Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04339-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04339-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-04339-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
6 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: JORGE ELIÉCER CUERVO CUERVO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TUTELA – No se cumplen los
presupuestos para su procedencia excepcionalísima / ACTUACIÓN
FRAUDULENTA – no se acreditó / REQUISITO DE INMEDIATEZ – No se cumplió
con el plazo razonable y no se discuten temas relacionados con una controversia
laboral sino unas providencias que resolvieron una demanda de tutela.
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia
proferida el 26 de noviembre de 2021 por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente el amparo
solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 8 de julio de 2021, el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo,
actuando en nombre propio, instauró demanda de tutela contra la Sección Quinta y
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva.
2. Hechos
El accionante señaló que las sentencias que cuestiona son las proferidas en sede
de tutela por la Sección Quinta del Consejo de Estado y por la Subsección A de la
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
Sección Segunda en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-03412-00/01,
en las que, en primera instancia, se declaró improcedente al incumplir con el
requisito de inmediatez y la segunda la confirmó, pero “en el entendido que se
configuró cosa juzgada y temeridad”.
Resulta importante aclarar que, dada la falta de claridad que existe en la demanda
de tutela y al no haberse realizado un recuento sobre los antecedentes que
conllevaron a la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del actor, la
Sala acude a la decisión cuestionada para extraer lo siguiente:
El accionante presentó una demanda de reparación directa en contra de la Rama
Judicial, por el supuesto error judicial en que habría incurrido el Juzgado 9º
Administrativo de Descongestión de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, proceso en el que, en primera y en segunda instancia, se negaron
las pretensiones.
Inconforme con la anterior decisión, el accionante interpuso una primera demanda
de tutela, resuelta por la Sección Quinta y la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en las que, en ambas instancias, se declaró improcedente
el amparo solicitado, cuya decisión aquí cuestiona mediante la demanda de tutela
citada en la referencia.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
El señor Cuervo indicó que la demanda de tutela cumplía con los requisitos
generales de procedibilidad: i) porque se agotaron todos los medios judiciales que
tenía a disposición y ii) porque se debía flexibilizar el requisito de inmediatez al
discutirse temas pensionales.
Frente a la procedencia excepcional de la tutela contra tutela manifestó que las
decisiones proferidas en el proceso 2019-03412 “son constitutivas de FRAUDE en
cuanto desconocieron los Artículos 86 y 29 en concordancia con el Articulo 229 del
ordenamiento Jurídico superior e igualmente actuaron de manera contraria a los
Artículos 38 del decreto 2591/91 y 303 del CGP”.
Agregó que la decisión proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
“incurrió en fraude” al declarar la “caducidad” sin que dicha figura jurídica estuviera
consagrada en nuestro ordenamiento jurídico y la Subsección A de la Sección
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
Segunda porque no podía declarar cosa juzgada y temeridad, toda vez que las 3
demandas de tutela que ha promovido tienen pretensiones diferentes.
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó (se transcribe de forma literal, con
posibles errores incluidos):
PRIMERA: ACLARAR si el suscrito tiene o no Derecho Al Debido Proceso y la
Tutela Judicial efectiva en el Consejo de Estado.
SEGUNDA Declarar Probadas:
2.1. La Inocurrencia de Inmediatez Adjetiva en la Tutela 11001-03-15-000-2019-
03412-00.
2.2. La inexistencia de Cosa Juzgada de la Tutela 11001-03-15-000-2019-03412-
00 Respecto de las Tutelas 11001-03-15-000-2011-00499-00, y, 11001-03-15-
000- 2015-00172-00 por inexistencia de identidad de objeto (pretensiones
materiales e Inmateriales Distintas).
2.3. La inexistencia de Temeridad en la Tutela 11001-03-15-000-2019-03412-00.
TERCERA: Declarar que con las Declaratorias (i) De inmediatez, (ii) Cosa
Juzgada, y (iii) Temeridad Inexistentes por parte de las Secciones QUINTA y
SEGUNDA – SUBSECCIÓN A DEL CONSEJO DE ESTADO , Quebrantaron mis
Derechos Constitucionales Fundamentales al DEBIDO PROCESO y TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
CUARTA: Tutelar mis Derechos constitucionales Fundamentales al Debido
Proceso y Tutela Judicial Efectiva claramente Vulnerados en la Tutela 11001-03-
15-000-2019-03412- 00, y en Concordancia ORDENAR al favorecido con Dichas
Providencias, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, que en el Termino de
48 horas Proceda a: las Mismas Pretensiones Económicas solicitadas a
ORDINALES OCHO y NUEVE de la Tutela 11001-03-15-000-2019-03412-00 y
que en esta Tutela se Reproducen (…).
4. Trámite en primera instancia
4.1. Mediante auto del 12 de julio de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las
autoridades accionadas, las que se pronunciaron en los siguientes términos:
4.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado advirtió que la decisión estaba
ajustada al ordenamiento jurídico, toda vez que la demanda de tutela no se
presentó dentro de un término razonable; además que (se transcribe de forma
literal):
Resumidas las actuaciones del caso, no se advierte que esta Sección haya
vulnerado los derechos fundamentales que en esta oportunidad alega el señor
Cuervo Cuervo, puesto que como se expuso en precedencia, en el marco de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
acción de tutela identificada con el radicado No. 11001-03-15-000-2019-03412-
00, se le garantizó el acceso a la administración de justicia y el debido proceso al
actor, a lo que se aúna una decisión razonada y debidamente sustentada por esta
Sala, que al no encontrar acreditados los requisitos de procedibilidad adjetiva,
estaba en el deber de declarar la improcedencia.
4.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente la demanda de tutela, al no cumplir con los requisitos
excepcionales exigidos cuando se promueve una demanda de tutela contra
sentencia de tutela.
Agregó que el presente asunto no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia del 26 de septiembre de 2019 se notificó el 2 de octubre de esa
anualidad y la demanda de tutela se presentó el 8 de julio de 2021, por fuera del
plazo considerado como razonable.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2021, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la demanda de tutela, tras
considerar que se incumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que la decisión
cuestionada se notificó el 2 de octubre de 2019 y la demanda de tutela se radicó el
8 de julio de 2021, superando ampliamente el término razonable.
De otro lado, indicó que la decisión adoptada en sede de tutela no fue producto de
una situación fraudulenta; al respecto sostuvo que (transcripción de forma literal):
7.4.- De conformidad con lo anterior, esta Sala advierte que el accionante, con el
fin de acreditar la ocurrencia de la cosa juzgada fraudulenta, se limitó a indicar
disposiciones normativas que estimó vulneradas o desconocidas; sin embargo, no
hizo referencia o mención alguna a hechos que permiten colegir la materialización
de una decisión engañosa y, mucho menos, aportó medios probatorios con el fin
de acreditarla; así, se debe concluir que esta Sala no puede pronunciarse
nuevamente sobre una cuestión que se planteó y resolvió en el marco de otra
acción de igual naturaleza.
6. La impugnación
El accionante impugnó el fallo de primera instancia y señaló que al no resolvérsele
el fondo del asunto se le “despojó” de sus derechos; además, que (se transcribe de
forma literal, incluso con posibles errores):
Para el suscrito es absolutamente claro que las providencias Proferidas en
procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 1100133310220070072300,
25000234200020120009400, Reparación Directa 25000233600020120007400 y
Tutelas contra sentencia judicial 11001-03-15-000-2011-00499-00, 11001-03-
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
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Referencia: Acción de tutela
15-000-2015-00172-00, 11001-03-15-000-2019-03412-00 Tuvieron un Marcado
Sesgo Ideológico y tuvieron por Objeto (i) el ilegal e inconstitucional Despojo
Judicial de un Derecho Consagrado en la Ley ( Tiempo Doble para efectos de
Asignación de Retiro y demás Prestaciones sociales) y (ii) de mi Derecho al
Amparo Judicial.
7. El 18 de marzo de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió decisión de segunda instancia; sin embargo, dicha sentencia se dejó
sin efectos jurídicos mediante proveído de 8 de abril de 2022.
8. Por su parte, los magistrados María Adriana Marín y José Roberto Sáchica
Méndez formularon su impedimento, el que se declaró fundado, razón por la que,
se realizó el correspondiente sorteo y se designaron como conjueces a los doctores
Édgar Cortés Moncayo y Gustavo Quintero Navas.
9. El 18 de abril de 2022, el accionante presentó un nuevo memorial, en el que
reiteró lo expuesto en la impugnación y agregó lo siguiente (se transcribe de forma
literal, incluso con posibles errores):
1. En cuestión de Decisiones Judiciales respecto del Personal de Suboficiales de
Fuerzas Militares como el Suscrito, porque en el Consejo de Estado Tiene
Prevalencia el Ilegal e Inconstitucional prevaricato Judicial sustentado en
Falsedades sobre el Constitucional irrenunciable e Imprescriptible Derecho a la
Seguridad social del personal más Humilde de la Fuerza Pública.
2. Por qué tanta Insistencia en la Aplicación de un Principio como el de Inmediatez
del que la Corte Constitucional en su Jurisprudencia ( T-217 de 2013, T-246 de
2015 y T-291 de 2017 ) ha dicho que cuando se discuten Derechos Pensionales
este es Irrelevante e Inaplicable dados la Irrenunciabilidad e Imprescriptibilidad
Consagrada en el Articulo 48 Constitucional, y más aún Cuando en el CONSEJO
DE ESTADO se Desconocen los Improrrogables Términos para el Trámite de la
Tutela Señalados en el Articulo 86 Construccional y Decreto 2591 que es de más
o menos 40 días hábiles desde la Presentación hasta la Notificación de segunda
Instancia, (Caso Concreto Tutela 2021- 04339 Radicada el 21 de Julio de 2021 a
la que le Falta la Segunda Sentencia de Segunda Instancia o Tercera Instancia ya
lleva 9 meses sin definición.
3. Por qué los Suboficiales de las Fuerzas Militares como el suscrito No tenemos
Derecho al DEBIDO PROCESO JUDICIAL O GARANTÍAS JUDICIALES que si
tienen en el CONSEJO DE ESTADO Desmovilizados de Bandas Criminales
Dedicadas al Asalto; Robo, Extorsión Secuestro, Tortura , Terrorismo , Asesinato
como Alias JESÚS SANTRICH, el Ahora Auto Proclamado Humano, Defensor de
los Derechos Humanos, Adalid de la paz y la Reconciliación GUSTAVO PETRO,
y su Secuaz el Apoyador de la Primera Línea, promotor del Odio, la venganza, la
lucha de Clases y Agresiones contra los Miembros de la Policía desde el Congreso
de la República GUSTAVO BOLÍVAR MORENO, y otros tantos de su misma Laya.
4. Cuál es la verdadera causa para el ilegal e inconstitucional DESPOJO
JUDICIAL de los Derechos en Materia Prestacional y Pensional y Derecho
Constitucionales Fundamentales como el DEBIDO PROCESO a los Miembros
más Humildes de la Fuerza Pública.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
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Referencia: Acción de tutela
10. El 26 de abril de 2022, el expediente ingresó de nuevo al despacho para proferir
el fallo que en derecho corresponda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son3:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
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Referencia: Acción de tutela
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
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Referencia: Acción de tutela
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.
Conviene mencionar, además, que cuando se controvierten providencias judiciales
dictadas por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte
Constitucional ha establecido que además de verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y los especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente,
en sentencia SU–573 de 2017, la Corte Constitucional indicó:
Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’5. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:
‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos
los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la
condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5 Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de
tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión’.
Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.
2. Caso concreto
El señor Cuervo Cuervo alegó que con los fallos de tutela del 28 de agosto de 2019
y 26 de septiembre del mismo año, dictados, en su orden, por la Sección Quinta y
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado –acción de tutela
2019-03412– se vulneraron sus derechos fundamentales al declarar improcedente
la acción constitucional que promovió contra la Subsección B de la Sección
Segunda, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá.
Como se indicó anteriormente, en la sentencia C-590 de 2005 se estableció como
uno de requisitos generales de procedencia de la acción contra providencias que
no se cuestione un fallo de tutela.
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015,
precisó que la solicitud de amparo es procedente de manera excepcionalísima
cuando se ataca una sentencia de tutela en los siguientes casos:
Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
Si la acción se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.
Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i)
la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
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Referencia: Acción de tutela
de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación (se
destaca).
En línea con lo anterior, en sentencia T-322 de 2019 la Corte Constitucional expuso:
54. A juicio de la Sala Octava de Revisión, la jurisprudencia de este Tribunal
permite identificar una línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se
anudan a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y (ii) que la sentencia cuestionada no puede ser
admitida debido a que resulta evidentemente incorrecta, implicando además -
en principio- una afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte que
esta conclusión se desprende del análisis conjunto de las diferentes
providencias que, de una u otra forma, se han ocupado de la materia. En
adición a ello, es posible identificar un grupo de eventos que, en principio,
pueden ser considerados indicios de que se ha configurado una situación
fraudulenta.
En este sentido la parte interesada debe demostrar, con base
en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la situación de fraude
alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la evidente violación de un
derecho fundamental y que la afectación sea significativa y
trascendental (trasgredir de manera grave el patrimonio público). En este
sentido, no serán de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al
disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia atacada. Ese
presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa
juzgada constitucional (negrilla del original).
En el caso bajo estudio se considera que no se reúnen los presupuestos
establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia excepcionalísima de
la acción de tutela contra un fallo de la misma naturaleza, pues no se demostró que
las autoridades judiciales accionadas actuaran de manera fraudulenta.
Por el contrario, revisadas las providencias cuestionadas, se advierte que la
declaratoria de improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Cuervo
Cuervo se soportó en motivos válidos y razonables, sin que se avizore alguna
actuación fraudulenta.
En efecto, se evidencia que, en la sentencia del 28 de agosto de 2019, la Sección
Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la demanda de tutela por la
siguiente razón (se transcribe de forma literal):
Al respecto, es necesario señalar que la acción de tutela de la referencia no
cumple con el requisito de la inmediatez, por cuanto las providencias que
pusieron fin a los dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
dirigidos contra la Nación - el Ministerio de Defensa, y el de reparación directa
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
promovido contra la Nación - Rama Judicial, fueron debidamente notificadas en
las siguientes fechas:
1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No. 25000- 23-
42-000-2012-00094-00, sentencia de segunda instancia proferida el 9 de
octubre de 2014, notificada por correo electrónico el 9 de diciembre de 2014.13
2. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No. 11001- 33-
31-023-2007-00723-00, sentencia de segunda instancia dictada el17 de marzo
de 2011, notificada por edicto desfijado en 14 de abril de 2011.
3. Proceso de reparación directa, radicado No. 25000-23-36-000-2012- 00074-
00, sentencia de segunda instancia expedida el 22 de noviembre de 2017,
notificada por estado del 1° de diciembre de 2017.15
En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que este mecanismo fue ejercido
hasta el 24 de julio de 2019, sin que sea necesario establecer la fecha de
ejecutoria de las providencias que se cuestionan en el presente trámite
constitucional, es evidente que la solicitud de amparo promovida por el señor
Jorge Eliécer Cuervo Cuervo no satisface el requisito de procedencia adjetiva
de la acción de tutela contra providencia judicial, esto es, el de la inmediatez,
puesto que no fue interpuesta dentro de un término que la Sala considere
razonable, de tal forma, que el tiempo que dejó transcurrir entre el momento en
que tuvo conocimiento de la posible vulneración de sus derechos
fundamentales, y aquel en que radicó el libelo introductorio, transcurrieron más
de seis meses (…).
Por su parte, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a
través de fallo del 26 de septiembre 2019, confirmó la anterior decisión bajo los
siguientes argumentos (transcripción literal):
Realizado este comparativo, lo primero que se advierte es que existe identidad
de partes entre estas acciones de tutela, comoquiera que en las cuatro actuó
como accionante el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo y, aquellas se dirigieron
contra el Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión de Bogotá, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y, si bien la última, se
instauró genéricamente en contra de la Rama Judicial, lo cierto es que se
cuestionaron las decisiones judiciales adoptadas por las distintas autoridades
judiciales que tuvieron a cargo los procesos contenciosos de nulidad y
restablecimiento del derecho, reparación directa y ejecución de la sentencia,
entre las cuales se encuentran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C. En segundo lugar, se denota que existe identidad de objeto
porque las pretensiones de las acciones referenciadas estaban encaminadas,
finalmente, a obtener el reconocimiento y pago de los tiempos dobles
reclamados y la reliquidación de la asignación de retiro y prestaciones,
especialmente, las cesantías.
En tercer y último lugar, en lo concerniente a la causa petendi, se tiene que en
la primera acción promovida por el señor Cuervo Cuervo, esto es, la identificada
con radicación 2011-00499 discutió las decisiones adoptadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 2007-00723, promovido en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, del que conoció en primera instancia
el Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión de Bogotá, quien
mediante sentencia del 26 de marzo de 2010, negó las pretensiones, decisión
que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
Segunda, Subsección D en sentencia del 17 de marzo de 2011. En dicho
proceso, argumentó, entre otras cosas, que las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en un defecto sustantivo al omitir la aplicación del
artículo 47 de la Ley 2." de 1945, de los artículos 155 y 181 del Decreto 2338
de 1971 y del artículo 99 del Decreto 2340 del mismo año, normativa que
reglamentó el beneficio de tiempos dobles y no previó que tal reconocimiento
debía hacerse por decreto, inconformidad que coindice con la expuesta en el
presente asunto.
Por su parte, en la acción constitucional radicada 2015-00172, en la que se
controvirtieron las decisiones proferida en el contencioso 2012-00094, en el
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, a través de sentencia del 25 de julio de 2013, negó las
pretensiones y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
mediante fallo del 9 de octubre de 2014, confirmó la decisión negativa, el señor
Cuervo Cuervo consideró que las autoridades judiciales demandadas fundaron
su decisión en una norma no aplicable al caso concreto y exigieron un requisito
que no está previsto en la Ley para el reconocimiento de los tiempos dobles.
En el presente asunto, hizo alusión a la omisión de lo previsto en el articulo 181
del Decreto 2337 de 1971, norma que consagra el beneficio de los tiempos
dobles y la aplicación incorrecta de los Decretos 1042 de 1970, 1386 de 1974
y 609 de 1977 al exigir el concepto previo de la Junta de los Ministros para el
reconocimiento del beneficio reclamado, de manera que es concordante la
causa petendi en ambas acciones constitucionales.
Finalmente, se repara que en la acción constitucional 2019-00108 el accionante
planteó el argumento de que los funcionarios de la Rama Judicial que tuvieron
a cargo los procesos de nulidad y establecimiento del derecho incoados en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa y el de reparación directa, en el que
se pretendió el resarcimiento de los perjuicios causados por el error judicial, a
través de sus decisiones intentaron favorecer los ilegítimos intereses del
Estado y que su propósito se instituye en una «venganza que producto de su
delirante ideologia de manera sistemática, generalizada y continua ejercieron y
han venido ejerciendo algunos funcionarios judiciales defensores e
ideológicamente afines a los cabecillas de la banda criminal M-19 por un hecho
claro y concreto: las actuaciones del ejército y la policía que en cumplimiento
de su deber misional, le quitaron la máscara a los cabecillas y dieron de baja a
los asesinos del Palacio de Justicia» (transcripción contenida en la página dos
del fallo del 11 de abril de 2019). Argumento que fue planteado en esta instancia
constitucional como inconformidad con las decisiones adoptadas en el proceso
de reparación directa, como consta en los folios 89vto. Y 90 que contienen el
escrito de impugnación.
De los anteriores argumentos se desprende que está demostrada la
configuración de la cosa juzgada en el caso bajo estudio, por existir identidad
de partes, de objeto y de causa petendi entre las acciones instauradas con
anterioridad por el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo y la tutela de la
referencia. Así, resuelto el primer problema jurídico, se procederá a estudiar el
segundo.
Frente a la temeridad manifestó que (se transcribe de forma literal):
Acerca de ese razonamiento, se resalta que en el capítulo precedente quedó
determinado sin vacilación la identidad de partes, objeto y causa petendi entre
los asuntos constitucionales que ha tramitado esta Corporación en donde funge
como accionante el señor Cuervo Cuervo, sin que el hecho de que uno u otro
asunto tengan un contenido más genérico o adicional en las pretensiones o
partes, pueda constituirse en una excusa para presentar una nueva acción de
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
tutela, comoquiera que está acreditado que la pretensión ultima del accionante
es obtener el reconocimiento de tiempos dobles de prestación de servicios y la
reliquidación de prestaciones salariales, tales como la asignación y las
cesantias.
Aunado a lo anterior, la Subsección advierte que el señor Jorge Eliécer
Cuervo Cuervo ha entablado más de veinte acciones constitucionales
relacionadas con los derechos prestacionales pretendidos, ello sin contar
las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa
entabladas contra la Nación, Ministerio de Defensa y la Rama Judicial,
respectivamente. Lo cual denota el abuso de la figura de la acción de tutela en
que viene incurriendo el accionante (se destaca).
En definitiva, se reitera que no se cumple el primer requisito para la procedencia
excepcionalísima de la acción de tutela contra una providencia de la misma
naturaleza, porque no se evidencia una actuación fraudulenta al proferirse las
decisiones cuestionadas, lo que sí resulta evidente es la inconformidad del señor
Cuervo Cuervo con estas decisiones, pretendiendo una instancia adicional de la
demanda de tutela radicada bajo el número 2019-03412.
Aunado a lo anterior, se observa que el accionante se limitó a señalar unas normas
como desconocidas y que eso conllevaba a que la decisión fuera “fraudulenta”; sin
embargo, no aclaró por qué resultaban aplicables a su caso, en qué habría
cambiado la decisión o por qué su inaplicación hace que la decisión fuera contraria
a derecho.
De otro lado, la Subsección considera que la presente demanda de tutela tampoco
cumple con el requisito de inmediatez, como se pasa a ver.
En relación con la inmediatez para la interposición de demandas de tutela contra
providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
considerado como plazo razonable el de 6 meses contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso6.
Por su parte, la Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores
con el propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela7.
6 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5
de agosto de 2014, radicado: 11001–03-15-000-2012-02201-01, M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
La Corte Constitucional también ha señalado que la demanda de tutela no puede
ser un instrumento para corregir la desidia o negligencia de las partes:
La acción de tutela no puede tornarse en instrumento para suplir las deficiencias,
errores y descuidos de quien ha dejado vencer términos o permitido la expiración
de sus propias oportunidades de defensa judicial o de recursos, en cuanto, de
aceptarse tal posibilidad, se prohijaría el desconocimiento de elementales reglas
contempladas por el sistema jurídico y conocidas de antemano por quienes son
partes dentro de los procesos judiciales, se favorecería la pereza procesal y se
haría valer la propia culpa como fuente de derechos8.
Esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses se debe
contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es
a partir del momento en que se conoce la decisión que se puede advertir la posible
vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los
defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial –
defecto orgánico, defecto procedimental, defecto fáctico, defecto sustantivo, error
inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y/o la violación
directa de la Constitución Política–.
En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses desde
la ejecutoria de la decisión en los casos en que se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto
los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener
incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento9.
En el presente asunto no existe una verdadera justificación para que el plazo de los
6 meses se contabilice a partir de la ejecutoria de la decisión cuestionada, razón
por la que esto se hará desde la notificación.
Así las cosas, la Subsección advierte que tampoco se cumplió con el requisito de
inmediatez, por cuanto la providencia del 26 de septiembre de 2019 fue notificada
el 2 de octubre del mismo año, tal y como aparece en la página de consulta de
8 Corte Constitucional, sentencia T-573 del 7 de noviembre de 1997, reiterada en sentencia T-291
del 8 de mayo de 2017.
9 En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
procesos de la Rama Judicial y la demanda de tutela se presentó el 8 de julio de
2021, es decir, transcurrido un año y nueve meses.
En relación con el argumento expuesto por el accionante, en el sentido de que en
materia pensional no se debe aplicar el plazo de seis meses como término
razonable para el ejercicio de la demanda de tutela, se precisa que no es éste dicho
escenario, dado que lo que se pretende cuestionar a través de la demanda de tutela
citada en la referencia son unas providencias judiciales que, a su turno, decidieron
en ambas instancias una demanda de tutela, razón por la cual no es cierto que aquí
se estén cuestionando una decisiones judiciales proferidas en un proceso ordinario
derivado de una controversia laboral.
Como si lo anterior fuese poco, que en modo alguno lo es, resulta evidente que el
señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo no cumplió con la carga argumentativa exigida
para promover la demanda de tutela contra providencias judiciales, dado que ni
siquiera identificó los supuestos defectos en los que se incurrió la decisión
cuestionada, lo que confirma la improcedencia de la demanda de tutela.
Finalmente, la Sala observa que las peticiones elevadas por el accionante en el
memorial del 18 de abril de 2022 carecen de sustento y no dejan de ser
manifestaciones infundadas.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado respeta todas las
garantías y derechos de los ciudadanos que ponen en movimiento el aparato
jurisdiccional sin importar sus calidades o cualidades, cosa distinta es que en el
presente asunto, como las sentencias proferidas en el caso del señor Cuervo
Cuervo -tanto en los procesos ordinarios como en las constitucionales- no le han
sido favorables, entre a considerar que son ilegales y que lo “despojan judicialmente
de sus derechos”; sin embargo, lo que se observa es que en todas las instancias
se le ha respetado el debido proceso.
De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04339-01
Actor: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021, por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ÉDGAR CORTÉS MONCAYO GUSTAVO QUINTERO NAVAS
CONJUEZ CONJUEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
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