Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10572-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10572-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-10572-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., catorce (14) julio de dos mil veintitrés (2023)
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10572-00
Demandantes: Nubia Cristina Muñoz Rodríguez – sucesores procesales
Tema: Causal invocada: existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación –numeral 5.º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)–. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA
La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión presentado por la señora Nubia Cristina Muñoz
Rodríguez1. La recurrente invocó la causal 5.ª del artículo 250 CPACA y pretendió
que se infirmara la sentencia de 26 de julio de 2018, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado2.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
El 20 de enero de 2015, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
138 del CPACA y a través de apoderada judicial, la señora Nubia Cristina Muñoz
Rodríguez demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin de que se
declarara la nulidad de las resoluciones RDP019904 de 17 de diciembre de 2012
y RDP015358 de 5 de abril de 2013 y el auto ADP012983 de 24 de septiembre de
2013. En dichos actos administrativos la entidad no accedió al reconocimiento y
pago de la pensión gracia a su favor.
En la demanda se indicó que la señora Nubia Cristina Muñoz Rodríguez laboró
como docente, «20 años, 2 meses y 7 días», en «establecimientos educativos de
1
La recurrente falleció durante el trámite del presente proceso. En consecuencia, sus hijos
solicitaron que se les declarara sucesores procesales en esta causa. El ponente accedió a dicha
petición en auto de 8 de mayo de 2023 [índice 45 de SAMAI], como se indicará más adelante en
los antecedentes de esta providencia.
2
Radicación n.º 25000-23-42-000-2015-00439-01, MP. César Palomino Cortés.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-10572-00
Demandantes: Nubia Cristina Muñoz Rodríguez– sucesores procesales
concentración rural o urbana» de diversos municipios del departamento de
Cundinamarca. En ese sentido, se mencionaron los nombramientos y traslados,
las instituciones educativas y los periodos de vinculación, que se resumen de la
siguiente forma:
i) Concentración Urbana Camilo Torres –Pacho (Cundinamarca)–, desde el 31
de agosto de 1976 hasta el 9 de octubre de 1984, con una licencia no remunerada
entre el 1º de agosto de 1984 hasta el 30 de septiembre de esa anualidad;
ii) Concentración Rural la Cabrera –Pacho (Cundinamarca)–, desde el 24 de
mayo hasta el 1.º de octubre de 2000;
iii) Escuela Rural Cerinza –Vergara (Cundinamarca)–, desde el 2 de octubre de
2000 hasta el 17 de marzo de 2005;
iv) Concentración Rural Panamá –Pacho (Cundinamarca)–, desde el 18 de
marzo de 2005 hasta el 15 de enero de 2006;
v) Concentración Rural La Hoya –Pacho (Cundinamarca)–, desde el 16 al 31 de
enero de 2006 y;
vi) Plantel Gonzalo Jiménez de Quesada –Guachetá (Cundinamarca)–, desde el
1.º de febrero de 2006 hasta la fecha de presentación de la demanda.
Asimismo, la docente manifestó (i) que tenía más de 50 años de edad, toda vez
que nació el 20 de junio de 1957, (ii) que en los empleos desempeñados se
condujo con honradez, consagración y buena conducta y (iii) que, en
consecuencia, adquirió el estatus legal para el reconocimiento de la prestación el
14 de junio de 2012, fecha en la que completó 20 años de servicios en el
departamento de Cundinamarca.
No obstante, pese a que, el 11 de septiembre de 2012, la señora Muñoz
Rodríguez pidió a la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia3, la
Administración no accedió a su requerimiento según consta en la resolución
RDP019904 de 17 de diciembre de 2012, bajo el argumento de que no contaba
con los 20 años de servicios de que trata el artículo 1.º de la Ley 114 de 19134,
toda vez que su vinculación a la docencia fue de carácter «nacional» y debido a
que, «… no es posible computar tiempos de servicio del orden nacional ni los
desempeñados en cargos de carácter administrativo total o parcialmente, …».
Posteriormente, el 2 de febrero de 2013, la maestra solicitó a la entidad la
revocatoria directa del acto administrativo citado. A su turno, en resolución
3
En la resolución RDP019904 de 17 de diciembre de 2012, la UGPP señaló que la petición de
reconocimiento de la prestación fue presentada el 11 de septiembre de 2012.
4
«Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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Demandantes: Nubia Cristina Muñoz Rodríguez– sucesores procesales
RDP015358 de 5 de abril de 2013, la UGPP denegó la petición porque, entre el
30 de agosto de 1976 al 9 de octubre de 1984, únicamente acreditó 7 años, 11
meses y 10 días, de vinculación docente de carácter «nacionalizado». En cuanto
al periodo de «24 de mayo de 2000 al 30 de julio de 2012», la entidad sostuvo
que no se podía computar ese tiempo de servicios porque las vinculaciones eran
del nivel «nacional», tal y como fue certificado por el nominador.
El 11 de septiembre de 2013, la actora radicó una nueva solicitud para obtener
el reconocimiento de la pensión gracia. Sin embargo, en auto ADP012983 de 24
de septiembre de 2013, la UGPP dispuso el archivo del expediente administrativo.
Lo anterior, al reiterar que, de acuerdo con las certificaciones allegadas por el
departamento de Cundinamarca, no se demostraron los 20 años de servicios en
la docencia del orden municipal, distrital, departamental o de carácter
nacionalizado; por tanto, al no existir nuevos elementos que hicieran variar la
decisión administrativa, concluyó que la negativa fue adoptada conforme a
derecho.
A juicio de la demandante, los actos administrativos de la UGPP debían
declararse nulos, porque vulneraron los artículos 1.º, 2.º, 6.º, 13, 25, 53 y 58 de
la Constitución Política de 1991 y las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 5, 37 de
19336, 4.ª de 19667 y 91 de 19898. Al respecto, argumentó: (i) que la
Administración no aplicó los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de Ley 114 de 1913, (ii)
que cumplió con los requisitos legales previstos para ser beneficiaría de la
prestación e hizo hincapié en que fue vinculada antes del 31 de diciembre de
1980, por lo que gozaba de un «derecho adquirido», de acuerdo con la Ley 91
de 1989, (iii) que la entidad no tuvo en cuenta que los tiempos de servicio
prestados en los establecimientos educativos de concentración rural o urbana en
los diversos municipios de Cundinamarca no son nacionales y (iv) que debía
considerarse que la fecha de ingreso efectivo como docente es el factor que fija
el régimen prestacional aplicable y no aquella en la que se adquirió el estatus
pensional.
A título de restablecimiento del derecho, en la demanda se solicitó lo siguiente:
(i) que se ordenara a la UGPP reconocer y pagar la pensión de jubilación gracia;
(ii) que la referida prestación se hiciera efectiva a partir del 14 de junio de 2012,
en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus pensional; (iii) que se le pagara el retroactivo
correspondiente a las mesadas pensionales ordinarias y adicionales (trece y
5
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
6
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de
algunos empleados».
7
«Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan
las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones».
8
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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Demandantes: Nubia Cristina Muñoz Rodríguez– sucesores procesales
catorce) dejadas de percibir; (iv) que las sumas adeudadas fueran indexadas en
consonancia con el artículo 187 del CPACA; (v) que se reconocieran los intereses
moratorios de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 192
del CPACA; y (iv) que se condenara en costas y agencias en derecho conforme
a lo dispuesto en el artículo 188 ejusdem. Finalmente, de manera «especial» pidió
que se ordenara a la demandada que allegara «todas las pruebas que obren en
su poder, en especial el expediente administrativo…»9.
El conocimiento del asunto correspondió a la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En auto de ponente de 2
de diciembre de 2015 se admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y se ordenó notificar al director general de la UGPP. A su turno, se
dispuso la notificación del agente del Ministerio Público y de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) [artículos 171, 197 y 199 del CPACA]10.
2. Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a las pretensiones y alegó que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho carecía de fundamentos fácticos y jurídicos. Sin
embargo, manifestó que se sujetaba a lo probado en el proceso y propuso las
siguientes «excepciones de fondo»: buena fe, inexistencia de la obligación y, la que
llamó, «innominada o genérica».
A su vez, como sustento de defensa, la entidad argumentó que a la demandante
no se le podía reconocer la pensión gracia, porque no cumplió los requisitos de la
Ley 114 de 1913, en particular: (i) acreditar no menos de 20 años de servicios en
la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital y (ii) no haber
recibido «alguna otra retribución del orden nacional», pues, de acuerdo con dicho
precepto, no se podía tener en cuenta los tiempos de servicios de los maestros
vinculados por el Ministerio de Educación Nacional. Bajo esa línea, sostuvo que no
era posible computar tiempos del orden territorial y nacional, como la demandante
pretendió, por lo que resultaba improcedente el reconocimiento pensional conforme
a la tesis sostenida por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional –en particular en la sentencia C-479 de 1998–.
Finalmente, la demandada alegó que le correspondía a la parte actora acreditar los
supuestos necesarios para acceder al reconocimiento pensional. Por tanto,
argumentó que, como no se aportó certificación que demostrara el tiempo de
9
Con la demanda se adjuntaron copias de los actos administrativos demandados y de la petición
de 11 de septiembre de 2013.
10
El anterior recuento se realiza de los folios 1 al 32 del expediente con radicado 25000-23-42-
000-2015-00439-00/01, que fue remitido en físico por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, como consta en el índice 16 de SAMAI.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-10572-00
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servicios como docente «nacionalizada»: no debía accederse a las pretensiones de
la demanda11.
3. Sentencia de primera instancia
En fallo de 3 de agosto de 2017, la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, se refirió al marco normativo y jurisprudencial relativo a la pensión
gracia y su liquidación; seguidamente, luego del análisis de las pruebas allegadas
al plenario, la autoridad judicial indicó que la demandante cumplió con el requisito
de acreditar una vinculación al sector docente con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980, como maestra nacionalizada en el plantel educativo Escuela Rural Los
Negros –Supatá (Cundinamarca)–, mediante nombramiento en propiedad
efectuado a través del Decreto 2383 de 11 de agosto de 1976 hasta el 1.º de
octubre de 1984.
No obstante, el a quo sostuvo que la señora Nubia Cristina Muñoz Rodríguez no
cumplió el requisito de acreditar 20 años de servicio como docente nacionalizada,
porque las vinculaciones y traslados desde el año 2000 en adelante fueron de
carácter nacional. Dichos periodos se resumen a continuación:
Desde Hasta Establecimiento Naturaleza
Acto
D–M–A D–M–A educativo vinculación
Decreto 1456
Concentración Rural La
16–05–2000
24–05–2000 02–10–2000 Cabrera –Pacho Nacional
[Docente en
(Cundinamarca)–
provisionalidad]
Decreto 2692 Escuela Rural Cerinza –
20–09–2000 Vergara Nacional
02–10–2000 18–03–2005
[Traslado] (Cundinamarca)–
Resolución
10521 Concentración Rural La
16–12–2005 16–01–2006 01–02–2006 Hoya –Pacho Nacional
[Docente en (Cundinamarca)–
propiedad]
[En la
providencia Plantel Educativo
Decreto 30
no se precisó Gonzalo Jiménez de
11–01–2006 01–02–2006 Nacional
hasta cuando Quesada –Guachetá
[Traslado]
duró la (Cundinamarca)–
vinculación]
En consecuencia, el Tribunal explicó que los docentes con vinculación nacional
carecen del derecho al reconocimiento de la pensión gracia, porque se requiere
haber prestado los servicios como maestro del orden territorial o tener el carácter
11
Con la contestación, la UGPP allegó los antecedentes administrativos del caso digitalizados en
disco compacto, en atención al requerimiento del magistrado ponente en el auto admisorio de la
demanda. Las pruebas fueron decretadas en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del
CPACA y que se llevó a cabo el 21 de febrero de 2017 como consta en los folios 33 a 101 del
expediente con radicado 25000-23-42-000-2015-00439-00/01.
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de nacionalizado, lo cual no se acreditó en el caso concreto. Por ende, no se
podía acceder las súplicas de la demanda ni había lugar a referirse a la solicitud
del reconocimiento de las mesadas trece y catorce ni a los intereses moratorios
reclamados12.
4. Recurso de apelación
La señora Nubia Cristina Muñoz Rodríguez apeló la decisión de primera
instancia. Solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda. En ese
sentido, alegó que el Tribunal incurrió en error al considerar que las vinculaciones
y traslados desde el 24 de mayo de 2000 eran de carácter nacional, porque los
actos administrativos fueron expedidos por autoridades de los entes territoriales,
sin que en ningún momento se hiciera alusión o se advirtiera la injerencia del
Ministerio de Educación Nacional, además, porque los recursos tuvieron origen
en el presupuesto departamental, a través de los Fondos de Educación
Departamental (FER) y del Sistema General de Participaciones (SGP), que hacen
parte del ente territorial y no de la Nación. Para fundamentar lo anterior, citó el
contenido de los siguientes actos administrativos:
Autoridad que Establecimiento Origen Naturaleza
Acto suscribió el educativo presupuestal vinculación
nombramiento
Gobernación de
Cundinamarca a través
del secretario de
educación. Concentración
Fondo
Decreto 1456 Rural La Cabrera
Educativo de Territorial
16–05–2000 Posesionada ante la –Pacho
Cundinamarca
Dirección de Gestión (Cundinamarca)–
Humana de la Secretaría
de Educación del
departamento.
Decreto 028 Escuela Rural Sistema
Alcalde municipal de
18–03–2005 Panamá –Pacho General de Territorial
Pacho (Cundinamarca)–
[Traslado] (Cundinamarca)– Participaciones
Gobernador de
Cundinamarca a través
del secretario de
educación.
Resolución
Sistema
007128 Se indicó que fue Territorial
No especificó General de
04–09–2007 nombrada en propiedad
Participaciones
por superar el periodo de
prueba de la designación
realizada en
provisionalidad en 2006,
no especificó cuál.
Alcalde municipal de
Decreto 054 IED Instituto Sistema
Pacho (Cundinamarca)–
06–06–2009 Técnico Agrícola, General de
«como representante del Territorial
[Traslado] sede rural San Participaciones
departamento»13
12
Folios 114 a 122 del expediente con radicado 25000-23-42-000-2015-00439-00/01.
13
Folio 131 reverso del expediente con radicado 25000-23-42-000-2015-00439-00/01.
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Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-10572-00
Demandantes: Nubia Cristina Muñoz Rodríguez– sucesores procesales
Miguel –Pacho
(Cundinamarca)–
IED Instituto
Gobernación de
Resolución Técnico Agrícola, Territorial
Cundinamarca a través
002848 sede Colina
del secretario de No especificó
21–03–2014 Alberto Nieto
educación.
[Traslado] Cano–Pacho
(Cundinamarca)–
Seguidamente, la recurrente sostuvo que el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989,
indicó que los docentes con vinculación nacional son aquellos nombrados por el
Gobierno nacional, por su parte, los nacionalizados o territoriales son docentes
vinculados por la entidad territorial. Afirmó que, en algunos casos, la Nación
delegó en los entes territoriales la función de nombramiento; sin embargo,
conforme a los considerandos de los actos administrativos resumidos en el
cuadro, señaló que, en ninguna de dichas designaciones, quienes las
suscribieron indicaron actuar como agentes de la Nación ni con facultades
provenientes de ese nivel.
A su vez, afirmó que, «… no desconoce que en Certificados de Historia Laboral
expedidos por la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca,
dicha entidad deja constancia que el tipo de vinculación … por los tiempos de
servicio prestados desde el año 2000 es Nacional …»; no obstante, sostuvo que
el a quo no se debió limitar a ellos, sino constatar los actos administrativos de
nombramiento y traslado, pues, son los que determinan el tipo de vinculación. En
ese sentido, entre otras, citó la sentencia de 11 de febrero de 2015 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, radicado 17001-23-31-000-2012-00332-01.
En consecuencia, la apelante consideró que cumplió con los requisitos
establecidos en las Leyes 114 de 1913, 37 de 1933 y 91 de 1989, en razón a que
las vinculaciones y traslados como docente fueron realizados por entes
gubernativos del nivel territorial y el pago se realizó con cargo al presupuesto del
departamento, sin que hubiera lugar a desconocerle el derecho a la pensión
gracia por la certificación que la calificó como docente nacional14.
5. Sentencia de segunda instancia
En decisión de 26 de julio de 2018, la Subsección B de la Sección Segunda de
esta corporación confirmó la sentencia del a quo. Para tal efecto, precisó que la
pensión gracia, establecida en la Ley 114 de 1913, fue concebida como una
prerrogativa gratuita en favor de los docentes nacionalizados con vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980; por tanto, quienes se hayan vinculado con
posterioridad a esa fecha, no tienen la posibilidad de acceder a dicho
reconocimiento prestacional, sino exclusivamente a la establecida en el literal b)
14
Folios 130 a 152 del expediente con radicado 25000-23-42-000-2015-00439-00/01.
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Demandantes: Nubia Cristina Muñoz Rodríguez– sucesores procesales
del numeral 2.º del artículo 15 de la Ley 91 de 198915, que se otorga por igual tanto
a docentes nacionales como nacionalizados. A partir del material probatorio del
expediente, la segunda instancia indicó que, en el caso concreto, estaba
demostrado lo siguiente:
• Que la demandante nació el 20 de junio de 1957; por tanto, para el 11 de
septiembre de 2011, momento en el que solicitó el reconocimiento de la pensión
a la UGPP, tenía más de 50 años de edad [requisito previsto en el numeral 6.º del
artículo 4.º de la Ley 114 de 1993].
• Que la actora se desempeñó con honradez, consagración y buena conducta,
según los antecedentes contenidos en el expediente administrativo [exigencia
prevista en el numeral 1.º ejusdem].
• La docente fue nombrada a partir del 31 de agosto de 1976 al servicio del
departamento de Cundinamarca, cargo que ejerció hasta el 9 de octubre de 1984,
por tanto, si bien, en principio cumplió con el requisito de haberse vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980, se advirtió que ello conllevaba una mera expectativa
frente al derecho pensional en discusión.
• Si bien, en el año 2000, la Secretaría de Educación de Cundinamarca designó
como docente a la demandante, de acuerdo con la Ley 91 de 1989, se trata de
una vinculación del orden nacional, lo que hacía imposible el reconocimiento
pensional, dado el carácter excepcional con que fue instituida la prestación
económica, pues es indispensable acreditar servicios en planteles
departamentales o municipales durante mínimo 20 años, supuestos fácticos que
no se evidenciaron en el caso, como lo corroboró con las diferentes
certificaciones allegadas al proceso y que no fueron desvirtuadas ni tachadas de
falsas por la demandante.
Finalmente, en cuanto al argumento de la apelante en el sentido que los
nombramientos fueron realizados por el departamento y las instituciones
educativas en donde prestó sus servicios tenían ese carácter, la Sala sostuvo
que, por esas razones, no podía considerarse como docente nacionalizada o
territorial durante toda su relación laboral, pues a partir del año 2000, siempre
tuvo la connotación de docente nacional, conforme a las previsiones de la Ley 91
de 198916. En ese sentido, se precisó que no podía pretender el reconocimiento
pensional por el solo hecho de haberse vinculado en 1976.
15
Pensión ordinaria de jubilación equivalente al 75% del salario promedio del último año de
servicios.
16
Folios 180 a 192 del expediente con radicado 25000-23-42-000-2015-00439-00/01.
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II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Demanda
El 9 de septiembre de 2019, por medio de apoderada judicial, la señora Nubia
Cristina Muñoz Rodríguez presentó recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia de 26 de julio de 2018 de la Subsección B de la Sección Segunda de
esta corporación, confirmatoria de la decisión que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que se tramitó con
radicación n.º 25000-23-42-000-2015-00439-01. La actora formuló las siguientes
pretensiones (se transcriben in extenso inclusive con errores en el texto):
PRIMERO: Declarar la prosperidad de la causal de revisión invocada descrita en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia proferida el 26 de
julio de 2018 por el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, C.P.: Dr. Cesar Palomino
Cortes, dentro del medio de control de la referencia.
TERCERO: En su lugar, proferir nuevo fallo judicial que en reemplazo del declarado
nulo, acceda a la totalidad de pretensiones incoadas en la demanda inicial, que
corresponden a:
DECLARACIONES:
PRIMERO: Se declare la nulidad total de la Resolución RDP 019904 del 17 de
diciembre de 2012, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de pensión
gracia a mi mandante.
SEGUNDO: Se declare la nulidad total de la Resolución RDP 015358 del 05 de abril
de 2013, por medio de la cual se negó la solicitud de revocatoria directa Interpuesta
en contra de la Resolución RDP 019904 del 17 de diciembre de 2012.
SEGUNDO: (sic) Se declare la nulidad total del Auto No. ADR 012983 del 24 de
septiembre de 2013, por el cual se negó nueva solicitud de reconocimiento de
pensión grada a mi mandante y se decreta el archivo de la solicitud.
CONDENAS:
Como consecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos
administrativos, se CONDENE a la UGPP, a título de restablecimiento del derecho,
a lo siguiente:
PRIMERO: a RECONOCER LA PENSIÓN GRACIA a la señora NUBIA CRISTINA
MUÑOZ RODRÍGUEZ a partir del 14 de junio de 2012, por haber cumplido con los
requisitos legales establecidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1923, 37 de 1933
y Ley 91 de 1989.
SEGUNDO: a que el reconocimiento de la pensión gracia de mi mandante se haga
en cuantía no inferior a $1.127.078,96 efectiva a partir del 14 de junio de 2012,
equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales (asignación
básica, prima de alimentación, prima de vacaciones, prima de navidad)
devengados en el último año de servicios inmediatamente anterior a la adquisición
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del status pensional, esto es entre el 15 de junio de 2011 al 14 de junio de 2012,
conforme a la siguiente liquidación:
TERCERO: a que se pague a favor de la señora NUBIA CRISTINA MUÑOZ
RODRÍGUEZ el retroactivo correspondiente por las mesadas pensionales
ordinarias y adicionales (trece y catorce) dejadas de percibir a partir del momento
en que se adquirió el status pensional (14 de junio de 2012) hasta la fecha realice
su pago, y en la sucesivo se le sigan pagando las mesadas pensionales que le
correspondan, con los respetivos reajustes de ley.
CUARTO: al reconocimiento y pago Indexado de las sumas adeudadas, con base
en el Índice de Precios al Consumidor, conforme a lo establecido en el inciso final
del artículo 187 de la Ley 1437 de 20[1]1.
QUINTO: al reconocimiento y pago de los Intereses moratorios par el no pago a
tiempo de las mesadas pensiónales adeudadas a mi poderdante, tanto los
regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 (por haber sobrepasado la
entidad demandada los 4 meses que otorga la Ley 797 de 2003 para dar respuesta
a la petición), como los regulados en el inciso tercero del artículo 192 de la Ley
1437 de 20[1]1.
SEXTO: al pago de las costas judiciales del proceso, incluyendo las agendas en
derecho, en aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2001. Costas judiciales
a las que hay lugar a condenar mediante el presente proceso, toda vez que al
negarse la entidad demandada a reconocer la pensión gracia a mi mandante se le
ha impedido disfrutar la prestación social a la cual tiene derecho.
SÉPTIMO: a dar cumplimiento a la sentencia que se profiera y ponga fin al presente
proceso judicial en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 20[1]1.
La recurrente invocó la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA; consideró que la
decisión objeto del recurso es nula porque vulneró sus derechos al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad social y jurídica, en cuanto que, no se aplicó
a su caso la sentencia de unificación jurisprudencial de 21 de junio de 2018 de la
Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado (SUJSII-11-2018),
notificada el 29 de junio de 2018, en la que, según señaló, se estableció que las
vinculaciones posteriores al año 1980, realizadas por los entes territoriales y
financiadas por el SGP corresponden a vinculaciones de carácter territorial o
nacionalizado.
Con el fin de acreditar lo anterior, la actora indicó que «… existe expresa
disposición por parte de la Secretaría de Educación del Departamento de
Cundinamarca, cuando … reconoció pensión vejez … con Resolución No. 00167
del 25 de febrero de 2019, en la cual se manifiesta que la vinculación … a la
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docencia es de carácter departamental y los recursos provienen del Sistema
General de Participaciones …». En consecuencia, solicitó que dicho acto
administrativo fuera tenido como prueba en el presente trámite, entre otras.
Asimismo, a lo largo del recurso, se citaron y transcribieron apartes de diversas
decisiones judiciales que la recurrente consideró como casos análogos17 al suyo,
posteriores a la decisión de unificación. Según se indicó, en esos asuntos (i) se
reconoció la pensión gracia con tiempos de vinculación financiados a través del
SGP o los FER, (ii) se aplicó la postura unificada de 21 de junio de 2018, (iii) no
se impuso la obligación a la parte demandante de objetar la legalidad de los
certificados aportados, por el contrario, el análisis de las pruebas fue realizado
en conjunto y los juzgadores de instancia, en casos de duda, decretaron pruebas
de oficio.
Finalmente, la demandante indicó que el reconocimiento y pago de la pensión
gracia es un derecho irrenunciable, como sustento jurídico de lo anterior, citó los
artículos 48 de la Constitución Política, 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo.
En consecuencia, manifestó que debía accederse a sus pedimentos, además,
dada su condición de especial protección por ser de la tercera edad y haber
laborado como docente oficial por más de 20 años con vinculación territorial y
nacionalizada18.
2. Auto admisorio de la demanda
Por medio de auto de 28 de enero de 2022, el ponente admitió la demanda19 y
ordenó las notificaciones a la UGPP y al Ministerio Púbico, según las previsiones
del artículo 253 del CPACA, y a la ANDJE de acuerdo con el artículo 199 ejusdem.
Las vinculaciones se realizaron en legal forma como consta en el sistema de
gestión judicial SAMAI20.
3. Concepto y contestación de la demanda
El Ministerio Público y la ANDJE guardaron silencio. Por su parte, el apoderado
de la UGPP radicó poder para representar a la entidad, pero no esgrimió
argumentos de defensa ni realizó solicitudes probatorias21.
17
Páginas 14 a 26 del escrito del recurso.
18
La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El recurso no se
presentó de forma autónoma e independiente, sino en el proceso ordinario con radicado 25000-
23-42-000-2015-00439-01. En consecuencia, por medio de auto de 15 de junio de 2021, se
remitió por competencia a esta corporación la demanda de revisión. El asunto llegó, junto con el
expediente físico de nulidad y restablecimiento del derecho, al Consejo de Estado el 28 de octubre
de 2021, págs. 2, 59 a 62 del archivo .pdf «ED_CUADNO […]», índice 2 de SAMAI. Por reparto,
correspondió el medio excepcional de impugnación al doctor Luis Alberto Álvarez Parra y el
expediente ingresó al despacho del referido magistrado el 30 de noviembre de 2021, índice 3 de
SAMAI.
19
Índice 4 de SAMAI.
20
Índices 7 a 9 de SAMAI.
21
Índices 12 a 14 de SAMAI.
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5. Auto de pruebas
Por medio de auto de 18 de mayo de 202222, el ponente dispuso tener como
prueba trasladada la obrante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que se tramitó con el radicado n.º 25000-23-42-000-2015-00439-01. En
ese sentido, se precisó que las señaladas por la recurrente en los numerales 1.º,
2.º y 3.º del acápite respectivo de la demanda se encontraban en dicha actuación
judicial.
En cuanto a los medios de prueba documental solicitada por la parte recurrente,
el Despacho negó su decreto por tratarse de pruebas manifiestamente
impertinentes e inútiles, de acuerdo con el artículo 168 del Código General del
Proceso (CGP) porque no pertenecían a las obrantes en el trámite por medio del
cual se negó el reconocimiento de la pensión de gracia ni guardaban relación
directa para acreditar la configuración de la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA
alegada. Finalmente, se reconoció personería al apoderado de la UGPP.
6. Solicitud de sucesión procesal
El 8 de marzo de 2023, la apoderada de la recurrente informó sobre el
fallecimiento de su representada23. En atención a este hecho, el magistrado
ponente la requirió, mediante auto del día 23 siguiente, para que aportara el
registro civil de defunción de la señora Nubia Cristina Muñoz Rodríguez, e
informara sobre las posibles personas que pudieran sucederla procesalmente en
esta causa24.
Es así como, a través de memorial de 11 de abril de esta anualidad25 acudieron
al presente trámite los señores Víctor Gabriel Arévalo Bachiller, cónyuge
sobreviviente, Laura Cristina Arévalo Muñoz, Nubia Gabriela Arévalo Muñoz
y Víctor Gonzalo Arévalo Muñoz, en calidad de hijos de la recurrente, por medio
de otra abogada, y solicitaron que se les declarara como sucesores procesales
en este trámite judicial, para lo cual aportaron la prueba documental pertinente
con el fin de acreditar el fallecimiento de la demandante y su legitimación para
actuar en esta causa. En consecuencia, en providencia de 8 de mayo de 202326,
al encontrar cumplidos los requisitos previstos en los artículos 68 y 70 del CGP,
y precisados los alcances de dicho instituto procesal, conforme lo ha indicado
22
Índice 21 de SAMAI.
23
Índice 35 de SAMAI.
24
Índice 37 de SAMAI.
25
Índice 43 de SAMAI.
26
Índice 45 de SAMAI.
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esta corporación27, el ponente accedió a su petición y dispuso la subrogación en
la persona que integraba la parte actora28.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Presupuestos procesales
1.1. Competencia
De acuerdo con el inciso 1.º del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado. Asimismo, es importante
precisar que el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión de
esta corporación y que el acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
reglamentó su integración y funcionamiento.
Por su parte, el numeral 1.º del artículo 29 del acuerdo 080 de 2019, asignó la
competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado. En este orden de ideas, la Sala Veintidós
Especial de Decisión de la corporación es competente para conocer la demanda
de revisión contra la sentencia de 26 de julio de 2018, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso contentivo del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que la señora Nubia
Cristina Muñoz Rodríguez promovió contra la UGPP.
1.2. Procedencia y oportunidad
De acuerdo con el artículo 248 del CPACA, el recurso procede contra «… las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos». En este caso, la recurrente
controvierte una sentencia dictada, en segunda instancia, por una de las
subsecciones de esta corporación que se encuentra debidamente ejecutoriada,
razón por la cual el recurso cumple con el requisito de procedencia.
Ahora bien, el recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del
término establecido en el artículo 251 ejusdem. En efecto, se interpuso el 9 de
27
Puede consultarse, Sala Segunda Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de
Estado, auto de 4 de agosto de 2022, radicado n.º 11001-03-15-000-2018-02588-00, MP. César
Palomino Cortés y Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 25 de noviembre de 2009,
radicado n.º 13001233100020040246301, MP. Enrique Gil Botero.
28
Índices 29 a 45 del SAMAI.
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septiembre de 201929 y la decisión objeto de revisión, es la sentencia de 26 de
julio de 2018, notificada por medio electrónico el 7 de septiembre de esa
anualidad30, de acuerdo con las previsiones del artículo 203 ibidem31. Así las
cosas, como la sentencia censurada quedó notificada el 7 de septiembre de 2018,
cobró ejecutoria a los tres días siguientes, de conformidad con el artículo 302 del
CGP32, esto es, el 12 de septiembre de esa anualidad33.
Por lo tanto, en atención a las previsiones del artículo 251 del CPACA, el término
con el que se cuenta para interponer el recurso es «dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia», el cual, en el caso concreto, empezó a
contabilizarse el 13 de septiembre de 2018. En ese sentido, como la demanda se
radicó el 9 de septiembre de 2019 y el término para presentar el recurso
extraordinario de revisión vencía el día 13 de ese mes y año, es claro que fue
radicado oportunamente 34.
1.3. Legitimación en la causa
En punto a este presupuesto procesal, como se indicó en los antecedentes, la
recurrente falleció durante el trámite del presente asunto y, en auto de 8 de mayo
de 202335, el ponente accedió a la petición de sucesión procesal de los señores
Víctor Gabriel Arévalo Bachiller, cónyuge sobreviviente, Laura Cristina Arévalo
29
Pág. 2 del archivo .pdf «ED_CUADNO […]», índice 2 de SAMAI.
30
Índice 22 de SAMAI del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
n.º 25000-23-42-000-2015-00439-01.
31
«Artículo 203.Notificación de las sentencias. Las sentencias se notificarán, dentro de los
tres (3) días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón
electrónico para notificaciones judiciales. En este caso, al expediente se anexará la constancia
de recibo generada por el sistema de información, y se entenderá surtida la notificación en tal
fecha. A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por medio
de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil. Una vez en
firme la sentencia, se comunicará al obligado, haciéndole entrega de copia íntegra de la misma,
para su ejecución y cumplimiento».
32
«… Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando
no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
33
En atención a que el día 7 de septiembre era viernes, razón por la cual los días 8 y 9 de ese
mes y anualidad son inhábiles; por tanto, los tres días siguientes corresponden a los siguientes:
10, 11 y 12 de septiembre de 2018.
34
Se reitera que la demanda extraordinaria de revisión fue presentada ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. El recurso no se presentó de forma autónoma e independiente,
sino en el proceso ordinario con radicado 25000-23-42-000-2015-00439-01. En consecuencia,
por medio de auto de 15 de junio de 2021, se remitió por competencia a esta corporación. El
asunto llegó, junto con el expediente físico de nulidad y restablecimiento del derecho, al Consejo
de Estado el 28 de octubre de 2021, págs. 2, 59 a 62 del archivo .pdf «ED_CUADNO […]», índice
2 de SAMAI. Por reparto, correspondió el medio excepcional de impugnación al doctor Luis
Alberto Álvarez Parra y el expediente ingresó al despacho del referido magistrado el 30 de
noviembre de 2021, índice 3 de SAMAI.
35
Índice 45 de SAMAI.
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Muñoz, Nubia Gabriela Arévalo Muñoz y Víctor Gonzalo Arévalo Muñoz, en
calidad de hijos de Nubia Cristina Muñoz Rodríguez Por tanto, ocurrió la
subrogación en la persona que integraba la parte actora, [artículos 68 y 70 del
CGP].
En consecuencia, la Sala considera que, a partir de la decisión judicial
mencionada, aquellos actúan en calidad de recurrentes en el presente asunto y
se encuentran legitimados en la causa por activa, toda vez que la señora Nubia
Cristina Muñoz Rodríguez fue la demandante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que se tramitó con radicación n.º 25000-23-42-000-
2015-00439-01. Por su parte, también se cumple el presupuesto por pasiva,
porque la UGPP fue la parte demandada en el mencionado proceso en el que se
dictó la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión.
2. Problema jurídico
Conforme a los planteamientos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión, corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia
de 26 de julio de 2018 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado. Así las cosas, se establecerá si en el caso concreto se configura la
causal de revisión consistente en existir nulidad originada en la sentencia (art.
250.5 CPACA), por vulneración a los derechos al debido proceso, a la igualdad,
a la seguridad social y jurídica, ante la inaplicación de la sentencia de unificación
SUJSII-11-2018 y demás pronunciamientos, de acuerdo con los argumentos que
se indicaron en la demanda de revisión.
En este orden de ideas, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la
Sala abordará metodológicamente el estudio de los siguientes ejes temáticos: i)
generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) la causal quinta de
revisión, consistente en existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación, y iii) con base en lo
anterior, se resolverá el caso concreto a partir de la argumentación expuesta por
la parte recurrente de cara a la causal invocada y el objeto de este medio
excepcional de impugnación.
2.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión36 es un medio de impugnación excepcional
que permite quebrantar el principio de cosa juzgada y, su finalidad se contrae a
36
Regulado en el Título VI «RECURSOS EXTRAORDINARIOS», Capítulo I «Recurso
Extraordinario de Revisión», artículos 248 al 255 del CPACA, con las modificaciones realizadas
por la Ley 2080 de 2021, artículos 68, 69 y 70.
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restablecer el imperio de la justicia y la vigencia del ordenamiento jurídico, que
pueden resultar afectados por decisiones materialmente injustas. Las causales
que se pueden invocar se encuentran previstas en el artículo 250 del CPACA.
Aquellas delimitan el ámbito de acción de este medio de impugnación y no
admiten interpretaciones extensivas dado que comportan situaciones
excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa juzgada.
En síntesis, se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición
de documentos decisivos que modifiquen el sentido de la decisión o incluso la
violación al debido proceso. Se trata de causales que no constituyen errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida
o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como lo ha
precisado esta corporación, «… [n]o es un recurso que proceda por violación de
la ley …»37. En otras palabras, «… el recurso extraordinario de revisión no da
cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la
ley en la sentencia»38. Por tanto, este medio de impugnación excepcional no está
previsto para corregir los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio
origen a la sentencia recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar
hechos no expuestos ante el juez natural del proceso.
De manera que, como lo ha indicado esta corporación39, el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto.
En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-068 de 19 de noviembre
de 199840, señaló que, «… la revisión no está regulada para errores “in
judicando” ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de
soporte a la decisión que puso término al proceso41; se trata de un examen
detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de
2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2012-00231-00. MP. Alberto Yepes Barreiro «Sobre las
generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre muchas otras:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de
2010, Rad. REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 20 de octubre de 2009,
Rad. REV-2003-00133, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995,
Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11
de febrero de 1993, Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, Rad.
35995 y Sección Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, Rad. 2007-00267».
37
Cfr., Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial
de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021, radicación n.º 11001031500020210061000. MP.
Julio Roberto Piza Rodríguez.
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de
2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2012-00231-00. MP. Alberto Yepes Barreiro.
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º 11001-03-15-000-2013-02724-00 (REV),
MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
40
Corte Constitucional, sentencia C-068 de 19 de noviembre de 1998. MP. Carlos Gaviria Díaz.
41
Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2 de agosto de 1994. MP. Edgar
Saavedra Rojas.
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de justicia que de ella emana …». A su vez, en sentencia C-520 de 4 de agosto
de 200942, la Corte se refirió al recurso extraordinario de revisión en la
jurisprudencia colombiana, y destacó la tesis decantada por la Corte Suprema de
Justicia, según la cual:
… el recurso de revisión no puede ser usado como intento de revivir el debate
probatorio, ni para volver sobre aspectos de pura interpretación legal. De ello da
muestra la sentencia de 13 de enero de 2004, Expediente 0211-01, en la que la
Corte doctrinó acerca de que el recurso extraordinario no autoriza un análisis
panorámico del debate procesal, sino de establecer, por las precisas y taxativas
causales que estableció el legislador en el artículo 380 Código de Procedimiento
Civil, si el fallo, desde esa perspectiva, arremete contra las garantías procesales
que dichas causales protegen. De allí, entonces, que ‘los errores de apreciación
probatoria en que haya podido incurrir el juez al proferirlo, son aspectos ajenos al
recurso de revisión’, pues este “no constituye una tercera instancia en la que pueda
replantearse el litigio”, ni es “medio conducente para reparar cualquier irregularidad
de la sentencia, o su indebida fundamentación” … [43].
2.2. La causal de revisión consistente en la nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso – Reiteración de jurisprudencia
El numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, establece «[e]xistir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación» 44. De acuerdo con lo anterior, la causal comprende los siguientes
presupuestos:
(i) Que se dirija contra una sentencia respecto de la cual no proceda recurso
de apelación, «… porque entonces sería el juez ad quem quien debe
concurrir a desplegar la actividad judicial que permita enervar y solucionar
el hecho constitutivo de nulidad o en dado caso dejárselo explícito al a quo
si corresponde a éste implementar la solución, campo de acción que es
totalmente ajeno al juez del recurso extraordinario de revisión …, es decir,
ya superó las instancias del juez natural …»45.
42
Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. MP. María Victoria Calle Correa.
43
Cit. «Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2004-00729 de agosto 29
de 2008, Expediente 11001-0203-000-2004-00729-01, MP: Edgardo Villamil Portilla».
44
Sobre esta causal pueden verse, entre otras decisiones la siguientes: (i) Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de
3 de abril de 2018, radicación n.º 11001-03-15-000-2014-00251-00, MP. Rafael Francisco Suárez
Vargas, (ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 20 de agosto de 2021, radicación n.º 10001-03-15-000-2020-
02925-00, MP. Marta Nubia Velásquez Rico, (iii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 10 de marzo de
2021, radicación n.º 11001-03-15-000-2019-03190-00, MP. Hernando Sánchez Sánchez, (vi)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de
Decisión, sentencia de 16 de febrero de 2021, radicación n.º 11001-03-15-000-2019-00788-00,
MP. Milton Chaves García y (v) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, radicación n.º 11001-
03-15-000-2019-00119-00, MP. Alberto Montaña Plata.
45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de
Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02343-00–
acumulado (REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Radicación n.º 11001-03-15-000-2021-10572-00
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ii) Que exista una nulidad procesal o constitucional, «… pero este segundo
supuesto pende del siguiente y (iii) que esta tenga nacimiento en la
sentencia que puso fin al proceso, o en su defecto, que la parte afectada,
bajo motivo invencible, no hubiera podido alegarla …»46.
Así las cosas, aunque el enunciado normativo es claro, se ha dicho que «… se
trata de una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo47 … dado que, en razón de su
redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance,
por cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar
la nulidad de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco …»48. En
otras palabras, si bien de la lectura del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA,
se advierte que para la configuración de la causal es necesario que la nulidad se
presente al momento de proferir la sentencia, lo cierto es que, el legislador no
definió los eventos constitutivos del vicio.
En ese sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo49, en un ejercicio
hermenéutico, ha señalado de manera consistente, que los hechos que la
configuran son aquellos que constituyen las causales de nulidad procesal, esto
es, las previstas en el artículo 133 del CGP50, pero no son figuras idénticas. Se
trata de vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la
sentencia, pero no los acaecidos en etapas anteriores, toda vez que, las
nulidades procesales deben seguir la regla de oportunidad prevista en el artículo
134 del CGP51.
Sin embargo, también se ha aceptado la posibilidad de alegar la nulidad originada
en la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio constitutivo de la causal
antes de proferirse el fallo, «… no pudo ser advertida por el recurrente durante el
curso del proceso …»52, caso en el cual, al afectado le asiste la carga de probar
46
Ibidem.
47
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV),
MP. Alberto Yepes Barreiro.
48
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02260-
00(REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
49
Ver, entre otras, las siguientes providencias (REV) de 20 de abril de 2004, radicación n.º 11001-
03-15-000-1996-0132-01; de 18 de octubre de 2005, radicación n.º 11001-03-15-000-2000-
00239-00, de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-00; de 2 de
marzo de 2010, expediente número 185; de 9 de marzo de 2010, radicación n.º 11001-03-15-
000-2002-1024-01 y de 31 de mayo de 2011, radicación n.º 11001-03-15-000-2008-00294-00.
50
Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
51
En este sentido puede verse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala Tercera Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021, radicación n.º 11001-03-
15-000-2021-00610-00 (REV), MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
52
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto
de 2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2009-00687-00 (REV). MP. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, en la que se cita «Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. MP.
Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-
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que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad, pues de lo contrario, la causal
se convertiría en una excusa para subsanar las omisiones cometidas en el
proceso ordinario. En este sentido, resulta importante señalar que la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en providencia de 31
de mayo de 2011, resumió los supuestos que podrían configurar el vicio de
nulidad en la sentencia, así:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a
quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada
con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación.
Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 2018 53, con fines de unificación
jurisprudencial54 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena fijó un nuevo
alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia. En dicha decisión se
indicó, que el fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión
mencionada por desconocer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el
derecho de acceso a la administración de justicia.
En suma, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar
la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de
la Constitución. Dentro de estos supuestos, a manera enunciativa, se pueden
citar los siguientes: (i) la sentencia en la que se condena a la parte que no fue
vinculada al proceso; (ii) la sentencia de las corporaciones judiciales que no
cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación, o aquella que
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados; (iii) la sentencia
2001-0091-01. Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la
República».
53
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo
de 2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro. [En
la providencia se citaron, la sentencia C-739 de 2001 MP. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso, entre
otras, «… ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-491 de 1995 … y C-217 de 1996
…» y la providencia de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-00
(REV), MP. María Elena Giraldo Gómez].
54
Por auto de 7 de julio de 2015, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar
criterios: «…i) En qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del
recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación
al debido proceso …».
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que no tiene formal ni materialmente motivación ante la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión; (iv) la sentencia que se dicta con violación al
principio de la non reformatio in pejus; (v) la decisión que desconoce el principio
de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o minuspetita55; y (vi)
cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria
que se traduce en denegación de justicia56.
2.3. El caso concreto
La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia que la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado profirió el 26 de julio de 2018. En su
criterio, la decisión está viciada de nulidad en la medida en que vulneró sus
derechos al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y jurídica porque
(i) no aplicó la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 de la Sala Plena
de la Sección Segunda del Consejo de Estado ( SUJSII-11-2018), (ii) la autoridad
judicial de segunda instancia dio plena validez a las certificaciones que daban
cuenta de que su vinculación era del nivel nacional y (iii) no accedió al
reconocimiento de la pensión gracia pese a que, en criterio de la actora, sus
vinculaciones fueron del nivel territorial o nacionalizado.
A partir de la postura de unificación, según se alegó, todas las vinculaciones
docentes que se realicen con cargo a los Fondos de Educación Regional (FER)
o al Sistema General de Participaciones (SGP) son del nivel territorial o
nacionalizado. Por tanto, los tiempos de servicio, que la señora Nubia Cristina
Muñoz Rodríguez prestó desde el año 2000, en los establecimientos educativos
de concentración rural o urbana en los diversos municipios de Cundinamarca: no
son del nivel nacional, aunado a que tenía una vinculación nacionalizada anterior
al 31 de diciembre de 1980.
En ese sentido, se consideró que la autoridad judicial de segunda instancia no
podía dar validez a las certificaciones con las que edificó la decisión adversa a
sus intereses, sino que debió valorar los actos administrativos de vinculación,
para determinar que fue docente de carácter nacionalizado o territorial y acceder
al reconocimiento de la pensión de gracia. Asimismo, se indicó que la decisión
de unificación estableció efectos retrospectivos para los asuntos pendientes de
solución en sede administrativa o judicial, conforme lo dispuso el numeral
segundo de su parte resolutiva [en el que se indicaron los artículos 10 y 102 del
CPACA].
55
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación n.º 11001-03-15-000-2015-02342-00
(REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
56
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de
2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV) MP. Alberto Yepes Barreiro.
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Asimismo, la recurrente sostuvo que la sentencia SUJSII-11-2018 era de
obligatorio cumplimiento en su caso y no de carácter discrecional, puesto que la
decisión judicial que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que inició se dictó el 26 de julio de 2018, «con más de un mes de posterioridad»,
sin que se hubiera hecho referencia ni mención a la postura unificada en relación
con su situación fáctica y jurídica. También, manifestó que la providencia
recurrida iba en contra de otros fallos de las subsecciones de la misma sección57
que, a su juicio, presentaban supuestos fácticos y jurídicos análogos a los suyos
y en los que sí se concedió el reconocimiento de la prestación.
En este orden de ideas, en relación con los cargos formulados, debe precisarse,
que el recurso extraordinario no está previsto en la ley para revisar una sentencia
por el desconocimiento del precedente judicial. La inobservancia por el juzgador
de la fuerza vinculante del precedente no configura un vicio que infirme la
decisión bajo la causal de nulidad originada en la sentencia conforme el numeral
5.º del artículo 250 del CPACA. Esta corporación ha señalado de manera
consistente que el desconocimiento del precedente no constituye una causal de
revisión porque este recurso no le permite al juzgador analizar los argumentos de
instancia.
[…]
5.2.3.- En ese sentido, en los términos en que fue propuesto el cargo, es evidente
que la causal de revisión no tiene vocación de prosperar, toda vez que el defecto
que se predica de la sentencia objeto de revisión –violación del derecho a la
igualdad por el desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de
Estado-, no corresponde a alguno de los presupuestos que podrían viciarla de
nulidad.
Lo cierto es que la violación al precedente alegada, aun si fuera cierta, no
constituye vicio formal de la sentencia, ni violación del debido proceso, ni, mucho
menos, alguna de las causales taxativas previstas por el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil o 133 del Código General del Proceso, por lo que no es
competencia del juez revisor analizar, por esta vía judicial, los argumentos
expuestos por Audifarma al respecto58.
5.2.4.- El recurso extraordinario de revisión no procede para revisar una sentencia
por el desconocimiento del precedente judicial, pues esta no es una causal prevista
por el legislador para el efecto.
Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del precedente judicial
–esto es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva sentencia o sentencias que
tengan la entidad de precedente-, la legislación prevé el denominado recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, procedente, sí, contra las
sentencias de única y segunda instancia proferidas por los tribunales
administrativos, cuando contraríen o se opongan a una sentencia de unificación
del Consejo de Estado, en los términos de los artículos 256 a 268 del CPACA.
57
Páginas 14 a 26 del escrito del recurso.
58
En la providencia se citó: «Cfr. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de julio
de 2012. Radicado: 13001-23-31-000-2007-00173-01(REV). Consejero ponente: Mauricio Torres
Cuervo».
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De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, tendría
cabida la acción de tutela contra providencia judicial para garantizar la aplicación
de una sentencia de unificación o de un precedente judicial, en los términos
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, con el fin de
proteger el derecho fundamental de igualdad.
Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción de
tutela contra providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento del
precedente y, por ende, por la violación del derecho a la igualdad, al considerar
que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo judicial idóneo para
atacar dicho vicio o defecto de la sentencia, ya que no fue previsto por el legislador
como una causal de dicho recurso59.
Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del recurso
extraordinario de revisión60.
Como se puede apreciar, las causales del recurso extraordinario de revisión son
taxativas, lo que significa que la interpretación debe ser restringida, de modo que,
este recurso excepcional no es procedente cuando se alega que se desconoció
el precedente judicial horizontal o vertical, como lo ha reiterado la jurisprudencia
de esta Corporación61. En efecto, dicho defecto no se subsume en la causal
prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA. Debe aclararse que, para
el caso concreto, el instrumento judicial procedente era la acción de tutela 62
porque no es viable el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en
tanto que la sentencia recurrida no fue expedida en única o segunda instancia
por los Tribunales sino por el Consejo de Estado.
Para la Sala, los argumentos expresados por la demandante son ajenos a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión, y denotan la inconformidad con
lo resuelto, asunto que de manera alguna está relacionado con los supuestos de
hecho que configuran la causal de nulidad originada en la sentencia, explicados
en el acápite 2.2. de esta providencia, pues lo que se pretende demostrar es que
Nubia Cristina Muñoz Rodríguez tenía derecho al reconocimiento de la pensión
gracia.
Ahora bien, consultado el sistema SAMAI, la decisión objeto del recurso
extraordinario fue objeto del mecanismo de amparo constitucional, por
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política,
con similares argumentos a los aquí expuestos por la parte recurrente. Dicho
59
En la providencia se citó, «Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-100 de 2010, T-918 de 2010
y T-830 de 2012.»
60
Cfr. Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015,
radicado n.º 11001-03-15-000-2013-02724-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
61
Cfr. (i) Consejo de Estado Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 18 de febrero de
2022, radicado n.º 5088 11001-03-15-000-2019-05088-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra, (ii)
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 17 de junio de 2022, radicado
n.º 11001-03-26-000-2021-00204-00 MP. Martha Nubia Velásquez Rico, (iii) Consejo de Estado,
Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 10 de marzo de 2023, radicado n.º 11001-03-
15-000-2019-03764-00, MP Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
62
Ver, Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
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asunto fue resuelto de manera negativa en el trámite que se adelantó, con el
radicado n.º 11001-03-15-000-2018-04609-01, por parte de esta corporación y
en donde se descartó la presunta transgresión de las garantías fundamentales,
en todo caso, se precisa que tampoco corresponde reabrir el debate que el juez
constitucional de esa causa zanjó63.
Adicionalmente, la argumentación del recurso en cuanto al cargo de nulidad no
solo deja entrever que se sustentó en que se desconoció la sentencia de
unificación y otras decisiones adoptadas al interior de la Sección Segunda de
esta corporación en las que, se dice, se accedió al reconocimiento de la pensión
gracia, sino también en un posible defecto fáctico, bajo el argumento de que no
se valoraron los actos administrativos de vinculación docente, supuesto que
tampoco vicia de nulidad la sentencia recurrida. Esto, por cuanto, la presunta
vulneración de derechos fundamentales por dichos yerros, se reitera, es una
cuestión que compete determinar al juez de tutela. Precisamente, la
jurisprudencia constitucional también ha definido el defecto fáctico como otro de
los eventos constitutivos de vía de hecho, pero no pasible de ventilarse a través
del recurso extraordinario de revisión bajo la causal 5.ª por vulneración al debido
proceso.
Para corroborar lo anterior, a lo largo del escrito del recurso extraordinario, se
insistió en que la vinculación como docente siempre fue al servicio del
departamento de Cundinamarca. Para tal finalidad, se transcribieron apartes de
la apelación propuesta en el proceso ordinario, se intentó que en este trámite se
decretaran pruebas que no fueron aportadas al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y se alegó lo siguiente:
Es un yerro considerar que todas las vinculaciones posteriores al 31 de diciembre
de 1980 son necesariamente de carácter nacional, pues dicho carácter no lo da la
fecha de la vinculación sino el ente que realiza el nombramiento, las plazas a
ocupar y el origen de los recursos, como se determinó con la sentencia de
unificación ... Y en el caso particular … al ser nombrada siempre por entes
territoriales sin ninguna injerencia de la Nación, y financiarse con el Sistema
General de Participaciones, todas sus vinculaciones son de carácter territorial en
estricta aplicación de la citada sentencia de unificación.
La Sala insiste en que, al juez del recurso extraordinario de revisión, cuya
competencia está limitada por las causales del artículo 250 CPACA, no le
corresponde examinar la actividad interpretativa del juez ordinario, para este
63
Sentencia proferida el 8 de agosto de 2019 «[...] para la Sala con la sentencia demandada no
se desconoció la regla atinente a la «prueba de calidad de docente territorial», ni a la relativa al
«origen de los recursos de la entidad nominadora», ya que la parte actora no logró demostrar el
aspecto relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia, como lo es la acreditación de la
plaza a ocupar, es decir, que está fuera de carácter territorial o nacionalizada durante los 20 años
de servicios que exige la norma para ello y, no solo una parte de dicho tiempo de servicios [...]».
MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. [Se aclara que el magistrado ponente de este recurso
extraordinario de revisión no hizo parte de la Sala de Sección que adoptó la sentencia de 8 de
agosto de 2019].
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caso, el juez de la nulidad de los actos administrativos, ni de revisar la valoración
probatoria, pues no se trata de una instancia que permita una nueva discusión
sobre el fondo de la controversia. Además, como queda evidenciado en el caso
concreto subyacen motivos de inconformidad con el análisis sustancial y
probatorio en el que el juez sustentó la decisión de confirmar la negativa a las
pretensiones de la actora.
En todo caso, con el fin de ilustrar la debida comprensión de la sentencia SUJSII-
11-2018, del pleno de la Sección Segunda de esta corporación, debe precisarse
que se unificó postura jurisprudencial en lo que concierne al origen de los dineros
de la entidad nominadora, por cuanto, en algunos casos, el único argumento para
negar la prestación era el de que, el carácter nacional del docente se determinaba
porque en la vinculación participó algún representante de la nación y al estar
financiada con los FER o el SGP, se consideraba como de carácter nacional. En
todo caso, la propia sentencia mantuvo la postura pacífica en cuanto a que para
efectos de demostrar la calidad del docente cuya pensión gracia se discute en
virtud de la naturaleza de su vinculación estatal, bien sea como maestro del orden
territorial o nacionalizado, el medio preferente para el mentado fin es el acto
administrativo de nombramiento, «... donde conste el vínculo y que se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales». Sin embargo, aún bajo ese lineamiento,
se indicó que aquel documento no es la única prueba idónea y conducente para
acreditar lo propio, toda vez la regla jurisprudencial concibió una excepción válida
y aplicable64.
Al respecto, se precisó en la providencia de unificación lo siguiente: «[…]
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.» (Subraya la Sala).
En la sentencia de 26 de julio de 2018 no se despacharon desfavorablemente
los pedimentos al considerarse que las plazas fueron financiadas por los FER o
el SGP para concluir su naturaleza nacional, como parece entender la parte
recurrente. Por el contrario, a partir de las certificaciones obrantes en el plenario
se concluyó que las vinculaciones de la docente fueron nacionales y no
nacionalizadas o territoriales. Sin embargo, es importante recordar que, en este
trámite excepcional de revisión, no es posible examinar la valoración probatoria
efectuada por el juez de instancia, como tampoco, corregir los yerros cometidos
64
En ese sentido, cfr. consideraciones 54.5, 54.6 y 54.7 de la sentencia de 14 de febrero de 2023
de Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de
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por las partes en el litigio que dio origen a la sentencia recurrida, ni mejorar el
acervo probatorio.
Así las cosas, esta Sala Especial de Decisión, en relación con el caso objeto de
estudio reitera que no es causal de revisión el desconocimiento del precedente o el
defecto fáctico por valoración probatoria, de acuerdo con las previsiones del
legislador en el artículo 250 del CPACA.
Además de lo expresado, en punto al argumento que sostiene la recurrente en el
sentido que debió ordenarse el reconocimiento de la prestación de gracia dado
que es un derecho irrenunciable, debe señalarse que, independientemente de la
naturaleza y el carácter de ese derecho prestacional, para su reconocimiento es
necesario que quien esté legitimado acredite los supuestos que el legislador
instituyó para tal efecto, asunto que no demostró la actora en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
En este orden de ideas, si bien la recurrente invocó la transgresión al debido
proceso como sustento de la causal alegada, numeral 5.º del artículo 250 del
CPACA, a partir de la argumentación que se planteó, y conforme al análisis de la
Sala, no se evidencia que se presente ninguno de los supuestos que la
jurisprudencia ha enunciado que dan lugar a la configuración de la nulidad
originada en la sentencia por vulneración de la mencionada garantía
constitucional, esto es, entre otros, el desconocimiento del derecho de acceso a
la administración de justicia o a la tutela judicial efectiva cuando se emite una
decisión inhibitoria, la falta de competencia de la Sala que dictó la providencia, la
ausencia de motivación o la falta de congruencia del fallo. Eventos excepcionales
que se han aceptado que constituyen el contenido constitucionalmente vinculante
al debido proceso para configurar la causal invocada.
Por tanto, es claro para la Sala que, la finalidad de la parte recurrente es ajena a
la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, lo cual también se corrobora
con las pretensiones invocadas, lo que permite inferir que el propósito es propiciar
una instancia adicional del proceso ordinario para demostrar que se tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia. Sin embargo, se reitera que los
eventos de nulidad originada en la sentencia, que ha desarrollado el Consejo de
Estado para definir la causal, no son para reabrir la discusión ni enjuiciar la labor
interpretativa o la valoración probatoria de instancia65.
3. Conclusión
La Sala no encontró acreditada la causal 5.ª de revisión prevista en el artículo
250 del CPACA, referida a la nulidad originada en la sentencia, invocada por la
parte actora, toda vez que, en el caso concreto no concurren los requisitos
65
En este sentido puede consultarse la sentencia de 13 de octubre de 2020, radicado
11001031500020190011900, Sala 14 Especial de Decisión, MP. Alberto Montaña Plata.
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necesarios para su configuración. En consecuencia, se declarará infundado el
recurso extraordinario.
4. Costas
La Ley 1437 de 2011 no estableció una disposición en materia de costas
especialmente en el marco del recurso extraordinario de revisión. No obstante, la
Ley 2080 de 2021 por medio de su artículo 70, modificó el artículo 255 del CPACA
y en cuanto a este recurso dispuso que «si se declara infundado el recurso, se
condenará en costas y perjuicios al recurrente».
Ahora bien, el artículo 86 de Ley 2080 de 2021, relativo a su vigencia, indica que
las reformas procesales allí establecidas, prevalecen sobre las anteriores normas
de procedimiento desde el momento de su publicación -25 de enero de 2021-.
Sin embargo, en su inciso cuarto establece que, «en estos mismos procesos, los
recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a
correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se
regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones».
En este orden de ideas, en atención a que el recurso extraordinario se presentó
el 9 de septiembre de 2019, para la Sala no es aplicable al presente asunto la
modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 al artículo 255 de la Ley 1437
de 2011, como quiera que el trámite del presente medio extraordinario se
encontraba en curso cuando entró en vigencia dicha ley. En consecuencia, para
resolver este asunto, la Sala debe remitirse al artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, según el cual, salvo aquellos procesos en los que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código Procedimiento Civil (hoy CGP),
norma vigente para la época en que se interpuso el recurso de revisión.
Así las cosas, debe recordarse que en ese marco normativo, esta corporación 66
ha señalado el criterio objetivo-valorativo de la condena en costas, por un lado
objetivo porque implica que no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o
siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en
66
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
providencia de 13 de diciembre de 2018, MP. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación
11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016. MP. William Hernández
Gómez, radicación 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de 2018, MP. Milton
Chaves García, radicación 25000233700020140111501.
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el proceso o recurso que haya propuesto67 y, a la vez, valorativo, porque se
requiere que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad del abogado realizada efectivamente dentro del proceso68.
De conformidad con el artículo 365, numeral 8.º del CGP, aplicable por remisión
del 188 del CPACA «[s]ólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación». En el caso concreto, no
procede la condena en costas por concepto de expensas y gastos procesales,
porque no aparece demostrado en el expediente que la UGPP hubiere incurrido
en dichos pagos. En cuanto al componente de agencias en derecho, si bien la
entidad compareció al proceso mediante apoderado judicial, aquel no presentó
oposición ni hizo solicitudes probatorias dentro de la oportunidad legal, por ende,
no hay evidencia que compruebe la gestión adelantada en defensa de la entidad
que representa, por lo que, la Sala se abstendrá de reconocer las agencias en
derecho a título compensatorio69.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
V. FALLA
Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia de 26 de julio de 2018 del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Por Secretaría General devolver al despacho judicial de origen el
expediente físico remitido en préstamo, identificado con el radicado n.º 25000-
23-42-000-2015-00439-01 y realizar las anotaciones y constancias
correspondientes en el sistema SAMAI.
67
Corte Constitucional, sentencia C-157, M.P. Mauricio González Cuervo.
68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, MP. William Hernández Gómez, radicación 15001-23-33-000-
2012-00162-01.
69
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de
Decisión, sentencia de 6 de agosto de 2019 en donde se precisó que «… la función de las
agencias en derecho es la de otorgar a la parte vencedora una razonable compensación
económica por la gestión procesal que realizó …», radicación n.º 15001-33-33-007-2017-00036-
01, revisión eventual, MP. Rocío Araújo Oñate.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente de la Sala
MILTON CHAVES GARCÍA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada
Salva parcialmente el voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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