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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06612-00

Fecha
18 de marzo de 2026
Consejero ponente
Conjuez Diana Carolina Fuquen Avella
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06612-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR que la sociedad accionante GRUPO DE ASESORÍAS Y REPRESENTACIÓN JURIDICO LEGAL DE COLOMBIA SAS obró con temeridad y, en esos términos, se le conmina para que se abstenga de presentar acciones de tutela invocando los mismos hechos y pretensiones. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06612-00

Consejero ponente: Conjuez Diana Carolina Fuquen Avella

18 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06612-00
Accionante: Grupo de Asesorías y Representación
Jurídica Legal de Colombia S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera
y Secretaría General del Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Conjuez ponente: DIANA CAROLINA FUQUEN AVELLA

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06612-00
Accionante: GRUPO DE ASESORÍAS Y REPRESENTACIÓN JURIDICO
LEGAL DE COLOMBIA SAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y SECRETARÍA
GENERAL DEL CONSEJO DE ESTADO

Temas: Tutela de fondo – actuación temeraria

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por Grupo de Asesorías
y Representación Jurídica legal de Colombia SAS en contra del Consejo de
Estado Sección Primera, y la Secretaría General del Consejo de Estado, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

Marco Antonio Palma Luna, actuando en nombre y representación del GRUPO DE
ASESORÍAS Y REPRESENTACIÓN JURIDICO LEGAL DE COLOMBIA SAS,
presentó acción de tutela solicitando el amparo de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, debido proceso, al ejercicio y control del
poder político, el debido proceso electoral, a la seguridad y soberanía del Estado,
Sistema Democrático Nacional, orden Público, Moralidad Administrativa, Buena fe
del Elector Primario y Buen funcionamiento de la justicia.

Dichas garantías las consideró vulneradas por parte de la Sección Primera del
Consejo de Estado y la Secretaría General de la misma Corporación, con ocasión
a las actuaciones adelantadas en el marco de la recusación que se impetró contra
los magistrados de la Sección Quinta dentro del proceso de nulidad electoral
promovido contra la elección del señor Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja
para el periodo 2024-2027.

1.2. Hechos

De forma resumida la parte actora relata los siguientes fundamentos fácticos:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06612-00
Accionante: Grupo de Asesorías y Representación
Jurídica Legal de Colombia S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera
y Secretaría General del Consejo de Estado

Expone que, dentro del proceso de nulidad electoral promovido contra la elección
del señor Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el período 2024–2027, la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 31 de julio de 2025,
rechazó la segunda recusación formulada por el demandado contra varios
consejeros de la Sección Quinta, negó la compulsa de copias solicitada por el
apoderado demandante, advirtió a la parte demandada sobre la improcedencia de
seguir presentando peticiones, recursos y nulidades impertinentes o dilatorias,
precisó que contra esa decisión no procedía recurso alguno y ordenó devolver
inmediatamente el expediente al despacho del consejero ponente de la Sección
Quinta para continuar con el trámite correspondiente.

Afirma que, pese a dicha advertencia, el señor Mikhail Krasnov presentó en causa
propia recurso de reposición y solicitud de nulidad contra el referido auto. Sostiene
que, de conformidad con los artículos 52 y 74 del CPACA y 42, 75, 77 y 108 del
CGP, dentro del medio de control de nulidad electoral los demandados tendrían
restringida la posibilidad de ejercer su defensa en causa propia, en especial
cuando cuentan con apoderado judicial designado, como ocurrió en este caso,
razón por la cual, a su juicio, tales solicitudes debían ser rechazados de plano y no
dar lugar a traslado ni trámite alguno.

Señala que, no obstante, el consejero ponente de la Sección Primera del Consejo
de Estado dio trámite al recurso interpuesto directamente por el demandado.

Refiere que, posteriormente, mediante auto de 29 de agosto de 2025, se resolvió
rechazar de plano la nulidad propuesta, rechazar por improcedente el recurso de
reposición, advertir nuevamente a la parte demandada acerca de la improcedencia
de actuaciones dilatorias y disponer la devolución inmediata del expediente al
despacho que conoce del proceso electoral en la Sección Quinta.

Aduce que, pese a ello, el señor Mikhail Krasnov volvió a presentar en causa
propia un recurso de revisión y aclaración contra el auto de 29 de agosto de 2025,
y que, nuevamente, el consejero ponente de la Sección Primera decidió darle
trámite y correr términos procesales, a pesar de que, según afirma, no existía
fundamento normativo para ello y ya se había indicado que contra ese tipo de
providencias no procedía recurso alguno.

Añade que, mediante auto de 14 de octubre de 2025, el despacho negó la solicitud
de aclaración, adición y/o corrección del auto de 29 de agosto de 2025, conminó a
los sujetos procesales para que se abstuvieran de presentar actuaciones
tendientes a entorpecer o dilatar el proceso, ordenó devolver inmediatamente el
expediente al consejero que conoce del asunto en la Sección Quinta y reiteró que
contra dicha providencia no procedía recurso ordinario alguno.

Finalmente, sostiene que, pese a la claridad de las decisiones adoptadas, estas no
se habrían materializado, en tanto no se evitó la continuación de actuaciones que
estima dilatorias, no se impusieron sanciones, no se compulsaron copias a las
autoridades competentes y no se devolvió oportunamente el expediente al
despacho de la Sección Quinta, lo que habría generado una parálisis procesal
superior a tres meses y, en su criterio, la vulneración de los derechos políticos del
electorado, del acceso a la administración de justicia y del debido proceso,
además de comprometer el principio de celeridad judicial, el funcionamiento de la
justicia y la legitimidad democrática.

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y Secretaría General del Consejo de Estado
1.3. Petición de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

(…)
1. Que se tutelen los derechos fundamentales vulnerados: al ejercicio y control del
poder político, debido proceso electoral, seguridad y soberanía del Estado, sistema
democrático, orden público, moralidad administrativa, buena fe del elector, derecho
de petición y buen funcionamiento de la justicia.
2. Que se ordene a la Secretaría General del Consejo de Estado dar cumplimiento
inmediato a los autos del 31 de julio, auto del 29 de agosto de 2025, auto del 26 de
septiembre, y ahora ultimo el auto del 14 de octubre de 2025, disponiendo la
remisión inmediata del expediente a la Honorable Magistrada Ponente de la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
3. Que se ordene al Consejo de Estado adoptar medidas correctivas o
sancionatorias conforme al art. 295 del CPACA por el incumplimiento injustificado de
la orden judicial.
4. Que se oficie a la Procuraduría General de la Nación y Fiscalia General de la
Nación, y en caso de existir merito se oficie a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial para las investigaciones disciplinarias correspondientes.

Además, solicitó como medida provisional la remisión del expediente del proceso
de nulidad electoral a la Sección Quinta del Consejo de Estado, mientras se
decidía el presente amparo, para evitar un daño irreparable al sistema
democrático y al orden constitucional.

1.4. Trámite de la acción

Mediante auto del 23 de febrero de 2026, la conjuez ponente de esta Sala admitió
la tutela de la referencia, requirió al abogado Marco Antonio Palma Luna para que
allegara el poder especial, el certificado de existencia y representación legal de la
sociedad y los demás anexos del escrito tutelar, negó la medida provisional
solicitada y ordenó notificar a las accionadas, concediéndoles el término de dos (2)
días para pronunciarse y aportar las pruebas que pretendieran hacer valer.

En la misma providencia dispuso vincular, en calidad de terceros con interés, a los
intervinientes dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 15001-23-33-
000-2023-00457-05, a la Sección Quinta del Consejo de Estado y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, otorgándoles igualmente el término de
dos (2) días para intervenir; además, ordenó incorporar copia del referido
expediente de nulidad electoral y mantener el asunto en secretaría hasta el
cumplimiento de lo allí dispuesto.

1.5. Intervenciones

1.5.1. SECCIÓN PRIMERA- CONSEJO DE ESTADO:

La Sección Primera del Consejo de Estado, por conducto del magistrado ponente
dentro del trámite de recusación con radicado 15001-23-33-000-2023-00457-05,
solicitó denegar el amparo invocado.

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Sostuvo que no era cierto que hubiese actuado por fuera del marco legal al dar
trámite a las solicitudes presentadas por el demandado, pues, aunque las
decisiones proferidas dentro del trámite de recusación no admiten recursos, las
solicitudes de aclaración, corrección y nulidad no constituyen propiamente
recursos, sino actuaciones vinculadas a la recusación misma que debían ser
decididas, aun cuando su resultado fuera la improcedencia, con sustento en los
artículos 285 y 286 del Código General del Proceso, así como en los artículos 129
y 134 ibidem.

Asimismo, advirtió que los hechos planteados en esta acción constitucional ya
habían sido sometidos a otro trámite de tutela promovido entre las mismas partes
y con idéntica finalidad, resuelto por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado mediante sentencia de 12 de febrero de 2026, en la que se
ampararon los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la sociedad accionante y se ordenó a la Sección Primera activar sus
poderes correccionales, rechazar de plano las solicitudes improcedentes, resolver
las peticiones pendientes y remitir de inmediato el proceso de nulidad electoral a la
Sección Quinta.

Añadió que, en cumplimiento de esa providencia, mediante auto de 24 de febrero
de 2026 se negó la nulidad formulada contra el auto de 7 de noviembre de 2025,
se rechazó por improcedente la solicitud de aclaración y corrección del auto de 4
de diciembre de 2025, se negaron las aclaraciones de los autos de 20 de enero y
9 de febrero de 2026, se ordenó devolver el expediente a la Sección Quinta y se
dispuso la apertura de un cuaderno separado para adelantar trámite incidental
sancionatorio contra el señor Mikhail Krasnov por conductas dilatorias. Con
fundamento en ello, sostuvo que la presente solicitud de amparo era temeraria y,
en todo caso, improcedente.

1.5.2. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

El Consejo Nacional Electoral solicitó ser desvinculado del presente trámite por
falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados por la accionante, pues los hechos que
sustentan la tutela se relacionan exclusivamente con actuaciones adelantadas por
la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad electoral
contra la elección del señor Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja, asunto ajeno
a su competencia y respecto del cual no tuvo participación directa.

1.5.3. MINISTERIO PÚBLICO:

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Séptima Delegada ante el
Consejo de Estado, manifestó que no profundizaría en los planteamientos
expuestos en la presente acción de tutela, por cuanto su intervención ya se había
surtido dentro del proceso de nulidad electoral; no obstante, precisó que no le
corresponde restringir la presentación de solicitudes o mecanismos de defensa por
parte de los sujetos procesales, ni determinar si tales actuaciones constituyen
dilaciones indebidas, pues esa valoración, así como la eventual imposición de
sanciones conforme al artículo 295 del CPACA, compete exclusivamente al juez
de la causa o al juez de tutela.

1.5.4. SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE ESTADO:

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La Secretaría General del Consejo de Estado solicitó su desvinculación del trámite
constitucional, al señalar que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, pues no intervino en el trámite del proceso de
nulidad electoral con radicado 15001-23-33-000-2023-00457-05 ni tenía
competencia para ello. Explicó que, conforme al reglamento interno de la
corporación, la gestión administrativa y secretarial de dicho asunto correspondía a
la Secretaría de la Sección Primera, razón por la cual pidió que se le desvinculara
del presente trámite.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
GRUPO DE ASESORÍAS Y REPRESENTACIÓN JURIDICO LEGAL DE
COLOMBIA SAS contra la Sección Primera del Consejo de Estado y la Secretaría
General de la misma Corporación, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de
2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala de conjueces determinar si las autoridades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales invocados por la sociedad actora en el
marco de las actuaciones surtidas en el trámite de la recusación efectuado dentro
del proceso de nulidad electoral identificado bajo el radicado 15001-23-33-000-
2023-00457-05, promovido contra la elección del señor Mikhail Krasnov como
alcalde de Tunja para el período 2024–2027.

De manera previa, en tanto fue puesto de presente por la Sección primera del
Consejo de Estado, la Sala debe establecer si se configuró una actuación
temeraria que conlleve a la improcedencia de la solicitud, de conformidad con lo
previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

2.3. Improcedencia de la acción de tutela por duplicidad de acciones o por
conducta temeraria:

De conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,
“cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes
(…)”.

Asimismo, se prevé que quien acude a este amparo efectúe el juramento de no
haber presentado otra petición idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el
principio de seguridad jurídica que resguarda las decisiones adoptadas por los
jueces de la República, así como mantener los efectos de la cosa juzgada que
implica “que las partes no puedan discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas
fueron resueltas, toda vez que dicho principio concede a las sentencias el carácter
de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas1”.

1
Corte Constitucional, Sentencia T-644/14. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

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De acuerdo con ello, para verificar la duplicidad de acciones de tutela corresponde
al juez constitucional establecer los siguientes elementos:

1. Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representantes y se dirija contra el mismo demandado.
2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción
de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.
3. Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos
derechos fundamentales2

También ha señalado la Corporación que el análisis que debe hacer el juez de
tutela debe trascender de un juicio puramente formal y debe realizar un estudio
pormenorizado del expediente, pues no basta con que concurran los mencionados
elementos, sino que debe desvirtuarse una presunción de buena fe a favor del
accionante, de manera que, solo serán procedentes las sanciones en caso de que
se acredite mala fe o dolo en la actuación.

En esa medida, la Corte Constitucional ha establecido algunas excepciones a los
supuestos mencionados, cuando se llegan a configurar todos los elementos de la
triple identidad. Estos son:

“(i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe

(ii) El asesoramiento errado de los profesionales del derecho

(iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a
la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o
cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante

(iv) Se puede interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción
de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.”3

Frente a la coexistencia de las figuras jurídicas de la temeridad y la cosa juzgada
constitucional ha expresado la Corte Constitucional:

“La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo
asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido
previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que
justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no
temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una
segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado

2
Corte Constitucional, sentencia SU 027 de 2021. M.P. CRISTINA PARDO SCHLESINGER
3
Ibid.

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el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los
cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la
presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que
presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho
tránsito a cosa juzgada.”4

2.4. DEL CASO CONCRETO:

En el sub lite, la Sección Primera del Consejo de Estado, al rendir informe sobre
los hechos y pretensiones relacionados en el escrito tutelar, indicó que lo aquí
pretendido fue reconocido en otra solicitud de amparo que se adelantó con
fundamento en los mismos supuestos fácticos ante la Sección Tercera del
Consejo de Estado, Subsección B, lo que, en su criterio, evidencia la configuración
de una temeridad.

De este modo las cosas, se procederá a verificar si se configuran los fenómenos
de temeridad en el caso concreto, respecto del proceso de tutela identificado bajo
el radicado 11001-03-15-000-2025-07584-00 que se adelantó ante la mencionada
judicatura.

Proceso de radicación 11001- Proceso de radicación: 11001-03-15-
03-15-000-2025-07584-00 000-2025-06612-00
Partes Accionante Grupo de Accionante Grupo de Asesorías y
Asesorías y Representación Jurídica
Representación Legal de
Jurídica Legal de Colombia S.A.S.
Colombia S.A.S.

Accionadas Sala de lo Accionadas Secretaría General del
Contencioso Consejo de Estado, Sala de
Administrativo lo Contencioso
Sección Primera Administrativo
del Consejo de Sección Primera del Consejo
Estado, de Estado.
Secretaría
Primera del
Consejo de
Estado
Causa 1. El 31 de julio de 2025 se profirió 1. Que dentro del proceso de nulidad
petendi providencia judicial que rechazo electoral promovido contra la elección del
una primera recusación promovida Funcionario Público, Sr. Mikhail Krasnov,
dentro del proceso de nulidad alcalde de Tunja para el período 2024–
electoral de la referencia, 2027, la Sección Primera del Consejo de
providencia frente a la cual no Estado profirió un primer auto de fecha 31
procedía recurso alguno (Art. 243 de julio de 2025, (i) Que resolviera
CPACA), que estaba debidamente RECHAZAR la segunda recusación
ejecutoriada, decisión en la que se formulada directamente por el demandado
agotara la competencia temporal Mikhail Krasnov, en contra de la Honorable
otorgada a la Honorable Sala de lo Consejera Gloria María Gómez Montoya, y
Contencioso Administrativo los Honorables Consejeros Luis Alberto
Sección Primera del Consejo de Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto
Estado, única y exclusivamente Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil, de la
para decidir dicho incidente de Sección Quinta del Consejo de Estado, (ii)
recusación. Sin embargo, se le Niega la compulsa de copias solicitada por

4 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012.

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permitió por el operador de justicia el apoderado del demandante en contra
que el demandado litigara en causa del Funcionario Público Demandante al
propia, desconociendo el principio considerar que no existe una razón
de postulación judicial (Art. 74 fundada para ello, (iii) Advierte a la parte
CPACA y Art. 73 CGP). demandada lo pertinente a lo
2. El Honorable Consejero reglamentado en el artículo 295 del
Ponente, Dr. Germán Eduardo CPACA, para que no continue
Osorio Cifuentes, decidiera darle presentando peticiones impertinentes así
trámite a un recurso de reposición y como la interposición de recursos y
a un incidente de nulidad nulidades improcedentes, ya que serán
promovidos de manera considerados como formas de dilatar el
improcedente e impertinente en proceso y se sancionarán; (iv) Indica que
contra de la Providencia Judicial contra la presente providencia no procede
del 31 de julio de 2025, lo que ha recurso alguno, atendiendo lo previsto por
generado se expidan las el numeral 7 del artículo 13223 y el
posteriores providencias judiciales numeral 6 del artículo 243A24 del CPACA,
de fechas; 29 de agosto, 26 de así como por el inciso final del artículo 142
septiembre y 14 de octubre de del Código General del Proceso, (v)
2025, a pesar que contra la finaliza indicando que se deberá devolver
Providencia Judicial del 31 de julio de manera inmediatamente el expediente
de 2025 no le puede proceder al despacho del consejero que conoce del
legalmente recurso judicial alguno, proceso de nulidad electoral en la Sección
con lo cual se violó el debido Quinta, para que continúe con el trámite
proceso y la cosa juzgada al estar correspondiente.
debidamente ejecutoriada. 2. Pese a la advertencia realizada en el
3. El demandado Mikhail Krasnov, auto del 31 de julio de 2025, el Funcionario
actuando de manera directa y Público, Sr. Mikhail Krasnov, alcalde de
nuevamente litigando en causa Tunja, de no continuar presentando
propia, promovió una segunda peticiones impertinentes, así como la
recusación contra los Honorables interposición de recursos y nulidades
Consejeros de la Sección Quinta improcedentes por considerarlas dilatorias
del Consejo de Estado. para ser sancionado, y que contra el auto
no procede recurso alguno, este
4. Recusación conocida y resuelta demandado desacata la orden judicial y
por el Honorable Consejero procede a presentar en causa propia un
Ponente, Dr. Germán Eduardo Recurso de Reposición y Nulidad contra
Osorio Cifuentes, quien el día 07 auto del 31 de julio de 2025.
de noviembre de 2025, profiriera la
providencia judicial, en la que se 3. Cabe indicar, que jurídica y
rechazó la recusación por procedimentalmente de acuerdo a lo
improcedente al no contar con previsto en los artículos 52 y 74 del
sustento factico, jurídico, y CPACA, y los artículos 42, 75, 77, 108 del
probatorio aplicable a la CGP, se ha dispuesto en otras palabras,
recusación, por improcedente. que los demandados, y Funcionarios
Públicos dentro de Demanda de Medio de
5.

La providencia judicial del 07 de Control Nulidad Electoral, tendrán
noviembre de 2025, fue notificada restringida la facultad para poder ejercer
el 10 de noviembre de 2025, en causa propia su propia defensa judicial,
quedando ejecutoriada y en firme, igualmente, se prevee los efecto legales y
como quiera, que no procede procesales que el operador de justicia
recurso judicial alguno, por lo que deberá darle a dichos oficios, recursos y
hace tránsito a cosa juzgada, así nulidades, que son presentados
mismo, agotándose la competencia directamente y en causa propia por estos
temporal otorgada a la Honorable ciudadanos y Funcionarios Públicos, en
Sección Primera, debiéndose donde acorde al marco normativo se debe
acatar y cumplir la orden judicial de rechazar de plano por improcedente, y no
remitirse el expediente por corrérseles términos judiciales. Más al
Secretaria de la Honorable Sección preverse que el demandado cuanta con

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Accionante: Grupo de Asesorías y Representación
Jurídica Legal de Colombia S.A.S. Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera
y Secretaría General del Consejo de Estado
Primera a la Consejera Ponente de apoderado judicial designado por el
la Sección Quinta del Consejo de mismo, como es, el abogado Gonzalo
Esta, para que retomara la Ramos, quien ha venido actuando en
competencia judicial dentro del defensa de sus intereses.
proceso de nulidad, y proceda
acorde al procedimiento. 4. Pero extrañamente el Honorable
Consejero Ponente de la Sección Primera
6. Sin embargo, de manera extraña del Consejo de Estado, a pesar de haber
aparece el día 11 de noviembre de decretado que contra dicho auto del 31 de
2025 una actuación procesal en la agosto de 2025 no procedía recurso
Honorable Sección Primera del alguno, y pese a existir restricciones
Consejo de Estado, en la que se jurídicas y procesales que le restringen a
reapertura indebidamente la causa los demandados y funcionarios públicos
decidida y juzgada del incidente de para que actúen en causa propia en la
recusación, actuación en la que se Demanda de Nulidad Electoral, decidiera
le sustituye la competencia desacatar su propia orden judicial y
otorgada por reparto al Honorable procede a darle viabilidad procesal y
Consejero Ponente, Dr. Germán correrle términos judiciales a dicho recurso
Eduardo Osorio Cifuentes, de reposición contra el auto del 31 de
funcionario judicial quien ya agosto de 2025. Circunstancia que nunca
decidiera dicha recusación, y se le debió pasar dentro del proceso de nulidad
reasigna la competencia al electoral. Honorable Consejero, Dr. Carlos
Fernando Mantilla Navarro, de la 5. El Honorable Consejero Ponente de la
misma Sección Primera del Sección Primera del Consejo de Estado,
Consejo de Estado, funcionario sin saber porque procediera a descorrer y
judicial quien volvió a decidir la resuelve el Recurso de Reposición y la
causa juzgada y decidida mediante solicitud de nulidad formulada por el
la nueva providencia judicial Funcionario Público, Sr. Mikhail Krasnov,
emitida el día 13 de noviembre de en contra del auto de sala del 31 de julio
2025, en la que nuevamente de 2025 que resolvió la recusación
rechaza dicha recusación, nueva formulada por la parte demandada en
actuación judicial en la que se contra de la Consejera Gloria María
configura un doble juzgamiento de Gómez Montoya, y los Consejeros Luis
una misma causa y desconociendo Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín
la cosa juzgada. Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas
Gil, de la Sección Quinta del Consejo de
7.

Pese a todo lo ocurrido en esta Estado, RESUELVE en otra palabras lo
nueva recusación el día 18 de siguiente; (i) RECHAZAR DE PLANO al
noviembre de 2025, el demandado advertir que dentro del contenido del
promovió de manera extemporánea escrito de nulidad solicita o invoca las
un recurso de aclaración y un causales de nulidad previstas en el artículo
incidente de nulidad contra el auto 133 del Código General del Proceso; (ii)
del 07 de noviembre de 2025, RECHAZAR por improcedente el recurso
estando este ya debidamente de reposición interpuesto contra el auto de
ejecutoriado, el que no admite sala del 31 de julio de 2025; (iii) Advierte
legalmente recurso judicial alguno, que de acuerdo a lo normado en el artículo
y en donde ya la Honorable 284 del CPACA contra el auto que rechaza
Sección Primera del Consejo de de plano una nulidad procesal no habrá
Estado agotara la competencia recurso alguno; (iv) Advierte nuevamente a
temporal otorgada para decidir la parte demandada lo pertinente a lo
única y exclusivamente dicha reglamentado en el artículo 295 del
recusación, actuaciones procesales CPACA, para que no continue
y judiciales que están dilatando presentando peticiones impertinentes así
injustificadamente los términos como la interposición de recursos y
judiciales dentro del proceso de nulidades improcedentes, ya que serán
nulidad electoral, que vulneran los considerados como formas de dilatar el
principios de celeridad y economía proceso y se sancionarán; (v) finaliza
procesal, al no acatarse y indicando que se deberá devolver de

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cumplirse lo ordenado en la manera inmediatamente el expediente al
providencia judicial de fecha 07 de despacho del consejero que conoce del
noviembre de 2025, como quiera, proceso de nulidad electoral en la Sección
que la Secretaria de la Sección Quinta, para que continúe con el trámite
Primera del Consejo de Estado no correspondiente.
ha remitido el expediente judicial a
la Honorable Consejera Ponente de 6. Nuevamente el Funcionario Público, Sr.
la Sección Primera del Consejo de Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, pese a
Estado, para que esta retome y lo previsto en los artículos 52 y 74 del
actúe judicialmente acorde a la CPACA, y los artículos 42, 75, 77, 108 del
competencia que posee dentro de CGP, y de las advertencias acorde a lo
la demanda de nulidad electora. reglamentado en el artículo 295 del
CPACA, para que no continuara
presentando peticiones impertinentes así
como de interponer recursos y nulidades
impertinentes e improcedentes, al ser
consideradas como formas de dilatar el
proceso y deberá ser sancionado, y que de
no proceder recurso alguno contra el auto
del 29 de agosto de 2025, este
demandado desacata las órdenes
judiciales (fraude a resolución judicial), y
procede a presentar en causa propia y
presenta “solicitud” que resulta siendo más
un Recurso de Revisión y Aclaración
contra el auto del 29 de agosto de 2025.

7. Pese a lo reglamentado en la norma
procesal, y de lo decidido en el los autos
ya referenciados, en donde se decidiera
que acorde al marco normativo previsto en
el artículo 284 del CPACA, que indica, que
contra el auto que rechaza de plano una
nulidad procesal no habrá recurso alguno,
sin embargo, sin entender bajo que marco
normativo, nuevamente el Honorable
Consejero Ponente de la Sección Primera
del Consejo de Estado, decide desacatar
sus propias órdenes judiciales y procede a
dar admisión y correr términos procesales
al Recurso de Revisión y Aclaración contra
el auto del 29 de agosto de 2025.

8. En auto de fecha 14 de octubre de
2025, el Honorable Consejero Ponente de
la Sección Primera del Consejo de Estado,
al resolver el Recurso de Revisión y
Aclaración contra el auto del 29 de agosto
de 2025, decide; (i) NEGAR la solicitud de
aclaración, adición y/o corrección del auto
de 29 de agosto de 2025; (ii) CONMINAR
a los sujetos procesales para que, en lo
sucesivo, se abstengan de presentar
actuaciones procesales que tengan como
efecto entorpecer o dilatar el normal
desarrollo del proceso, so pena de la
imposición de las medidas correccionales
a que haya lugar; (iii) DEVOLVER
inmediatamente el expediente al consejero

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que conoce del proceso de nulidad
electoral en la Sección Quinta; y (iv)
Contra la presente providencia no procede
recurso ordinario alguno, de acuerdo con
el artículo 243A numeral 12 de la Ley
1437).

9. Pese a la claridad y ejecutoria de dichas
decisiones judiciales, hasta la fecha no se
han materializado las órdenes judiciales
emitidas por Honorable Consejero Ponente
de la Sección Primera del Consejo de
Estado, de no continuar el demandado,
funcionario público, Sr. Mikhail Krasnov,
alcalde de Tunja, presentando peticiones
impertinentes así como de interponer
recursos y nulidades improcedentes, por
ser consideradas como formas de dilatar el
proceso y sin que se le interponga sanción
alguna, y sin que se le compulse copias a
los entes de vigilancia y control del Estado
para que investigue las conductas en que
pudo incurrir el funcionario público
demandado, desacatando igualmente, la
decisión judicial que indicaba que contra
las decisiones de los autos arriba
referenciados no procedía recurso alguno,
y sin que se devuelva el expediente a la
Honorable Consejero Ponente de la
Sección Quinta del Consejo de Estado
para que pudiera continuar el trámite
pertinente, decisiones judicial y procesales
que igualmente están siendo desconocidas
y no acatada por el propio Operador de
Justicia sin que exista una justa causa o
norma pertinente que lo permitiera,
circunstancia esta que esta generado una
parálisis procesal superior a tres meses y
una afectación directa a los derechos
políticos del electorado, al Acceso a la
Administración de la Justicia, al debido
proceso judicial, y subsidiariamente a los
demas derechos fundamentales que se
estan viendo afectados y en riesgo.

10. Se debe indicar, que la inobservancia y
acatamiento de órdenes y decisiones
adoptadas en los autos judiciales
referenciados configuran un desacato a la
autoridad judicial, vulnera el principio de
celeridad procesal y afecta el
funcionamiento de la justicia y el sistema
democrático.

11. El incumplimiento reiterado impide el
control judicial del poder político y
perpetúa un escenario de incertidumbre
institucional y riesgo a la soberanía
popular y legitimidad democrática.

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Objeto 1. Que se amparen los derechos 1. Que se tutelen los derechos
fundamentales al debido proceso, fundamentales vulnerados: al ejercicio y
acceso a la justicia, celeridad control del poder político, debido proceso
procesal y democracia participativa. electoral, seguridad y soberanía del
2. Que se declare la vulneración Estado, sistema democrático, orden
ocasionada por las actuaciones de público, moralidad administrativa, buena fe
la Sección Primera del Consejo de del elector, derecho de petición y buen
Estado al permitir litigio en causa funcionamiento de la justicia.
propia al demandado, y al darle 2. Que se ordene a la Secretaría General
trámite judicial a recursos del Consejo de Estado dar cumplimiento
improcedentes y otras actuaciones inmediato a los autos del 31 de julio, auto
promovidas directamente por el del 29 de agosto de 2025, auto del 26 de
demandado, y al reaperturar septiembre, y ahora ultimo el auto del 14
causas ya decididas o juzgadas. de octubre de 2025, disponiendo la
3. Que se ordene dejar sin efectos remisión inmediata del expediente a la
las providencias posteriores al auto Honorable Magistrada Ponente de la
del 07 de noviembre de 2025, por Sección Quinta del Consejo de Estado.
configurarse cosa juzgada y doble 3. Que se ordene al Consejo de Estado
juzgamiento. adoptar medidas correctivas o
4. Que se ordene a la Secretaría de sancionatorias conforme al art. 295 del
la Sección Primera remitir de CPACA por el incumplimiento injustificado
manera inmediata el expediente a de la orden judicial.
la Sección Quinta para que se 4. Que se oficie a la Procuraduría General
profiera sentencia de segunda de la Nación y Fiscalía General de la
instancia dentro del proceso de Nación, y en caso de existir merito se
nulidad electoral. 5. Que se oficie a la Comisión Nacional de Disciplina
adopten medidas para evitar Judicial para las investigaciones
nuevas dilaciones, garantizando disciplinarias correspondientes.
una justicia pronta y eficaz.

A partir de lo anterior, se evidencia que se configura la triple identidad exigida para
la estructuración de la temeridad entre el presente asunto y el que fue objeto de
controversia bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-07584-00, conforme pasa a
explicarse a continuación.

En cuanto a la identidad de partes, se observa que en ambos casos figura como
accionante la sociedad Grupo de Asesorías y Representación Jurídica Legal de
Colombia S.A.S. De igual manera, en ambos trámites se demanda a la Sección
Primera del Consejo de Estado, autoridad a la que se atribuyen, en lo sustancial,
los hechos que sirven de fundamento al amparo.

Si bien no existe coincidencia estrictamente nominal respecto de la dependencia
secretarial vinculada, pues en un trámite se menciona a la Secretaría Primera y en
el otro a la Secretaría General de la corporación, tal circunstancia no desvirtúa la
identidad de partes, en tanto los hechos que dan lugar a la tutela siguen
recayendo sobre las actuaciones de la Sección Primera del Consejo de Estado. En
ese sentido, la Sección Quinta ha precisado que la sola inclusión de otras
autoridades accionadas no excluye la identidad entre dos acciones de tutela, pues
“no basta con incluir a otras accionadas, si lo perseguido con la petición
constitucional, los hechos que le dan origen y las autoridades relacionadas con
los supuestos fácticos guardan similitud”5.

En lo que atañe a la identidad de causa petendi, se observa que esta se configura,
por cuanto ambas solicitudes de amparo se sustentan en el mismo núcleo fáctico,
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-04388-00(AC), C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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esto es, en las actuaciones surtidas por la Sección Primera del Consejo de Estado
al resolver la recusación impetrada contra los magistrados de la Sección Quinta
dentro del proceso de nulidad electoral identificado con radicado 15001-23-33-
000-2023-00457-05, promovido por la misma sociedad accionante contra la
elección del señor Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el período 2024–
2027.

En efecto, en uno y otro trámite constitucional se cuestiona, en esencia, que dicha
judicatura hubiera dado curso a recusaciones, nulidades, solicitudes de aclaración
y demás actuaciones promovidas por el demandado, pese a que, a juicio de la
parte actora, resultaban improcedentes o dilatorias, lo que habría generado la
paralización del proceso y retardado la remisión del expediente a la Sección
Quinta del Consejo de Estado. De esta manera, aunque la relación de hechos no
sea absolutamente idéntica en su formulación, lo cierto es que ambas acciones
reposan sobre la misma base fáctica y persiguen reprochar una misma situación
lesiva.

Finalmente, también se configura la identidad de objeto, pues ambas acciones de
tutela persiguen, en esencia, la protección de los mismos derechos fundamentales
y se relacionan peticiones similares. Si bien al examinar únicamente el acápite de
pretensiones de la tutela radicada bajo el número 11001-03-15-000-2025-07584-
00 podría pensarse que los derechos allí invocados difieren de los reclamados en
la presente acción, identificada con radicado 11001-03-15-000-2025-06612-00, al
revisar integralmente el escrito tutelar del primer proceso se advierte un acápite
específico de “derechos fundamentales vulnerados” en el que se mencionan el
debido proceso, el acceso a la administración de justicia, los principios de la
administración de justicia, el ejercicio y control del poder político, el debido
proceso electoral, la seguridad jurídica y soberanía del Estado, el sistema
democrático, el orden público, la moralidad administrativa, la buena fe del elector
primario, el derecho de petición y el buen funcionamiento y cumplimiento de la
justicia, los cuales coinciden con los derechos cuya protección se pretende en este
asunto.

A su vez, en uno y otro trámite lo pretendido es, en suma, lo mismo: que se
adopten medidas frente a las actuaciones que el accionante considera
improcedentes o dilatorias dentro del proceso de nulidad electoral, que se
disponga la remisión del expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado
para la continuación del trámite correspondiente y que se evite la prolongación
injustificada del proceso.

Es tal la identidad de objeto que, con ocasión de la sentencia proferida el 12 de
febrero de 2026 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
dentro del proceso de radicación 11001-03-15-000-2025-07584-00, fueron
resueltas, en lo sustancial, las mismas reclamaciones que se formulan en este
trámite, lo que torna inocuo un nuevo pronunciamiento de fondo sobre el
particular. En efecto, en dicha providencia se dispuso:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la sociedad Grupo de Asesorías y Representación
Jurídica Legal de Colombia S.A.S., por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a Mikhail Krasnov abstenerse de presentar peticiones,
recursos y/o nulidades cuyo propósito sea dilatar las etapas del proceso de nulidad
electoral, so pena de que sean rechazadas de plano por la autoridad judicial
competente.

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TERCERO: REMITIR una copia del presente proceso a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Boyacá para lo de su competencia.
CUARTO: ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado activar sus poderes
correccionales y sancionatorios conforme con el artículo 295 del CPACA, con
observancia de las garantías del debido proceso, así como rechazar de plano las
solicitudes, recursos o nulidades improcedentes, impertinentes, dilatorias o temerarias,
por las razones expuestas.
QUINTO: ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado resolver la solicitud
de nulidad en curso y la petición de aclaración y/o corrección dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación de esta providencia y, una vez adoptadas y notificadas
esas decisiones, remitir de forma inmediata el proceso de nulidad electoral a la
Sección Quinta.

Además, al revisar las actuaciones del proceso de nulidad electoral identificado
bajo el radicado 15001-23-33-000-2023-00457-05, se observa que, mediante auto
del 24 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado dio
cumplimiento a la orden constitucional y devolvió el expediente a la Sección
Quinta del Consejo de Estado para dar continuidad al trámite correspondiente6.

Se evidencia, entonces, que la actuación de la parte accionante sí fue temeraria,
pues, pese a que la presente acción constitucional había sido radicada desde el
21 de octubre de 2025, promovió posteriormente otra solicitud de amparo
sustancialmente idéntica, identificada con radicado 11001-03-15-000-2025-07584-
00, presentada el 28 de noviembre de 2025, sin que se advierta una justificación
para volver a ventilar el mismo conflicto ante la jurisdicción constitucional.

No se advierte en el presente asunto la configuración de ninguno de los supuestos
que, en la jurisprudencia constitucional, excluyen la temeridad. Por el contrario, las
circunstancias reseñadas permiten advertir un proceder contrario a la buena fe, en
tanto la parte actora promovió una segunda acción de tutela sustancialmente
idéntica, pese a encontrarse en curso la primera, y mantuvo vigente este trámite
aun después de haberse proferido en aquella un pronunciamiento favorable en lo
sustancial, sin desistir de la presente actuación ni poner oportunamente tal
circunstancia en conocimiento de esta Sala.

En lo que concierne a la cosa juzgada constitucional, debe señalarse que su
configuración parte del hecho de que las sentencias hayan sido o no
seleccionadas por la Corte Constitucional para su revisión, tal y como lo señaló
dicha Corporación7, en los siguientes términos:

“… Específicamente, las decisiones proferidas dentro de un proceso de
amparo constituyen cosa juzgada cuando la Corte Constitucional “adquiere
conocimiento de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y
decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria
o revocatoria”.

(…)

4.8 Las consecuencias de la exclusión de revisión de un expediente de
tutela, son: “(i) la ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda
instancia; (ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada
constitucional de las sentencias de instancia (ya sea la única o segunda

6
Véase archivos “278Autoqueresuel_20230045705Resuelves.pdf” y “307_Oficionro_569_Devuelve.pdf” del
expediente digital.
7 Sentencia T-280 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís (E).

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instancia), que hace la decisión inmutable e inmodificable, salvo en la
eventualidad de que la sentencia sea anulada por parte de la misma Corte
Constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia de tutela
contra tutela”. Por el contrario, cuando la tutela es seleccionada por la
Corte, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo
que se profiere en sede de revisión”.

En el asunto sub judice se advierte que no se configuró tal figura jurídica, toda vez
que al revisar la acción de tutela presentada por la accionante bajo el radicado
11001-03-15-000-2025-07584-00, se evidenció que no ha surtido el trámite de
revisión correspondiente por el máximo órgano constitucional.

En este orden de ideas, la Sala declarará la configuración de la temeridad, con la
advertencia a la sociedad accionante de que no puede presentar nuevamente una
acción de esta naturaleza por los mismos hechos, teniendo en cuenta el carácter
excepcional de esta acción constitucional, que tiene como fin garantizar el respeto
de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la
seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.

Por lo expuesto, la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, de conformidad con
lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que la sociedad accionante GRUPO DE ASESORÍAS Y
REPRESENTACIÓN JURIDICO LEGAL DE COLOMBIA SAS obró con temeridad
y, en esos términos, se le conmina para que se abstenga de presentar acciones
de tutela invocando los mismos hechos y pretensiones.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA FUQUEN AVELLA
CONJUEZ

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
CONJUEZ

EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ
CONJUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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