Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06970-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-06970-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06970-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-06970-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
7 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 2 ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 25 de
junio de 2020, proferida por la Sección Segunda, Subsección A,
del Consejo de Estado.
FALLO
1. La Sala Especial de Decisión 2 decide el recurso extraordinario de revisión
presentado por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas contra la sentencia del 25
de junio de 2020, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado, mediante la cual modificó el fallo proferido el 17 de noviembre de 2015 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Juan
Carlos Arciniegas Rojas contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
con el número 25000-23-42-000-2013-05465-01; y, en su lugar, accedió
parcialmente a las mismas.
ANTECEDENTES
La sentencia objeto de recurso de revisión
2. El 25 de junio de 2020, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado profirió sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho seguido por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en la cual
planteó como problemas jurídicos a resolver, si “(i) ¿el señor Juan Carlos Arciniegas
Rojas tiene derecho al reajuste de su pensión de invalidez tomando como base la escala
gradual porcentual pero aplicada a la asignación percibida por un general reajustada con el
IPC? y (ii) ¿ si tiene derecho a que se le reajuste la citada prestación?”.
3. En dicha sentencia la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado decidió:
2
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
“PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca1 el 17 de noviembre de 2016, que negó las pretensiones de la
demanda presentada por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana (sic), acorde con lo señalado en
precedencia. En su lugar quedará así:
«PRIMERO.- SE DECLARA la nulidad del Oficio 28170/ARPRE UNDIN 1.8.5-
29.25 de 28 de diciembre de 2010, proferido por el Coordinador de Información
de la Secretaría General de la Policía Nacional, que negó la petición del señor
Juan Carlos Arciniegas Rojas, de reconocimiento, liquidación y pago del
reajuste de la asignación de retiro con base en el índice de precios al
consumidor.
SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional reajustará la pensión de invalidez devengada por el
señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, a partir del 1° de enero de 2001, con
aplicación del índice de precios al consumidor, en los términos del artículo 14
de la Ley 100 de 1993 y la Ley 238 de 1995 y pagará las diferencias causadas
a futuro, con efectos fiscales a partir del 22 de noviembre de 2006, atendiendo
al efecto prescriptivo de las mesadas, tal como se explicó en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO.- La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional dará
cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 192 y
195 del CPACA.
CUARTO.- Se niegan las demás pretensiones de la demanda.»
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia, a la parte demandada y
a favor de la parte demandante, de conformidad con las consideraciones expresadas
en la parte motiva. Se liquidarán por la Secretaría del Tribunal. […]”.
4. En cuanto al primer problema jurídico planteado, señaló que el artículo 13 de
la Ley 4 de 19922 estableció la escala gradual porcentual para nivelar la
remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública. Asimismo, indicó
que el sistema de oscilación se ha empleado para evitar que las asignaciones de
retiro y pensiones de los miembros de la Fuerza Pública sufran una depreciación
por el transcurso del tiempo.
5. Explicó que, si bien el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 estableció un sistema
para ajustar las pensiones en el régimen general, basado en el índice de precios al
consumidor del año inmediatamente anterior, que en principio no es aplicable a
quienes se encuentran exceptuados del mismo, entre ellos, los miembros de la
Fuerza Pública; lo cierto es que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, modificado
por la Ley 238 de 1995, consagró que las personas exceptuadas no podían verse
afectadas en los derechos y beneficios derivados de los artículos 14 y 142 del mismo
cuerpo normativo.
1
Sección Segunda, Subsección A.
2
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
6. Advirtió que en algunas controversias presentadas por miembros de la
Fuerza Pública, beneficiarios de asignación de retiro, esta jurisdicción había
evidenciado que se generaba una diferencia entre el incremento que se hizo a
dichas prestaciones con base en el sistema de oscilación y el sistema propio del
régimen general (IPC), lo cual dio lugar a ordenar el reajuste de las asignaciones de
retiro teniendo en cuenta el IPC en aplicación del principio de favorabilidad, frente a
unos años específicos.
7. Así las cosas, concluyó que “no le asiste razón al demandante cuando pretende
el reajuste de su pensión de invalidez en atención a la asignación de retiro más alta
devengada por un general en retiro, a su vez ajustada con el IPC, como solicitó en la
demanda pues los decretos de incremento anual han fijado esa escala tomando como base
el 100% del sueldo de un general, lo que supone que se trata de uno que esté en actividad,
pues precisamente se fija respecto del «sueldo» es decir, la remuneración que reciben los
miembros de tal grado, como contraprestación del servicio en actividad y no de la
asignación concedida en uso de buen retiro”.
8. Sin embargo, la sentencia recurrida accedió a reajustar la pensión de
invalidez con base en el IPC por el periodo comprendido entre el 2001 y el 2004,
pues “según tablas de incrementos porcentuales anuales en las asignaciones básicas, y
cuadro comparativo del índice de precios al consumidos (sic) en los citados años (allegados
por el Ministerio de Defensa a folios 141 y 143), se generaron diferencias negativas en los
años 2001 a 2004”.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
9. El 13 de octubre de 2021, el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, actuando
en nombre propio, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
proferida, el 25 de junio de 2020, por la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado. Invocó como causal la prevista en el numeral 8 del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
consistente en “ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”,
porque, a su juicio, el fallo recurrido se dictó en contravía de lo ordenado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-931 de 2004.
10. Como resumen de los hechos que dieron origen al presente recurso, indicó
los siguientes:
4
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
11. Que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, para que se declarara la nulidad de los Oficios 28170/ARPRE –
UNDIN 1.8.5-29.25 de 28 de diciembre de 2010 y 259101/ARPRE GRUPE de 26 de
septiembre de 2012.
12. Que como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada (a) reliquidar y pagar el incremento anual de la pensión de invalidez,
tomando como IBL la asignación básica devengada por un oficial del grado General
de la República, ajustada con el IPC dejado de percibir entre 1996 y 2004, así como
su correspondiente aplicación sobre la escala gradual porcentual según el grado del
demandante; (b) reconocer y pagar el mencionado concepto, con carácter periódico,
definitivo y su inclusión en la pensión de invalidez, a partir del 22 de agosto de 2008,
teniendo en cuenta la prescripción cuatrienal establecida en los Decretos 1211,
1212 y 1213 de 1990; (c) cancelar las diferencias dejadas de percibir desde el 22
de agosto de 2008 hasta la fecha en que se produzca el pago, debidamente
actualizadas; (d) fallar extra y ultra petita; (e) ordenar el cumplimiento de la
sentencia de acuerdo con el artículo 195 del CPACA; y (f) condenar en costas y
agencias en derecho a la demandada.
13. Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda,
Subsección A, en providencia del 17 de noviembre de 2016, negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que el actor confundió el régimen legal previsto para
obtener la asignación de retiro, el cual se rige por las normas vigentes al momento
de la consolidación del estatus pensional y no puede verse afectado por las
circunstancias posteriores, toda vez que la normativa solo puede ser modificada por
el propio legislador o el Gobierno Nacional, con fundamento en la ley marco sobre
salarios y prestaciones sociales.
14. Que, contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación que fue resuelto por el Consejo de Estado en la decisión recurrida, en la
cual se modificó la sentencia de primera instancia al considerar que, si bien le asistió
razón al Tribunal al negar las pretensiones de la demanda respecto al reajuste de
la pensión de invalidez tomando como IBL la asignación básica devengada por un
oficial del grado General de la República, ajustada con el IPC dejado de percibir en
el periodo comprendido entre 1996 y 2004 y su correspondiente aplicación sobre la
escala gradual porcentual; en la decisión apelada no se hizo pronunciamiento sobre
la legalidad del Oficio 28170/ARPRE UNDIN 1.8.5-29.25 de 28 de diciembre de
5
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
2010 ni sobre la pretensión de reajuste de la pensión de invalidez de conformidad
con el IPC por los años 1999 a 2004, con sus efectos sobre la base pensional a
partir de 2005.
15. Que la Corte Constitucional mediante sentencia C-931 de 29 de septiembre
de 2004 estudió la constitucionalidad de la Ley 848 de 2003 y “ordenó al Gobierno
Nacional y al Congreso de la República, realizar el pago de los reajustes salariales de todos
los servidores públicos cobijados por la Ley de Presupuesto General de la Nación, antes
de que expire la vigencia fiscal del año 2004; adicionalmente ordenó que en la aprobación
de la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente al año 2005, al final del
cuatrienio correspondiente a la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, debe haberse
reconocido la actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real
del salario de todos los servidores públicos, en los términos de la consideración jurídica
número 3.2.11.8.4 de la citada Sentencia”3. Que dicha decisión se adoptó ante la falta
de carga argumentativa que justificara la limitación y restricción acumulada al
derecho de mantener el poder adquisitivo del salario de la categoría de trabajadores
de ingresos medios y altos.
16. Que mediante la Ley 917 de 3 de diciembre de 2004 se efectuaron unas
modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004.
El recurrente aseguró que los antecedentes de dicha ley “refuerzan el incumplimiento
de un mandato constitucional, tanto de parte del Gobierno Nacional como del Congreso de
la República”.
17. Indicó que existe un mandato constitucional con efectos erga omnes y que
constituye cosa juzgada, por lo tanto, se debe acatar lo dispuesto en los ordinales
segundo y quinto de la sentencia C-931 de 2004, pues dicha decisión afectó la
asignación básica de un oficial que ocupe el grado de General o Almirante, la cual
sirve de referente para modificar la asignación básica del recurrente, de acuerdo
con la Escala Gradual Porcentual.
18. Formuló como pretensiones las siguientes:
“DECLARAR la prosperidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
señor JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROJAS, contra la sentencia de veinticinco (25)
3
“3.2.11.8.4. Así las cosas, ante la imposibilidad de aplicar el parámetro de congelación total de los salarios de los
trabajadores de ingresos medios y altos, y frente a la persistente inactividad del legislador en el desarrollo del artículo 53
superior mediante la expedición del estatuto del trabajo llamado a fijar los alcances del derecho de los trabajadores a recibir
una remuneración mínima vital y móvil, una vez más se hace necesario acudir a criterios jurisprudencialmente deducidos, que
deben ser tenidos en cuenta por las autoridades competentes durante la presente vigencia fiscal a fin de garantizar el derecho
a mantener el poder adquisitivo real del salario de esta categoría de trabajadores. Estos criterios jurisprudenciales son los
mismos recogidos en doctrina constitucional vertida especialmente en la C-1017 de 2003, que se reiteran en esta oportunidad,
y se aplican al estudio de la norma de la ley anual de presupuesto ahora acusada, teniendo en cuenta las especificidades del
contexto jurídico y fáctico en el cual se adopta la presente decisión. Esos criterios que se reiteran en esta Sentencia, y que
deben ser tenidos en cuenta por el Gobierno y el Congreso dentro del ámbito de sus competencias, son los siguientes: […]”.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
de junio de dos mil veinte (2020) proferida por la Sección Segunda Subsección A del
Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
consecuencia, INFIRMAR dicha sentencia y en su lugar disponer:
PRIMERO.- Que se declare la nulidad del Acto Administrativo, Oficio 28179/ARPRE-
UNDIN 1.8.5-29.25, de fecha 28 de diciembre de 2010, y Oficio No. 59101 ARPRE
GRUPE de fecha 26 de septiembre de 2012, proferido por la Policía Nacional, que
negó la petición del señor JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROJAS, de reconocimiento,
liquidación y pago del reajuste de la Pensión de Invalidez con base en el índice de
precios al consumidor.
SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaratoria, y a título de
restablecimiento del derecho se ordene a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional a favor del señor JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROJAS, a partir del 1º de
enero de 2004, reliquidar, reajustar y pagar el incremento equivalente al 52.2543%,
resultado de la diferencia entre la pensión de invalidez pagada por la entidad,
conforme a los decretos de salarios expedidos por el Gobierno Nacional y la que
realmente corresponde de conformidad a la actualización plena conforme a la
inflación acumulada y causada entre los años 1992 a 2004, ordenada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-931 de 2004; que afectaron simultáneamente la
asignación básica y los gastos de representación de los Ministros del Despacho y el
valor de la asignación básica (sueldo básico) de un oficial en el grado de General o
Almirante, el cual sirve de referente para establecer de conformidad con la Escala
Gradual Porcentual, el sueldo básico del demandante JUAN CARLOS ARCINIEGAS
ROJAS, téngase para dicho reajuste el sueldo básico, los subsidios, las primas, las
compensaciones y las bonificaciones consagrados en las normas que regulan la
materia, factores computables como base de liquidación en la asignación mensual y
demás prestaciones sociales-.
TERCERO. Que se ordene el reconocimiento y pago antes mencionado con carácter
periódico y definitivo su inclusión en la pensión de invalidez del demandante JUAN
CARLOS ARCINIEGAS ROJAS, a partir del 22 de noviembre de 2006, teniendo en
cuenta la prescripción cuatrienal establecida en el artículo 155 del Decreto 1212 de
1990.
CUARTO. – Que se le cancele la diferencia dejada de recibir, a partir del 22 de agosto
de 2008, hasta la fecha en que se produzca el pago, y subsiguientemente y de manera
definitiva, actualizado de conformidad con lo previsto en el artículo 189 y s.s. del
Código de Procedimiento Administrativo, aplicando los ajustes de valor (indexación)
correspondiente.
QUINTO: Que se le reconozcan los derechos y sumas de dinero que el señor
Magistrado considere Extra y Ultra Petita, por tener la presente acción carácter
de seguridad social.
SEXTO: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término
establecido en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo.
SÉPTIMO Las costas y gastos del proceso por cuenta de la demandada.
[…]”.
Trámite del recurso extraordinario de revisión
19. Repartido el recurso extraordinario de revisión, por auto del 3 de noviembre
de 2021, el magistrado sustanciador dispuso oficiar a la Secretaría de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que enviara, con
destino a este proceso, constancia de ejecutoria de la sentencia del 25 de junio de
7
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
2020, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado 4.
20. Allegada la constancia solicitada5, mediante auto del 19 de enero de 20226,
se rechazó por extemporáneo el recurso extraordinario de revisión, teniendo en
cuenta que, según lo certificado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
sentencia recurrida cobró ejecutoria el 9 de octubre de 2020 y el recurso se presentó
el 13 de octubre de 2021.
21. El recurrente interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión 7, el
cual fue resuelto mediante providencia del 4 de marzo de 2022, en la que 8: (i) se
repuso el auto de 19 de enero de 2022, al considerar que, si bien el Tribunal señaló
que la sentencia recurrida quedó ejecutoriada el 9 de octubre de 2020, la fecha
correcta de ejecutoria es del 14 de octubre de 2020; y (ii) se inadmitió el recurso
extraordinario de revisión, para que acreditara haber enviado el recurso y sus
anexos a la parte demandada.
22. Una vez acreditado lo solicitado, a través de auto del 20 de mayo de 2022 se
admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó notificar personalmente al
representante legal de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
y al Ministerio Público9.
23. Mediante providencia del 16 de febrero de 2023 se negaron las pruebas
solicitadas por la parte recurrente y se prescindió del periodo probatorio10.
Oposición al recurso extraordinario de revisión
24. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional no contestó la
demanda, pese a que fue debidamente notificada sobre la admisión del recurso
extraordinario de revisión11.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
25. Esta Sala Especial de Decisión, sin exclusión del integrante de la Sección
que profirió la decisión, tiene competencia para decidir el presente recurso
4
Visible en el índice 4 de Samai.
5
Visible en el índice 8 de Samai.
6
Visible en el índice 10 de Samai.
7
Visible en el índice 14 de Samai.
8
Visible en el índice 17 de Samai.
9
Visible en el índice 23 de Samai.
10
Visible en el índice 36 de Samai.
11
Notificación surtida, visible en el índice 27 de Samai.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
extraordinario de revisión, conforme con los artículos 111 y 249 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12, en concordancia
con el artículo 107 ibidem13 y el Acuerdo 321 de 2014 –compilado en el Acuerdo 080
de 2019- por el cual la Sala Plena del Consejo de Estado reglamentó la creación de
salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones de
esta Corporación14.
Oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión
26. El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto oportunamente, el 13 de
octubre de 2021, es decir, dentro del término previsto en el artículo 251 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en
cuenta que la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado fue proferida el 25 de junio de 2020, notificada por correo electrónico a las
partes remitido el 6 de octubre de 2020, y quedó ejecutoriada el 14 de octubre de
202015.
Problema jurídico
27. En el presente asunto la Sala debe determinar si en el fallo proferido el 25 de
junio de 2020 por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, se
incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; en concreto: si
la decisión recurrida es contraria a la sentencia C-931 de 2004, proferida por la
12
“CPACA. Artículo 111. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso
administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia”.
“CPACA. Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos”.
“CPACA. Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que
profirió la decisión”.
13
“CPACA. Artículo 107. Integración y composición. (…)
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de
decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4)
Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el
reglamento interno”.
14
“Acuerdo 321 de 2014. (…). Artículo 2º. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
15
“CPACA. Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
“En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar
al recurso.
“En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Corte Constitucional en el juicio de constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 848 de
2003 “por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004”16.
28. Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso
extraordinario de revisión, el alcance de la causal invocada por el demandante, para,
finalmente, descender al caso concreto.
Resolución del problema jurídico
Objeto y alcances del Recurso Extraordinario de Revisión
29. Ha sido jurisprudencia pacífica de la Corporación considerar que el propósito
del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una justicia
material en un caso que ya se ha decidido; un caso que, si bien ha hecho tránsito a
cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y ejecutoriedad, por razones
distintas al debate mismo de la instancia, que dio lugar a la decisión judicial, se
permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y pueda dar paso a la protección,
en algunos casos, de derechos fundamentales que fueron desconocidos o
amenazados por el operador judicial.
30. Las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.
31. En efecto, las causales del Recurso Extraordinario de Revisión están
previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo así:
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
16
“ARTÍCULO 2o. Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento,
inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre de 2004 una suma por valor de: SETENTA Y SEIS BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL
($76.647.602.221.850), según el detalle que se encuentra a continuación: […}”
10
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada”.
32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en
sentencia del 2 de marzo de 2010, precisó la naturaleza de este recurso
extraordinario, que, aunque el análisis se efectuó frente a las disposiciones del
Código derogado, la similitud de las causales permite reiterar en esta ocasión dicho
criterio, así:
“[…]
Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, enlistadas
de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de
conformidad con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la
sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza. Ciertamente, a
excepción de la causal del numeral 5°, referida a la violencia o cohecho en que se
pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo, ninguno de los yerros que se relacionan
en los numerales del mencionado artículo se refiere de modo directo a la actividad
analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la labor intelectual de juzgamiento,
sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral
6°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral
8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la
validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el
sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°).
Como lo sostuvo esta Sala Plena en anterior oportunidad, “la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento
legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad
de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden
justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política” [1]. Y, precisamente,
bajo ese entendimiento, en esa misma oportunidad sostuvo que “el recurso
extraordinario de revisión conlleva una limitación a la seguridad jurídica que
representan las sentencias ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de
11
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
impugnación, que permite cuestionar una sentencia que está amparada por el
principio de cosa juzgada material”.
A su turno, en el mismo sentido la Corte Constitucional entiende que el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto17. Por
ello, dice la Corte, “El recurso de revisión ha sido establecido para respetar la firmeza
de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional que
acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer
imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos legales, artículos 2°,
29 y 230 C.P.”. […]
De modo que por la vía del recurso extraordinario de revisión no es posible reabrir el
debate propio de las instancias, sino revisar la sentencia mediante la cual fue resuelta
esa controversia a fin de determinar la justicia de ese pronunciamiento a la luz de
estrictas causales legales”18.
33. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado
que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime
a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios19.
De la causal 8a del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo
34. La censura frente al fallo proferido por la Sección Segunda, Subsección A,
del Consejo de Estado, objeto del presente recurso extraordinario, consiste en que
el recurrente considera que dicha sentencia es contraria a otra anterior (sentencia
C-931 de 2004 de la Corte Constitucional) que constituye cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada.
35. Con esta causal se pretende que se respeten los principios de seguridad
jurídica y el derecho a una tutela judicial efectiva, de manera que haya un solo
pronunciamiento sobre un mismo asunto, en el que se debaten los mismos derechos
entre las mismas personas y por la misma causa. Que una vez definido el asunto
litigioso, por sentencia en firme, no pueda volverse a discutir, no pueda darse paso
a un nuevo debate con el riesgo de que se profiera una sentencia contraria. Es una
garantía del debido proceso.
36. El artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del
17
Folio 1 cuaderno Anexo 1 del Recurso Extraordinario de Revisión.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-000-
2001-00091-01(REV).
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, Exp. 15001-03-15-000-01027-00.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, establece:
“Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el miso objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.
[…]
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.
37. Sobre este instituto de la cosa juzgada, la Corte Constitucional, en sentencia
C-100 de 2019, señaló:
“2.3. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga
a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por
disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de
controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.
2.4. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar,
los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal
derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación y, en
segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e
inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se
prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio.
2.5. De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función
negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo
resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al
ordenamiento jurídico.
2.6. La fuerza vinculante de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes
plasmaron la litis como parte o intervinientes dentro del proceso, es decir, produce
efecto Inter partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone
a ciertas decisiones efecto erga omnes, es decir, el valor de cosa juzgada de una
providencia obliga en general a la comunidad, circunstancia que se establece en
materia penal y constitucional (Artículo 243 de la Constitución Política).
2.7. Al operar la cosa juzgada, no solamente se predican los efectos procesales de la
inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen efectos
sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio.
2.8. En principio, cuando un funcionario judicial se percata de la operancia de una
cosa juzgada debe rechazar la demanda, decretar probada la excepción previa o de
fondo que se proponga, y en último caso, procede una sentencia inhibitoria.
Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
• Identidad de causa petendi, esto es, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando
además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente
se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar
los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.
• Identidad de partes, lo que implica que al proceso deben concurrir las mismas partes
e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada”.
38. El Consejo de Estado ha enfatizado que “cuando se produce una decisión
jurisdiccional definitiva que pone fin a un conflicto, ésta se vuelve intangible, por lo que
ningún otro juez puede volver sobre el asunto. De ocurrir, sería posible la existencia de dos
sentencias contradictorias sobre idéntica controversia y, por ende, se violaría el debido
proceso”20.
39. Este instituto “tiene como objeto efectivizar el derecho constitucional al debido
proceso y la seguridad jurídica, pues se erige en garantía de que una determinada
controversia decidida en sede judicial no será objeto de un proceso posterior. De esta
manera, se impide que los debates se tornen indefinidos en el tiempo y se procura por la
eficiencia en la administración de justicia”21.
40. Entonces, para que prospere la causal octava del recurso extraordinario de
revisión debe demostrarse: i) que existen dos sentencias contradictorias; ii) que la
sentencia anterior se haya dictado en un proceso en el que hubo identidad de objeto,
partes y causa petendi al de la segunda sentencia y que de aquella se predique la
cosa juzgada; y iii) que la cosa juzgada no se haya alegado como medio exceptivo
en el segundo proceso.
Caso concreto
41. El señor Arciniegas Rojas considera que la sentencia del 25 de junio de 2020,
ahora recurrida, es contraria al fallo proferido por la Corte Constitucional C-931 de
2004, que decidió la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 848 de 2003.
42. Para resolver el cargo, la Sala estima necesario precisar que las sentencias
que el recurrente acusa de ser contradictorias, y que dan lugar a la configuración de
la causal octava de revisión, fueron proferidas en procesos diferentes, pues una se
dictó dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la otra,
al estudiar la constitucionalidad de una norma legal.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Trece Especial de Decisión. Sentencia del 6 de octubre de
2015. Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez. Exp. 2014-00902-00 (REV).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 12 de julio de
2012. Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicado: 85001-23-31-000-2003-00455-01 (2083-10).
14
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
43. En efecto, el fallo recurrido se profirió el 25 de junio de 2020, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2013-05465-01, instaurado
por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas contra los actos administrativos a través
de los cuales la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, negó
el reajuste de la pensión de invalidez; mientras que la sentencia que cita como
contrariada fue proferida dentro de una acción pública de inconstitucionalidad,
instaurada por la ciudadana Inés Jaramillo Murillo contra el artículo 2 de la Ley 848
de 2003 “por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley
de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004”.
44. Pues bien, la Sala debe determinar si los tres presupuestos, que deben
concurrir para predicar la cosa juzgada, se dan en el presente caso, para lo cual se
elabora el siguiente cuadro comparativo:
Nulidad y Acción pública de
restablecimiento del inconstitucionalidad
derecho No. 25000-23-42- expediente D-5125
000-2013-05465-01
Parte Juan Carlos Arciniegas Rojas R. Inés Jaramillo Murillo
demandante
Parte demandada Nación – Ministerio de Defensa -
– Policía Nacional
Objeto Obtener la nulidad de los Declarar la inconstitucionalidad
Oficios 28170/ARPRE UNDIN del artículo 2 de la Ley 848 de
1.8.5-29.25 de 28 de diciembre 2003 “por la cual se decreta el
de 2010 y 259101 ARPRE Presupuesto de Rentas y
GRUPE de 26 de septiembre Recursos de Capital y la Ley de
de 2012, por medio de los Apropiaciones para la vigencia
cuales se negó el reajuste de la fiscal del 1º de enero al 31 de
pensión de invalidez. diciembre de 2004”.
Y a título de restablecimiento
del derecho condenar a la
demandada a (i) reliquidar y
pagar el incremento anual de la
pensión de invalidez “tomando
como IBL, la asignación básica
devengada por un oficial del
grado General de la República,
ajustada con el IPC dejado de
percibir en el periodo
comprendido entre los años
1996 a 2004 y su
correspondiente aplicación
sobre la escala gradual
porcentual según el grado del
demandante”; (ii) ordenar el
reconocimiento y pago
mencionado, con carácter
periódico, definitivo y su
inclusión en la pensión de
15
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
invalidez, a partir del 22 de
agosto de 2008, teniendo en
cuenta la prescripción
cuatrienal; (iii) pagar las
diferencias que resulten; (iv)
fallar extra y ultra petita; (v)
ordenar el cumplimiento de la
sentencia de acuerdo con el
artículo 195 del CPACA y
condenar en costas y agencias
en derecho a la entidad
demandada.
De manera subsidiaria ordenar
a la demandada reliquidar la
asignación de retiro (sic)
tomando como referencia para
establecer el IBL el IPC
certificado por el DANE y pagar
la diferencia que resulte.
Causa petendi Se invocaron como vulnerados Se aduce que la norma
los artículos 48, 53, 220 y 230 demandada desconoce el
de la Constitución Política; 11, Preámbulo y los artículos 1, 2,
14 y 279 de la Ley 100 de 1993; 3, 13, 22, 25, 46, 48, 53, 67, 69,
y 2 de la Ley 923 de 2004. 85, 103, 334, 345, 346, 347,
366, 373 y 378 de la
Como concepto de violación Constitución Política.
indicó que el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993 fue Indicó que se presenta una
adicionado por la Ley 238 de omisión legislativa relativa en
1995, en el sentido de materia de los salarios y
establecer que dicha norma es pensiones superiores a dos
aplicable a los miembros de la salarios mínimos, pues la Ley
Fuerza Pública, por lo que no 848 de 2003 no contiene las
es aceptable negar la solicitud apropiaciones para atender los
de reajuste de la pensión de ajustes salariales y pensionales
invalidez con fundamento en el de quienes ganen, por estos
IPC para los años 1996 a 2004, conceptos, más de dos salarios
teniendo en cuenta la base mínimos, lo que constituye una
actualizada de mayor valor violación del derecho a la
económico aplicable al grado igualdad.
de Generales.
Los efectos de esta ley implican
Señaló que el Gobierno el aumento en un 6% de los
Nacional efectuó los salarios y pensiones de quienes
incrementos anuales de las ganen hasta dos salarios, así
pensiones con base en el como de la asignación mensual,
principio de oscilación, sin entre otros, de los senadores,
embargo, en algunos casos se representantes, generales y
hizo por debajo del IPC y sin almirantes de la Fuerza Pública.
tener en cuenta la asignación En contraste, a los demás
básica devengada por un servidores y pensionados no
General de la República, lo que les será reajustada su
afectó a los pensionados por la asignación.
pérdida del poder adquisitivo
de la prestación. Sostiene que el fundamento
para esta omisión, fue la
propuesta que, sobre la
congelación de salarios y
pensiones, se incluyó en el
referendo constitucional
16
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
realizado en el año 2003. Sin
embargo, dado que el
constituyente primario
manifestó su desacuerdo con
tal propuesta, la norma
demandada desconoce la
eficacia jurídica de tal
manifestación.
Se refiere explícitamente a la
limitación de las transferencias
a las universidades nacionales
y regionales contenida en la ley.
Al respecto, indica que en los
antecedentes legislativos de la
Ley demandada se puede
apreciar que “el cálculo de las
trasferencias a las
universidades nacionales y
regionales, se hizo sobre la
base del congelamiento de
gastos de funcionamiento,
propuesto en la Ley de
REFERENDO, motivo por el
cual, las transferencias
disminuyeron.” No obstante,
como el constituyente primario,
en ejercicio de su poder
soberano, impuso su decisión
de abstenerse de votar el
referendo, esta circunstancia
impediría que la educación se
viera lesionada con la
disminución de las aludidas
transferencias.
45. Para la Sala vale la pena señalar que la acción pública de inconstitucionalidad
fue decidida por la Corte Constitucional, mediante fallo C-931 de 2004, que resolvió:
“Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en cuanto
prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación registrada para el año
2003, a favor de aquellos servidores públicos que devengan hasta dos salarios
legales mínimos mensuales.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 condicionado a
que el Gobierno y el Congreso, al momento definir concretamente cuál será la
limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los
servidores públicos que devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales,
aplicable en la vigencia presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios
jurisprudenciales recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la
presente Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener,
en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de los servidores
públicos de ingresos medio[s] o altos.
En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que
con carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito de sus competencias,
tomen las medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes salariales de
17
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
todos los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la
Nación, antes de que expire la vigencia fiscal del año 2004. Para esos propósitos,
deberán efectuarse las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de
que expire dicha vigencia fiscal.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, con el
condicionamiento según el cual las autoridades competentes, es decir, el Gobierno y
el Congreso, deberán respetar el derecho de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo real de la pensión, mediante su reajuste anual en los términos del artículo
53 y del último inciso del artículo 48 de la Constitución Política. En consecuencia, para
esos propósitos el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, dentro de sus
competencias, si aún no lo han hecho, deberán efectuar las adiciones o traslados
presupuestales necesarios, antes de que expire la vigencia fiscal de 2004.
Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en el entendido
según el cual el rubro allí mencionado debe incluir las partidas necesarias para
mantener, cuanto menos, los niveles alcanzados de cobertura y calidad del servicio
público de educación superior, en los términos de la parte motiva de la presente
Sentencia. En consecuencia, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República,
dentro de sus competencias, si aún no lo han hecho, deberán efectuar las adiciones
o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire la vigencia fiscal de 2004.
Además, esto es sin perjucio (sic) de mantener la actualización de los salarios de los
servidores públicos de las universidades, teniendo en cuanta como mínimo lo previsto
en esta sentencia, en especial la consideración jurídica 3.2.11.8.4.
Quinto. Ordenar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que, en la
aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente al año
2005, tengan en cuenta que al final de cuatrienio correspondiente a la vigencia del
actual Plan Nacional de Desarrollo, debe haberse reconocido la actualización plena
del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores
públicos, en los términos de la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la
presente Sentencia”.
46. Para llegar a esa decisión, la Corte Constitucional consideró que lo
pretendido por el Gobierno con el proyecto que dio origen a la Ley 848 de 2003, era
(i) “disminuir de manera permanente el nivel de gasto público, en la medida en que se
reduce la base sobre la cual dicho gasto se aumenta” y (ii) “reducir las necesidades de
financiación del presupuesto”.
47. Advirtió que la política de congelación de salarios del sector público
superiores a dos salaros mínimos mensuales vigentes, contenida en el proyecto de
ley de presupuesto general de la Nación para el año 2004, formaba parte de las
propuestas económicas del Referendo, el cual no había tenido lugar para la fecha
en que se radicó el proyecto de ley ante el Congreso de la República.
48. Igualmente, la Corte Constitucional señaló:
“[…] 3.2.11.3.2 Así las cosas, examinados los argumentos justificativos de la
congelación salarial expuestos por el Gobierno y aceptados por el Congreso tanto en
el momento de tramitar la Ley 796 de 2003 mediante la cual se convocaba a
Referendo, como cuando se surtió el proceso legislativo de adopción de la Ley 848
del mismo año, contentiva del presupuesto general de la Nación para 2004, la Corte
observa que dicha justificación no satisface los parámetros a que ha hecho referencia
18
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
la jurisprudencia constitucional arriba comentada, porque se limita a esgrimir que el
progresivo crecimiento del déficit fiscal y los niveles a que ahora llega determinan la
adopción de la medida. Al respecto, es de anotar que aunque la Corte le ha concedido
importancia económica de la necesidad de reducir el déficit fiscal, ha estimado que
esta necesidad, como justificación que da el Gobierno respecto de la limitación del
derecho de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real de su salario, debe
ser sustentada mediante argumentos que demuestren que, a la luz de la Constitución,
este objetivo es relevante. Es decir la justificación debe demostrar que la reducción
del déficit desde el punto de vista constitucional es un objetivo imperioso y por qué las
características del diseño de la limitación son constitucionalmente admisibles. En el
presente caso la justificación gubernamental no cumple este requisito, ya que no se
demuestra la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la limitación, ni se
analiza la incidencia acumulada de tal limitación del derecho al reajuste por causa de
anteriores restricciones, ni el efecto diferencial sobre las distintas escalas salariales.
Por todo lo anterior, la Corte estima que las justificaciones gubernamentales son
abstractas y por lo tanto no permiten ponderar el peso de la restricción introducida al
derecho de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real de su salario, frente
a los beneficios constitucionalmente relevantes que dicha limitación permitiría […]”.
49. Asimismo, se evidencia que la Corte Constitucional, entre otras cosas,
consideró que la limitación introducida por el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 “no
respeta las condiciones jurisprudencialmente deducidas que hacen que tal limitación sea
constitucionalmente aceptable. En efecto, para esa clase de servidores no se reconoce en
absoluto ningún tipo de actualización salarial; además, todos quedan afectados por la
misma medida, de manera tal que la limitación no es proporcional al nivel salarial en que se
encuentra el servidor, ni progresiva en la medida en que el salario sea mayor. La ley no
distingue entre salarios medios y altos, desconociendo los principios de proporcionalidad y
progresividad, y haciendo más gravosa la limitación para el grupo de los servidores que
reciben salarios medios”.
50. En dicha providencia también se indicó que el artículo acusado presenta una
omisión legislativa relativa en materia de ajuste de pensiones, pues a partir de una
interpretación del artículo 2 se concluye que “el legislador previó la congelación de las
pensiones superiores a dos SLMM cobijadas por la Ley de presupuesto. A esta conclusión
llega también a partir de los antecedentes legislativos del proyecto correspondiente en el
Congreso de la República, que revelan que el rubro que en este artículo se menciona fue
calculado teniendo en cuenta dicha congelación”. Y advirtió que “el artículo 2° de la Ley
848 de 2003 será declarado exequible, con el condicionamiento según el cual las
autoridades competentes, es decir, el Gobierno y el Congreso, deberán respetar el derecho
de los pensionados a mantener el poder adquisitivo real de la pensión, mediante su reajuste
anual en el mismo índice de la variación del I.P.C. registrada para el año inmediatamente
anterior”.
51. Ahora bien, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en
la sentencia recurrida, resolvió en segunda instancia el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el señor Juan Carlos Arciniegas contra
19
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y ordenó reajustar la pensión
de invalidez reconocida al demandante, a partir del 1 de enero de 2001 hasta el año
2004, teniendo en cuenta el IPC por resultar más favorable; ordenó igualmente que
se realizaran los ajustes a futuro, por su incidencia en la mesada pensional.
52. De acuerdo con el cuadro comparativo de párrafos atrás y las
consideraciones de la Corte Constitucional que parcialmente se transcribieron, la
Sala advierte que no se dan los presupuestos para concluir que, en el caso bajo
estudio, se presenta una violación del principio de cosa juzgada, toda vez que, si
bien la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad tiene efectos erga
omnes, es evidente que no hay identidad de objeto ni de causa petendi en uno y
otro proceso.
53. La finalidad perseguida en cada proceso (acción pública de
inconstitucionalidad y nulidad y restablecimiento del derecho) es distinta y el análisis
adelantado por la Corte Constitucional giró en torno a la facultad de congelar los
salarios y pensiones previsto por la Ley 848 de 2004; mientras que en el caso que
dio origen a la sentencia recurrida, se analizó la procedencia del reajuste de la
pensión de invalidez de acuerdo con la escala gradual porcentual de lo devengado
por un General y teniendo en cuenta el IPC para el periodo comprendido entre 2001
y 2004, por ser más favorable que la aplicación del principio de oscilación.
54. Adicional a lo expuesto, se advierte que en el recurso extraordinario no se
expuso la situación jurídica particular que, frente al recurrente, hubiera resuelto la
sentencia de constitucionalidad, de forma expresa.
55. Tampoco se evidencia que la decisión proferida por la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado sea contraria a una que constituya cosa
juzgada entre las partes en que aquella fue dictada.
56. El señor Juan Carlos Arciniegas se limitó a señalar en el escrito del recurso
que “EXISTE UN MANDATO JURISPRUDENCIAL DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL,
que ordenó hacer la actualización plena de conformidad al índice de la inflación causada y
acumulada, que produce efectos erga omnes, con carácter obligatorio, oponible e
inmodificable a todas las personas y a las autoridades públicas, sin excepción alguna,
constituyéndose para el caso concreto en cosa juzgada constitucional entre las partes”; sin
embargo, lo cuestionado por el recurrente es que se desconoció el fallo
constitucional porque el Consejo de Estado en la sentencia recurrida no accedió a
reajustar su pensión de invalidez en atención a la asignación básica más alta
20
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
devengada por un General en retiro, lo cual no es coherente con lo decidido en la
acción pública de constitucionalidad, pues esta Sala no encuentra que la Corte
resolviera o hiciera alusión alguna a la posibilidad de reajustar una pensión de
invalidez en los términos solicitados, máxime cuando el recurrente no indica, de
forma puntual, los aspectos que, a su juicio, fueron regulados en la sentencia de
constitucionalidad, que son aplicables al presente caso y fueron desconocidos por
la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
57. Para la Sala, además de no darse, en este caso, la concurrencia de los
presupuestos para tener por configurada la cosa juzgada, en cuanto al objeto y la
causa petendi, el recurrente no cumplió con la carga argumentativa para sustentar
la causal invocada.
58. Ciertamente, lo pretendido por el recurrente es reabrir el debate de instancia
y se acceda a las pretensiones de su demanda, lo cual no es lógico con la figura de
la cosa juzgada, pues de encontrarse fundada la causal invocada, la decisión sería
infirmar la sentencia recurrida con la consecuencia de que al proferir la nueva
decisión se declare este fenómeno jurídico y se ordene estarse a lo resuelto por el
fallo en el que se sustenta la causal.
59. Entonces lo que advierte la Sala en esta ocasión es la inconformidad del
recurrente frente al razonamiento desarrollado por la Sección Segunda, Subsección
A, del Consejo de Estado en el fallo recurrido, pretendiendo reestudiar los temas de
fondo de su demanda como si fuera una tercera instancia, lo cual escapa al objeto
y finalidad del recurso extraordinario de revisión.
60. Así las cosas, la Sala concluye que no hay lugar a dar prosperidad al presente
recurso extraordinario de revisión, pues no se determinó que la sentencia recurrida
haya vulnerado el principio de cosa juzgada conforme con el numeral 8 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
61. Por las anteriores razones, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión, como quiera que no se evidencia la configuración de la
causal octava del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sin que haya lugar a condenar en costas, pues aunque
conforme al artículo 255 ibidem, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, si se declara infundado el recurso se condenará en costas y perjuicios al
recurrente, en todo caso, para su liquidación, el artículo 188 remite expresamente a
las normas del Código General del Proceso, cuyo artículo 365, numeral 8, establece
21
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00
Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas
c/ Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
que “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el sub lite, porque en el presente
asunto la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional no presentó
escrito de oposición al recurso extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLÁRASE infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, contra la sentencia del 25 de
junio de 2020, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado.
SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ MILTON CHAVES GARCÍA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.