Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02956-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02956-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02956-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
9 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 16
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: JOAN SEBASTIÁN MORENO HERNÁNDEZ
Demandado: DANIEL CARVALHO MEJÍA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Agotado el trámite procesal correspondiente, atañe a la Sala Especial de Decisión No.
16 resolver la solicitud de pérdida de investidura formulada por el señor Joan Sebastián
Moreno Hernández contra Daniel Carvalho Mejía como Representante a la Cámara
por el departamento de Antioquia, periodo constitucional 2022-2026.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
El primero (1°) de junio de dos mil veintitrés (2023)1, el señor Joan Sebastián Moreno
Hernández formuló solicitud de pérdida de investidura contra Daniel Carvalho Mejía
como Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, periodo
constitucional 2022-2026, alegando la configuración de la causal de pérdida de
investidura contemplada en el numeral 1° del artículo 183 de la Constitución, esto es,
la “violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de
conflicto de intereses”.
Como sustento de su solicitud, indicó que en el trámite del proyecto de acto legislativo
02 de 2022, “[p]or medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política
1 Índice 2 de SAMAI.
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Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
de Colombia y se regulariza el Cannabis de uso adulto”, el señor Carvalho Mejía
manifestó públicamente que consume marihuana desde hace más de veinticinco años
y abogó para que esta práctica no fuera estigmatizada.
Aseguró que, pese a lo anterior, el once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022) el
congresista votó favorablemente la ponencia presentada para la aprobación del citado
acto legislativo, conducta que repitió los días veintiséis (26) de abril y nueve (9) de
mayo de dos mil veintitrés (2023), cuando se agotó el sexto debate del referido
proyecto, apoyando así “la despenalización total del consumo de cannabis en
Colombia”.
Para el solicitante, a pesar de que el señor Carvalho Mejía estaba incurso en un claro
conflicto de intereses dada su condición de consumidor de cannabis y el consecuente
interés en que el consumo de esta sustancia sea despenalizado y exonerado de
consecuencias penales, administrativas o policivas ⎯que es lo que, según afirma, se
proponía en el proyecto de acto legislativo 02 de 2022⎯, no se declaró impedido para
conocer y tramitar el acto en cuestión2.
A su juicio, en este caso el congresista tiene “un interés directo como consumidor de
flor de cannabis, en que la despenalización y legalización total de la marihuana sea
una realidad por sus condiciones individuales de consumo”, interés que es “particular
y actual, porque su consumo es individual, y las previsiones legislativas que se dan,
en el acto legislativo 02 de 2022 (…) tienen como destinatario principal, los
consumidores de cannabis, y por ende, al congresista demandado, el cual puede verse
privilegiado por las decisiones que en ese sentido, adopte la Cámara de
Representantes en beneficio de la flor de cannabis. (…) se infiere que el consumo de
cannabis del congresista encartado sigue siendo actual, si entendemos el tenor literal
de las palabras utilizadas por este, y que hasta hoy, no existe algún tipo de retractación
que indique que su consumo ha desaparecido”.
Para el solicitante, esta circunstancia impidió que el juicio del congresista fuera
objetivo, pues estaba “moralmente” impedido para participar del debate y votación de
un acto legislativo en el que terminó privilegiando su interés particular como
consumidor de cannabis.
2 Al respecto, el solicitante sostuvo en su escrito: “Como consumidor de flor de cannabis, el congresista
demandado actúa en beneficio propio cuando participa en las votaciones que tienen como objetivo,
despenalizar totalmente el consumo, porte y transporte de marihuana, afectando en toda circunstancia
el juicio objetivo del congresista para apoyar o no, la despenalización y regulación de la flor de cannabis”.
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Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
2. Trámite de admisión y oposición
2.1. Mediante auto de seis (6) de junio de dos mil veintitrés (2023), la solicitud de
pérdida de investidura fue inadmitida al advertirse el incumplimiento de requisitos
formales3; una vez corregida, fue admitida por auto de veinticuatro (24) de julio de esa
anualidad, ordenando la notificación personal de la misma al congresista Daniel
Carvalho Mejía y al Ministerio Público4.
2.2. El tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)5, el congresista acusado, a través
de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la solicitud.
En su intervención, precisó que no es correcto afirmar que la reforma propuesta con el
proyecto de acto legislativo 02 de 2022 estuviera enfocada a la despenalización del
consumo personal, pues con ella lo que se buscaba era “brindar las condiciones para
regularizar el consumo adulto, unificar la normativa actual respecto a la utilización del
cannabis para uso científico, siempre y cuando se cumplan los requerimientos
establecidos e, igualmente, prevenir los consumos problemáticos.”.
En este contexto, a pesar de que es cierto que el congresista Carvalho Mejía es
consumidor de cannabis, como es de público conocimiento, ello no significa que
tuviera un interés particular en la aprobación de la reforma constitucional en cuestión,
pues esta no preveía una exoneración de consecuencias penales, administrativas o
de policía ni pretendía “despenalizar el consumo, porte y transporte de marihuana y,
menos aún, respecto de un comportamiento que, legalmente, está permitido en todo
el territorio nacional según el artículo 2 literal j) de la Ley 30 de 1986 ‘Por la cual se
adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones’
declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-221 de 1994”.
Así, en su criterio, el actor parte de considerar que el congresista acusado, al ser
consumidor de cannabis, buscaría “lograr un estándar moral diferente al que hoy
ostenta”, argumento que lleva in situ un prejuicio frente a los consumidores.
En ese sentido, afirma que en este caso no existió interés particular alguno de parte
del congresista, máxime cuando se trata de una reglamentación de carácter general
3 Índice 5 de SAMAI.
4 Índices 9 y 11 de SAMAI.
5 Índice 17 de SAMAI.
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Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
sobre un tema que regula el ejercicio de derechos fundamentales de todas las
personas.
Además, sostuvo que esa misma Corporación, en sentencia C-1040 de 2005, concluyó
que en el trámite de las reformas constitucionales no cabe plantear ni impedimentos ni
recusaciones y que, en materia de actos legislativos, deben diferenciarse los intereses
políticos de los particulares, siendo claro que los primeros no son reprochables y hacen
parte de la función de representación que ejercen los parlamentarios. En ese sentido,
en el caso del señor Carvalho Mejía existe “un interés político más no privado en la
aprobación del proyecto de acto legislativo que pretendía permitir la regulación del uso
del cannabis en mayores de edad”.
Finalmente, precisó que la reforma no fue aprobada, que la campaña del congresista
Carvalho no recibió aportes de personas jurídicas relacionadas con la venta medicinal
de cannabis y que su postura frente al tema de la regulación ha sido objetiva, abogando
por la necesidad de evitar consumos problemáticos y prevenir el consumo de
sustancias psicoactivas en menores de edad6.
3. Etapa probatoria
Mediante auto de primero (1°) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), el Despacho
decretó las pruebas documentales solicitadas por las partes, así7:
a. Certificado expedido por el Congreso de la República donde se acredita que el
señor Daniel Carvalho Mejía ejerce como Representante a la Cámara8;
b. Video contentivo de la transmisión en YouTube de la Plenaria del Cámara de
Representantes del 11 de octubre de 20229;
c. Proyecto de acto legislativo 02 de 2022, “[p]or medio del cual se modifica el
artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y se regulariza el Cannabis
de uso adulto”10;
d. “Actas de votación del 11 de octubre de 2018” (sic)11;
6 El resumen de la intervención se encuentra disponible en el índice 49 de SAMAI.
7 Índice 19 de SAMAI.
8 Folio 2 del PDF denominado “3_DemandaWeb_Demanda-PRUEBASDOCUMENTALES” del índice 2
de SAMAI.
9 Se aportó el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=9vhAvbwNJes
10 Folios 5 a 67 del PDF ibidem.
11 Folios 108 a 135 del PDF ibidem. Aunque el actor señala como fecha el 11 de octubre de 2018, en la
documentación aportada se consigna el 11 de octubre de 2022, año en el que se presentó el proyecto
de acto legislativo.
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Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
e. Gaceta del Congreso No. 1555 de 1° de diciembre de 202212;
f. Actas de votación de 26 de abril y de 9 de mayo de 2023 suscritas por el
Subsecretario de la Cámara de Representantes13;
g. Texto del proyecto de acto legislativo 02 de 2022 aprobado por la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes14;
h. Gaceta del Congreso No. 192 de 22 de marzo de 202315;
i. Impedimentos presentados por los congresistas en el marco de la sesión
plenaria de la Cámara de Representantes del 11 de octubre de 202216;
j. Ausencias, excusas y autorizaciones de ausencia presentadas por los
congresistas para la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 9 de
mayo de 202317;
k. Informe de asistencia a la plenaria de la Cámara de Representantes del 9 de
mayo de 202318; y
l. Anexo 6.2B expedido por el Consejo Nacional Electoral relacionado con las
“contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie, que realicen los
particulares” del entonces candidato Daniel Carvalho Mejía19.
Adicionalmente, se ordenó oficiar a las Secretarías de la Cámara de Representantes
y del Senado de la República para que aportaran “los antecedentes legislativos del
Acto Legislativo 002 de 2022 – Cámara y Acto Legislativo 31 de 2022 – Senado, junto
a sus respectivas actas y gacetas”, documentación que fue allegada los días cinco (5)
y siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)20.
4. La audiencia pública
El once (11) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) se llevó a cabo la audiencia
pública de que trata el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, diligencia en la que las
partes y el Ministerio Público intervinieron en los términos que la Sala resume así21:
12 Folios 142 a 193 del PDF ibidem.
13 Folios 196 a 236 del PDF 3_DemandaWeb_Demanda-PRUEBASDOCUMENTALES”, índice 2 de
SAMAI.
14 Folios 68 a 70 del PDF ibidem.
15 Folios 71 a 106 del PDF ibidem.
16 Folios 136 a 141 del PDF ibidem.
17 Folios 240 a 252 del PDF ibidem.
18 Folios 253 y 254 del PDF ibidem.
19 Folios 18 y 19 del PDF “18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda” del índice 17 de SAMAI.
20 Índices 28 a 31 de SAMAI. A índice 38 consta que de dicha documentación se dio traslado a las
partes, sin que se efectuara manifestación alguna.
21 Índice 48 de SAMAI.
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Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
4.1. La parte solicitante: El señor Moreno Hernández retomó íntegramente los
argumentos en los que fundó su solicitud e insistió en que el congresista Carvalho
Mejía violó el régimen de conflicto de intereses al haber participado en el trámite de
aprobación del proyecto de acto legislativo 02 de 2022, “[p]or medio del cual se
modifica el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y se regulariza el
Cannabis de uso adulto”, a pesar de tener interés en su aprobación al ser consumidor
de cannabis.
4.2. Ministerio Público: por su parte, el Procurador Quinto Delegado ante el
Consejo de Estado presentó concepto en el que solicitó que se niegue la solicitud de
desinvestidura22.
Al efecto, explicó que, aunque es cierto que en una sesión de la plenaria de la Cámara
de Representantes el señor Carvalho Mejía reconoció públicamente que es
consumidor de cannabis, esa conducta por sí sola no lo inhabilitaba para participar o
votar el proyecto de acto legislativo 02 de 2022, dado que la regulación que se
pretendía implementar a través de la reforma constitucional en cuestión era abstracta.
En ese sentido, el interés que pudiera predicarse del acusado era solo general y no
personal o directo.
4.3. El congresista Daniel Carvalho: durante la diligencia, el apoderado del
congresista acusado reiteró los argumentos vertidos en la oposición, haciendo énfasis
en que la solicitud de pérdida de investidura parte del errado supuesto de que el
proyecto de acto legislativo pretendía legalizar una actividad que, en realidad, ya está
permitida por el ordenamiento jurídico y que constituye una manifestación del derecho
al libre desarrollo de la personalidad.
En ese sentido, señaló que no es cierto que frente a ese proyecto de reforma
constitucional hubiera existido una tensión entre el interés general inherente a la labor
congresional y el personal del congresista, habida cuenta que la práctica de consumo
que este realiza se encuentra amparada por la Constitución.
22 En aplicación de lo reglado en el inciso final del artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, el Ministerio
Público presentó intervención escrita disponible a índice 47 de SAMAI.
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Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Especial de Decisión No. 16 es competente para resolver en primera instancia
la solicitud de la referencia, de conformidad con los artículos 184 y 237.5 de la
Constitución Política y 2 de la Ley 1881 de 2018, así como con el Acuerdo del Consejo
de Estado N° 11 de 2018 y el Reglamento Interno de esta Corporación, Acuerdo N°
080 de 201923.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala Especial de Decisión establecer si el congresista Daniel
Carvalho Mejía se encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura prevista
en el numeral 1° del artículo 183 Constitucional ⎯“violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses” ⎯, en la
modalidad de violación al régimen del conflicto de intereses, por no haberse declarado
impedido en el trámite del proyecto de acto legislativo 02 de 2022 a pesar de que,
según él mismo afirmó, es consumidor regular de cannabis.
Para el efecto, la Sala efectuará algunas consideraciones generales respecto a las
características y elementos de la causal alegada, para luego entrar a analizar el caso
concreto.
3. La causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1° del artículo
183 de la Constitución Política
3.1. Consciente de la responsabilidad que comporta el ejercicio de un cargo de
elección popular y buscando reforzar la legitimidad del Congreso de la República, el
constituyente determinó la necesidad de instituir un régimen de inhabilidades y de
conflictos de intereses riguroso para los congresistas, en el que, además, se preocupó
de que dichas prohibiciones y restricciones se cumplieran de manera efectiva, de
forma que su desconocimiento acarreara consecuencias reales.
23 “ARTÍCULO 33. Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura, de que trata la Ley
1881 de 2018, estarán conformadas por 5 Magistrados, uno por cada sección de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, atendiendo a la misma conformación de las salas especiales de decisión
creadas mediante Acuerdo 321 de 2014. La presidencia informará sobre el particular a la Sala Plena y
a cada uno de los Consejeros de Estado.”
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En este contexto, surge la figura de la pérdida de investidura como una herramienta
cuya finalidad es “garantizar bajo una rigurosa sanción, el respeto al régimen de
inhabilidades y conflicto de intereses, de forma que las sanciones por las violaciones
a sus deberes sean drásticas”24. Bajo el entendido de que la dignidad de congresista
implica un “altísimo nivel” entre los servidores del Estado, el constituyente consideró
que el desconocimiento de los deberes propios de esa posición debía “castigarse” con
una sanción de la máxima gravedad, esto es, la pérdida de la investidura25.
Así, en el artículo 183 Superior se incorporó esa figura que implica que, ante la
materialización de alguno de los supuestos consagrados en esa norma constitucional
bajo la modalidad de dolo o culpa grave, debe disponerse la desvinculación inmediata
del cargo de elección popular y la imposibilidad de ocupar alguna dignidad de esa
naturaleza en el futuro.
El proceso que se sigue para la determinación de si hay lugar o no a la pérdida de
investidura, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1881 de
201826, tiene carácter sancionatorio, lo que significa que, tratándose de una
manifestación del denominado ius puniendi del Estado, en su análisis no solo debe
salvaguardarse el debido proceso propio de cualquier trámite judicial, sino que
también deben atenderse principios como los de pro personae, favorabilidad, pro
libertate, in dubio pro sancionado, legalidad, culpabilidad, razonabilidad y
proporcionalidad27. Lo anterior, por demás, implica que, en principio, en estos
procesos no es posible invertir la carga de la prueba, razón por la que le corresponde
a quien persigue la desinvestidura probar los supuestos de hecho en los que se funda
la solicitud.
Adicionalmente, la aplicación de los citados principios implica que para decretar la
pérdida de investidura de un determinado miembro de una corporación pública no
basta con acreditar el elemento objetivo de la causal alegada [tipicidad], sino que,
además, es menester efectuar un juicio de responsabilidad subjetivo [culpabilidad], en
24 Gaceta Constitucional N° 51 pág. 27.
25 Ibidem.
26 “Artículo 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas
en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la
Constitución Política.”
27 En el mismo sentido consultar, entre otros: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 9,
sentencia del 5 de marzo de 2018, radicación 11001-03-15-000-2018-00318-00 (antes 11001-03-15-
000-2017-02460-00).
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
donde el dolo y/o la culpa grave del demandado adquieren un papel preponderante,
pues solo las conductas cometidas bajos esos títulos podrán dar lugar a decretar la
desinvestidura de su dignidad.
3.2. Ahora bien, en los artículos 179 a 182 de la Carta Política se consagró el
denominado “Estatuto del Congresista”, mediante el cual el Constituyente: i) previó
una serie de restricciones de acceso al cargo (inhabilidades); ii) estatuyó prohibiciones
para los parlamentarios que están en ejercicio de su dignidad (incompatibilidades), y
iii) dispuso que quienes conforman el órgano legislativo deben manifestar, de manera
expresa, cualquier situación particular que pueda reñir con el interés público con el
que deben ejercer su función (conflicto de intereses)28.
Para garantizar el cumplimiento irrestricto de dicho estatuto, en el numeral 1° del
artículo 183 de la Constitución se dispuso que su violación daría lugar a la pérdida de
investidura en los siguientes términos:
“ARTICULO 183. Los congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del
régimen de conflicto de intereses. (…)”.
3.3. Para lo que interesa a este asunto, debe indicarse que, de conformidad con lo
reglado en el artículo 133 de la Constitución Política, el desconocimiento del régimen
del conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura parte de considerar
que los miembros de las corporaciones públicas deben actuar siempre privilegiando
el interés general y el bien común.
Así, cuando los intereses privados o personales del congresista entran en tensión o
rivalidad con el interés general que debe guiar su labor legislativa, se presenta lo que
se conoce como conflicto de intereses, que no es más que “una concurrencia
antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión a
tomar”29, caso en el cual, de conformidad con el artículo 182 de la Carta Política, “[l]os
congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones
de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los
28 Los conceptos de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés están previstos en los artículos
279, 281 y 286 de la Ley 5ª de 1992. Específicamente sobre la diferencia entre inhabilidad e
incompatibilidad, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29
de enero de 2019, radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00.
29 Corte Constitucional, sentencia C-1056 de 2012.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones.”.
Con ello, lo que se pretende es garantizar la primacía de los principios propios de la
función pública, en particular, “la moralidad como principio rector de las actuaciones
públicas, evitando que los móviles personales y/o particulares de los miembros del
Congreso lesionen o desvirtúen el mandato democrático y popular del que ellos han
sido investidos”30.
El régimen de conflicto de interés se encuentra regulado expresamente en el artículo
286 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019:
“ARTÍCULO 286. RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS
CONGRESISTAS. Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de
intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones.
Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de
un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio
particular, actual y directo a favor del congresista.
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea
indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las
que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten
investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se
encuentre formalmente vinculado.
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias
presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del
congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes
circunstancias:
a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto
legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando
el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.
b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.
c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o
acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan
beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo.
El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la
normatividad vigente.
d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o
acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual
30 Ibidem.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no
genere beneficio particular, directo y actual.
e) <Literal INEXEQUIBLE>
f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos
mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten
inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos.
PARÁGRAFO 1o. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los
congresistas cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y
votación del proyecto.
PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de funciones judiciales, disciplinarias o fiscales de
los congresistas, sobre conflicto de interés se aplicará la norma especial que rige ese
tipo de investigación.
PARÁGRAFO 3o. Igualmente se aplicará el régimen de conflicto de intereses para
todos y cada uno de los actores que presenten, discutan o participen de cualquier
iniciativa legislativa, conforme al artículo 140 de la Ley 5 de 1992.”
Ahora bien, cuando el congresista, pese a tener un interés personal, directo y real en
la aprobación o trámite de determinado asunto no se aparta del mismo y, por el
contrario, ejerce activamente su función, incurre en causal de pérdida de investidura,
siempre que se encuentren materializados tanto el aspecto objetivo como el subjetivo
de la conducta.
En cuanto al objetivo, se trata, específicamente, de que concurran los siguientes
elementos31:
I. Que se demuestre la calidad de congresista; aspecto consustancial a todo juicio
de pérdida de investidura.
II. Que se acredite la existencia de un interés de cualquier índole, siempre que
este, tal y como lo establece el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, sea particular,
actual y directo, entendiendo por interés aquel beneficio, ya sea patrimonial o
moral, que pueda desprenderse de la función congresional32.
31 Sobre el punto, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 18, sentencia de 5 de junio de
2023, radicación 11001-03-15-000-2022-04507-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°
12, sentencia del 29 de mayo de 2023, radicación 11001-03-15-000-2021-01221-00; Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión N° 25, sentencia del 29 de marzo de 2023, radicación 11001-03-15-
000-2022-06714-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia del 8 de
septiembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-00068-00 y Consejo de Estado, Sala Especial
de Decisión N° 9, sentencia del 14 de diciembre de 2021, radicación 11001- 03-15-000-2021-05764-
00.
32 Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de marzo de 2010 (radicado
11001-03-15-000-2009-00198-00) precisó que “[e]l conflicto de intereses de índole moral, en cambio,
no aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las normas constitucionales y legales, como
sí ocurre con el conflicto de intereses de índole económico, lo que no significa que no exista o que no
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
Igualmente, ese interés debe ser de tal entidad o magnitud que “lleve al
congresista a incurrir en un ejercicio parcializado de sus funciones, es decir,
debe tratarse de una actuación no signada por la correcta prestación de la
función pública, sino por su propio beneficio o el de terceros”33. Además, la
jurisprudencia ha precisado que el interés debe ser real o cierto, descartando
así los meramente hipotéticos o eventuales34.
III. Que, pese a lo anterior, se pruebe que el congresista participó en el debate y/o
votación del asunto cuestionado sin haber presentado el impedimento
correspondiente35.
IV. Que esa participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional del
parlamentario, esto es, en el marco de cualquier trámite en el que puedan
participar los congresistas36, incluso en el desarrollo de una actuación
administrativa37.
De encontrarse reunidos todos estos elementos, se entenderá satisfecho el aspecto
objetivo de la causal de pérdida de investidura.
pueda presentarse. Es más, no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en un conflicto de tipo moral. Por un lado, es
totalmente admisible que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya ejercido derechos
fundamentales y de ahí que tenga intereses privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le
ordena que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale decir, en pos del interés
general. En esa dinámica es factible el enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se
explicó. Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública que en un momento dado se
superpongan esos intereses, la Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar la
existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en evidencia cuando justamente el congresista
vota, participa en un debate o en una decisión trascendental estando de por medio intereses personales
de tipo económico o moral francamente incompatibles con el interés público relacionado con esa
votación, ese debate o esa decisión.” (Se resalta).
33 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 19 de marzo de 1996, radicación 11-CE-SP-EXP1996-
NAC3300.
34 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-302 de 2021.
35 Así, el Consejo de Estado ha precisado que la causal no se configura por el “hecho de que un
congresista no cumpla el deber de declararse impedido una vez advierta la circunstancia que da lugar
a ello o luego de haber sido recusado, sino [por] el hecho de votar o participar en una decisión en un
asunto que pueda reportarle beneficios”. Al respecto, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°
12, sentencia del 29 de mayo de 2023, radicación 11001-03-15-000-2021-01221-00 y Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión N° 12, sentencia del 18 de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-
000-2018-03779-00.
36 Al respecto, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de
febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2015-00546-00 y Consejo de Estado. Sala Especial de
Decisión N° 16, sentencia del 6 de junio de 2017, radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de junio de 2022,
radicación 11001-03-15-000-2015-02568-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
Por su parte, en relación con el aspecto subjetivo, lo que exige es que se demuestre
que el parlamentario actuó con dolo o culpa grave, pues, de acuerdo con lo establecido
en el inciso primero del artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, este es un juicio de
responsabilidad subjetiva que exige acreditar la culpabilidad del congresista,
desvirtuando la presunción de inocencia.
Dado que la Ley 1881 de 2018 no establece qué debe entenderse por dolo o culpa
grave en el ámbito de este tipo de juicios, la jurisprudencia contencioso administrativa
ha señalado que mientras el dolo corresponde a la “intención positiva de lesionar un
interés jurídico”, la culpa “atañe a un concepto que está ligado a la diligencia debida
para el desarrollo de determinada actividad”38. A partir de allí, el Consejo de Estado
ha precisado el alcance de estos conceptos en el marco de la pérdida de investidura,
así:
“(…) en los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida
de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la
realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por
el otro, en aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía
la ilicitud de su conducta pero que, en virtud de la diligencia requerida para el
desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a
derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo
hubieran impedido.”39.
Conforme con las anteriores consideraciones, procede la Sala a efectuar el análisis
del presente asunto.
4. Caso concreto
Como se indicó, a juicio del solicitante el Representante a la Cámara Daniel Carvalho
Mejía debe perder su investidura por haber incurrido en una violación al régimen de
conflicto de intereses, en tanto participó y votó el proyecto de acto legislativo 02 de
2022, “[p]or medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política de
Colombia y se regulariza el Cannabis de uso adulto”, a pesar de ser consumidor
regular de cannabis y tener, por tanto, interés particular y concreto en la aprobación
38 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de mayo de 2018, radicación 17001-23-33-
000-2016-00473-01.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de mayo de 2021,
radicación 11001-03-15-000-2020-00773-01 y Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11
de febrero de 2021, radicación 68001-23-33-000-2019-00893-01.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
de una normatividad que buscaba, a su juicio, eliminar las sanciones por el consumo
de esa sustancia.
Para resolver este asunto, pasa la Sala a analizar la configuración de los elementos
exigidos para la materialización de la causal alegada.
En primer lugar, respecto del aspecto objetivo de la causal, debe precisarse que la
condición de congresista está debidamente acreditada con el formulario E-26CAM,
documento que fue aportado al plenario y que da cuenta de que el señor Carvalho
Mejía fue elegido Representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia para
el periodo constitucional 2022-202640.
En cuanto a los hechos en los que se sustenta esta solicitud, de conformidad con las
pruebas aportadas válidamente al proceso, la Sala advierte probado que:
• El veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022), varios representantes a la
Cámara, incluido el hoy demandado, radicaron el proyecto de acto legislativo 02
de 2022, “[p]or medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política
de Colombia y se regulariza el Cannabis de uso adulto”41, con el siguiente
articulado:
“ARTÍCULO 1º. El artículo 49 de la Constitución Política quedará así:
ARTÍCULO 49o. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas
el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la
salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También,
establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por
entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo,
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y
los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y
condiciones señalados en la ley.
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por
niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos
los habitantes será gratuita y obligatoria.
40 Folios 2 a 60 del PDF denominado “10_MemorialWeb_MemorialSubsanaciOnconformatosdelCNE-
acreditaciOncongresista” disponible en índice 9 de SAMAI.
41 Folios 2 y 3 de la Gaceta del Congreso N° 855 de 2022, disponible en el índice 30 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud
y de su comunidad.
El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está
prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y
rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos
de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que
consuman sustancias estupefacientes o sicotrópicas. El sometimiento a
esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del
adicto.
La prohibición prevista en el inciso anterior no aplicará para el uso
por parte de mayores de edad del cannabis y sus derivados.
Tampoco aplicará para la destinación científica de estas
sustancias, siempre y cuando se cuente con las licencias otorgadas
por la autoridad competente. La Ley podrá restringir el porte y
consumo del cannabis y sus derivados en espacios públicos, zonas
comunes y entornos escolares, entre otros.
Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente
o adicto y a su familia para garantizar su tratamiento; y así fortalecerla
en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que
afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por
consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente
campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias
estupefacientes y sus efectos nocivos en favor de la recuperación de
los enfermos dependientes o adictos.
Las entidades integrantes del Sistema Integral de Seguridad Social
y sus prestadores garantizaran la aplicación de lo establecido en
este artículo.
ARTÍCULO 2 TRANSITORIO. El Gobierno Nacional tendrá un plazo de
seis (6) meses, contados a partir de la promulgación del presente Acto
Legislativo, para formular, divulgar e implementar una política pública
estricta en torno a la prevención y atención del consumo del cannabis,
dicha política debe estar acompañada con una estrategia educativa
nacional integral que tenga como objetivo la prevención del consumo.
ARTÍCULO 3. VIGENCIA. El presente Acto Legislativo rige a partir de su
promulgación. El artículo 1 entrará en vigencia doce (12) meses después
de la promulgación de este acto legislativo.” (Negritas en original)
En la exposición de motivos se indicó que el objeto de dicha reforma
constitucional era “permitir la regularización del uso del cannabis por parte de
mayores de edad, así como la unificación de la normativa actual respecto a la
utilización del cannabis para uso científico, siempre y cuando se cumplan los
requerimientos establecidos. Lo anterior con la finalidad de reconocer y
garantizar los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la
personalidad, unificar las referencias constitucionales, legales y
jurisprudenciales sobre la materia y plantear una estrategia distinta para combatir
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
el tráfico ilegal de cannabis, como táctica para reducir la violencia en el país” 42.
En este sentido, se afirmó que el uso “medicinal, científico y adulto del cannabis
y sus derivados”, resultaba necesario como una nueva medida en la lucha
antidrogas43.
• Según consta en los documentos aportados al proceso tanto por el solicitante
como por el Congreso de la República, en el trámite de aprobación del proyecto
de acto legislativo 02 de 2022, el congresista acusado participó y votó en las
siguientes sesiones:
Fecha de la
Asunto Fuente
Sesión plenaria
Impedimentos presentados por los
congresistas Néstor Rico, Saray Elena Robayo
Bechara, Dolcey Torres Romero, Ana Rogelia
Monsalve Álvarez y Luis Carlos Ochoa Tobón.
Ponencia negativa y proposición de archivo.
Solicitud ponencia positiva y debate en
segunda vuelta Gaceta 1555 de
11/10/2022
Votación del artículo 2º, 3º, 4º y 5º del texto del 202244
AL 02 de 2022 con las modificaciones
propuestas y avaladas.
Proposición sustitutiva al artículo 1° del A.L 02
de 2022
Proposición de artículos nuevos
Título del A.L 02 de 2022
Proposición de archivo Certificado de
Ponencia positiva A.L 02 de 2022 votación
26/04/2023 Informe de ponencia A.L 02 de 2022 suscrito por el
Subsecretario
de la Cámara45.
Articulado del A.L 02 de 2022 con proposición Certificado de
al artículo 1°. votación
09/05/2023 Título y pregunta suscrito por el
Subsecretario
de la Cámara46.
• En la sesión plenaria del once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022), el
representante Carvalho Mejía intervino en la discusión en el siguiente sentido:
42 Folio 3 de la Gaceta del Congreso N° 855 de 2022, disponible en el índice 30 de SAMAI.
43 Ibidem.
44 Índice 30 de SAMAI.
45 Folios 200 a 209 del “PDF 3_DemandaWeb_Demanda-PRUEBASDOCUMENTALES” del índice 2 de
SAMAI.
46 Folios 221 a 225 del documento ibidem. Es de advertir que según consta el Oficio S.G.2.1569/2023
del 4 de septiembre de 2023 suscrito por el Secretario de la Cámara de Representantes y visible en el
índice 30 de SAMAI, la gaceta de la sesión plenaria del 9 de mayo de 2023 en donde fue discutido y
votado en segunda vuelta el AL 02 de 2022 se encuentra en proceso de elaboración, sin que a la fecha
se haya enviado la copia correspondiente, pese a que así se anunció.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
«Compañeros ya que el representante Cadavid dijo que los consumidores
de marihuana son adictos y enfermos, e inmediatamente después dijo
“Representante Carvalho”, me veo en la necesidad de responderle.
Representante Cadavid, hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha
impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme
de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, buen
profesional y ser 3 veces elegido, por votación popular, a diferentes cargos.
Representante, ¿usted piensa que soy un enfermo? Le digo, la semana
pasada, como cada año, me hice 18 exámenes médicos; el doctor me
revisó y me dijo que estaba muy bien, me dijo que tenía que bajarle a la sal,
al azúcar, al café y al cigarrillo. Yo le pregunté: doctor ¿y la marihuana?,
me dijo: “tranquilo, no es necesario”. De modo, representante, que a mí el
consumo de marihuana, no me ha hecho daño, no me ha llevado a
problemas con la ley. ¿Sabe qué me hecho daño?, la estigmatización de
las personas que piensan que, por tener el pelo así o por fumar marihuana,
soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy.
De modo que lo que nos hace daño es la falta de información, porque la
mata no mata, lo que nos mata es la estigmatización, lo que nos mata es la
persecución, lo que nos mata es la falta de información y el hecho de que
sigan pensando que los adultos no podemos tomar nuestras propias
decisiones.
Le regalo, señor representante, su estigmatización y lo que me dijo. Aquí
no estamos para decir que la marihuana es buena o mala, no estamos para
eso y usted empezó por ahí; aquí estamos para decir, que los adultos
deberíamos ser capaces de tomar nuestras propias decisiones y que la
persecución, contra todas las drogas en general y con la persecución ha
sido un fracaso, gústenos o no las drogas, ha sido un fracaso y ya
deberíamos cambiar de enfoque. Gracias, Presidente»47.
Pues bien, con fundamento en las pruebas aportadas al proceso, es claro que, en el
marco de sus funciones como congresista, el señor Carvalho Mejía sí participó
activamente en el trámite del proyecto de acto legislativo 02 de 2022, no solo
interviniendo en los debates, sino votando cuando así se le exigía.
Al respecto, lo primero que debe precisarse es que el hecho de que ello haya ocurrido
en el marco de una reforma constitucional no enerva automáticamente la causal
alegada, como pareciera afirmarlo la defensa del congresista.
En efecto, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-1056 de
2012, el régimen de conflicto de intereses cobija incluso el trámite de los actos
legislativos. En esa oportunidad, la Corte analizó la exequibilidad del Acto Legislativo
01 de 2011, el cual pretendía adicionar un parágrafo al artículo 183 Superior del
siguiente tenor: “en lo referido al régimen de conflicto de interés no tendrá aplicación
47 Folio 17 Gaceta del Congreso N° 1555 de 2022. Disponible en el índice 30 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
cuando los congresistas participen en el debate y votación de proyectos de actos
legislativos”. Para esa Corporación, una previsión de ese tenor terminaba afectando
axiomas fundantes de la Carta Política como “la prevalencia del interés general (art.
1°), la separación de poderes (art. 113), el deber de los congresistas de actuar en todo
momento consultando la justicia y el bien común (art. 133), la posibilidad de que los
electores controlen la actuación de los elegidos por ellos y la configuración particular
que el constituyente asignó a los distintos mecanismos de reforma constitucional (arts.
374 a 379)”, así como la institución misma de la pérdida de investidura, pues permitía
que “las más trascendentales decisiones colectivas que se adopten en el Estado
colombiano estén contaminadas por intereses particulares”, razón por la que se
declaró su inexequibilidad por considerar que su inclusión constituía una sustitución
de la Constitución.
En el mismo sentido, en sentencia C-294 de 2021 la Corte Constitucional precisó que
si bien las reformas constitucionales tienen un carácter genérico y abstracto que, por
regla general, dificulta que en estos trámites puedan presentarse impedimentos y
recusaciones y, por ende, conflictos de interés, lo cierto es que aquí también podrían
tener lugar eventos en los que esté demostrado un interés particular y cierto por parte
del congresista, caso en el cual no hay duda de que el servidor público tiene el deber
de apartarse del trámite de reforma correspondiente.
Así las cosas, contrario a lo sostenido por la defensa del señor Carvalho Mejía, el
hecho de que la situación fáctica a que se contrae esta solicitud haya tenido lugar en
el trámite de un acto legislativo no desvirtúa, por sí solo, la causal alegada, ya que,
conforme a la jurisprudencia vigente, allí también opera el régimen de conflicto de
intereses y resulta plenamente exigible de los congresistas el cumplimiento del deber
de manifestar la existencia de intereses particulares y concretos.
Además, tampoco resulta relevante, de cara a la configuración de la causal, que
finalmente la reforma no haya sido aprobada, ya que lo que se examina es si el
congresista cumplió con su deber ético de apartarse de un trámite que podía
beneficiarle, independientemente del resultado que la iniciativa parlamentaria haya
tenido.
Establecido lo anterior, debe examinarse entonces si se logró acreditar el elemento
central de la causal de desinvestidura alegada, esto es, si el señor Carvalho Mejía
18
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
tenía un interés cierto, real, particular y actual en la aprobación del proyecto de acto
legislativo 02 de 2022.
Al respecto, aunque está probado que el señor Carvalho Mejía afirmó ser consumidor
de cannabis, la Sala estima que esa práctica no demuestra per se que existiera un
conflicto entre su interés personal y el interés público que debe guiar el ejercicio de la
función congresual, al momento de participar del trámite y votación de la citada
reforma constitucional, pues lo cierto es que lo que se proponía en el acto legislativo
no le reportaba beneficio alguno.
En efecto, en el caso concreto ese beneficio, provecho o utilidad que exige la causal
de desinvestidura alegada no está acreditado ya que, contrario a lo sostenido por la
parte actora, la reforma constitucional no avalaba ni despenalizaba la práctica ejercida
por el señor Carvalho Mejía, sino que, como se indicó en la exposición de motivos,
ella tenía por objeto reglamentar ─que no legalizar─ el uso de cannabis adulto.
Y no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico
colombiano el consumo de la dosis personal de cannabis en personas adultas, según
lo afirmó la Corte Constitucional en la sentencia C-221 de 1994, no tiene sanciones
penales y constituye un desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad y
de la autonomía individual, sin más limitaciones que las que imponen las libertades de
los demás48. Así, en esa providencia, al analizar las sanciones que contemplaba el
denominado “Estatuto Nacional de Estupefacientes” ─Ley 30 de 1986─ sobre el porte
de la dosis personal de marihuana, esa Corporación precisó:
«Para dilucidar "in toto" la constitucionalidad de las normas que hacen del
consumo de droga conductas delictivas, es preciso relacionar éstas con una
norma básica que, para este propósito, resulta decisiva. Es el artículo 16 de
la Carta, que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Lo
hace en los siguientes términos: "Todas las personas tienen derecho al libre
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico".
La frase "sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás
y el orden jurídico", merece un examen reflexivo, especialmente en lo que
48 No obstante, resulta relevante señalar que la Corte Constitucional también ha analizado distintos
escenarios en los que ha encontrado que la permisión no es absoluta y puede estar sujeta a limitaciones.
Así, por ejemplo, en sentencia C-127 de 2023 determinó que resulta constitucional establecer
limitaciones para el consumo, incluso de la dosis mínima, en parques y espacios públicos, ya que son
lugares frecuentados por menores. A su vez, en sentencia C-636 de 2016, al examinar la
constitucionalidad de la prohibición de presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol o drogas
contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, encontró que aquella estaba ajustada a la Carta
siempre que con ello se afectara de manera directa el desempeño laboral del trabajador.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
hace relación a la expresión subrayada. Porque si cualquier limitación está
convalidada por el solo hecho de estar incluida en el orden jurídico, el derecho
consagrado en el artículo 16 Superior, se hace nugatorio. En otros términos:
el legislador no puede válidamente establecer más limitaciones que aquéllas
que estén en armonía con el espíritu de la Constitución.
(…) La primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que
es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su
existencia y, en armonía con él, un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa
autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto
con la autonomía ajena. (…) Es decir: que es en función de la libertad de los
demás y sólo de ella que se puede restringir mi libertad.
Lo anterior, desde luego, dentro de una concepción personalista de la
sociedad, que postula al Estado como un instrumento al servicio del hombre
y no el hombre al servicio del Estado para la realización de un fin más allá de
la persona (transpersonalismo), como la victoria de la raza superior o el triunfo
de la clase proletaria.
El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias
inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en
que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser
decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética,
reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los
fines que por fuera de ella se eligen.
(…) Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que
ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como
sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo
bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. (…)
Reconocer y garantizar el libre desarrollo de la personalidad, pero fijándole
como límites el capricho del legislador, es un truco ilusorio para negar lo que
se afirma. Equivale a esto: "Usted es libre para elegir, pero sólo para elegir lo
bueno y qué es lo bueno, se lo dice el Estado".
(…) En otros términos: que las personas sean libres y autónomas para elegir
su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras, es
parte vital del interés común en una sociedad personalista, como la que ha
pretendido configurar la Carta Política que hoy nos rige.
Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro
de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las
normas que hacen del consumo de droga un delito son claramente
inconstitucionales.»
Además, la Corte Constitucional ha indicado que cuando el artículo 49 de la Carta
Política se refiere a medidas “administrativas” dirigidas a los consumidores, no se
refiere a medidas de carácter sancionatorio, sino pedagógicas, profilácticas y
terapéuticas que “lejos de ubicarse en el ámbito represor y punitivo del derecho penal,
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
son desarrollo del deber de procurar el cuidado integral de la salud de la persona y de
la comunidad, contenido en el inciso quinto de la misma disposición.”49.
Bajo esta misma línea, en sentencia C-127 de 2023, la Corte reiteró que “[e]l porte y
el consumo de sustancias psicoactivas con fines de consumo propio o medicado tienen
protección constitucional. Dicha protección se extiende en lo relativo a la dosis de
aprovisionamiento, conforme lo dispuesto en la Sentencia C-404 de 2022.”.
Siendo ello así, es claro que no puede afirmarse válidamente que el señor Carvalho
Mejía hubiera tenido el interés ꟷal participar y respaldar con su voto la aprobación del
proyecto de acto legislativo 02 de 2022ꟷ de que una conducta que él personalmente
practica fuera despenalizada o desprovista de sanciones, pues tales sanciones en
materia de dosis personal son actualmente inexistentes y, en consecuencia, la
aprobación de dicha reforma no reportaría beneficio particular alguno para el
congresista acusado.
Pero, además, lo cierto es que los efectos que hubiera podido generar la aprobación
del acto legislativo eran generales, impersonales y dirigidos al conglomerado social
en su conjunto, configurándose entonces el supuesto de que trata el literal a) del
artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, de acuerdo con el cual no habrá conflicto de
intereses cuando “el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto
legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el
interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.”.
En este mismo sentido se pronunció recientemente la Sala Especial de Decisión No.
8, al resolver la solicitud de desinvestidura presentada por el señor Moreno Hernández
en similares términos a los aquí examinados, respecto de la congresista Susana
Gómez Castaño, decisión en la que se indicó:
“Los articulados de ambos proyectos [se refiere al proyecto de acto legislativo
02 de 2022 y al proyecto de ley 246 de 2022] representaban previsiones
constitucionales con alcance general a toda la población del Territorio
Nacional, que no a un limitado y específico segmento de la sociedad
colombiana. Es así como si bien el 23 de febrero de 2023 la congresista
decidió admitir públicamente el consumo regular de cannabis, lo cierto es que
aun si su abierta manifestación hubiese sido anterior a la votación del Proyecto
de Acto Legislativo núm. 002 de 2022 Cámara o a la radicación del Proyecto
de Ley núm. 246 de 2022, estos giraban en torno, entre otros asuntos, al porte
y consumo de cannabis y sus derivados por parte de todos los ciudadanos
49 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-491 de 2012.
21
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
mayores de edad que como ella decidieran hacerlo, lo cual permite corroborar
que sus intereses personales terminaban fusionados con los del electorado,
sin que por lo mismo hubiesen entrado en conflicto alguno”.50
De otra parte, tampoco resulta cierto que el congresista estuviera “moralmente
impedido” para tramitar la reforma constitucional objeto de análisis, como aseguró el
solicitante, pues no existía, en los términos del parágrafo 1° del artículo 286 de la Ley
5ª de 199251, una “razón de conciencia” que obligara al demandado a apartarse del
trámite del asunto.
Así, el hecho de que el parlamentario tenga una posición personal frente al tema que
fue objeto de debate en la reforma constitucional ꟷposición que, como la de todos,
obedece a sus íntimas convicciones, vivencias y experiencias personales sobre la
materiaꟷ, no puede configurar la causal de pérdida de investidura alegada, en tanto
la alegada “falta de objetividad” que denunció el señor Moreno Hernández resultaría
entonces predicable de todos los congresistas que actúan según su entendimiento
personal de los asuntos que se debaten en el seno del órgano legislativo y de
conformidad con su agenda política.
Por todo lo anterior, es claro que en este caso no se demostró la existencia de un
interés particular, actual, directo y real que ameritara que el señor Carvalho Mejía se
apartara del trámite de aprobación del proyecto del acto legislativo 02 de 2022 y que
pudiera dar lugar a entender que existió una violación del régimen de conflicto de
intereses previsto para los congresistas.
En consecuencia, al no estar acreditado el elemento objetivo de la causal alegada, la
Sala se abstendrá de emitir cualquier consideración sobre el elemento subjetivo de la
misma y negará las pretensiones de la solicitud de desinvestidura presentada por Joan
Sebastián Moreno Hernández contra el congresista Daniel Carvalho Mejía.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, a través de la Sala Especial de
Decisión No. 16, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
50 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 8, sentencia del 26 de febrero de 2024, radicación:
11001-03-15-000-2023-02957-00.
51 “Parágrafo 1: Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los congresistas cuando
por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y votación del proyecto.”
22
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02956-00
Solicitante: Joan Sebastián Moreno Hernández
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura presentada por Joan
Sebastián Moreno Hernández contra Daniel Carvalho Mejía como Representante a la
Cámara por el departamento de Antioquia para el periodo 2022-2026.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018,
COMUNICAR esta decisión a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al
Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de su cargo.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia ARCHÍVESE el expediente dejando las
anotaciones pertinentes en el sistema de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero Consejera
CÉSAR PALOMINO CORTÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero Consejero
23
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