con lo
expresado en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Condenar en costas, por el componente de agencias en derecho, al
señor Julio César Benavides Borja y en favor de la CREMIL, de acuerdo con lo
expuesto en esta sentencia.
Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, la cual
deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo del recurrente.
Cuarto: En firme esta providencia, el expediente deberá regresar al despacho
del magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la
Secretaría General del Consejo de Estado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente de la Sala
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-00651-00
Demandante: Julio César Benavides Borja
MILTON CHAVES GARCÍA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado
Salva parcialmente el voto
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada
Ausente con permiso
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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