Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04291-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04291-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-04291-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de mayo de 2022
Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2021-04291-00 (6233)
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA Nro. 13
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia Pérdida de investidura
Radicación 11001-03-15-000-2021-04291-00 (6233)
Solicitante LUIS ERNESTO CORREA PINTO
Congresista JOHN MILTON RODRIGUEZ GONZÁLEZ
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1881 de 2018, procede la Sala Especial
de Decisión No. 13 a decidir, en primera instancia, la solicitud de pérdida de
investidura de la referencia.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de pérdida de investidura
El 7 de julio de 2021 se presentó la solicitud de pérdida de investidura de la
referencia1. En ella se consideró que el señor John Milton Rodríguez González
estaba incurso en las causales previstas en los numerales 1° y 4° del artículo 183
de la Constitución Política, esto es, por violar el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses, y, por indebida destinación de dineros
públicos, respectivamente.
Lo primero, porque, según el solicitante, el congresista ocupaba, al momento de la
presentación de la solicitud, un cargo privado por el que devengaba un sueldo, ya
que se desempeñaba como co-presidente del partido político Colombia Justa Libres.
Lo segundo, porque, al tenor de lo señalado en la solicitud de pérdida de investidura,
el congresista destinó indebidamente dineros provenientes del Estado, los cuales
recibió en calidad de presidente del partido mencionado y “entregó en parte al pastor
Eduardo Cañas por su aporte al Partido y de otra, para cancelar a una empresa de servicios
profesionales de estrategias de mercadeo denominada JARAMILLO & LUJÁN, dineros que estaban
presupuestados para cubrir otros rubros presupuestales del Partido … (minorías, etnias y jóvenes)”.
Luego de un requerimiento al solicitante y de una medida de saneamiento por parte
del despacho2, el 9 de agosto de 20213 se admitió la solicitud de pérdida de
investidura “por el desconocimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades ante el
desempeño simultáneo de un cargo o empleo público o privado dentro del partido político Colombia
Justa Libres, ejercicio en virtud del cual el demandado percibe una suma mensual como
remuneración o retribución de sus labores”
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Índice 2 SAMAI.
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Índice 11 SAMAI. Providencia del 29 de julio de 2021.
3 Índice 19 SAMAI.
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Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2021-04291-00 (6233)
En esa misma providencia se rechazó la pretensión de pérdida de investidura por la
indebida destinación de dineros públicos; decisión que no fue recurrida.
2. Oposición4
El 19 de julio de 2021, el accionado, a través de apoderado designado para el efecto,
se opuso a la desinvestidura porque el desempeño, en encargo, de la copresidencia
del partido fue una labor ad-honorem, razón por la que mal podía afirmarse que
recibió dineros como contraprestación de su ejercicio.
Además, señaló que no dispuso indebidamente de ningún dinero puesto que no
recibió ningún emolumento.
Finalmente, en los términos del artículo 272 del C.G.P., desconoció la grabación
aportada en la solicitud por desconocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar
de su producción, así como su autor y la fuente de la cual fue obtenida.
3. Audiencia pública
El 13 de diciembre de 20215, esta Sala Especial de Decisión celebró, de manera
virtual, la audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018;
diligencia a la que concurrieron el solicitante y su apoderado, el Procurador Tercero
Delegado ante el Consejo de Estado, y el apoderado del accionado.
Posteriormente, con ocasión de las nuevas pruebas practicadas dentro del proceso,
y para garantizar el derecho de defensa de las partes, se realizó una nueva
audiencia pública el 11 de mayo de 2022; diligencia que contó con la presencia del
apoderado del solicitante, del Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de
Estado, y del Senador convocado por pasiva junto con su apoderado judicial.
En cada una de las audiencias las intervenciones se realizaron siguiendo el orden
legalmente establecido. A continuación se presenta una síntesis conjunta de tales
intervenciones.
3.1. Intervención del solicitante
El solicitante, a través de su apoderado, manifestó que el accionado recibió “doble
sueldo” (uno por el senado y otro por una entidad privada), por lo que se configuró
la causal de pérdida de investidura.
Esa conclusión, en su sentir, se acredita a partir de los siguientes elementos de
convicción: (i) documento del 14 de junio de 2021, suscrito por la secretaria general
y representante legal del partido Colombia Justa Libres, señora Mónica Amparo
Gaitán Muñoz; (ii) documento del 15 de junio de 2021, suscrito por el veedor del
partido, Héctor Pardo, en el que se señaló el incumplimiento del presupuesto de
2020, aprobado por el Consejo Directivo Nacional del partido; (iii) documento del 22
de marzo de 2021, en el que se consignó, entre otros, que la donación hecha a la
empresa Jaramillo Luján por instrucción del hoy accionado era incompatible con lo
previsto por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades; y (iv) grabación de la
sesión del 28 de febrero de 2021 del Consejo Directivo Nacional del partido político
Colombia Justa Libres en la que el accionado admitió lo afirmado en la solicitud de
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Índice 26 SAMAI.
5 Índices 74 y 75 SAMAI.
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Pérdida de investidura
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pérdida de investidura, documento que, a en su sentir, debe ser apreciado por la
improcedencia del desconocimiento formulado en la contestación de la solicitud de
pérdida de investidura (artículo 272, inciso final del C.G.P.) y la inexistencia de la
prueba de la tacha correspondiente.
Por demás, solicitó la compulsa de copias a los organismos pertinentes para que
investigaran la posible existencia de faltas disciplinarias del apoderado del
accionado por la proposición de medios de defensa abiertamente improcedentes.
3.2. Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó se denegara la solicitud de pérdida de investidura por
la causal admitida por el despacho, esto es, el desconocimiento del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades por desempeñar, simultáneamente, un cargo o
empleo público o privado.
Lo anterior, porque el ejercicio de la co-presidencia delegada del partido se
encuentra previsto como una excepción al régimen de incompatibilidades, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 283 de la Ley 5 de 1992,
según el cual: los congresistas directamente o por intermedio de apoderado pueden
“participar en los organismos directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido
personería jurídica de acuerdo con la ley”; disposición exequible según la sentencia C-985
de 1999.
Téngase en cuenta que “participar” en los organismos directivos implica tomar parte
en algo, en este caso, en un órgano directivo de un partido político con personería
jurídica, lo que sucedió en el presente caso ya que (i) por medio de la Resolución
Nro. 3198 del 20 de diciembre de 2018 se reconoció personería jurídica al partido
político Colombia Justa Libres, y (ii) el hoy accionado se desempeñó o hizo parte de
un organismo directivo de ese partido, como lo fue la Convención Nacional (artículo
29) en la que participan los co-presidentes.
Adicionalmente, señaló que al señor John Milton Rodríguez no se le remuneró o
retribuyó el ejercicio de la co-presidencia delegada tal como se desprendía de lo
informado por la secretaria y representante legal del partido, por el testigo David
Ricardo Reyes Castro y por el mismo accionado.
Y si bien es cierto que el testigo David Ricardo Arias Mora señaló que el hoy
accionado debió recibir retribución por desempeñarse como co-presidente
delegado, no lo es menos, que tal afirmación carecía de elementos que la
soportaran y que brindaran certeza y/o realidad de la erogación correspondiente.
Por último, consideró que no era “razonable dar credibilidad y fuerza probatoria al audio
aportado por el demandante, en tanto no se tiene certeza de su autenticidad e integridad, fecha de
grabación o de la identificación de las personas que participaron o se mencionan en la referida
grabación, ni siquiera si la persona allí referida como John Milton Rodríguez González, es el mismo
demandado”.
3.3. Intervención del accionado
El accionado, a través de su apoderado, solicitó se negara la solicitud de pérdida de
investidura, porque el ejercicio de la co-presidencia no aparejó remuneración alguna
al tratarse de una labor desempeñada ad-honorem, de acuerdo con lo afirmado por
la representante legal del partido político Colombia Justa Libres.
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Pérdida de investidura
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CONSIDERACIONES
1. Presupuestos procesales. Competencia, legitimación y oportunidad de la
acción
La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura No. 13 del Consejo de
Estado es competente para conocer en primera instancia de las solicitudes de
pérdida de investidura de los congresistas, en virtud de lo dispuesto en los artículos
1846 y 237-57 de la Constitución Política, 37-78 de la Ley 270 de 1996, 29 de la Ley
1881 de 2018 y el Acuerdo 011 de 31 de enero de 2018, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
En el expediente se encuentra debidamente acreditada la calidad de ciudadano
colombiano de Luis Ernesto Correa Pinto, solicitante de la pérdida de investidura,
por ser portador de la cédula de ciudadanía No. 19.253.165.
Igualmente está demostrado que el señor John Milton Rodríguez González fue
elegido como Senador de la República para el periodo 2018-2022, para lo cual se
posesionó el 20 de julio de 2018 según el Acta Nro. 01 publicada en la Gaceta Nro.
638 del 31 de agosto de 2018; elección declarada mediante Resolución Nro. 1596
del 19 de julio de 201810.
De ahí, entonces, que se encuentre acreditada la legitimación por activa y por pasiva
de quienes concurren al presente proceso.
También se observa que la solicitud de pérdida de investidura se presentó dentro
del término otorgado por el legislador para el efecto, esto es, dentro de los 5 años,
contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho generador de la causal
de pérdida de investidura. En efecto, la remuneración por la que se estima
configurada la causal data de los años 2018, 2019 y 2020 y a la fecha de
presentación de la solicitud de la referencia (7 de julio de 2021) no han transcurrido
5 años.
Luego, se encuentran acreditados los presupuestos procesales de la acción de la
referencia.
2. Del desconocimiento del documento formulado por el accionado
Con la solicitud de pérdida de investidura se allegó una grabación que, al tenor de
lo afirmado por el solicitante, correspondía a la sesión del 28 de febrero de 2021 del
Consejo Directivo Nacional del partido político Colombia Justa Libres.
6 Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y
en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la
mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
7 Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: (…). 5. Conocer de los casos sobre pérdida de la
investidura de los congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley.
8 Artículo 37. De la sala plena de lo contencioso administrativo. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
tendrá las siguientes funciones especiales: (…). 7. Conocer de los casos de la pérdida de investidura de los
Congresistas, de conformidad con la Constitución y la ley. Las sentencias que ordenen la pérdida de la
investidura deberán ser aprobadas por los miembros de la Sala Plena y por las causales establecidas
taxativamente en la Constitución
9 Artículo 2. Las salas especiales de decisión de pérdida de investidura del consejo de estado conocerán en
primera instancia de la pérdida de investidura de los congresistas a solicitud de la mesa directiva de la
cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la constitución. La Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo será competente para decidir el recurso de apelación frente a la
sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados que decidieron el fallo recurrido.
10 Índice 45 SAMAI.
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Pérdida de investidura
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Según se anotó, el accionado “desconoció” tal documento en los términos del
artículo 272 del C.G.P. por no existir claridad respecto las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en las que se produjo, así como frente a su autor y la fuente de la
cual se obtuvo.
Para esta Sala Especial de Decisión es claro que dicho desconocimiento no resulta
procedente, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 272 del
C.G.P., según el cual “[e]l desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la
voz o de la imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos
por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y probarse por quien la alega”
Sin perjuicio de lo anterior y si se analiza la objeción de la prueba desde el
mecanismo procedente, esto es, la tacha de falsedad, considerando que el
despacho dio trámite a la manifestación formulada por el apoderado del accionado,
huelga concluir que, en el caso concreto, dicho mecanismo no sería procedente,
pues la grabación carece de influencia en la decisión del caso concreto.
Téngase en cuenta que con ese documento se pretendía demostrar, entre otras
cosas, el pago que se realizó al señor John Milton Rodríguez; erogación que no da
lugar a la configuración de la causal de pérdida de investidura y que tampoco
desvirtúa la excepción a la incompatibilidad que se estructura en el caso concreto,
según se anotará más adelante.
Así las cosas, como no se está decidiendo en contra, ni el desconocimiento ni la
tacha de falsedad, no hay lugar a imponer la sanción de que trata el artículo 274 del
C.G.P.
3. Delimitación del problema jurídico
De conformidad con el auto admisorio, a esta Sala Especial de Decisión le
corresponde establecer si se desconoció el régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflicto de intereses por el desempeño simultáneo de
funciones congresales y cargo o empleo privado por parte del hoy accionado en el
partido Colombia Justa Libres.
Para el efecto, se procederá a establecer el alcance de la causal de pérdida de
investidura mencionada y, posteriormente, se examinará el caso concreto a la luz
de ese contenido.
4. Violación del régimen de incompatibilidades por desempeñar cargo o
empleo público o privado. Alcance de la causal
Tal como se anotó, la causal de pérdida de investidura que convoca la atención de
esta Sala Especial de Decisión es la relativa al desconocimiento del régimen de
incompatibilidad, prevista en el numeral 1 del artículo 183 constitucional, por el
incumplimiento de la prohibición establecida en el numeral 1° del artículo 180
superior y en el ordinal 1° del artículo 282 de la Ley 5 de 1992, según la cual: “Los
congresistas no podrán: 1. Desempeñar cargo o empleo público o privado”.
Según se ha establecido por la jurisprudencia de esta corporación, la finalidad de
esta causal de incompatibilidad es (i) proteger la dedicación exclusiva de la labor
del congresista, e (ii) impedir la utilización del poder derivado de su calidad en
actividad diferente, sea pública o privada, bajo el entendido de que, como lo señaló
la Asamblea Constituyente, “[l]a condición de parlamentario da a las personas que la ostentan,
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una excepcional capacidad de influencia sobre quienes manejan dineros del Estado y en general
sobre quienes deciden los asuntos públicos, que establece condiciones inequitativas de competencia
con el común de las gentes amén que puede llevar a la corrupción general del sector público [porque
la rama del poder que debe ser en últimas la responsable de la fiscalización, se compromete con los
sujetos de esa fiscalización] 11”.
Por eso, siguiendo la línea establecida por la corporación, se ha entendido que “lo
que prohíbe la Constitución Política no es la superposición de jornadas laborales, sino el
quebrantamiento de la condición de dedicación exclusiva que impuso el constituyente al cargo de
congresista y la utilización del poder que imprime tal calidad, en cargo, empleo o dignidad
diferente12”. Así se previó por la Asamblea Constituyente al señalar que “…el congresista
debe ser alguien que dedique de manera real su plena capacidad de producción intelectual y de
tiempo a las labores propias del parlamento”.
Ahora bien, con base en el texto de la causal de incompatibilidad y en la
interpretación que del mismo se ha efectuado jurisprudencialmente, los elementos
objetivos que la estructuran corresponden, para lo que aquí interesa, a los
siguientes:
• Sujeto activo. El congresista, razón por la cual se requiere de su posesión
como tal.
• Conducta reprochada. El ejercicio simultáneo de funciones congresales y
aquellas derivadas de cargo o empleo público o privado, sea que estas últimas
se desarrollen o ejecuten a título gratuito u oneroso, con subordinación o sin
ella, y dentro de la jornada de trabajo del congresista o en su tiempo libre.
Tres son las razones que sustentan lo anterior. Primero, porque el término
desempeñar alude al desarrollo simultáneo de las funciones congresales y las
correspondientes al cargo o empleo público o privado correspondiente. Así lo
establece de manera expresa el artículo 20 de la Ley 1881 de 2018 al prever
que: “[p]ara los efectos del numeral 1 del artículo 180 de la Constitución Política, se entenderá
que el Congresista debe estar realizando, simultáneamente con las de parlamentario,
funciones inherentes a las del cargo o empleo público o privado 13”.
De ahí, entonces, que no baste con tener u ostentar un cargo o empleo público
o privado, sino que es preciso realizar, cumplir o ejecutar de alguna manera
funciones propias del mismo14.
Segundo, porque las categorías de cargo o empleo público o privado aluden a
dos tipos de connotaciones o relaciones. Una, relativa a la existencia de un
vínculo laboral (contrato de trabajo, o de una relación legal y reglamentaria, o
de derecho público). Otra, la de “dignidad, tarea o encargo (persona que no tiene una
relación laboral, pero que por la importancia o trascendencia de la dignidad o encargo que se
11 Acta del 16 de abril de 1991. En: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 6 de octubre de 2009, M.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2008-
01234-00(PI).
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de septiembre de 1994,
M.P: Dolly Pedraza de Arenas, expediente Nro.: AC-1610. Reiterada en sentencias del 18 de julio de 2000,
M.P: Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente Nro.: AC-10203, y, del 6 de octubre de 2009, M.P.: Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2008-01234-00(PI).
13
Antes de esta norma aplicaba la prevista en el artículo 18 de la Ley 144 de 1994 que era del mismo tenor.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de 2002, M.P.:
Roberto Medina López, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2001-0131-01.
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le ha confiado podría verse abocada a tomar partido en una u otra dirección; y por ende, a
comprometer los intereses de ese ente u organismo, y eventualmente, los suyos propios) 15”.
Tercero, porque como lo ha establecido el Consejo de Estado, ese ejercicio
puede ser remunerado o gratuito, con subordinación o sin ella, durante la
jornada de trabajo del congresista o en su tiempo libre, porque, se repite, lo
prohibido es el desempeño de funciones o actividades distintas a las
congresales. Así lo ha señalado la corporación al precisar que:
“… la Constitución Política estableció la incompatibilidad que se analiza, no sobre la base de
que el cargo o empleo, entendidos también como oficio, se ejerza remuneradamente,
mediante vínculo jurídico, sometido a dependencia o subordinación, sin autonomía técnica,
durante la jornada de trabajo del Congresista o de manera que le impida su desempeño. No.
Aquel ejercicio puede ser remunerado o gratuito, con vinculación jurídica o sin ella bajo
subordinación o con autonomía administrativa o técnica, en el tiempo libre del congresista o
durante su jornada de trabajo, y la incompatibilidad es predicable aun frente al mejor de los
congresistas por su cumplimiento, ya que lo que pretendió el constituyente de 1991, fue exigir
la exclusividad de la labor personal de aquellos, precaver la posibilidad de un tráfico de
influencias y evitar que su profesión u oficio se use en beneficio de terceros, de modo que se
garantice su independencia, la cual se desvanece si el congresista entra a participar de un
engranaje comercial, como cuando presta sus servicios a empresas de esta naturaleza 16”.
• Excepciones. En el artículo 283 de la Ley 5 de 1992 se establecieron las
excepciones al régimen de incompatibilidades de los congresistas.
Y, respecto de la conducta en comento, se encuentran permitidas las
actividades previstas en los numerales 1, 9, 10, 11 y 12 ibídem, que se refieren,
en su orden, al ejercicio de la cátedra universitaria; a la participación en los
organismos directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan
obtenido personería jurídica de acuerdo con la ley; a la prestación del servicio
de salud en forma gratuita y siendo profesional de la salud; a la participación
en actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas; y, a la
pertenencia a organizaciones cívicas y comunitarias.
Para lo que aquí interesa, la excepción prevista en el numeral 9 del artículo en
comento (relativa a la participación en los organismos directivos de los partidos
o movimientos políticos que hayan obtenido personería jurídica de acuerdo
con la ley) se sustenta en los artículos 40 y 127 superiores; normas
constitucionales que reconocen el derecho político a constituir partidos,
movimientos o agrupaciones políticas y a formar parte de ellos, y que permiten
a los congresistas tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos
políticos.
Así lo entendió la Corte Constitucional en la sentencia C-985 de 1999 en la
que declaró la exequibilidad del numeral 9 del artículo 283 de la Ley 5 de 1992
bajo el siguiente razonamiento:
“4.2 Los numerales 9, 10, 11 y 12 acusados permiten al congresista, participar en los
organismos directivos de los partidos y movimientos políticos; prestar el servicio de salud
gratuitamente cuando el congresista sea profesional de la salud; participar en actividades
científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas; y, pertenecer a organizaciones
cívicas y comunitarias.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de octubre de 2009, M.P.:
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2008-01234-00(PI).
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de julio de 2000, M.P.:
Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente Nro.: AC-10203.
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Pérdida de investidura
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Estas excepciones no se desprenden ni de la enunciada en el parágrafo 1º del artículo 180 de
la Carta Política -el ejercicio de la cátedra universitaria-, ni de aquellas que el legislador puede
establecer de conformidad con el numeral 2º del artículo ibídem; ellas constituyen desarrollo
de normas constitucionales que de manera directa y explícita reconocen derechos, y que en
tal virtud, no pueden generar como consecuencia para el congresista, incompatibilidades en
el ejercicio de su investidura.
Así, el artículo 40 de la Constitución reconoce dentro de los denominados derechos políticos
que tienen los ciudadanos, el de "constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin
limitación alguna" y "formar parte de ellos libremente".
Por su parte, el artículo 127 ibídem permite a los congresistas, por la naturaleza política de su
cargo, y por expresa disposición constitucional, tomar parte en las actividades de los partidos
y movimientos políticos, en cuanto no los incluye dentro de los empleados a quienes se les
impone la prohibición de tomar parte en dichas actividades.
Por lo tanto, la excepción contenida en el numeral 9 del artículo 283 de la ley 5ª de 1992, al
permitir a los congresistas tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos
políticos, no desconoce el ordenamiento constitucional”. (Resalto del original)
5. Caso concreto
5.1. No configuración de la causal endilgada
La lectura de los elementos de convicción allegados al proceso informa que:
• Por medio de la Resolución Nro. 3198 del 20 de diciembre de 201817, dictada
por el Consejo Nacional Electoral, se reconoció personería al partido político
Colombia Justa Libres; acto en el que, además, figuró como miembro fundador
e integrante permanente del Consejo Directivo Nacional del partido político el
hoy accionado.
• El Senador John Milton Rodríguez fungió como co-presidente delegado del
partido político Colombia Justa Libres en dos oportunidades, a saber: (i) desde
el 15 de febrero de 2019 hasta el 31 de octubre del mismo año, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución Nro. 002 del 19 de febrero de 2019; y, (ii)
desde el 15 de febrero de 2021 hasta la Convención Nacional del Partido -
realizada el 30 de julio del mismo año-, de conformidad con lo establecido en
el comunicado de Delegación de Co-presidencia del 15 de febrero de 202118.
Así lo puso de presente la secretaria general y representante legal del partido
político, señora Flor Angélica Rueda Rozo19, en escrito del 20 de septiembre
de 202120.
• De conformidad con los estatutos del partido político, la dirección del mismo
corresponde a la Convención Nacional (artículos 29 y 3121), y al Consejo
17 Índice 44 SAMAI.
18 Documento en el que se lee lo siguiente: “Por voluntad del Copresidente Apóstol Eduardo Cañas Estrada
haciendo uso del numeral 2 Articulo 41. Delega sus funciones políticas con el apoyo administrativo,
financiero, jurídico y político que se requiera para esta función; hasta que se realice la Convención Nacional
del Partido correspondiente al año 2021, al Senador John Milton Rodríguez, con el fin de atender
compromisos inaplazables de carácter Ministerial.”
19 Calidades cuyo registro en el registro de partidos y movimientos políticos se ordenó mediante Resolución
Nro. 4284 del 02 de septiembre de 2021, dictada por el Consejo Nacional Electoral. Índice 44 SAMAI.
20
Índice 44 SAMAI.
21 Según lo previsto en esta disposición, las funciones de la Convención Nacional corresponden a: (i) la reforma
de los estatutos, (ii) la elección de los miembros del Consejo Directivo Nacional del Partido, de la Revisora
Fiscal, y del candidato a la Presidencia de la República y su vicepresidente, y, (iii) las demás contempladas
en la ley.
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Directivo Nacional cuando no se encuentre reunida aquella (artículos 37 y
4022).
Por su parte, a la Presidencia del partido le corresponde, entre otras, la
representación del mismo, la coordinación de la política y la estrategia del
partido conforme las recomendaciones y decisiones del Consejo Directivo
Nacional, dar cumplimiento a las resoluciones, disposiciones o declaraciones
que expida el Consejo Directivo Nacional, y, reglamentar las funciones de los
Consejos Directivos Departamentales y Municipales e intervenir en la solución
de los problemas que puedan surgir en las relaciones internas del partido o
entre los órganos directivos de éste y las autoridades regionales del mismo.
Cabe anotar, además, que la presidencia del partido está asignada al
Presidente y/o Co-presidentes, los cuales, “en su fuero personal, podrá[n] encargar
sus funciones de manera temporal o definitiva a un miembro del Consejo Directivo Nacional”
(artículo 41);
Examinado lo anterior a la luz de las reglas establecidas por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, esta Sala Especial de Decisión estima que el hoy accionado no
ejerció cargo o empleo público o privado.
Es cierto que el Senador John Milton Rodríguez se desempeñó como miembro
permanente del Consejo Directivo Nacional del partido Colombia Justa Libres y,
transitoriamente, como co-presidente delegado del mismo partido político; empero,
no lo es menos, que tales actuaciones no corresponden al ejercicio de cargos o
empleos públicos o privados.
No puede hablarse de un cargo o empleo público porque, como lo ha sostenido la
jurisprudencia del Consejo de Estado, los partidos políticos no son entidades
públicas ya que “no hacen parte de la estructura del Estado, integrada por las ramas legislativa,
la ejecutiva y la judicial, por los órganos de control y por la organización electoral, según lo
establecido en los títulos V, VI, VII, VIII, IX y X de la Constitución 23”.
Tampoco puede considerarse que se ejerció un cargo o empleo privado porque, a
partir de lo establecido en los artículos 40, 107, 108, 109, 111, y 152 -literal c)-
constitucionales, los partidos y movimientos políticos no pueden asimilarse a las
personas jurídicas de derecho privado, ya que “tienen objetivos diferentes, que no son
22 De acuerdo con el contenido de esta previsión, las funciones del Consejo Directivo Nacional corresponden,
entre otras, a (i) la definición de los lineamientos políticos, programáticos y económicos del partido, (ii) la
adopción de los lineamientos de la agenda legislativa del partido de los entes legislativos y de los entes
administrativos regionales, (iii) la definición, en consenso, de las relaciones políticas del partido frente al
Gobierno Nacional y a los Gobiernos Territoriales, (iv) estudiar y autorizar la celebración de coaliciones,
adhesiones y alianzas políticas en los niveles nacional, departamental y local, (v) la elaboración y aprobación
del presupuesto anual de gastos del partido, (vi) diseñar, implementar y ejecutar campañas de promoción y
afiliación al partido, (vii) la implementación de los mecanismos y procedimientos necesarios para evitar
cualquier fuente de financiación ilegal, (viii) implementación de los mecanismos necesarios e idóneos que
permitan garantizar el cumplimiento de los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales,
y (ix) creación de Centros de Pensamiento o Escuelas de Gobierno y Fundaciones de acción social adscritas
al partido.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de enero de 2004, M.P.:
Ana Margarita Olaya Forero, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2003-01159-01.
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políticos como los de aquéllos 24, y que están sujetas a una normatividad distinta de Derecho Público,
consagrada en los Códigos Civil y de Comercio, y demás disposiciones que los complementen 25”.
Eso explica el porqué, a la luz de los pronunciamientos del Consejo de Estado, los
cargos directivos de los partidos o movimientos políticos no son cargos o empleos
públicos o privados, sino cargos políticos, cuyo desempeño no da lugar a la
estructuración de la causal de desinvestidura26.
Agréguese a lo dicho, que la participación del hoy Senador en el Consejo Directivo
Nacional del partido político -como miembro permanente- y como co-presidente
delegado -de manera transitoria en los años 2019 y 2021- corresponden al ejercicio
de actividades válidas que no generan la causal de desinvestidura, por tratarse de
actuaciones cobijadas dentro de la excepción establecida en el numeral 9° del
artículo 283 de la Ley 5 de 1992.
Considérese, de una parte, que el partido Colombia Justa Libres obtuvo el
reconocimiento de su personería jurídica de acuerdo con las previsiones legales, tal
como lo informa el contenido de la Resolución Nro. 3198 del 20 de diciembre de
2018 dictada por el Consejo Nacional Electoral.
Y, de otra, que tanto el Consejo Directivo Nacional como la Presidencia del partido
Colombia Justa Libres corresponden a organismos directivos, de acuerdo con lo
establecido en los estatutos del mismo partido político.
Así, el Consejo Directivo Nacional del partido político no solo se encuentra referido
en el aparte de ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN A NIVEL NACIONAL , sino
que sus funciones corresponden, materialmente, a las de dirección, ya que se
encarga, entre otros, de la definición de aspectos relevantes para la orientación de
la organización política, tal como sucede con los lineamientos políticos,
programáticos y económicos del partido, o la autorización de coaliciones,
adhesiones y alianzas políticas, y la definición de las relaciones frente al Gobierno
Nacional y a los gobiernos territoriales.
Y la Presidencia del partido lo es, porque le corresponde, entre otras, el desarrollo
de funciones de representación, de coordinación de la estrategia política del partido,
y de acatamiento de lo definido por el Consejo Directivo Nacional, a más de que la
misma no corresponde a un organismo de representación -pues no se trata de un
comité sectorial o de un grupo poblacional27-.
24 Objetivo que, al tenor de lo establecido en la jurisprudencia de la corporación, corresponde al siguiente: la
conquista del poder o la participación en su ejercicio, a través de la obtención de escaños en las
corporaciones de elección popular.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de febrero de 1994, M.P.:
Ernesto Rafael Ariza Muñoz, expediente Nro.: AC-1386. Postura reiterada en: Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de enero de 2004, M.P.: Ana Margarita Olaya
Forero, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2003-01159-01.
26 C.fr., entre otros: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del: (i) 23 de
febrero de 1994, M.P.: Ernesto Rafael Ariza Muñoz, expediente Nro.: AC-1386; (ii) 13 de diciembre de 1994,
M.P.: Delio Gómez Leyva, expediente Nro. AC-2051; (iii) 29 de abril de 1997, M.P.: Mario Alario Méndez,
expediente Nro.: AC-4534; (iv) 20 de enero de 2004, M.P.: Ana Margarita Olaya Forero, radicado nro.: 11001-
03-15-000-2003-01159-01.
27 Al tenor de lo previsto en el artículo 42 de los estatutos del partido político Colombia Justa Libres, los Comités
Sectoriales y Grupos Poblacionales son “los órganos colegiados de carácter político que representan un
grupo poblacional de interés nacional, forman parte integral del PARTIDO y tienen como propósito trabajar
por el beneficio de sus pares…”.
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Por último, contrario a lo afirmado por el solicitante, el pronunciamiento del Consejo
de Estado en el caso del Senador Edgar Perea Arias (q.e.p.d.) 28 no resulta aplicable
al asunto de la referencia.
Primero, porque en ese caso sí se demostró el desempeño de un empleo privado
de manera simultánea con el ejercicio de las funciones congresales, tal como
sucedió con el desarrollo de la labor de locutor y comentarista deportivo por parte
del entonces Senador; ejercicio que, como se anotó, no se demostró en el presente
caso.
Así lo puso de presente la Corporación al señalar:
“Al respecto, no hay duda, entonces, que cuando el senador Perea simultáneamente con su
desempeño en el Senado, prestó sus servicios como locutor y comentarista deportivo por la
radio y la televisión, ejerció el oficio que desde años atrás ha tenido, el cual se ubica, en el
campo privado, por no haber recibido para ello, acto de nombramiento de alguna entidad
estatal.
La conclusión anterior no se ve desvirtuada con las certificaciones expedidas por las empresas
NTC S.A., CARACOL S.A., Emisora Radio Mar Caribe, Telecolombia Ltda., SKY COLOMBIA
S.A. y RTI S.A. de folios 25 a 27 del cuaderno principal, 3 a 9; 25 a 30; 39 a 41; 77 y 78; 82 a
86 y 88 a 92 del cuaderno # 2, según las cuales el demandado no tuvo con ellas relación
jurídica alguna, ni recibió remuneración por la transmisión y/o comentarios deportivos, pues,
como se analizó anteriormente tales vínculo (sic) y remuneración no son elementos necesarios
para la configuración de la incompatibilidad”
Segundo, porque la actividad censurada al Senador Edgar Perea Arias (q.e.p.d.) no
correspondió a una de las excepciones de la incompatibilidad29, mientras que en el
caso concreto, tal como se dijo, las actividades se refieren a la participación del
congresista en organismos directivos de un partido político que obtuvo su
reconocimiento de acuerdo con la ley, excepción a la incompatibilidad prevista en el
numeral 9 del artículo 283 de la Ley 5 de 1992.
Esta Sala Especial de Decisión no desconoce que dentro del proceso existen
elementos de convicción que informan de un pago que se realizó al señor John
Milton Rodríguez a título de devolución de dineros que prestó al partido político.
Empero, el análisis de esta cuestión no es necesario para la resolución del caso
concreto en el que, como se anotó, la conducta del congresista corresponde a una
de las excepciones establecidas por el legislador al régimen de incompatibilidades.
6. De las solicitudes de compulsa de copias
El apoderado del solicitante pidió que se compulsaran copias (i) a los organismos
correspondientes para que investigaran la conducta procesal de la parte accionada
y determinaran si incurrió en alguna falta disciplinaria por la proposición de un
desconocimiento de documento abiertamente improcedente; y (ii) a la Fiscalía
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de julio de 2000, M.P.:
Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente Nro. AC-10203.
29 El Consejo de Estado consideró que las actividades de locución y de comentarios deportivos no daban lugar
a la excepción prevista en el numeral 11 del artículo 283 de la Ley 5 de 1992, esto es, participar en
actividades científicas, artísticas, culturales, educativas y deportivas.
Lo anterior, bajo el entendido de que “la locución o comentarios deportivos, o la locución de comerciales en
espacios deportivos, no constituyen un deporte, sino un oficio. //De aceptarse la tesis en el sentido de que
las formas de participación en la actividad deportiva ostentan una cobertura que trasciende con creces los
escenarios habría de llegarse a la conclusión de que los fabricantes o importadores de elementos deportivos
y los vendedores de mercancías alrededor de los estadios, por ejemplo, también desarrollan una actividad
deportiva y la lógica más elemental determina que ello no es así”.
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General de la Nación por la posible comisión del delito de falso testimonio por parte
del señor David Ricardo Reyes Castro.
Esta Sala Especial de Decisión se abstendrá de ordenar la compulsa de copias
solicitada. Primero, porque la actuación procesal de la parte convocada por pasiva
dentro del presente proceso no se estima arbitraria, caprichosa o abiertamente
irrazonable.
Segundo, porque tampoco se observa, de forma palmaria, que el testigo David
Ricardo Reyes Castro hubiera faltado a la verdad o la hubiera callado parcialmente,
pues sus respuestas coinciden, en términos generales, con la información allegada
al proceso mediante otros elementos de convicción.
En todo caso, el solicitante puede recurrir a las instancias competentes para poner
en conocimiento las infracciones disciplinarias o penales que considere existieron.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Pérdida de Investidura Nro. 13,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de pérdida de investidura del Senador John Milton
Rodríguez, instaurada por el señor Luis Ernesto Correa Pinto, por las razones
expuestas en esta providencia.
2. No acceder a la solicitud de compulsa de copias formulada por el apoderado
del solicitante.
3. Conforme con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, contra esta
sentencia procede el recurso de apelación que deberá interponerse y
sustentarse ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Nro.
13, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
4. En firme esta providencia, archívese el expediente.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial Decisión
de Pérdida de Investidura No. 13 en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Magistrada Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara el voto
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
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