Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04507-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04507-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04507-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
5 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04507-00
Solicitante: Ana Yenci Ospina Girón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN
DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04507-00
Solicitante: ANA YENCI OSPINA GIRÓN
Convocada: SOR BERENICE BEDOYA PÉREZ
Tesis: No incurre en causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de conflicto de intereses el
congresista a quien se le endilga que “podría”
beneficiarse como presidente y representante legal
de un partido político al participar o votar en el
debate de un proyecto de ley o acto legislativo.
No incurre en causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de incompatibilidades el
congresista que de manera simultánea tiene la
calidad de presidente de un partido político.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala Dieciocho Especial de Decisión procede a resolver, en primera
instancia, la solicitud de pérdida de investidura instaurada por la señora
Ana Yenci Ospina Girón contra la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez,
elegida para el período constitucional 2022 -2026.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04507-00
Solicitante: Ana Yenci Ospina Girón
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La solicitud de pérdida de investidura
1.1.1. La causal invocada
La señora Ana Yenci Ospina Girón, actuando en nombre propio, pretende
que se decrete la pérdida de investidura de la congresista con fundamento
en la causal prevista en el numeral primero del artículo 183 de la
Constitución Política1, por violación al régimen de incompatibilidades y
conflicto de intereses; lo anterior, en concordancia con los numerales
primero, segundo y cuarto del artículo 282 de la Ley 5 de 1992, así como
del literal c) del artículo 286 ibidem.
1.1.2. Los fundamentos que dan sustento a la causal alegada2
La solicitante indicó que la congresista suscribió en calidad de
representante legal del partido Alianza Social Independiente – ASI un
“acuerdo de coalición programática y política entre los partidos políticos
Dignidad, Alianza Verde, Verde Oxigeno, Colombia Renaciente, Alianza
Social Independiente y la agrupación política En Marcha, para inscribir
lista de candidatos al senado de la República para las elecciones del 13
de marzo de 2022”3; y que, en el numeral decimocuarto, se postuló como
candidata al senado por la “Coalición Centro Esperanza”4.
Señaló que el 13 de marzo de 2022 la señora Bedoya Pérez fue elegida
como senadora por la Coalición Centro Esperanza y el 20 de julio de 2022
tomó posesión del cargo.
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“ARTICULO 183. Los congresistas perderán su investidura: 1. Por violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses (…)”.
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Solicitante: Ana Yenci Ospina Girón
Informó que, desde el 20 de julio de 2022 hasta la fecha de presentación
de la solicitud de pérdida de investidura, la congresista ha ejercido de
manera simultánea como “presidente del partido ASI” y senadora de la
República.
Anotó que el 2 de julio de 2019 el Consejo Nacional Electoral certificó que
la congresista es integrante del Comité Ejecutivo Nacional y que figura
como la “vicepresidenta del partido ASI”, pero que, debido a la ausencia
temporal o definitiva del presidente del partido, la senadora es la
“presidente en funciones”.
Para fundamentar la causal de pérdida de investidura por violación al
régimen de incompatibilidades, indicó que se configura por tres motivos,
que denominó y explicó así:
• “Concurrencia simultánea de cargos”: La congresista acusada ejerce dos
cargos de manera simultánea, toda vez que en la actualidad es la
representante legal del partido ASI, que, afirmó, es una entidad de
carácter privado, pero que recibe recursos públicos provenientes del
Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP).
• “Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades
públicas”: La señora Bedoya Pérez, en calidad de representante legal del
partido ASI, debe gestionar asuntos ante la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Fondo Nacional de
Financiación Política (FNFP), sobre temas de reposición de votos,
expedición de avales para la inscripción de candidaturas a los diferentes
cargos de elección popular “y demás actividades según la Ley 1475 de
2011, interfiriendo y faltando al principio constitucional de separación de
poderes”5.
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• “Celebración de contratos y realizar gestiones con personas naturales o
jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos
públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste”: La
congresista acusada, en calidad de representante legal del partido ASI y
según los estatutos, debe celebrar contratos para el funcionamiento del
partido.
Agregó que, como presidente y representante legal del partido ASI, la
congresista ha administrado recursos públicos provenientes del Fondo
Nacional de Financiación Política (FNFP) destinados al funcionamiento de
los partidos políticos, e igualmente ha administrado los recursos
relacionados con la reposición de votos de los candidatos a elecciones
territoriales y nacionales del partido ASI, por lo que transgrede las
restricciones establecidas por los numerales 2 y 4 del artículo 282 de la
Ley 5 de 1992.
Anotó que antes y después de ser elegida senadora ha hecho “decisiones,
comunicados, intervenciones públicas audiovisuales, ha expedido
documentos relacionados con su cargo como representante legal del
partido ASI”, de modo que “ha ejercido funciones como representante
legal del partido ASI, una entidad privada, las cuales son incompatibles,
diferentes, paralelas y simultáneas a las del congresista”6 y por las que
“recibe recursos por diez millones de pesos mensuales”.
Afirmó que “la congresista Berenice Bedoya, no puede ejercer de forma
simultánea, el cargo de congresista y a su vez ser representante legal de
una entidad privada, como lo es el partido ASI. Hasta la presentación de
la demanda, la senadora ha realizado actividades para el cumplimiento de
los dos cargos que desempeña, y (…) recibirá doble remuneración del
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estado, ya que, aunque los partidos políticos son entidades de carácter
privado su funcionamiento depende [de] la inversión estatal”7.
De otro lado, aseguró que existe la “concurrencia de un interés directo,
particular o inmediato en cabeza de la demandada” dado que la
congresista acusada “en ejercicio de las funciones de senadora podría en
situación de discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo
o artículo beneficiar su actividad como representante legal de un partido
político”8.
Por último, refirió siete sentencias que considera aplicables a este asunto
en las que afirma fueron decretadas las pérdidas de investidura,
proferidas por el Consejo de Estado el 1 de octubre de 19939, el 5 de
octubre de 199310, el 1 de diciembre de 199311, el 14 de abril de 199412,
el 7 de septiembre de 199413, el 18 de julio de 200014 y el 13 de febrero
de 200115.
Con fundamento en la precitada jurisprudencia expuso que “(…) lo
determinante para la Sala Plena de esta Corporación es que se incurre en
la causal 1 del artículo 180 (sic), cuando existe una actividad paralela que
desempeña el congresista, también exista un vínculo laboral o contractual
que se ejerza, sea o no remunerada, o aquellas en las cuales exista
subordinación, dependencia, prebenda o beneficio, o que se trate de una
actividad con limitación expresa para los congresistas, o que se vincule al
“ejercicio” de una profesión u oficio (…)”16.
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C.P.: Carlos Betancur Jaramillo. Expediente nro. AC -534.
10
C.P.: Dolly Pedraza de Arenas. Expediente nro. AC -500.
11
C.P.: Miguel Viana Patiño. Expediente nro. AC -632.
12
C.P.: Álvaro Lecompte Luna. Expediente nro. AC-1215.
13
C.P.: Dolly Pedraza de Arenas. Expediente nro. AC -1610.
14
C.P.: Nicolás Pájaro Peñaranda. Expediente nro. AC – 10203.
15
C.P.: Germán Rodríguez Villamizar. Expediente nro. AC -11946.
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1.2.- Contestación de la solicitud por parte de la congresista Sor
Berenice Bedoya Pérez17
En la oportunidad procesal correspondiente, la congresista acusada,
actuando en nombre propio, contestó la solicitud de pérdida de
investidura y se opuso a las pretensiones invocadas.
Afirmó que fue elegida senadora de la República para el período
constitucional 2022 – 2026 en representación del partido Alianza Social
Independiente – ASI por la Coalición de la Esperanza y que tomó posesión
del cargo el 20 de julio de 2022.
Indicó que, “si bien es cierto en la actualidad ejerzo como representante
legal de partido, no [es] cierto que la agrupación política sea una “entidad
de carácter privado” (…)”18.
Agregó que “el ejercicio de representación legal de un partido con
personería jurídica se encuentra previsto como una excepción al régimen
de incompatibilidades”19, de acuerdo con el numeral noveno del artículo
283 de la Ley 5 de 1992.
Explicó que el numeral noveno del artículo 283 ibidem establece que los
congresistas pueden, directamente o por medio de apoderado, participar
en los organismos directivos de los partidos o movimientos políticos que
hayan obtenido personería jurídica. Indicó que el verbo “participar”, de
acuerdo con el diccionario de la RAE, significa “tomar parte en algo”.
Expuso que, en este caso, “toma parte en el Comité Ejecutivo Nacional
del partido ASI en calidad de presidente, en dicha calidad, en virtud del
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artículo 5 estatutario del precitado partido, estoy llamada a fungir como
representante legal”.
En cuanto a lo que la solicitante denominó la “concurrencia de un interés
directo, particular o inmediato en cabeza de la demandada”, argumentó
que “es tan sólo una presunción de la accionante”20.
Frente a la jurisprudencia relacionada por la solicitante, sostuvo que no
es aplicable a este caso, dado que “no guarda similitud con la actividad
por la que se está pidiendo la desinvestidura”21.
1.3.- La audiencia pública22
La audiencia pública se llevó a cabo el 2 de mayo de 2023 con la presencia
de los señores consejeros Rocío Araujo Oñate, Milton Chaves García,
Alberto Montaña Plata, Juan Enrique Bedoya Escobar y Oswaldo Giraldo
López, quien la presidió. A la audiencia asistieron el procurador séptimo
delegado ante el Consejo de Estado (e), la congresista acusada y el
apoderado que constituyó en la audiencia para que la representara. La
señora Ana Yency Ospina Girón, solicitante de la pérdida de investidura,
no compareció23.
Los intervinientes manifestaron lo siguiente:
El apoderado de la congresista indicó que la jurisprudencia a la que se
hizo referencia en la solicitud de pérdida de investidura no guarda
identidad fáctica con este asunto. Agregó que el numeral noveno del
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artículo 283 de la Ley 5 de 1992 establece que una de las excepciones al
régimen de incompatibilidades de los congresistas es la participación en
los órganos directivos de los partidos y que precisamente es lo que ha
hecho la congresista, ser la representante legal de un partido político que,
de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no son
organizaciones privadas o públicas. Resaltó que la solicitante confundió la
naturaleza jurídica de un partido al endilgarle el carácter de entidad
privada. De otro lado, en cuanto al conflicto de intereses, argumentó que
la congresista está actuando bajo una causal de excepción.
El procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado (e)
sostuvo que la solicitud de pérdida de investidura no está llamada a
prosperar, en la medida en que la representación legal de un partido
político no implica el ejercicio de un cargo público o privado, de acuerdo
con la jurisprudencia del Consejo de Estado. Anotó que los partidos
políticos no pueden asimilarse a personas jurídicas de derecho privado,
sino que se trata de organizaciones políticas con funciones de carácter
político; y que tampoco son entidades públicas, dado que no cumplen
ninguna función administrativa.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia
La Sala Dieciocho Especial de Decisión del Consejo de Estado es
competente para conocer en primera instancia de la presente solicitud de
pérdida de investidura, con base en lo previsto por los artículos 184 y
237-5 de la Constitución Política, así como lo establecido por el numeral
7 del artículo 37 de la Ley 270 de 1996, el artículo 2 de la Ley 1881 de
2018 y el artículo 33 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, proferido
por la Sala Plena de esta Corporación.
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2.- Procedibilidad de la acción
Está acreditado con el formulario E – 26 SEN que la señora Sor Berenice
Bedoya Pérez fue elegida senadora de la República por la coalición Alianza
Verde y Centro Esperanza para el período constitucional 2022 - 202624, y
que tomó posesión del cargo el 20 de julio de 2022, de acuerdo con la
gaceta del Congreso nro. 991 de 202225. Adicionalmente, se aportó la
certificación expedida el 7 de septiembre de 2022 por el secretario general
del senado de la República, en la que consta que la congresista fue
posesionada como senadora para el período constitucional 2022-2026 en
la sesión del congreso en pleno celebrada el día 20 de julio de 202226.
Por consiguiente, la convocada es sujeto pasivo de la presente acción de
pérdida de investidura.
3.- Análisis del caso concreto
La parte actora alegó que la congresista acusada incurrió en la causal de
pérdida de investidura prevista por el numeral primero del artículo 183 de
la Constitución Política27, tanto por la violación al régimen de conflicto de
intereses, como al de incompatibilidades, razón por la cual la Sala Especial
de Decisión las examinará de manera independiente.
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Artículo 183: “Los congresistas perderán su investidura: 1. Por violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses (…)”.
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Solicitante: Ana Yenci Ospina Girón
3.1. En cuanto a la violación del régimen de conflicto de intereses
La solicitante, para sustentar que está configurada la causal por violación
al régimen de conflicto de intereses, afirmó que existe la “concurrencia de
un interés directo, particular o inmediato en cabeza de la demandada”
dado que la congresista acusada, “en ejercicio de las funciones de
senadora podría en situación de discusión o votación de un proyecto de
ley o acto legislativo o artículo beneficiar su actividad como representante
legal de un partido político”28. En la contestación, la congresista indicó
que “es tan sólo una presunción de la accionante”29.
Por consiguiente, en los términos alegados por la solicitante, le
corresponde a la Sala Especial de Decisión resolver si incurre en causal
de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de
intereses el congresista a quien se le endilga que “podría” beneficiarse
como presidente y representante legal de un partido político al participar
o votar en el debate de un proyecto de ley o acto legislativo.
La Sala Especial de Decisión recuerda que, para la estructuración de la
causal por violación de régimen de conflicto de intereses, la jurisprudencia
de la Corporación ha señalado que deben estar reunidos los siguientes
requisitos: (i) tener la calidad de congresista; (ii) la concurrencia de un
interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien es
congresista o su círculo cercano; (iii) su no manifestación de impedimento
o no haber sido separado del conocimiento del asunto por recusación; (iv)
haber conformado el quorum o participado el congresista en el debate o
votación del asunto, y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto
de conocimiento funcional del congresista30.
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Sobre este aspecto, puede verse la sentencia proferida el 29 de marzo de 2023 por la
Sala Veinticinco Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado.
Expediente nro. 11001 0315 000 2022 06714 00. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. En
el mismo sentido ver sentencia del 8 de septiembre de 2021. Sala Veintisiete Especial
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Acorde con el artículo 286 de la Ley 5 de 199231 y la jurisprudencia de esta
Corporación32, no cualquier interés configura la causal de desinvestidura,
sino sólo aquel que es particular, actual y directo. En este caso se destaca
que el interés es actual cuando se configura en las circunstancias presentes
o existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión,
por lo que se excluyen sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. Es
más, el artículo 286 ibidem establece que no existe conflicto de interés
cuando el beneficio podría o no configurarse en el futuro.
En ese sentido, en los términos en los que fue solicitada la desinvestidura,
la Sala Especial de Decisión considera que no está llamada a prosperar,
porque la petición se fundamentó en que la congresista “podría”, en la
votación de un proyecto de ley o acto legislativo, beneficiarse como
representante legal de un partido político; lo que significa que no fue
invocado un interés actual, sino un hecho que puede o no ocurrir en el
futuro, lo que descarta la configuración de un conflicto de interés. Aunado
a lo anterior, la parte actora no indicó, ni tampoco probó, cuál fue la
discusión en la que participó o votó la congresista respecto de la cual se
estructuraría el conflicto de interés.
3.2. En cuanto a la violación al régimen de incompatibilidades
La parte actora señaló que la acusada incurrió en la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de incompatibilidades prevista por el
numeral primero del artículo 183 de la Constitución Política, en
concordancia con lo establecido por los numerales primero, segundo y
de Decisión de Pérdida de Investidura. C.P. Rocío Araújo Oñate. Expediente radicación
nro. 11001 03 15 000 2021 00068 00. (PI), en la que se explicó que el conflicto de
intereses solo se configura cuando está referido a una actuación en concreto, en la que
participe, discuta y/o vote el parlamentario, relacionado con cualquiera de sus funciones
congresales, sean judiciales o legislativas.
31
“Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de
Representantes”.
32
Al respecto, pude verse la sentencia proferida por la Sala Veinticinco Especial de
Decisión del Consejo de Estado el 29 de marzo de 2023 en el proceso de pérdida de
investidura con radicado nro. 11001 0315 000 2022 06714 00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04507-00
Solicitante: Ana Yenci Ospina Girón
cuarto del artículo 28233 de la Ley 5 de 1992, por cuanto funge como
senadora de la República y de manera simultánea tiene la calidad de
presidente del partido Alianza Social Independiente – ASI.
Por su parte, la congresista acusada no controvirtió que en la actualidad
es la presidente del partido Alianza Social Independiente - ASI, pero alegó
que el partido no es de naturaleza privada y que ostentar dicha condición
está previsto como una excepción al régimen de incompatibilidades, de
acuerdo con el numeral noveno del artículo 283 de la Ley 5 de 1992.
Teniendo en cuenta lo alegado por las partes, le corresponde a la Sala
Especial de Decisión determinar si incurre en causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de incompatibilidades el congresista
que de manera simultánea tiene la calidad de presidente de un partido
político.
Para resolver, la Sala Especial de Decisión advierte que el numeral noveno
del artículo 283 de la Ley 5 de 1992 establece que las incompatibilidades
constitucionales no obstan para que los congresistas puedan,
directamente o por medio de apoderado, participar en los organismos
directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido
personería jurídica de acuerdo con la ley.
Es de anotar que, en la sentencia C -985 de 1999, la Corte Constitucional
declaró exequible la precitada disposición bajo la consideración que dicha
33
“ARTÍCULO 282. MANIFESTACIONES DE LAS INCOMPATIBILIDADES. Los Congresistas
no pueden:
1. Desempeñar cargo o empleo público o privado.
2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las
personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas,
por si o por interpuesta persona, contrato alguno; con las excepciones que establezca la
ley.
(…)
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho
privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del
Estado o reciban donaciones de éste”.
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excepción no desconocía el ordenamiento constitucional, dado que tenía
fundamento, entre otros, en el artículo 40 de la Constitución, que
reconoce dentro de los denominados derechos políticos que tienen los
ciudadanos, el de “constituir partidos, movimientos y agrupaciones
políticas sin limitación alguna” y “formar parte de ellos libremente”.
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, para la
configuración de la excepción prevista en el numeral noveno del artículo
283 de la Ley 5 de 1992, es necesario que estén reunidos dos
elementos34:
(i) El partido o movimiento político debe estar reconocido como tal y, por
ende, debe ostentar personería jurídica.
(ii) La participación o ejercicio desempeñado por el congresista debe
corresponder a las actividades propias de los organismos directivos de un
partido o movimiento político, mas no a cualquier actividad relacionada
directa o indirectamente con éstos.
En relación con el primer elemento enunciado, la Sala Especial de Decisión
observa que no se discute por las partes y está probado que, mediante la
Resolución nro. 18 del 18 de febrero de 1992, el Consejo Nacional
Electoral reconoció personería jurídica al movimiento político Alianza
Social Indígena - ASI, que con posterioridad cambió el nombre a partido
Alianza Social Independiente, lo que fue registrado por dicha entidad a
través de la Resolución nro. 503 del 6 de julio de 201135.
34
Sobre este punto, puede verse la sentencia proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo el 13 de septiembre de 2022 en el proceso radicado con el
nro. 11001 0315 000 2021 04291 02. C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
35
Lo que se extrae de la Resolución nro. 2279 del 11 de junio de 2019 proferida por el
Consejo Nacional Electoral, documental que fue aportada por la parte actora. Visto en el
índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
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En cuanto al segundo elemento, se advierte que está acreditado con la
certificación nro. CNE -S-2022-005001-DVIE-700, expedida el 9 de
septiembre de 2022 y suscrita por el asesor de Inspección y Vigilancia de
la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral del Consejo Nacional
Electoral, que, mediante la Resolución nro. 4030 del 10 de agosto de
2022, se reconoció a la señora Sor Berenice Bedoya Pérez como
presidente y representante legal del partido Alianza Social Independiente
– ASI36.
Además, acorde con los estatutos del partido Alianza Social Independiente
– ASI, aportados al proceso37, la representación legal está a cargo del
presidente elegido por la Convención Nacional (artículo 5). Igualmente,
en los estatutos se hace diferencia entre los tipos de miembros que
existen y se indicó que los “miembros directivos” son aquellos elegidos
para ocupar cargos de los órganos de dirección del partido a nivel local,
municipal, departamental y nacional (artículo 10.2). Los órganos de
dirección y representación del partido a nivel nacional son la convención
nacional y el comité ejecutivo nacional (artículo 19.1). La convención
nacional es la máxima autoridad del partido Alianza Social Independiente
(artículo 26) y está conformada, entre otros, por los integrantes del
comité ejecutivo nacional (artículo 27.1). A su turno, del comité ejecutivo
nacional hace parte el presidente nacional (artículo 32).
Bajo dicho contexto, está probado que la congresista acusada es
presidente del partido Alianza Social Independiente – ASI y, por lo tanto,
de acuerdo con los estatutos, ejerce la representación legal del partido;
además, como presidente tiene la calidad de miembro directivo y es
integrante de la convención nacional, así como del comité ejecutivo
nacional, órganos de representación y dirección, por lo que el segundo
elemento también está cumplido.
36
Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 04507 00.
37
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 04507 00.
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Ahora bien, frente al argumento de la accionante relacionado con que la
acusada ejerce dos cargos, como congresista y presidente del partido ASI,
organización que, afirma, es de carácter privado, y por ello transgrede la
incompatibilidad del numeral primero del artículo 282 de la Ley 5 de 1992
consistente en que los congresistas no pueden desempeñar cargo o
empleo público o privado, la Sala Especial de Decisión considera que no
le asiste razón, dado que la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que los partidos políticos no son entidades de derecho público
ni personas jurídicas de derecho privado, sino organizaciones que
cumplen funciones políticas38, de donde se desprende que los “cargos
directivos de los partidos o movimientos políticos no son cargos o empleos
públicos o privados, sino cargos políticos, cuyo desempeño no da lugar a
la estructuración de la causal de desinvestidura”39.
La parte actora también reprochó que la congresista, al tener la calidad
de presidente del partido Alianza Social Independiente – ASI, (…) recibirá
doble remuneración del Estado, ya que, aunque los partidos políticos son
entidades de carácter privado su funcionamiento depende [de] la
inversión estatal”40.
Sin embargo, la Sala Plena de esta Corporación ha indicado que la
onerosidad o gratuidad del empleo o cargo desempeñado
simultáneamente por el congresista no hace parte de los elementos
estructurales de la causal de incompatibilidad prevista en el numeral
primero del artículo 282 de la Ley 5 de 1992 y agregó que “la norma que
permite la participación de los congresistas en los organismos directivos
de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido personería
jurídica de acuerdo con la ley, no supedita, restringe o confina tal
38
Sobre la naturaleza de los partidos políticos puede verse el auto del 5 de junio de 2015
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001 0328 000
2014 00135 00. C.P.: Alberto Yepes Barreiro (E).
39
Sobre este punto, puede verse la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022 por la
Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura nro. 13 en el proceso radicado con
el nro. 11001 0315 000 2021 04291 00. C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
40
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 04507 00.
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supuesto a que la participación no sea remunerada, como, por ejemplo,
sí lo dispuso para otras hipótesis, como es la prestación de servicios de
salud por parte del congresista profesional de la salud, quien puede
“prestar ese servicio cuando se cumpla en forma gratuita”// En
consecuencia, por cuanto la norma no establece que la excepción
estudiada es sólo predicable respecto de la participación del congresista
a título gratuito, resulta improcedente pretender adicionar, modificar o
generar excepciones al texto legal en ese sentido (…)”41.
En lo concerniente al alegato de la parte actora consistente en que la
señora Bedoya Pérez, en calidad de representante legal del partido ASI,
gestiona, en nombre propio o ajeno, asuntos ante entidades públicas
como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional
Electoral y el Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP), sobre temas
de reposición de votos, así como de expedición de avales para la
inscripción de candidaturas a los diferentes cargos de elección popular y,
por ello, estaría incursa en la incompatibilidad del numeral segundo del
artículo 282 de la Ley 5 de 1992, la Sala Especial de Decisión advierte
que dichas gestiones no fueron probadas en el caso concreto y, además,
las actividades identificadas por la solicitante son propias de los
organismos directivos del partido, dado que, de acuerdo con el numeral
tercero del artículo 54 de los estatutos del partido Alianza Social
Independiente – ASI, le corresponde al presidente nacional “otorgar
avales para cargos uninominales y corporaciones públicas de elección
popular”; y, de conformidad con el numeral primero del mismo artículo,
el presidente tiene la función de “llevar la representación legal del partido
ante cualquier autoridad judicial, administrativa, electoral o de cualquier
otra índole”.
41
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 13 de
septiembre de 2022. Expediente nro. 11001 0315 000 2021 04291 02. C.P.: José
Roberto Sáchica Méndez.
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En lo relativo al reproche de la solicitante referido a que se configura la
incompatibilidad prevista en el numeral cuarto del artículo 282 de la Ley
5 de 1992 porque la congresista, en condición de representante legal y
según los estatutos, debe celebrar contratos para el funcionamiento del
partido, la Sala Especial de Decisión considera que, además, que la
accionante no identificó ni probó a qué contratos de manera específica se
refería que hayan sido celebrados con personas naturales o jurídicas de
derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos,
acorde con el numeral octavo del artículo 54 de los estatutos del partido
Alianza Social Independiente, a la presidente le corresponde celebrar los
contratos o convenios, de manera que, igualmente, son actividades
propias de los organismos directivos del partido.
En este punto, es de anotar que, en reciente jurisprudencia, la
Corporación indicó que “la participación del hoy Senador en el Consejo
Directivo Nacional del partido político -como miembro permanente- y
como co-presidente delegado -de manera transitoria en los años 2019 y
2021- corresponden al ejercicio de actividades válidas que no generan la
causal de desinvestidura, por tratarse de actuaciones cobijadas dentro de
la excepción establecida en el numeral 9° del artículo 283 de la Ley 5 de
1992”42.
Por último, contrario a lo señalado por la solicitante, la jurisprudencia del
Consejo de Estado que citó en el escrito de pérdida de investidura no
resulta aplicable porque no guarda identidad fáctica ni jurídica con este
asunto, dado que en ninguna de las sentencias invocadas los hechos
concernían a que un congresista hubiese incurrido en la violación del
régimen de incompatibilidades por participar en los organismos directivos
de los partidos o movimientos políticos, tal y como aquí sucede.
42
Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura nro.13.
Sentencia del 26 de mayo de 2022. Expediente nro. 11001 0315 000 2021 04291 00.
C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
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Al efecto, en la sentencia del 1 de octubre de 199343, el congresista era
presidente de una persona jurídica de derecho privado; en la sentencia
del 5 de octubre de 199344 el congresista era presidente de la consiliatura
de una universidad; en la sentencia del 1 de diciembre de 199345 el
congresista era socio y representante legal de una sociedad comercial
Ltda.; en la sentencia del 14 de abril de 199446 el congresista era
presidente del consejo de administración de una cooperativa; en la
sentencia del 7 de septiembre de 199447 el congresista era el
representante legal de una fundación; en la sentencia del 18 de julio de
200048 el congresista era locutor deportivo, y en la sentencia del 13 de
febrero de 200149 el congresista fue representante en los diálogos de paz
que se llevaron a cabo con las extintas Farc.
Por lo anotado, la Sala Especial de Decisión concluye que tampoco está
configurada la causal de pérdida de investidura por violación al régimen
de incompatibilidades, comoquiera que la participación de los congresistas
en los organismos directivos de los partidos o movimientos políticos que
hayan obtenido personería jurídica de acuerdo con la ley constituye una
excepción al régimen de incompatibilidades y las actividades que la
solicitante endilgó como constitutivas de incompatibilidad son propias del
ejercicio de un organismo directivo, esto es, del presidente del Partido
Alianza Social Independiente – ASI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Dieciocho Especial
de Decisión de Pérdida de Investidura, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
43
C.P.: Carlos Betancur Jaramillo. Expediente nro. AC -534.
44
C.P.: Dolly Pedraza de Arenas. Expediente nro. AC -500.
45
C.P.: Miguel Viana Patiño. Expediente nro. AC -632.
46
C.P.: Álvaro Lecompte Luna. Expediente nro. AC-1215.
47
C.P.: Dolly Pedraza de Arenas. Expediente nro. AC -1610.
48
C.P.: Nicolás Pájaro Peñaranda. Expediente nro. AC – 10203.
49
C.P.: Germán Rodríguez Villamizar. Expediente nro. AC -11946.
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PRIMERO: Negar la solicitud de pérdida de investidura de la
senadora SOR BERENICE BEDOYA PÉREZ, elegida para el período
constitucional 2022 – 2026, según las razones explicadas en la parte
motiva.
SEGUNDO: Ejecutoriada la sentencia, COMUNÍQUESE a la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral
y al Ministerio del Interior para lo de su cargo, de conformidad con el
artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.
TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación,
con fundamento en lo previsto por el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018,
el cual deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Dieciocho Especial
de Decisión de Pérdida de Investidura, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Con firma electrónica
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Sala Especial
Consejero de Estado
Con firma electrónica Con firma electrónica
ROCÍO ARAUJO OÑATE JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Consejera de Estado Consejero de Estado
Con firma electrónica Con firma electrónica
MILTON CHAVES GARCÍA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Consejero de Estado Consejero de Estado
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