Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04507-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04507-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04507-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
8 de noviembre de 2023
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04507-01
Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04507-01
Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
Demandada: Sor Berenice Bedoya Pérez
Referencia: Pérdida de Investidura
Tema: Pérdida de investidura de Congresista. Subtema 1: Violación del régimen de
incompatibilidades. Desempeñar cargo o empleo público o privado. Subtema 2: Excepción a las
incompatibilidades de congresistas. Participación en los organismos directivos de partidos o
movimientos políticos. Naturaleza jurídica de los partidos políticos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el recurso de apelación
interpuesto por la accionante, Ana Yenci Ospina Girón, contra la sentencia proferida
el 5 de junio de 2023 por la Sala Dieciocho Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura, que negó la solicitud de pérdida de investidura de la congresista Sor
Berenice Bedoya Pérez.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda1
Ana Yenci Ospina Girón solicitó la desinvestidura de la senadora Sor Berenice
Bedoya Pérez, con fundamento en la causal 1 del artículo 183 de la Constitución
Política. Expuso, como fundamento fáctico de su solicitud, los siguientes motivos:
1.1.1. Que, el 22 de marzo de 2022, Sor Berenice Bedoya Pérez fue elegida
senadora para el periodo constitucional 2022-2026 por el Partido ASI, en
coalición con los partidos y movimientos políticos Alianza Verde, Dignidad,
Colombia Renaciente, Verde Oxígeno y Agrupación Política en Marcha.
1.1.2. Que la señora Bedoya Pérez tomó posesión como congresista el 20 de
julio de 2022.
1.1.3. Que el Consejo Nacional Electoral (en adelante, CNE), por resolución
núm. 2173 de 30 de agosto de 2017, “precisó” que Sor Berenice Bedoya
Pérez, como vicepresidenta del Partido ASI, supliría las faltas temporales o
absolutas del presidente; y en ausencia de éste se ha desempeñado como
“presidenta en funciones” de aquel, según lo informa la certificación expedida
por el asesor de Inspección y Vigilancia del CNE, el 2 de julio de 2022.
1 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2.
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Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
1.1.4. Que, desde el 30 de agosto de 2017, en la página web y en las redes
sociales del partido, se registra a Sor Berenice Bedoya Pérez como la
representante legal y presidenta encargada del Partido ASI.
1.1.5. Que, la senadora Bedoya Pérez, en condición de representante legal
del Partido ASI, ha celebrado contratos, y ha suscrito circulares,
comunicados, convocatorias, respuestas a peticiones presentadas en
ejercicio del derecho de petición; extendido directrices y declaraciones, y ha
hecho publicaciones concernientes a la actividad de la organización política.
1.1.6. Que, desde el 30 de agosto de 2017, en esa misma condición, ha
administrado recursos públicos provenientes del Fondo Nacional de
Financiación Política (FNFP) destinados al funcionamiento de los partidos
políticos y, simultáneamente, ha administrado recursos provenientes de la
reposición de votos de los candidatos a las elecciones territoriales y
nacionales del mismo partido; ha avalado la inscripción de candidatos, y
suscrito contratos, directrices y comunicaciones en nombre del partido
1.2. Ana Yenci Ospina Girón invoca, como causal de pérdida de investidura, la
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de
conflicto de intereses por los congresistas prevista en el numeral 1 del artículo 183
de la Constitución Política, en concordancia con los numerales 1, 2, y 4 del artículo
282 de la Ley 5 de 1992 que configuran como causales de incompatibilidad a: (i) el
desempeño de empleo público o privado, (ii) la gestión de asuntos ante entidades
públicas en nombre propio o ajeno y (iii) la celebración de contratos o la ejecución
de gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que
administren, manejen o inviertan fondos públicos, y con el literal c) del artículo 286
de la Ley 5 de 1992, que establece el beneficio directo como uno de los
presupuestos constitutivos del conflicto de intereses. Lo anterior, por cuanto, afirma
la solicitante de la desinvestidura, Sor Berenice Bedoya ha ejercido
“simultáneamente” sus funciones como senadora, y las ya aludidas actividades de
representación legal del Partido ASI, siendo aquellas y estas “incompatibles”, a su
juicio, en cuanto señala que, “los partidos políticos son entidades de carácter
privado”, pero “su funcionamiento depende de la inversión estatal”.
Aparte, la demandante citó varias sentencias en las que el Consejo de Estado
consideró configurada la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo
183.1 de la Constitución2, al haber encontrado acreditado que congresistas ejercían
la función legislativa de manera simultánea con actividades concernientes a: (i) “la
presidencia de una asociación privada”3, (ii) “la presidencia de una universidad”4,
(iii) la gerencia de una sociedad5, (iv) la presidencia del “ consejo de administración
2 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias AC-1610 de 7 de
septiembre de 1994; y AC-11946 de 13 de febrero de 2001.
3 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia AC-534 de 1 de octubre de
1993.
4 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia AC-500 de 5 de octubre de
1993.
5 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia AC-632 de 1 de diciembre
de 1993.
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Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
de una cooperativa (Cooperativa Industrial Lechera de Colombia Ltda.)6”; y (v) como
“comentarista deportivo (locutor de empresas privadas)7. A partir de la
jurisprudencia referida, la accionante infirió que la congresista Bedoya Pérez habría
incurrido en una violación del régimen de incompatibilidades, pues entiende que el
relato fáctico de sus pretensiones da cuenta de las siguientes circunstancias
constitutivas, al tenor de aquella, de incompatibilidad: «cuando exista una actividad
paralela que desempeña el Congresista, [o] un vínculo laboral o contractual que se
ejerza, sea o no remunerada, o aquellas en las cuales exista subordinación,
dependencia, prebenda o beneficio, o que se trate de una actividad con limitación
expresa para los congresistas, o que se vincule al “ejercicio” de una profesión u
oficio».
1.3. La accionante solicitó, como medida cautelar, la “separación temporal de la
curul” derivada de la suspensión provisional del acto de posesión como congresista
de Sor Berenice Bedoya Pérez8.
2. Trámite procesal relevante
2.1. La demanda de pérdida de investidura, presentada ante esta Corporación el 18
de agosto de 20229, fue admitida por medio de auto de 28 de octubre del mismo
año10, después de que la parte accionante la subsanara, con la indicación del correo
electrónico de notificaciones de la congresista11. El auto admisorio fue notificado
por mensaje de datos al agente del Ministerio Público y a la congresista demandada,
el 1 de noviembre de 202212.
2.2. En el escrito de contestación de la demanda13, la senadora Bedoya Pérez se
opuso a la solicitud de pérdida de investidura. Como sustento de su defensa, adujo,
en síntesis, que la representación legal de un partido político no es incompatible con
el ejercicio de la actividad legislativa, porque la participación “en los organismos
directivos de los partidos o movimientos políticos” con personería jurídica constituye
una excepción al régimen de incompatibilidades. En ese orden, la accionada puede
ejercer válidamente el cargo de congresista y, a la vez, asumir las funciones que le
confieren los estatutos del partido, en condición de presidenta, relacionadas con la
gestión de asuntos ante entidades públicas y con la celebración de contratos, ya
que “de no hacerlo su funcionamiento estaría llamado a detenerse conculcando con
6 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia AC-1215 de 14 de abril de
1994.
7 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia AC-10203 de 18 de julio de
2000.
8 Como fundamento de la solicitud, la actora argumentó que: (i) la medida era necesaria para evitar un perjuicio
irremediable, pues la accionada puede dirigir el ejercicio de la labor legislativa en “beneficio de su actividad
privada”, además de la “interferencia del poder legislativo en el manejo de los recursos de funcionamiento de
los partidos”; (ii) la demandada no ha manifestado la incompatibilidad y no ha renunciado a la representación
legal del Partido ASI, “dejando en evidencia su conducta dolosa al faltar intencionalmente a los parámetros
constitucionales y legales”; (iii) la “demanda está razonablemente fundada en derecho”, por evidente violación
del régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses y, (iv) porque resulta más gravoso para el interés
público negar la medida.
9 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 1.
10 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 27.
11 Auto de 23 de agosto de 2022, aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 7.
12 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índices 33 y 34.
13 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 39.
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Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
esto caras garantías constitucionales”.
Agregó que las sentencias citadas en la demanda no tienen identidad jurídica ni
fáctica con este caso, porque las actividades que en esos asuntos configuraron la
causal de pérdida de investidura difieren de la realizada por la demandada como
presidenta encargada y miembro del consejo directivo del Partido ASI. En dichos
asuntos se habría tratado, en concreto, el ejercicio simultáneo de la función
legislativa y la presidencia de la Universidad Libre, la gerencia de la sociedad
privada “Comasanar Ltda.”, la presidencia de una cooperativa lechera y la labor de
comentarista deportivo, así como otros empleos o actividades de naturaleza
privada, que no se equiparan con sus funciones como directiva del Partido ASI.
Adujo, además, que los eventos de incompatibilidad previstos en la Constitución
Política no incluyen la “superposición de jornadas laborales”; sólo prohíben el
ejercicio de cargos públicos o privados de manera simultánea con la actividad
legislativa; supuesto de hecho que no se configura cuando se trata del ejercicio de
funciones que constituyen reglas de excepción, como lo es la participación en los
organismos directivos de los partidos o movimientos políticos.
2.3. El magistrado sustanciador, por auto de 31 de enero de 2023, denegó la
medida cautelar de suspensión en el ejercicio del cargo de congresista, al
considerar que la solicitante había omitido especificar el perjuicio irremediable que
pretendía evitar, así como el eventual beneficio que la senadora obtendría al ejercer
la representación legal del Partido ASI. En razón a ello, concluyó que no había
“evidencia prima facie de la configuración” de la causal de pérdida de investidura
deprecada14.
2.4. En el auto de pruebas del 21 de marzo de 2023, el magistrado sustanciador
decidió15: (i) tener como pruebas los documentos allegados por la accionante, con
la solicitud de pérdida de investidura, y por la senadora, en su contestación; y (ii)
rechazar los requerimientos a entidades, solicitados por la demandante, por tener
por objeto la remisión de documentos que aquel pudo recabar directamente en
ejercicio del derecho de petición, pero también por su falta de conducencia o porque
esos medios acreditarían hechos que podrían demostrarse con otros documentos
allegados al plenario.
Precisó, además, que no procede la tacha de falsedad contra la declaración
extraprocesal aportada por la demandante, con el propósito de acreditar que el
ejercicio de la representación legal del Partido ASI es una actividad remunerada,
pues la legitimación para proponer el incidente recae sobre la parte a quien se le
atribuye la autoría del documento. No obstante, consideró que tampoco procede la
incorporación de esa declaración extraprocesal como testimonio rendido fuera del
proceso, porque la parte acusada no pidió su ratificación, conforme al artículo 222
del Código General del Proceso (“CGP”), y porque, en todo caso, no había “lugar a
ordenar tal ratificación, dado que se trata de una carga que incumbe a la parte”. En
14 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 43.
15 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 48.
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ese orden, concluyó que la declaración extraprocesal es un documento privado de
contenido declarativo que sería valorado conforme al alcance que la ley le confiere.
2.5. En audiencia pública, celebrada en forma virtual el 2 de mayo de 202316,
intervino el apoderado de la senadora para reiterar lo expuesto en la contestación
de la demanda, con respecto a la configuración de la regla de excepción de
incompatibilidades, y a la impertinencia de la jurisprudencia referida por la actora.
El Ministerio Público, por conducto del procurador primero delegado ante el Consejo
de Estado (E), solicitó desestimar la pretensión de pérdida de investidura, al
considerar que las funciones de la congresista como presidenta y representante
legal del Partido ASI constituyen actividades de carácter político, que no son
asimilables a las actividades ejecutadas en ejercicio de un “cargo o empleo privado”
y, por tanto, “no discrepa de sus labores legislativas que son naturalmente políticas”.
El magistrado sustanciador, una vez concluidas las intervenciones de la congresista
y del representante del Ministerio Público, dispuso terminar la audiencia con la
constancia de que la accionante, Ana Yenci Ospina Girón, no asistió a la diligencia.
2.6. La Sala Dieciocho Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, en
sentencia del 5 de junio de 202317, negó la solicitud de desinvestidura. Como
fundamento de esta decisión, el a quo consideró:
2.6.1. Que la violación del régimen de conflicto de intereses aducida por la
accionante no se encontró probada, porque esta no demostró la existencia
de un beneficio particular, actual y directo a favor de la senadora, pues no
refirió “la discusión en la que participó o votó la congresista respecto de la
cual se estructuraría el conflicto de intereses”, ni hizo referencia a un interés
concreto derivado de un hecho presente, “sino a un hecho que puede o no
ocurrir”.
2.6.2. Que tampoco encontró configurada la causal de violación del régimen
de incompatibilidades por el ejercicio de un cargo público o privado de
manera simultánea con el de congresista, porque, de acuerdo con el numeral
9 del artículo 283 de la Ley 5 de 1992, las incompatibilidades constitucionales
no obstan para que los congresistas puedan participar en los organismos
directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido
personería jurídica de acuerdo con la ley. Según esa disposición, cuya
exequibilidad fue declarada en sentencia C-985 de 1999, la aplicación de la
excepción a las incompatibilidades requiere la concurrencia de dos
elementos, que son: (i) el reconocimiento del partido político con su
personería jurídica, y (ii) que sean ejercidas actividades propias de los
organismos directivos de los partidos políticos, no cualquier actividad
relacionada directa o indirectamente con estos. Estos elementos concurren
en este asunto, porque se acreditó el reconocimiento de la personería jurídica
del Partido ASI y que, de acuerdo con sus estatutos, la congresista Bedoya
Pérez ejerce su representación legal, y forma parte de órganos de
16 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índices 60 y 61.
17 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 64.
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Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
representación y dirección del partido, como presidente y miembro de la
convención nacional y del comité ejecutivo nacional.
2.6.3. Que la violación del régimen de incompatibilidades por el ejercicio de
dos cargos (artículo 282.1, Ley 5 de 1993) tampoco se halla configurada,
debido a que los partidos políticos no son entidades de derecho público ni
personas jurídicas de derecho privado, sino organizaciones que cumplen
funciones políticas. Por tanto, los cargos directivos de los partidos son
“cargos políticos, cuyo desempeño no da lugar a la estructuración de la
causal de desinvestidura”, aun cuando las funciones propias de dichos
cargos sean remuneradas, “por cuanto la norma no establece que la
excepción estudiada es sólo predicable respecto de la participación del
congresista a título gratuito”.
2.6.4. Que la incompatibilidad por la gestión de asuntos ante entidades
públicas (artículo 282.2, Ley 5 de 1992) tampoco fue probada, ya que las
actividades ejercidas por la congresista Bedoya Pérez, como representante
legal del Partido ASI, “son propias de los organismos directivos del partido”
y, en todo caso, la accionante no demostró lo contrario.
2.6.5. Que tampoco fue acreditada la configuración de la causal de
incompatibilidad por la celebración de contratos (artículo 282.3, Ley 5 de
1992), pues la accionante “no identificó ni probó a qué contratos de manera
específica se refería que hayan sido celebrados con personas naturales o
jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos
públicos”. Y agregó la primera instancia: «[e]n este punto, es de anotar que,
en reciente jurisprudencia, la Corporación indicó que “la participación del hoy
Senador en el Consejo Directivo Nacional del partido político -como miembro
permanente- y como co-presidente delegado -de manera transitoria en los
años 2019 y 2021- corresponden al ejercicio de actividades válidas que no
generan la causal de desinvestidura, por tratarse de actuaciones cobijadas
dentro de la excepción establecida en el numeral 9° del artículo 283 de la Ley
5 de 199218”».
2.6.6. Que la jurisprudencia citada en la demanda no es aplicable, “porque
no guarda identidad fáctica ni jurídica con este asunto”, pues ninguna de las
providencias judiciales encontró acreditada la violación del régimen de
incompatibilidades por la participación del congresista en los organismos
directivos de partidos o movimientos políticos.
2.7. La accionante, Ana Yenci Ospina, interpuso recurso de apelación, con
sustento en las siguientes razones o motivos de inconformidad19:
«18 Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura nro.13. Sentencia del 26 de mayo
de 2022. Expediente nro. 11001 0315 000 2021 04291 00. C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Arguello».
19 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 69.
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Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
2.7.1. Que la sentencia “desconoce la prohibición constitucional que tienen
los congresistas para ejercer simultáneamente algún cargo durante el tiempo
que ejercen la función congresional [sic] como parlamentarios elegidos,
entendida como incompatibilidades y conflicto de intereses”, pues se
encuentra plenamente demostrado que la senadora accionada es la
representante legal del Partido ASI; cargo en el cual contestó tutelas y
peticiones, suscribió contratos y documentos, y realizó actos de gestión, que
“no son de índole político sino concretamente administrativas, es decir, que
no está actuando como vocera ni como representante política sino con un
carácter administrativo propio del sector privado, ajena [sic] a la política […],
lo cual implica que la demandada está incurriendo materialmente en
actividades incompatibles”.
2.7.2. Que la administración de los ingresos del Partido ASI, en ejercicio de
las funciones atribuidas a la senadora Bedoya Pérez, como su representante
legal, durante el tiempo en que “aspir[ó] al congreso, también gener[ó] un
desequilibrio con los demás candidatos avalados, ya que es [ella] quien
finalmente asigna los recursos que puede [sic] redundar en su exclusivo
beneficio”.
2.8. El recurso de apelación fue concedido por auto del 11 de julio de 202320 y
admitido mediante auto de 27 de julio de 202321, providencia de la que se corrió
traslado a la contraparte, para el ejercicio del derecho de contradicción, y al
Ministerio Público, para que rindiera concepto22. El Procurador para la Conciliación
Administrativa Delegado ante el Consejo de Estado23 rindió concepto, en el que
solicitó confirmar la sentencia apelada, porque, a su juicio, el ejercicio simultáneo
de las funciones de congresista y representante legal del partido “está cobijado por
la excepción prevista en el numeral 9 del artículo 283 de la Ley 5 de 1992” y, en
todo caso, la apelante no demostró que la conducta de la senadora “haya excedido
el ámbito de dicha excepción, como lo sería incurrir en conductas que no son
propias de un cargo directivo”24.
III. CONSIDERACIONES
3.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para resolver el
recurso de apelación presentado por Ana Yenci Ospina Girón en contra del fallo de
primera instancia que negó la solicitud de pérdida de investidura, conforme a lo
previsto en los artículos 184 y 237.5 de la Constitución Política, el artículo 2 de la
Ley 1881 de 2018 y el artículo 34 del Reglamento Interno del Consejo de Estado25.
20 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 71.
21 Aplicativo SAMAI, índice 4.
22 Aplicativo SAMAI, índice 9. Fijación en lista publicada el 1 de agosto de 2023.
23 Doctor Luis Ramiro Escandón Hernández
24 Aplicativo SAMAI, índice 10.
25 Acuerdo No. 080 del 12 de marzo de 2019, publicado en el Diario Oficial 50913 del 1° de abril de 2019, por
medio del cual se compila, entre otros, el Acuerdo 011 del 31 de enero de 2018, que conformó las Salas
Especiales de Decisión de Pérdida de investidura de que trata el artículo 2° de la Ley 1881 de 2018 y se
reglamenta su funcionamiento.
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Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
3.2. La acción de pérdida de investidura fue ejercida en el término de cinco (5) años
previsto en el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, contados desde el día siguiente al
de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de investidura, dado
que la predicada simultaneidad en el ejercicio del cargo de congresista, con el
desempeño de funciones como representante del partido ASÍ, por Sor Berenice
Bedoya Pérez , ocurrió desde el mismo momento en el que ésta tomó posesión
como senadora, esto es, desde el veinte (20) de julio de dos mil veintidós (2022)26;
y la demanda fue radicada, a través de ventanilla virtual, el dieciocho (18) de agosto
de dos mil veintidós (2022)27.
3.3. La accionante, Ana Yenci Ospina Girón se identificó en el escrito de demanda
con su número de cédula, con lo cual se entiende acreditada la condición de
ciudadana legitimada para promover la solicitud de pérdida de investidura de
congresista28-29. La legitimación en la causa por pasiva de Sor Berenice Bedoya
Pérez se encuentra acreditada con la certificación expedida el 7 de septiembre de
2022 por el Secretario General del Senado de la República, de acuerdo con la cual
aquella tomó posesión del cargo de senadora para el periodo constitucional 2022-
2026 en la sesión celebrada el 20 de julio de ese año, publicada en la Gaceta No.
991 de 202230.
3.4. Problema jurídico
3.4.1. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 1881 de 201831, en el curso de la
segunda instancia del proceso de pérdida de investidura, los aspectos no
contemplados en dicha ley se sujetarán a lo dispuesto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (“CPACA”) y,
de forma subsidiaria, a las disposiciones del Código General del Proceso
(“CGP”). En razón a ello, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, como juez de segundo grado32, emitir pronunciamiento “únicamente
26 Según consta en la certificación expedida por el secretario general del Senado de la República. Aplicativo
SAMAI, link “otros expedientes”, índice 13, archivo 523, documento no. 123.
27 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 1.
28 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 7.
29 En este punto resulta pertinente recordar las consideraciones expuestas, por la Sala Dieciocho Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura, en el auto admisorio de presente demanda, fechado el 23 de agosto de
2022 (aptado. 2.1), en el que consideró: “si la solicitud de pérdida de investidura se envía por medios
tecnológicos no será necesario su presentación personal y, si se hace por medios físicos, sí se exige el
cumplimiento de dicho requisito. En este caso, la solicitud de pérdida de investidura se radicó a través de la
ventanilla virtual del Consejo de Estado, de modo que, no es necesario el cumplimiento del requisito de la
presentación personal previsto en el artículo séptimo de la Ley 1881 de 2018”.
30 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 13, archivo 523, documento no. 123.
31 “Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria el Código General
del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
32 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 7 de mayo de 2019,
exp. 2018-00320-01; de 8 de octubre de 2019, exp. 2018-02417-01; de 19 de noviembre de 2019, exp. 2018-
05405-01 y de 13 de abril de 2021, exp. 2020-03518-01.
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Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
en relación con los reparos concretos formulados por el apelante”33, “sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley" 34.
Estas reglas, que son expresiones de los derechos constitucionales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, así como del principio de
prevalencia de lo sustancial sobre las formas35, determinan que la competencia
funcional del ad quem se circunscribe a los aspectos desfavorables al solicitante en
el fallo impugnado, que sean confrontados específicamente por éste. Como
consecuencia de este mandato legal, el recurrente tiene la carga de sustentar la
apelación36, exponiendo, en su oportunidad, los argumentos concretos que
fundamentan su inconformidad respecto de la providencia de primera instancia37,
sin desquiciar con ello la causa petendi, a partir de la cual se estructura la defensa
de la contraparte.
33 CGP, artículo 320. “Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine
la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable
la providencia; respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.”.
34 CGP, artículo 328. “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior
sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no
podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”.
35 En relación con una norma que exigía la sustentación obligatoria en materia penal, la Corte Constitucional
precisó, en consideraciones que atañen a la generalidad del recurso de apelación, lo siguiente: “1. No se
desconoce la garantía constitucional de la doble instancia en lo referente a sentencias (artículos 29 y 31 C.N.),
por cuanto la exigencia de sustentación no implica negar el recurso o excluir toda posibilidad del mismo, […] La
norma no impide al afectado recurrir sino que, permitiendo que lo haga, establece una carga procesal en cabeza
suya: la de señalar ante el superior los motivos que lo llevan a contradecir el fallo. || El apelante acude a una
instancia superior con suficiente competencia para revisar lo actuado, y ante ella expone los motivos de hecho
o de derecho que, según su criterio, deben conducir a que por parte del superior se enmiende lo dispuesto por
la providencia apelada. […] 2. No se niega el acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.N.), ya que
no se establecen obstáculos que hagan imposible llegar al juez, sino que, por el contrario, ello se facilita:
mediante su alegato, quien apela tiene la oportunidad de hacer conocer al fallador de segundo grado los
elementos de juicio en que se apoya su inconformidad. || El acceso a la administración de justicia implica la
certidumbre de que, cumplidas las exigencias previstas en la ley, se obtendrán decisiones relativas al asunto
que ha sido llevado a los estrados judiciales. No comporta, entonces, la ausencia de requisitos o cargas, ya que
unos y otras son inherentes al ejercicio del derecho. || 3. Tampoco es cierto que mediante esta exigencia se
haga prevalecer el procedimiento sobre el derecho sustancial, ya que la norma acusada no conduce a la
nugatoriedad [sic] o al desconocimiento de los derechos que pueda tener el apelante. Más bien se trata de que
éste los haga explícitos con miras a un mejor análisis acerca del contenido de sus pretensiones y de la
providencia misma; al poner de relieve los motivos que llevan al descontento del apelante se obliga al juez de
segunda instancia a fundar su decisión en las consideraciones de fondo a las que dé lugar el recurso. ||
Obsérvese que, existiendo la prohibición de la reformatio in pejus, el apelante único conoce de antemano
que, instaurado el recurso, la decisión del superior no podrá empeorar su situación, de tal manera que,
si en tal caso no le fuera exigida la sustentación de aquél, se propiciaría el ejercicio irresponsable de
este derecho, con la consiguiente dilación del proceso. || 4. Razones de economía procesal y de mayor
eficiencia en la administración de justicia aconsejan que el apelante indique las que, en su sentir, son falencias
de la decisión impugnada, haciendo así que el juez superior concentre su análisis en los aspectos relevantes
de la apelación, sin perjuicio de considerar aquellos otros factores que, en su sentir, deban tenerse en cuenta
para resolver. Esto último siempre que no se vulnere el aludido principio, plasmado en el artículo 31 de la
Constitución, a cuyo tenor no puede el superior agravar la pena impuesta al apelante único. CORTE
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994 (énfasis añadido).
36 El artículo 247 del CPACA prevé la obligación del recurrente de sustentar la apelación, como actuación previa
a que sea concedida.
37 CGP. Artículo 322, numeral 3, incisos segundo y tercero: “Cuando se apele una sentencia, el apelante, al
momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días
siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá
precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la
sustentación que hará ante el superior. || Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente
exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada”.
9
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Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
3.4.2. En la solicitud que dio inicio a este trámite, la accionante endilgó a la
senadora Bedoya Pérez las siguientes conductas que consideró constitutivas de
violación del régimen de incompatibilidades, inhabilidades o de conflicto de
intereses (artículo 183, Constitución Política): (i) el desempeño de cargo o empleo
público o privado (artículo 180.1, Constitución Política, y artículo 282.1, Ley 5 de
1992); (ii) la gestión de asuntos o celebración de contratos ante entidades públicas
(artículo 282.2, Ley 5 de 1992); y (iii) la celebración de contratos o ejecución de
gestiones con personas de derecho privado que administran, manejan o invierten
fondos públicos o, que sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste
(artículo 282.4, Ley 5 de 1993); conductas estas que, señaló la acusada, había
realizado concomitantemente con sus funciones como congresista.
El a quo desestimó la solicitud de pérdida de investidura por violación del régimen
de incompatibilidades por cuanto consideró, a la luz del artículo 283.9 de la Ley 5
de 1992, que las actividades atribuidas en la demanda a la congresista formaban
parte del rol propio de los organismos directivos del Partido ASI; por lo que concluyó,
que aquella obró al amparo de una excepción al régimen de incompatibilidades.
A modo de fundamento de la alzada, la actora dijo que las actividades, que como
representante del Partido ASI habría realizado la senadora Bedoya Pérez, no tenían
un carácter político, sino administrativo, razón por la cual configuraban “actividades
incompatibles”. Confinados, entonces, sus motivos de inconformidad, al ámbito de
las incompatibilidades, ya que la recurrente no atacó las consideraciones del a quo
con base en las cuales desestimó la violación del régimen de conflicto de intereses
—que también invocó como sustento de su solicitud— sino aquella en la cual se
basó para desestimar la violación del régimen de incompatibilidades, la Sala se
concentrará en el análisis de esa causal, pese a que la apelante mencionó,
tangencialmente, la violación del régimen de conflicto de intereses, en su recurso38.
No pasa por alto la Sala, que la apelante refirió, en su segundo cargo de la alzada,
una eventual asignación desequilibrada de recursos, como representante legal del
Partido ASI, cuando aspiró al Congreso de la República. Como, en la demanda, la
accionante adujo que, con tal hecho, se configuraban las incompatibilidades
previstas en los numerales 2 y 4 del artículo 282 de la Ley 5 de 199239, el estudio
38 En concreto, la apelante dijo al encabezar el primer cargo de la alzada, lo siguiente: “En primer lugar, el fallo
desconoce la prohibición constitucional que tienen los congresistas para ejercer simultáneamente algún cargo
durante el tiempo que ejercen la función congresional [sic] como parlamentarios elegidos, entendida como
incompatibilidades y conflicto de intereses”. Sin embargo, como se mencionó, al desarrollar dicho cargo, su
censura se enfocó en las consideraciones por las que el a quo desestimó la configuración de la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de incompatibilidades; razón por la cual el estudio de la Sala
se centrará en esa causal.
39 En concreto, la solicitante dijo: “1.1. Concepto de Incompatibilidad || 1.1.1. La señora Sor Berenice Bedoya
Pérez identificada con la cedula de ciudadanía 32.557.852, avalada por la Coalición Centro Esperanza con el
número 4, ha venido ejerciendo como representante legal del Partido Alianza Social Independiente – ASI, desde
el mes de agosto de 2017 hasta la presentación de esta demanda, violando la restricción establecida en el
numeral 1 del artículo 282 de la ley 5 de 1992. || 1.1.2. En virtud de dicho cargo de presidente y representante
legal del Partido ASI, entre el día 30 de agosto de 2017 y hasta el momento de presentación de esta demanda,
la señora Berenice Bedoya ha venido administrando recursos públicos provenientes del Fondo Nacional de
Financiación Política (FNFP), que son recursos estatales destinados al funcionamiento de los partidos políticos,
al tiempo que también ha administrado los recursos relacionados con la reposición de votos de los candidatos
a [e]lecciones territoriales y nacionales del mismo Partido ASI, violando las restricciones establecidas en los
numerales 2 y 4 del artículo 282 de la ley 5 de 1992”
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04507-01
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de este segundo cargo reconduce nuevamente al análisis de la excepción al
régimen de incompatibilidades.
3.4.3. Por lo tanto, para guardar estricta armonía con el motivo de la impugnación,
la Sala procede a dar respuesta al siguiente problema jurídico:
¿Las actividades que la parte accionante señala como realizadas por la senadora
Sor Berenice Bedoya Pérez como representante del partido político ASI, pueden
considerarse administrativas, no políticas, y en cuanto tales se encuentran
sustraídas del ámbito de la excepción al régimen de incompatibilidades previstas
en el artículo 283.9 de la Ley 5 de 1992?
3.5. Análisis del problema jurídico:
3.5.1. Sobre el carácter político de los actos de dirección y gobierno
interno de los partidos, y su relación con la excepción al
régimen de incompatibilidades de los congresistas que
participan en los organismos directivos de los partidos o
movimientos políticos con personería jurídica
3.5.1.1. De acuerdo con los artículos 180 de la Constitución Política40, 281 de la Ley
5 de 199241 y 20 de la Ley 1881 de 201842, las incompatibilidades son actos que los
congresistas no pueden realizar o ejecutar durante el período de ejercicio de la
función legislativa. Ningún acto acaecido o realizado al margen de dicho periodo
puede configurar incompatibilidad alguna.
3.5.1.2. El artículo 283.9 de la Ley 5 de 1992, que sustrae, por excepción, del ámbito
de las incompatibilidades de los congresistas, el ejercicio directo o por medio de
apoderado de las actividades que impliquen “participar en los organismos directivos
de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido personería jurídica de
acuerdo con la ley”43, debe interpretarse en concordancia con el artículo 9 de la Ley
1475 de 2011 —por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de
los partidos y movimientos políticos—, en cuanto establece que “los directivos son
aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización, hayan sido
40 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, artículo 180. “Los congresistas no podrán: || 1. Desempeñar cargo o empleo
público o privado. || 2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las
personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por si o por interpuesta
persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición. || 3. Ser miembro de juntas o
consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren
tributos”.
41 LEY 5 DE 1992, artículo 281. “Concepto de incompatibilidad. Las incompatibilidades son todos los actos que
no pueden realizar o ejecutar los Congresistas durante el período de ejercicio de la función”.
42 LEY 1881 DE 2018, artículo 20. “Para los efectos del numeral 1 del artículo 180 Constitución Política, se
entenderá que el Congresista debe estar realizando, simultáneamente con las de parlamentario, funciones
inherentes a las del cargo o empleo público o privado”.
43 LEY 5 DE 1992, artículo 282. “Excepción a las incompatibilidades. Las incompatibilidades constitucionales no
obstan para que los Congresistas puedan directamente o por medio de apoderado: || 1. Ejercer la cátedra
universitaria. […] Participar en los organismos directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan
obtenido personería jurídica de acuerdo con la ley […]”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04507-01
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inscritas ante el Consejo Nacional Electoral cómo designados para dirigirlos y para
integrar sus órganos de gobierno”44.
3.5.1.3. La dirección y el gobierno interno de los partidos han de entenderse como
manifestaciones y desarrollo de la normativa constitucional que declara los
derechos políticos, y en particular, del artículo 40 constitucional, que establece el
derecho a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación
alguna, razón por la cual, el ordenamiento jurídico “permite a los congresistas, por
la naturaleza política de su cargo, y por expresa disposición constitucional, tomar
parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos, en cuanto no los
incluye dentro de los empleados a quienes se les impone la prohibición de tomar
parte en dichas actividades” 45.
3.5.1.4. La diferenciación entre funciones políticas y funciones administrativas, a la
que alude la recurrente, se revela fundada en una analogía de la clasificación de los
actos de la administración pública como trasunto de la posición que en el estado
liberal se atribuye a la administración respecto del poder político. Ella presta utilidad
en ese contexto para caracterizar a la administración como “un aparato
especializado y profesionalizado cuya única función consiste en ejecutar las
orientaciones decididas por el poder político, que se imponen a ella con fuerza
constrictiva”. El fundamento de tal diferenciación reside en el carácter representativo
de los órganos políticos, rasgo ausente en los órganos típicamente administrativos46
dentro de la administración pública.
3.5.1.5. Los partidos políticos, en cuanto organizaciones “garantes de la
participación democrática y pluralista de los ciudadanos, sin distinción alguna, para
acceder al poder, a los cargos de elección popular y para influir en las decisiones
políticas de la Nación […] no son entidades públicas, dado que no hacen parte de
la estructura del Estado […]”47. No resulta válido extrapolar al ámbito de los partidos
políticos, los criterios que permiten clasificar las funciones de los órganos de la
administración pública, pues tal ejercicio no ha sido realizado por el legislador como
supuesto normativo para regular la organización de los partidos políticos, como
tampoco para reducir o ampliar el alcance de las incompatibilidades de los
congresistas.
3.5.1.6. La jurisprudencia de esta Corporación ha aclarado que “las funciones que
cumplen las directivas de los partidos son políticas”, caracterización esta que
le ha permitido diferenciarlas de aquellas que son propias de las “sociedades,
corporaciones o fundaciones privadas […]48, pero que en modo alguno ha de mover
a inferir que impliquen inserción de estas colectividades en la estructura del Estado
44 LEY 1475 DE 2011, artículo 9. Directivos. “Entiéndase por directivos de los partidos y movimientos políticos
aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización, hayan sido inscritas ante el Consejo
Nacional Electoral cómo designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno, administración y
control […]”.
45 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-985 de 9 de diciembre de 1999.
46 CHEVALIER y LOSCHAK, Ciencia Administrativa, MAP/INAP, Madrid, 1986, pág. 172.
47 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-985 de 9 de diciembre de 1999.
48 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias del 23 de febrero de 1994,
exp. AC-1386, del 13 de diciembre del mismo año; y del 29 de abril de 1997, exp: AC-4534.
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o de la administración pública. Al punto ha dicho también que, los partidos políticos
no “implican vínculo jurídico alguno con el Estado ni hacen parte de la estructura
del mismo, por lo que no pueden calificarse como públicos”49.
3.5.1.7. Sin duda alguna, la dirección y el gobierno interno de los partidos políticos
comprende la orientación de las operaciones de la organización, con un cierto grado
de autoridad reconocido en sus estatutos, pero también, dependiendo del grado de
complejidad que tenga su estructura funcional, puede extenderse a otras labores
materiales, de mera ejecución que, aunque puedan guardar simetría con las que
desarrollan las entidades privadas para la concreción de sus fines, concurren todas
a la realización de los fines políticos que entraña su objeto, cual es el de servir de
medio para la expresión de “los intereses y exigencias de inserción en la agenda
pública de determinados grupos sociales”, y la canalización de “la voluntad pública
de forma que incid[a]n inclusive en el contenido concreto de la pluralidad de
intenciones”50.
3.5.1.8. La diferenciación que sustenta el motivo central de la impugnación, además,
introduce una distinción allí donde el legislador no ha distinguido.
3.5.2. Sobre el mérito de las pruebas traídas a este trámite de
pérdida de investidura.
3.5.2.1. Con documentos públicos —que hacen fe de las declaraciones que en ellos
se haga51— y privados, cuya autenticidad se presume en ambos casos52, fue
acreditado en este proceso que:
3.5.2.1.1. Sor Berenice Bedoya Pérez fue elegida senadora para el período
constitucional 2022-2026, como candidata de la coalición Alianza Verde y
Centro Esperanza de la que formó parte el Partido ASI, según consta en la
certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República
el 7 de septiembre de 202253 y en la resolución E-3332 de 19 de julio de 2022,
dictada por el CNE54.
3.5.2.1.2. Mediante resolución 18 de 18 de febrero de 1992 fue reconocida la
personería jurídica del Partido ASI, y por medio de las resoluciones 2173 de
30 de agosto de 2017 y 2279 de 11 de junio de 2019 expedidas por el CNE,
se autorizó la inscripción de los integrantes del Comité Nacional Directivo, de
acuerdo con la certificación dictada por el asesor de Inspección y Vigilancia
del CNE el 2 de julio de 201955.
49 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de abril de 2012, rad.
11001-03-15-000-2011-00865-00(PI). (Énfasis propio).
50 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-490 de 23 de junio de 2011.
51 CGP, artículo 257, en concordancia con el artículo 21 de la Ley 1881 de 2018 y el artículo 211 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
52 CGP, inciso 2º del artículo 244, en concordancia con el artículo 21 de la Ley 1881 de 2018 y el artículo 211
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
53 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 13, archivo 523, documento no. 123.
54 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 6.
55 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 142.
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Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
3.5.2.1.3. Sor Berenice Bedoya Pérez fue designada vicepresidenta del
Partido ASI en la convención nacional ordinaria, celebrada por esa
organización entre el 25 y el 28 de enero de 2017, y, ante la ausencia del
presidente, inscribió su nombre y el de los demás integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional; inscripción que fue aprobada por el CNE, según la
resolución del CNE núm. 2173 de 30 de agosto de 201756.
En dicha resolución se mencionó, además, que los estatutos vigentes del
partido57 preveían que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido ASI “está
integrado por 11 miembros con los cargos de presidente, vicepresidente,
secretaria de relaciones internacionales, secretaria general, secretaria de
asuntos sociales, sectoriales y programáticos, secretaria de formación y
capacitación, secretaria de juventud, secretaria de mujer y género, secretaria
de asuntos étnicos, secretaria de asuntos regionales, secretaria de
ambiente”58 (art. 25), y que su elección correspondía al órgano de dirección
denominado “Convención Nacional”, que convoca a los militantes del partido
a nivel nacional, en forma ordinaria, cada dos años, como mínimo (art. 14).
3.5.2.1.4. La resolución del CNE núm. 2173 de 2017 prescribe que “Sor
Berenice Bedoya Pérez, en calidad de vicepresidenta, suplirá las faltas
temporales o absolutas del presidente”¡Error! Marcador no definido., y por tanto,
en ausencia del Presidente, es ella quien ejerce las funciones de
“presidente (a) Nacional y representante legal” previstas en el artículo 54
de las normas estatutarias, a saber59:
«Presidente (a) Nacional y Representante Legal del Partido [sic60]. La
representación legal del partido político, estará en cabeza del Presidente o la
Presidenta Nacional del partido. Son funciones del Presidente (a) Nacional o de
quien haga sus veces, las siguientes:
1. Llevar la representación legal del partido ante cualquier autoridad judicial,
administrativa, electoral o de cualquier otra índole, así como la designación de
apoderados especiales para que represente al Partido.
56 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 5.
57 Registrados por el CNE a través de la resolución 0612 de 2016, citada en la parte considerativa de la
resolución 2279 de 11 de junio de 2019, por medio de la cual el CNE inscribió la reforma estatutaria aprobada
por la XI Convención Nacional del partido ASI, celebrada el 22 y 23 de marzo de 2019 y registró la designación
de los integrantes del Tribunal Disciplinario y Ética Nacional elegidos en esa convención. Según lo dispuesto
en la mencionada reforma estatutaria, la nueva composición del Comité Ejecutivo Nacional rige a partir de “la
elección de nuevas directivas que se efectuará en la XII Convención Nacional del Partido Social Independiente”
(art. 32, parágrafo transitorio).
58 Subrayado añadido.
59 Certificación expedida por el asesor de Inspección y Vigilancia del CNE, el 10 de agosto de 2022. Aplicativo
SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 141.
60 “5.4. Casos en que no debe usarse la mayúscula inicial. No son nombres propios y, por tanto, no deben
escribirse con mayúscula inicial, las palabras siguientes: […] 5.4.2. Los sustantivos que designan títulos
nobiliarios, dignidades o cargos ―sean civiles, militares, religiosos, públicos o privados―, tanto en sus usos
genéricos: El rey reina, pero no gobierna, como si se refieren a una persona concreta: La reina saludó al papa
en su visita a España; El presidente del Gobierno llegó con la ministra de Defensa y el general Martínez, jefe
del Estado Mayor”. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario
panhispánico de dudas (DPD), https://www.rae.es/dpd/, 2.ª edición (versión provisional).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04507-01
Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
2. Ejercer o delegar la vocería política del partido ante la opinión pública, el gobierno
nacional, las directivas de otros partidos y ante las instituciones públicas o
privadas, cuando se requiera.
3. Otorgar avales para cargos uninominales y corporaciones públicas de elección
popular.
4. Acordar con los voceros de las bancadas la ejecución de las directrices aprobadas
para el desempeño de los senadores y representantes a la Cámara, en el seno
del Congreso.
5. Presentar la declaración de patrimonio, ingresos y gastos del partido, de acuerdo
con la reglamentación o los lineamientos que expida para estos fines el Consejo
Nacional Electoral.
6. Coordinar la elaboración y presentación del informe de gestión de qué trata la Ley
951 de 2005 cuando exista cambio de órganos de dirección del nivel nacional.
7. Atender la organización política y administrativa del partido. Nombrar o contratar
al personal requerido de acuerdo a la disponibilidad presupuestal para el
funcionamiento del partido y conforme los perfiles para los cargos o contratos.
8. Celebrar los contratos o convenios con personas naturales o jurídicas hasta por
un valor individual de sesenta (60) salarios mínimos mensuales vigentes, siempre
que se ajuste a los requerimientos y necesidades del partido. Sí [sic] se requiere
celebrar contrataciones mayores a sesenta (60) salarios mínimos mensuales
vigentes, deberá contar con la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional.
9. Expedir las resoluciones de reconocimiento de los órganos de dirección y
representación del nivel departamental, municipal y local.
10. Promover y gestionar la adquisición de donaciones o auxilios a favor del partido
o de las campañas de sus candidatos con cabal cumplimiento de las normas
atinentes sobre la materia.
11. Dirigir todos los servicios del partido.
12. Recibir recomendaciones de los Comités Ejecutivos Departamentales,
Distritales y municipales, sobre las políticas y estrategias que estimen
convenientes para la colectividad.
13. Las demás que le asigne o delegue el Comité Ejecutivo Nacional».
3.5.2.1.5. Con la resolución del CNE núm. 2279 de 11 de junio de 201961, fue
registrada una reforma a los estatutos del Partido ASI, de acuerdo con los
cuales los militantes del partido son quienes se hayan afiliado al mismo de
según los estatutos, mientras que, sus directivos son quienes hayan sido
elegidos para ocupar los cargos de dirección (art. 10); y la presidencia y
representación del partido recae en uno de los “órganos de ejecución y
administración” (arts. 5, 18 y 20).
3.5.2.1.6. La inscripción de la señora Bedoya Pérez, como vicepresidenta del
Partido ASI, se encontraba vigente el 10 de agosto de 2022, según consta en
certificación suscrita por el asesor de Inspección y Vigilancia del CNE en esa
fecha62.
3.5.2.1.7. En condición de presidenta en funciones del Partido ASI, y como
representante legal de esa organización, Sor Berenice Bedoya Pérez
61 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2.
62 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 141. En el archivo 142 del índice 2 aparece
certificación fechada el 13 de julio de 2022, en igual sentido.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04507-01
Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
suscribió documentos a través de los cuales: (i) comunicó a su militancia las
posturas del Partido ASI con respecto al paro nacional de 201963; (ii) publicó
los requisitos y procedimientos para expedir los avales de candidatos para
las elecciones de octubre de 201964; (iii) fijó las directrices relativas a las
objeciones que formularía el Partido ASI sobre la jurisdicción especial para la
paz en abril de 2019; (iv) reiteró el procedimiento para el ejercicio de los
derechos del estatuto de la oposición, en noviembre del mismo año65; (v)
declaró al Partido ASI independiente del gobierno que regía en enero de
201966; (vi) convocó a reuniones de órganos directivos, en enero y diciembre
de 202067; (vii) informó sobre el reconocimiento de la reposición de votos,
por medio de avisos publicados en noviembre de 2021, y febrero y mayo de
202268; (viii) suscribió el acuerdo de coalición programática y política para
las elecciones de marzo de 2022 con los partidos políticos Dignidad, Alianza
Verde, Verde Oxígeno, Colombia Renaciente y la Agrupación Política En
Marcha69; (ix) el 19 de abril de 2022, presentó la declaración de patrimonio,
ingresos y gastos anuales del Partido ASI, correspondiente al año 202170; (x)
derogó una comisión de trabajo en el departamento de Córdoba, por medio
de comunicado de 31 de marzo 202271; (xi) respondió solicitudes
presentadas en ejercicio del derecho de petición fechadas en febrero y
octubre de 2021, y en junio y agosto de 202272; (xii) indicó el nombre de las
únicas personas autorizadas por la organización política, en el departamento
de Cundinamarca, para realizar gestiones, diligencias y recibir solicitudes de
inscripción para las elecciones de octubre del año 2023, por comunicado
fechado el 11 de agosto de 202273.
Aunque la apelante afirmó que Sor Berenice Bedoya Pérez suscribió
contratos en su condición de representante del Partido ASI, trajo, como
prueba de ello, únicamente, unos cuadros con la relación de unos contratos
que habría suscrito el Partido ASI, con sus objeto, monto y plazo. Empero,
se desconoce la procedencia de la información vertida en esa relación, así
como la persona que los habría suscrito como representante del partido. En
tales condiciones, dichos documentos74 no dan cuenta de que la senadora
Bedoya Pérez hubiera suscrito los contratos referidos.
Aparte, fue allegado el oficio CNE-S-FNFP-3614-2022-FNFPCE-900,
suscrito por un asesor del CNE el 9 de agosto de 2022, en el que refiere el
monto de las sumas reconocidas y desembolsadas para el funcionamiento
del Partido ASI en los años 2021 y 2022, de acuerdo con las resoluciones
63 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 840.
64 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 896.
65 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivos 324 y 998.
66 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 288.
67 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivos 191 y 284.
68 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivos 483, 486, 487 y 495.
69 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 510.
70 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 54.
71 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 212.
72 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivos 3, 191, 246 y 372.
73 Aplicativo SAMAI, link “otros expedientes”, índice 2, archivo 175.
74 Código General del Proceso. “
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Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
0888 de 2021 y 1874 de 2022 ―que también fueron aportadas―, además
del formulario 13B, en el que se especifican los ingresos y gastos del Partido
ASI durante el año 2021, así como un informe de gastos de funcionamiento
del mismo año, cuyo autor no es identificado. Estos documentos, en atención
a su fecha de suscripción y a su contenido, son insuficientes para concluir
con certeza que la señora Bedoya Pérez hubiera ejecutado recursos públicos
después de tomar posesión de su cargo como senadora, el 20 de julio de
2022. Por supuesto, tampoco permiten determinar la forma en que habría
ejecutado tales recursos.
3.5.2.2. De acuerdo con lo anterior, Sor Berenice Bedoya Pérez, como
vicepresidenta en ejercicio de las funciones de presidenta del Partido ASI, ha
ejercido roles y desplegado actividades diversas que aluden al funcionamiento
interno del partido (comunicaciones internas, convocatorias a órganos
colegiados internos, organización de comisiones de trabajo y señalamiento de
órganos internos a cargo de tareas específicas), al relacionamiento del partido
con el gobierno y el congreso (impartición de directrices frente a proyectos
legislativos o direccionamiento de actividades de oposición), al cumplimiento de
obligaciones ante las autoridades electorales o ante las autoridades tributarias,
o al relacionamiento con otras fuerzas para efectos del establecimiento de
coaliciones; funciones que están ordenadas, directa o indirectamente, al logro
del objeto de la organización, esto es, a la canalización de intereses y exigencias
de inserción en la agenda pública de determinados grupos sociales, y de
encausamiento de la voluntad pública con el propósito de incidir en la vida
política e institucional del país, vale decir, al logro de los fines políticos que
conciernen a un partido político. Todas ellas se hallan comprendidas en la
excepción al régimen de incompatibilidades prevista en el artículo 283.9 de la
Ley 5 de 1992.
3.5.2.3. Con todo, viene oportuno precisar que la reprochada simultaneidad de
funciones o actividades sólo se configuró a partir del 20 de julio de 2022, cuando la
señora Bedoya Pérez se posesionó como senadora y ejerció, de forma
concomitante, las funciones de presidenta del Partido ASI. Entonces, tomando en
consideración dicho hito temporal, únicamente se acreditó en este proceso que,
como presidenta del partido, la senadora Bedoya Pérez: (i) informó a su militancia
el nombre de las personas autorizadas, en el departamento de Cundinamarca, para
realizar gestiones, diligencias y recibir las solicitudes de inscripción de candidaturas
para las elecciones de octubre del año 202375; y (ii) dio respuesta a una solicitud
presentada, en ejercicio del derecho de petición, sobre la denegación del pago de
auxilios al peticionario porque, al estar suspendido en el cargo que desempeñaba,
no podría realizar actividad política alguna que los causara¡Error! Marcador no definido..
Estas actuaciones, que realizó la senadora Bedoya Pérez como presidenta del
Partido ASI, son también connaturales a la dirección y gobierno de esa organización
política, pues definen, con un grado de autoridad, sus designios en el proceso
electoral del que formaría parte, así como la asignación de recursos para realizar
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actividades políticas; autoridad que, como tal, fue reconocida en los estatutos del
Partido ASI, de acuerdo con los cuales le correspondía a la presidenta llevar la
vocería del partido ante la opinión pública, otorgar avales para las corporaciones
públicas de elección popular, atender la organización interna del partido, y gestionar
auxilios a favor del partido o de las campañas de sus candidatos, según los
numerales 2, 3, 7 y 10 del artículo 54 de los estatutos del Partido ASI. Estas
funciones, además, fueron definidas en línea con lo establecido en los numerales
10 y 13 del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011, de acuerdo con los cuales los
estatutos de los partidos deben contener, como mínimo, las reglas de postulación,
selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular,
además de las reglas de la financiación del partido, de las campañas y de apoyo
financiero de sus candidatos76.
3.5.2.4. Por otro lado, como la hipotética utilización de los recursos del Partido ASI
por parte de Sor Berenice Bedoya Pérez, como presidenta y representante legal de
la organización, en supuesto desmedro de los demás candidatos avalados, habría
acaecido —según la solicitante— “durante el tiempo que aspiró al congreso”, es
decir, antes de que tomara posesión del cargo de congresista, son actuaciones que
no pueden configurar violación al régimen de incompatibilidades, ya que el hecho
que lo soporta no hace referencia a actuaciones realizadas en condición de
senadora, sino a funciones derivadas de su participación en los organismos
directivos del partido político que preside, por actividades ejercidas antes de su
elección como congresista.
3.5.2.5. Finalmente, observa la Sala que, contrario a lo reiterado por la accionante
a lo largo de este proceso77, la jurisprudencia por ella referida a modo de sustento
de su solicitud de pérdida de investidura no guarda identidad fáctica ni jurídica con
el sub lite, pues ninguno de esos asuntos tenía por objeto una incompatibilidad de
los congresistas por el ejercicio de cargos directivos en un partido político, como
bien lo consideró el a quo78.
76 Nótese, por demás, que al comunicarle a la militancia del partido las personas a cargo de la gestión de las
solicitudes de inscripción a elecciones, la señora Bedoya Pérez, como directiva del partido, mantuvo a sus
afiliados informados sobre sus actividades, con lo cual se garantiza el principio de transparencia, que orientan
la organización y el funcionamiento de los partidos políticos, de conformidad con el artículo 107 de la
Constitución y el artículo 1.5 de la Ley 1475 de 2011.
77 Al sustentar la apelación dijo, en concreto, que: “Tanto por la violación al régimen de conflicto de intereses,
como al de incompatibilidades. La jurisprudencia del Consejo de Estado referida sobre pérdida de investidura
es totalmente aplicable porque SI guarda identidad fáctica ni jurídica con este asunto”.
78 En la jurisprudencia referida fueron abordadas pérdidas de investidura, por: (i) la violación del régimen de
incompatibilidades en que incurrió un congresista, por desempeñarse como presidente y representante legal de
la Asociación Rafael Uribe Uribe, persona jurídica de derecho privado (sentencia de 1 de octubre de 1993, rad.
núm. AC-534); (ii) la violación del régimen de incompatibilidades en que incurrió un congresista, como
presidente de la consiliatura de la Universidad Libre y gerente de la Cooperativa Multiactiva Libre Ahorro
(sentencia de 5 de octubre de 1993, rad. núm. AC-500); (iii) la violación del régimen de incompatibilidades en
que incurrió un congresista, como gerente y representante legal de la sociedad Comercial Agropecuaria del
Cesar Limitada "COMASAR LTDA."; y por celebrar contratos, como persona natural, con un establecimiento
público del orden nacional (sentencia del 1º de diciembre de 1993, rad. núm. AC-632); (iv) la violación del
régimen de incompatibilidades en que habría incurrido un congresista por desempeñarse como presidente del
consejo de administración de la Cooperativa Industrial Lechera de Colombia Ltda. "CILEDCO" (sentencia de 14
de abril de 1994, rad. núm. AC-1215); (v) la violación del régimen de incompatibilidades en que incurrió un
congresista por desempeñarse como presidente y representante legal de la Fundación Fondo Educativo Jorge
Eliecer Gaitán de carácter privado, sin ánimo de lucro y con personería jurídica (sentencia de 7 de noviembre
de 1994, rad. núm. AC-1610); (vi) la violación del régimen de incompatibilidades en que incurrió un congresista
por desempeñarse como locutor y comentarista deportivo, para diferentes empresas comerciales de radio y
televisión (sentencia de 18 de julio de 2000, rad. núm. AC-10203); y (vii) la violación del régimen de
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Por lo expuesto, se impone una respuesta negativa al problema jurídico planteado
y la sentencia apelada, que negó la solicitud de pérdida de investidura de la
senadora Sor Berenice Bedoya Pérez, será confirmada.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Constitución y la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada dictada por la Sala Dieciocho
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, el cinco (5) de junio de dos mil
veintitrés (2023), que negó la solicitud de pérdida de investidura de la senadora Sor
Berenice Bedoya Pérez, elegida para el período constitucional 2022-2026.
SEGUNDO: Realizar las comunicaciones previstas en el artículo 15 de la Ley 1881
de 2018, por medio de la Secretaria General de esta Corporación, una vez
ejecutoriada la sentencia.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada
en la fecha.
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente
Firmado electrónicamente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Magistrada Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
incompatibilidades en que habría incurrido un congresista por desempeñarse como representante del Gobierno
Nacional en el proceso dialogal que conduzca a la negociación o firma de acuerdos con la organización Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP (sentencia de 13 de febrero de 2001, rad. núm. AC-11947).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04507-01
Demandante: Ana Yenci Ospina Girón
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Magistrada Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrada Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrado Magistrada
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISÓN PORTOCARRERO BANGUERA WILSON RAMOS GIRÓN
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente
20
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