Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04388-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04388-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-04388-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
12 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / AUSENCIA DE PODER ESPECIAL – Para el trámite de la acción de tutela / AGENTE OFICIOSO / AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DE LA AGENCIA OFICIOSA / FALTA DE REQUISITOS DE LA AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCIÓN DE TUTELA
[P]asará la Sala a establecer si en el caso bajo estudio se configura la legitimación en la causa por activa, respecto del [actor], que permita entrar a pronunciarse respecto de las pretensiones de amparo frente a las personas que mencionó que se encuentran en su misma situación. En principio, es claro que toda persona por el hecho de serlo es titular de derechos fundamentales, pero para la procedencia de la acción de tutela, debe estar establecida la circunstancia que faculta al sujeto de derechos a presentar el mecanismo de amparo constitucional, ello implica, acreditar la condición de titular de la relación jurídica material que da lugar al proceso, o bien actuar como agente oficioso para el efecto. En el sub examine, el [actor] no señaló fungir como apoderado judicial de los referidos señores, ni actuar como agente oficioso de éstos ante la imposibilidad de aquéllos de promover en nombre propio la acción de tutela, de manera que no acreditó la legitimación en la causa por activa, frente a la protección de los mencionados derechos. Así las cosas, en atención a los argumentos expuestos por la Sala, resulta evidente que en el sub examine no procede la intervención del juez constitucional para decidir sobre la vulneración de los derechos fundamentales de estas personas.
ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE TEMERIDAD / IDENTIDAD DE PARTES / IDENTIDAD DE OBJETO / IDENTIDAD DE CAUSA / ACREDITACIÓN DE LA MALA FE – Se evidencia que ejerció de manera inapropiada este mecanismo constitucional / AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA – Al revisar las acciones de tutela presentadas por el actor se evidenció que no han surtido el trámite de revisión correspondiente por el máximo órgano constitucional / CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA / RESPETO AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / RESPETO AL PRINCIPIO LA SEGURIDAD JURÍDICA
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social resaltó que la presente acción resulta temeraria, por cuanto “se encontró que el accionante ha interpuesto dos acciones de tutela (adicionales a la presente) contra PROSPERIDAD SOCIAL Y FONVIVIENDA, y el petitorio en el fondo es el mismo, es decir el mismo núcleo central de los hechos y las pretensiones que contiene la tutela que hoy conoce su despacho así: Las tutelas son las siguientes: 1. Juzgado 1 Penal del Circuito de Cartagena- Rad: 2021-00015-00– Febrero de 2021. 2. Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá- Rad: 2021-00278-00- Junio de 2021”. Como se indicó en los antecedentes, allegó un hipervínculo con el expediente digital correspondiente a la acción de tutela 11001310303320210027800, tramitada y fallada por el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil del Circuito Judicial de Bogotá. Al respecto, es importante señalar que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera: “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. (…) En el sub lite, resulta necesario verificar si se configuran los fenómenos de la temeridad y la cosa juzgada, en el caso concreto, respecto del proceso identificado con el radicado 11001310303320210027800, tramitado y decidido por el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil del Circuito Judicial de Bogotá. En el fallo de tutela proferido el 28 de junio de 2021, el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil del Circuito Judicial de Bogotá, allegado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se indicó: “El Señor [D.S.P.], instauró acción de tutela en contra del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, a fin de que le protegieran el Derecho Constitucional Fundamental de Vivienda Digna, ya que desde el año 2012 se construyeron unas casas en el Sector de Villa de Aranjuez, y pasando nueve (9) años 125 casas de ellas a la fecha no han sido entregadas. Por ello solicitó que se ordene a las accionadas para que de manera urgente les asignen las pretendidas viviendas”. Al analizar el escrito de tutela en la acción identificada con el radicado 11001310303320210027800, se observa que ambas acciones fueron interpuestas por el actor, se dirigieron contra las mismas autoridades, esto es, contra el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Presidencia de la Republica, con lo cual se advierte la identidad de autoridades accionadas. Conviene resaltar en la presente acción de tutela, también incluyó como entidades accionadas a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General de la Nación; no obstante, no atribuyó ninguna acción u omisión a estas autoridades, lo que implica que el hecho de haber dirigido esta solicitud de amparo contra estas instituciones, no desvirtúa la identidad de objeto entre ambas acciones de tutela, pues no basta con incluir a otras accionadas, si lo perseguido con la petición constitucional, los hechos que le dan origen y las autoridades relacionadas con los supuestos fácticos guardan similitud. Asimismo, ambas acciones coinciden en el objeto, que consiste en obtener la protección del derecho fundamental a la vivienda digna, cuya vulneración radica en la omisión de las autoridades accionadas, de entregarle una vivienda en el Sector de Villa de Aranjuez, en Cartagena.
Ahora bien, de la revisión del escrito de tutela se pudo constatar que el actor no puso en conocimiento de esta Sala la existencia de la otra tutela referida, ni mucho menos expuso las razones por las cuales considera que su caso amerita un nuevo estudio sino que realizó la siguiente afirmación: “JURAMENTO “Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, por los mismos hechos y derechos, no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial”. Del citado texto, se entiende que se desvirtúa la buena fe del tutelante al momento de presentar la presente solicitud de amparo y se evidencia que ejerció de manera inapropiada este mecanismo constitucional al intentar conseguir la protección de sus derechos presuntamente vulnerados, pues era consciente de la existencia de la tutela que conoció y falló el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil del Circuito Judicial de Bogotá, el 28 de junio de 2021, la cual guarda identidad jurídica con la actual, como quedó demostrado anteriormente. (…) Así las cosas, la Sala advierte que no es la primera vez que el actor presenta una acción de tutela por los mismos hechos, pues en principio se advierten por lo menos tres peticiones de amparo cuyo objeto es el mismo, de manera que no tiene un motivo que justifique su proceder en el asunto de la referencia. En lo que concierne a la cosa juzgada constitucional, cabe señalar que su configuración parte del hecho de que las sentencias hayan sido o no seleccionadas por la Corte Constitucional para su revisión. (…) [E]n el asunto sub judice no se configuró tal figura jurídica, toda vez que al revisar las acciones de tutela presentadas por el [actor] identificadas con los radicados 11001310303320210027800 y 13001310400120210001500, se evidenció que no han surtido el trámite de revisión correspondiente por el máximo órgano constitucional. En este orden de ideas, la Sala declarará la configuración de la temeridad en el caso bajo estudio, con la advertencia al tutelante de que no puede presentar nuevamente una acción de esta naturaleza por los mismos hechos, teniendo en cuenta el carácter excepcional de esta acción constitucional, que tiene como fin garantizar el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 38
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04388-00(AC)
Actor: DAGOBERTO SANTOYA PEÑA
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Tutela de fondo – actuación temeraria
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Dagoberto Santoya Peña contra la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento para la Prosperidad Social, el Consejo Superior de la Judicatura, el Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
ANTECEDENTES
Solicitud
El señor Dagoberto Santoya Peña, en nombre propio, con escrito enviado a través de correo electrónico el 13 de julio de 2021 al buzón de la Secretaría General del Consejo de Estado, presentó acción de tutela con el fin de que se le ampare el derecho a la vivienda digna.
La mencionada garantía constitucional la consideró vulnerada por la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento para la Prosperidad Social, el Consejo Superior de la Judicatura, el Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Procuraduría General de la Nación con ocasión a que tanto él, como un conjunto de personas están a la espera de que les sean entregadas las casas que ha estado construyendo el Gobierno Nacional desde el año 2013 en la urbanización Villas de Aranjuez, ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias.
Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en un único hecho que la Sala transcribe para no incurrir en imprecisiones:
“HECHOS
En la ciudad de Cartagena departamento de BOLIVAR en la urbanización villas de Aranjuez se construyeron unas viviendas desde el año 2013 y fueron entregadas a algunas familias y otras quedaron sin entregar y que están siendo objeto de vandalismo y para consumir drogas y expendio de las mismas ya que no son habitadas”.
Petición de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
“(…) Solicitamos a este tribunal se les ordene a estas entidades otorgarles estas viviendas a estas familias de escasos recursos y que están siendo humilladas por sus inquilinos y los echan a la calle.
Solicitamos que se cumplan el derecho de una vivienda digna bajo el artículo de la constitución política de Colombia y consagrada bajo la carta magna de la misma constitución política”.
Trámite de la acción
Mediante auto de 14 de julio de 2021, el magistrado ponente de esta decisión admitió la presente acción de tutela y ordenó la notificación a las autoridades accionadas, así como la vinculación de los señores Greys Mejía, Uriel Mejía Barreto, Dina Misley Sánchez, Veimer Mejía, Luis Arévalo, Samuel García, Enrique Peña López, María Salcedo, Andy Arroyo Blanco, Carmen Lara Castellar, Amaranto Donado, Jonathan Avendaño, Lenis Mejía, Astrid Sánchez, Ana Fajardo Ortega, Lorena Avendaño, Luis Romero, Enilda Sierra, Yudis Caraballo Ibáñez, Carmelina Torres, Luz Mary Padilla, Jesús Manuel Meza, Yamil López, Carmenza Durango, Néstor Durango Fuentes, Berlides Flores, Carmenza de la Peña, Lizeth Lara Castellar, Miladis Baldovino, Edinson Cogollo Martínez, Edinson Cogollo de las Aguas, Arturo Cogollo Martínez, Luis Manuel Caraballo, Margorth Morillo, Álvaro Padrón, Ana Caraballo Salgado, Limonada del Villar, Solos Suárez Fuentes, Ginolvis Buelvas, Luz Marina Cuello Arroyo, María Luisa Cogollo, Luz Mary Blanco Romero, Juan Pájaro Hernández, Ronald Ortiz Reyes, Angélica Altamar Blanco, Jorge Luis Paternina, Justina Julio Julio, Yenny Patricia Mosquera, Liseth Meléndez Villadiego, Yarleis Blanco Cabarcas, Carlos Mercado Rodríguez, Daniela Correa Blanco, Wendy Serrano Burgos, Luz Elena Martínez Montes Rosiris Martínez Montés, Edelfadi Blanco Romero, María José Peña Blanco, Carlos Miguel Morelo Paternina, Kelly Peña Hernández, Aníbal Andrés Izquierdo Blanco, Algemiro Correa Pérez, Liliana Carmona Blanco, María del Pilar Pertuz, Minelis Barboza Balceiro, Karina Carrasquiel, Miguel Cano Meñaca, Maryuris Muriel Cano, Alfredo Morales Blanco, Deimi Ramos Ruiz, Elder Mendoza Reyes, María Burgos, Elkin Villa Pertuz, Sugey Pérez Chico, Ana Villadiego Arteaga, Lucelis Meléndez Villadiego, Gilberto Villa González, Aura Vergara Morales, Katty Fortich Puello, Denis Morales García, Loriana Romero, Tania Ramos, Elis Johana Mejia, Heramis Romero, Yessica Villanueva, Kellys Cabarcas, Yudis Puello Carmona, Edilma Suárez Fuentes y Mariluz Bermúdez, por cuanto el tutelante los relacionó como presuntamente afectados por los mismos hechos que originaron la petición de amparo.
Finalmente, requirió a la oficina de sistemas de la Corporación, para que realizara la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página web del Consejo de Estado.
Intervenciones
1.5.1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la presente solicitud de amparo, en atención a que esa cartera ministerial no ha vulnerado derecho fundamental alguno. En forma subsidiaria, indicó que se debe excluir del trámite constitucional al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es competente para conocer de las pretensiones formuladas por el accionante, debido a que no tiene la función de coordinar, asignar o rechazar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (función a cargo de FONVIVIENDA), solo es el ente rector que dicta la política en materia habitacional.
1.5.2. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
El referido departamento alegó su falta de competencia para dar respuesta a las manifestaciones o pretensiones del accionante, comoquiera que se encuentran relacionadas con la solicitud de asignación de viviendas construidas en el año 2013 en la Urbanización Villas de Aranjuez, en la ciudad de Cartagena, y que según el señor Santoya están siendo objeto de vandalismo. En ese orden, indicó que en las diferentes modalidades de subsidios de vivienda urbana dirigida a población en condición de desplazamiento, pobreza extrema y damnificada por desastres naturales o ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, otorgadas por FONVIVIENDA, esa autoridad solo tiene asignadas funciones administrativas para la asignación del subsidio en especie y no a la entrega de esas viviendas.
Adicionalmente, mencionó que verificó en la herramienta de gestión documental de la entidad – DELTA – el día 16 de julio de 2021, y encontró una petición a nombre del señor Dagoberto Santoya Peña, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.045.233.147, interpuesta el 14 de enero de 2021, y a la cual se le asignó el radicado interno No. E-2021-0007-009396. Explicó que a dicha petición se dio respuesta clara, oportuna y de fondo, mediante radicado No. S-2021-3000-099424 del 22 de enero de 2021, así:
Agregó que dicha respuesta con radicado No. S-2021-3000-099424 del 22 de enero de 2021, fue debidamente notificada a la dirección electrónica indicada por el accionante en su petición, dagosantoya1988@gmail.com, para lo cual insertó en el documento una captura de pantalla del envío del referido mensaje.
Finalmente, resaltó que la presente acción resulta temeraria, como se cita a continuación:
“Revisada la plataforma de Prosperidad Social denominada ASTREA, en la cual se cargan todas las acciones de tutela que se notifican en contra de la entidad; se encontró que el accionante ha interpuesto dos acciones de tutela (adicionales a la presente) contra PROSPERIDAD SOCIAL Y FONVIVIENDA, y el petitorio en el fondo es el mismo, es decir el mismo núcleo central de los hechos y las pretensiones que contiene la tutela que hoy conoce su despacho así: Las tutelas son las siguientes: 1. Juzgado 1 Penal del Circuito de Cartagena- Rad: 2021-00015-00– Febrero de 2021. 2. Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá- Rad: 2021-00278-00- Junio de 2021”.
Para sustentar lo anterior, allegó un hipervínculo con el expediente digital correspondiente a la acción de tutela 11001310303320210027800, tramitada y fallada por el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil del Circuito Judicial de Bogotá.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Dagoberto Santoya Peña contra la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento para la Prosperidad Social, el Consejo Superior de la Judicatura, el Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si las autoridades accionadas vulneraron el derecho a la vivienda digna del actor, en consideración a que no le han entregado una vivienda en la urbanización Villas de Aranjuez, ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, así como tampoco a un grupo de familias que menciona en su escrito de tutela. Adicionalmente informó que las casas que “quedaron sin entregar (..) están siendo objeto de vandalismo y para consumir drogas y expendio de las mismas ya que no son habitadas”.
2.2.1. La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
Antes de abordar el estudio del caso concreto, es importante precisar que el actor considera que las autoridades demandadas también están vulnerando el derecho a la vivienda digna de los señores Greys Mejía, Uriel Mejía Barreto, Dina Misley Sánchez, Veimer Mejía, Luis Arévalo, Samuel García, Enrique Peña López, María Salcedo, Andy Arroyo Blanco, Carmen Lara Castellar, Amaranto Donado, Jonathan Avendaño, Lenis Mejía, Astrid Sánchez, Ana Fajardo Ortega, Lorena Avendaño, Luis Romero, Enilda Sierra, Yudis Caraballo Ibáñez, Carmelina Torres, Luz Mary Padilla, Jesús Manuel Meza, Yamil López, Carmenza Durango, Néstor Durango Fuentes, Berlides Flores, Carmenza de la Peña, Lizeth Lara Castellar, Miladis Baldovino, Edinson Cogollo Martínez, Edinson Cogollo de las Aguas, Arturo Cogollo Martínez, Luis Manuel Caraballo, Margorth Morillo, Álvaro Padrón, Ana Caraballo Salgado, Limonada del Villar, Solos Suárez Fuentes, Ginolvis Buelvas, Luz Marina Cuello Arroyo, María Luisa Cogollo, Luz Mary Blanco Romero, Juan Pájaro Hernández, Ronald Ortiz Reyes, Angélica Altamar Blanco, Jorge Luis Paternina, Justina Julio Julio, Yenny Patricia Mosquera, Liseth Meléndez Villadiego, Yarleis Blanco Cabarcas, Carlos Mercado Rodríguez, Daniela Correa Blanco, Wendy Serrano Burgos, Luz Elena Martínez Montes Rosiris Martínez Montés, Edelfadi Blanco Romero, María José Peña Blanco, Carlos Miguel Morelo Paternina, Kelly Peña Hernández, Aníbal Andrés Izquierdo Blanco, Algemiro Correa Pérez, Liliana Carmona Blanco, María del Pilar Pertuz, Minelis Barboza Balceiro, Karina Carrasquiel, Miguel Cano Meñaca, Maryuris Muriel Cano, Alfredo Morales Blanco, Deimi Ramos Ruiz, Elder Mendoza Reyes, María Burgos, Elkin Villa Pertuz, Sugey Pérez Chico, Ana Villadiego Arteaga, Lucelis Meléndez Villadiego, Gilberto Villa González, Aura Vergara Morales, Katty Fortich Puello, Denis Morales García, Loriana Romero, Tania Ramos, Elis Johana Mejia, Heramis Romero, Yessica Villanueva, Kellys Cabarcas, Yudis Puello Carmona, Edilma Suárez Fuentes y Mariluz Bermúdez, por encontrarse en la misma situación.
Esta afirmación, obliga a la Sala a analizar si el actor está legitimado para promover la defensa de los derechos fundamentales de las referidas personas.
Al respecto, es necesario aclarar que la acción de tutela, que se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, obra como mecanismo que puede ser ejercido por toda persona «…por sí mismo o por quien actúe a su nombre…», que pretenda obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando éstos sean violados por la acción u omisión de cualquier autoridad estatal o eventualmente por una entidad particular.
En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991, «…Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM" \l "86" 86 de la Constitución Política…», en los artículos 1°, 10°, 46 y 49, precisa que esa acción puede ser presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales.
De esa manera el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «…Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto».
El artículo 10 de la disposición anotada consagra que la «…acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales…».
En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 2003, manifestó que la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se «…requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad…».
En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, señaló:
«…La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela».
Es así que la norma aunada a la jurisprudencia vigente establece como uno de los requisitos de procedibilidad, el hecho de que quien invoque este mecanismo para la protección de sus derechos fundamentales, se encuentre «…legitimado en la causa por activa…», exigiéndose que el accionante sea quien detenta los derechos a proteger.
A partir de las anteriores consideraciones, pasará la Sala a establecer si en el caso bajo estudio se configura la legitimación en la causa por activa, respecto del señor Santoya Peña, que permita entrar a pronunciarse respecto de las pretensiones de amparo frente a las personas que mencionó que se encuentran en su misma situación.
En principio, es claro que toda persona por el hecho de serlo es titular de derechos fundamentales, pero para la procedencia de la acción de tutela, debe estar establecida la circunstancia que faculta al sujeto de derechos a presentar el mecanismo de amparo constitucional, ello implica, acreditar la condición de titular de la relación jurídica material que da lugar al proceso, o bien actuar como agente oficioso para el efecto.
En el sub examine, el señor Dagoberto Santoya Peña no señaló fungir como apoderado judicial de los referidos señores, ni actuar como agente oficioso de éstos ante la imposibilidad de aquéllos de promover en nombre propio la acción de tutela, de manera que no acreditó la legitimación en la causa por activa, frente a la protección de los mencionados derechos.
Así las cosas, en atención a los argumentos expuestos por la Sala, resulta evidente que en el sub examine no procede la intervención del juez constitucional para decidir sobre la vulneración de los derechos fundamentales de estas personas, por lo que solo se analizará la posible vulneración del derecho a la vivienda digna del cual es titular el señor Santoya Peña.
2.2.2 Legitimación en la causa por pasiva
En el presente caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitaron que se declarara la falta de legitimación por pasiva de esa esas entidades, por cuanto no se encuentra en sus respectivas funciones la entrega de viviendas y no han vulnerado los derechos fundamentales del actor. Al respecto, la Sala negará dicha petición por cuanto estas autoridades integran la parte accionada de la presente solicitud de tutela, debido a que el señor Santoya Peña considera que con sus omisiones le están vulnerando su derecho a una vivienda digna, de manera que le corresponde a esta Colegiatura establecer si le asiste o no la razón al actor en sus reparos, al momento de resolver el fondo del asunto.
2.2.3. Panorama general de la acción de tutela
Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuandoquiera que resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.
Esta institución tiene dos características esenciales, a saber: la subsidiaridad y la inmediatez; la primera por cuanto solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable y, la segunda, porque se trata de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda, efectiva, concreta y actual, del derecho sujeto a violación o amenaza.
2.2.4. De la temeridad y la cosa juzgada
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social resaltó que la presente acción resulta temeraria, por cuanto “se encontró que el accionante ha interpuesto dos acciones de tutela (adicionales a la presente) contra PROSPERIDAD SOCIAL Y FONVIVIENDA, y el petitorio en el fondo es el mismo, es decir el mismo núcleo central de los hechos y las pretensiones que contiene la tutela que hoy conoce su despacho así: Las tutelas son las siguientes: 1. Juzgado 1 Penal del Circuito de Cartagena- Rad: 2021-00015-00– Febrero de 2021. 2. Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá- Rad: 2021-00278-00- Junio de 2021”.
Como se indicó en los antecedentes, allegó un hipervínculo con el expediente digital correspondiente a la acción de tutela 11001310303320210027800, tramitada y fallada por el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil del Circuito Judicial de Bogotá.
Al respecto, es importante señalar que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:
“Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para declarar la ocurrencia de esta figura, así: “(i) identidad fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción”.
El alto tribunal constitucional precisó que la verificación de este último requisito se deriva de la prohibición general para que se presente un nuevo pronunciamiento por parte del juez constitucional sobre un asunto que guarde identidad jurídica con otro que haya sido decidido, pues la sentencia ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada.
Es así, como en criterio de esta Sección la actuación temeraria tiene una relación directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el artículo 83 de la Constitución Política, por lo tanto, cuando se obra temerariamente se vulnera este principio, en la medida en que, para satisfacer un interés particular, el actor instaura deliberadamente y sin un motivo válido, una nueva acción de tutela y como la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas, corresponde al juez de tutela verificar su existencia mediante un análisis profundo de las pretensiones de las demandas, de los hechos y de los derechos en que éstas se fundan.
Frente a la coexistencia de las figuras jurídicas de la temeridad y la cosa juzgada constitucional ha expresado la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales:
“La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada.”
En el sub lite, resulta necesario verificar si se configuran los fenómenos de la temeridad y la cosa juzgada, en el caso concreto, respecto del proceso identificado con el radicado 11001310303320210027800, tramitado y decidido por el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil del Circuito Judicial de Bogotá.
En el fallo de tutela proferido el 28 de junio de 2021, el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil del Circuito Judicial de Bogotá, allegado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se indicó: “El Señor DAGOBERTO SANTOYO PEÑA, instauró acción de tutela en contra del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, a fin de que le protegieran el Derecho Constitucional Fundamental de Vivienda Digna, ya que desde el año 2012 se construyeron unas casas en el Sector de Villa de Aranjuez, y pasando nueve (9) años 125 casas de ellas a la fecha no han sido entregadas. Por ello solicitó que se ordene a las accionadas para que de manera urgente les asignen las pretendidas viviendas”.
Al analizar el escrito de tutela en la acción identificada con el radicado 11001310303320210027800, se observa que ambas acciones fueron interpuestas por el actor, se dirigieron contra las mismas autoridades, esto es, contra el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Presidencia de la Republica, con lo cual se advierte la identidad de autoridades accionadas.
Conviene resaltar en la presente acción de tutela, también incluyó como entidades accionadas a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General de la Nación; no obstante, no atribuyó ninguna acción u omisión a estas autoridades, lo que implica que el hecho de haber dirigido esta solicitud de amparo contra estas instituciones, no desvirtúa la identidad de objeto entre ambas acciones de tutela, pues no basta con incluir a otras accionadas, si lo perseguido con la petición constitucional, los hechos que le dan origen y las autoridades relacionadas con los supuestos fácticos guardan similitud.
Asimismo, ambas acciones coinciden en el objeto, que consiste en obtener la protección del derecho fundamental a la vivienda digna, cuya vulneración radica en la omisión de las autoridades accionadas, de entregarle una vivienda en el Sector de Villa de Aranjuez, en Cartagena.
Ahora bien, de la revisión del escrito de tutela se pudo constatar que el actor no puso en conocimiento de esta Sala la existencia de la otra tutela referida, ni mucho menos expuso las razones por las cuales considera que su caso amerita un nuevo estudio, sino que realizó la siguiente afirmación:
“JURAMENTO
“Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, por los mismos hechos y derechos, no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial”.
Del citado texto, se entiende que se desvirtúa la buena fe del tutelante al momento de presentar la presente solicitud de amparo y se evidencia que ejerció de manera inapropiada este mecanismo constitucional al intentar conseguir la protección de sus derechos presuntamente vulnerados, pues era consciente de la existencia de la tutela que conoció y falló el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil del Circuito Judicial de Bogotá, el 28 de junio de 2021, la cual guarda identidad jurídica con la actual, como quedó demostrado anteriormente.
Ahora bien, en el referido fallo, se negaron las pretensiones de la acción de tutela, por considerar que el actor incurrió en una acción temeraria, pues advirtió que:
“Revisado el expediente encuentra el Despacho que existe identidad de partes, ya que el aquí accionante Señor DAGOBERTO SANTOYA PEÑA también aparece registrado como accionante, hechos y pretensiones respecto de la Sentencia de Tutela proferida por el Juzgado Primero (1) Penal del Circuito de Cartagena el día 10 de mayo de 2.021, además de existir ausencia de justificación por parte del accionante que explique y justifique la presentación de una nueva Acción de Tutela por los mismos hechos y con las mismas pretensiones”.
Así las cosas, la Sala advierte que no es la primera vez que el actor presenta una acción de tutela por los mismos hechos, pues en principio se advierten por lo menos tres peticiones de amparo cuyo objeto es el mismo, de manera que no tiene un motivo que justifique su proceder en el asunto de la referencia.
En lo que concierne a la cosa juzgada constitucional, cabe señalar que su configuración parte del hecho de que las sentencias hayan sido o no seleccionadas por la Corte Constitucional para su revisión, tal y como lo señaló ese alto tribunal, en los siguientes términos:
“… Específicamente, las decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo constituyen cosa juzgada cuando la Corte Constitucional “adquiere conocimiento de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria”.
(…)
4.8 Las consecuencias de la exclusión de revisión de un expediente de tutela, son: “(i) la ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda instancia; (ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional de las sentencias de instancia (ya sea la única o segunda instancia), que hace la decisión inmutable e inmodificable, salvo en la eventualidad de que la sentencia sea anulada por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia de tutela contra tutela”. Por el contrario, cuando la tutela es seleccionada por la Corte, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo que se profiere en sede de revisión”.
Quiere ello decir que en el asunto sub judice no se configuró tal figura jurídica, toda vez que al revisar las acciones de tutela presentadas por el señor Dagoberto Santoya Peña identificadas con los radicados 11001310303320210027800 y 13001310400120210001500, se evidenció que no han surtido el trámite de revisión correspondiente por el máximo órgano constitucional.
En este orden de ideas, la Sala declarará la configuración de la temeridad en el caso bajo estudio, con la advertencia al tutelante de que no puede presentar nuevamente una acción de esta naturaleza por los mismos hechos, teniendo en cuenta el carácter excepcional de esta acción constitucional, que tiene como fin garantizar el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por activa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Departamento para la Prosperidad Social, por las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor Dagoberto Santoya Peña, para solicitar la protección de los derechos fundamentales de las personas mencionadas en el pie de página número 1 de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la temeridad en la acción de tutela presentada por el señor Dagoberto Santoya Peña contra la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento para la Prosperidad Social, el Consejo Superior de la Judicatura, el Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia, y ADVERTIR al actor que se abstenga de presentar una nueva solicitud por los mismos hechos.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Los señores Greys Mejía, Uriel Mejía Barreto, Dina Misley Sánchez, Veimer Mejía, Luis Arévalo, Samuel García, Enrique Peña López, María Salcedo, Andy Arroyo Blanco, Carmen Lara Castellar, Amaranto Donado, Jonathan Avendaño, Lenis Mejía, Astrid Sánchez, Ana Fajardo Ortega, Lorena Avendaño, Luis Romero, Enilda Sierra, Yudis Caraballo Ibáñez, Carmelina Torres, Luz Mary Padilla, Jesús Manuel Meza, Yamil López, Carmenza Durango, Néstor Durango Fuentes, Berlides Flores, Carmenza de la Peña, Lizeth Lara Castellar, Miladis Baldovino, Edinson Cogollo Martínez, Edinson Cogollo de las Aguas, Arturo Cogollo Martínez, Luis Manuel Caraballo, Margorth Morillo, Álvaro Padrón, Ana Caraballo Salgado, Limonada del Villar, Solos Suárez Fuentes, Ginolvis Buelvas, Luz Marina Cuello Arroyo, María Luisa Cogollo, Luz Mary Blanco Romero, Juan Pájaro Hernández, Ronald Ortiz Reyes, Angélica Altamar Blanco, Jorge Luis Paternina, Justina Julio Julio, Yenny Patricia Mosquera, Liseth Meléndez Villadiego, Yarleis Blanco Cabarcas, Carlos Mercado Rodríguez, Daniela Correa Blanco, Wendy Serrano Burgos, Luz Elena Martínez Montes Rosiris Martínez Montés, Edelfadi Blanco Romero, María José Peña Blanco, Carlos Miguel Morelo Paternina, Kelly Peña Hernández, Aníbal Andrés Izquierdo Blanco, Algemiro Correa Pérez, Liliana Carmona Blanco, María del Pilar Pertuz, Minelis Barboza Balceiro, Karina Carrasquiel, Miguel Cano Meñaca, Maryuris Muriel Cano, Alfredo Morales Blanco, Deimi Ramos Ruiz, Elder Mendoza Reyes, María Burgos, Elkin Villa Pertuz, Sugey Pérez Chico, Ana Villadiego Arteaga, Lucelis Meléndez Villadiego, Gilberto Villa González, Aura Vergara Morales, Katty Fortich Puello, Denis Morales García, Loriana Romero, Tania Ramos, Elis Johana Mejia, Heramis Romero, Yessica Villanueva, Kellys Cabarcas, Yudis Puello Carmona, Edilma Suárez Fuentes y Mariluz Bermúdez
Corte Constitucional. Sentencia T-793 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez.”
M.P. Jaime Córdoba Triviño
“Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.”
“Ver sentencia T-531 de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett.”
Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.
Sentencia de 23 de mayo de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2016-00813-00.
Posición que adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-308 y T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003.
Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012.
En la acción de tutela identificada con el radicado 11001310303320210027800 también mencionó como accionantes a las personas que mencionó en el escrito de la presente acción de tutela, aspecto frente al cual la autoridad judicial declaró la falta de legitimación por activa.
El Juzgado se refería a la acción de tutela identificada con el radicado 13001310400120210001500.
Sentencia T-280 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís (E).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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