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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04291-02

Fecha
13 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04291-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 26 de mayo de 2022, proferida por la Sala Especial de Decisión No. 13 del Consejo de Estado, que negó la solicitud de pérdida de investidura del Senador John Milton Rodríguez González. SEGUNDO. Por secretaría, comunicar a la Mesa Directiva del Senado de la República, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, de conformidad con el artículo 15 la Ley 1881 de 2018.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-04291-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., 13 de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Expediente: 11001-03-15-000-2021-04291-02 (6881)
Demandante: Luis Ernesto Correa Pinto
Demandado: John Milton Rodríguez González
Medio de control: Pérdida de investidura
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida por la Sala Especial de Decisión No. 13, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

Solicita la parte actora que se declare la pérdida de investidura de Senador John
Milton Rodríguez González, por violación del régimen de incompatibilidades,
particularmente, por desempeñar un cargo o empleo público o privado.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda, cuyas pretensiones, hechos
principales y fundamentos de derecho son los siguientes.

Pretensiones

1.2. El 7 de julio de 20211, el ciudadano Luis Ernesto Correa Pinto presentó
solicitud de pérdida de investidura, indicando que el Senador John Milton Rodríguez
González incurrió en las causales previstas en los numerales 1° y 4° del artículo 183
de la Constitución Política, esto es, por “violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”, y por “indebida destinación de
dineros públicos”.

Hechos y fundamentos de derecho

1.3. En relación con la causal primera referida, afirmó que el congresista ocupaba
un cargo privado por el que devengaba un sueldo, toda vez que se desempeñaba
como copresidente del partido político Colombia Justa Libres.

1.4. Respecto de la causal del numeral 4º del artículo 183, señaló que el
congresista destinó indebidamente dineros provenientes del Estado, los cuales
recibió en calidad de presidente del partido mencionado, y que posteriormente,

1 Sede Electrónica para la Gestión Judicial -SAMAI-. Índice 2.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04291-02 (6881)
Actor: Luis Ernesto Correa Pinto
Demandado: John Milton Rodríguez González
Referencia: Pérdida de investidura

“entregó en parte al pastor Eduardo Cañas por su aporte al Partido y de otra, para cancelar
a una empresa de servicios profesionales de estrategias de mercadeo denominada
JARAMILLO & LUJÁN, dineros que estaban presupuestados para cubrir otros rubros
presupuestales del Partido … (minorías, etnias y jóvenes)”. Afirmó la parte actora que el
anterior supuesto fáctico, que en su opinión determina la configuración de esta
causal, “aparece registrado en el video audio que se anexa, entre los minutos 1h37’ y
1h42”.

La admisión de la demanda y la defensa

2. Mediante auto del 9 de agosto de 20212: (i) fue admitida la solicitud de
pérdida de investidura por el cargo de “desconocimiento del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades ante el desempeño simultáneo de un cargo o empleo público o privado
dentro del partido político Colombia Justa Libres, ejercicio en virtud del cual el demandado
percibe una suma mensual como remuneración o retribución de sus labores”; (ii) se
rechazó la demanda respecto de la pretensión de pérdida de investidura por la
indebida destinación de dineros públicos3; y, (iii) se ordenó notificar personalmente
al congresista demandado y al Ministerio Público.

3. Notificado el anterior auto4, el congresista acusado presentó contestación5
oponiéndose a la desinvestidura. Para tal efecto, indicó que: (i) ejerció la
copresidencia del partido Colombia Justa Libres en encargo y como labor ad-
honorem, por lo que no recibió dineros como contraprestación de su ejercicio; (ii)
los primeros congresistas de Colombia Justa Libres, por disposición del artículo 37
de sus estatutos, hacen parte del Consejo Directivo Nacional, y fue en esa condición
que aceptó el encargo; y, (iii) en los términos del artículo 272 del Código General
del Proceso (CGP), desconoció la grabación aportada con la solicitud por la parte
actora para acreditar la causal relativa a la indebida destinación de dineros públicos,
donde según el solicitante, consta “La voz audible del Congresista acusado,
contenida en la grabación (…) y que se registra entre los minutos 1h37’ y 1h42”.

La audiencia pública

4. El 13 de diciembre de 2021 y el 11 de mayo de 20226 se llevó a cabo la
audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, a la cual
concurrió el solicitante, el congresista acusado7, sus apoderados y el Procurador
Tercero Delegado ante el Consejo de Estado, quienes esencialmente manifestaron,
lo siguiente:

(i) El solicitante indicó que el acusado recibió “doble sueldo”, uno por el Senado
y otro por una entidad privada, por lo que se configuró la causal de pérdida de
investidura al haber desempeñado un cargo o empleo privado mientras ejercía como

2 Sede Electrónica para la Gestión Judicial -SAMAI-. Índice 19.
3 El rechazo de la demanda, en lo referente a la indebida destinación de recursos públicos, se fundamentó en

que “los supuestos fácticos sobre los que se estructuró no se precisaron los elementos necesarios para la
concreción de la acusación (…) falencia [que] no fue subsanada por el solicitante. Primero, porque lo expuesto
en el memorial de subsanación no difiere, materialmente hablando, de lo señalado en el libelo introductor. En
esa medida, sigue tratándose de una imputación vaga, carente de elementos de concreción que permitan el
establecimiento de un cargo específico”. Esta decisión no fue recurrida
4 Sede Electrónica para la Gestión Judicial -SAMAI-. Índices 24 y 25.
5 Sede Electrónica para la Gestión Judicial -SAMAI-. Índice 26.
6 Sede Electrónica para la Gestión Judicial -SAMAI-. Índices 74 y 75.
7 El acusado no asistió el día 13 de diciembre de 2021, aunque lo hizo su apoderado. Para garantizar el derecho

de defensa, la audiencia continuó el 11 de mayo de 2022, a la cual asistió el congresista.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04291-02 (6881)
Actor: Luis Ernesto Correa Pinto
Demandado: John Milton Rodríguez González
Referencia: Pérdida de investidura

congresista de la Republica. Además, solicitó la compulsa de copias a los
organismos estatales pertinentes ante la posible existencia de faltas disciplinarias
del apoderado del acusado por la proposición de medios de defensa que en su
concepto son abiertamente improcedentes.

(ii) El congresista acusado solicitó que se negara la solicitud de pérdida de
investidura, insistiendo en que el ejercicio de la copresidencia del partido político
Colombia Justa Libres, no conllevó remuneración al tratarse de una labor
desempeñada ad-honorem, de acuerdo con lo afirmado por la representante legal
del mismo partido político.

(iii) El Ministerio Público solicitó negar la demanda con fundamento en que el
ejercicio de la copresidencia delegada del partido se encuentra previsto como una
excepción al régimen de incompatibilidades según el numeral 9 del artículo 283 de
la Ley 5 de 19928. Indicó, además, que al congresista acusado no se le remuneró o
retribuyó el ejercicio de esa copresidencia delegada, tal como lo informó el
representante legal del partido y el testigo David Ricardo Reyes Castro.

Decisión de primera instancia

5. Al negar la solicitud de pérdida de investidura, la Sala Especial de Decisión
No. 13 consideró que, si bien se probó que el congresista ejercía simultáneamente
con su curul el cargo de copresidente del partido político Colombia Justa Libres, tal
actividad constituye una excepción al régimen de incompatibilidades conforme al
numeral 9 del artículo 283 de la Ley 5 de 1992, según el cual está permitido a los
congresistas participar en los organismos directivos de los partidos o movimientos
políticos que hayan obtenido personería jurídica de acuerdo con la ley.

6. Para adoptar esta determinación, discurrió en su análisis sobre los siguientes
aspectos:

(i) Determinó que el problema jurídico -atendiendo al auto admisorio de la
demanda-, se circunscribió a establecer si se desconoció el régimen de
inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses por el desempeño
simultáneo de funciones congresales y un cargo o empleo privado por parte del
acusado en el partido Colombia Justa Libres -causal del numeral 1 del artículo 180
de la Constitución Política-.

(ii) Bajo el estudio de la causal, explicó que la conducta reprochada y
sancionada consiste en el ejercicio simultáneo de las funciones como congresista y
aquellas derivadas de cargo o empleo público o privado, sea que estas últimas se
ejecuten a título gratuito u oneroso, con subordinación o sin ella, dentro de la jornada
de trabajo del congresista o en su tiempo libre, con la finalidad de proteger la
dedicación exclusiva de la labor del congresista e impedir la utilización del poder
derivado de su calidad en actividad diferente, sea pública o privada.

(iii) Explicó que el artículo 283 de la Ley 5 de 1992 consagra las excepciones al
régimen de incompatibilidades de los congresistas. Así, respecto de la conducta

8 Según el cual los congresistas directamente o por intermedio de apoderado pueden “participar en los
organismos directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido personería jurídica de acuerdo
con la ley”.

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Actor: Luis Ernesto Correa Pinto
Demandado: John Milton Rodríguez González
Referencia: Pérdida de investidura

referida, el numeral 9 habilita la participación de los congresistas en “los organismos
directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido personería jurídica
de acuerdo con la ley”, indicando que esta excepción tiene sustento en los artículos
40 y 127 de la Constitución Política, los cuales reconocen el derecho político a
constituir partidos, movimientos o agrupaciones políticas y a formar parte de ellos,
lo que permite a los congresistas participar en las actividades de tales agrupaciones.

(iv) Revisadas las pruebas, determinó que el congresista acusado se desempeñó
como miembro permanente del Consejo Directivo Nacional del partido Colombia
Justa Libres y, transitoriamente, como copresidente delegado del mismo partido
político; sin embargo, explicó que tales actuaciones no configuran la causal de
desinvestidura estudiada por cuanto:

a) La participación del acusado en el Consejo Directivo Nacional del partido
político -como miembro permanente- y como copresidente delegado -de
manera transitoria- corresponden al ejercicio de actividades válidas que
no generan la causal de desinvestidura, por tratarse de actuaciones
cobijadas dentro de la excepción establecida en el numeral 9 del artículo
283 de la Ley 5 de 1992. Lo anterior se ratifica al estar comprobado que
el partido Colombia Justa Libres obtuvo el reconocimiento de su
personería jurídica de acuerdo con las previsiones legales -Resolución
No. 3198 del 20 de diciembre de 2018 del Consejo Nacional Electoral-,
y, por otra parte, que tanto el Consejo Directivo Nacional como la
Presidencia del partido corresponden a organismos directivos de acuerdo
con lo establecido en sus estatutos.

b) Al estar configurada esta excepción, no puede hablarse del ejercicio de
un cargo público o privado, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia
del Consejo de Estado, los partidos políticos no son entidades públicas
ya que no hacen parte de la estructura del Estado; además, tampoco
pueden asimilarse a las personas jurídicas de derecho privado, pues
tienen objetivos distintos, de carácter político, y se rigen por normas de
Derecho Público, tal como se extrae de los artículos 40, 107, 108, 109,
111 y 152 -literal c- constitucionales.

(v) Concluyó que, a la luz de los pronunciamientos del Consejo de Estado y de
la lectura y aplicación de la causal estudiada, los cargos directivos de los partidos o
movimientos políticos, como fue el ejercido por el acusado en el caso concreto, no
son cargos o empleos públicos o privados, sino cargos políticos, cuyo desempeño
no da lugar a la estructuración de la causal de desinvestidura.

(vi) En relación con la grabación aportada con la demanda y la oposición a la
misma presentada por el demandado al desconocerla, explicó que si bien el
mecanismo procedente en este caso era la tacha de falsedad, tal prueba carece de
influencia en la decisión del caso concreto, pues ésta tenía por objeto demostrar
que el congresista recibía una remuneración por su cargo en el partido político,
erogación que no da lugar a la configuración de la causal de pérdida de investidura
y que tampoco desvirtúa la excepción a la incompatibilidad que se estructura en el
caso concreto. En consecuencia, como no se decidió respecto al desconocimiento

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Actor: Luis Ernesto Correa Pinto
Demandado: John Milton Rodríguez González
Referencia: Pérdida de investidura

o la tacha de falsedad, encontró que no era pertinente proveer sobre la sanción de
que trata el artículo 274 del CGP.

(vii) Finalmente, negó la compulsa de copias solicitada en la audiencia pública
por la parte demandante, en la medida que la actuación procesal de la parte
convocada por pasiva dentro del proceso no se estimó como arbitraria, caprichosa
o abiertamente irrazonable.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

7. El solicitante pidió que se revocara la decisión impugnada y en su lugar, se
decretara la pérdida de investidura del Senador. Indicó que en su interpretación “las
razones fundamentales de la denegatoria de la pérdida de investidura, son dos: la primera,
porque los partidos políticos según la providencia, no son personas jurídicas de derecho
privado y menos de derecho público; la segunda es porque no se demostró la legitimidad
del audio o mejor de la grabación aportada al expediente en el momento con el escrito de
la demanda, por no haberse allegado o acreditado la fuente de la cual fue tomada, ni el
tiempo, ni el modo como se recepcionó dicha grabación”. Con fundamento en lo anterior,
expresó los siguientes motivos de inconformidad:

(i) Indicó que la Constitución Política prohíbe el desempeño simultáneo de un
cargo público o privado por parte del congresista, “devengando coetáneamente salario
o emolumento distinto al de la dieta parlamentaria”, por lo que estando probado que el
acusado devengó una remuneración como copresidente del Partido Colombia Justa
Libres, se configuró la causal de desinvestidura. En este sentido, señaló que la
excepción del numeral 9 del artículo 283 de la Ley 5 de 1992 es para ocupar un
cargo directivo dentro del Partido, “pero no para percibir emolumentos, salarios o
devengar honorarios a cualquier título…”.

(ii) Afirmó que, en su concepto y contrario a lo concluido en el fallo recurrido, los
partidos políticos, por su origen, y el organismo gubernamental que les reconoce
personería jurídica, sí son entidades de derecho público.

(iii) Finalmente, defendió la autenticidad de la grabación aportada con la solicitud
de desinvestidura, explicando su origen y resaltando que el desconocimiento de
documentos no procede respecto de las reproducciones de la voz de la parte contra
la cual se aducen, por lo que el acusado debió tachar de falsa la grabación y probar
que su voz no era la contenida en ella.

III. CONSIDERACIONES

Competencia de la Sala

8. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación presentado por el demandante en
contra del fallo de primera instancia de pérdida de investidura proferido por la Sala
Especial de Decisión No. 13, excluida la participación de los Magistrados integrantes
de tal Sala, conforme a lo previsto en los artículos 184 y 237-5 de la Constitución

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Política, el artículo 2 de la Ley 1881 de 2018 y el artículo 34 del Reglamento Interno
del Consejo de Estado9.

El objeto de la apelación

9. Los argumentos del recurrente frente al fallo objeto de reproche, se
constituyen en límites que demarcan la actividad judicial de esta Corporación en
segunda instancia; en consecuencia, conforme lo establece el artículo 320 del CGP,
norma aplicable por autorización expresa de la Ley 1881 de 2018 -artículo 21-, la
competencia que ahora se ejerce está sujeta a los motivos de disenso planteados
por el apelante único.

10. Precisados los motivos de inconformidad que fundamentan la alzada,
procede la Sala a examinar si la excepción a las incompatibilidades para el ejercicio
del cargo de congresista contenida en el numeral 9 del artículo 283 de la Ley 5 de
1992, comprende la prohibición para que los congresistas que participen en los
organismos directivos de los partidos o movimientos políticos, perciban por tal
concepto, salarios, honorarios o emolumentos a cualquier título. De verificar el
acierto de esta premisa, se determinará si con base en ella y el mérito probatorio
que pueda asignarse a la grabación aportada con la demanda, procede decretar la
pérdida de investidura del congresista Rodríguez González, a la luz de la causal
consagrada en el numeral 1 del artículo 180 de la Constitución Política.

11. Para resolver lo anterior, se abordará el análisis de la causal de
desinvestidura relativa a la violación del régimen de incompatibilidades,
específicamente, por el desempeño de un cargo o empleo público o privado, y la
excepción del artículo 283, numeral 9, de la Ley 5 de 1992, para finalmente, abordar
el caso concreto y absolver los motivos de inconformidad del ciudadano que
demanda.

La acción pública de pérdida de investidura y la causal relativa a la violación
del régimen de incompatibilidades por desempeñar un cargo o empleo público
o privado

12. En apretada síntesis, la acción de pérdida de investidura constituye un
mecanismo público para el control del poder político. Es por esto que su titularidad
pertenece a todo ciudadano, quien tiene la posibilidad de reprochar la conducta del
congresista que incurra en comportamientos contrarios a la dignidad e investidura
que como representante del pueblo le corresponde, así : (i) por violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades, o en conflicto de intereses; (ii) por el
incumplimiento del deber de asistencia a sesiones plenarias; (iii) por la indebida
destinación de dineros públicos o tráfico de influencias; o, (iv) por no tomar posesión
del cargo para el que fue elegido por votación popular.

13. En forma concreta, esta acción se expresa como un mecanismo judicial, de
especial naturaleza sancionatoria, que implica un juicio de responsabilidad subjetiva
del que sólo puede derivarse la pérdida de investidura cuando el congresista, con

9 Compilado por medio del Acuerdo No. 080 del 12 de marzo de 2019, publicado en el Diario Oficial 50913 del

1° de abril de 2019, en el que se incluyen, entre otros, el Acuerdo 011 del 31 de enero de 2018, por medio del
cual se conforman las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura de que trata el artículo 2° de la
Ley 1881 de 2018 y se reglamenta su funcionamiento.

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su conducta dolosa o gravemente culposa10, hubiere incurrido en una de las
causales ya referidas.

14. La naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura y su condición de
juicio de responsabilidad subjetiva, pero ante todo, la potencial afectación del
mandato popular expresado en las urnas por cuya virtud se unge un ciudadano
como representante de sus electores, impone la observancia de todas las garantías
del derecho al debido proceso, en especial, las relativas a la legalidad de los tipos
sancionatorios, regla que se vincula de manera inescindible al mandato de
interpretación taxativa y restrictiva de las causales por las cuales procede la
desinvestidura.

15. En cuanto a su objetivo amplio o general, el proceso de pérdida de
investidura busca asegurar que los representantes de la sociedad accedan al cargo
respetando el ordenamiento jurídico en su conjunto y que, una vez elegidos, puedan
desempeñar sus funciones con imparcialidad, libres de presiones o intereses
personales; con ello se busca que los congresistas actúen como verdaderos
representantes de la voluntad popular y no a partir de intereses particulares o ajenos
al bienestar general11.

16. Sin perjuicio de este objetivo general, a partir del cual se legitima al Congreso
de la República y revitaliza el sistema democrático12, existen propósitos concretos
que se expresan en cada una de las casuales de pérdida de investidura, los cuales
permiten comprender los elementos que deben concurrir para su configuración.

17. Así, para el caso concreto, se recuerda, que: (i) el artículo 183, numeral 1 de
la Constitución Política, establece que los congresistas perderán su investidura por
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o por desatención del
régimen de conflicto de intereses; (ii) el artículo 281 de la ley 5 de 1992 define a las
incompatibilidades como todos los actos que no pueden realizar o ejecutar los
congresistas durante el período de ejercicio de la función; y, (iii) el artículo 180,
numeral 1 de la Constitución Política, instituye que los congresistas no podrán
“Desempeñar cargo o empleo público o privado”13.

18. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, ha
explicado que la prohibición antes referida tiene por objeto14: (i) proteger la
dedicación exclusiva de la labor del congresista; (ii) asegurar la independencia de
los congresistas frente a otros poderes públicos o privados; (iii) impedir que los
congresistas deriven beneficios adicionales de su investidura para sí o para su
empleador15; (iv) garantizar la efectividad del principio de separación de las ramas
del poder público; y, (v) preservar la integridad de la función de representación
política.

10 Artículo modificado por la Ley 2003 de 2019, publicada en el diario oficial No. 51142 del 19 de noviembre de

2019.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-237 de 2012.

12 Ibídem.

13 Reiterado por el artículo 282 numeral 1 de la Ley 5 de 1992.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila.

Sentencia de 24 de mayo de 2011. Radicación número: 11001-03-15-000-2010-00924-00 (PI); Corte
Constitucional. Sentencia C-985 del 99 y sentencia SU-1159 de 2003.
15 Bien sea apoyando ciertas propuestas legislativas o parlamentarias, o realizando actos o prestando su

nombre a favor de una entidad privada.

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19. Con tales objetivos en mente, a los congresistas se les prohíbe desempeñar
cargo o empleo público o privado, con el fin de crear las mejores condiciones para
el desempeño de sus cargos, asegurando que se concentren en sus funciones,
previniendo la acumulación de honores o poderes y buscando que no utilicen sus
prerrogativas sobre las otras ramas del poder público -y sobre la comunidad en
general- para obtener privilegios y beneficios personales16.

20. Esta causal de pérdida de investidura, atendiendo a la finalidad de tal
prohibición y su descripción normativa, exige la concurrencia de los siguientes
elementos:

(i) Sujeto activo. Se requiere que la parte acusada de incurrir en la conducta
reprochada ostente la calidad de congresista de la Republica para la época de los
hechos.

(ii) Conducta reprochada. Consiste en el ejercicio o desempeño simultáneo de
funciones congresales y aquellas derivadas de un cargo o empleo público o privado,
sin otra consideración adicional, de donde se colige que la conducta censurada,
plasmada a través de su verbo rector - desempeñar cargo o empleo público o
privado-:

a) Exige que el congresista haya desempeñado o ejercido el cargo o empleo
público o privado, de manera que no es suficiente tenerlo o haberlo
ostentado, siendo necesario que el congresista hubiere realizado,
cumplido o ejecutado de alguna manera las funciones propias del
mismo17. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 1881 de 2018 dispone
que para “los efectos del numeral 1 del artículo 180 de la Constitución Política,
se entenderá que el Congresista debe estar realizando, simultáneamente con
las de parlamentario, funciones inherentes a las del cargo o empleo público o
privado”.

b) No importa si es desarrollada con ocasión de una relación laboral,
contractual, con subordinación o sin ella, toda vez que la noción de cargo
o empleo público o privado comprende tanto la existencia de un vínculo
laboral, como la de cualquier “dignidad, tarea o encargo (persona que no
tiene una relación laboral, pero que por la importancia o trascendencia de la
dignidad o encargo que se le ha confiado podría verse abocada a tomar partido
en una u otra dirección; y por ende, a comprometer los intereses de ese ente u
organismo, y eventualmente, los suyos propios)”18.

c) Es indiferente si se desarrolla o ejecuta a título gratuito u oneroso,
dentro de la jornada de trabajo del congresista o en su tiempo libre; como
se ha expuesto, lo prohibido es el desempeño de funciones o actividades
distintas a las asignadas por la Constitución y la Ley al congresista,
indistintamente de si es o no remunerado por éstas. En este sentido, la
jurisprudencia de esta Corporación ha enfatizado que lo prohibido por la

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P.: Roberto Medina López. Sentencia del 13 de

febrero de 2001. Exp. AC-11947.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de 2002, C.P.: Roberto

Medina López, Exp.: 11001-03-15-000-2001-0131-01.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de octubre de 2009, C.P.: Rafael

E. Ostau de Lafont Pianeta, Exp. 11001-03-15-000-2008-01234-00(PI).

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Referencia: Pérdida de investidura

Constitución Política no es la superposición de jornadas laborales, ni en
este caso, que el congresista sea remunerado por una actividad
diferente; lo sancionable es el quebrantamiento de la condición de
dedicación exclusiva que impuso el constituyente a dicho cargo y la
utilización del poder que imprime tal calidad, en cargo, empleo o dignidad
diferente19.

La excepción del artículo 283, numeral 9, de la Ley 5 de 1992.

21. El artículo 283 de Ley 5 de 199220, al establecer las excepciones a las
incompatibilidades constitucionales, determinó que si bien los congresistas no
pueden desempeñar cargo o empleo público o privado, tienen permitido, entre
otras21: (i) el ejercicio de la cátedra universitaria; (ii) la prestación del servicio de
salud en forma gratuita, en caso que el congresista sea profesional de la salud; (iii)
la participación en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y
deportivas; (iv) la pertenencia a organizaciones cívicas y comunitarias; y, (v) la
participación en los organismos directivos de los partidos o movimientos políticos
que hayan obtenido personería jurídica de acuerdo con la ley.

22. Respecto de la última excepción antes indicada, la Corte Constitucional al
estudiar su exequibilidad22, explicó que tiene sustento en los artículos 40 y 127
superiores, normas que reconocen dentro de los derechos políticos de los
ciudadanos, el de constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin
limitación alguna, así como formar parte de ellos libremente, a la vez que permiten
a los congresistas, por la misma naturaleza política de su cargo, tomar parte en las
actividades de los partidos y movimientos políticos, pues no los incluye dentro de
los empleados a quienes se les prohíbe tal actividad.

23. Por otra parte, conforme a su enunciado normativo, para la configuración de
esta excepción se precisa la concurrencia de dos (2) elementos claramente
identificables:

(i) La participación o ejercicio desempeñado por el congresista debe
corresponder a las actividades propias de los organismos directivos de un partido o
movimiento político, más no a cualquier actividad relacionada directa o
indirectamente con éstos.

(ii) El partido o movimiento político debe estar reconocido como tal, y, por ende,
debe ostentar la personería jurídica otorgada por el Consejo Nacional Electoral de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 130 de 199423.

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P.: Dolly Pedraza de Arenas. Sentencia

del 5 de octubre de 1993. Exp. AC-500; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 18 de julio de 2000, C.P.: Nicolás Pájaro Peñaranda, Exp. AC-10203; Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de octubre de 2009, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta, Exp. 11001-03-15-000-2008-01234-00(PI);
20 "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes".
21 De conformidad con los numerales 1, 9, 10, 11 y 12 de la citada norma.
22 Sentencia C-985 de 1999.
23 “El Consejo Nacional Electoral reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y movimientos políticos

previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Solicitud presentada por sus directivas; 2. Copia de los
estatutos; 3. Probar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obtención en la elección
anterior, de por lo menos la misma cantidad de votos o de representación en el Congreso de la República; y 4.
Presentar un documento que contenga la plataforma política del partido o movimiento, expresando su filosofía
y principios, así como los programas y aspiraciones que lo identifiquen. Para efectos de este artículo no podrán
sumarse los votos obtenidos en circunscripción nacional con los obtenidos en circunscripciones territoriales o

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04291-02 (6881)
Actor: Luis Ernesto Correa Pinto
Demandado: John Milton Rodríguez González
Referencia: Pérdida de investidura

Caso concreto

24. El demandante y ahora recurrente, indicó que el Senador John Milton
Rodríguez González incurrió en violación del régimen de incompatibilidades, toda
vez que se desempeñaba como copresidente del partido político Colombia Justa
Libres. Sobre esta acusación la sentencia de primera instancia encontró probado,
que:

(i) Por medio de la Resolución No. 3198 del 20 de diciembre de 2018, dictada
por el Consejo Nacional Electoral, se reconoció personería al partido político
Colombia Justa Libres;

(ii) El acusado fungió como miembro permanente del Consejo Directivo Nacional
del partido Colombia Justa Libres y, transitoriamente, como copresidente delegado
del mismo partido político, tal como se desprende24 de la Resolución No. 3198 del
20 de diciembre de 201825, la Resolución No. 002 del 19 de febrero de 2019 y el
comunicado de Delegación de copresidencia del 15 de febrero de 2021.

(iii) Tanto el Consejo Directivo Nacional como la Presidencia del partido
Colombia Justa Libres, donde el acusado se desempeñó, corresponden a
organismos directivos de acuerdo con lo establecido en los estatutos del mismo
partido político (artículos 29, 31, 37, 40 y 41).

25. Como consecuencia de lo anterior, se determinó que la participación del
congresista en cargos directivos del partido político Colombia Justa Libres, como se
acreditó y fue argumentado por el demandante, corresponde “al ejercicio de
actividades válidas que no generan la causal de desinvestidura, por tratarse de actuaciones
cobijadas dentro de la excepción establecida en el numeral 9° del artículo 283 de la Ley 5
de 1992”.

26. En lo referente a los motivos de inconformidad del actor, se advierte que bajo
el recurso de apelación no se discute el cargo o empleo desempeñado por el
acusado, menos aún sobre su carácter directivo, como tampoco que no fuere
desarrollado en un partido político con personería jurídica reconocida, pues el
malestar o fundamento esencial del recurso interpuesto consiste en que tales
actividades eran remuneradas.

27. En este sentido, el recurrente afirma que lo prohibido por la causal estudiada
es “el desempeño simultáneo, público o privado, de Congresista con la función legislativa,
devengando coetáneamente salario o emolumento distinto al de la dieta parlamentaria”; de
manera que, en su criterio, conforme a la excepción del artículo 283, numeral 9, de
la Ley 5 de 1992, “el acusado Rodríguez González está habilitado para participar dentro
del mismo [refiriendo al partido político], como directivo, pero NO PARA RECIBIR
SUELDOS, a ningún título, de dicha colectividad por su desempeño (…) en el cargo de
Copresidente”.

especiales, ni los de éstas con los de aquéllas. El Consejo Nacional Electoral no demorará más de treinta (30)
días hábiles en estudiar una solicitud de obtención de personería jurídica”.
24 Visibles en: Sede Electrónica para la Gestión Judicial. -SAMAI-. Índice 44.
25 Acto en el que el acusado figura como miembro fundador e integrante permanente del Consejo Directivo

Nacional del partido político.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04291-02 (6881)
Actor: Luis Ernesto Correa Pinto
Demandado: John Milton Rodríguez González
Referencia: Pérdida de investidura

28. Al hilo de lo anterior, la Sala cuenta con suficientes motivos para indicar que
no le asiste razón al recurrente, toda vez que, como se ha explicado, la onerosidad
o gratuidad del empleo o cargo desempeñado simultáneamente por el congresista
no hace parte de los elementos estructurales de la causal de incompatibilidad
alegada, como tampoco del régimen exceptivo que conllevó a la negativa de las
pretensiones, esto, en tanto y en cuanto, se reitera:

(i) La incompatibilidad que se analiza, no gravita sobre la base de que el cargo
o empleo que se ejerza sea o no remunerado, pues lo pretendido por el
constituyente fue exigir la exclusividad de la labor personal de los congresistas,
evitando que su profesión u oficio se use en beneficio de terceros, garantizando su
independencia, “la cual se desvanece si el congresista entra a participar de un engranaje
comercial, como cuando presta sus servicios a empresas de esta naturaleza”26. En esta
medida, esta causal tiene por objeto sancionar el quebrantamiento de la dedicación
exclusiva exigida al congresista para el mejor desarrollo de sus funciones, más no
el hecho de que el congresista sea remunerado por una actividad diferente a la
congresal.

(ii) La norma que permite la participación de los congresistas en los organismos
directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido personería
jurídica de acuerdo con la ley, no supedita, restringe o confina tal supuesto a que la
participación no sea remunerada, como, por ejemplo, sí lo dispuso para otras
hipótesis, como es la prestación de servicios de salud por parte del congresista
profesional de la salud, quien puede “prestar ese servicio cuando se cumpla en forma
gratuita”27.

29. En consecuencia, por cuanto la norma no establece que la excepción
estudiada es solo predicable respecto de la participación del congresista a título
gratuito, resulta improcedente pretender adicionar, modificar o generar excepciones
al texto legal en ese sentido, supuesto necesario para acceder a las peticiones de
la parte actora.

30. Por otra parte, en relación con la afirmación del recurrente, según la cual los
partidos políticos sí son entidades de derecho público a diferencia de lo indicado en
el fallo recurrido, debe señalarse que, además de asistirle razón al a quo en sus
planteamientos en relación con esta temática, lo cierto es que la eventual revisión
de este aspecto de cara al asunto debatido resulta inocua, pues no tiene la
potencialidad de variar su sentido. Además, si bien el recurrente afirma lo contrario,
no indica ni desarrolla argumento alguno para sustentar algún planteamiento que
pudiere ser objeto de estudio en esta instancia.

31. El recurrente parte del supuesto de que la decisión de primera instancia negó
la pérdida de investidura “porque los partidos políticos según la providencia, no son
personas jurídicas de derecho privado y menos de derecho público”, premisa que es
equivocada. Al revisar el fallo, se observa que la decisión se fundó en que se
configuró la excepción del artículo 283, numeral 9, de la Ley 5 de 1992, toda vez
que las actividades imputadas al congresista acusado fueron ejercidas como parte

26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de julio de 2000, C.P.:

Nicolás Pájaro Peñaranda, Exp.: AC-10203.
27 Artículo 283, numeral 10, de la Ley 5 de 1992.

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Actor: Luis Ernesto Correa Pinto
Demandado: John Milton Rodríguez González
Referencia: Pérdida de investidura

de un organismo directivo de un partido político con personería jurídica reconocida;
asunto distinto es que el a quo, al analizar el sustento y razonabilidad de la
excepción, hubiere expuesto que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
definido que los partidos políticos no son entidades de derecho público ni personas
jurídicas de derecho privado, lo que explica por qué sus puestos directivos no son
empleos públicos o privados, sino cargos políticos, y en esa medida, por qué su
ejercicio no se identifica con el supuesto descrito por la incompatibilidad
constitucional estudiada.

32. Además, indistintamente de la naturaleza pública, privada, mixta o sui generis
de los partidos políticos, la excepción por mandato legal se predica del ejercicio de
cargos directivos en partidos políticos con personería jurídica reconocida conforme
a la ley, y en el caso concreto, no se discute que el cargo ejercido por el acusado
correspondió a uno de connotación directiva dentro del partido Colombia Justa
Libres, el cual adquirió su personería jurídica mediante Resolución No. 3198 del 20
de diciembre de 2018. Por tanto, resulta irrelevante la definición de la naturaleza
jurídica de los partidos políticos para evidenciar y establecer la clara concurrencia
de los elementos normativos para la configuración de la excepción que se examina,
la cual fundamenta la negativa del fallo de primera instancia frente a la pretensión
de desinvestidura.

33. Finalmente, el actor afirma que el fallo recurrido se sustentó en que “no se
demostró la legitimidad (…) de la grabación aportada al expediente (…) con el escrito de la
demanda, por no haberse allegado o acreditado la fuente de la cual fue tomada, ni el tiempo,
ni el modo como se recepcionó dicha grabación”, y con fundamento en tal inferencia,
defendió la autenticidad de la grabación aportada con la solicitud de desinvestidura,
explicando su origen y resaltando que el acusado debió tachar de falsa la grabación
y probar que su voz no era la contenida en ésta.

34. Respecto de esto último, debe señalarse que el reparo de la parte actora es
infundado al ser ajeno a lo verdaderamente decidido en el fallo de primera instancia,
toda vez que el mismo, en ningún momento, cuestionó la veracidad o legitimidad de
la grabación aportada con la demanda y, mucho menos, determinó que esa prueba
fuera relevante para efectos de la decisión adoptada.

35. Lo dispuesto por la decisión recurrida fue que con dicha prueba la parte
actora pretendía probar una presunta indebida destinación de recursos, asunto
extraño al objeto del proceso pues la acción de pérdida de investidura con
fundamento en esa causal -numeral 4º del artículo 183 de la Constitución Política-
fue rechazada en el auto admisorio de la demanda, decisión que no fue impugnada
por las partes. Ante tal circunstancia, el a quo determinó que “la grabación carece de
influencia en la decisión del caso concreto”, por lo que no la consideró ni se pronunció
en relación con su desconocimiento o tacha por falsedad. Se resalta, además, que
frente a este razonamiento del a quo, el apelante no presentó reproche alguno.

36. Por tanto, los argumentos de la parte actora tendientes a afirmar la validez y
autenticidad de la grabación aportada con la solicitud de desinvestidura, partiendo
del supuesto de que la decisión de primera instancia se fundamentó en que no se
demostró su legitimidad por no haberse acreditado la fuente de la cual fue tomada,
ni el tiempo, ni el modo como se recepcionó dicha grabación, carecen de conexión

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Actor: Luis Ernesto Correa Pinto
Demandado: John Milton Rodríguez González
Referencia: Pérdida de investidura

con la decisión adoptada, a la vez que no son motivos de inconformidad frente a las
reales razones que llevaron a desestimar la grabación aportada.

37. En consecuencia, y conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que los
argumentos allegados en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora no
tienen la entidad para modificar el fallo proferido en primera instancia, y, en
consecuencia, lo confirmará integralmente.

III. PARTE RESOLUTIVA

38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 26 de mayo de 2022, proferida por la Sala
Especial de Decisión No. 13 del Consejo de Estado, que negó la solicitud de pérdida
de investidura del Senador John Milton Rodríguez González.

SEGUNDO. Por secretaría, comunicar a la Mesa Directiva del Senado de la
República, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, de conformidad
con el artículo 15 la Ley 1881 de 2018.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente28
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Vicepresidente

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS SANDRA LISSETH IBARRA VÉLEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN ALBERTO MONTAÑA PLATA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN NICOLÁS YEPES CORRALES

28 Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y

que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace http:
//relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04291-02 (6881)
Actor: Luis Ernesto Correa Pinto
Demandado: John Milton Rodríguez González
Referencia: Pérdida de investidura

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS MILTON CHAVES GARCÍA
(Ausente con permiso)

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

VF

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