Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04476-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04476-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-04476-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
3 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN n.º 19
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., tres (03) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001031500020210447600 (6509)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandada: LUISA MIREYA MOSQUERA VALENCIA
Temas: Revisión de reconocimientos de sumas periódicas a cargo del tesoro
público. Ley 797 de 2003, artículo 20. Pensión gracia.
SENTENCIA DE REVISIÓN CE-SED19-002-2022
1. ASUNTO
La Sala conoce del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia proferida el 1.º
de agosto de 2018 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso con radicado
27001233300020130025101.
2. ANTECEDENTES
2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1
La señora Luisa Mireya Mosquera Valencia, a través de apoderado y en ejercicio
del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó la nulidad
de los actos administrativos2 por medio de las cuales Cajanal le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
1
Ff. 1 a 11 del cuaderno principal del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 27001233300020130025100. Allegado al presente proceso en forma virtual, visible en el
índice 25 del expediente electrónico.
2
Resoluciones 47708 del 5 de octubre del 2007, 56289 del 14 de noviembre del 2008, PAP 020455
de 20 de octubre de 2010; y UGM 054167 de 13 de agosto de 2012.
Radicado: 11001031500020210447600 (6509)
Demandante: UGPP
A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada
a reconocer y pagar en su favor la pensión gracia con retroactividad al 17 de
febrero de 2007, así como dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 188 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
Como sustento fáctico de sus pretensiones, indicó que nació el 17 de febrero de
1957 y que prestó sus servicios como docente de carácter municipal en el Colegio
Santa Coloma del municipio de Quibdó desde el 6 de julio de 1979, adquiriendo el
estatus para la pensión gracia el 17 de febrero de 2007. Explicó que a pesar de
haber cumplido la totalidad de los requisitos exigidos para el reconocimiento
pensional que estaba reclamando, mediante las resoluciones demandadas,
Cajanal le negó el reconocimiento de aquella prestación bajo el argumento de que
no se encontraba vinculada como docente de carácter departamental, distrital o
municipal a 31 de diciembre de 1980.
En vista de lo anterior, consideró vulneradas las Leyes 114 de 1913; 116 de 1928;
37 de 1993; 4ª de 1966; 812 del 2003; 1151 de 2007 y el Decreto 1743 de 1996.
2.2. Contestación de la demanda3
La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Con tal
fin, afirmó que la demandante no estaba vinculada como docente de carácter
departamental, distrital o municipal a 31 de diciembre de 1980, pues en el tiempo
servido hasta el 12 de julio de 1983 se desempeñó como personal administrativo
de la institución educativa en la que trabajó y no como docente. En todo caso,
solicitó que de reconocerse la prestación deprecada se aplicara la prescripción
trienal.
2.3. Sentencia de primera instancia4
El 18 de febrero de 20145, el Tribunal Administrativo Oral del Chocó dictó sentencia
de primera instancia en la que denegó las pretensiones de la demanda pues
consideró que, aunque la señora Luisa Mireya Mosquera Valencia sí acreditó haber
ejercido como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, su vinculación
posterior fue como docente nacional ya que en el acto de nombramiento se observa
la participación del delegado del Ministerio de Educación Nacional, entidad a cuyo
cargo estaba el pago de sus salarios y prestaciones sociales. Adujo que el plantel
educativo no determina la naturaleza del nombramiento sino el ente gubernativo
que interviene en el respectivo acto.
3
Ff. 238 a 242 del cuaderno principal del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 27001233300020130025100. Allegado al presente proceso en forma virtual, visible en el
índice 25 del expediente electrónico.
4
Ff. 258 a 271 ibidem.
5
El fallo se profirió verbalmente en audiencia de alegaciones y juzgamiento instalada a continuación
de la audiencia inicial.
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2
Radicado: 11001031500020210447600 (6509)
Demandante: UGPP
2.4. Recurso de apelación6
Inconforme con la decisión, el apoderado de la entonces demandante interpuso
recurso de alzada con el fin de que se revocara y, en su lugar, se concedieran las
pretensiones de la demanda.
Para tales efectos, señaló que se encuentra probado que la señora Luisa Mireya
Mosquera Valencia laboró como docente en el año de 1979 para la Secretaría de
Educación del municipio de Bagadó (Chocó), lo que en su criterio le permite
hacerse beneficiaria del reconocimiento de la pensión gracia. Ello sumado al hecho
de que, desde el 12 de julio de 1983 hasta el 31 de diciembre de 2007 estuvo
vinculada como maestra oficial del Colegio Santa Coloma del Municipio de Quibdó.
2.5. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión7
El 1 de agosto de 2018, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
profirió decisión de segunda instancia, mediante la cual revocó la sentencia del 18
de febrero de 2014 emitida por el Tribunal Administrativo del Chocó. En su lugar,
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la señora Luisa Mireya
Mosquera Valencia, efectiva a partir del 17 de febrero de 2007 y previa
actualización de las sumas adeudadas.
Como fundamento de su decisión, explicó que, según la línea jurisprudencial que
ha trazado esta Corporación respecto de la pensión gracia, el criterio esencial para
el reconocimiento de este derecho es el tiempo de prestación efectiva del servicio
público de educación en una entidad territorial o como docente nacionalizado. Para
tales efectos, no interesa que aquel sea continuo o discontinuo, tampoco el modo
de vinculación pues debe admitirse no solo el tiempo que se deriva de las
relaciones regulares y en titularidad, sino también modalidades de vinculación
como la interinidad, los nombramientos en provisionalidad, las horas cátedra y los
contratos de prestación de servicios. Además, afirmó que no es requisito que a 31
de diciembre de 1980 el docente estuviera en servicio activo, pues basta con que
previo a esa fecha el servidor haya estado vinculado.
A continuación, se refirió a la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en materia de pensión
6
El recurso, que se interpuso oralmente y se sustentó en la audiencia de alegaciones y juzgamiento,
obra en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
27001233300020130025100, el cual puede consultarse en el índice 25 del expediente electrónico.
Además, la parte demandante dio alcance escrito al recurso interpuesto, según se observa en los
folios 272 y 273 del cuaderno principal del proceso ordinario.
7
Folios 347 a 360 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
27001233300020130025100, el cual puede consultarse en este proceso en el índice 25 del
presente expediente electrónico.
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Radicado: 11001031500020210447600 (6509)
Demandante: UGPP
gracia. Explicó que, según esta providencia, lo relevante para definir el carácter de
la vinculación docente es la acreditación de la plaza ocupada, sin que interesen las
autoridades que participaron en el acto de nombramiento del servidor ni el origen
de los recursos con los que se financió el pago de sus acreencias.
Dicho lo anterior, sobre el caso concreto consideró lo siguiente:
• Que la demandante cumplió con el requisito de vinculación previo al 31 de
diciembre de 1980 porque, a través del Decreto 0532 del 6 de julio de 1979,
el Secretario de Educación del departamento del Chocó la nombró como
docente para que realizara un remplazo por un periodo de 91 días en la
escuela San Marino de municipio de Bagadó.
• Que aunque antes del 31 de diciembre de 1980 también laboró en el colegio
Santa Coloma, al que se vinculó desde el 6 de julio de 1979, este tiempo de
servicios no es computable para efectos de la pensión gracia porque e este
se desempeñó como personal administrativo, no docente.
• Que el requisito de 20 años de servicio exigido para el reconocimiento
prestacional se cumple sumando el tiempo que le demandante prestó en la
escuela San Marino (91 días) con aquel en el que se desempeñó como
docente del «Distrito #1 Núcleo #5» (9.062 días) en virtud del decreto de
nombramiento 569 de 4 de julio de 1983. Sobre este último, indicó que el
hecho de que hubiera sido avalado por un Delegado del Ministerio de
Educación no impedía el reconocimiento de la pensión gracia pues el criterio
unificado de la Sección Segunda de esta Corporación contenido en la
sentencia del 21 de junio del 2018 es que el carácter territorial de los
nombramientos docentes lo determina el ente gubernativo que en efecto
profiere el acto de nombramiento, en este caso, el Gobernador del
departamento del Chocó.
De esta forma, el juez de segunda instancia concluyó que la señora Luisa Mireya
Mosquera Valencia demostró haber alcanzado la edad de 50 años, prestado
servicios como docente territorial por más de 20 años, haber tenido una vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980 y observado una buena conducta a lo largo de
su ejercicio docente, por lo cual cumplió todos los requisitos para acceder a la
pensión gracia.
3. DEMANDA DE REVISIÓN8
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, presentó demanda de
revisión con fundamento en el artículo 20, literales a) y b, de la Ley 797 de 2003
que contemplan la revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
8
Índice 2 del expediente electrónico.
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Radicado: 11001031500020210447600 (6509)
Demandante: UGPP
Tesoro Público: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
Como pretensiones, solicitó que: (i) se infirme la sentencia del 1.º de agosto de
2018 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho al que se ha hecho alusión; y
(ii) se declare que la señora Luisa Mireya Mosquera Valencia no tiene derecho a
que se le reconozca la pensión gracia.
Para fundamentar el recurso, dividió su exposición en dos acápites en los que
explicó de manera general las razones por las cuales, en su criterio, se configuran
las causales anunciadas:
i) El reconocimiento pensional se obtuvo con violación al debido proceso.
Estimó que la transgresión del derecho al debido proceso de la UGPP se produjo
al ordenarse el reconocimiento del derecho a la pensión gracia a favor de la
demandada sin el lleno de los requisitos exigidos en los artículos 1 y 4 de la Ley
114 de 1913, lo que a su juicio supuso la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 29,
121, 123 y 124 Constitucionales.
ii) La cuantía de la reliquidación pensional excede lo debido de acuerdo con
la ley. Precisó que, en caso de no acogerse la anterior causal, procede la revisión
de la sentencia recurrida pues al acceder al reconocimiento de una pensión de
gracia sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, se
concedió en derecho en una cuantía superior a la debida.
Seguidamente, se detuvo en el estudio del caso concreto para señalar que,
aunque la demandada cumplió la edad de 50 años requerida para que se cause el
derecho pensional, lo cierto es que el requisito relativo al tiempo de servicio púbico
docente no se satisfizo pues el mínimo de 20 años que exige la norma debe
acreditarse a través de vinculaciones en plazas territoriales o nacionalizadas, sin
embargo, en el caso de la señora, el tiempo laborado para la Secretaría de
Educación del Chocó entre el 13 de julio de 1983 y el 31 de diciembre de 2007 es
de carácter nacional.
Dicha conclusión la sustentó en los siguientes argumentos: (i) la participación del
Ministerio de Educación en el decreto de nombramiento; y (ii) los recursos de la
respectiva plaza pues dijo que como provenían del situado fiscal, correspondían a
recursos de la nación que nunca dejaron de ser de su propiedad, ya que fueron
distribuidos a las entidades territoriales a través de los Fondos Educativos
Regionales, en calidad de administradoras de dichos fondos.
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Radicado: 11001031500020210447600 (6509)
Demandante: UGPP
El recurso extraordinario de revisión fue admitido mediante auto del 2 de
septiembre de 20219.
4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE REVISIÓN10
La señora Luisa Mireya Mosquera Valencia, a través de apoderado, contestó la
demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones por considerar que la
sentencia del 1.º de agosto de 2018 se profirió con fundamento en las
disposiciones que rigen la pensión gracia, pues trabajó como docente oficial
nacionalizada por más de 23 años en virtud de las vinculaciones que tuvo del 6 de
julio al 6 de octubre de 1979 y del 13 de julio de 1983 hasta el 31 de julio de 2007.
5. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
La Sala Plena del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial de Decisión n.°
19, es competente para conocer del presente recurso por disposición de los
artículos 249 inciso 111 del CPACA; 107 inciso 4 ejusdem12 y 2913 del Acuerdo 080
de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado14.
5.2. Legitimación
Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias
judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la
sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo
de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en
9
Índice 12, expediente electrónico.
10
Índice 21, ibidem.
11
«[…] COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión […]».
12
«[…] Créanse en el Consejo de Estado las Salas especiales de Decisión, además de las
reguladas en éste Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, que éstas les encomiende, salvo los procesos de pérdida de
investidura y nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4)
magistrados, uno por cada una de las secciones que lo conforman, con exclusión de la que hubiere
conocido del asunto según el caso. La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se
hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno […]».
13
«[…] Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado […]»
14
Reglamento Interno del Consejo de Estado. Esta competencia fue regulada inicialmente en el
ordinal 1.° del artículo 2.° del Acuerdo 321 de 2014.
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Radicado: 11001031500020210447600 (6509)
Demandante: UGPP
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las
decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho,
en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho
mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha
en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a
cargo Cajanal.»
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión15, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social está habilitada para adelantar esta clase de procesos.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la
UGPP se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales
causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden
nacional y de las entidades públicas del mismo nivel que hayan tenido a su cargo
el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se
decrete su liquidación, como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión
Social EICE.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que
estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto
dispuso que estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones
asumidas por ese organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP
adquirió la calidad de parte demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en
la que comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que
declaró terminado el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social
EICE.
En línea con ello, el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 201316 dispone
que entre las funciones que le corresponde cumplir a la UGPP se encuentra la de
15
Véanse los siguientes autos proferidos por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A: auto del 7 de octubre de 2020, radicación: 11001-03-25-000-2020-00578-00 (1447-2020),
demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP,
demandado: Gloria Amparo Garzón de Rojas; auto del 7 de octubre de 2020, radicación: 11001-
03-25-000-2020-00605-00 (1485-2020), demandante: Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones, FONCEP, demandado: Raúl Rincón Vásquez; auto del 22 de septiembre
de 2020, radicación: 11001-03-25-000-2020-00025-00 (0025-2020), demandante: Fondo De
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP. demandado: Ana Concepción Bojacá
Rojas; auto 18 de noviembre de 2020, radicación: 11001-03-25-000-2020-00808-00 (2442-2020),
demandante: Fondo de Prestaciones Económicas cesantías y Pensiones, FONCEP, demandado:
Clara Inés León Ramírez.
16
«Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus
dependencias».
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7
Radicado: 11001031500020210447600 (6509)
Demandante: UGPP
«Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen».
De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación
del recurso de revisión. También lo está, por pasiva, la señora Luisa Mireya
Mosquera Valencia al haber sido demandante en el proceso ordinario en el que se
profirió la sentencia impugnada y ser la titular del derecho pensional discutido.
5.3. Oportunidad
El artículo 25117 del CPACA dispone que el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión en los casos que consagra el artículo 20 de la Ley 797
de 2003 es de 5 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia o del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio, cuando es este el que
se controvierte18.
Pues bien, en el presente asunto se advierte que la sentencia objeto de revisión se
profirió el 1.º de agosto de 2018, se notificó el 5 de septiembre de 2018 y quedó
ejecutoriada el día 10 del mismo mes y año19. Por su parte, la demanda de revisión
se presentó por ventanilla virtual el 13 de julio de 202120, luego es posible concluir
que en este caso el derecho de acción se ejerció oportunamente.
5.4. El recurso extraordinario de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200321 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
17
Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el
recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia
de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de
que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del
acuerdo transaccional o conciliatorio».
18
La Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016, precisó que en los eventos en los que el
recurrente sea la UGPP, aquel término no podrá contabilizarse antes del 12 de junio de 2013,
comoquiera que fue tan solo en esta fecha que la mencionada entidad asumió la defensa judicial
de los asuntos que tenía a cargo la extinta Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL (Sentencia
11 de agosto de 2016. Acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- contra la Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otro).
19
Según constancia secretarial expedida el 17 de septiembre de 2018 por el secretario de la Sección
Segunda del Consejo de Estado visible en el folio 369 del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 27001233300020130025100.
20
Índice 2, expediente electrónico.
21
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.».
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8
Radicado: 11001031500020210447600 (6509)
Demandante: UGPP
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
[…] ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código
y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables
[…]22
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que el recurso de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado en los artículos 248 y
siguientes del CPACA, lo cierto es que dicho trámite presenta aspectos que lo
particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de
Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso
y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como
transacción y conciliación23.
• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que
realizan el reconocimiento de pensiones24.
• Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a
reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las
22
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia
C-835 de 2003.
23
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
24
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
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pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito
de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de
velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el
principio de universalidad que lo inspira25.
• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del
derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció
con vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia26.
5.5. Problemas jurídicos
Los interrogantes que se deben resolver se resumen en las siguientes preguntas:
5.5.1. ¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 al haberse reconocido la pensión gracia en favor
de la señora Luisa Mireya Mosquera Valencia, por considerar acreditado el
requisito de tiempo de servicios en calidad de docente territorial y/o
nacionalizado?
5.5.2. ¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 porque presuntamente se reconoció la pensión
gracia sin el cumplimiento de los requisitos legales?
Primer problema jurídico
¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 al haberse reconocido la pensión gracia en favor de la señora Luisa
Mireya Mosquera Valencia, por considerar acreditado el requisito de tiempo de
servicios en calidad de docente territorial y/o nacionalizado?
Ø La causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.°
4, sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV).
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.°
25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Demandante: UGPP
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales
consagradas para el recurso extraordinario de revisión, la inspección de los
reconocimientos de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de
naturaleza pública también procede «Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso».
Sobre el debido proceso, es importante indicar que se encuentra consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental
constituido por todas las garantías que deben respetarse en las actuaciones
adelantadas bien sea en procesos judiciales o en procedimientos administrativos,
concebidas para proteger a las personas dentro de dichos trámites y lograr la
aplicación correcta de la justicia27.
Algunas de las principales garantías que hacen del debido proceso son: (i) el
derecho a juez natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado
según las normas de cada juicio o procedimiento; (iii) el derecho a la defensa y/o
contradicción, que incluye, entre otros, la presentación y participación en la
producción de las pruebas, la defensa técnica, el proceso público y sin dilaciones
injustificadas, la motivación de la decisión, el derecho a impugnar la decisión; y (iv)
el derecho a la independencia o imparcialidad del juez.
Particularmente en la configuración de la causal de revisión estudiada, cobra
especial relevancia la doctrina que ha construido la jurisprudencia constitucional
alrededor de las conocidas causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, pues a partir de ella se ha definido el alcance
o núcleo esencial del debido proceso para establecer los escenarios en los cuales,
a través de una providencia judicial, puede verse transgredido.
Se trata entonces de un juicio de validez del fallo muy similar al que habría de
efectuarse en virtud de la causal de revisión por violación del derecho al debido
proceso, por incurrir la decisión en graves falencias28 que la hacen incompatible
con la Carta Política. De allí que al momento de evaluar la configuración de la
causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 resulte
pertinente acudir a dicha doctrina constitucional, que prevé las siguientes causales
especiales de procedibilidad tutela contra sentencias:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
27
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
28
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de
2015.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»29
En ese orden, la acción de revisión de sumas periódicas de dinero por la causal
del literal a.) bajo análisis se configurará si se dejó de respetar alguna de las
garantías anteriormente vistas.
Ø La clasificación de docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales como criterio para que surja el derecho a la pensión
gracia
La pensión de jubilación gracia se encuentra consagrada en las Leyes 114 de
191330, 116 de 192831, 37 de 193332 y 91 de 198933. Estas normas, junto con la
jurisprudencia que ha definido el alcance de la citada prestación, permiten afirmar
que tienen derecho a tal reconocimiento pensional los educadores oficiales que
29
Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
30
«Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». Ver artículo 1.
31
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927». Ver artículo 6.
32
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
33
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». Ver artículo 15,
ordinal 2, literal a).
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acrediten los siguientes requisitos: (i) haber cumplido 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales en calidad de docente territorial o de docente
nacionalizado (bien sea como docente de primaria o secundaria, como normalista
o inspector de instrucción pública), siendo posible sumar los tiempos en uno y otro
cargo; (ii) haber alcanzado los 50 años de edad; (iii) haber ejercido la docencia con
honradez, eficiencia, consagración y observando una buena conducta; y (iv) que
dicha vinculación haya tenido lugar con anterioridad al 1.º de enero de 1981.
Visto lo anterior, es factible afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la
Ley 91 de 1989, cuyo artículo 1 categoriza y define a los docentes como sigue a
continuación:
• Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
• Personal nacionalizado: Son (i) los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes
vinculados a partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del
proceso de nacionalización de la educación que se adelantó por disposición
de la Ley 43 de 1975.
• Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 1034 de la Ley 43 de 1975, de manera
que la plaza a ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad
territorial con cargo a su propio presupuesto.
Así, las referidas leyes y la jurisprudencia de esta Corporación son claras al señalar
que el derecho al reconocimiento de la pensión gracia lo tiene el personal docente
territorial y nacionalizado. De esta manera, queda excluido como beneficiario de
esta prestación el personal docente nacional y por ello tampoco es factible que el
tiempo laborado en tal condición se contabilice con el servido en calidad de
educador nacionalizado o territorial.
Al respecto, en sentencia de 29 de agosto de 1997, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, refiriéndose a la Ley 114 de 1993, precisó:
[…] El numeral 3º. (sic) Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia
de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que
34
«Artículo 10. En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial,
ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de
enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles
de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación
Nacional».
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Radicado: 11001031500020210447600 (6509)
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no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional […]” (subraya del texto original)
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales.»
Más adelante, la misma sentencia, al volver sobre este asunto, señaló que:
[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos” […]
Ahora bien, en sentencia de unificación del 21 de junio de 201835, la Sección
Segunda de esta Corporación, luego de estudiar el componente dogmático del
situado fiscal, la naturaleza de los recursos cedidos por la nación a las entidades
territoriales y los fondos educativos regionales (FER), definió algunas reglas en la
materia. Entre ellas, las que permiten determinar la categoría que ostenta un
docente36 con el fin de decidir si se satisface el requisito estudiado para que
proceda el reconocimiento de la pensión gracia, las que pueden sintetizarse así:
i) Los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en educadores
nacionales por el hecho de que en el acto de su vinculación haya intervenido,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional (FER), y este último
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal.
Tampoco adquieren dicha condición por el solo hecho de que los recursos
destinados para su sostenimiento hayan tenido su origen en la Nación.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación: 250002342000201304683 01 (3805-2014).
Demandante: Gladys Amanda Hernández Triana. Demandado: UGPP.
36
Sobre el particular, la sentencia del 21 de junio de 2018 dispuso: «v) Por tanto, no es dable inferir
que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando
en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde
conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también
se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de
manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter territorial […]».
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ii) La calidad de docente territorial puede acreditarse bien sea con copia de los
actos administrativos en los que conste el vínculo y se pueda determinar que
la plaza a ocupar es de aquellas que el legislador previó como territoriales o
bien con la certificación emitida por la autoridad nominadora en la que de
forma inequívoca se indique que el tipo de vinculación es territorial.
iii) Independientemente del origen de los recursos el docente debe acreditar que
la plaza a ocupar es de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad o de la
exógenas, cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos
regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del sistema
general de participaciones.
Ø Verificación de la causal de revisión estudiada
La UGPP argumentó que la sentencia del 1.º de agosto de 2018 proferida por el
Sección Segunda, Subsección B, de esta Corporación ordenó un reconocimiento
pensional sin el lleno de requisitos debido a que el precedente judicial y las pruebas
aportadas al proceso permitían concluir que los tiempos laborados por la hoy
demandada entre el 13 de julio de 1983 y el 31 de diciembre de 2007 son
nacionales, luego no podían contabilizarse para efectos del derecho a la pensión
gracia. A su juicio, ello comporta el desconocimiento del derecho al debido
proceso.
Según se explicó en líneas anteriores, el recurso extraordinario de revisión no
procede para realizar nuevos juicios sobre la valoración probatoria hecha por los
jueces de instancia lo que obedece, no solo al carácter excepcional de este medio
impugnatorio en tanto puede conllevar una limitación al principio de la cosa
juzgada, sino también a la necesidad de proteger los principios de autonomía e
independencia judicial. Con base en ellos, resulta plausible afirmar que los jueces
de instancia gozan de amplias facultades para valorar las pruebas en cada caso
concreto, luego, en principio, no es dable que por esta vía se cuestione tal labor.
No obstante, lo cierto es que esa función de valoración probatoria debe
desarrollarse atendiendo criterios de objetividad, racionalidad, motivación y
legalidad pues, en caso contrario, su ejercicio se tornaría arbitrario y caprichoso,
lo que generaría la violación del derecho al debido proceso y, con ello, la posibilidad
de acudir a la causal prevista en el artículo 20 literal a) de la Ley 797 de 2003.
Ahora bien, es importante insistir en que esa arbitrariedad manifiesta que daría
lugar a la procedencia de este recurso por irregularidades de índole probatoria
excluye de plano las simples inconformidades del recurrente respecto de la
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apreciación que hizo el juez sobre las pruebas pues, según se anotó, en el ejercicio
de esta labor debe privilegiarse la autonomía y la independencia judicial.
Bajo esta premisa, la Sala pasará al estudio de los argumentos que planteó la
UGPP para constatar si en efecto hubo irregularidades de índole probatorio que
hubiesen podido afectar el derecho al debido proceso de la entidad, a la par que
analizará si se apartó del precedente judicial en materia de pensión gracia. Con tal
fin, se expondrán los argumentos puntuales que formuló y se contrastarán con la
sentencia del 1.º de agosto de 2018, así:
Para la UGPP, la aludida providencia desconoció que, entre el 13 de julio de 1983
y el 31 de diciembre de 2007, los servicios prestados por la señora Luis Mireya
Mosquera Valencia fueron ejercidos en condición de docente nacional, lo que, en
su criterio, estaba acreditado en el expediente a través de las siguientes pruebas:
PRUEBAS MOTIVO POR EL QUE DICE ACREDITAR UNA
VINCULACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
Decreto de nombramiento En él intervinieron, además del gobernador y el
569 de 4 de julio de 198337 secretario de Educación del Chocó, el delegado
del Ministerio de Educación Nacional ante el
Fondo Educativo Regional del Chocó.
Certificaciones expedidas Aunque en ellas se afirma que la docente tiene
por la Secretaría de vinculación de carácter nacionalizado a partir de
Educación de Chocó el 18 1983, lo cierto es que dichos certificados
de julio38 y el 2 de octubre expresan que los recursos provienen del situado
de 201939 fiscal.
Esta Sala Especial de Decisión concluye que esa argumentación corresponde a la
utilización de la acción especial de revisión a modo de instancia adicional pues se
procura que se resuelvan las divergencias interpretativas que la UGPP tiene con
la sentencia del 1.º de agosto de 2018, específicamente con la regla aplicada para
establecer el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa.
37
Folio 39 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
27001233300020130025100, el cual puede consultarse en este proceso en el índice 25 del
expediente electrónico.
38
Con esta fecha de expedición se encuentran los siguientes documentos (i) Constancia 8077
expedida por la Secretaría de Educación departamental del Chocó (p. 361 del archivo que contiene
la demanda de revisión y anexos, visible en el índice 2 del expediente electrónico); (ii) el Formato
único para la expedición de certificado de historia laboral” (pp. 365 a 367 ibidem) y (iii) el Formato
único para la expedición de certificado de salarios (pp. 362 y 364 ibidem).
39
Con esta fecha de expedición se encuentran los siguientes documentos (i) Constancia 14582
expedida por la Secretaría de Educación departamental del Chocó (p. 276 del archivo que contiene
la demanda de revisión y anexos, visible en el índice 2 del expediente electrónico); (ii) el Formato
único para la expedición de certificado de historia laboral” (pp. 277 a 279 ibidem).
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Al respecto, cabe anotar que, al fijar el problema jurídico a solucionar, la sentencia
en cuestión determinó que consistiría en definir «[…] Si para el reconocimiento de la
pensión gracia, es viable el cómputo de los servicios docentes prestados a partir de
nombramientos en los cuales haya intervenido el respectivo Fondo Educativo Regional
(FER), si particularmente se requiere de la vinculación al 31 de diciembre de 1980; y cómo
se acredita de manera idónea la prestación del servicio docente en tal condición […]»
(subraya fuera del texto original). En tales condiciones, no cabe duda que en el mismo
proceso ordinario se propuso el análisis de la problemática que se pretende discutir
vía el recurso de la referencia.
Además, al desarrollar el marco normativo aplicable a la pensión gracia, la
sentencia del 1.º de agosto de 2018 indicó expresamente que para el
reconocimiento de dicha prestación debía excluirse el cómputo de tiempos de
servicios de carácter nacional, advirtiendo que para tales efectos solo deben
considerarse las vinculaciones territoriales o nacionalizadas. La providencia aclaró
también que para ser beneficiario de la pensión gracia lo que debía analizarse y
comprobarse era el tipo de nombramiento, la autoridad que hace la designación,
la institución educativa a la cual se prestaron los servicios docentes y su
naturaleza, así como los tiempos de servicios requeridos por la Ley 114 de 2013.
Seguidamente, acogió y explicó ampliamente las consideraciones de la sentencia
de unificación del 21 de junio de 2018, exponiendo las reglas que fijó en la materia.
Fue precisamente bajo ese marco conceptual que la sentencia del 1.º de agosto
de 2018 valoró las vinculaciones laborales de la señora Luisa Mireya Mosquera
Valencia, concluyendo que para efectos del reconocimiento de la pensión gracia
debían computarse los siguientes tiempos:
Institución Tipo de Acto Cargo Fecha Días
Decreto 0532 de 6 de Del 6 de
julio de 1979 suscrito por julio de
Escuela San
el Secretario de Docente 1979 al 6 de 91
Marino
Educación del octubre de
Departamento de Chocó 1979.
Del 4 de
julio de
Distrito # 1 Decreto 569 de 4 de julio
Docente 1983 al 25 9062
Núcleo # 5. de 1983
de abril de
2008.
Sobre este último periodo, que es el que expresamente cuestiona la UGPP por
este medio procesal, el fallo de segunda instancia se manifestó al señalar que la
intervención de un representante del Ministerio de Educación «[…] no impide el
reconocimiento de la pensión gracia, dado que de acuerdo al criterio unificado de
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esta Sección, contenido en la sentencia proferida el 21 de junio del 2018 dentro del
proceso 25000-23-42-000-2013-04683 (3805-2014), el carácter territorial de los
nombramientos docentes, lo determina el ente gubernativo que en efecto profiere
dicho acto, en este caso, el Gobernador del Departamento del Chocó […]».
De otro lado, frente a las certificaciones expedidas en julio y octubre de 2019 en
las que se indica que aquel vínculo laboral es nacionalizado pero financiado con
recursos del situado fiscal (hoy sistema general de participaciones) debe
señalarse, en primer lugar, que son documentos con un alcance limitado en sede
de este recurso extraordinario pues, al haberse perfeccionado con posterioridad a
la sentencia recurrida, pretender introducirlos como pruebas nuevas trastoca la
naturaleza extraordinaria del presente trámite procesal.
En todo caso, aunque fueran tenidos en cuenta, lo cierto es que el hecho de que
acrediten que la plaza que ocupaba la demandada se pagó con dinero del situado
fiscal no desdice de la naturaleza nacionalizada del cargo, como lo precisó el fallo
del 1.º de agosto de 2018, en armonía con la sentencia de unificación ya
mencionada, al señalar que «[…] el carácter territorial o nacionalizado de una plaza
educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión
gracia, al margen del origen de los recursos que financiaban el pago de los salarios
y prestaciones de los educadores, y también de la intervención que efectuaba el
delegado del FER en su nominación […]».
Visto lo anterior, se destaca que la sentencia motivo del actual recurso
extraordinario en ningún momento permitió el cómputo de tiempos de carácter
nacional para el reconocimiento de la prestación en favor de la hoy demandada, ni
concedió la pensión con desconocimiento del criterio unificado que fijó la sentencia
del 21 de junio de 2018.
En tales condiciones, cabe recordar que el recurso extraordinario de revisión no es
una instancia adicional a la que puedan acudir las partes para controvertir la
valoración probatoria efectuada por el juez de la causa ordinaria, salvo que en
dicha labor puedan advertirse errores que enseñen de manera ostensible que el
funcionario decidió en contra de la evidencia probatoria, apartándose así de los
hechos debida y manifiestamente probados, lo que no ocurrió en el presente caso
según se explicó.
En conclusión, la sentencia impugnada en vía de revisión no configura la causal
contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que la
decisión, además de haberse adoptado con base en las pruebas debidamente
decretadas, allegadas y valoradas por el ad quem, acogió el criterio definido en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018.
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Demandante: UGPP
Segundo problema jurídico
¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 porque presuntamente se reconoció la pensión gracia sin el
cumplimiento de los requisitos legales?
Ø La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de
revisión, «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.» En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición
de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003 se
observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para
todos los ciudadanos […]»40.
Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del
artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un
sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de
aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con
las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la
acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que
responde dicho instrumento procesal.
La UGPP consideró que se presentaba esta causal en la medida en que se accedió
al reconocimiento de una pensión de gracia sin el cumplimiento de los requisitos
legalmente establecidos, puntualmente, el de acreditar un tiempo de servicio de al
menos 20 años como docente territorial o nacionalizado.
La Sala desestimará este argumento como quiera que el reproche de la UGPP no
está dirigido a cuestionar la cuantía de la prestación sino la aptitud legal para su
reconocimiento, asunto que no es propio de la causal invocada. La finalidad de
esta es la de revisar el valor de la pensión reconocida en contra de lo ordenado
por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su
legalidad.
En conclusión, no se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que la UGPP no cuestiona el valor
reconocido en favor de la docente Luisa Mireya Mosquera Valencia sino la
prestación en sí misma, con lo cual se reabriría un debate frente al derecho a la
40
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Demandante: UGPP
pensión gracia como si de una tercera instancia se tratara, lo que difiere de la
naturaleza de la acción de revisión.
5.6. Decisión
Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales
de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 1.º de agosto
de 2018 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
5.7. Condena en costas
Toda vez que el recurso extraordinario de revisión se presentó en vigencia de la
Ley 2080 de 202141, en este asunto resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 70
ibidem, que modificó el 255 del CPACA para disponer que «si se declara infundado
el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente». Al no contener este
precepto íntegramente las reglas aplicables a la condena en costas, corresponde
realizar la integración normativa con el Código General del Proceso.
Es importante señalar que la modificación que introdujo la Ley 2080 en este sentido
no implicó un cambio en el criterio «objetivo valorativo» que consagra el CPACA
en materia de condena en costas. Es objetivo porque basta con que se declare
infundado el recurso extraordinario de revisión para que proceda condenar en
costas y perjuicios al recurrente, sin necesidad de estudiar si existió o no
temeridad, mala fe o cualquier otro factor de orden subjetivo en las partes. No
obstante, ese criterio objetivo continúa siendo valorativo pues se requiere que en
el expediente el juez revise si las mismas se causaron y la medida de su causación,
como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y
con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso42.
Visto lo anterior, dado que el presente recurso no tiene vocación de prosperidad,
se condenará a la entidad pública demandante al pago de las costas en favor de
la parte demandada, en la medida en que se acredite su causación, de acuerdo
con la liquidación que realice la Secretaría General de esta Corporación, una vez
el magistrado sustanciador fije las agencias en derecho a que haya lugar, como lo
regula el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión n.º 19, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
41
«Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en
los procesos que se tramitan ante la jurisdicción».
42
Al respecto ver las sentencias de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, actor: José Francisco Guerrero Bardi.
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Radicado: 11001031500020210447600 (6509)
Demandante: UGPP
FALLA
Primero: Declárese infundado el recurso extraordinario de revisión presentado por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales, UGPP, en contra de Luisa Mireya Mosquera Valencia, con el fin de
que se infirme la sentencia proferida el 1.º de agosto de 2018 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso con radicado
27001233300020130025101.
Segundo: Condenar en costas a la entidad demandante en favor de la parte
demandada, en la medida en que se encuentre acreditada su causación.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, regrésese el expediente al despacho del
magistrado sustanciador para la fijación de agencias en derecho, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
STELLA JEANNETTE CARVAJAL ROBERTO AUGUSTO SERRATO
BASTO VALDÉS
(Salvamento parcial de voto)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL NICOLÁS YEPES CORRALES
(Salvamento y aclaración de voto
parciales)
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