Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-05285-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-05285-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-05285-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
5 de mayo de 2022
Radicación: 11001 03 15 000 2021 05285 01
Accionante: Adalberto Rafael Ariza Romero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05285-01
Accionante: ADALBERTO RAFAEL ARIZA ROMERO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tesis: Hay lugar a amparar el derecho fundamental a la igualdad
del accionante cuando la sentencia atacada niega el
reajuste de la pensión de un docente con la inclusión de
la prima de antigüedad y está probado que fue un factor
salarial que devengó y respecto del cual hizo aportes al
sistema de seguridad social.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 20 de enero de 2022 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Adalberto Rafael Ariza Romero promovió acción de tutela en
contra de la sentencia proferida el 15 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de
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Accionante: Adalberto Rafael Ariza Romero
justicia, defensa, mínimo vital e igualdad; para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
“[…] Señor Magistrado, respetuosamente pido el amparo
constitucional de los derechos: acceso a la justicia, debido proceso,
a la defensa, protección del estado social de derecho, derecho a la
igualdad, mínimo vital, derecho adquirido, entre otros, porque me
encuentro ad – portas de padecer o sufrir un daño inminente e
irreparable, contra el cual NO existe otro mecanismo de defensa, al
tener que devengar pensión menguada que lesiona el mínimo vital.
En consecuencia, con el respeto de costumbre, solicito que se ordene
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR que revoque o deje sin
efecto la sentencia adiada quince (15) de julio de 2021, proferida en
el proceso rad: 20001 3333 002 2016 00179 01. Demandante:
Adalberto Rafael Ariza Romero. Demandado: Nación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (esta sentencia fue
notificada por medio electrónico el día 19 de julio de 2021).
Ordenar que sea emitida una nueva sentencia en la cual se disponga
adicionar la prima de antigüedad como factor salarial para
reliquidación de mi pensión […]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que, mediante la Resolución nro. 0271 del 14 de
abril de 2015, fue reliquidada la pensión, pero sin incluir las primas de
navidad, servicios, vacaciones ni de antigüedad.
Por lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho pretendiendo que fuera reajustada la pensión incluyendo varios
factores salariales, entre los que estaba la prima de antigüedad.
Indicó que el juez de primera instancia “encontró probado que devengué
la prima de antigüedad, pero se abstuvo de ordenar su inclusión en la
reliquidación de mi pensión porque según su criterio esta prima fue creada
por un ente territorial”.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 05285 00.
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Inconforme con lo resuelto, afirmó que interpuso recurso de apelación,
pero el tribunal de segunda instancia confirmó lo resuelto por el a quo.
Argumentó que la sentencia atacada desconoció el precedente, toda vez
que el Consejo de Estado ha señalado que “la prima de antigüedad
devengada por docente debe incluirse en la liquidación de pensión”2. Para
ello citó el fallo de tutela proferido el 9 de mayo de 2019 por la Sección
Segunda de esta Corporación en el proceso radicado con el nro. 11001
0315 000 2018 03933 01.
Alegó que se configuró el defecto fáctico, puesto que en el expediente
está acreditado que devengó la prima de antigüedad y cotizó sobre dicho
factor para la pensión. Agregó que allegó como prueba la certificación de
la secretaría de educación de Valledupar en la que consta que sobre la
prima de antigüedad se hicieron descuentos de aportes para pensión.
Sostuvo que en el formato único para la expedición de certificados de
salarios se comprueba que devengó la prima de antigüedad y cotizó los
aportes al FOMAG.
Adujo que se incurrió en defecto sustantivo porque no se tuvo en cuenta
que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 establece que la prima de
antigüedad es un factor salarial para efectos de liquidar la pensión.
Arguyó que se configuró el defecto de violación directa de la Constitución
en la medida que se vulneraron los derechos al debido proceso y defensa.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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Ibídem.
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3.1. Por auto del 19 de agosto de 20213, la Sección Cuarta de esta
Corporación admitió la tutela y dispuso notificar al Tribunal Administrativo
del Cesar como autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Valledupar, a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y a Fiduprevisora S.A., como terceros interesados en
el resultado del proceso4.
Igualmente, se solicitó al Tribunal Administrativo del Cesar y al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar, en el evento que el
expediente haya sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del
proceso nro. 20001 3333 002 2016 00179 01, la cual fue remitida por el
mencionado juzgado5.
3.2. El presidente del Tribunal Administrativo del Cesar rindió informe en
oportunidad vía correo electrónico6, en el que sostuvo que dicha
Corporación ha reiterado que la prima de antigüedad no puede ser
incluida “en la base de liquidación pensional, pese a que éste se encuentre
taxativamente señalado en la ley y se hubiese demostrado que se efectuó
aportes a pensión sobre el mismo, por la potísima razón que dicho factor
no es de creación legal”.
Lo anterior, debido a que “en reiteradas ocasiones la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha señalado, que cuando la prima de antigüedad tiene
como fuente un acto de una entidad colegiada del orden territorial, ésta
no puede ser tenida en cuenta como factor salarial, comoquiera que la
autoridad territorial se arrogó competencias que están destinadas para el
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Esta orden se cumplió el 28 de octubre de 2021. Visto en el índice 6 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021
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Congreso de la República (…) // Debe recordarse, que esta Corporación,
con ponencia de la Magistrada Doris Pinzón Amado, dentro del proceso
radicado 20-001-23-31-004-2011-00290-00, mediante sentencia de
fecha 14 de marzo de 2013, declaró la nulidad del Acuerdo Municipal nro.
13 del 14 de abril de 1983, por medio del cual el Concejo Municipal de
Valledupar creo la prima de antigüedad para los empleados municipales,
por considerar que dicha Corporación no tenía competencia para crearla,
siendo su competencia exclusiva del legislador”.
Concluyó que “no existió duda que la prima de antigüedad cancelada al
demandante, fue creada a través de un acuerdo municipal, por lo que
claramente, el Concejo Municipal no estaba facultado para fijar el régimen
salarial ni prestacional a los empleados municipales, circunstancia que
conllevó a que la misma no fuera tenida en cuenta como factor salarial en
el reconocimiento prestacional del demandante, pese a que dicho factor
hubiese sido devengado en el último año de servicios”.
3.3. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar, la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Fiduprevisora S.A no
rindieron informe.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 20 de
enero de 2022, dispuso lo siguiente7:
“[…] Primero. - DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por el señor Adalberto Rafael Ariza Romero contra el
Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas […]”.
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Accionante: Adalberto Rafael Ariza Romero
Para dilucidar el asunto consideró que no estaba cumplido el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que “los reproches formulados por el
accionante en el escrito de tutela, independientemente que se invoquen
los defectos por desconocimiento del precedente judicial, fáctico,
sustantivo y violación directa de la Constitución, lo que en realidad
pretenden es darle continuidad al debate relacionado con la inclusión de
la prima de antigüedad en la liquidación de la pensión de jubilación, lo
cual ya fue motivo de estudio en el curso del proceso ordinario en sus dos
instancias y en el que se concluyó que dicha prima fue creada mediante
un acuerdo municipal expedido por el Concejo Municipal de Valledupar,
razón por la cual no puede ser tenida en cuenta para establecer el monto
de la mesada pensional pese a que fue devengada en el último año de
servicio, se realizaron los respectivos descuentos y aparece bajo esa
misma denominación en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985”.
Agregó que “se evidenció que los cargos que plantea el demandante en
la solicitud de amparo, bajo la supuesta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico, sustantivo y violación
directa de la Constitución fueron presentados de manera similar en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en el recurso de
apelación, los cuales se estudiaron con suficiencia por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesar, cuestión diferente es que la parte actora al no estar de acuerdo
con la apreciación que se hicieron sobre el material probatorio, el marco
normativo y la jurisprudencia vinculante por parte de la autoridad judicial
accionada, presentara la acción de tutela bajo la supuesta vulneración de
derechos fundamentales, lo que no es razón suficiente para omitir el
hecho de que el mecanismo de tutela se está utilizando como una
instancia adicional, lo que desconoce el requisito de la relevancia
constitucional”.
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5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo impugnó;
para ello expuso que “reitero las razones expuestas en la demanda de
tutela” y agregó lo siguiente8:
Que promovió la acción de tutela porque la sentencia atacada no se
pronunció ni analizó el precedente fijado por el Consejo de Estado sobre
la inclusión de la prima de antigüedad “creada por ente territorial para la
liquidación de pensión de docente”9 y anotó que “la piedra basal de la
jurisprudencia y el antecedente vertical es el derecho de igualdad. Es
decir que hechos fácticos similares, analizados bajo iguales fundamentos
jurídicos, debe conducir a decisiones similares. En otras palabras bajo
condiciones semejantes, decisiones semejantes”10.
Afirmó que la situación fáctica del actor “encaja perfectamente” en el
razonamiento hecho por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado en la sentencia del 9 de mayo de 2019.
También aludió a la sentencia proferida el 8 de abril de 2021 por la
Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en el proceso
radicado con el nro. 20001 2333 000 2017 00471 01.
Por auto del 22 de febrero de 2022 se concedió la impugnación11 y la
misma fue asignada por acta de reparto el 8 de marzo de 202212.
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Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 05285 00.
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Ibídem.
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Ibídem.
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Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 05285 00.
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199113, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201514, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201916 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:
6.2.1. El señor Adalberto Rafael Ariza Romero, actuando por conducto de
apoderada, promovió demanda bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
13
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
14
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
15
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
16
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
17
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro.20001 3333 002 2016 00179 01. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 05285 00.
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Accionante: Adalberto Rafael Ariza Romero
Secretaría de Educación del Municipio de Valledupar, pretendiendo lo
siguiente:
“[…] 1.1. Que se decrete la nulidad parcial de la Resolución nro. 276
del 02 de junio de 2005 suscrita por el representante del Ministerio
de Educación Nacional ante el Departamento del Cesar.
1.2. Se declare nulo el aparte o expresión … “UN MILLON CUARENTA
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS $1.040.963.00” del
artículo primero de la Resolución nro. 276 del 02 de junio de 2005
suscrita por el representante del Ministerio de Educación Nacional
ante el Departamento del Cesar.
1.3. Que se decrete la nulidad parcial de la Resolución nro. 271 del
14 de abril de 2015 suscrita por el Secretario de Educación Municipal
de Valledupar.
1.4. Se declare nulo el aparte o expresión “$2.033.954” del artículo
primero de la Resolución nro. 0271 de 14 de abril de 2015 suscrita
por el Secretario de Educación Municipal de Valledupar.
1.5. Que se declare nulo el oficio OFPSM – 0602 de fecha 31 de
agosto de 2015 suscrito por el Secretario de Educación Municipal de
Valledupar.
1.6. Ordenar a la demandada que corrija la cuantía de la pensión de
jubilación que mediante la Resolución nro. 276 del 02 de junio de
2005 suscrita por el representante del Ministerio de Educación
Nacional ante el Departamento del Cesar; le fue reconocida y pagada
al demandante; por tanto para dicha corrección se deben incluir los
factores salariales correspondientes a la prima de navidad, de
servicios, de vacaciones y demás factores salariales devengados en
el último año de servicios previo a cuando se causo el derecho a la
pensión.
1.7. Ordenar a la demandada a que corrija la cuantía de la pensión
de jubilación de la Resolución nro. 0271 de 14 de abril de 2015,
suscrita por el secretario de educación municipal de Valledupar que
– con motivo del retiro del servicio- reajustó la cuantía de la mesada
de la Resolución nro. 276 del 02 de junio de 2005 suscrita por el
representante del Ministerio de Educación Nacional ante el
Departamento del Cesar; por tanto para dicha corrección se deben
incluir los factores salariales correspondientes a la prima de navidad,
de vacaciones, de servicios, de antigüedad, horas extras y demás
factores salariales devengados en el último año laborado previo a
cuando fue retirado del servicio.
1.8. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título
de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación – Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FIDUPREVISORA S.A) – Secretaria de Educación
Municipal de Valledupar a que reliquide la pensión y por tanto pague
a favor del demandante:
1.8.1. Una pensión en cuantía de $1.239.381,00 mensuales en vez
de $1.040.963,00 a partir del 28 de enero de 2005.
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1.8.2. A partir del 29 de enero de 2015, un valor reajustado de la
mesada pensional de $3.305.108,00 mensuales en vez de
$2.033.954,00 debido al retiro del servicio […]”.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo de Valledupar que en sentencia del 7 de febrero de 2020,
dispuso:
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva […]”.
6.2.3. Inconforme con lo anterior, la parte demandante interpuso recurso
de apelación y el Tribunal Administrativo del Cesar, en providencia del 15
de julio de 2021, confirmó lo resuelto en primera instancia.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sección Cuarta de esta Corporación, en el
fallo proferido el 20 de enero de 2022, declaró improcedente la acción de
tutela por considerar que el requisito de relevancia constitucional no
estaba cumplido, dado que los reproches formulados por el actor ya
fueron estudiados por los jueces naturales de la causa.
Sin embargo, la Sala estima que este asunto sí tiene relevancia
constitucional, por las razones que pasan a explicarse:
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que un
asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia
constitucional cuando se “plantea una confrontación de la situación
suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son
ajenos a esta acción pública”.
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Para que el requisito de relevancia constitucional esté acreditado, la parte
interesada deberá explicar clara y expresamente las razones por las
cuales estima están siendo vulnerados los derechos fundamentales
invocados.
Seguidamente, debe el juez examinar si, en efecto, la vulneración del
derecho acontece en lo que se denomina su núcleo esencial, pues sólo de
esta manera el caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para
permitir que, por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio
constitucional el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje
institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este
propósito, el juez no podrá limitarse a convalidar el requisito de la
relevancia constitucional con la sola mención de un derecho fundamental,
pues deberá evaluar si, de acuerdo con los argumentos expresados en el
escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva de un derecho
fundamental.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el núcleo esencial de
un derecho fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que
permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de
inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En
sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho
fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo
convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al
derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O,
también, puede verse como la parte del derecho fundamental que no
admite restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección” 18.
18
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
11
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Así las cosas, para establecer si una acción de tutela contra providencia
judicial tiene o no relevancia constitucional, deben concurrir los siguientes
elementos: (i) que el escrito invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (ii) que se expongan las razones de vulneración de esos
derechos fundamentales, y (iii) que la transgresión suponga un atentado
contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen
del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora
para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental,
comparadas con el núcleo esencial del mismo.
Adicionalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación 573
del 27 de noviembre de 201919, explicó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la petición de amparo se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.
La parte actora señaló que la sentencia controvertida vulnera los derechos
fundamentales al mínimo vital, la igualdad, el debido proceso, defensa y
el acceso efectivo a la administración de justicia.
En cuanto al derecho al mínimo vital, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que le corresponde al accionante demostrar la vulneración del
mínimo vital, señalando qué necesidades básicas están siendo
insatisfechas, pues “no sólo basta hacer una afirmación llana respecto de
la afectación del mínimo vital, sino que dicha aseveración debe venir
acompañada de pruebas fehacientes y contundentes de tal afectación,
19
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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que le permitan al juez de tutela tener la certeza de tal situación”20; sin
embargo, el actor no allegó ningún medio probatorio que acredite la
transgresión de esta garantía; además, en los escritos de tutela e
impugnación, omitió explicar las razones por las que considera la
sentencia atacada vulneró el mínimo vital, razón por la que, frente a este
derecho, no se cumple el requisito de relevancia constitucional y, por
consiguiente, en la parte resolutiva del fallo se declarará la improcedencia
de la tutela en relación con este punto.
En lo atinente al derecho fundamental a la igualdad, la Sala considera que
sí se cumple la relevancia constitucional, dado que, en este caso, el
accionante alegó que la providencia censurada desconoció la
jurisprudencia proferida por la Sección Segunda de esta Corporación que
ha explicado que “la prima de antigüedad devengada por docente debe
incluirse en la liquidación de pensión”21. Y citó el fallo de tutela proferido
el 9 de mayo de 2019 en el proceso radicado con el nro. 11001 0315 000
2018 03933 01.
Conforme con lo expuesto, el requisito de relevancia constitucional está
acreditado respecto del derecho fundamental a la igualdad y, atendiendo
la posición mayoritaria de la Sala, se tiene que lo mismo ocurre frente a
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia, sin que por ello se comprometa igualmente el
requisito general de la subsidiariedad22.
De otro lado, como el a quo no analizó los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la Sala
precisa que están cumplidos, dado que:
20
Corte Constitucional. Sentencia T – 237 del 26 de febrero de 2001. M.P.: Rodrigo
Escobar Gil.
21
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 05285 00.
22
El magistrado ponente advierte que no comparte la posición mayoritaria de la Sala.
13
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Radicación: 11001 03 15 000 2021 05285 01
Accionante: Adalberto Rafael Ariza Romero
(i) La parte actora no cuenta con otro mecanismo judicial para proteger
el derecho fundamental a la igualdad; (ii) la tutela se presentó dentro de
un término razonable23, habida cuenta que la providencia cuestionada fue
proferida el 15 de julio de 2021 y la tutela radicada el 12 de agosto de
2021; (iii) las irregularidades manifestadas por el accionante conciernen
a los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución; (iv) la situación que se afirma generó
la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada, y (v) no se trata de una providencia contentiva de una
sentencia de tutela.
En consecuencia, ante una eventual vulneración del derecho a la igualdad,
es procedente descender al analisis de los reparos formulados por el actor
y, para resolverlos, la Sala estima necesario precisar:
(i) El actor promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendiendo el reajuste de la pensión con la inclusión, entre otros
factores salariales, de la prima de antigüedad.
(ii) El Tribunal Administrativo del Cesar, en providencia del 15 de julio de
2021, confirmó el fallo de primera instancia que había negado las
pretensiones, con fundamento en lo siguiente:
“[…] 8.5. CASO CONCRETO
Pues bien, analizando el asunto de autos, acota este Tribunal que en
efecto, el demandante tiene reconocida una pensión de jubilación,
sin que en el asunto esté en discusión dicho derecho, sino que el
litigio se centra en establecer si el actor tiene derecho a la
reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores
23
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de
Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses
después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin
perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el
cumplimiento del requisito de inmediatez.
14
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Accionante: Adalberto Rafael Ariza Romero
salariales que fueron devengados en el último año de servicios y/o
antes de adquirir el estatus.
Así las cosas, como se vio, al demandante, por remisión de la Ley
91 de 1989, le resultaba aplicable la Ley 33 de 1985, por lo que,
según lo dispuesto en dicha norma, y las que la modificaron o
adicionaron, una vez cumplidos los requisitos exigidos para acceder
a la pensión, devino en un derecho laboral adquirido, cuyo
desconocimiento contraviene la Constitución Política y la ley.
En consecuencia, en el caso concreto, al señor ADALBERTO RAFAEL
ARIZA ROMERO, se le debía reconocer la pensión de jubilación
teniendo en cuenta los factores salariales devengados por éste en el
último año en que adquirió el status, siempre y cuando éstos
estuvieran enlistados en la ley y sobre ellos se hubiese efectuado los
aportes, de conformidad con la nueva tesis dictada por el órgano de
cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la cual es acogida
por este Tribunal, en el asunto bajo estudio, tal y como se dijo en
párrafos anteriores.
Ahora, la Ley 62 de 1985, la cual se le aplica al demandante, señala
en forma taxativa los factores salariales que sirven de base para la
liquidación pensional, estos son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio, por lo tanto, es sobre
dicha base sobre la cual debe fundamentarse la liquidación pensional
efectuada por la entidad demandada.
En ese orden de ideas, la Secretaría de Educación Municipal de
Valledupar, en nombre y representación de la Nación — Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció la
pensión de jubilación al señor ADALBERTO RAFAEL ARIZA ROMERO,
teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en el año
anterior al de estatus de pensionado y como factores salariales el
salario básico.
No obstante, en el último año antes de servicio (2014-2015), el actor
devengó otros factores salariales diferentes a los tenidos en cuenta
por la entidad demandada, tales como: el sueldo de vacaciones, la
prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad y la
prima de antigüedad, de conformidad con el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Salarios, sin embargo estos factores no
podían ser incluidos en la base de su liquidación prestacional, como
quiera que no se encuentran enlistados en la ley, ni se demostró que
sobre ellos se hubiese realizado aportes a pensión, salvo la prima de
antigüedad.
Ahora bien, en cuanto a la prima de antigüedad, tal como indicó el
juez de primera instancia, este Tribunal ha sido reiterativo en
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señalar que dicho factor no puede ser incluido en la base de
liquidación pensional, pese a que éste se encuentre taxativamente
señalado en la ley y se hubiese demostrado que se efectuó aportes
a pensión sobre el mismo, por la potísima razón que dicho factor no
es de creación legal.
Lo anterior, como quiera que en reiteradas ocasiones la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado, que cuando la
prima de antigüedad tiene como fuente un acto de una entidad
colegiada del orden territorial, ésta no puede ser tenida en cuenta
como factor salarial, como quiera que la autoridad territorial se
arrogó competencias que están destinadas para el Congreso de la
República, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19
literales e) y f) de la Constitución Política.
Debe recordarse, que este Tribunal, con ponencia de la Magistrada
Doris Pinzón Amado, dentro del proceso radicado 20-001-23-31-
004-2011-00290-00, mediante sentencia de fecha 14 de marzo de
2013, declaró la nulidad del Acuerdo Municipal nro. 13 del 14 de
abril de 1983, por medio del cual el Concejo Municipal de Valledupar
creo la prima de antigüedad para los empleados municipales, por
considerar que dicha Corporación no tenía competencia para crearla,
siendo su competencia exclusiva del legislador. Así señaló en esa
oportunidad este Tribunal:
“De la lectura de las normas anteriores, se advierte que ni a los
Consejos Municipales ni a las Asambleas Departamentales se les
atribuyó competencia para establecer el régimen salarial y
prestacional de los empleados de estos órdenes, facultad que quedó
radicada exclusivamente en el Congreso de la República o del
Presidente de la República.
Así lo manifestó el Consejo de Estado en sentencia del 29 de octubre
de 2009, Radicación número: 68001-23-15-000-2003-02753-
01(0063-08), con ponencia de la Doctora Bertha Lucía Ramírez de
Páez:
“Al respecto esta Sala ha reiterado que la Constitución Nacional de
1886 no le otorgaba la competencia a las Asambleas
Departamentales y a los Concejos Municipales y Distritales para
establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados de
estos órdenes, pues los artículos 76, numeral 9, y 120, numeral 21,
consagraron la facultad exclusiva del Congreso de la República o del
Presidente de la República, de fijar el régimen de prestaciones
sociales de los empleados públicos, incluido el de los del nivel
territorial…” -Sic para lo trascrito-
5.- CASO CONCRETO.-
Descendiendo al caso concreto, y tomando en consideración la
normatividad Constitucional y la Jurisprudencia que se acaba de
exponer, encuentra la Sala que el Consejo (sic) Municipal de
Valledupar no contaba en el año 1983 con la competencia para
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expedir el Acuerdo Municipal nro. 13 de 1983, por medio del cual se
creo la prima de antigüedad para los empleados municipales, dado
que la creación de dicha prima, por constituir un factor salarial, era
de competencia exclusiva del legislador.
En virtud de lo anterior, las excepciones propuestas por el
Apoderado del Sindicato de Trabajadores Públicos de la Alcaldía de
Valledupar SINSERPUAL no tienen vocación de prosperidad, y en
consecuencia, esta Corporación decretará la nulidad del Acuerdo
Municipal nro. 13 de 1983”. (Sic para lo transcrito)
En ese orden de ideas, no existe duda que la prima de antigüedad
cancelada al demandante, fue creada a través de un acuerdo
municipal, por lo que claramente, el Concejo Municipal no estaba
facultado para fijar el régimen salarial ni prestacional a los
empleados municipales, circunstancia que conlleva a que la misma
no sea tenida en cuenta como factor salarial en el reconocimiento
prestacional del demandante, pese a que dicho factor hubiese sido
devengado en el último año de servicios.
Lo anterior, ha sido tema reiterativo del Consejo de Estado, quienes
han determinado que si el factor devengado en el último año de
servicio, fue creado por fuera del marco de competencias, éste no
puede ser incluido en la base de liquidación pensional:
“Si bien la sentencia de unificación de esta Corporación antes citada,
prescribe que se deben incluir todos los factores salariales
devengados de manera habitual en el último año de servicios para
que hagan parte de la base de liquidación pensional, sin importar su
denominación y la entidad certificó qué conceptos fueron
devengados, lo cierto es, que no es posible su inclusión en la base
de liquidación de la pensión, en razón a que su creación y
reconocimiento se hicieron por fuera del marco legal de
competencias y no se puede validar cuando en efecto su fundamento
es ilegal o inconstitucional.
La Sección Segunda - Subsección B, con ponencia de la Doctora
Bertha Lucía Ramírez de Páez (E), en sentencia de 4 de julio de
2013, Expediente: 050012331000200102924 01 (0033-2013),
actor: Marco Fidel Suárez Mesa, consideró que no era posible incluir
factores salariales. Tratándose de la pensión de jubilación cuando
estos provienen de disposiciones municipales tales como Acuerdos o
Decretos, de la siguiente manera:
“Ahora bien, de acuerdo con el artículo 150, numeral 19, literal e),
de la Constitución Política de 1991 al Congreso de la República le
corresponde fijar las normas generales a las que debe sujetarse el
Gobierno Nacional para fijar los requisitos y condiciones del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados
públicos, por lo que es ilegal cualquier disposición, referente a: (a)
normas de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales,
resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o
departamentales, que regulen la materia; o, (b) convenciones
colectivas suscritas por los sindicatos de empleados públicos que
establezcan disposiciones relativas a esto tópico. En ese sentido, los
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demás factores salariales que percibió el demandante, tales como,
las primas de vida cara y aguinaldo, los cuales fueron creados por el
Acuerdo nros. 29 de 1978 y el Decreto Municipal nro. 120 de 1983,
razón por la cual es posible tenerlos en cuenta dentro la liquidación
pensional, por cuanto fueron concebidos con total desconocimiento
de las normas superiores, situación que hace imposible su
reconocimiento, pues no le es dable al Juez prohijar derechos cuyo
fundamento es inconstitucional e ilegal
(Sic para lo transcrito)
En consecuencia, no es posible acceder a la reliquidación pensional,
como quiera que no todos los factores solicitados están enlistados
en la ley ni se demostró que se efectuó aportes a pensión, sólo la
prima de antigüedad, que aunque sí está enlistada y se probó que
se efectuó descuentos en pensión, ésta no puede ser incluida al ser
un factor creado de manera extralegal.
En virtud de lo anterior, la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, debe ser
CONFIRMADA […]”.
(iii) El actor alegó en el escrito de tutela que su derecho fundamental a la
igualdad resulta vulnerado por la sentencia atacada, puesto que, en el
fallo de tutela del 9 de mayo de 2019, la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado24 amparó los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia
de la accionante; en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó el reconocimiento y
pago de la prima de antigüedad y le ordenó lo siguiente25:
“[…] 1.3 En consecuencia, ordénase a los señores magistrados del
Tribunal Administrativo del Cesar que dentro de los diez (10) días
siguientes al recibo del respectivo expediente ordinario, emitan un
nuevo pronunciamiento en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 20001-33-33-003-2014-00466-00
promovido por la señora Dioselina Mercedes Díaz Martínez contra la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en el que se tenga en cuenta la certificación que
reposa en los folios 227 y 228 de dichas diligencias, para decidir
sobre la inclusión del factor salarial prima de antigüedad en la
liquidación pensional de la demandante, en atención a las
consideraciones que sobre el particular se hicieron en esta
providencia […]”.
24
C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. Expediente nro. 11001 0315 000 2018 03933 01 (AC).
25
Ibídem.
18
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Accionante: Adalberto Rafael Ariza Romero
La Sala precisa que la sentencia invocada por el actor no constituye
precedente para el Tribunal Administrativo del Cesar en el proceso que
adelantó el señor Ariza Romero, toda vez que el objeto de un fallo de
tutela no es el mismo de un fallo ordinario, dado que en el primero la
controversia giró en torno a la protección de los derechos fundamentales,
mientras que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
pretendía la nulidad del acto que reajustó la pensión.
Cabe agregar que, en la parte resolutiva del fallo de tutela que el actor
invoca como desconocida, no se dispuso la inclusión de la prima de
antigüedad en la pensión, sino que le ordenó al juez natural de la causa
proferir una nueva providencia en la que decida sobre dicho factor salarial.
Además, lo decidido por el Consejo de Estado en materia de tutelas,
puede ser objeto de una eventual revisión por la Corte Constitucional, de
conformidad con el artículo 241.9 Superior26.
En ese sentido, el fallo de tutela citado por el actor no constituye
precedente para el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantado por el señor Ariza Romero.
(iv) No obstante lo anterior, la Sección Primera27 de esta Corporación, en
el fallo de tutela proferido el 16 de septiembre de 202128, confirmó la
sentencia de primera instancia proferida el 22 de julio de 2021 por la
Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, que amparó los
26
El cual dispone: “Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la
integridad de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con
tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma que determine la
ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales”. En concordancia con los artículos 33 y siguientes del Decreto -Ley
2591 de 1991.
También puede verse el fallo de tutela proferido el 27 de enero de 2022. C.P.: Oswaldo
27
Giraldo López. Expediente nro. 11001 0315 000 2021 04210 01 (AC).
C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente nro. 11001 0315 000 2021 03423
28
01 (AC).
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Accionante: Adalberto Rafael Ariza Romero
derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia y a la igualdad del actor. En aquella oportunidad
se presentó acción de tutela con el fin de controvertir una providencia del
Tribunal Administrativo del Cesar [autoridad judicial aquí accionada] que
negó la reliquidación de la pensión a un docente con la inclusión de la
prima de antigüedad, alegando que se incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución. Para resolver el asunto, esta Sala consideró29:
“[…] 44. El segundo motivo de inconformidad esgrimido por la
Corporación impugnante se encuentra asociado a que el factor
salarial denominado prima de antigüedad y que efectivamente fue
devengado por la señora Duarte Daza, fue creado irregularmente
por autoridad que carecía de competencia, por lo que tampoco
podría accederse a lo pedido por la accionante. Al respecto, la Sala
estima necesario hacer dos precisiones:
44.1. En primer lugar, tal como lo consideró el a quo, en la sentencia
enjuiciada no se consignó ningún sustento jurídico frente a este
punto, pese a que había sido el objeto central del recurso de
apelación.
44.2. En segunda medida, tampoco tal argumento tiene vocación de
prosperidad porque, como bien lo expuso la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver una acción de
tutela que guarda similitud fáctica -inclusive la misma Corporación
accionada- con el caso de la referencia:
(…)
“[…] A manera de corolario, se tiene que, en efecto, los señores
magistrados accionados quebrantaron las garantías constitucionales
invocadas en el escrito inicial, habida cuenta de que excluyeron un
factor salarial de la base de liquidación de la pensión de la actora
(prima de antigüedad) que no solo devengó, sino sobre el que
efectuó los correspondientes aportes al sistema de seguridad social,
máxime cuando tal emolumento la tutelante lo recibió de
buena fe, puesto que no se advierte de su parte conducta
alguna ante la Administración para su reconocimiento que
merezca reproche, independientemente de que el acto
administrativo mediante el cual se creó dicha prima haya sido
anulado por la jurisdicción contencioso-administrativa […]”30.
Ibídem.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección
30
Segunda, sentencia de tutela de 9 de mayo de 2019, número único de radicación
110010315000201803933-01, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20
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Accionante: Adalberto Rafael Ariza Romero
Valga resaltar que el anterior criterio fue acogido por la otra
Subsección (Subsección A) de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. Por ejemplo, en reciente pronunciamiento de 8 de abril de
2021, esa Corporación judicial consideró lo siguiente:
“[…] Ahora bien, la demandante discute la no inclusión de la prima
de antigüedad en el IBL de su pensión pese a que se trata de uno
de los factores regulados por las Leyes 33 y 62 de 1985. Sobre el
particular, el tribunal consideró que el citado factor no podía ser
incluido dado que le fue cancelado en virtud del Acuerdo 013 de
1983 del Concejo de Valledupar sin competencia constitucional y
legal para ello; y que dicho acto administrativo había sido declarado
nulo por esta jurisdicción en sentencia de 13 de marzo de 2013.
Sobre el particular, esta Corporación en recientes
providencias de esta Subsección ha sostenido que en el caso
de la prima de antigüedad de creación por entidades
territoriales puede computarse siempre que se demuestre
que sobre la misma se realizaron los descuentos para
pensión31.
De acuerdo con lo anterior, a folio 170 del expediente se observa
oficio dirigido al tribunal en el que se especifica que la señora
Modestina Cadena Gómez «registra descuentos para aportes de
seguridad social en pensiones sobre los siguientes factores: sueldo
básico, bonificación mensual docente, prima de antigüedad, prima
de clima, prima de escalafón y prima de grado».
Por consiguiente, la prima de antigüedad devengada por la
demandante sí debe incluirse como factor de liquidación de
su mesada pensional ya que, en términos de esta subsección,
«la debida correspondencia que en un sistema de
contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que
el sistema retorna al afiliado» […]”.32
45. Con fundamento en todo lo anterior, para la Sala es claro que la
autoridad judicial accionada, al proferir la decisión enjuiciada,
incurrió en el aludido defecto fáctico, razón por la que la decisión del
a quo habrá de confirmarse, no sin antes advertirle al Tribunal
Administrativo del Cesar que, en la sentencia de reemplazo, deberá
aplicar las reglas y subreglas contenidas en la jurisprudencia
imperante en la actualidad”. (Negrillas en la providencia)
31
Cita del texto original: “Ver sentencias del 18 y 25 de marzo de 2021 con radicación
20001233900020170046001 (6390-2019) y 20001233900020170038901(5547-2019),
respectivamente”.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección
Segunda, sentencia de 8 de abril de 2021, número único de radicación 20001-23-33-
000-2017-00471-01(5219-19), C.P. William Hernández Gómez.
21
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(iv) De modo que, lo que se observa, es que esta Sección ha concedido
el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes en asuntos
idénticos al aquí debatido, esto es, cuando se promueve una acción de
tutela en contra de una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar que negó el reajuste de la pensión de un docente con la inclusión
de la prima de antigüedad por considerar que se trata de un factor salarial
que fue creado por un ente territorial que no era el competente para ello,
aunque está acreditado en el proceso ordinario que fue un concepto
devengado por los interesados y respecto del cual se hicieron los aportes
al sistema de seguridad social.
Acorde con lo anterior, la Sala observa que en este caso, el Tribunal
Administrativo del Cesar tuvo por acreditado que al accionante se le
efectuaron descuentos por aportes en pensiones sobre el factor de prima
de antigüedad.
Así las cosas, y comoquiera que esta Sala amparó los derechos
fundamentales en un asunto idéntico al aquí debatido, no podría fallar
este caso en un sentido diferente, pues ello implicaría desconocer el
derecho a la igualdad del señor Ariza Romero y, por tal motivo, accederá
al amparo de esta garantía.
Conforme con lo expuesto, la Sala considera que hay lugar a revocar el
fallo proferido el 20 de enero de 2022 por la Sección Cuarta de esta
Corporación, que declaró improcedente la tutela, para, en su lugar,
amparar el derecho fundamental a la igualdad; en consecuencia, dejará
sin efectos la sentencia proferida el 15 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Cesar y le ordenará que emita una nueva providencia
dentro de los 40 días siguientes a la notificación de esta decisión teniendo
en cuenta lo señalado por el artículo 120 del Código General del Proceso
y las consideraciones precedentes.
22
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 20 de enero de 2022 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, AMPARAR el
derecho fundamental a la igualdad del señor Adalberto Rafael Ariza
Romero, según lo explicado en precedencia.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
proferida el 15 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo del Cesar
y ordenar que emita una nueva providencia dentro de los 40 días
siguientes a la notificación de esta decisión en la que deberá tener en
cuenta las consideraciones expuestas sobre la prima de antigüedad.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela en
relación con el derecho al mínimo vital, por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
23
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Accionante: Adalberto Rafael Ariza Romero
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el ley.
24
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