Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02146-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02146-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02146-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
21 de septiembre de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02146 01
Accionante: Maryuris Estella Blanco Serrano y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02146 01
Demandante: MARYURIS ESTELLA BLANCO SERRANO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo dictado el 15 de junio de 2023 por el Consejo de Estado - Sección
Quinta.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los señores Maryuris Estella Blanco Serrano, quien actúa en nombre
propio y en representación de los menores M.E.C.B. y M.J.C.B.; Yenina
del Carmen Nieto Pardo, quien actúa en representación de las menores
M.I.F.N., M.L.F.N. y W.A.F.N.; Celis María Florián Chalá, Nelson Jhovanny
Sabogal Chalá y Wilmer Alfonso González Chalá, por intermedio de
apoderado, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva y de “aplicación indebida del precedente judicial”, que estimaron
vulnerados con ocasión de la sentencia del 25 de octubre de 2019, dictada
por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A, que resolvió en
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segunda instancia la acción de reparación directa promovida contra la
Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación1.
1.2. La solicitud de amparo relata que los aquí demandantes y otras
personas2 promovieron acción de reparación directa contra la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de obtener la
indemnización de los perjuicios causados por la muerte del señor Moisés
Contreras Chalá, acaecida el 11 de junio de 2010, después de haber sido
capturado durante un operativo.
Dijeron que, mediante sentencia del 31 de enero de 2014, el Tribunal
Administrativo del Atlántico accedió a las pretensiones de la demanda de
reparación directa al considerar que la Policía Nacional, cuando capturó al
señor Contreras Chalá, quien en ese momento se encontraba en buenas
condiciones de salud, adquirió sobre éste la posición de garante, esto es,
obligaciones de resultado en cuanto a su bienestar, las cuales desconoció.
Informaron que la Policía Nacional apeló la anterior decisión y, de manera
temeraria, afirmó que los demandantes no habían agotado el requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial. En consecuencia, a través
de proveído del 25 de octubre de 2019, el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección A, revocó la condena impuesta en favor de M.E.C.B.,
M.J.C.B., Marina Esther Chalá Cienfuegos, Wajid Martín Florián Chalá,
Celis María Florián Chalá, Nelson Jhovanny Sabogal Chalá y Wilmer
Alfonso González Chalá, y se inhibió de resolver de fondo sus
pretensiones, al considerar que, en efecto, no habían agotado el requisito
de procedibilidad. De otra parte, revocó lo atinente a la condena de la
indemnización por el lucro cesante en favor de la señora Maryuris Estella
Blanco Serrano, con fundamento en que no se había acreditado la
actividad económica que ejercía la víctima.
1
Proceso que se identificó con el radicado 08001-23-31-000-2012-00145-01.
2
De acuerdo con el resumen efectuado en la sentencia del 25 de octubre de 2019, dictada por el Consejo de
Estado - Sección Tercera - Subsección A, los demandantes fueron la señora Maryuris Estella Blanco Serrano
(compañera permanente), quien actúa en su propio nombre y en representación de sus hijos menores de edad
M.E.C.B. y M.J.C.B.; así como los señores Marina Esther Chalá Cienfuegos (madre), Wajid Martín Florián Chalá
(hermano), Celis María Florián Chalá (hermana), Nelson Jhovanny Sabogal Chalá (hermano) y Wilmer Alfonso
González Chalá (hermano).
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Explicaron que, contra la anterior decisión, presentaron el recurso
extraordinario de revisión e invocaron la causal consagrada en el numeral
5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), por considerar que la decisión es
nula por violación del debido proceso, del acceso a la administración de
justicia y de la tutela judicial efectiva3.
Señalaron que, mediante sentencia del 30 de septiembre del 2022,
notificada el 2 de noviembre del mismo año, el Consejo de Estado, Sala
Veintidós Especial de Decisión, declaró infundado el recurso y señaló que
las pruebas del cumplimiento del requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial debieron ser aportadas al proceso ordinario.
1.3. Los demandantes alegaron en la tutela que las decisiones
cuestionadas incurrieron en un defecto procedimental y en un error
inducido por las siguientes razones:
1.3.1. Señalaron que el 29 de marzo de 2011 los señores Maryuris Estella
Blanco Serrano, actuando en nombre propio y en representación de sus
menores hijos M.E.C.B. y M.J.C.B., además de Marina Esther Chalá
Cienfuegos, Wajid Martín Florián Chalá, Celis María Florián Chalá, Nelson
Jhovanny Sabogal Chalá y Wilmer Alfonso González Chalá, presentaron
solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, en la
que convocaron a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en
relación con los perjuicios causados por la muerte del señor Moisés
Contreras Chalá.
Dijeron que la convocatoria a la audiencia de conciliación le correspondió
por reparto a la Procuraduría 117 Judicial II Administrativa de
Barranquilla, que el 17 de junio de 2011 expidió la constancia de haber
resultado fallida, en la cual omitió por error involuntario relacionar a todos
los convocantes, aunque quedó expreso que fueron varios.
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Proceso que se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2020-04180-00.
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En este orden, alegaron que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha manifestado que las decisiones inhibitorias constituyen una
denegación de justicia y que los jueces deben buscar alternativas que les
permitan decidir de fondo los asuntos que se les plantean. En tal sentido,
estiman que la decisión inhibitoria debe ser la última opción por la cual
debe decantarse la autoridad judicial, pues, de lo contrario, incurriría en
un excesivo apego al procedimiento.
Entonces, advirtieron que en el fallo del 25 de octubre de 2019, al concluir
que varios demandantes no habían cumplido el requisito de procedibilidad
de la conciliación, con base en las afirmaciones falsas y temerarias del
apoderado de la Policía Nacional, sin tener en cuenta que la aparente
falencia se había debido a un error de la Procuraduría y no a la omisión
de la parte actora, la autoridad judicial actuó con excesivo apego a las
reglas procesales y obstaculizó la materialización de los derechos
sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de una decisión
justa, por lo que les vulneró sus derechos fundamentales invocados.
1.3.2. Luego, arguyeron que la conciliación extrajudicial es una exigencia
previa para demandar y no un requisito formal de la demanda, por lo que
su incumplimiento no genera una nulidad que impida al juez resolver de
fondo el asunto. En tal sentido, si se hubiere omitido esta exigencia, la
parte demandada debió advertirlo al contestar la demanda y, como no lo
hizo, esta falencia quedó saneada con la ejecutoria del auto admisorio.
1.4. Por otra parte, señalaron que la sentencia del 25 de octubre de 2019
incurrió en desconocimiento del precedente por aplicación indebida
del criterio fijado por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección
A en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, expediente
73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572).
Al respecto, explicaron que, pese a que en el recurso de apelación no se
controvirtió el reconocimiento del lucro cesante, el Consejo de Estado -
Sección Tercera - Subsección A, al resolver el asunto en segunda instancia,
lo revocó, con fundamento en que no se había acreditado la actividad
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económica de la víctima, para lo cual se basó en el fallo de unificación
mencionado, el cual no era aplicable al sub lite porque cuando se
interpuso la demanda de reparación directa, imperaba el criterio
jurisprudencial según el cual, si no se acreditaba la actividad económica,
se debía reconocer el lucro cesante con base en el salario mínimo.
1.5. Así mismo, explicaron que la sentencia del 30 de septiembre del
2022, que resolvió el recurso extraordinario de revisión, al señalar que el
escrito que convocó a la conciliación hacía parte de las pruebas del
agotamiento del requisito de procedibilidad, por lo que debió aportarse al
proceso ordinario, también le dio prevalencia a lo formal sobre lo
sustancial y mantuvo la vulneración de sus derechos fundamentales.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La magistrada del Consejo de Estado - Sección Tercera -
Subsección A, ponente de la sentencia del 25 de octubre de 2019, alegó
que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez porque se radicó
el 27 de abril de 2023, esto es, más de 3 años y medio después de la
notificación de la decisión atacada, que se produjo el 31 de octubre de
2019. Agregó al respecto que, si bien los demandantes interpusieron el
recurso extraordinario de revisión contra la anterior providencia, el cual
fue resuelto a través del proveído del 30 de septiembre de 2022, la
decisión controvertida no es ésta sino la que decidió el proceso de
reparación directa en segunda instancia.
Luego, reiteró que en la sentencia del 25 de octubre de 2019 se evidenció
que únicamente la demandante Maryuris Estella Blanco Serrano había
agotado el requisito de conciliación extrajudicial, y advirtió que esa
conclusión fue corroborada por la decisión del 30 de septiembre de 2022.
Por último, sostuvo que no se configuró el desconocimiento del
precedente, sino que, por el contrario, la decisión atacada se basó en la
jurisprudencia vigente al momento de tal decisión para concluir que, como
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no existía prueba suficiente de la actividad económica de la víctima, no
había lugar al reconocimiento del lucro cesante.
2.2. El magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, ponente
de la sentencia del 31 de enero de 2014, alegó que en este caso el amparo
es improcedente porque no se estructura ninguno de los requisitos
generales ni de las causales específicas de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales. Además, la providencia controvertida se sujetó a la
normativa y a la jurisprudencia aplicables al caso.
2.3. El jefe del Área Jurídica de la Secretaría General de la Policía
Nacional explicó los fundamentos del fallo del 25 de octubre de 2019 y
alegó que la acción de tutela es improcedente porque los demandantes
no están expuestos a un perjuicio irremediable.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo de junio 15 de 2023, el Consejo de Estado - Sección Quinta
declaró la falta de legitimación en la causa por activa de las menores
M.I.F.N., M.L.F.N. y W.A.F.N., hijas del señor Wajid Martín Florián Chalá,
al considerar que no podían reclamar la protección de sus derechos
fundamentales como consecuencia de las providencias que se dictaron en
el proceso de reparación directa y el recurso de revisión, pues éstos solo
se pueden predicar en cabeza de quien fue parte en dichas actuaciones.
De otra parte, declaró la improcedencia del amparo por incumplimiento del
requisito de inmediatez, con fundamento en que la decisión que en este
caso se controvirtió, esto es, la sentencia del 25 de octubre de 2019 fue
notificada mediante edicto fijado entre el 31 de octubre de 2019 y el 5 de
noviembre siguiente, mientras que la tutela se presentó el 27 de abril de
2023, es decir, casi tres (3) años y seis (6) meses después.
IV. IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la anterior decisión y enfatizó que, contra la
sentencia del 25 de octubre de 2019, se interpuso el recurso extraordinario
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de revisión, en el cual se alegó la vulneración del derecho de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así como la
aplicación indebida del precedente judicial, con fundamento en la causal 5ª
del artículo 250 del CPACA.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. Los señores Maryuris Estella Blanco Serrano, en nombre y en
representación de sus hijos menores de edad M.E.C.B. y M.J.C.B.; Marina
Esther Chalá Cienfuegos, Wajid Martín Florián Chalá, Celis María Florián
Chalá, Nelson Jhovanny Sabogal Chalá y Wilmer Alfonso González Chalá
promovieron acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional, con la finalidad de obtener la indemnización
de los perjuicios causados por la muerte del señor Moisés Contreras
Chalá, acaecida el 11 de junio de 2010.
5.2.2. Mediante sentencia de enero 31 de 2014, el Tribunal Administrativo
del Atlántico accedió a las pretensiones de la demanda. La Policía Nacional
apeló esa decisión y, a través de proveído del 25 de octubre de 2019, el
Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A revocó la condena
impuesta y se inhibió de resolver de fondo sobre las pretensiones de
varios de los actores, al considerar que no todos ellos agotaron el requisito
de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. Además, le denegó a
Maryuris Estella Blanco Serrano la indemnización por lucro cesante.
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5.2.3. La parte actora interpuso el recurso extraordinario de revisión
contra la anterior providencia, por considerar que la decisión es nula por
violación del debido proceso, del acceso a la administración de justicia y
de la tutela judicial efectiva.
5.2.4. Mediante sentencia del 30 de septiembre del 2022, notificada el 2
de noviembre del mismo año, el Consejo de Estado, Sala 22 Especial de
Decisión, declaró infundado el recurso.
5.2.5. Los señores Maryuris Estella Blanco Serrano, quien actúa en
nombre propio y en representación de los menores M.E.C.B. y M.J.C.B.;
Yenina del Carmen Nieto Pardo, quien actúa en representación de las
menores M.I.F.N., M.L.F.N. y W.A.F.N., hijas del señor Wajid Martín
Florián Chalá (fallecido el 16 de mayo de 2014); Celis María Florián Chalá,
Nelson Jhovanny Sabogal Chalá y Wilmer Alfonso González Chalá,
presentaron acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales por la sentencia del 25 de octubre de 2019.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. De la legitimación en la causa
La Sala observa que el a quo declaró la falta de legitimación en la causa
por activa de las menores M.I.F.N., M.L.F.N. y W.A.F.N. porque, si bien
en la tutela se manifestó que eran hijas del señor Wajid Martín Florián
Chalá, quien actuó como demandante en el proceso de reparación directa
y falleció durante ese trámite, no podía reclamarse la protección de sus
derechos fundamentales como consecuencia de las providencias que allí
se dictaron, pues estos son personalísimos, es decir, que solo se pueden
predicar en cabeza de quien fue parte en dicha actuación.
La Sala comparte la anterior decisión, pero porque, pese a que el señor
Wajid Martín Florián Chalá falleció el 16 de mayo de 20144, esto es, pocos
meses después de proferirse la sentencia que resolvió el proceso de
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Como lo demuestra el registro civil de defunción allegado con la solicitud de amparo.
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reparación directa en primera instancia5, no se acreditó que las menores
M.I.F.N., M.L.F.N. y W.A.F.N. hubieren sido representadas para hacerse
parte como sus sucesoras procesales en ese trámite, conforme lo ordena
el artículo 68 del Código General del Proceso (CGP). Además, la decisión
judicial aquí controvertida no hizo alusión alguna a la sucesión procesal
y, de hecho, los demandantes no expusieron ningún argumento al
respecto al impugnar el fallo de tutela de primera instancia.
Por lo tanto, se confirmará en lo pertinente la sentencia del 15 de junio
de 2023, dictada por el Consejo de Estado - Sección Quinta.
5.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.2.1. El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra
providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación6,
mediante sentencia de unificación de agosto 5 de 2014, consideró que,
en los casos en los que se controvierten decisiones judiciales, por regla
general, se debe tener por cumplida la inmediatez cuando la acción se
interpone dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la
providencia que se controvierte. Este plazo, en todo caso, es indicativo,
por lo que deberá ser analizado en cada caso particular, teniendo en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en
que se encuentre el accionante.
5
Fechada el 31 de enero de 2014.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01 (M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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En el caso bajo examen, el a quo consideró no cumplido el presupuesto
de inmediatez porque la providencia cuestionada era el fallo del 25 de
octubre de 2019, que resolvió el proceso de reparación directa en segunda
instancia, la cual se notificó mediante edicto fijado del 31 de octubre al 5
de noviembre de 2019, mientras que la tutela se presentó el 27 de abril de
2023, es decir, más de tres (3) años y casi seis (6) meses después.
Sin embargo, la Sala advierte que, contra esa providencia, los actores
instauraron el recurso extraordinario de revisión y aguardaron por su
decisión. Por lo tanto, contrario a lo considerado por el a quo, para la Sala
no habría lugar a contabilizar el término razonable de la inmediatez desde
la notificación del fallo de octubre 25 de 2019, sino desde la notificación de
la última decisión emitida en relación con el caso, esto es, la de septiembre
30 de 2022, acto procesal que, de acuerdo con la información registrada
en el aplicativo SAMAI7, se produjo el 2 de noviembre de ese año.
Entonces, como la solicitud de amparo se presentó el 28 de abril del
presente año8, es decir, cinco (5) meses y veintiséis (26) días después de
dicha notificación, la Sala concluye que la presente acción de tutela sí
cumple con el presupuesto de inmediatez.
En consecuencia, la Sala continuará con el estudio de los demás requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
5.3.2.2. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación9,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
7
Visible en el enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202004180001
100103
8
Información registrada en el aplicativo SAMAI, visible en el enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202302146001
100103
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Con la sentencia SU-215 de 202210, la Corte Constitucional hizo énfasis
en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
En este caso la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y de “aplicación indebida del
precedente judicial”, que estimaron vulnerados con ocasión de la
sentencia del 25 de octubre de 2019, dictada por el Consejo de Estado -
Sección Tercera - Subsección A, que resolvió en segunda instancia la acción
de reparación directa promovida contra la Nación - Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación11.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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Proceso que se identificó con el radicado 08001-23-31-000-2012-00145-01.
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5.3.2.2.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial es que el asunto que se discute resulte
de evidente relevancia constitucional.
En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con
toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 201912, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
12
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 13.
5.3.2.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho14:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.
13
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
14
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
13
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En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
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este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.2. Caso concreto
5.3.2.1. Para descender al estudio sobre la procedencia o no de la solicitud
de amparo de la referencia resulta necesario señalar que, tal como en
oportunidades anteriores lo ha precisado esta Sala15, en los casos en los
que se pretenda controvertir un fallo de segunda instancia que fue objeto
de recurso extraordinario de revisión, el juez constitucional deberá
observar si la parte actora controvirtió conjuntamente con la sentencia
que puso fin al proceso ordinario el fallo que resolvió el recurso
extraordinario de revisión promovido contra aquélla, o si se enfocó solo
en la primera de ellas; pues, especialmente, en caso de existir identidad
entre las razones aducidas en esas dos oportunidades procesales,
resultará lógicamente necesario que se controvierta también la última de
tales decisiones, en la medida en que la sentencia que se profiere como
consecuencia del recurso se pronuncia sobre el fondo del asunto.
En efecto, este requisito es aplicable cuando, frente a un fallo de segunda
instancia debidamente ejecutoriado, se ha interpuesto y decidido en
forma negativa un recurso extraordinario de revisión, con ocasión del cual
se plantearon y se estudiaron por la Sala competente los mismos hechos
y fundamentos jurídicos que en el precedente proceso ordinario, los
cuales luego son también traídos en sede de tutela con el ánimo de
demostrar la presunta vulneración al debido proceso; pues en este
escenario, al ser evidente que la sentencia de revisión mantiene
incólumes y ratifica los supuestos del fallo revisado, ello permite suponer
que esta última decisión habría de lesionar los derechos fundamentales
cuya protección se busca, tanto como la primera decisión. Así, para que
15
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de julio 1° de 2022, expediente 2021-07443-01 y de agosto
25 de 2023, expediente 2023-03348-00, (en ambas C. P. Oswaldo Giraldo López).
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sea procedente el amparo, deberá entonces cuestionarse también en sede
de tutela la providencia que resuelve el recurso de revisión.
Así las cosas, le correspondería a la parte accionante en sede de tutela
alegar y acreditar que la sentencia de revisión vulneró igualmente los
derechos fundamentales invocados, por lo que el hecho de no controvertir
la decisión dictada al resolver el recurso de revisión conduce a reconocer
el efecto de cosa juzgada de esta última y, por ende, al incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, pues la petición de amparo no
configura un recurso adicional independiente al recurso de revisión.
Lo anterior encuentra también sustento en el supuesto según el cual, si
los fundamentos fácticos y jurídicos planteados en el recurso de revisión
coinciden con los expuestos en la acción de tutela, podrían terminar
dictándose dos pronunciamientos judiciales concurrentes y posiblemente
contradictorios, frente a los mismos hechos generadores de una posible
vulneración al debido proceso. Al respecto se ha pronunciado la Corte
Constitucional en la ya citada sentencia SU-026 de 2021, así:
“5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia
contencioso-administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz
cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en
un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. De hecho, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza
entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca
proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de
revisión] se plantearía la controversia sobre el debido
proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que
un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio
al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario
especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de
causa petendi y de petitum, y resulta claro que no puede
haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos
judiciales concurrentes”16. (Destacado de la Sala).
16
Cita de cita Corte Constitucional, Sentencia SU-858 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) citada por la
sentencia SU-073 de 2020 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
16
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En ese orden de ideas, con el fin de evitar la concurrencia de dos
pronunciamientos judiciales frente a la misma causa petendi y el mismo
petitum en diferentes jurisdicciones (contencioso-administrativa y
constitucional) como consecuencia de la presunta vulneración al debido
proceso, es indispensable que, al momento de presentar la acción de
tutela, se controvierta tanto lo decidido en el proceso ordinario como lo
decidido en sede de revisión, en atención a que, en tal escenario, ambas
decisiones estarían presuntamente vulnerando el derecho fundamental de
la parte actora.
5.3.2.2. En el asunto bajo estudio, la actora cuestionó la sentencia del 25
de octubre de 2019 que decidió el proceso de reparación directa en segunda
instancia. Sin embargo, como se vio, contra esa decisión los demandantes
presentaron el recurso extraordinario de revisión, que fue resuelto
mediante sentencia de septiembre 30 de 2022, que lo declaró infundado.
Con todo, valga recordar que en la acción de tutela bajo estudio
únicamente se acusó la sentencia ordinaria de segunda instancia, es decir,
que no se controvirtió la que desató el recurso extraordinario de revisión.
En este orden, la Sala estima pertinente tener en cuenta los argumentos
que expusieron los demandantes para sustentar el recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia del 25 de octubre de 2019, los cuales
pueden resumirse en que, a su juicio: (i) la Subsección A emitió un fallo
inhibitorio como consecuencia de dar mayor prevalencia a lo formal sobre
lo sustancial, lo que constituye un acto de denegación de justicia; (ii) el
apoderado de la Policía Nacional indujo a error al juez de segunda
instancia mediante afirmaciones temerarias, en cuanto a la falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad, el cual, en todo caso, sí se
cumplió; (iii) no debió aplicarse el precedente que no estaba vigente al
momento de la interposición de la demanda, y (iv) el juez de la reparación
directa en segunda instancia no debió pronunciarse sobre la condena que
por concepto de lucro cesante impuso el a quo, pues ese aspecto no fue
objeto de la apelación.
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La Sala advierte entonces que los anteriores argumentos son idénticos a
los que presentó la parte actora en la solicitud de amparo. Es decir, la
acción de tutela simplemente reitera las inconformidades de la parte
actora frente al análisis normativo y probatorio que efectuó la providencia
del 25 de octubre de 2019, que agotó el proceso de reparación directa,
sobre la forma como debía acreditarse el agotamiento del requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial, así como sobre el régimen
jurídico aplicable a la tipología de indemnización pretendida, argumentos
que, como viene de observarse, ya habían sido expuestos en el recurso
extraordinario de revisión y fueron analizados y respondidos por la
sentencia que lo decidió.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en lo atinente al
derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, el presente asunto carece de relevancia constitucional porque la
actora únicamente acusó la sentencia que resolvió el proceso de
reparación directa, y trajo a consideración del juez constitucional los
mismos argumentos que presentó en sede de revisión, con lo cual se
advierte que intenta reabrir un debate que ya fue resuelto con suficiencia
en esa última providencia.
Ahora bien, si el accionante consideraba que persistía la violación de los
derechos fundamentales invocados a pesar de la existencia de la
sentencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la misma causa petendi y el mismo petitum, debió
controvertir de manera conjunta ambas providencias y explicar en forma
suficiente las razones de la vulneración alegada.
Entonces, como se explicó, al presentar una acción de tutela únicamente
contra la sentencia de segunda instancia que se inhibió de decidir sobre
las pretensiones de varios de los actores y revocó la condena por lucro
cesante en favor de la accionante Maryuris Estella Blanco, la cual fue
objeto de estudio en sede de revisión, es notorio que lo pretendido por la
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parte actora con esta acción constitucional es una suerte de tercera
instancia.
Por lo tanto, dado que la decisión judicial cuestionada por vía de tutela es
solo aquella que decidió en segunda instancia la acción de reparación
directa y no la providencia que resolvió el recurso extraordinario de
revisión, este tercer criterio de relevancia se entendería acreditado en
caso de que, más allá de la expectativa de una nueva y diversa resolución,
los actores hubieran argumentado y demostrado que el fallo de revisión
viola también sus derechos fundamentales, en cuanto el referido recurso
de revisión allí resuelto ha debido prosperar, al encontrarse probada la
causal entonces aducida en contra de la sentencia del proceso ordinario,
lo cual, se reitera, no sucedió en el presente caso.
En cambio, lejos de dirigir sus alegaciones al logro de este propósito, los
actores se concentraron en cuestionar únicamente la sentencia que
decidió sobre la acción de la reparación directa, olvidando la relación
existente entre esa decisión y la que recientemente resolvió sobre el
recurso de revisión, respecto de la cual no presentaron acusación alguna.
En razón a lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra acreditado
en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo relativo al
tercer criterio señalado en relación con los derechos fundamentales cuya
protección se solicitó en este caso.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado
en cuanto declaró la improcedencia del amparo, pero al constatar el
incumplimiento del presupuesto de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de junio de 2023, dictada
por el Consejo de Estado - Sección Quinta, que declaró la improcedencia
del amparo, pero por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado Con salvamento de voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Consejero de Estado Conjuez
Con salvamento de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Conjuez
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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