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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04210-01

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04210-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 4 de agosto de 2021 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-04210-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

27 de enero de 2022

Radicación:11001-03-15-000-2021-04210-01
Accionante: Jorge Eliecer Pinto Arciniegas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04210-01
Accionante: JORGE ELIECER PINTO ARCINIEGAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Tesis: Hay lugar amparar el derecho fundamental a la igualdad
del accionante cuando la sentencia atacada niega la
reliquidación de la pensión a un docente con la inclusión
de la prima de antigüedad y está probado que fue un
factor salarial que devengó y respecto del cual hizo
aportes al sistema de seguridad social.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el Presidente del Tribunal
Administrativo del Cesar contra el fallo de tutela proferido el 4 de agosto
de 2021 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado
que amparó los derechos fundamentales del actor.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jorge Eliecer Pinto Arciniegas promovió acción de tutela en
contra de la sentencia proferida el 10 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de

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Accionante: Jorge Eliecer Pinto Arciniegas

justicia, defensa, igualdad y mínimo vital, para lo cual formuló las
siguientes pretensiones1:

“[…] Señor Magistrado, respetuosamente pido el amparo
constitucional de los derechos: acceso a la justicia, debido proceso,
a la defensa, protección del estado social de derecho, derecho a la
igualdad, mínimo vital, derecho adquirido, entre otros, porque me
encuentro aportas de padecer o sufrir un daño inminente o
irreparable, contra el cual NO existe otro mecanismo de defensa, al
tener que devengar pensión menguada que lesiona el mínimo vital.

En consecuencia, con el respeto de costumbre, solicito que se
ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR que revoque o
deje sin efecto la sentencia adiada diez (10) de junio de 2021,
proferida en el proceso RAD: 20001 3333 003 2016 00418 01.
Demandante: Jorge Eliecer Pinto Arciniegas. Demandado: Nación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (esta
sentencia fue notificada por medio electrónico el día 16 de junio de
2021).

Ordenar que sea emitida una nueva sentencia en la cual se
disponga adicionar la prima de antigüedad como factor salarial
para reliquidación de mi pensión […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El actor informó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho pretendiendo la reliquidación de la pensión “en el sentido
que se adicionara varios factores salariales, entre ellos, la prima de
antigüedad”2.

Explicó que el juez de primera instancia encontró probado que fue
devengada la prima de antigüedad, pero no ordenó la inclusión para
efectos de la reliquidación “porque según su criterio esta prima fue
creada por un ente territorial”3.

Indicó que en contra de la precitada decisión fue interpuesto recurso de
apelación y que fue confirmada por el juez de segunda instancia, “bajo

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 04210 00.
2
Ibídem.
3
Ibídem.
2

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la siguiente consideración: “se resalta que lo referente a la prima de
antigüedad, dicho factor no podrá ser tenido en cuenta en la liquidación
de la pensión de jubilación de la actora, ya que fue reconocido de
manera irregular por una entidad del orden territorial”4.

Alegó que la sentencia atacada incurrió en defecto por desconocimiento
del precedente toda vez que “la alta corporación de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre el aspecto sub – lite
ha indicado: la prima de antigüedad devengada por un docente debe
incluirse en la liquidación de la pensión”5 y para ello citó el fallo de
tutela proferido el 9 de mayo de 2019 por el Consejo de Estado con el
número de radicación 11001 0315 000 2018 03933 01.

Anotó que también se configuró un defecto sustantivo dado que el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985 establece que la prima de antigüedad es
un factor salarial.

Adujo que se incurrió en la causal de violación directa de la Constitución
por cuando fue vulnerado el derecho al debido proceso y defensa.

Arguyó que se incurrió en defecto fáctico puesto que en el expediente
está acreditado que devengó la prima de antigüedad y cotizó sobre
dicho factor para la pensión. Agregó que allegó como prueba la
certificación de la secretaría de educación de Valledupar en la que
consta que sobre la prima de antigüedad se hicieron descuentos de
aportes para pensión. Sostuvo que en el formato único para la
expedición de certificados de salarios se comprueba que devengó la
prima de antigüedad y cotizó los aportes al FOMAG.

4
Ibídem.
5
Ibídem.
3

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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. Por auto del 7 de julio de 20216, la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la tutela y dispuso notificar a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar; vincular, por tener
interés en el resultado del proceso, al Juzgado Tercero Administrativo de
Valledupar, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fiduprevisora - FOMAG y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado7.

Igualmente, requirió al Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar
para que allegara copia digital del expediente nro. 20001 3333 003
2016 00418 01, el cual fue remitido8.

3.2. El Presidente del Tribunal Administrativo del Cesar rindió informe en
oportunidad vía correo electrónico9, en el que solicitó negar la petición
de amparo por considerar que la sentencia atacada no vulneró los
derechos fundamentales invocados y que en la misma se explicó lo
siguiente:

“[…] De los conceptos enlistados en la certificación de valores
recibidos como remuneración por el demandante, el único que en
principio estaría autorizado por el legislador además de la
asignación básica, sería la prima de antigüedad de empleados
municipales; no obstante, no era posible ordenar su inclusión
dentro de la base de liquidación de la mesada pensional, por
cuanto se trataba de un concepto salarial creado en el nivel
municipal que carecía de facultades para ello como quiera que la

6
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 04210 00.
7
Esta orden se cumplió el 13 de julio de 2021. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000
2021 04210 00.
8
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 04210 00.
9
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 04210 00.
4

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Accionante: Jorge Eliecer Pinto Arciniegas

autoridad territorial se arrogó competencias del Congreso de la
República, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19
literales e) y f) de la Constitución Política , lo que motivó que la
norma que la reconoció fuera declarada nula por esta Corporación,
con Ponencia de quien fungió como ponente en la providencia
atacada.

En efecto, esta Corporación declaró la nulidad del Acuerdo
Municipal nro. 13 del 14 de abril de 1983, a través de sentencia de
14 de marzo de 2013, dentro del proceso nro. 20-001-23- 31-004-
2011-00290-00, acto que creó la prima de antigüedad para los
empleados municipales, por considerar que el concejo no tenía
competencia para crearla, siendo competencia exclusiva del
legislador. Cuyos apartes se transcribieron.

No existió duda que la prima de antigüedad cancelada al
demandante, fue creada a través de un acuerdo municipal, y que a
la luz de las consideraciones expuestas, el Concejo Municipal no
estaba facultado para fijar el régimen salarial ni prestacional a sus
empleados, no era posible acceder a ordenar que se incluya dentro
de la base de liquidación de la pensión de jubilación que le fue
reconocida el valor correspondiente a la prima de antigüedad, aun
cuando se encontraba demostrado que sobre ese valor se
liquidaron los aportes a pensión.

En este mismo sentido se ha pronunciado el H. Consejo de Estado,
al precisar que si el factor devengado en el último año de servicio,
fue creado por fuera del marco de competencias, éste no puede ser
incluido en la base de liquidación pensional. Apartes de la
providencia que fueron transcritos […]”.

3.3. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación
rindió informe en término10, en el que solicitó la desvinculación del
asunto por carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
las pretensiones de amparo se dirigen contra una autoridad judicial.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 4 de agosto de 2021, dispuso lo siguiente11:

10
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 04210 00.
11
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 04210 00.
5

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04210-01
Accionante: Jorge Eliecer Pinto Arciniegas

“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales del señor
Jorge Eliécer Pinto Arciniegas, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 10 de junio de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado
por el señor Jorge Eliécer Pinto Arciniegas, contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y otros, radicado 20001-33-33-
003-2016-00418-00/01.

TERCERO: ORDENAR a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Cesar que, en el término de veinte (20) días,
contados a partir de la notificación de esta providencia, emitan un
nuevo pronunciamiento respecto la inclusión del factor salarial
prima de antigüedad en la liquidación pensional del señor Jorge
Eliécer Pinto Arciniegas […]”.

Para dilucidar el asunto explicó lo siguiente:

“[…] La parte actora señala que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar vulneró sus derechos fundamentales, por
desconocer que la prima de antigüedad municipal constituye factor
salarial de conformidad con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985
(defecto sustantivo), respecto de la cual se acreditó haber sido
percibida durante el último año de servicios y sobre la cual se
realizaron los respectivos aportes (defecto fáctico); por lo cual,
debe ser tenida en cuenta al momento de decidirse acerca de su
pretensión de reliquidación pensional, tal como se consideró en la
sentencia de tutela del 9 de mayo de 2019 (desconocimiento del
procedente).

Dicho ello, de acuerdo con las consideraciones efectuadas en la
decisión acusada, no hay duda en que el Tribunal accionado
consideró, en principio, el derecho del señor Pinto Arciniegas a
tener en cuenta en el IBL de su pensión el factor salarial “prima de
antigüedad municipal”, de acuerdo con las disposiciones de la Ley
62 de 1985, y respecto de la cual se acreditaron los aportes
correspondientes.

Sin embargo, advirtió que no accedería a la inclusión del referido
factor en la reliquidación pensional pretendida por el actor, en
tanto el mismo fue reconocido por autoridad del nivel municipal.
Exactamente consideró el Tribunal:

«[…] En efecto, esta Corporación declaró la nulidad del
Acuerdo Municipal No. 13 del 14 de abril de 1983, a través
de la sentencia de 14 de marzo de 2013, dentro del proceso
No. 20-001-23-31-004-2011-00290-00, acto que creó la
prima de antigüedad para los empleados municipales, por

6

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considerar que el concejo no tenía competencia para crearla,
siendo competencia exclusiva del legislador. […]

En tanto, no existe duda que la prima de antigüedad
cancelada al demandante, fue creada a través de una
acuerdo municipal, y que a la luz de las consideraciones
expuestas, el Consejo (sic) Municipal no estaba facultado
para fijar el régimen salarial ni prestacional a sus
empleados, no es posible acceder a ordenar que se incluya
dentro de la base de liquidación de la pensión de jubilación
que le fue reconocida el valor correspondiente a la prima de
antigüedad, aun cuando se encuentra demostrado que
sobre ese valor se liquidaron los aportes a pensión.
[…]».

Como se observa, el único fundamento del Tribunal accionado para
negar la inclusión de la prima de antigüedad municipal en la
reliquidación pensional pretendida por el actor es que dicho factor
fue creado por una autoridad del orden municipal carente de
competencias constitucionales para ello, tan es así, que, mediante
sentencia del 14 de marzo de 2013, esa misma Corporación
declaró la nulidad del Acuerdo Municipal nro. 13 del 14 de abril de
1983.

En este punto, a la Sala le surge el interrogante de si ¿la
declaratoria de nulidad del Acuerdo Municipal nro. 13 del 14 de
abril de 1983, por el cual se creó la prima de antigüedad municipal,
desconoce la realidad de aquellos que la percibieron y respecto de
la cual realizaron los respectivos aportes, de cara al reconocimiento
o reliquidación de su derecho pensional?

Al respecto, recuérdese lo considerado por esta misma Sala de
decisión en sentencia de tutela del 9 de mayo de 2019:

«[…] Así las cosas, cabe anotar que con independencia de
las consideraciones que se realizaron por parte de las
autoridades enjuiciadas sobre la creación del factor salarial
denominado «[...] prima de antigüedad empleados
municipales», está acreditado en el plenario que la tutelante
lo recibió durante el año anterior a su retiro del servicio y,
según el documento que reposa en el folio 228 y 229 del
expediente ordinario, sobre aquel efectuó cotizaciones con
destino al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio […]

A manera de corolario, se tiene que, en efecto, los señores
magistrados accionados quebrantaron las garantías
constitucionales invocadas en el escrito inicial, habida
cuenta de que excluyeron un factor salarial de la base de
liquidación de la pensión de la actora (prima de antigüedad)
que no solo devengó, sino sobre el que efectuó los
correspondientes aportes al sistema de seguridad social,
máxime cuando tal emolumento la tutelante lo recibió de

7

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Accionante: Jorge Eliecer Pinto Arciniegas

buena fe, puesto que no se advierte de su parte conducta
alguna ante la Administración para su reconocimiento que
merezca reproche, independientemente de que el acto
administrativo mediante el cual se creó dicha prima haya
sido anulado por la jurisdicción contencioso-administrativa.
[…]».

Es decir, sin perjuicio de las consideraciones expuestas por el
Tribunal Administrativo del Cesar en cuanto a la declaratoria de
nulidad del Acuerdo Municipal nro. 13 del 14 de abril de 1983, por
el cual se creó la prima de antigüedad municipal; no se puede
pasar por alto la realidad fáctica del actor, esto es, que la percibió
durante el último año de servicios, y que sobre la misma se
hicieron los respectivos aportes al sistema de seguridad social.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que la autoridad
judicial accionada, si bien reconoció que la normativa aplicable al
señor Pinto Arciniegas es la Ley 62 de 1985, y que de las pruebas
allegadas se acreditó que la prima de antigüedad municipal
pretendida fue por él percibida durante el último año de servicios,
realizándose los descuentos correspondientes, omitió su debida
aplicación e interpretación, privándolo del reconocimiento de un
factor salarial de la base de liquidación de su pensión (prima de
antigüedad), lo cual evidencia los defectos fácticos y sustantivo
endilgados.

Por último, la Sala se abstendrá de verificar el cargo relativo al
desconocimiento del precedente expuesto por la parte actora, pues
además de no tener incidencia en la decisión de fondo, está
apoyado en argumentos similares a los ya examinados.

De conformidad con todo lo expuesto, la Sala AMPARARÁ los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y del
acceso a la administración de justicia del señor Jorge Eliécer Pinto
Arciniegas […]”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el Presidente del Tribunal
Administrativo del Cesar lo impugnó, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en el informe rendido el 13 de julio de 202112.

Por auto del 2 de noviembre de 2021 se concedió la impugnación13 y la
misma fue asignada por acta de reparto el 21 de noviembre de 202114.

12
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 04210 00.
8

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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19
de noviembre de 199115, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201516, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202117, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201918 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado
que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente19:

6.2.1. El señor Jorge Eliecer Pinto Arciniegas, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del

13
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 04210 00.
14
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 04210 01.
15
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la
impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio
y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar
la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción
del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo
cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo
confirmará […]”.
16
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
17
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela".
18
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de
Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
19
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 20001 3333 003 2016 00418 01. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2021 04210 00.
9

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derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de
Educación del Municipio de Valledupar, para lo cual formuló las
siguientes pretensiones:

“[…] 1.1.-Que se decrete la nulidad parcial de la Resolución nro.
0255 del 26 de mayo de 2011 suscrita por el Secretario de
Educación Municipal de Valledupar.

1.2. Se declare nulo el aparte o expresión: “$1.559.873,oo” del
articulo segundo de la Resolución nro. 0255 del 26 de mayo de
2011 suscrita por el Secretario de Educación Municipal de
Valledupar.

1.3.-Que se declare nulo el oficio OPFSM-0407 de fecha 17 de junio
de 2016 suscrito por el profesional Universitario de lo oficina de
Prestaciones Sociales de Valledupar que negó́ la solicitud de
reliquidación de la pensión con motivo de retiro del servicio.

4.-Que se declare nulo el oficio SAC-2016 PQR-10648 de fecha 22
de Julio de 2016 suscrito por el Secretario de Educación Municipal
de Valledupar que ratificó la negación de la solicitud de
reliquidación de la pensión con motivo de retiro del servicio.

1.5.-Ordenar a la demandada que corrija la cuantía de la pensión
de jubilación que mediante la Resolución nro. 0255 del 26 de mayo
de 2011 suscrita por el Secretario de Educación Municipal de
Valledupar fue reajustada la pensión del demandante; por tanto
para dicha corrección se deben incluir los factores salariales
correspondientes a: la prima de navidad, de vacaciones, prima de
servicio, de antigüedad, la bonificación mensual, la bonificación por
retiro del servicio y demás factores salariales devengados en el año
previo al retiro del servicio.

1.6. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a
título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, a
que reliquide la pensión y por tanto pague a favor del
demandante:

A partir del 25 de febrero de 2016 (en la víspera de esta data
quedó en firme el retiro del servicio) un valor reajustado de la
mesada pensional de $3.893.193 mensuales en vez de $1.559.873
debido al retiro del servicio […]”.

10

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6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo de Valledupar que en sentencia del 27 de noviembre de
2019 negó las pretensiones.

6.2.3. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso
recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Cesar en
providencia del 10 de junio de 2021 la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La Sala observa que el presidente del Tribunal Administrativo del Cesar
en la impugnación presentada contra la decisión de primera instancia
insiste en que si bien el accionante devengó la primera de antigüedad,
no era posible ordenar la inclusión dentro de la base de liquidación de la
mesada pensional por cuanto “se trataba de un concepto salarial creado
en el nivel municipal que carecía de facultades para ello como quiera
que la autoridad territorial se arrogó competencias del Congreso de la
República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19
literales e) y f) de la Constitución Política, lo que motivó que la norma
que la reconoció fuera declarada nula”.

Teniendo en cuenta los reparos del extremo recurrente, la Sala
confirmara la decisión del a quo y para ello se detendrá en lo siguiente:

(i) El actor promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendiendo la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión,
entre otros factores salariales, de la prima de antigüedad.

(ii) El Tribunal Administrativo del Cesar en providencia del 10 de junio
de 2021 confirmó el fallo de primera instancia que había negado la
pretensiones, lo que sustentó así:

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04210-01
Accionante: Jorge Eliecer Pinto Arciniegas

“Cabe recordar que la Ley 62 de 1985, que se le aplica a la
demandante, establece en forma taxativa los factores salariales
que sirven de base para la liquidación pensional, estos son:
asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.

En estas condiciones es preciso tener en cuenta que durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de retiro del señor JORGE
ELIÉCER PINTO ARCINIEGAS, este devengó además de su
asignación básica, la prima de antigüedad de empleados
municipales, prima de navidad, prima de servicios y prima de
vacaciones, de los cuales tan solo revisten, en principio, el
concepto de factor salarial, la asignación básica y la prima de
antigüedad.

Así las cosas, de los conceptos enlistados en la certificación de
valores recibidos como remuneración por la demandante, el único
que en principio estaría autorizado por el legislador además de la
asignación básica, sería la prima de antigüedad de empleados
municipales; no obstante, no es posible ordenar su inclusión dentro
de la base de liquidación de la mesada pensional, por cuanto se
trata de un concepto salarial creado en el nivel municipal que
carecía de facultades para ello como quiera que la autoridad
territorial se arrogó competencias del Congreso de la República, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e) y
f) de la Constitución Política, lo que motivó que la norma que la
reconoció fuera declarada nula por esta Corporación, con ponencia
de quien funge como ponente de esta providencia.

En efecto, esta Corporación declaró la nulidad del Acuerdo
Municipal nro. 13 del 14 de abril de 1983, a través de sentencia de
14 de marzo de 2013, dentro del proceso nro. 20-001-23- 31-004-
2011-00290-00, acto que creó la prima de antigüedad para los
empleados municipales, por considerar que el concejo no tenía
competencia para crearla, siendo competencia exclusiva del
legislador.

(…)

En tanto, no existe duda que la prima de antigüedad cancelada al
demandante, fue creada a través de un acuerdo municipal, y que a
la luz de las consideraciones expuestas, el Concejo Municipal no
estaba facultado para fijar el régimen salarial ni prestacional a sus
empleados, no es posible acceder a ordenar que se incluya dentro
de la base de liquidación de la pensión de jubilación que le fue
reconocida el valor correspondiente a la prima de antigüedad, aun
cuando se encuentre demostrado que sobre ese valor se liquidaron
los aportes a pensión.

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En este mismo sentido se ha pronunciado el H. Consejo de Estado,
al precisar que si el factor devengado en el último año de servicio,
fue creado por fuera del marco de competencias, éste no puede ser
incluido en la base de liquidación pensional20:

“... Si bien la sentencia de unificación de esta Corporación
antes citada, prescribe que se deben incluir todos los
factores salariales devengados de manera habitual en el
último año de servicios para que hagan parte de la base de
liquidación pensional, sin importar su denominación y la
entidad certificó qué conceptos fueron devengados, lo cierto
es que no es posible su inclusión en la base de liquidación de
la pensión en razón a que su creación y reconocimiento se
hicieron por fuera del marco legal de competencias y no se
puede validar cuando en efecto su fundamento es ilegal o
inconstitucional (…).

De donde es claro que en el asunto bajo examen, una eventual
reliquidación de la pensión de actor no podía incluir la prima de
antigüedad reconocida a empleados municipales, así como
tampoco, ninguna de las prestaciones sociales que le fueron
canceladas durante el último año de servicios (prima de
vacaciones, prima de navidad y prima de servicios).

En este escenario el único concepto que podría tenerse en cuenta
para efectos de la reliquidación pensional del demandante sería el
de su asignación básica, que si se atiende a los incrementos
anuales del Gobierno sobre el monto de las pensiones, puede
resultar un valor muy inferior a aquel que le fue reconocido en
cumplimiento de la sentencia proferida por esta jurisdicción en el
año 2008.

Lo expuesto, permite concluir que no resulta posible acceder a lo
solicitado en el recurso de apelación que nos ocupa, ya que se
contrariarían las normas aplicables atendiendo que la vinculación
como docente de la demandante fue antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003(12 de marzo de 1973) […]”.

(iii) Por su parte, el actor alegó en el escrito de tutela que su derecho
fundamental a la igualdad resultaba vulnerado por la sentencia atacada,
puesto que, en el fallo de tutela del 9 de mayo de 2019, la Subsección
B, Sección Segunda del Consejo de Estado21 amparó los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia de la accionante y, en consecuencia, dejó sin

20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Sentencia del 13 de febrero de 2014. Expediente nro. 25000 2325 000 2011 01335 01
(2378) M.P.: Alfonso Vargas Rincón.
21
C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. Expediente nro. 11001 0315 000 2018 03933 01
(AC).
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efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar
[autoridad judicial aquí accionada] que había negado el reconocimiento
y pago de la prima de antigüedad. En la aludida providencia, tal como lo
citó el a quo, se explicó:

“A manera de corolario, se tiene que, en efecto, los señores
magistrados accionados quebrantaron las garantías
constitucionales invocadas en el escrito inicial, habida cuenta de
que excluyeron un factor salarial de la base de liquidación de la
pensión de la actora (prima de antigüedad) que no solo devengó,
sino sobre el que efectuó los correspondientes aportes al sistema
de seguridad social, máxime cuando tal emolumento la tutelante lo
recibió de buena fe, puesto que no se advierte de su parte
conducta alguna ante la Administración para su reconocimiento
que merezca reproche, independientemente de que el acto
administrativo mediante el cual se creó dicha prima haya sido
anulado por la jurisdicción contencioso-administrativa”.

(iv) Al respecto, se recuerda que esta Sección en fallo de tutela
proferido el 16 de septiembre de 202122 confirmó la sentencia de
primera instancia del 22 de julio de 2021 de la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado que amparó los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia y a la
igualdad del actor. En aquella oportunidad se controvirtió una
providencia del Tribunal Administrativo del Cesar [autoridad judicial aquí
accionada] que negó la reliquidación de la pensión a un docente con la
inclusión de la prima de antigüedad, alegando que se incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución. Para resolver el asunto, esta Sala consideró:

“44. El segundo motivo de inconformidad esgrimido por la
Corporación impugnante se encuentra asociado a que el factor
salarial denominado prima de antigüedad y que efectivamente fue
devengado por la señora Duarte Daza, fue creado irregularmente
por autoridad que carecía de competencia, por lo que tampoco
podría accederse a lo pedido por la accionante. Al respecto, la Sala
estima necesario hacer dos precisiones:

44.1. En primer lugar, tal como lo consideró el a quo, en la

C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente nro. 11001 0315 000 2021 03423
22

01 (AC).
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sentencia enjuiciada no se consignó ningún sustento jurídico frente
a este punto, pese a que había sido el objeto central del recurso de
apelación.

44.2. En segunda medida, tampoco tal argumento tiene vocación
de prosperidad porque, como bien lo expuso la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver una acción de
tutela que guarda similitud fáctica -inclusive la misma Corporación
accionada- con el caso de la referencia:

“[…] En el sub lite la demandante asevera que el fallo acusado
desconoce que la prima de antigüedad está contenida como factor
salarial en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que efectuó
cotizaciones y aportes para pensiones sobre aquella, como da
cuenta la certificación que reposa en el expediente (f. 97), y que
no se encuentra acreditado que dicho factor haya sido de «[... ]
creación municipal» […]”.

[…]

“[…] Con base en lo expuesto, se verificó el expediente contentivo
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
20001-33-33-003-2014- 00466-00 y se halló que, en efecto, en los
folios 228 y 229 obra certificación emitida por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, que da cuenta de que la
actora prestó sus servicios en el establecimiento educativo «[... ]
SEDE PRINCIPAL LOPERENA», durante el año anterior a su retiro
del servicio (2012-2013) y devengó como factores salariales: (i)
asignación básica, (ii) sueldo de vacaciones, (iii) prima de
antigüedad empleados municipales, (iv) prima de alimentación
especial, (v) prima de navidad, y (vi) prima de vacaciones
docentes.

Así las cosas, cabe anotar que con independencia de las
consideraciones que se realizaron por parte de las autoridades
enjuiciadas sobre la creación del factor salarial denominado «[...]
prima de antigüedad empleados municipales», está acreditado
en el plenario que la tutelante lo recibió durante el año
anterior a su retiro del servicio y, según el documento que
reposa en el folio 228 y 229 del expediente ordinario, sobre
aquel efectuó cotizaciones con destino al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por consiguiente, pese a que los accionados determinaron que los
factores salariales que se deben incluir para efectos de calcular la
mesada de la actora eran todos los devengados en el último año de
servicios, omitió que ella cotizó sobre la prima de
antigüedad, motivo por el que, con base en la tesis que ellos
acogieron, era dable ordenar tener en cuenta dicho
emolumento para tal efecto.

Con fundamento en lo expuesto, es evidente que el Tribunal
Administrativo del Cesar no analizó de manera íntegra las pruebas

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adosadas por las partes al expediente 20001-33-33-003-2014-
00466-00, en particular, la certificación obrante en folios 228 y
229 del expediente ordinario, es decir, omitió hacer de manera
completa la valoración de un medio probatorio bajo los criterios de
la sana crítica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17614 del
Código General del Proceso (CGP) […]”.

[…]

“[…] A manera de corolario, se tiene que, en efecto, los señores
magistrados accionados quebrantaron las garantías
constitucionales invocadas en el escrito inicial, habida cuenta de
que excluyeron un factor salarial de la base de liquidación de la
pensión de la actora (prima de antigüedad) que no solo devengó,
sino sobre el que efectuó los correspondientes aportes al sistema
de seguridad social, máxime cuando tal emolumento la
tutelante lo recibió de buena fe, puesto que no se advierte
de su parte conducta alguna ante la Administración para su
reconocimiento que merezca reproche, independientemente
de que el acto administrativo mediante el cual se creó dicha
prima haya sido anulado por la jurisdicción contencioso-
administrativa […]”23.

Valga resaltar que el anterior criterio fue acogido por la otra
Subsección (Subsección A) de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. Por ejemplo, en reciente pronunciamiento de 8 de abril de
2021, esa Corporación judicial consideró lo siguiente:

“[…] Ahora bien, la demandante discute la no inclusión de la prima
de antigüedad en el IBL de su pensión pese a que se trata de uno
de los factores regulados por las Leyes 33 y 62 de 1985. Sobre el
particular, el tribunal consideró que el citado factor no podía ser
incluido dado que le fue cancelado en virtud del Acuerdo 013 de
1983 del Concejo de Valledupar sin competencia constitucional y
legal para ello; y que dicho acto administrativo había sido
declarado nulo por esta jurisdicción en sentencia de 13 de marzo
de 2013.

Sobre el particular, esta Corporación en recientes
providencias de esta Subsección ha sostenido que en el caso
de la prima de antigüedad de creación por entidades
territoriales puede computarse siempre que se demuestre
que sobre la misma se realizaron los descuentos para
pensión24.

De acuerdo con lo anterior, a folio 170 del expediente se observa
oficio dirigido al tribunal en el que se especifica que la señora

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección
Segunda, sentencia de tutela de 9 de mayo de 2019, número único de radicación
110010315000201803933-01, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24
Cita del texto original: “Ver sentencias del 18 y 25 de marzo de 2021 con radicación
20001233900020170046001 (6390-2019) y 20001233900020170038901(5547-2019),
respectivamente”.
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Modestina Cadena Gómez «registra descuentos para aportes de
seguridad social en pensiones sobre los siguientes factores: sueldo
básico, bonificación mensual docente, prima de antigüedad, prima
de clima, prima de escalafón y prima de grado».

Por consiguiente, la prima de antigüedad devengada por la
demandante sí debe incluirse como factor de liquidación de
su mesada pensional ya que, en términos de esta
subsección, «la debida correspondencia que en un sistema
de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo
que el sistema retorna al afiliado» […]”.25

45. Con fundamento en todo lo anterior, para la Sala es claro que
la autoridad judicial accionada, al proferir la decisión enjuiciada,
incurrió en el aludido defecto fáctico, razón por la que la decisión
del a quo habrá de confirmarse, no sin antes advertirle al Tribunal
Administrativo del Cesar que, en la sentencia de reemplazo, deberá
aplicar las reglas y subreglas contenidas en la jurisprudencia
imperante en la actualidad”.

(Negrillas en la providencia)

(iv) De modo que, lo que se observa es que la Corporación ha concedido
el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes en asuntos
idénticos al aquí debatido, esto es, cuando se promueve una acción de
tutela en contra de una sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar que negó el reajuste de la pensión de un
docente con la inclusión de la prima de antigüedad por considerar que
se trata de un factor salarial que fue creado por un ente territorial que
no era el competente para ello, pese a que está acreditado que se trata
de un concepto devengado por los interesados y respecto del cual se
hicieron los aportes al sistema de seguridad social.

Corolario de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo de tutela proferido el
4 de agosto de 2021 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado.

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la
Sección Segunda, sentencia de 8 de abril de 2021, número único de radicación 20001-
23-33-000-2017-00471-01(5219-19), C.P. William Hernández Gómez.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 4 de agosto de 2021 por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado por las razones
expuestas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del
término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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