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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06506-00

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06506-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por el señor Gabriel René Cera Cantillo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. SEGUNDO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte considerativa. TERCERO. NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06506-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06506-00
Accionante: GABRIEL RENÉ CERA CANTILLO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales / Rechazo de la solicitud de extensión de
jurisprudencia / Subsanación y control de legalidad / Integración de salas de conjueces /
Motivación y límites del control constitucional.

Sentencia de Primera Instancia

I. Síntesis de la Decisión

1. La Sala negará la solicitud de amparo porque no se acreditaron los defectos alegados.
La Sección Segunda explicó las razones por las que la integración de las salas que
profirieron las sentencias de 2019 y 2020 y el contenido de la sentencia de 2016
impedían acceder al mecanismo de extensión. La subsanación no agotaba el examen
de sus presupuestos y el accionante pudo controvertir los motivos del rechazo a través
de los recursos. Los cuestionamientos sobre esas razones y la certificación aportada no
demostraron un error manifiesto y determinante que justificara dejar sin efectos las
providencias del órgano de cierre.

II. Antecedentes

La demanda

2. El señor Gabriel René Cera Cantillo, a través de apoderado judicial, presentó acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Invocó la
protección de sus derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, en relación con los principios de buena fe, confianza legítima
y prevalencia del derecho sustancial, que estimó vulnerados con las providencias
dictadas dentro del trámite de extensión de jurisprudencia 11001-03-25-000-2023-
00018-00 (0323-2023)1.

Hechos relevantes

3. El accionante desempeñó los cargos de procurador delegado disciplinario para la
Defensa de los Derechos Humanos y procurador judicial II para asuntos de restitución
de tierras. El 24 de octubre de 2022 solicitó a la Procuraduría General de la Nación la
extensión de tres sentencias del Consejo de Estado relacionadas con la prima especial
de servicios y la bonificación por compensación.

4. Solicitó el reconocimiento y pago de diferencias salariales por el período reclamado
entre el 15 de febrero de 2017 y el 3 de octubre de 2018, como procurador delegado,
hasta equiparar su remuneración a los ingresos de los congresistas. También pidió
reliquidar la bonificación por compensación desde el 17 de octubre de 2018, como

1
SAMAI, índice 2 del proceso de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06506-00
Accionante: Gabriel René Cera Cantillo
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda -
Subsección B
Referencia: Acción de Tutela

procurador judicial II, hasta alcanzar el 80 % de los ingresos de los magistrados de las
altas cortes.

5. La Procuraduría respondió en oficio S-2022-102961 del 9 de noviembre de 2022.
Negó la extensión de las sentencias de 2016 y 2019 porque no contaba con
disponibilidad presupuestal para atender los emolumentos correspondientes. Respecto
de la providencia de 2020, indicó que sus supuestos fácticos y jurídicos no se ajustaban
a la situación del solicitante.

6. El accionante acudió al Consejo de Estado a través de solicitud de extensión de
jurisprudencia. En auto del 23 de mayo de 2025, el magistrado sustanciador inadmitió la
solicitud. Advirtió inconsistencias entre el radicado, el número interno y la fecha de la
sentencia invocada de 2020. Además que, el solicitante se limitó a indicar los cargos
desempeñados en la Procuraduría, sin explicar razonadamente la similitud fáctica y
jurídica con los casos resueltos en las providencias invocadas.

7. El apoderado presentó el escrito de subsanación el 23 de julio de 2025. Precisó que
la providencia correspondía a la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de
2020, aportó copia de las tres decisiones y expuso las razones por las que consideraba
que sus reglas eran aplicables a los cargos desempeñados.

8. En auto del 30 de octubre de 2025, el magistrado ponente dejó sin efectos la
inadmisión y rechazó la solicitud. Invocó el control de legalidad del artículo 207 del
CPACA y el deber de saneamiento del artículo 42 del CGP. Las sentencias de 2019 y
2020 no tenían carácter de unificación porque las salas de conjueces que las profirieron
no se conformaron de acuerdo con la integración legal de la Sección Segunda.

9. Frente a la sentencia del 18 de mayo de 2016, sostuvo que no precisaba las
circunstancias fácticas de los demandantes ni delimitaba claramente la regla de
unificación. Esa situación impedía establecer la similitud requerida para extender sus
efectos al solicitante.

10. El accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de súplica. Sostuvo
que los conjueces tienen las mismas atribuciones de los magistrados y los reparos sobre
la conformación de las salas no permitían desconocer el carácter de unificación de
decisiones que permanecían vigentes. Respecto de la sentencia de 2016, afirmó que era
posible identificar sus supuestos fácticos y su regla jurídica, y que la causal de rechazo
por falta de similitud debía examinarse respecto de la solicitud.

11. En auto del 20 de marzo de 2026 el magistrado resolvió no reponer la decisión y
concedió la súplica. Aclaró que el cuestionamiento recaía sobre el número de integrantes
de las salas y no sobre su condición de conjueces. También que las razones del rechazo
no correspondían a deficiencias subsanables del escrito y que su carácter sorpresivo no
obligaba a continuar un trámite que carecía de los presupuestos legales.

12. Agregó que el interesado conservaba la posibilidad de acudir al medio de control
correspondiente para reclamar sus derechos. El lapso entre la radicación de la solicitud
de extensión y la ejecutoria de esa decisión no debía contabilizarse para efectos de
prescripción y caducidad.

13. La Subsección B confirmó el rechazo en auto del 9 de julio de 2026. Reiteró las
objeciones sobre la conformación de las salas que expidieron las sentencias de 2019 y

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Accionante: Gabriel René Cera Cantillo
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Subsección B
Referencia: Acción de Tutela

2020, incluido el número de conjueces y su asignación mediante sorteo. Frente a la
sentencia de 2016, indicó que no contenía un reconocimiento concreto de derechos
susceptible de extensión, de acuerdo con los criterios de la Sección Segunda citados en
la providencia.

Pretensiones

14. El accionante solicitó amparar sus derechos y dejar sin efectos el auto del 30 de
octubre de 2025, el auto del 20 de marzo de 2026 que resolvió la reposición y el auto del
9 de julio de 2026. Pidió que se ordene a la Sección Segunda admitir la solicitud de
extensión, correr traslado a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y resolverla de fondo. También solicitó que un eventual rechazo no se
sustentara en causales que no hubieran sido advertidas en la oportunidad procesal
correspondiente.

Fundamento de la demanda

15. El accionante sostuvo que las providencias incurrieron en defecto procedimental
porque rechazaron la solicitud por motivos distintos de los señalados en la inadmisión.
Afirmó que atendió integralmente los requerimientos y que el control de legalidad no
permitía reabrir ese examen sin darle oportunidad de pronunciarse, corregir o aportar
elementos frente a los nuevos reparos.

16. Alegó defecto sustantivo por la interpretación de las normas sobre extensión y
unificación de jurisprudencia. Las autoridades judiciales introdujeron exigencias ajenas
a las causales legales de rechazo y desconocieron que los conjueces tienen las mismas
atribuciones de los magistrados. El número de integrantes de las salas no permitía privar
del carácter de unificación a sentencias vigentes, ni el trámite de extensión era el
escenario para adoptar esa determinación.

17. También atribuyó un defecto fáctico por la omisión de la certificación 0477 del 3 de
agosto de 2022. En ese documento, la Procuraduría informó que había reconocido y
pagado la bonificación por compensación en cumplimiento de la sentencia de 2016. El
accionante consideró que esa prueba demostraba que la entidad ya había identificado
una regla aplicable a su situación y desvirtuaba la imposibilidad de hacer la comparación
invocada para rechazar la solicitud.

18. Alegó desconocimiento del precedente porque las tres sentencias contenían
reglas aplicables a los cargos que había desempeñado. Sostuvo que la autoridad
accionada las descartó sin examinar las razones de similitud expuestas en la
subsanación.

19. Además, cuestionó la aplicación de criterios adoptados en 2025 a una solicitud
iniciada en 2022. Consideró que ese cambio desconoció la confianza legítima y las
condiciones bajo las que se había atendido la inadmisión, pues los reparos sobre la
integración de las salas y el contenido de la sentencia de 2016 no habían sido advertidos
en esa oportunidad.

20. Por último, atribuyó a las providencias una violación directa de los artículos 13, 29,
83, 228 y 229 de la Constitución porque las exigencias sobrevinientes afectaron el
derecho sustancial e impidieron el acceso a la justicia. También invocó el artículo 53, por

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Accionante: Gabriel René Cera Cantillo
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Subsección B
Referencia: Acción de Tutela

estimar desconocidos la favorabilidad y el carácter irrenunciable de los derechos
laborales reclamados.

Trámite impartido e intervenciones

21. En auto del 20 de agosto de 20262, el despacho admitió la acción de tutela y dispuso
la notificación a los Consejeros de la Sección Segunda - Subsección B. Se ordenó
vincular a la Procuraduría General de la Nación.

22. El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera3 contestó y solicitó negar el
amparo porque las providencias cuestionadas no vulneraron los derechos del
accionante. Reiteró las razones sobre la conformación de las salas que expidieron las
sentencias de 2019 y 2020 y sobre la ausencia de un reconocimiento concreto de
derechos susceptible de extensión en la sentencia de 2016.

23. La Procuraduría General de la Nación4 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva porque no profirió las decisiones cuestionadas ni
tenía competencia para modificarlas. También pidió declarar improcedente la tutela y,
subsidiariamente, negar el amparo, pues el accionante pretende reabrir un debate de
interpretación legal y puede discutir las reclamaciones económicas a través de los
mecanismos judiciales ordinarios.

24. Frente al defecto procedimental, indicó que la inadmisión no resolvía definitivamente
todos los presupuestos de la extensión y que la subsanación no impedía verificar otras
causales de rechazo. Además, el accionante pudo controvertir las razones de la decisión
mediante los recursos interpuestos.

25. En relación con la certificación 0477, sostuvo que el pago administrativo de un
concepto no demostraba automáticamente la similitud exigida para extender las
sentencias ni acreditaba la procedencia de todas las pretensiones. Agregó que la
aplicación de criterios posteriores a una actuación pendiente no constituía, por ese solo
hecho, una retroactividad prohibida.

III. Consideraciones

Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia dentro de la acción de tutela de la
referencia, en virtud de lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20195.

Cuestión previa. Solicitud de desvinculación

27. La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque no profirió las decisiones cuestionadas ni
tiene competencia para modificarlas.

2
SAMAI, índice 5.
3
SAMAI, índice 12.
4
SAMAI, índice 11.
5
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13, “Distribución de los procesos entre las
secciones”.

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Subsección B
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28. La Sala negará esa solicitud. La Procuraduría es la entidad frente a la que se
promovió la extensión de jurisprudencia y tiene interés directo en el resultado de esta
acción. Su intervención como tercero interesado se justifica en el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991

Problema jurídico

29. La Sala debe determinar si la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales del señor Gabriel René Cera Cantillo al dejar
sin efectos el auto de inadmisión y rechazar su solicitud de extensión de jurisprudencia
por motivos relacionados con la integración de las salas que profirieron las sentencias
de 2019 y 2020 y con el contenido de la sentencia de 2016.

30. La Sala verificará primero los requisitos generales de procedencia. Si se satisfacen,
examinará si el trámite impartido, la interpretación de los presupuestos de la extensión y
el tratamiento de la certificación aportada configuraron los defectos alegados.

Requisitos generales

31. La Corte Constitucional distinguió los requisitos generales que permiten examinar
una tutela contra providencias judiciales de los defectos específicos que justifican
conceder el amparo. Por tanto, antes de abordar los cargos, corresponde verificar la
relevancia constitucional, la subsidiariedad, la inmediatez, la identificación de los hechos
y derechos, la alegación previa de la irregularidad cuando fuera posible, su incidencia en
la decisión si es de naturaleza procesal y que no se cuestionen sentencias de tutela6.

32. La controversia tiene relevancia constitucional porque el accionante cuestiona el
cierre del trámite de extensión por razones que, a su juicio, desconocieron sus
oportunidades de defensa y el alcance de las sentencias invocadas. El examen recae
sobre las garantías del debido proceso y de acceso a la administración de justicia en esa
actuación.

33. La extensión de jurisprudencia concreta el derecho a la igualdad de trato y garantiza
el acceso a la administración de justicia, lo que dota de relevancia constitucional a las
controversias sobre su trámite7.

34. Esa relevancia se acentúa porque la decisión que pone fin al proceso de extensión
no admite recursos ordinarios, de manera que la tutela constituye el mecanismo idóneo
para controvertirla8. Determinar si las providencias incurrieron en los defectos atribuidos
corresponde al estudio de fondo.

35. En cuanto a la titularidad de los derechos invocados, Gabriel René Cera Cantillo
promovió la solicitud de extensión y es la persona directamente afectada por su rechazo.
La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado está legitimada por pasiva
porque a esa autoridad pertenecen el magistrado que rechazó la solicitud y la Sala que
mantuvo esa decisión al resolver la súplica.

6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Corte Constitucional, sentencia C-816 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-611 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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36. La acción se promovió dentro de un término razonable. La decisión que resolvió la
súplica se notificó el 23 de julio de 20269 y la tutela se radicó el 18 de agosto siguiente,
plazo razonable.

37. El accionante interpuso reposición y, en subsidio, súplica contra el rechazo. El
magistrado mantuvo su decisión y concedió la súplica. Este último auto no admite
recursos ordinarios, conforme al artículo 243A, numeral 4, del CPACA. Tampoco
procede el recurso extraordinario de revisión, previsto contra sentencias ejecutoriadas,
ni el de unificación de jurisprudencia, reservado a sentencias de los tribunales
administrativos, según los artículos 248 y 257 del mismo código. La posibilidad de
reclamar los derechos salariales mediante el medio de control correspondiente no
proporciona un mecanismo para controvertir los autos que cerraron el trámite de
extensión10.

38. La demanda identifica las providencias cuestionadas, los hechos que el accionante
considera lesivos y los derechos cuya protección solicita. Los autos fueron dictados
dentro de un trámite de extensión de jurisprudencia y no corresponden a sentencias de
tutela. Además, la irregularidad procesal denunciada se relaciona directamente con el
rechazo, pues el accionante atribuye el cierre de la actuación a la introducción de motivos
que no pudo controvertir previamente. Su acreditación y alcance se examinarán al
resolver ese cargo.

Caso concreto

39. El accionante cuestionó las providencias que rechazaron su solicitud de extensión
de jurisprudencia y mantuvieron esa determinación al resolver los recursos porque la
Sección Segunda introdujo motivos distintos de los advertidos en la inadmisión,
desconoció las atribuciones de los conjueces y descartó el contenido de las sentencias
invocadas y una certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación. La Sala
examinará esos reproches en relación con las razones que sustentaron el cierre del
trámite.

40. La tutela contra providencias judiciales exige demostrar un defecto que trascienda la
discrepancia con la interpretación o valoración del juez natural. En la sentencia SU-215
de 2022, la Corte Constitucional precisó que ese examen es especialmente exigente
cuando se cuestionan decisiones de una alta corte, por su función como órgano de cierre
y por los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica e igualdad. Esa exigencia
no excluye el control constitucional, pero impide sustituir una interpretación razonable
por otra que el accionante considere más favorable11.

41. El artículo 269 del CPACA distingue la corrección de los requisitos del escrito de las
causales de rechazo de plano. Entre estas últimas incluye que la sentencia no sea de
unificación, que no reconozca un derecho y que no exista o no esté acreditada la similitud
requerida. La autoridad judicial podía, por tanto, verificar esos presupuestos al decidir
sobre la admisibilidad, sin que estuviera obligada a reservar su examen para una etapa
posterior12.

9
SAMAI, índice 56 del proceso 11001-03-25-000-2023-00018-00.
10
CPACA, artículos 243A.4, 246, 248 y 257.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M. P. Natalia Ángel Cabo.
12
Ley 2080 de 2021, artículos 77 y 86. El artículo 77 modificó el artículo 269 del CPACA; numerales 3, 4 y 6.

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42. El auto del 23 de mayo de 2025 inadmitió la solicitud para corregir la identificación
de una de las providencias y explicar las razones de similitud entre la situación del
peticionario y la de los demandantes beneficiados. Aunque denominó de unificación a
las sentencias invocadas, no examinó específicamente los reparos sobre la integración
de las salas ni la suficiencia del contenido de la decisión de 2016 que posteriormente
sustentaron el rechazo. La presentación de la subsanación mantuvo pendiente la
decisión sobre la admisibilidad13.

43. La diferencia entre los motivos de inadmisión y rechazo no demuestra, por sí sola,
un defecto procedimental, pues el rechazo no se fundó en que el solicitante hubiera
omitido corregir el radicado o presentar el escrito comparativo, sino en la valoración de
los presupuestos legales relativos a las sentencias invocadas. La corrección del escrito
no eliminaba la facultad de examinar esos presupuestos ni convertía su presentación en
una decisión favorable sobre su cumplimiento.

44. Tampoco se acreditó una restricción concreta del derecho de defensa derivada de
esa secuencia. El accionante aportó las tres sentencias con la subsanación y controvirtió
a través de los recursos tanto el reparo sobre la conformación de las salas como la
conclusión relativa al contenido de la sentencia de 201614. En la tutela no individualizó
una modificación del escrito o un elemento adicional cuya presentación hubiera sido
impedida y que permitiera superar aquellos motivos de rechazo. Esto no significa que
los recursos subsanen cualquier irregularidad, sino que no se demostró la pérdida de
una oportunidad de actuación con incidencia determinante en este caso.

45. El control de legalidad previsto en el artículo 207 del CPACA se dirige al saneamiento
de vicios que acarreen nulidades y no constituye una autorización general para revocar
providencias firmes por discrepancias interpretativas. La Subsección A de la Sección
Tercera, en auto del 8 de abril de 2022, destacó el carácter excepcional de la corrección
de actuaciones manifiestamente ilegales mediante la denominada teoría del
antiprocesalismo. Esa facultad exige examinar la entidad de la irregularidad y las
condiciones en que se pretende corregirla15.

46. En el asunto examinado, la invocación del saneamiento no fue el único fundamento
del rechazo. El magistrado también desarrolló las causales del artículo 269 del CPACA
y explicó por qué consideraba incumplidos los presupuestos del mecanismo. Por ello,
aun cuando dejar sin efectos la inadmisión no era necesario para resolver el examen
pendiente, esa determinación no demuestra por sí misma la vulneración alegada. No se
acreditó que hubiera excluido los documentos aportados, impedido la intervención del
apoderado o suprimido los recursos ejercidos. La discusión relevante recae, entonces,
en la razonabilidad de los motivos del rechazo16.

47. Frente a las sentencias del 2 de septiembre de 2019 y del 15 de diciembre de 2020,
el accionante sostuvo que la autoridad judicial desconoció que los conjueces tienen las
mismas atribuciones de los magistrados. Sin embargo, el auto que resolvió la reposición
reconoció expresamente esa igualdad y aclaró que el reparo se refería a la integración
de las salas. La razón expuesta fue que la conformación de los órganos que dictaron

13
SAMAI, índice 26 del proceso 11001-03-25-000-2023-00018-00.
14
SAMAI, índices 31 y 39 del proceso 11001-03-25-000-2023-00018-00.
15
CPACA, artículo 207. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 8 de abril de 2022, radicado
11001-03-15-000-2021-04339-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
16
SAMAI, índices 34 y 43 del proceso 11001-03-25-000-2023-00018-00.

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aquellas providencias no correspondía a la exigida para ejercer la función de
unificación17.

48. Esa consideración guarda relación con los artículos 270 y 271 del CPACA, que
regulan las sentencias de unificación y los órganos competentes para proferirlas, pues
para la época de las decisiones invocadas, el artículo 36 de la Ley 270 de 1996, disponía
que la Sección Segunda se dividía en dos subsecciones de tres magistrados cada una.
A su vez, los artículos 115, 126 y 128 del CPACA regulaban la intervención de conjueces,
el quórum y las mayorías. La verificación de la aptitud de las providencias para la
extensión tenía, por tanto, un referente normativo identificable18.

49. Debe precisarse que esas disposiciones no permiten afirmar que toda intervención
de conjueces que supere el número ordinario de integrantes sea irregular. El artículo 128
contempla su designación para dirimir empates u obtener la mayoría requerida. La
sentencia SU-074 de 2022 examinó una integración de esa naturaleza y valoró el
procedimiento concreto que dio lugar a la participación del conjuez. Por ello, el número
de participantes debe apreciarse junto con la causa jurídica de su intervención19.

50. El accionante sostuvo que la igualdad de funciones entre magistrados y conjueces y
la participación de un mayor número de integrantes reforzaban la legitimidad de las
decisiones. Sin embargo, esas razones no explican por qué las reglas sobre
conformación del órgano dejarían de ser relevantes para establecer el carácter de
unificación de las sentencias. La igualdad de atribuciones no autoriza, por sí sola,
cualquier composición de la sala, ni el mayor número de participantes reemplaza la
causa legal de su intervención. Este argumento no demuestra el defecto atribuido a la
interpretación de las normas orgánicas.

51. Tampoco se advierte que las providencias cuestionadas hubieran anulado las
sentencias de 2019 y 2020 o privado de sus derechos a quienes fueron parte en aquellos
procesos. La reposición manifestó que no ponía en duda la validez de las decisiones y
circunscribió el examen a su aptitud para el mecanismo de extensión. La firmeza de una
providencia y su idoneidad como fundamento de ese trámite corresponden a cuestiones
distintas20. El argumento según el que era indispensable anularlas previamente no
demuestra que la autoridad careciera de competencia para hacer la verificación prevista
en el artículo 269.3 del CPACA.

52. Respecto de la sentencia del 18 de mayo de 2016, el examen exige distinguir la
existencia de una motivación de su suficiencia constitucional. La sentencia T-041 de
2018 precisó que la tutela no permite intervenir ante cualquier desacuerdo con las
razones del juez, sino frente a una argumentación manifiestamente defectuosa,
insuficiente o inexistente21. La Sala debe establecer si las providencias ofrecen una
explicación comprensible y jurídicamente sustentada de la decisión, sin exigir que
coincida con la lectura propuesta por el accionante.

53. El auto de rechazo examinó esa sentencia y señaló que no precisaba las
circunstancias particulares de los demandantes necesarias para hacer la comparación y

17
SAMAI, índice 43 del proceso 11001-03-25-000-2023-00018-00.
18
CPACA, artículos 115, 126, 128, 270 y 271. Artículo 36 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 10 de la
Ley 1285 de 2009.
19
CPACA, artículo 128. Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2022, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
20
SAMAI, índice 43 del proceso 11001-03-25-000-2023-00018-00.
21
Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06506-00
Accionante: Gabriel René Cera Cantillo
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda -
Subsección B
Referencia: Acción de Tutela

tampoco delimitaba con claridad la regla de unificación. Relacionó la primera apreciación
con los artículos 102 y 269 del CPACA y explicó que la similitud fáctica y jurídica
constituía un presupuesto esencial del mecanismo. La reposición mantuvo esas razones
y la súplica concluyó que el fallo carecía de un reconocimiento concreto susceptible de
extensión22.

54. La sentencia de 2016 sí contiene consideraciones sobre la incidencia de la prima
especial de los magistrados de las altas cortes en la bonificación por compensación de
los beneficiarios del Decreto 610 de 1998. Además, revocó la aplicación de la
prescripción trienal y adicionó el fallo particular en relación con la liquidación de la prima.
Por tanto, no sería exacto afirmar que carece de órdenes concretas o que únicamente
formuló consideraciones generales sobre prescripción porque el propio auto de rechazo
transcribió los numerales cuarto y quinto que contienen aquellas determinaciones23.

55. Esa precisión no desvirtúa por sí sola la razón adicional del rechazo. La Sección
Segunda consideró que el contenido del fallo no suministraba circunstancias particulares
suficientes para verificar la similitud que exige la extensión. Su conclusión se refirió a la
aptitud de ese contenido para el mecanismo especial. La existencia de órdenes
favorables en el proceso original no releva de examinar si pueden identificarse los
supuestos del reconocimiento que se pretende proyectar al solicitante.

56. El accionante sostuvo que la información necesaria podía deducirse de la sentencia.
En efecto, el fallo identifica las reclamaciones de los beneficiarios de la bonificación por
compensación y explica la incidencia de las cesantías de los congresistas en su
liquidación, aunque no relaciona individualmente los cargos y períodos de vinculación de
los demandantes. El auto de rechazo y la reposición reconocieron que la providencia se
pronunció sobre el Decreto 610 de 1998 y el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, pero
consideraron insuficiente la descripción de las circunstancias particulares para hacer la
comparación entonces, la controversia recae sobre la suficiencia constitucional de esa
explicación frente al contenido del fallo.

57. En este contexto, la censura propone que se adopte otra valoración sobre la
capacidad de la sentencia de 2016 para servir como referente de comparación. El
accionante contrapone las reglas y determinaciones que identifica en ella, pero no
demuestra que la apreciación de insuficiencia carezca de relación con los requisitos
legales o constituya una conclusión manifiestamente arbitraria. El carácter discutible de
esa apreciación no basta para desplazar la autonomía del juez natural. La Sala no
encuentra acreditado un defecto sustantivo ni una insuficiencia de motivación que
justifique dejar sin efectos las decisiones por este motivo.

58. La misma distinción resulta pertinente para examinar la certificación 0477 del 3 de
agosto de 2022. Ese documento informa que, desde el 1 de enero de 2020 y hasta su
expedición, la Procuraduría reconoció y pagó al accionante la bonificación por
compensación en cumplimiento de la sentencia de 2016. Según la certificación, ese
concepto, sumado a los demás ingresos laborales anuales, alcanzó el 80% de lo
devengado por los magistrados de las altas cortes, con inclusión del componente relativo
a las cesantías de los congresistas24.

22
SAMAI, índices 34, 43 y 52 del proceso 11001-03-25-000-2023-00018-00.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, radicado 25000-23-
25-000-2010-00246-02 (0845-2015). SAMAI, índice 34 del proceso 11001-03-25-000-2023-00018-00.
24
SAMAI, índice 3 del proceso 11001-03-25-000-2023-00018-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06506-00
Accionante: Gabriel René Cera Cantillo
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda -
Subsección B
Referencia: Acción de Tutela

59. La sentencia T-041 de 2018 exige que la prueba cuya valoración se omitió tenga una
incidencia determinante en la decisión25. En este asunto, esa incidencia debe
examinarse respecto de las razones del rechazo de la solicitud. No corresponde exigir
que la certificación acredite, por sí sola, todos los presupuestos necesarios para acceder
a la extensión.

60. La certificación acredita que la Procuraduría reconoció y pagó al accionante la
bonificación por compensación con fundamento en la sentencia de 2016. Por ello, es
pertinente para examinar el cuestionamiento sobre la posibilidad de identificar y aplicar
su contenido. Sin embargo, el documento no expone el cotejo fáctico y jurídico que
sustentó ese reconocimiento.

61. Apreciada junto con la sentencia de 2016, la certificación confirma que la
Procuraduría identificó y aplicó una regla de liquidación, pero no aporta las
circunstancias particulares de los demandantes originales cuya insuficiente identificación
sustentó el rechazo. Conforme al examen anterior sobre la razonabilidad de ese
fundamento, no se acreditó que la ausencia de valoración expresa del documento tuviera
una incidencia determinante en la decisión. En consecuencia, no se configura el defecto
fáctico alegado.

62. El cargo por desconocimiento del precedente exige identificar una regla pertinente
para resolver un problema jurídico semejante y establecer la comparabilidad de los
supuestos relevantes. Así lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia T-292 de
200626. La sola invocación de una providencia favorable no demuestra su
desconocimiento cuando la controversia recae, precisamente, sobre su aptitud y las
condiciones legales de aplicación al asunto posterior.

63. Las autoridades expusieron razones para descartar las tres sentencias como
fundamento de la extensión solicitada. El accionante reiteró su carácter unificador y la
aplicabilidad de sus reglas a los cargos que desempeñó, pero esos planteamientos no
desvirtúan, con la entidad constitucional requerida, las razones sobre la conformación
de las salas y la suficiencia del contenido del fallo de 2016. La tutela no permite tener
por superados tales presupuestos a partir de la sola interpretación favorable que el
solicitante propone de los antecedentes judiciales.

64. En cuanto a la confianza legítima, la aplicación de un criterio jurisprudencial posterior
exige examinar si altera las reglas que orientaron la conducta procesal y si hace
necesario permitir a las partes adecuar sus actuaciones. La fecha posterior de una
providencia no demuestra, por sí misma, una aplicación retroactiva contraria a la
Constitución.

65. En este caso, las causales legales de rechazo relacionadas con la naturaleza de la
sentencia, el reconocimiento de un derecho y la similitud ya estaban previstas cuando
se promovió el trámite. La referencia a decisiones de 2025 no equivale a la creación de
esas exigencias. A su vez, aunque la inadmisión pudo generar una expectativa sobre la
continuación de la actuación, no contenía una decisión definitiva sobre los reparos que
sustentaron el rechazo27.

25
Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
26
Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
27
Ley 2080 de 2021, artículos 77 y 86.

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66. El accionante tampoco individualizó una carga que hubiera quedado imposibilitado
para atender por la aplicación de los criterios posteriores. Aportó las sentencias y tuvo
oportunidad de controvertir las razones de su exclusión mediante los recursos. En esas
condiciones, no se acreditó una afectación concreta de la confianza legítima que obligara
a admitir la solicitud o a prescindir del examen de sus presupuestos. Esta conclusión
atiende a las oportunidades efectivamente ejercidas y no supone que todo cambio
jurisprudencial pueda aplicarse sin considerar sus efectos sobre las partes.

67. Por último, la invocación de los principios de igualdad, buena fe, prevalencia del
derecho sustancial y favorabilidad no releva de demostrar el defecto atribuido a las
providencias. La naturaleza laboral de las pretensiones no elimina los requisitos del
mecanismo especial ni obliga a adoptar la interpretación del solicitante sobre su
cumplimiento. Los reparos examinados no evidencian que la aplicación de esos
requisitos hubiera impuesto una restricción manifiestamente arbitraria del debido
proceso o del acceso a la administración de justicia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por el señor Gabriel René Cera
Cantillo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

SEGUNDO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Procuraduría
General de la Nación, por las razones expuestas en la parte considerativa.

TERCERO. NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace
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puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
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