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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06810-00

Fecha
25 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06810-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Primero: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 22 de agosto de 2024 por la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 25000-23-42- 000-2019-00849-01. Segundo: CONDENAR en costas a la parte recurrente por concepto de agencias en derecho a la suma equivalente a 2 SMLMV, uno para cada una de las entidades que intervino como parte contraria en el proceso, esto es, uno para la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional y otro, para la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional- CASUR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. La liquidación, se llevará a cabo por la Secretaría General del Consejo de Estado. 42 «Artículo 5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.L.M.V.» 24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Recurrente: Faiber Hugo Martínez Jiménez Radicado: 11001-03-15-000-2025-06810-00 Tercero: Por Secretaría General, archívese el expediente previas las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06810-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

25 de febrero de 2026

Recurrente: Faiber Hugo Martínez Jiménez
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06810-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 6

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06810-00
Recurrente: FAIBER HUGO MARTÍNEZ JIMÉNEZ

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso extraordinario de revisión
formulado por el señor Faiber Hugo Martínez Jiménez, mediante apoderado, contra
la providencia del 22 de agosto de 2024, a través de la cual la Subsección B, de la
Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida, el 10 de
agosto de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda ordinaria

1. El señor Faiber Hugo Martínez Jiménez, a través de apoderado, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR) ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, con el fin de que se declararan nulos los oficios No. S-
2018 068124/ANOPA-GRULI-1.10 del 21 de diciembre de 2018, mediante el cual la
Policía Nacional negó el reajuste de la asignación mensual, cesantías y demás
prestaciones sociales de enero a diciembre de 2004, así como del salario pagado a
partir de enero de 2005 y hasta la fecha de retiro; y No. E-00001-201904239-
CASUR del 17 de febrero de 2019, por medio del cual CASUR negó el reajuste de
la asignación de retiro.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió: (i) reconocer el incremento
entre la asignación mensual pagada por la entidad de enero a diciembre de 2004 y
la que realmente correspondía por ajuste de actualización con base en el IPC del
2003 conforme a la de un oficial en el grado de general o almirante, así como el
reajuste de los subsidios, primas, compensaciones y prestaciones computables
1

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como base de liquidación en la asignación mensual; (ii) pagar el incremento de la
diferencia entre el salario reconocido a partir de 2005 hasta la fecha de retiro, de
acuerdo al IPC entre los años 1992 y 2004 conforme a la de un oficial en el grado
de general o almirante así como el reajuste de las primas, compensaciones y demás
prestaciones computables como base de liquidación en la asignación mensual; (iii)
liquidar el reajuste de salarios y prestaciones sociales a partir de 2004 con los
nuevos valores; (iv) corregir la hoja de servicios con el fin de evidenciar el
incremento por ajuste de asignación básica y reajustar la asignación de retiro; (v) el
pago de 100 SMLMV1 por concepto de daño moral; (vi) el pago de la sanción
moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006; y (vii) el 25% sobre el
valor total de la sentencia a título de daño emergente.

3. En relación con la situación fáctica, el demandante señaló que ingresó a la
Policía Nacional el 2 de noviembre de 1990 como oficial en el grado de subteniente
y el 30 de agosto de 2018 fue retirado del servicio activo en el grado de coronel.

4. Enfatizó que el 13 de junio de 2017, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR), le reconoció la asignación de retiro mediante la hoja de servicios
No. 10549281.

5. El 6 de diciembre de 2018, el actor solicitó al Ministerio de Defensa, Policía
Nacional y CASUR el pago de la diferencia entre la asignación reconocida desde el
1 de enero de 2004 y las que correspondían por ajustes de actualización conforme
al IPC de 1992 al 2004 y el reajuste de su asignación de retiro; no obstante, las
peticiones fueron negadas a través de los actos acusados.

6. Como fundamento de sus pretensiones señaló que, por medio de la sentencia
C-931 de 2004, la Corte Constitucional ordenó al gobierno Nacional y al Congreso
de la República realizar el pago de los reajustes salariales de los servidores públicos
antes de que terminara la vigencia fiscal de 2004 y que a partir de 2005 debía
efectuarse el reconocimiento pleno de la actualización con miras a mantener el
poder adquisitivo del salario.

7. A juicio del actor las entidades demandadas desconocieron el artículo 271 de
la Ley 1450 de 2011 que busca reducir la litigiosidad en torno a los asuntos
relacionados con asignaciones salariales y asignaciones de retiro correspondiente
al IPC.

8. Recordó que la asignación básica de un oficial en el grado de general
corresponde al punto de partida para fijar los sueldos de los oficiales, suboficiales y
miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública, sin embargo, el
gobierno Nacional no fijó valoración de la asignación básica del oficial en el grado
general, solo continuó dando aplicación al sueldo de ese cargo en concreto y dejó
de establecer el porcentaje que le correspondía a cada grado.

1 Salario mínimo legal mensual vigente.

2

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9. Explicó que con el Decreto 921 de 1992 se modificó el porcentaje previsto en
el Decreto 335 de 1992 y estableció una disminución del 40% al 31%, razón por la
cual, independientemente del porcentaje asignado, debía tenerse en cuenta que el
sueldo de un oficial en el grado de general o almirante correspondía a la
remuneración mensual de los ministros de despacho por concepto de asignación
básica y gastos de representación.

10. Afirmó que, conforme a lo dispuesto en la sentencia de la Corte
Constitucional para actualizar el salario de los todos los servidores públicos,
incluidos los integrantes de la Fuerza Pública, era necesario actualizar la asignación
básica y gastos de representación fijados para los ministros de despacho conforme
al IPC acumulado.

11. Sostuvo que las entidades demandas desconocieron las normas
constitucionales y legales que rigen la materia, pues aplicaron un aumento por
debajo de la inflación causada.

1.2. Contestaciones

12. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional guardaron silencio en esta etapa procesal.

1.3. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, mediante sentencia del 10 de agosto de 2023, negó las pretensiones de la
demanda, en resumen, por los siguientes argumentos:

14. Aclaró que no se puede asimilar el régimen de servicio activo, que se trata
de un reconocimiento del valor del trabajo del funcionario, con el régimen del
pensionado retirado, pues este último se compone de los aportes efectuados que
busca garantizar un ingreso proporcional al que se venía devengado.

15. Resaltó que entre 1997 y 2004 el recurrente se encontraba en servicio activo,
de manera que no devengaba asignación de retiro o pensión para los cuales
procedía el ajuste con base en el IPC.

16. Asimismo, precisó que la asignación básica, sujeta a escala gradual, de los
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, no se puede
modificar por medio de una decisión judicial, dado que con ello se alteraría el
presupuesto nacional «por cuanto ello implicaría una clara interferencia de la
reserva competencial de las ramas del poder público»2. Por ende, la legalidad de
los decretos que mencionan las tasas salariales de los servidores públicos solo
puede ser cuestionados a través de las acciones previstas por el legislador.

2 Samai, índice No. 02.

3

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17. Explicó que el menoscabo de la capacidad adquisitiva del personal activo de
la Fuerza Pública, no se puede basar en la comparación del incremento aplicado
con el IPC, sino del estudio de los criterios que fueron utilizados para desarrollar las
políticas del Congreso y de los límites del Ejecutivo, al no poder decidir sobre el
monto del gasto público.

18. Puntualizó que en la sentencia de la Corte Constitucional C- 931 de 2004 no
se estudió la manera en la que se debe ejecutar el incremento salarial de los
miembros de la Fuerza Pública, ni se sostuvo que la asignación básica con respecto
al personal en servicio activo debe incrementarse de acuerdo con el IPC certificado
por el DANE.

19. Comentó que el Consejo de Estado ha explicado que quien obtenga la
asignación de retiro después del 1 de enero de 2005, no está cobijado ni por la Ley
100 de 1993 ni por la Ley 238 de 1995, de manera que no le aplica el derecho al
reajuste de su asignación de retiro conforme al IPC más aún si se tiene en cuenta
que se encontraba en servicio activo.

20. De otra parte, el recurrente solicitó la inaplicación de los decretos salariales
del gobierno Nacional desde 2004 por inconstitucionalidad, no obstante, el Tribunal
afirmó que no existe una oposición a la Constitución Política, puesto que el
mantenimiento del poder adquisitivo del salario no es un derecho absoluto y puede
ser limitado de acuerdo con el monto del salario. Así las cosas, indicó que no se
logró desvirtuar que la asignación básica del señor Martínez Jiménez fuese
incrementada en un porcentaje inferior al IPC.

21. Por último, aclaró que el argumento desarrollado en los alegatos de
conclusión relacionado con la aplicación del ajuste final de todos los salarios,
teniendo en cuenta la Ley 54 de 1962, no podía ser analizado en tanto no fue
expuesto en el escrito inicial de la demanda.

1.4. Recurso de apelación

22. La parte accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia con base en lo siguiente:

23. Argumentó que el problema jurídico mencionado en el primer fallo no se
encuentra aterrizado al contexto legal y al ámbito jurisprudencial. Lo anterior, por
cuanto el a quo no tuvo en cuenta la sentencia C- 931 de 2004 de la Corte
Constitucional.
24. Reiteró que el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario de los
servidores públicos es aplicable a quienes se les limitó el derecho y en tal sentido,
se debe reconocer para mantener dicho poder adquisitivo.

25. Sostuvo que, en la sentencia de primera instancia, se desconoció la Ley 4 de
1992 que contempla los criterios que debe considerar el gobierno Nacional para la
4

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fijación del régimen salarial y prestacional, así como la mención de la política salarial
de aumento y actualización de salarios, y tampoco tuvo en cuenta el régimen
especial salarial, prestacional y de asignación de retiro que tenían los integrantes
de la Fuerza Pública.

26. De la misma forma, sostuvo que el a quo omitió que la Corte Constitucional
ordenó al Congreso de la República y al gobierno Nacional reconocer la
actualización del salario de acuerdo con el índice acumulado de la inflación, de
manera que debía tenerse en cuenta los gatos básicos y gastos de representación
del ministro3.

27. Aclaró que lo pretendido no obedece a la aplicación del principio de
favorabilidad, ni de ajuste de asignación de retiro conforme a lo previsto en la Ley
100 de 1993, sino que existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional que no
puede ser desconocido por las autoridades judiciales y por ello la sentencia de
primera instancia incurrió en un defecto sustantivo.

28. Afirmó que se debía estudiar si lo condicionado en la sentencia C- 931 de
2004 era la exequibilidad de la Ley 848 de 2003 y los decretos que mencionaron las
remuneraciones ordenadas a actualizar, así como si lo ordenado fue ejecutado por
el gobierno Nacional y de qué manera.

29. Por otro lado, adujo que debían inaplicarse los decretos expedidos por el
gobierno Nacional a partir del año 2004, al desconocerse los artículos 2 y 4 de la
Ley 4 de 1992, pues no se respetaron los derechos adquiridos y se sometió el salario
a una pérdida en su capacidad adquisitiva.

30. Aseguró que en la primera instancia se aceptó lo decretado por el gobierno
Nacional con respecto a los salarios a partir del año 2004, aún cuando fuera
contrario a lo dicho por la Corte Constitucional, además precisó que se ignoró que
la pretensión se basaba en derechos consolidados y reconocidos en la sentencia
de la Corte que tiene efectos erga omnes para el año 2004 con un incremento del
2.49% y del 52.243% desde el 2005, por lo que el reajuste se adeuda a partir de
esa fecha.

1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

31. Mediante providencia del 22 de agosto de 2024, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida el 10 de agosto
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.

32. Refirió como problema jurídico determinar si el demandante Martínez
Jiménez tiene derecho a que se reliquide la asignación de retiro reconocida con

3 Se encuentran fijados en el Decreto 872 de 1992.

5

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ocasión al reajuste de la asignación básica que percibió en los años 1992 a 2004 y
2005 a la fecha de retiro, de acuerdo con la inflación acumulada y a la sentencia C-
931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.

33. Precisó que la Fuerza Pública cuenta con régimen prestacional propio
conforme a lo previsto en los artículos 150 y numeral 19 literal e) y 217 de la
Constitución Política. Asimismo, que a través de la Ley 4 de 1992 se estableció el
régimen salarial y prestacional que los cobija.

34. Afirmó que a través de la referida ley se prohibió desmejorar las prestaciones
sociales y el artículo 13 ordenó la nivelación de la remuneración del personal activo
y retirado de la Fuerza Pública para las vigencias fiscales de 1993 a 1996, es decir,
que se reajustarían las pensiones y asignaciones de retiro del personal en la misma
proporción en que incrementan los sueldos del personal activo.

35. Expuso que el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990 estableció que las
asignaciones de retiro y las pensiones se liquidarían en atención al aumento salarial
decretado para cada grado conforme al principio de oscilación.

36. Adicionó que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 contempla el mecanismo
de reajuste a las pensiones, pero el artículo 279 dispone que el régimen de sistema
integral de seguridad social no es aplicable a las Fuerzas Militares y a la Policía
Nacional, razón por la cual a partir de la expedición de la ley quedan excluidos del
reajuste de sus mesadas con base en el IPC; puesto que deben regularse por el
Decreto 1212 de 1990.

37. Precisó que la liquidación de las asignaciones de retiro y pensiones de los
militares y policías con base en el IPC estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de
2004 por cuanto se volvió a establecer el incremento pensional con base en el
principio de oscilación, conforme al artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y el artículo 42
del Decreto 4433 de 2004.

38. También sostuvo que la Corporación ha sido enfática en que solo se
reconoce la reliquidación de las asignaciones de retiro en los eventos en que hayan
sido causadas en los periodos comprendidos entre 1997 a 2004.

39. Explicó que en la sentencia C- 931 de 2004 se ordenó la adopción de
medidas sobre los ajustes salariales de los servidores públicos que estuvieran
cobijados por la ley de presupuesto general antes de que expirara la vigencia fiscal
del año 2004.

40. Comentó que la finalidad de esta decisión era mantener el derecho al poder
adquisitivo, pero sobre el asunto se admiten algunas limitaciones en consideración
a lo que devengan los servidores públicos, esto es, que aquellos servidores que
devengan hasta 2 SMLMV, su reajuste o incremento debe ser igual o superior al
IPC del año inmediatamente anterior, de manera que no se trata de un derecho
6

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absoluto, pues puede ser modificado en razón a las diferencias salariales.

41. Concluyó que las disposiciones sobres las cuales versa el aumento o las
variaciones de los salarios y asignaciones de retiro obedecen a las políticas anuales
del Congreso y por tal razón, las ramas del poder no cuentan con potestad absoluta
para decidir sobre el monto del gasto público, y en tal sentido, el juez no puede
modificar el presupuesto nacional.

42. Frente al caso concreto indicó que el demandante no debatió que en las
anualidades solicitadas se hubiese disminuido el salario, sino que debía ser
reajustado en los términos de la sentencia de la Corte Constitucional; no obstante,
encontró que no se vulneró ese derecho, dado que se desempeñó como oficial de
la Policía Nacional y por tanto se podía limitar.

43. Enfatizó que el hecho de que esos ajustes se hubieran dispuesto en
proporción inferior a la inflación causada en el año inmediatamente anterior no
presupone una vulneración de los derechos del actor por cuanto las sentencia C-
931 de 2004 consideró que este no es «el único parámetro que pueda ser tenido en
cuenta»4 para esos efectos.

44. Adicionó que el único competente para fijar el aumento de los salarios es el
gobierno Nacional y no las entidades vinculadas a la litis quienes están llamadas a
reconocer un valor mayor al dispuesto por aquel, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

45. Sostuvo que en la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 esa
Sección explicó que la Corte Constitucional ordenó la actualización plena del
derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores
públicos y puntualizó que no eran contrarios a la Constitución los reajustes salariales
de los altos funcionarios con un porcentaje mejor al de la inflación, siempre que no
fuera permanente sino temporal, razón por la cual en términos de la Corte «la
aludida limitación no es una deuda que adquiere el Estado con los servidores
públicos»5 y «tampoco es reembolsable al final de un determinado periodo, porque
se trata de un ahorro fiscal para asegurar otros fines y principios constitucionales de
mayor envergadura»6.

46. Precisó que en la misma providencia, se estudió la legalidad de los Decretos
4150 de 2004, 916 de 2005 y 372 de 2006 respecto al incremento salarial
establecido por el gobierno y Nacional y señaló que «(i) este y el Congreso de la
República cumplieron con las directrices trazadas en las sentencias C- 1017 de
2003 y C- 931 de 2004 proferidas por la Corte Constitucional, en razón a que, a
partir del año 2004, se aumentó el porcentaje de los funcionarios hasta alcanzar

4 Samai, índice No. 02.
5 Samai, índice No. 02.
6 Samai, índice No. 02.

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como incremento uno superior al 100% de la inflación cuando finalizó la vigencia del
Plan de Desarrollo 2003 - 2006; y (ii) en los años posteriores a 2005 se expidieron
los decretos en cumplimiento de los lineamientos impuestos por la alta
corporación»7.

47. Concluyó que el demandante no tenía derecho a las diferencias salariales y,
como el reajuste de la asignación de retiro depende de la prosperidad del
incremento del salario, no había lugar a conceder a dicha petición en tanto el
régimen de la Fuerza Pública ordena la aplicación del principio de oscilación.

48. Finalmente, decidió no condenar en costas procesales.

1.6. El recurso extraordinario de revisión

49. El señor Faiber Hugo Martínez Jiménez, a través de apoderado judicial,
presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-
2019-00849-01.

50. Como fundamento del recurso invocó la causal del numeral 8 del artículo 250
del CPACA, esto es, «ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada.»

51. Afirmó la existencia de un mandato jurisprudencial plasmado en la sentencia
C- 931 de 2004 dictada por la Corte Constitucional, en donde se ordenó realizar «la
actualización plena de conformidad al índice de la inflación causada y acumulada,
sino que dicho mandato conlleva implícitamente el restablecimiento del derecho a
mantener el poder adquisitivo de los salarios a quienes se le había limitado o
restringido dicho derecho; es por lo tanto, que dicha sentencia teniéndose en cuenta
los efectos erga omnes, son de carácter obligatorio, oponible e inmodificable a todas
las personas y a las autoridades, sin excepción alguna, constituyéndose para el
caso concreto en cosa juzgada constitucional entre las partes»8.

52. En tal sentido, afirmó que la sentencia recurrida incumplió con el referido
mandato y por tanto se debe infirmar para en su lugar, reconocer las pretensiones
de la demanda ordinaria.

53. En cuanto a los requisitos de procedencia de la causal invocada, sostuvo que
la sentencia C- 931 de 2004 hizo tránsito a cosa juzgada con efectos erga omnes y
ordenó al legislativo y al gobierno Nacional el restablecimiento del poder adquisitivo

7 Samai, índice No. 02.
8 Samai, índice No. 02.

8

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Recurrente: Faiber Hugo Martínez Jiménez
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de los salarios de los servidores públicos que habían sido limitados como política
salarial, la cual debía iniciar a partir de 2005 y terminar con el Plan Nacional de
Desarrollo 2022-2026. Pese a esto, el fallo cuestionado se limitó a indicar que los
beneficios del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 no se pueden otorgar a los salarios
de los miembros de la Fuerza Pública.

54. De igual forma, sostuvo que «[E]xiste entonces claridad en la identidad
jurídica de las partes, pues si bien el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo ejercicio (sic) una persona natural, contra las entidades del Estado;
la misma identidad se causó en la Acción de Inconstitucionalidad, es decir que ella
fue ejercida por una persona (que de manera oficiosa representó a mi prohijado)
contra un acto administrativo proferido por el Estado»9.

55. Finalmente, señaló que la cosa juzgada no fue alegada como medio
exceptivo y reiteró las pretensiones de la demanda ordinaria.

1.7. Trámite procesal

56. El señor Faiber Hugo Martínez Jiménez, a través de apoderado judicial,
presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-
2019-00849-01.

57. A través de auto del 7 de noviembre de 202510 este despacho admitió el
recurso extraordinario de revisión y ordenó notificar esta decisión a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR) y al Ministerio Público. También, se ordenó notificar por estado
a la parte actora y comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

58. Por auto del 14 de enero de 202611 se dispuso a decretar como prueba los
documentos aportados al proceso por cumplir con los requisitos de conducencia,
pertinencia, utilidad y licitud.

1.8. Intervenciones

1.8.1. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional- CASUR12

59. El apoderado de la entidad solicitó negar por improcedente el recurso
extraordinario por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 250 del CPACA

9 Samai, índice No. 02.
10 Samai, índice No. 5.
11 Samai, índice No. 17.
12 Samai, Índice No. 13.

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Recurrente: Faiber Hugo Martínez Jiménez
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06810-00

y pidió confirmar las sentencias cuestionadas.

60. Resaltó que el señor Martínez Jiménez ingresó a la Policía Nacional como
oficial en el grado de subteniente desde el 2 de noviembre de 1990 y fue retirado en
el grado de coronel el 30 de agosto de 2018, tiempo después en que fueron
contempladas las diferencias ordenadas por el Gobierno Nacional con base en el
Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo cual se afirmó que «su asignación
mensual de retiro no ha sufrido desequilibrio alguno, y se encuentra debidamente
ajustada»13.

61. Aseguró que el recurso en mención solo procede contra sentencias
ejecutoriadas del Consejo de Estado en los casos enumerados en el artículo 250
del CPACA, y que en el caso del recurrente la causal invocada14 es inaplicable, en
cuanto no se configura trayendo a colación la sentencia C– 391 de 2004 proferida
por la Corte Constitucional.

62. Sostuvo que el recurrente pretende fundamentar el recurso en una decisión
que no tiene efectos inter partes, pues para la fecha de tal decisión el señor Martínez
Jiménez se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional, por lo que CASUR
no había contemplado la asignación mensual de retiro. De esta manera, no cumplió
con los «requisitos de novedad, relevancia y eficacia exigidos por la jurisprudencia
del Consejo de Estado»15 y la sentencia mencionada de la Corte Constitucional «no
tendría la entidad suficiente para desvirtuar el fundamento del fallo recurrido»16.

63. Afirmó que no se observa un error judicial grave o manifiesto.

1.8.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional17

64. El apoderado de la entidad se opuso al recurso, solicitó declarar su
improcedencia y reafirmar lo dispuesto en el fallo cuestionado, esto es, negar las
pretensiones de la demanda propuestas por el recurrente.

65. Afirmó que no debe haber un reajuste salarial para los miembros de la Fuerza
Pública que se encontraban en servicio activo, y tampoco para los que devengaban
más de 2 SMLMV a diciembre de 2004.

66. Aseguró que para ese momento el recurrente se encontraba en servicio
activo y no se probó que el Tribunal o el Consejo de Estado hubieran contemplado
una norma que no fuera la que en derecho debía aplicarse.

13 Samai, Índice No. 13.
14 La causal invocada se encuentra en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA que menciona «Ser

la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada.»
15 Samai, índice No. 13.
16 Samai, índice No. 13.
17 Samai, índice No. 14.

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67. Explicó que la sentencia que a juicio del actor constituye cosa juzgada es una
providencia contraria a la situación jurídica del recurrente, puesto que el señor
Martínez Jiménez se encontraba en servicio activo y dicha sentencia aplicaba a las
personas que tenían una pensión o una asignación de retiro.

68. Por lo anterior, considera que la sentencia cuestionada se ajustó al
ordenamiento jurídico y analizó las normas aplicables y las pruebas obrantes en el
expediente.

69. Finalmente, solicitó que se le condenara en costas al recurrente.

1.8.3. Ministerio Público

70. No se pronunció en esta oportunidad.

1.8.4. Alegatos de Conclusión

71. Finalmente, el recurrente presentó el 24 de noviembre de 202518 escrito de
alegatos de conclusión, en el cual reiteró los argumentos expuestos en el recurso19.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

72. De acuerdo con los artículos 111 y 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de los
recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones
y subsecciones de esta Corporación20.

73. Ahora bien, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del

18 Samai, índice No. 15.
19 De acuerdo con los artículos 248 a 255 del CPACA, en el trámite del recurso extraordinario de

revisión no existe etapa de alegatos de conclusión. No obstante, se referencia en los antecedentes
por obrar dentro de las actuaciones del aplicativo Samai.
20 Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo

Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los
demás que sean de su competencia.
Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
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referido estatuto procesal21, mediante el Acuerdo 80 de 201922, que compiló, entre
otros, el Acuerdo 321 de 2014, de la Sala Plena del Consejo de Estado, se
reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
secciones o subsecciones de esta Corporación23.

74. En tales condiciones, corresponde a esta Sala Especial de Decisión, en los
términos del artículo 24824 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, resolver el recurso extraordinario de revisión
presentado contra la sentencia del 22 de agosto de 2024, a través de la cual la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación confirmó la sentencia
proferida el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01.

2.2. Oportunidad

75. La parte actora presentó recurso extraordinario de revisión contra la
providencia del 22 de agosto de 2024 de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, con fundamento en la causal 8 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es: «Ser
la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si
en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

76. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad
para presentar el recurso extraordinario de revisión varía de acuerdo con la causal
que se proponga.

77. Comoquiera que en este asunto se invocó la causal 8 del artículo 250 del

21 Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…).

Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno.
22 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1 de abril de 2019.
23 Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los

siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.
24
Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos.

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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
término para presentar el recurso es de 1 año contado a partir de la ejecutoria de la
providencia.

78. Según se tiene, la sentencia objeto del recurso fue notificada el 1 de
noviembre de 202425 y quedó ejecutoriada el 12 de noviembre siguiente.

79. En consecuencia, es claro que para el momento en que se radicó el recurso
extraordinario de revisión, es decir, el 29 de octubre de 202526 no había vencido la
oportunidad legal y, por tanto, fue presentado en forma oportuna.

2.3. Problema jurídico

80. Le corresponde a la Sala Especial de Decisión No. 6 establecer si la
sentencia proferida el 22 de agosto de 2024 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2019-00849-01, se encuentra
incursa en la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, «ser
la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si
en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

81. En concreto, si la decisión recurrida es contraria a la sentencia C-931 de
2004, proferida por la Corte Constitucional que se pronunció frente al juicio de
constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 848 de 2003 «por la cual se decreta el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004»27.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

82. El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las
diferentes jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable
y de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el
acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que
determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional
en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo para evitar
«que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el debido

25 Samai, índice No. 13 del proceso original de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado

25000-23-42-000-2019-00849-01.
26 Samai, índice No. 02.
27 «ARTÍCULO 2o. Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Aprópiese para atender los

gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la
Nación durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004 una suma por valor de:
SETENTA Y SEIS BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL
($76.647.602.221.850), según el detalle que se encuentra a continuación: […}».
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proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución»28.

83. En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario
de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en
la Ley 1437 de 2011; su propósito es el de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico29, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley30.

84. Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio
origen a la sentencia cuya revisión se estudia, de forma que no puede entenderse
como una instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para
corregir los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en
hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el
trámite ordinario.

85. La cosa juzgada otorga a las decisiones judiciales el carácter de definitivas y
vinculantes y busca impedir que se presenten las mismas pretensiones ante
diferentes jueces de una misma jurisdicción, con el fin de asegurar que exista un
solo pronunciamiento sobre el mismo asunto y evitar con ello, decisiones
contradictorias que garanticen seguridad jurídica.

86. En virtud de la integración normativa31 el artículo 303 del Código General del
Proceso establece que «la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes».

87. En otras palabras, la identidad de partes requiere que quienes actúan como
demandante y demandado en una controversia anterior intervengan en la misma
condición en el nuevo proceso; la identidad de objeto, está relacionada con que las
pretensiones de la demanda respecto de la cual se dictó sentencia definitiva
coincidan con las formuladas en la nueva demanda; y la identidad de causa, que se

28 Corte Constitucional. Sentencia T- 649 de 2011. 1 de septiembre de 2011. M.P. Luis Ernesto

Vargas Silva.
29 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que «Con todo, el

principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la
cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos
en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este
sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio «res iudicata pro veritate habertur» para
evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de
la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de

2013, Radicado 11001031500020120023100.
31 Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá

el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
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presente plena coincidencia, en ambos procesos, entre los hechos que originaron
la presentación de la demanda y la formulación de las pretensiones.

88. Con base en esto, la cosa juzgada, ha sido entendida como: «(…) atributo
reconocido por el ordenamiento jurídico a las sentencias ejecutoriadas en virtud de
la cual se considera que tienen características de inmutables, vinculantes y
definitivas, esto es, que: i) no pueden ser modificadas, ni siquiera por el mismo juez
que las profirió; ii) son de obligatorio cumplimiento, y iii) lo decidido no puede ser
discutido nuevamente en sede jurisdiccional»32.

89. En consecuencia, este instituto procesal confiere seguridad, estabilidad y
certeza a las relaciones jurídicas, como también evita que el poder judicial sea
utilizado en varias oportunidades para obtener la resolución de un caso, impidiendo
el desgaste de ese aparato y que no existan decisiones contradictorias frente a un
evento en específico.

90. Finalmente, en lo que respecta a la causal específica contenida en el numeral
8 del artículo 250 del CPACA es necesario demostrar que: i) existen 2 sentencias
contradictorias; ii) la decisión contrariada constituye cosa juzgada entre las partes
del proceso en que se profirió; y iii) en el segundo proceso no se haya rechazado
la excepción de cosa juzgada33.

2.5. El caso en concreto

91. El señor Faiber Hugo Martínez Jiménez, a través de apoderado, recurrió la
providencia del 22 de agosto de 2024, a través de la cual la Subsección B, de la
Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida, el 10
de agosto de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01 que negó las
pretensiones de la demanda.

92. Lo anterior, por considerarla contraria al fallo dictado por la Corte Constitucional
en la sentencia C- 931 de 2004 que decidió sobre la constitucionalidad del
artículo 2 de la Ley 848 de 2003.

93. De este modo, lo primero que debe precisarse es que la sentencia que, a juicio
del actor, sustenta la causal de revisión alegada, esto es, la contenida en el
numeral 8 del artículo 250 del CPACA, corresponde a una jurisdicción distinta
de la contenciosa administrativa en tanto se estudió la constitucionalidad de una

32 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de julio de 2023. Radicado 11001-03-28-

000-2022-00186-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
33 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del

10 de agosto de 2023, magistrado ponente: Luis Alberto Álvarez Parra, asunto: recurso extraordinario
de revisión, radicación: 11001-03-15-000-2021-00651-00, demandante: Julio César Benavides
Borja.
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norma legal y el proceso cuya revisión se analiza, se tramitó a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

94. En otras palabras, en la acción pública de inconstitucionalidad se realiza un
estudio en el que se confronta una norma legal de contenido general y abstracto
frente a la Constitución Política, mientras que en la nulidad y restablecimiento de
derecho se revisa la legalidad de actos administrativos de contenido particular
cuando se consideren contrarios a la Constitución y la ley y, por tanto, se
persigue el restablecimiento del derecho afectado con la referida actuación34.

95. En efecto, en el proceso con radicado 2019-00849-01, el recurrente demandó
los actos administrativos a través de los cuales se negaron las solicitudes de
reliquidación y reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC y la
sentencia que considera contraria a esta decisión, fue dictada dentro de una
acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 848 de
2003 «por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y
la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre
de 2004».

96. En el cuadro que se presenta a continuación, se detallan las partes, objeto y
causa petendi en cada uno de los procesos referidos anteriormente:

Proceso Nulidad y restablecimiento Acción pública de
de derecho 25000-23-42- inconstitucionalidad
000-2021-00881-01
Demandante Faiber Hugo Martínez R. Inés Jaramillo Murillo
Jiménez
Demandado La Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía
Nacional y Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR), y/o quien
haga sus veces
Objeto a) La nulidad del: (i) Oficio S- Declarar la
2018-068124/ANOPA- inconstitucionalidad del
GRULI-1.10 del 21 de artículo 2 de la Ley 848 de
diciembre de 2018, por 2003 «por la cual se decreta
medio del cual la Policía el Presupuesto de Rentas y
Nacional negó la solicitud Recursos de Capital y la Ley
de reajuste de la de Apropiaciones para la
asignación mensual, vigencia fiscal del 1º de
cesantías y demás
prestaciones sociales de

34 Al respecto, también puede consultarse. Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión No. 27.

Radicado 11001031500020230019400. 28 de junio de 2023. M.P. Rocío Araújo Oñate.
16

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enero a diciembre de enero al 31 de diciembre de
2004, además del salario 2004».
pagado desde enero de
2005 hasta la fecha del
retiro de servicio activo; y
(ii) del Oficio E-00001-
201904239-CASUR Id
404639 del 27 de febrero
de 2019, por medio del
cual se negó el reajuste de
la asignación de retiro.

A título de restablecimiento
del derecho se solicitó:

b) Reconocer el incremento
que equivale a la
diferencia a la asignación
mensual de enero a
diciembre de 2004, y la
que correspondía por
ajustes de actualización
conforme a la inflación
ocurrida en el 2003 y que
influyeron en la asignación
básica de un oficial en
grado de general o
almirante y el reajuste de
los subsidios, primas,
compensaciones y
prestaciones que son
computables como base
de liquidación en la
asignación mensual.

c) El pago del incremento
que corresponde a la
diferencia entre el salario
contemplado por dicha
entidad a partir del mes de
enero de 2005 hasta la
fecha de retiro, con base
en los decretos de salarios
expedidos por el gobierno
Nacional, y la que

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correspondería por la
actualización conforme a
la inflación acumulada
entre los años de 1992 a
2004 y que afectaron el
valor de la asignación
básica, y finalmente, las
primas, compensaciones y
demás prestaciones.

d) La liquidación del reajuste
de salarios y prestaciones
sociales desde el 2004,
con los nuevos valores, y
los ajustes posteriores a
partir del año 2005
aplicando el ajuste más
favorable entre la inflación
causada sobre la
asignación básica de un
oficial en el grado de
almirante o general del
año anterior y/o lo
decretado por el gobierno
Nacional.

e) Corregir la hoja de
servicios para que se
evidencie el incremento
resultado del ajuste de la
asignación básica y la
asignación de retiro.

f) Pidió condenar a los
demandados a pagar las
sumas adeudadas desde
el momento en que se
causó el derecho y hasta
que se haga efectivo su
pago total, de acuerdo con
la variación porcentual del
IPC certificado por el
DANE.

g) De igual forma, requirió: (i)
el pago equivalente a 100
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SMLMV35 por concepto de
daño moral; (ii) por motivo
de lucro cesante, el pago
de las sumas retenidas
desde el 1 de enero de
2004 hasta la fecha de
retiro, así como los
intereses legales
mencionados en el artículo
1617 del Código Civil. De
igual forma, retribuir los
intereses moratorios sobre
las sumas adeudadas
desde el 8 de octubre de
2018 hasta la fecha en la
que se ponga fin al
proceso; (iii) la sanción
moratoria plasmada en las
Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006; y (iv) a título de
daño emergente, la suma
del 25% sobre el valor total
de la sentencia.

Causa petendi Mencionó como normas Se indicó que la norma
violadas los artículos 4, 48, demandada, esto es, la Ley
53, 218, 220, 230 y 373 de la Anual de Presupuesto que
Constitución Política; 1, 2, 3 y congeló el reajuste de los
13 de la Ley 4 de 1992; y 271 salarios de los servidores
de la Ley 1450 de 2011, junto públicos para la vigencia
con los Decretos 1211, 1212 y fiscal de 2004, desconoce el
1213 de 1990. preámbulo y los artículos 1,
2, 3, 13, 22, 25, 46, 48, 53,
Señaló que ingresó a la 67, 69, 85, 103, 334, 345,
Policía Nacional, ascendiendo 346, 347, 366, 373 y 378 de
como oficial en el grado de la Constitución Política.
subteniente el 2 de noviembre
de 1990 y que el 30 de agosto En atención a los cargos de
de 2018 fue retirado del la demanda la Corte analizó
servicio activo en el grado de los siguientes puntos:
coronel. Como resultado de lo
anterior, CASUR desarrolló la «(i) establecer si sobre el
asignación de retiro, de presente asunto se presenta

35
Salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes.
19

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conformidad con la hoja de o no el fenómeno de la cosa
servicios No. 10549281 con juzgada constitucional; (ii) si
fecha del 13 de junio de 2017. así no fuera, determinar si el
artículo 2° de la Ley 848 de
El 6 de diciembre del año 2003 viola la Constitución, al
2018 realizó una petición a desconocer la decisión
CASUR para solicitar el pago soberana del pueblo de no
de la diferencia entre la aceptar la congelación de
asignación mensual aplicada salarios, pensiones y gastos
desde la fecha en que fue de funcionamiento, adoptada
reconocida y las que al no votar el referendo; (iii) si
correspondían gracias a los el artículo 2° acusado es
ajustes que tiene en cuenta la inconstitucional por omitir el
inflación acumulada desde deber jurídico de respetar el
1992 a 2004, así como el carácter móvil del salario que
ajuste a la asignación de genera un derecho
retiro. Las peticiones fueron constitucional al reajuste
rechazadas. periódico del mismo, y por
desconocer el derecho a la
Enfatizó que por medio de la igualdad al reconocer dicho
sentencia C- 931 de 2004 de reajuste sólo para una clase
la Corte Constitucional, se de trabajadores; (iv) si la
ordenó realizar el pago de los ausencia de apropiación
reajustes salariales de todos para cubrir el reajuste de las
los servidores públicos y el transferencias a las
reconocimiento del derecho a universidades desconoce el
mantener el poder adquisitivo derecho a la educación.»
del salario.

Afirmó que el gobierno
Nacional ha desconocido que
el mantenimiento del poder
adquisitivo de las
asignaciones de retiro ha
estado ligado al incremento
de las asignaciones en
actividad para cada grado
desde del 31 de diciembre de
2004.

97. Sobre el particular, se resalta la parte resolutiva de la sentencia C- 931 de
2004, que dispuso:

Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en cuanto
prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación registrada para el año
2003, a favor de aquellos servidores públicos que devengan hasta dos salarios
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legales mínimos mensuales.

Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 condicionado
a que el Gobierno y el Congreso, al momento definir concretamente cuál será la
limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los
servidores públicos que devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales,
aplicable en la vigencia presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios
jurisprudenciales recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la
presente Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener,
en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de los servidores
públicos de ingresos medio[s] o altos.

En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la República
que con carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito de sus
competencias, tomen las medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes
salariales de todos los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto
general de la Nación, antes de que expire la vigencia fiscal del año 2004. Para esos
propósitos, deberán efectuarse las adiciones o traslados presupuestales
necesarios, antes de que expire dicha vigencia fiscal.

Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, con el
condicionamiento según el cual las autoridades competentes, es decir, el Gobierno
y el Congreso, deberán respetar el derecho de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo real de la pensión, mediante su reajuste anual en los términos del artículo
53 y del último inciso del artículo 48 de la Constitución Política. En consecuencia,
para esos propósitos el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, dentro de
sus competencias, si aún no lo han hecho, deberán efectuar las adiciones o
traslados presupuestales necesarios, antes de que expire la vigencia fiscal de 2004.

Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en el entendido
según el cual el rubro allí mencionado debe incluir las partidas necesarias para
mantener, cuanto menos, los niveles alcanzados de cobertura y calidad del servicio
público de educación superior, en los términos de la parte motiva de la presente
Sentencia. En consecuencia, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República,
dentro de sus competencias, si aún no lo han hecho, deberán efectuar las adiciones
o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire la vigencia fiscal de
2004. Además, esto es sin perjucio (sic) de mantener la actualización de los salarios
de los servidores públicos de las universidades, teniendo en cuanta como mínimo
lo previsto en esta sentencia, en especial la consideración jurídica 3.2.11.8.4.

Quinto. Ordenar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que, en la
aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente al año
2005, tengan en cuenta que al final de cuatrienio correspondiente a la vigencia del
actual Plan Nacional de Desarrollo, debe haberse reconocido la actualización plena
del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores
públicos, en los términos de la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la
presente Sentencia.

98. La Corte Constitucional en su pronunciamiento destacó el propósito del
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gobierno Nacional con el proyecto que culminó con la Ley 848 de 2003, se centraba
en 2 aspectos principales. El primero, «disminuir de manera permanente el nivel de
gasto público, en la medida en que se reduce la base sobre la cual dicho gasto se
aumenta»36 y el segundo, «reducir las necesidades de financiación del
presupuesto»37.

99. De igual forma precisó que la política de congelación de salarios del sector
público superiores a 2 SMLMV, que hacía parte del proyecto de ley de presupuesto
general de la Nación para 2004, «formaba parte de las propuestas económicas del
Referendo, el cual no había tenido lugar para la fecha en que se radicó el proyecto
de ley ante el Congreso de la República»38.

100. Adujo, entre otras razones, que la limitación establecida en el artículo 2 de la
Ley 848 de 2003 «no respeta las condiciones jurisprudencialmente deducidas que
hacen que tal limitación sea constitucionalmente aceptable. En efecto, para esa
clase de servidores no se reconoce en absoluto ningún tipo de actualización salarial;
además, todos quedan afectados por la misma medida, de manera tal que la
limitación no es proporcional al nivel salarial en que se encuentra el servidor, ni
progresiva en la medida en que el salario sea mayor. La ley no distingue entre
salarios medios y altos, desconociendo los principios de proporcionalidad y
progresividad, y haciendo más gravosa la limitación para el grupo de los servidores
que reciben salarios medios»39.

101. Por su parte, el fallo del 22 de agosto de 2024 dictado por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, adelantado por el señor Faiber
Hugo Martínez Jiménez, contra la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional y
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) a través del medio de
nulidad y restablecimiento del derecho confirmó la decisión proferida el 10 de agosto
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D que negó las pretensiones de la demanda.

102. Lo anterior, por encontrar que el señor Martínez Jiménez no tenía derecho a
que se reajustara la asignación básica devengada en los años 1992 a 2004 en razón
a que el incremento de la asignación básica mensual de los miembros del personal
activo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional corresponde de forma
exclusiva al gobierno Nacional de acuerdo con lo establecido en la Ley 4 de 1992 y
aunque el referido incremento no se haya efectuado en los mismo términos de la
inflación no puede concluirse que tal aspecto desconocer los derechos del

36 Corte Constitucional. Sentencia C- 931 de 2004. 29 de septiembre de 2004. M.P. Marco Gerardo

Monroy Cabra.
37 Corte Constitucional. Sentencia C- 931 de 2004. 29 de septiembre de 2004. M.P. Marco Gerardo

Monroy Cabra.
38 Consejo de Estado. Sala Especial No, 2. Radicado 11001-03-15-000-2021-06970-00. Recurso

Extraordinario de Revisión. 7 de noviembre de 2023. M.P. César Palomino Cortés.
39 Corte Constitucional. Sentencia C- 931 de 2004. 29 de septiembre de 2004. M.P. Marco Gerardo

Monroy Cabra.
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demandante.

103. En este orden de ideas, la Sala observa que no se reúnen los presupuestos
que permitan concluir que se configura la causal invocada, pues no se encuentra
una violación al principio de cosa juzgada toda vez que, si bien es cierto, la sentencia
dictada en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad tiene efectos erga
omnes, también lo es que, no existe identidad de partes, objeto y causa petendi en
los referidos procesos.

104. De otra parte, en el recurso extraordinario de revisión no se expuso de
manera concreta alguna situación jurídica particular que haya sido objeto de
pronunciamiento de forma clara y expresa en la sentencia de la Corte Constitucional
y que, por tal motivo, justifique la necesidad de ser evaluada en su caso concreto
por parte de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

105. Para la Sala es claro el desacuerdo de la parte actora frente a la sentencia
de segunda instancia dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, hecho que desnaturaliza el recurso extraordinario de revisión, pues el
objetivo del recurrente es que se estudien nuevamente aspectos de fondo que
originaron la litis como si se tratara de una instancia adicional o una tercera
instancia40.

106. Por las razones expuestas, las Sala declarará infundado el recurso
presentado por el señor Faiber Hugo Martínez Jiménez contra la sentencia del 22
de agosto de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

2.6. Costas

107. De acuerdo con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 41, en

40 Sobre el particular las Salas de Decisión se han pronunciado en asuntos similares: Sala Especial

de Decisión No. 6, sentencia del 16 de julio de 2025, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez, radicado
11001-03-15-000-2025-00594-00. Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia 3 de octubre de 2025,
M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez, radicado 11001-03-15-000-2025-00596-00. Sala Especial de
Decisión No. 25, sentencia 12 de noviembre de 2025, M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez, radicado
11001-03-15-000-2025-02210-00.
41 ARTÍCULO 255. SENTENCIA. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.

Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo
250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia
revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones,
perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el
expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se
dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal
que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga
lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente. «Artículo
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021».
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concordancia con el numeral 8 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de revisión, siempre que, «en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

108. Por su parte, el artículo 361 del CGP establece que las costas están
integradas por la expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho. Asimismo, dispone que las costas serán tasadas y
liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente.

109. En el caso objeto de estudio, se encuentra probado que la Nación- Ministerio
de Defensa Nacional- Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional- CASUR, presentaron escrito de oposición al recurso extraordinario de
revisión e intervinieron activamente en el trámite del proceso, razón por la cual de
conformidad con los parámetros establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 del
5 de agosto de 2016, modificado por el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de
noviembre de 2025, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura42 se
impondrá a cargo de la parte vencida y en favor de las mencionadas entidades, el
reconocimiento de agencias en derecho.

110. De este modo, se fijará por dicho concepto, a cargo de la parte recurrente la
suma equivalente a 2 SMLMV, uno para cada una de las referidas autoridades.

En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Decisión No. 6, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el 22 de agosto de 2024 por la Subsección B, de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 25000-23-42-
000-2019-00849-01.

Segundo: CONDENAR en costas a la parte recurrente por concepto de agencias
en derecho a la suma equivalente a 2 SMLMV, uno para cada una de las entidades
que intervino como parte contraria en el proceso, esto es, uno para la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional y otro, para la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional- CASUR, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva. La liquidación, se llevará a cabo por la Secretaría General del Consejo de
Estado.

42 «Artículo 5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20

S.M.L.M.V.»
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Tercero: Por Secretaría General, archívese el expediente previas las anotaciones
pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Magistrado Magistrado

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrada Magistrado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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