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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02874-00

Fecha
19 de julio de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02874-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02874-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

19 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Juan Carlos Arciniegas Rojas en
contra de la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado, de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y de la Policía Nacional.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 4 de junio de 20242 Juan Carlos Arciniegas Rojas interpuso acción de tutela en
procura de la protección de sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica,
al trabajo en condiciones dignas y justas, a la irrenunciabilidad de la seguridad social
en materia laboral, al mantenimiento del poder adquisitivo del salario y a la garantía
de legalidad, prerrogativas que considera vulneradas con la providencia del 7 de
noviembre de 2023 que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
11001-03-15-000-2021-06970-00 que fue interpuesto en contra de la providencia
del 25 de junio de 2020 emitida al interior de la nulidad y restablecimiento del
derecho 25000-23-42-000-2013-05465-01, en la que se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

2. Hechos

2.1. Juan Carlos Rojas Arciniegas interpuso una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho3 con el fin de que se ordenara la reliquidación y pago

1 Obra en el certificado 073B138BEE07A8A5 8B052946972F7D48 011D70956A33B210 1AEE424F19543FE0,

índice 2.
2 Según el índice 2 de Samai.
3 Folios 39 – 56 del certificado EDE21A33A3FE063A B49A0D4E8665B080 392B603D17191F87
BEF919704DB5C05A, índice 15.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de la asignación de retiro de la que se hizo acreedor, teniendo en cuenta que se
desempeñó en el grado de General de la Policía Nacional.

2.2. El 17 de noviembre de 20164 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó
las pretensiones de la demanda.

2.3. Inconforme, el demandante presentó recurso de apelación5, el cual fue resuelto
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en
sentencia del 25 de junio de 20206, modificó la decisión de primera instancia para,
en su lugar, declarar la nulidad del acto administrativo que negó la petición de Juan
Carlos Arciniegas Rojas y ordenar el reajuste de la asignación de retiro con base en
el índice de precios al consumidor.

2.4. El 13 de octubre de 20217 el actor radicó un recurso extraordinario de revisión8
en contra de la providencia del 25 de junio de 2020, el cual se identificó con el
radicado 11001-03-15-000-2021-06970-00. Dicho medio de controversia fue objeto
del pronunciamiento del 7 de noviembre de 20239 que lo declaró infundado porque
no se determinó que la sentencia atacada hubiera vulnerado el principio de cosa
juzgada, de conformidad con el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

3. Fundamentos de la acción de tutela

El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales por las siguientes
razones:

3.1. Se configuró un defecto sustantivo porque se desconoció el debido proceso, la
cosa juzgada constitucional y el principio de seguridad jurídica, dado que se omitió
dar aplicación la sentencia C 931 del 2004 de la Corte Constitucional.

Al respecto, también estimó que se había desconocido el precedente fijado por la
sentencia C 931 de 2004, del cual resulta claro que el Gobierno Nacional está en la

4 Folios 40 – 47 del certificado C2182C271ED89ECA 46F7405121E7089B A4E1393A5E1F60C3
446678F2C6D4686B, índice 15.
5 Folios 52 – 60, ibid.
6 Folios 138 – 171, ibid.
7 Según el índice 1 del expediente de Samai 11001-03-15-000-2021-06970-00.
8 Folios 1 – 15 del certificado 0488D810D71072BB 72F2A7E27F49BF81 6F971F3976B61C4C
C16C1F270447E8FE, índice 2 del expediente 11001-03-15-000-2021-06970-00 de Samai.
9 Obra en el certificado 6BA141784B0C353E A5A73B8F567A5598 5358E2D9C63A63EC
D279E65F0215B0DA, índice 42, ibid.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

obligación de garantizar a los servidores públicos mantener el poder adquisitivo de
su salario, de forma que las providencias atacadas no se ajustan a lo preceptuado
en el pronunciamiento de la Corte Constitucional.

3.2. Se incurrió en una violación directa de la Constitución respecto de los artículos
13, 26, 48, 53, 216, 218 y 230 del ordenamiento superior.

3.3. Se manifestó un defecto fáctico, ya que no se hizo un correcto examen de las
pruebas que demostraron que su asignación de retiro ha ido perdiendo su poder
adquisitivo.

3.4. Las providencias censuradas no expusieron las razones por las cuales no se
aplicó en debida forma el precedente de la Corte Constitucional ya citado, el cual es
de carácter vinculante y resulta claro en establecer la obligación del Estado de
mantener el poder adquisitivo del salario.

4. Pretensiones de la acción

Juan Carlos Arciniegas Rojas textualmente solicitó:

“Con base en los hechos, fundamentos, argumentos y de lo probado en el medio de
control de NULIDAD, solicito a los señores Magistrados del Consejo de Estado, que de
conformidad al artículo 2.2.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015, para determinar la
conformación de la sala de decisión con la cual se avoque el conocimiento de la presente
acción de tutela que se ejerce contra actuaciones de la propia corporación, y con el fin
de garantizar el debido proceso, y al estar un numero plural de los Magistrados de dicha
corporación en inhabilidades e incompatibilidades por tener o haber tenido medio de
control adelantados por este togado, se solicita se estudie, apruebe y se nombre una
sala de conjueces para el presente asunto.

Por lo tanto, solicito se tutelen los derechos a la Seguridad Jurídica, al Trabajo en
Condiciones Dignas y Justas, a la Irrenunciabilidad de la Seguridad Social en Materia
Laboral, al Derecho del Mantenimiento del Poder Adquisitivo del Salario y su impacto en
las Prestaciones Sociales y a la Garantía de Legalidad y alcance de la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado u otros
mandatos de orden superior fijados por la Honorable Corte Constitucional en la
sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004),
expediente D-5125, por lo cual solicito se declare:

PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia del siete
(7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) proferida por la Sala Plena del Consejo de
Estado Sala Dos (2) Especial de Decisión, dentro del recurso extraordinario de revisión,
con Radicación: 11001-03-15-000-2021-06970-00, en consecuencia, disponer

SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la
pretensión PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con el libelo
del medio de control y del recurso extraordinario de revisión impetrado.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto sustantivo de la
providencia, la cual es contraria al fin de garantizar el debido proceso, la cosa juzgada
constitucional, la seguridad jurídica y al estar inmersa la providencia judicial proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado Sala Dos (2) Especial de Decisión, en una
omisión, resultado de una actuación en contra de sentencia debidamente ejecutoriada,
desconociendo los efectos vinculantes y resolutivos de la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la
Corte Constitucional.

CUARTA: Que con el fin de determinar lo ordenado en la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la
Corte Constitucional, se establezca y declare la pérdida de poder adquisitivo del valor
consagrado como asignación básica y gastos de representación fijados en los decretos
salariales por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2
de junio de 1992), y la consecuente diferencia efectuada en las anualidades de los años
1993 a 2004, ello, como consecuencia del ajuste año a año realizado por parte del
Gobierno Nacional, y la que realmente corresponde por ajustes de la inflación causada
respecto del año inmediatamente anterior, los cuales se encuentran establecidos en las
escalas de asignación básica de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los
cuales se fijan la de los Ministros de Despacho, con la expedición de los Decretos 11
de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 42 de 1994 (Diario Oficial
No. 41.168, de 11 de enero 1994), 25 de 1995 (Diario Oficial No. 41.673 de 13 de enero
de 1995), 10 de 1996 (Diario Oficial No. 42.689, de 17 de enero de 1996), 31 de 1997
(Diario Oficial No. 42.960, de 17 de enero de 1997), 1758 de 1997 (Diario Oficial No.
43.083, de 14 de julio de 1997), 40 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero
de 1998), 35 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2720 de 2000
(Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2710 de 2001 (Diario Oficial No.
44.651, de 19 de diciembre de 2001), 660 de 2002 (Diario Oficial No. 44.770, de 15 de
abril de 2002), 3535 de 2003 (Diario Oficial No. 45.397, de 10 de diciembre de 2003),
4150 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004), pérdida de poder
adquisitivo con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios, con la cual se
afecta el núcleo esencial del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del
salario de manera permanente desde el año 2004 a la fecha.

QUINTA: De conformidad al ordinal quinto de la sentencia C-931 del veintinueve (29)
de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte
Constitucional, y al existir vicios sustanciales insubsanables con los cuales el Gobierno
Nacional ha expedido los Decretos 916 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de
marzo de 2005), 372 de 2006 (Diario Oficial No. 46.177, de 9 de febrero de 2006), 600
de 2007 (Diario Oficial No. 46.558, de 2 de marzo de 2007), 643 de 2008 (Diario Oficial
No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 708 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de
marzo de 2009), 1374 de 2010 (Diario Oficial No. 47.692, de 26 de abril de 2010), 1031
de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril de 2011), 853 de 2012 (Diario Oficial
No. 48.412, de 25 de abril de 2012), 1029 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de
mayo de 2013), 199 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1101
de 2015 (Diario Oficial No. 49.523, de 26 de mayo de 2015), 229 de 2016 (Diario Oficial
No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 999 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259, de 9 de
junio de 2017), 330 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero de 2018), 1011
de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 304 de 2020 (Diario Oficial
No. 51.240, de 27 de febrero de 2020), 961 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de
agosto de 2021), 471 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 905
de 2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023) y 301 de 2024 (Diario Oficial
No. 52.689, de 5 de marzo de 2024), por los cuales se fijan las escalas de asignación
básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama
Ejecutiva, entre los cuales se fijan las de los Ministros de Despacho y evidenciándose
que la pérdida de poder adquisitivo acumulado en las anualidades de los años 1992 a
2004, no han sido reconocidas. Decretar la Nulidad de estos en la parte pertinente de
conformidad a las pretensiones inicialmente solicitadas en el medio de control y/o
inaplicar por vía de excepción dichos decretos.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

SEXTA: Que según lo determinado y ordenado en la sentencia C-931 del veintinueve
(29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D- 5125 de la Corte
Constitucional, y una vez establecida y declarada la pérdida
de poder adquisitivo del valor consagrado como asignación básica y gastos de
representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno Nacional a los
Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2 del
Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y los decretos
subsiguientes con los cuales, se han realizado los ajustes año a año en el periodo
comprendido entre los años 1993 a 2024, se declare igualmente, la pérdida de poder
adquisitivo al valor fijado como asignación básica y/o sueldo básico de un oficial en
el grado de General o Almirante, ello consecuentemente de la implicación directa,
material y objetiva que consagran, la asignación básica y los gastos de representación
fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, en la liquidación del
Sueldo Básico de un oficial en el grado de General o Almirante, de que tratan los
artículos 14 y 15 del Decreto 921 de junio 2 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de
junio de 1992), y del artículo 2o de los Decretos 25 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711,
de 7 de enero de 1993), 65 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168,de11deenero1994),133de
1995(DiarioOficialNo.41.676de13deenero de 1995), 107 de 1996 (Diario Oficial No.
42.693, de 18 de enero de 1996), 122 de 1997 (Diario Oficial No. 42.965, de 23 de enero
de 1997), 2072 de 1997 (Diario Oficial No. 43.113, de 25 de agosto de 1997), 58 de
1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero de 1998), 62 de 1999 (Diario Oficial No.
43.473, de 8 de enero de 1999), 2724 de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de
diciembre de 2000), 2737 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de
2001), 745 de 2002 (Diario Oficial No. 44.773, de 18 de abril de 2002), 3552 de 2003
(Diario Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de 2003), 4158 de 2004 (Diario Oficial No.
45.761, de 13 de diciembre de 2004), 923 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de
marzo de 2005), 407 de 2006 (Diario Oficial No. 46.178, de 10 de febrero de 2006), 1515
de 2007 (Diario Oficial No. 46.621, de 7 de mayo de 2007), 673 de 2008 (Diario Oficial
No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 737 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de
marzo de 2009), 1530 de 2010 (Diario Oficial No. 47.698, de 3 de mayo de 2010), 1050
de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril de 2011), 842 de 2012 (Diario Oficial
No. 48.412, de 25 de abril de 2012), 1017 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de
mayo de 2013), 187 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1028
de 2015 (Diario Oficial No. 49.519, de 22 de mayo de 2015), 214 de 2016 (Diario Oficial
No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 984 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259, de 9 de
junio de 2017), 324 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero de 2018), 1002
de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 318 de 2020 (Diario Oficial
No. 51.240, de 27 de febrero de 2020), 976 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de
agosto de 2021), 466 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 905
de 2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023) y 301 de 2024 (Diario Oficial
No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) evidenciándose primariamente la pérdida
acumulada de poder adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en las
anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una pérdida de poder adquisitivo
causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, con la
que se viene causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del año
2004 y posteriores.

SEPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se declare
igualmente, la pérdida del poder adquisitivo al valor porcentual fijado como sueldo
básico a mi prohijado y que según la Escala Gradual Porcentual se encuentra
establecido en el grado de grado de MAYOR en un 45.5288%, ello consecuentemente
de la implicación de manera directa, material y objetiva que consagran, la asignación
básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros
de Despacho, y de la Asignación Básica y/o el Sueldo Básico de un oficial en el
grado de General o Almirante, según lo establece el artículo 13 de la Ley 4a de 1992,
de conformidad al desarrollo contenido inicialmente en los Decretos 872 y 921 de 1992,
con los cuales se estructuro la base para consolidar una Escala Gradual Porcentual
para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la
Fuerza Pública; Escala Gradual Porcentual con la cual, se fijan los sueldos básicos

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

mensuales a los integrantes de la Fuerza Pública, los cuales corresponden al porcentaje
que se indica para cada grado, con respecto a la asignación básica del grado de
General; Teniéndose que dicha asignación básica no fue establecida, se ha de tener de
presente el desarrollo que sobre el sueldo básico indicado, conllevó la pérdida
acumulada efectuada en las anualidades de los años 1992 a 2004, lo anterior, como
consecuencia de la forma como el Gobierno Nacional ajusta año a año, la asignación
básica y los gastos de representación de los Ministros de Despacho, lo cual tiene una
implicación directa, material y objetiva sobre el sueldo básico de un oficial en el grado
de General o Almirante; evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder
adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en las anualidades de los años
1992 a 2004; lo que genera una pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada en
el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, aplicable en la Escala Gradual
Porcentual, con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado
a partir del año 2004 y posteriores.

OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, se
realicen las declaraciones, que el despacho judicial llegare a encontrar debidamente
probadas dentro de la presente acción de tutela, teniéndose como precedente los
artículos 4, 13, 25, 48, 53, 123, 150, 230 y 334 de la Constitución Política y las
disposiciones contenidas en las Leyes 42 de 1980, 1 de 1986, 4 de 1992, y al mandato
Constitucional ordenado al Gobierno Nacional y al Congreso de la Republica en la
sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004),
expediente D-5125.

NOVENA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda y Crédito
Público, al Ministro de Defensa Nacional, al Director del Departamento Administrativo
de la Función Pública, al Director de la Policía Nacional y a los funcionarios judiciales
que avocaron el conocimiento y profirieron sentencia en los procesos con radicación
25000-23-42-000-2013-05465-00, 25000-23-42-000-2013- 05465-01 y 11001-03-15-
000-2021-06970-00; a que en evento público dé amplia difusión y publicación se dé a
conocer lo resuelto a mi favor en la presente acción de tutela, siendo el mismo trasmitido
a través de los canales institucionales del Estado Colombiano, y que en dicho actos las
autoridades deberán expresar sus responsabilidades, y expresen las disculpas por la
violación a que fui objeto por parte del Estado Colombiano desde el año 2005 al no ser
restaurado mi derecho a mantener mi pensión acorde al derecho de mantener el poder
adquisitivo, tal como quedo ordenado en sentencia judicial por la Corte
Constitucional.”10.

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 11 de junio del 202411 el Despacho Ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a la Sala Especial de
Decisión 2 del Consejo de Estado, a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Policía
Nacional12.

10 Folios 2 – 6 del certificado 073B138BEE07A8A5 8B052946972F7D48 011D70956A33B210
1AEE424F19543FE0, índice 2.
11 Obra en el certificado F96C47203A1B73EE D00C2D49BA2CCF9E 31CF556BAE819BD6
FEFB6526873400E7, índice 5.
12 Los soportes de notificación obran en el índice 8.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5.2. La Policía Nacional13 contestó que la solicitud de amparo carecía de relevancia
constitucional porque con ella se pretendió abrir una instancia judicial adicional,
además de que no se demostró la configuración de un perjuicio irremediable que
ameritara la intervención del juez de tutela.

5.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 14 estimó que
el escrito introductorio tuvo como finalidad reabrir el debate propuesto en el recurso
extraordinario de revisión, dado que en aquella ocasión el cargo elevado estuvo
relacionado con el desconocimiento de la sentencia C 931 de 2004 y del principio
de cosa juzgada constitucional, lo cual resulta ser la misma reclamación que se
eleva en sede de tutela.

5.4. Los demás interesados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por Juan
Carlos Arciniegas Rojas en contra de la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de
Estado, de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Policía Nacional de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de
1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si las
providencias criticadas vulneraron los derechos fundamentales del accionante.

13 Obra en el archivo GS-2024-017274-SEGEN del certificado CE1386E0A6C3DFC3 7E6CAD553A56A2FF

12CD975E4741F924 800838B517D3E8DB, índice 10.
14 Obra en el certificado BB43D2DEFC8900FD 0B6CBD4E5D846282 F656705D72866EF1
C8082740CE3D6307, índice 11.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3. Cuestión Previa

3.1. La Sala observa que el accionante señaló como demandadas a la Policía
Nacional, a la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado, a la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, pero, dado que los cargos elevados se dirigieron únicamente a
cuestionar las actuaciones de las autoridades judiciales, esta Subsección limitará
su análisis a dichas providencias, puesto que no encuentra acción u omisión
realizada por la Policía Nacional que amerite pronunciamiento alguno.

Ahora, pese a que el tutelante atacó las decisiones del proceso ordinario y la
sentencia del 7 de noviembre de 2023 que resolvió el recurso extraordinario de
revisión, la Sala analizará únicamente la decisión que declaró infundado el recurso
extraordinario, teniendo en cuenta que dentro de las pretensiones del actor solo se
solicitó infirmar la sentencia del 7 de noviembre de 2023 y, como consecuencia,
ordenar acceder a la totalidad de las peticiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho15.

4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad16 y de procedencia17 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada

15 Folios 2 – 6 del certificado 073B138BEE07A8A5 8B052946972F7D48 011D70956A33B210
1AEE424F19543FE0, índice 2.
16 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”18.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber19: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202220,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.

5.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir
el debate planteado ante el juez del recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-
000-2021-06970-00, como si este mecanismo fuera una instancia adicional, según
se explicará.

5.3. Juan Carlos Arciniegas Rojas alegó, en esencia, que la autoridad judicial
incurrió en un defecto sustantivo, un defecto fáctico, una violación directa de la

18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez.
20 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Constitución y una decisión sin motivación, ya que no le dio una correcta aplicación
a la sentencia C 931 de 2004 de la Corte Constitucional, al carácter de cosa juzgada
que esta posee ni a sus efectos vinculantes.

5.4. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la demanda mediante la cual se ejerció
el recurso extraordinario de revisión se fundamentó así:

“3. La causal de revisión del presente RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN -
CAUSAL se encuentra prevista en la causal octava del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – “Ser
la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”

Para el caso particular, EXISTE UN MANDATO JURISPRUDENCIAL DE CARÁCTER
CONSTITUCIONAL, que ordenó hacer la actualización plena de conformidad al índice
de la inflación causada y acumulada, que produce efectos erga omnes, con carácter
obligatorio, oponible e inmodificable a todas las personas y a las autoridades públicas,
sin excepción alguna, constituyéndose para el caso concreto en cosa juzgada
constitucional entre las partes.

Ante la inmutabilidad de la sentencia C-931 de 2004, que constituye cosa juzgada la
cual se ajusta al ordenamiento Constitucional y jurídico, con la sentencia proferida por
el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda –
Subsección A, se presenta un incumplimiento a un mandato constitucional oponible a
todas las autoridades incluyéndose a los Magistrados que conforman el Consejo de
Estado. Ante el precedente constitucional y la causal que se invoca no cabe duda que
se ha de reconocer las pretensiones teniéndose que acatar lo ordenado tanto en el
ordinal segundo como en el quinto de la sentencia constitucional y en tal sentido
aplicarse el ajuste de acuerdo a lo allí sentenciado u ordenado”21.

5.5. Ahora bien, al verificar la sentencia del 7 de noviembre de 2023, se tiene que
la Sala Especial de Decisión 2 de esta Corporación se pronunció en el siguiente
sentido:

“42. Para resolver el cargo, la Sala estima necesario precisar que las sentencias que el
recurrente acusa de ser contradictorias, y que dan lugar a la configuración de la causal
octava de revisión, fueron proferidas en procesos diferentes, pues una se dictó dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la otra, al estudiar la
constitucionalidad de una norma legal.

43. En efecto, el fallo recurrido se profirió el 25 de junio de 2020, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2013-05465-01, instaurado por el señor
Juan Carlos Arciniegas Rojas contra los actos administrativos a través de los cuales la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, negó el reajuste de la
pensión de invalidez; mientras que la sentencia que cita como contrariada fue proferida
dentro de una acción pública de inconstitucionalidad, instaurada por la ciudadana Inés
Jaramillo Murillo contra el artículo 2 de la Ley 848 de 2003 “por la cual se decreta el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004”.

21 Folios 6 – 7 del certificado 0488D810D71072BB 72F2A7E27F49BF81 6F971F3976B61C4C
C16C1F270447E8FE, índice 2 del expediente digital 11001-03-15-000-2021-06970-00.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

(…)

52. De acuerdo con el cuadro comparativo de párrafos atrás y las consideraciones de la
Corte Constitucional que parcialmente se transcribieron, la Sala advierte que no se dan
los presupuestos para concluir que, en el caso bajo estudio, se presenta una violación
del principio de cosa juzgada, toda vez que, si bien la sentencia dictada en la acción de
inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes, es evidente que no hay identidad de
objeto ni de causa petendi en uno y otro proceso.

53. La finalidad perseguida en cada proceso (acción pública de inconstitucionalidad y
nulidad y restablecimiento del derecho) es distinta y el análisis adelantado por la Corte
Constitucional giró en torno a la facultad de congelar los salarios y pensiones previsto
por la Ley 848 de 2004; mientras que en el caso que dio origen a la sentencia recurrida,
se analizó la procedencia del reajuste de la pensión de invalidez de acuerdo con la
escala gradual porcentual de lo devengado por un General y teniendo en cuenta el IPC
para el periodo comprendido entre 2001 y 2004, por ser más favorable que la aplicación
del principio de oscilación.

54. Adicional a lo expuesto, se advierte que en el recurso extraordinario no se expuso
la situación jurídica particular que, frente al recurrente, hubiera resuelto la sentencia de
constitucionalidad, de forma expresa.

(…)

56. El señor Juan Carlos Arciniegas se limitó a señalar en el escrito del recurso que
“EXISTE UN MANDATO JURISPRUDENCIAL DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL,
que ordenó hacer la actualización plena de conformidad al índice de la inflación causada
y acumulada, que produce efectos erga omnes, con carácter obligatorio, oponible e
inmodificable a todas las personas y a las autoridades públicas, sin excepción alguna,
constituyéndose para el caso concreto en cosa juzgada constitucional entre las partes”;
sin embargo, lo cuestionado por el recurrente es que se desconoció el fallo
constitucional porque el Consejo de Estado en la sentencia recurrida no accedió a
reajustar su pensión de invalidez en atención a la asignación básica más alta devengada
por un General en retiro, lo cual no es coherente con lo decidido en la acción pública de
constitucionalidad, pues esta Sala no encuentra que la Corte resolviera o hiciera alusión
alguna a la posibilidad de reajustar una pensión de invalidez en los términos solicitados,
máxime cuando el recurrente no indica, de forma puntual, los aspectos que, a su juicio,
fueron regulados en la sentencia de constitucionalidad, que son aplicables al presente
caso y fueron desconocidos por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado.

57. Para la Sala, además de no darse, en este caso, la concurrencia de los presupuestos
para tener por configurada la cosa juzgada, en cuanto al objeto y la causa petendi, el
recurrente no cumplió con la carga argumentativa para sustentar la causal invocada.”22.

5.6. Luego de relatado lo que precede, se observa que en sede de tutela, la parte
accionante por un lado, esgrimió los mismos argumentos tanto en su recurso
extraordinario de revisión como en la demanda tuitiva y, por el otro, en aquella
oportunidad el juez le señaló que no cumplió con la carga argumentativa para
justificar la causal de revisión invocada, de manera que es evidente que el actor
trató de suplir dicha falencia a través de la presente solicitud de amparo.

22 Folios 13 – 20 del certificado 6BA141784B0C353E A5A73B8F567A5598 5358E2D9C63A63EC
D279E65F0215B0DA, índice 42 del expediente digital 11001-03-15-000-2021-06970-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02874-00
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Accionado: Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5.7. Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar la acción de
tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas
contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el recurso
extraordinario, con el fin de que prevalezca la interpretación del tutelante sobre la
de la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado.

En punto de lo anterior, vale la pena resaltar que, aunque en el recurso
extraordinario se hubiera invocado la causal prevista en el numeral 8 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011 y en la demanda constitucional las causales especiales
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, ambos razonamientos
resultan prácticamente idénticos, por lo que fuerza concluir que la solicitud de
amparo está destinada a plantear un desacuerdo frente a las conclusiones a las que
arribó el juez natural de la causal, lo que impide estudiar de fondo los defectos
alegados.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

5.8. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada23, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario24.

6. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.

23 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
24 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado

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