Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05285-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05285-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-05285-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
20 de enero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05285-00
Demandante: Adalberto Rafael Ariza Romero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05285-00
Demandante: ADALBERTO RAFAEL ARIZA ROMERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación pensional con
inclusión de prima de antigüedad. Defectos por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico, sustantivo y
violación directa de la Constitución. Requisito general de la
relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Adalberto Rafael Ariza Romero, en nombre propio, contra
el Tribunal Administrativo del Cesar, en la que pide el amparo constitucional de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, a la defensa y al “derecho adquirido”, supuestamente
vulnerados con el fallo de 15 de julio de 2021, por medio del cual se negaron las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelantó contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora relató que “[c]on motivo del retiro del servicio, al demandante le fue
reliquidada la pensión mediante resolución No. 0271 del 14 de abril de 2015,
suscrita por el secretario de educación municipal de Valledupar. En esta ocasión
nuevamente fueron omitidas la prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones y tampoco se incluyó la prima de antigüedad. O sea, la prima de
antigüedad fuer[a] excluida como factor salarial. Esta omisión o exclusión se
puede apreciar en la tabla de los considerandos que contiene los factores que
sirvieron de base para la liquidación”.
Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se
reliquidara la pensión de jubilación y se adicionaran factores salariales que no se
incluyeron en la liquidación de la mencionada prestación, entre esos la prima de
antigüedad.
Sostuvo que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar en fallo
de 7 de febrero de 2020, negó las pretensiones de la demanda y, específicamente,
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Demandante: Adalberto Rafael Ariza Romero
al referirse a la prima de antigüedad consideró que no se podía incluir, toda vez
que fue creada por un ente territorial.
Por último, indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación. El
Tribunal Administrativo del Cesar por sentencia de 15 de julio de 2021, la
confirmó, bajo el argumento de que “la prima de antigüedad, dicho factor no podrá
ser tenido en cuenta en la liquidación de la pensión de jubilación de la actora, ya
que fue reconocido de manera irregular por una entidad del orden territorial”.
2. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela con el fin de que el juez constitucional
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a
la administración de justicia, a la defensa y “al derecho adquirido”, supuestamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar con la decisión de 15 de julio
de 2021, en la que se confirmó el fallo de primera instancia en el que se negaron
las pretensiones de la demanda encaminadas a que se ordenara la reliquidación
de la pensión de jubilación con inclusión de la prima de antigüedad.
Afirmó que el tribunal accionado tuvo en cuenta una certificación de otro proceso
judicial que no fue allegada como prueba trasladada, por lo que, a su juicio, es una
prueba irregular.
Indicó que en la sentencia objetada se configuró el desconocimiento del
precedente judicial, toda vez que se apartó de la sentencia de tutela de 9 de
mayo de 20191 dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado.
Sostuvo que el tribunal accionado incurrió en defecto fáctico, por cuanto en el
proceso ordinario se aportó el Formato Único para la Expedición del Certificado de
Salarios, en el que se evidenció que frente a la prima de antigüedad se realizaron
los respectivos descuentos dirigidos al magisterio, a lo que agregó que en el
proceso ordinario no existe prueba que demuestre que la prima de antigüedad
devengada haya sido creada por una autoridad municipal, es decir, llegó a una
conclusión sin pruebas que la sustente.
Señaló que en la decisión objetada se configuró el defecto sustantivo, pues el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985 establece que la prima de antigüedad es un factor
salarial, por lo que debió ser incluida en la liquidación de la pensión de jubilación.
Aseguró que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en violación directa de
la Constitución, en tanto se vulneraron los derechos fundamentales invocados,
toda vez que no se reconoció la prima de antigüedad en la liquidación de la
pensión de jubilación, a pesar de que la devengó durante el último año de servicio.
Por último, manifestó que providencia atacada se dictó en el marco de un recurso
de apelación, por lo que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial,
además que la acción de tutela cumple el requisito de la inmediatez.
3. Pretensiones
El accionante formuló las siguientes:
“Señor Magistrado, respetuosamente pido el amparo constitucional de los
derechos: Acceso a la justicia, debido proceso, a la defensa, protección del
estado social de derecho, derecho a la igualdad, mínimo vital, derecho
adquirido, entre otros, porque me encuentro ad-portas de padecer o sufrir un
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daño inminente e irreparable, contra el cual NO existe otro mecanismo de
defensa, al tener que devengar pensión menguada que lesiona el mínimo vital.
En consecuencia, con el respeto de costumbre, solicito que se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR que revoque o deje sin efecto la
sentencia adiada quince (15) de julio de 2021, proferida en el proceso RAD: 20-
001-33-33-002-2016-0017901. Demandante: ADALBERTO RAFAEL ARIZA
ROMERO. Demandado: Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. (Esta sentencia fue notificada por medio electrónico el día 19 de
julio de 2021).
Ordenar que sea emitida una nueva sentencia en la cual se disponga adicionar
la prima de antigüedad como factor salarial para [la] reliquidación de mi
pensión”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 29 de octubre de 2021, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Valledupar allegó copia digital del expediente que
contiene el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
bajo el Nº 20001-33-33-002-2016-00179-01.
5. Trámite procesal
Por auto de 19 de agosto de 2021, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar, a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a Fiduprevisora S.A. y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 110542 a 110548 de 28
de octubre de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Cesar
En escrito de 2 de noviembre de 2021, el magistrado ponente y presidente de la
Corporación Judicial pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela,
toda vez que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
Afirmó que, en un caso similar al de la parte actora, la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado negó la reliquidación pensional de un
docente con la totalidad de factores salariales devengados en el último año de
servicios, con fundamento en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, cuyos apartes se
transcribieron en la sentencia objetada.
Agregó que en reciente sentencia de unificación de 25 de abril de 20193, la
Sección Segunda del Consejo de Estado estableció los factores salariales que
deben ser reconocidos en las pensiones a los docentes, señalando claramente
que solo son procedentes aquellos que hubieren sido devengados en el último año
2
El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de
correo electrónico: gematex@yahoo.com, sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincsr@notificacionesrj.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co;
notjudicial@fiduprevisora.com.co, j03admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin03vup@notificacionesrj.gov.co y
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019, radicado No.
680012333000201500569-01 (0935-17), C.P.: César Palomino Córtes.
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de servicio, siempre y cuando estén enlistados en la ley y se hubieren efectuado
los respectivos aportes.
Resaltó que en la sentencia objetada se acogió el reciente criterio expuesto por el
Consejo de Estado, el cual se aplica directamente para los docentes, motivo por el
cual a la liquidación de la pensión de jubilación del demandante, no se le podían
incluir factores adicionales a los señalados en la ley, así hayan sido devengados
por el servidor durante el tiempo en que prestó sus servicios.
Sostuvo que el demandante tenía reconocida una pensión de jubilación, sin que
en el asunto estuviera en discusión dicho derecho, sino que el litigio gravitó en
establecer si el actor tenía derecho a la reliquidación pensional con la inclusión de
todos los factores salariales que fueron devengados en el último año de servicios.
Señaló que al accionante, por remisión de la Ley 91 de 1989, le resultaba
aplicable la Ley 33 de 1985, por lo que, según lo dispuesto en dicha normativa, se
le debía reconocer la pensión de jubilación teniendo en cuenta los factores
salariales devengados en el último año en que adquirió el estatus, siempre y
cuando estuvieran enlistados en la ley y sobre ellos se hubiese efectuado los
aportes.
Indicó que la Ley 62 de 1985 señala en forma taxativa los factores salariales que
sirven de base para la liquidación pensional, estos son: asignación básica, gastos
de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación,
dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio,
por lo tanto, era sobre dicha base sobre la cual debía fundamentarse la liquidación
pensional efectuada por la entidad demandada.
Afirmó que la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, en nombre y
representación de la Nación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, reconoció la pensión de jubilación al señor Adalberto Rafael Ariza
Romero teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en el año
anterior al de estatus de pensionado y como factores salariales el salario básico,
sin embargo, en el último año antes de servicio (2014-2015), el actor devengó
otros factores salariales diferentes a los tenidos en cuenta por la entidad
demandada, tales como el sueldo de vacaciones, la prima de servicios, la prima de
vacaciones, la prima de navidad y la prima de antigüedad, de conformidad con el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios, los cuales no podían
ser incluidos en la base de su liquidación prestacional, como quiera que no se
encontraban enlistados en la ley, ni se demostró que sobre ellos se hubiese
realizado aportes a pensión, salvo la prima de antigüedad.
Precisó que en relación con la prima de antigüedad, la Corporación ha sido
reiterativa en señalar que dicho factor no podía ser incluido en la base de
liquidación pensional, pese a que se encuentre taxativamente señalado en la ley y
se hubiese demostrado que se efectuó aportes a pensión sobre el mismo, por
cuanto dicho factor no es de creación legal.
Aseveró que en reiteradas ocasiones la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado que cuando la prima de antigüedad tiene como fuente un acto de una
entidad colegiada del orden territorial, ésta no puede ser tenida en cuenta como
factor salarial, como quiera que la autoridad territorial se arrogó competencias que
están destinadas para el Congreso de la República, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 150, numeral 19 literales e) y f) de la Constitución Política.
Relató que el Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia de 14 de
marzo de 2013, proferida dentro del proceso radicado No. 20001-23-31-004-2011-
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00290, declaró la nulidad del Acuerdo Municipal No. 13 de 14 de abril de 1983, por
medio del cual el Concejo Municipal de Valledupar creó la prima de antigüedad
para los empleados municipales, por considerar que dicha Corporación no tenía
competencia para crearla, siendo competencia exclusiva del legislador.
Afirmó que no había duda de que la prima de antigüedad devengada por el
demandante fue creada a través de un acuerdo municipal, por lo que el Concejo
Municipal no estaba facultado para fijar el régimen salarial ni prestacional a los
empleados municipales, circunstancia que conllevó que la misma no fuera tenida
en cuenta como factor salarial en el reconocimiento prestacional del demandante,
pese a que dicho factor hubiese sido devengado en el último año de servicios.
Por último, manifestó que no era posible acceder a la reliquidación pensional,
como quiera que no todos los factores solicitados están enlistados en la ley ni se
demostró que se efectuó aportes a pensión, solo la prima de antigüedad, que,
aunque sí estaba enlistada y se probó que se efectuó descuentos en pensión, no
podía ser incluida por tratarse de un factor creado de manera extralegal, por lo que
se decidió confirmar la sentencia apelada.
6.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar, la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y Fiduprevisora S.A, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 15 de julio de 2021,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones tendientes a la reliquidación de la
pensión de jubilación del demandante, con la inclusión de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicio, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia, a la defensa y al “derecho adquirido”, por cuanto incurre en los defectos i)
por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que se apartó de la
sentencia de tutela de 9 de mayo de 20194, dictada por la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado, ii) fáctico, en razón a que en el proceso
ordinario se aportó el Formato Único para la Expedición del Certificado de
Salarios, en el que se evidenció que frente a la prima de antigüedad se realizaron
los respectivos descuentos, iii) sustantivo, pues el artículo 1° de la Ley 62 de
1985 establece que la mencionada prima ostenta el carácter de factor salarial y iv)
en violación directa de la Constitución, por la vulneración de sus derechos
fundamentales.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
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(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones5.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20056, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional7.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala8, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.
5
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
7
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
8
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir,
no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La parte actora considera que la sentencia de 15 de julio de 2021, mediante la
cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión del a quo, que negó
las pretensiones tendientes a obtener la reliquidación de la pensión de jubilación
con inclusión de todos los factores salariales, específicamente el de la prima de
antigüedad, incurre en defectos i) por desconocimiento del precedente judicial,
toda vez que se apartó de la sentencia de tutela de 9 de mayo de 20199, dictada
por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, ii) fáctico, en
razón a que en el proceso ordinario se aportó el Formato Único para la Expedición
del Certificado de Salarios, en el que se evidenció que frente a la prima de
antigüedad se realizaron los respectivos descuentos, iii) sustantivo, pues el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985 establece que la mencionada prima ostenta el
carácter de factor salarial y iv) en violación directa de la Constitución, por la
vulneración de sus derechos fundamentales.
4.2. La Sala anticipa que en el presente asunto la acción de tutela se torna
improcedente por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional, tal como
se explica a continuación:
El señor Adalberto Rafael Ariza Romero, en ejerció el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en
la que solicitó que se anularan parcialmente las Resoluciones No. 276 de 2 de
junio de 2005 y 0271 de 14 de abril de 2015, por medio de las cuales se reconoció
y reliquidó su pensión de jubilación, así como la nulidad del Oficio No. OFPSM-
0602 de 31 de agosto de 2015, en el que se negó la solicitud de reliquidación
pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicio. Asimismo, como fundamentos de la demanda, indicó que “[l]a
prima de antigüedad tiene la doble condición de ser factor salarial para el régimen
exceptuado del magisterio y también lo es en el régimen de la Ley 100 de 1993” y,
además, que la sentencia de unificación de 4 de agosto de 201010, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado permitió la inclusión de todos los factores
percibidos durante el año previo a la adquisición del estatus indistintamente de si
estaban previstos en la ley.
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Radicado No. 11001-03-15-000-2018-03933-01, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado No. 25000-23-25-000-2006-07509-01, C.P.: Víctor Hernando Alvarado
Ardila.
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Demandante: Adalberto Rafael Ariza Romero
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar en fallo de 7 de
febrero de 2020, negó las pretensiones de la demanda con sustento en lo
siguiente:
“Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta que mediante la
Resolución N° 276 del 2 de junio de 2005, la Secretaría de Educación y Cultura
del Departamento del Cesar, reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia
de jubilación a Adalberto Rafael Ariza Romero y por intermedio de [la]
Resolución 0271 del 14 de abril de 2015 reliquidó la misma, equivalente al 75%
del promedio de lo devengado durante el último año de servicios e incluyó
solamente el factor salarial denominado: sueldo básico, es claro que bajo los
parámetros fijados por las recientes sentencias de unificación del Consejo de
Estado, al demandante no le asiste el derecho a que se le reliquide su pensión
incluyendo los factores salariales solicitados en la demanda, toda vez, que si
bien se acreditó que en el último año de servicios anterior a su retiro del servicio
devengó otros factores salariales que no fueron tenidos en cuenta, esto es: pago
sueldo, vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones,
estos factores no podían ser incluidos en la base de su liquidación prestacional,
como quiera que no se encuentran enlistados en el artículo 3° de la Ley 33 de
1985, que fue modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.
Ahora, si bien la PRIMA DE ANTIGÜEDAD aparece como devengada en el
último año de servicios y se encuentra enlistada en el artículo 1° de la Ley 62 de
1985, la misma tampoco se ordenara incluir en la base de liquidación pensional
de la demandante, pues, el Tribunal Administrativo del Cesar, en providencia de
fecha 20 de septiembre de 2018, expediente bajo radicación 2014-00466-01,
demandante: (…) contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDO
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, acogiendo los diferentes
pronunciamientos del Consejo de Estado indicó que la[s] pensiones de los
empleados públicos deben ser liquidadas únicamente con los factores salariales
creados por el gobierno nacional, pues los emolumentos creados por las
autoridades territoriales luego de la expedición del Acto Legislativo 1° de 1968
no tienen incidencia prestacional y concluyó que dicha prima no puede ser tenida
en cuenta como factor salarial en el reconocimiento prestacional de los docentes,
porque el Concejo Municipal al momento de su creación no estaba facultado
para fijar el régimen salarial ni prestacional a los empleados municipales”.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
para lo cual insistió en que i) la prima de antigüedad es un factor salarial de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1°11 de la Ley 62 de 1985, ii) que en el
Formato Único para la Expedición del Certificado Salarial aparece que de la
mencionada prima la devengó en el último año de servicio y se hicieron los
respectivos aportes para pensión y iii) invocó la sentencia de 9 de mayo de 2019,
proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado.
El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia de 15 de julio de 2021,
confirmó la decisión de primera instancia, con sustento en lo siguiente:
“Está probado en autos, que el señor ADALBERTO RAFAEL ARIZA ROMERO
en su calidad de docente prestó sus servicios en el ramo de la educación, con
anterioridad al año de 2003, por ende, se le aplica la Ley 91 de 1989, en cuanto
señala que a los docentes que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de prestaciones económicas y sociales mantendrán el
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ARTÍCULO 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los
aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como
funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes
proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de
empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y
de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.
PARÁGRAFO ÚNICO. La Caja Nacional de Previsión Social continuará tramitando y cancelando las cesantías a los
empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público hasta el 31 de diciembre de 1985, hasta
concurrencia de las transferencias presupuestales que para el efecto se le hagan.
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régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de
conformidad con las normas vigentes, Ley 33 de 1985.
En conclusión, por remisión de la Ley 91 de 1989, resulta la aplicabilidad de la
Ley 33 de 1985, que es [el] régimen legal general.
(…)
En consecuencia, en el caso concreto, al señor ADALBERTO RAFAEL ARIZA
ROMERO, se le debió reconocer la pensión de jubilación teniendo en cuenta
los factores salariales devengados por éste en el último año en que adquirió el
status, siempre y cuando éstos estuvieran enlistados en la ley y sobre ellos se
hubiese efectuado los aportes, de conformidad con la nueva tesis dictada por el
órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la cual es acogida por este
Tribunal, en el asunto bajo estudio, tal y como se dijo en párrafos anteriores.
Ahora, la Ley 62 de 1985, la cual se le aplica al demandante, señala en forma
taxativa los factores salariales que sirven de base para la liquidación pensional,
estos son: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras,
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio, por lo tanto, es sobre dicha
base sobre la cual debe fundamentarse la liquidación pensional efectuada por
la entidad demandada.
En ese orden de ideas, la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, en
nombre y representación de la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconoció la pensión de jubilación al señor
ADALBERTO RAFAEL ARIZA ROMERO, teniendo en cuenta el 75% del
promedio de lo devengado en el año anterior al de estatus de pensionado y
como factores salariales el salario básico.
No obstante, en el último año antes de servicio (2014-2015), el actor devengó
otros factores salariales diferentes a los tenidos en cuenta por la entidad
demandada, tales como: el sueldo de vacaciones, la prima de servicios, la
prima de vacaciones, la prima de navidad y la prima de antigüedad, de
conformidad con el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Salarios, sin embargo estos factores no podían ser incluidos en la base de su
liquidación prestacional, como quiera que no se encuentran enlistados en la
ley, ni se demostró que sobre ellos se hubiese realizado aportes a pensión,
salvo la prima de antigüedad.
Ahora bien, en cuanto a la prima de antigüedad, tal como lo indicó el juez de
primera instancia, este Tribunal ha sido reiterativo en señalar que dicho factor
no puede ser incluido en la base de liquidación pensional, pese a que éste se
encuentre taxativamente señalado en la ley y se hubiese demostrado que se
efectuó aportes a pensión sobre el mismo, por la potísima razón que dicho
factor no es de creación legal.
Lo anterior, como quiera que en reiteradas ocasiones la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha señalado, que cuando la prima de antigüedad tiene
como fuente un acto de una entidad colegiada del orden territorial, ésta no
puede ser tenida en cuenta como factor salarial, como quiera que la autoridad
territorial se arrogó competencias que están destinadas para el Congreso de la
República, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e)
y f) de la Constitución Política.
Debe recordarse, que este Tribunal, con ponencia (…), dentro del proceso
radicado 20-001-23-31-004-2011-00290-00, mediante sentencia de fecha de 14
de marzo de 2014, declaró la nulidad del Acuerdo Municipal No. 13 de 14 de
abril de 1983, por medio del cual el Concejo Municipal de Valledupar cre[ó] la
prima de antigüedad para los empleados municipales, por considerar que dicha
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Corporación no tenía competencia para crearla, siendo su competencia
exclusiva del legislador. Así lo señaló en esa oportunidad este Tribunal:
(…)
En ese orden de ideas, no existe duda que la prima de antigüedad cancelada al
demandante, fue creada a través de un acuerdo municipal, por lo que
claramente, el Concejo Municipal no estaba facultado para fijar el régimen
salarial ni prestacional a los empleados municipales, circunstancia que conlleva
a que la misma no sea tenida en cuenta como factor salarial en el
reconocimiento prestacional del demandante, pese a que dicho factor hubiese
sido devengado en el último año de servicios.
Lo anterior, ha sido tema reiterativo del Consejo de Estado, quienes han
determinado que si el factor devengado en el último año de servicio fue creado
por fuera del marco de competencias, éste no puede ser incluido en la base de
liquidación pensional:
(…)
En consecuencia, no es posible acceder a la reliquidación pensional, como
quiera que no todos los factores solicitados están enlistados en la ley ni se
demostró que se efectuó aportes a pensión, sólo la prima de antigüedad, que
aunque sí está enlistada y se probó que se efectuó descuentos en pensión,
ésta no puede ser incluida al ser un factor creado de manera extralegal”.
De conformidad con lo anterior, la Sala observa que en dos instancias judiciales
se estudió la posibilidad de incluir la prima de antigüedad en la liquidación de la
pensión del accionante, sin embargo, a pesar de que esta aparecía enlistada en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y que en el Formato Único para la Expedición del
Certificado Salarial aparecían que fue devengada durante el último año con sus
respectivos descuentos, lo cierto es que dicho factor fue creado por el Concejo
Municipal de Valledupar mediante un acuerdo, acto administrativo que fue
anulado con anterioridad al reconocimiento pensional por el mismo Tribunal
Administrativo del Cesar, por lo que la mencionada prima no podía incluirse en el
Ingreso Base de Liquidación, IBL12.
4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que los reproches formulados
por el accionante en el escrito de tutela, independientemente que se invoquen los
defectos por desconocimiento del precedente judicial, fáctico, sustantivo y
violación directa de la Constitución, lo que en realidad pretenden es darle
continuidad al debate relacionado con la inclusión de la prima de antigüedad en la
liquidación de la pensión de jubilación, lo cual ya fue motivo de estudio en el curso
del proceso ordinario en sus dos instancias y en el que se concluyó que dicha
prima fue creada mediante un acuerdo municipal expedido por el Concejo
Municipal de Valledupar, razón por la cual no puede ser tenida en cuenta para
establecer el monto de la mesada pensional pese a que fue devengada en el
último año de servicio, se realizaron los respectivos descuentos y aparece bajo
esa misma denominación en el artículo 1°de la Ley 62 de 1985.
En efecto, se observa que la autoridad judicial accionada i) valoró el Formato
Único para la Expedición del Certificado de Salarios, ii) estudió los factores
salariales establecidos en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y iii) se refirió al
precedente judicial y la regla jurisprudencial aplicable en el presente asunto, para
lo cual concluyó que a pesar de que la prima de antigüedad la devengó el
accionante durante el último año de servicio y que se realizaron los respectivos
12
El acto administrativo demandado fue la Resolución No. 0271 del 14 de abril de 2015, por medio del cual se negó la
inclusión de la prima de antigüedad de empleado municipal en la liquidación de la pensión, mientras que la sentencia que
declaró la nulidad del Acuerdo Municipal No. 13 de 14 de abril de 1983, por medio del cual el Concejo Municipal de
Valledupar creó la mencionada prestación, se dictó el 14 de marzo de 2014, es decir, con anterioridad de la expedición de
dicha resolución.
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descuentos, dicho factor fue creado mediante un acuerdo municipal el cual fue
anulado por el Tribunal Administrativo del Cesar, al considerar que dicha
corporación administrativa carecía de competencia para crear dicha prestación,
razón por la cual no era procedente la inclusión de la mencionada prima.
Aunado a lo anterior, se evidenció que los cargos que plantea el demandante en la
solicitud de amparo, bajo la supuesta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico, sustantivo y violación directa de
la Constitución fueron presentados de manera similar en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y en el recurso de apelación, los cuales se
estudiaron con suficiencia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, cuestión diferente es que la
parte actora al no estar de acuerdo con la apreciación que se hicieron sobre el
material probatorio, el marco normativo y la jurisprudencia vinculante por parte de
la autoridad judicial accionada, presentara la acción de tutela bajo la supuesta
vulneración de derechos fundamentales, lo que no es razón suficiente para omitir
el hecho de que el mecanismo de tutela se está utilizando como una instancia
adicional, lo que desconoce el requisito de la relevancia constitucional.
Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 201913, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finales, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”14 (Negrilla y resalta de la Sala)
Por lo demás, valga indicar que sobre la inclusión de la prima de antigüedad para
los empleados municipales como factor salarial para ser incluido en la pensión de
jubilación, la Sección Segunda del Consejo de Estado no tiene un criterio unívoco
en sede de tutela, por lo que se debe privilegiar la autonomía judicial.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela respecto de los defectos por desconocimiento del precedente judicial,
fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución, por cuanto se desatendió
el requisito de la relevancia constitucional, toda vez que el actor insiste en el
mismo debate de naturaleza legal relacionado con la inclusión de la prima de
antigüedad en la reliquidación de la pensión de jubilación, con sustento en la
sentencia de tutela de 9 de mayo de 201915, dictada por la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado, la indebida valoración del Formato Único
para la Expedición del Certificado de Salarios y el artículo 1° de la Ley 62 de 1985,
lo que por contera tiene como propósito continuar con el debate adelantado en el
proceso ordinario en el curso de sus dos instancias.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
13
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
14
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
15
Radicado No. 11001-03-15-000-2018-03933-01, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Adalberto Rafael Ariza Romero
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Adalberto Rafael Ariza Romero contra el Tribunal Administrativo del Cesar,
por las razones expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
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