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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00025-00

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00025-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP contra Ana Concepción Bojacá Rojas, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia de primera instancia proferida por el por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, el 31 de octubre de 2013 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001333502220130004700. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema respectivo y archívese el expediente de la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00025-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

17 de noviembre de 2022

Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y
PENSIONES – FONCEP-
Demandado: ANA CONCEPCIÓN BOJACÁ ROJAS

Temas: Causales a) y b) de revisión artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Ingreso base de liquidación de beneficiario del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA – Ley 1437 de 2011 O-66-2022

ASUNTO

La Sala conoce del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
de 31 de octubre de 2013 proferida por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo del
Circuito de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora Ana Concepción Bojacá Rojas contra FONCEP1.

ANTECEDENTES

La señora Ana Concepción Bojacá Rojas, por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA demandó2 la nulidad
del siguiente acto administrativo:

• Oficio N.° 2012EE19826 O 1 del 29 de octubre de 2012, mediante el cual el
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP- le
negó la reliquidación de la pensión de jubilación.

1 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones.
2 Folios 109 a 141, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se ordene a FONCEP reliquidar su pensión de vejez con el 75% del promedio de
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio,
comprendido entre el 8 de abril de 2000 y 7 de abril de 2001. Así mismo, que en dicho
cálculo se incluyan los siguientes factores salariales: sueldo básico, prima de
antigüedad, prima secretarial, auxilio de alimentación, subsidio de transporte, prima de
vacaciones, prima de navidad y prima semestral. Igualmente, pidió que se condene a
la demandada a pagar la diferencia de las mesadas dejadas de cancelar desde el 19
de octubre de 2009, debidamente actualizadas y que se dé cumplimiento a la sentencia
en los términos de los artículos «176 a 178 del CCA», así como al pago de las costas
del proceso.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes fundamentos fácticos relevantes:

1. La señora Ana Concepción Bojacá Rojas nació el 21 de diciembre de 1946 y
prestó sus servicios en el sector público en la Secretaría de Hacienda de Bogotá por
más de 20 años y realizó los aportes a pensión así:

Secretaría de Caja de Previsión Social Del 16 de marzo de 1973 al 31 de
Hacienda de Distrital diciembre de 1995
Bogotá D.C ISS Del 1 de enero de 1996 al 9 de abril de
2001

2. Mediante Resolución No. 472 del 19 de marzo de 20023, el Fondo de Pensiones
Públicas de Bogotá ordenó el reconocimiento de la pensión de jubilación. La
liquidación de la prestación la efectuó con un ingreso base de liquidación definido
según lo regulado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Los factores que incluyó
en el cálculo fueron asignación básica, prima de antigüedad y «extras».

3. El 5 de junio de 2002, la señora Ana Concepción Bojacá Rojas solicitó al
FONCEP la reliquidación de su mesada pensional. Explicó que se tomó para esta el
valor del salario correspondiente al 2001 sin el reajuste respectivo, en atención a que
este fue cancelado con posterioridad a la certificación que se allegó a la entidad para
el otorgamiento de la pensión.

3 Folios 35 a 39, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

4. Con posterioridad, solicitó la señora Ana Concepción Bojacá Rojas al FONCEP
que se revise su pensión y se reliquide la misma teniendo en cuenta el artículo 34 de
la Ley 100 de 1993.

5. Mediante Resolución 0970 de junio de 2003, la Secretaría de Hacienda de
Bogotá reliquidó la pensión de la demandante a partir del 21 de diciembre de 2001, en
virtud de lo establecido en el artículo 33 de la ley 100 de 1993.

6. El 19 de octubre de 2012, la demandante presentó ante el FONCEP solicitud de
reliquidación de la pensión de vejez, amparada en que no se respetó el régimen de
transición del cual era beneficiaria.

7. El FONCEP por medio de Oficio N.° 2012EE19826 O 1 del 29 de octubre de
4
2012 dio respuesta a la solicitud de la demandante argumentando que las pensiones
reconocidas en transición tienen su propio procedimiento, especificado en el artículo
36 de la ley 100 de 1993; motivo por el cual el reconocimiento y liquidación de la
pensión se encuentran ajustados a la ley.

Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocían los
artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 83, 89, 122, 123, 230, 286 de la Constitución
Política; artículos 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 31, 35, 36, 50, 64, 65,
113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 141, 143, 146, 150, 151,
273, 275, 288, 289 de la ley 100 de 1993; artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7 del Decreto 691 de
1994; artículos 4, 9, 34, del Decreto 692 de 1994; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Decreto
813 de 1994; articulo 3 del Decreto 1160 de 1994; articulo 1 del Decreto 1158 de 1994;
articulo 1 del Decreto 2527 de 2000; artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13 de la ley 33 de 1985;
artículo 14 de la ley 6 de 1945; artículo 1 de la ley 62 de 1985; articulo 1 del acto
legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política; articulo
72 del decreto reglamentario de 1848 de 1989; decreto 2143 de 1995; C. de R. P. y
M., artículos 52 a 56 y Código Contencioso Administrativo, artículos 137, 61, 67; acto
administrativo contenido en el Oficio No. 2012EE19826 O 1 del 29 de octubre de 2012,
y decreto distrital de Bogotá D.C 248 de 1995.

La demandante sostuvo que, el acto acusado fue concebido bajo error del FONCEP
ya que este incurrió en una falsa motivación al desconocer que el ingreso base
liquidación para la pensión de jubilación de la señora Ana Concepción Bojacá Rojas
debía tener como fundamento jurídico el artículo 1 de la Ley 4ª de 1976, el artículo 1
de la ley 33 de 1985 y el artículo 1 de la ley 100 de 1993, mas no los términos dados
en el artículo 36 de la ley 100 de 1993; de esta forma irrespetó el régimen de transición
y no tomó en cuenta el valor de los salarios del último año, pese al mandato de la ley
superior.

4 Folios 287 a 291, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA5

El FONCEP se opuso a las pretensiones de la demanda. En primer lugar, señaló que
la Ley 100 de 1993 derogó todos los regímenes pensionales especiales, con excepción
de los indicados por el artículo 279 ibidem. En segundo lugar, consideró que el hecho
de que la solicitante se encuentre en régimen de transición de la Ley 100 de 1993
implica que deben atenderse las normas anteriores en relación con la edad, el tiempo
de servicio o semanas cotizadas y el monto de la prestación. No obstante, en cuanto
a las demás condiciones, sostuvo que se rigen por lo dispuesto en la mencionada ley
y los factores salariales que se deben atender son solamente aquellos respecto de los
cuales efectuó aportes. Tal interpretación es consecuencia del principio de equilibrio
financiero y evita el detrimento patrimonial de las entidades estatales. Por
consiguiente, expuso que no es viable incluir todos los emolumentos devengados en
el último año de trabajo.

Seguidamente, formuló las siguientes excepciones:

• Inepta demanda: Indicó que se demandó la nulidad de un memorial mas no de un
acto administrativo, como lo es a su visión el oficio No. 2012EE19826 O 1 del 29 de
octubre de 2012; por lo cual dicho memorial informativo no es objeto de recursos.

• Caducidad de la acción: Insistió en que el oficio demandado no se corresponde con
un acto administrativo, pues este está contenido en las Resoluciones 472 de 2002
y 00970 de 2003, respecto de los cuales ya operó el fenómeno de caducidad.

• Falta de agotamiento de la vía gubernativa: La sustentó con el argumento de que el
acto administrativo no quedó en firme al no presentarse recursos en contra de este.

• Temeridad de la accionante: Arguyó que la peticionaria pretende que se declare la
nulidad de un oficio informativo que no habilita nuevamente los términos para acudir
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para su control de legalidad.

• Prescripción: Pidió que, en caso de prosperar las pretensiones de la actora, se
decrete la prescripción de los factores salariales tenidos en cuenta para la
reliquidación de la pensión.

5 Folios 166 a 174, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6

El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 31
de octubre de 2013, decidió lo siguiente:

• Declaró la nulidad del Oficio No. 2012EE19826 O 1 del 29 de octubre de 2012,
en cuanto negó la reliquidación de la pensión de jubilación con la totalidad de
los factores salariales devengados por Ana Concepción Bojacá Rojas durante
el último año de servicio.
• Ordenó FONCEP reliquidar la pensión de la demandante con el promedio de lo
devengado durante el último año de servicios, con inclusión de sueldo básico,
prima de antigüedad, prima secretarial, auxilio de alimentación, subsidio de
transporte, prima de vacaciones, prima de navidad y prima semestral, siempre
que hayan sido debidamente certificadas por la entidad empleadora.
• Ordenó a FONCEP que, a partir de la ejecutoria de la sentencia, realice los
descuentos indexados sobre los factores salariales devengados por la
solicitante, sobre los cuales no se efectuaron cotizaciones o aportes para
pensión.
• Ordenó la indexación de los valores correspondientes entre la fecha de retiro
de la demandada y la fecha en que cumplió el requisito de la edad, dando
aplicación al ICP.
• Declaró prescritas las diferencias de reajuste causadas con anterioridad al 19
de octubre de 2009.

El juzgado consideró que, del material probatorio allegado, es posible inferir que la
señora Ana Concepción Bojacá Rojas está cobijada por el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por esa razón, el régimen aplicable para liquidar la
pensión de jubilación es el establecido en la Ley 33 de 1985, modificada por el artículo
1 de la Ley 62 del mismo año. Adujo que dichas normas deben ser interpretadas de
conformidad con el criterio expuesto por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de
agosto de 20107. Expuso que, según este criterio, los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 a quienes les aplica la Ley 33 de 1985, tienen derecho
a que se reliquide su pensión con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio.

RECURSO DE APELACIÓN8

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de FONCEP interpuso
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

6 Folios 311 a 314, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-

000-2006-07509-01(0112-09).
8 Folios 318 a 323, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

Por medio de auto del 29 de septiembre de 20159 se citó a las partes a la audiencia
de conciliación de la que trata el inciso 4 del artículo 192 del CPACA; a esta diligencia
no concurrió el apoderado judicial de la entidad demandada, motivo por el cual el juez
mediante acta de audiencia del 8 de octubre de 201510, declaró desierto el recurso de
apelación interpuesto por el FONCEP y en consecuencia se declaró formalmente
ejecutoriada la sentencia dictada en audiencia del 31 de octubre de 2013; notificando
esta decisión en estrados.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN11

El FONCEP presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a
cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo 20, literales
a.) y b.), de la Ley 797 de 2003 que disponen: « a) Cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. «Revocar» la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Administrativo del
circuito de Bogotá el 31 de octubre de 2013, dentro del proceso ordinario instaurado
por la señora Ana Concepción Bojacá Rojas en contra de FONCEP, bajo el radicado
11001333502220130004700.

2. Declarar que la señora Ana Concepción Bojacá Rojas en relación con la
liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido
amparable por la legislación colombiana y en su lugar, se ordene la reliquidación y
pago de su mesada pensional liquidada con el ingreso base liquidación previsto en el
inciso 3 del artículo 36 o el 21 de la ley 100 de 1993.

3. Ordenar al FONCEP reliquidar y pagar la mesada pensional de la señora Ana
Concepción Bojacá Rojas conforme a las reglas previstas en las sentencias de
unificación SU-52001-23-33-000-2012-00143-01 del 28 de agosto de 2018 de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y C-168 de 1995, Auto
326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-2010 de 2017, Auto 229 de 2017,
SU-395 de 2012, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 de la Corte Constitucional,
adoptando como ingreso base de liquidación los factores taxativamente determinados
en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que consagren expresamente la

9 Folios 343, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.
10 Folios 346 y 347, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.

11 Folios 2 al 11 del cuaderno principal.

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

condición de factores salariales con incidencia pensional y fijando como tasa de
reemplazo el 75% previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

A continuación, estimó que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión
contraría los artículos 1, 2, 6, 29, 48, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política,
el Acto Legislativo 01 de 2005, las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 y el Decreto 1158
de 1994 y el precedente jurisprudencial establecido en las sentencias SU-52001-23-
33-000-2012-00143-01 del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado y C-168 de 1995, Auto 326 de 2014, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, SU-2010 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2012, SU-
631 de 2017, T-039 de 2018 de la Corte Constitucional.

En sustento de lo anterior, argumentó que se configura la causal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2002, debido a que la providencia en mención vulneró el debido proceso
al inaplicar los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Igualmente, desatendió el
contenido del Acto Legislativo 01 de 2005 al incluir en la liquidación pensional factores
distintos a los previstos por la ley y sobre los cuales no se habían efectuado aportes.
De esta manera, la entidad afirmó que aquella otorgó un derecho sin el cumplimiento
de los requisitos legales, en detrimento de los recursos destinados a la financiación
del sistema general de seguridad social en pensiones, que la Nación debe administrar.

En cuanto a la configuración de la causal b), sostuvo que el derecho reconocido en la
decisión de primera instancia excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse
accedido a una reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto por el artículo 36
de la Ley 100 de 1993. En este sentido, explicó que la señora Ana Concepción Bojacá
Rojas al estar cobijada por el régimen de transición, tiene derecho al reconocimiento
de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas por
la Ley 33 de 1985. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el IBL, se debe atender a
lo regulado en el inciso 3.º del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Destacó que así lo ha considerado la Corte Constitucional en reiterados
pronunciamientos, que deben ser aplicados en esta instancia.

En este punto, anotó que, si bien la interpretación de la sentencia objeto de la acción
de revisión es formalmente posible, lo cierto es que contraviene postulados de rango
constitucional. En su sentir, ello conduce a resultados desproporcionados y vulnera los
criterios de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, al avalar la inversión de
más recursos en subsidios pensionales por parte del Estado, con destino a las
pensiones reconocidas bajo los parámetros del régimen de transición. Reiteró que es
necesario atender el criterio de la Corte Constitucional, para el efecto, transcribió
apartes de las providencias cuya aplicación solicita. Adicionalmente, expuso que en el
presente asunto la reliquidación pensional se dio con abuso del derecho y que se
presentó una vía de hecho, por la aplicación incorrecta del mencionado artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, según lo describe la sentencia SU-395 de 2017.

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

CONTESTACIÓN DEL RECURSO

La señora Ana Concepción Bojacá Rojas12 contestó en término la demanda de
revisión, para solicitar que se desestimen las pretensiones alegadas por el FONCEP
ya que la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de
Bogotá se encuentra ajustada a derecho y no se configuran las causales a) y b) del
artículo 20 de la ley 797 de 2003.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala
en el inciso segundo del artículo 249 que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.13.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el numeral 2° del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado
por el artículo 1.° del Acuerdo N° 55 de 2003, derogado por el Acuerdo 80 de 2019.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa: «las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación »14.

De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de las
acciones de revisión que se interpongan contra las sentencias proferidas por los
tribunales administrativos.

12 Folios 23 a 28 del cuaderno principal.
13 «Artículo 249. Competencia.

(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
14 Se precisa que la demanda de revisión fue presentada el 13 de diciembre de 2019, es decir, antes de

la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, de manera que las normas de competencia de esta última
no le son aplicables al presente caso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 ibidem.

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

Ahora, es necesario precisar que el FOCEP formuló la demanda de revisión en contra
de la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Veintidós Administrativo
del Circuito de Bogotá el 31 de octubre de 2013. Es decir, se asumirá el conocimiento
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de acuerdo con el
artículo 107 del CPACA, tal y como lo ha hecho en anteriores oportunidades15.

Legitimación y oportunidad de la acción de revisión

Sobre la legitimación del FONCEP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-
427 de 2016 definió la siguiente regla:

«frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración
de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad
para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos
en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas
del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son
las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su
buen funcionamiento financiero.»

Es de anotar que, de conformidad con el Acuerdo 257 DE 2006, el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP, se creó, entre otras
cosas, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo del
Distrito Capital y la administración del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá.

De acuerdo con lo anterior, el FONCEP se encuentra legitimado para la presentación
de la acción de revisión.

Oportunidad

Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 31 de octubre de 2013, proferida por el Juzgado
Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, quedó ejecutoriada el 8 de octubre de
2015. Así pues, habiéndose presentado la acción de revisión con fundamento en la
causal prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, que, respecto de ella, el
artículo 251 del CPACA establece un término de cinco años para su interposición, es

15 En este sentido consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala

Especial de Decisión N.° 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744-00,
demandante: UGPP.
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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

claro que al radicarse la demanda el 13 de diciembre de 2019 16, la entidad se
encontraba dentro del término legal.

La acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200317 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 18

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:

• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y

16 Folio 13 del cuaderno principal.
17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
18 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-

835 de 2003.
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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación19.

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones20.

• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira21.

• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes a la liquidación de aquellas,
cuando se reconocieron en un valor mayor al que corresponde, con vulneración
del debido proceso o de la ley.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia22.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al ordenar la liquidación de la pensión de la señora Ana
Concepción Bojacá Rojas, cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985, esto es, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, y
no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994?

19 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
20 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,

sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 25,

sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: 1) La causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 2) La causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 3) El régimen
pensional contenido en la Ley 33 de 1985, 4) El régimen de transición de la Ley 100
de 1993, y 5) verificación de las causales de revisión invocada en el caso particular y
concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia23. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son24:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar

23 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
24 Sentencia C-341 de 2014

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Demandante: FONCEP

justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.»

Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales25, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias26 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. ». En relación con esta causal es

25 Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018. Estas causales consisten

en las siguientes:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»
26 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de

2015.
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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
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importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»27. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
la señora Ana Concepción Bojacá Rojas debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso
base de liquidación de conformidad con la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62
del mismo año y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de
1994. En esa medida, se debe definir si la mesada que se le paga mensualmente debe
verse reducida en la misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad
financiera del sistema general de seguridad social en pensiones.

Para el propósito descrito se analizarán el régimen contenido en la Ley 33 de 1985, el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, las posiciones jurisprudenciales de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado; y con fundamento en ello, se analizará
la configuración de las causales de revisión invocadas en el caso concreto.

El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de
la Ley 33 de 1985

El artículo 1 de la Ley 33 de 198528 reguló que los empleados oficiales que acreditaran
20 años de servicio continuo o discontinuo y la edad de 55 años tenían derecho al
reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio. El inciso primero de la norma citada dispuso a su tenor lo siguiente:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.

27 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
28 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las Prestaciones

Sociales para el sector público.

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No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones. […]»

Por su parte, el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 modificó el artículo 3 de la Ley 33 de
1985 que reglamentó los factores susceptibles de ser incluidos en el cómputo
pensional, en la cual se señaló:

«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los
aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida
por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o
en día de descanso obligatorio.

En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para
calcular los aportes. […]»

De la lectura de estas dos normas se desprende con claridad que las pensiones de
aquellas personas que causaron su derecho en vigencia de la Ley 33 de 1985 se
liquidarían con base en el 75% del promedio de los factores sobre los cuales se
efectuaron aportes a la entidad de previsión que hubiese percibido el trabajador en el
último año de servicio y sobre los cuales existía el deber de cancelar según el artículo
3 de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto
es, sobre: i) la asignación básica; ii) los gastos de representación; iii) las primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; iv) dominicales y feriados; v) horas
extras; vi) la bonificación por servicios prestados y; vii) el trabajo suplementario.

Más adelante, el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la
Constitución Política reguló en su inciso sexto que, para la liquidación de las pensiones
solo se tendría en cuenta aquellos factores sobre los cuales cada persona hubiese
efectuado cotizaciones.

El régimen de transición de la Ley 100 de 1993

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro. Subjeto
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era el de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que
les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la
protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1). En el artículo 36 de la
norma en mención, concibió un régimen de transición que ha sido entendido como un
beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la entrada
en vigor de aquella. Esto les permitiría regirse por las normas aplicables en el régimen
anterior. Así lo señaló:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]»

De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto. Sin embargo, en relación con este último
aspecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no ha
sido pacífica, pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación hace parte del
régimen de transición o no, como pasa a exponerse:

• Criterio de la Corte Constitucional

En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, dicha
Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie de
pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto. Por ello debía entenderse que en este aspecto
debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se indicó en las
sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de
2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007,
T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.

Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
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transición, así lo sostuvo:

«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.»

Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca». (Negrilla por fuera
de texto).

A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia29, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 197130 y 929 de 197631.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
29 Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
30 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados

de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
31 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la

Contraloría General de la República y sus familiares.»
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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
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venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.

• Criterio del Consejo de Estado

Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 201032 así se refirió al tema:

«Régimen de transición.

La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo
de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a
través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y
sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear
mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de
desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían
sometidos.

No obstante lo anterior, la referida ley en su artículo 36 preceptúa lo siguiente:

“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
(…).”
Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que
ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que
cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en
lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto
de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual
se encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-

000-2006-07509-01.
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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».

La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso:

«85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en
el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto
pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

86. (…) el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes
pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando
efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para
aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban
próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo
de servicios y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley
100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL,
que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos
aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los
principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta
que el periodo de transición abarcaría varias décadas.
[…]
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan
adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el
mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla
establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión
en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los
mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables.»

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.»

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.». Esta subregla se justifica, así:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional
es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33
de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la
edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones.»

Con todo, la Sala Plena también sostuvo:

«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado,
lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a
interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión
comprende los procesos administrativos en curso, la Sala solicita de manera
imperiosa a las entidades administradoras de pensiones del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida que, al momento de efectuar el reconocimiento de la
pensión, expliquen precisa, completa y detalladamente cada uno de los factores y/o
valores numéricos tenidos en cuenta en la liquidación, de forma que sea
comprensible al usuario y garantice un debido proceso administrativo».

Verificación de la causal de revisión invocada

Vulneración del debido proceso. Literal a.) del artículo 20 Ley 797 de 2003

Antes quedaron precisados los aspectos que hacen parte del debido proceso. Sin
embargo, se observa que, en criterio de la entidad recurrente, la providencia objeto de
revisión vulneró tal garantía al acceder a la reliquidación de la pensión de la
demandada en un monto del 75% de los salarios y factores percibidos en el último año
de servicios, como lo regula la Ley 33 de 1985. Afirmó que ello resulta contrario a la
interpretación que efectuó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 sobre
el IBL. Aquella providencia precisó que los empleados beneficiarios del régimen de
transición conservarían los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto de la
pensión del régimen anterior, pero el IBL sería el previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

Al respecto, se debe señalar que el argumento expuesto no está referido a alguno de
los aspectos sobre jurisdicción y competencia, los derechos de audiencia, de defensa
y contradicción o a la valoración probatoria relacionados con el reconocimiento
pensional, sino al desacuerdo en la interpretación de las normas que hizo el a quo para
el cálculo de la prestación. En su criterio, se omitió la aplicación del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 en contradicción de la posición de la Corte Constitucional, lo cual
condujo a que su cuantía excediera lo debido de acuerdo con la ley, cuestión que hace
referencia a la causal contenida en el literal b.) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y
que pasa a estudiarse.

Por tanto, para definir si se configura la causal contemplada en el literal a.) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, es necesario verificar la configuración de la causal contenida
en el literal b.) de la norma en mención.

La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del
artículo 20 Ley 797 de 2003.

En esta instancia no se discute que la señora Ana Concepción Bojacá Rojas es
beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

En efecto, nació el nació el 21 de diciembre de 194633, en consecuencia, para la
entrada en vigencia del sistema general de seguridad social en el orden territorial, esto
es, el 30 de junio de 1995, tenía la edad de 48 años y había prestado más de 20 años
de servicio.

Según la certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Nóminas del Seguro
Social34, la señora Ana Concepción Bojacá Rojas, durante el periodo comprendido
entre el 8 de abril de 2000 y 7 de abril de 2001 devengó los siguientes emolumentos:

• Asignación básica
• Prima de antigüedad
• Prima secretarial
• Auxilio de alimentación
• Subsidio de transporte
• Prima de servicios
• Prima de navidad
• Prima de vacaciones

Por medio de la Resolución 472 del 19 de marzo de 200235 el Fondo de Pensiones
Públicas de Bogotá D.C le reconoció una pensión de jubilación en valor de
$666.130,14, efectiva a partir del 21 de diciembre de 2001, teniendo en cuenta el
tiempo de servicio público que prestó como auxiliar administrativo código 550 grado
21, en la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C. desde el 16 de marzo de 1973 hasta
el 8 de abril de 2001, para un total de 10250.

El acto en mención liquidó la prestación en las siguientes condiciones:

➢ Tuvo en cuenta que adquirió el estatus el 21 de diciembre de 2001. El último
cargo que desempeñó fue el de auxiliar administrativo código 550 grado 21.
➢ El ingreso base de liquidación que tomó fue el salario promedio de 5 años, 9
meses, y 8 días, «entre el 30 de junio de 1995 y el 9 de abril del 2001»36, según el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
➢ No se describieron textualmente los factores salariales que computó, se limitó
a señalar «teniendo en cuenta los factores de salario aportados y que reposan
en el expediente». De acuerdo con los documentos que reposan en los folios
40 y 41 contentivos de la liquidación de la prestación, se advierte que se
computaron únicamente la asignación básica y la prima de antigüedad.

33 Tal como consta en la cedula de ciudadanía obrante a folio 33, Índice 10 del expediente digital en

SAMAI.
34 Folio 47, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.
35 Folios 35 a 39, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.
36 Así lo indicó el acto administrativo en mención.

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Demandante: FONCEP

Mediante Resolución 0970 de junio de 200337, la Secretaría de Hacienda de Bogotá
reliquidó la pensión de la demandante y reconoció la mesada en valor de $676.951.00,
a partir del 21 de diciembre de 2001, en virtud de lo establecido en el artículo 33 de la
ley 100 de 1993. En esta oportunidad, se definió el ingreso base de liquidación con el
promedio de lo devengado entre 9 de abril de 1991 y el 8 de abril de 2001, con inclusión
de la asignación básica y la prima de antigüedad, según la liquidación que obra en el
folio 62 del expediente prestacional. Además, ordenó que solicitar la devolución de
aportes al Instituto de Seguros Sociales, ISS, conforme a lo establecido en el artículo
2 del Decreto 2527 de 2000.

Por medio del Oficio No. 2012EE19826 O 1 del 29 de octubre de 2012, el FONCEP
denegó la solicitud de la señora Ana Concepción Bojacá Rojas respecto de la
reliquidación de la pensión, en lo referente a los factores salariales considerados en el
Decreto 1158 de 1994.

El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, en sentencia del 31 de
octubre de 2013, le ordenó al FONCEP reliquidar la pensión de la señora Ana
Concepción Bojacá Rojas en los siguientes términos38:

«Primero: DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo contenido en el OFICIO
N.° 2012EE19826 O 1 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2012, expedido por el Gerente
de Pensiones del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -
FONCEP- que negó la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de
la totalidad de factores salariales devengados por la actora ANA CONCEPCIÓN
BOJACÁ ROJAS, durante el último año de servicio, de conformidad con las
razones vertidas en la presente sentencia.

Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ORDÉNASE al FONDO DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES – FONCEP, a RECONOCER,
RELIQUIDAR Y PAGAR a favor de la demandante señora ANA CONCEPCIÓN
BOJACÁ ROJAS, […] la pensión vitalicia de jubilación de conformidad con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, Leyes 33 y 62 de 1985, y el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, equivalente al setenta y cinco (75%) de la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicio (8 DE ABRIL DE 2000
AL 07 DE ABRIL DE 2001), conforme se manifestó en la parte motiva de esta
decisión. Así mismo se dispone la INDEXACIÓN de las sumas de dinero que
correspondan a las diferencias existentes entre lo ordenado en esta sentencia y lo
pagado en cumplimiento de la Resolución N.° 472 del 19 de marzo de 2002 por
medio de la cual se reconoció la prestación pensional a la parte actora, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente sentencia.

Tercero: CONDENAR al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP- , a pagarle a la parte demandante «
trayendo a valor presente los factores salariales devengados durante el año
inmediatamente anterior al retiro del servicio, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de la presente sentencia. Aclarándose que las primas que

37 Folios 80 a 82, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.
38 Folios 311 a 315, Índice 10 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

se causen una vez al año se deberán liquidar según las doceavas partes de las
mismas; valores que se deberán indexar de acuerdo con lo expresado en la parte
motiva de esta providencia, conforme a lo establecido en el artículo 187 inciso final
del C.P.A.C.A., a efectos de que se paguen con su valor actualizado para lo cual
deberá aplicarse la siguiente fórmula: […]
Sexto: Declarar prescritas las diferencias de reajuste causadas con anterioridad al
19 DE OCTUBRE DE 2009, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 102 del
Decreto 1848 de 969 […]» (Ortografía y gramática del texto original)

Por medio de Resolución 000365 del 16 de febrero de 201639, el Fondo de
Prestaciones Económicas cesantías y Pensiones FONCEP reliquidó la pensión de
jubilación de la señora Ana Concepción Bojacá Rojas, dando cumplimiento así a lo
ordenado en el fallo del 31 de octubre de 2013 proferido por el Juzgado Veintidós
Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C, sección segunda.

Análisis de la Subsección

De la interpretación del ingreso base de liquidación

Es de anotar, que para el momento en el que se produjo la decisión objeto de revisión,
la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de 201040, antes
referida, según la cual aquel conlleva la aplicación íntegra de las normas que
precedieron a dicha ley.

En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, a la sentencia objeto de examen, se
advierte que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al
centro del debate en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del
artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 199341 ii) derecho a la
igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el
legislador con estas disposiciones legales excede la protección de los derechos
adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad,
tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión
de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la
Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.

39 CD anexo a folio 16 del cuaderno principal.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-

000-2006-07509-01.
41 Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36

de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base
el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal
promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que
contraría el artículo 13 de la Constitución.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.

En relación con la sentencia C-258 de 2013 conviene aclarar que se refirió
específicamente a las pensiones de congresistas y altos dignatarios del Estado. Este
no es el caso de la demandada, pues no se discute que se desempeñó como auxiliar
administrativa en la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C desde el 16 de marzo de
1973 hasta el 9 de abril de 2001, razón por la cual, en manera alguna resulta aplicable
al sub examine42.

Ciertamente, en la referida providencia, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad
del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse en cuenta
para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las siguientes
reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá extenderse a
quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo;
ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos por el beneficiario
y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes cotizaciones; iii) el IBL
será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993, según el
caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen difiere del que rige el
derecho pensional de la aquí demandada quien no es beneficiaria de dicha normativa
especial.

A lo anterior, se agrega que la misma Corte Constitucional, a través de sus salas de
revisión, venía acogiendo una interpretación según la cual el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 también incluía lo relativo al ingreso base de liquidación pensional
y, por lo tanto, debía atenderse la normativa anterior para su cálculo. Así lo señaló en
las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386
de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de
2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.

42 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero

de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.
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En relación con las sentencias de unificación de la Corte Constitucional en materia de
IBL que citó la recurrente43, se advierte que no habían sido proferidas. Por ello, mal
podría exigírsele adoptar un criterio que aún no se encontraba decantado, aunado al
hecho de que a ninguna de ellas le otorgó efectos retroactivos a su decisión.

En consecuencia, se observa que el juez de instancia valoró los argumentos
esbozados por las partes, en consonancia con las pruebas allegadas y la normativa
aplicable, además explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis de su superior
funcional y máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

De los factores salariales incluidos en la liquidación de la pensión

En el mismo sentido, en lo atinente a la inclusión de los factores salariales, en el
ingreso base de liquidación, respecto de los cuales el FONCEP no discute alguno en
particular, es importante señalar que la tesis acogida por el juez de primera instancia
en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial fue la sostenida por el Consejo
de Estado. Según esta posición, la relación de emolumentos contenida en el artículo
1 de la Ley 62 de 1985 no era taxativa sino enunciativa. Con base en lo anterior, es
plausible tener todos aquellos que percibe el servidor como retribución de su labor
durante el último año.

En consecuencia, el Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Bogotá D.C – Sección Segunda, en el ejercicio de su independencia y autonomía
judicial valoró las pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las
razones que lo llevaron a acoger la tesis de su superior funcional y máximo tribunal de
lo contencioso administrativo. En ese sentido, no puede admitirse que su decisión haya
sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente vinculante. De ahí que
profirió la decisión de ordenar que en la reliquidación de la prestación se tuvieran en
cuenta «los factores salariales ya reconocidos: Sueldo básico, Prima de Antigüedad, Prima
Secretarial, Auxilio de Alimentación, Subsidio de Transporte y Prima de Vacaciones, más los
que se ordena incluir en la presente sentencia: (i) PRIMA DE NAVIDAD, y (ii) PRIMA
SEMESTRAL».

Sobre esta orden se advierte que, si bien el juez de primera instancia aseguró que ya
se habían computado la prima secretarial, el auxilio de alimentación, el subsidio de
transporte y la prima de vacaciones, con lo que, en su criterio, solamente dispuso
integrar las primas de navidad y semestral, lo cierto es que de los documentos que
reposan en el expediente, la Subsección concluye que en realidad solamente se
habían incluido la asignación básica y la prima de antigüedad, según se desprende de

43 Sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2015, SU-631 de 2017 y

T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
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las liquidaciones anexas a las Resoluciones 472 del 19 de marzo de 2002 y 0970 de
junio de 2003.

Sin embargo, es razonable lo entendido por el a quo, dado que los actos de
reconocimiento y reliquidación de la pensión no señalaron expresamente los
emolumentos tenidos en cuenta y de la liquidación ello no es evidente, pues es
necesario realizar un minucioso análisis que permite llegar a esa inferencia44.
Precisamente, la falta de claridad en la liquidación de las pensiones que realizan las
entidades administradoras de pensiones, llevó a la Sala Plena a que, en la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 200845, señalara dentro de sus efectos, el siguiente:

«Como uno de los efectos de esta decisión comprende los procesos administrativos
en curso, la Sala solicita de manera imperiosa a las entidades administradoras de
pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que, al momento
de efectuar el reconocimiento de la pensión, expliquen precisa, completa y
detalladamente cada uno de los factores y/o valores numéricos tenidos en cuenta
en la liquidación, de forma que sea comprensible al usuario y garantice un debido
proceso administrativo.»

En cualquier caso, la entidad al dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia que
se revisa, en la Resolución 000365 del 16 de febrero de 2016, incluyó: la asignación
básica, la prima de antigüedad, la prima secretarial, el auxilio de alimentación, el
subsidio de transporte, la prima de vacaciones, la prima de navidad y la prima
semestral, los cuales se demostró que la señora Ana Concepción Bojacá Rojas
devengó durante su último año de labor en la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C.,
según la certificación expedida por el coordinador del grupo de nóminas de la
Secretaría de Hacienda D.C.46.

Ahora, en lo relativo al presunto desconocimiento del Acto Legislativo 01 de 2005 debe
anotarse que la sentencia objeto de revisión, contrario a lo señalado por la parte
demandante, sí adoptó medidas tendientes a su acatamiento, pues también ordenó:

«Cuarto: Atendiendo lo establecido en el artículo 48 inciso 6 de la Constitución
Política, en cuanto es deber del Estado garantizar la sostenibilidad financiera del
sistema pensional, se ORDENA expresamente a la administración -FONCEP-,
que a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, y una vez se expidan los
actos administrativos para el cumplimiento de la misma, proceda a realizar los

44 En efecto, en el expediente prestacional reposa un documento sin título en el que se advierte que

solo se computaron asignación básica y prima de antigüedad en los folios 207 a 209 del proceso
ordinario, de acuerdo con los cuales se verifica una mesada pensional de 666.130,14. Sin embargo, de
las certificaciones de salarios para bono pensional que reposan en los folios 214 y 215 se incluyen como
«factores de salario para pensiones»: sueldo básico, prima de antigüedad, prima secretarial, auxilio de
alimentación, subsidio de transporte, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones.
45 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicación: 52001-

23-33-000-2012-00143-01.
46 Folios 19 a 31, Índice 10 del expediente digital en SAMAI

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

descuentos debidamente indexados sobre los factores salariales que fueron
devengados por la parte actora, sobre los cuales no se hubiere efectuado las
respectivas o aportes para pensión, entendiéndose que los aludidos descuentos
deben mantenerse por el tiempo que fuere necesario para garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.»

Por otra parte, es importante advertir que, si bien la Sala Plena del Consejo de Estado
modificó su posición frente al ingreso base de cotización de los servidores del régimen
general, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, también es cierto
que en dicha providencia se delimitó su alcance para señalar que «No puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones
que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento
en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley […]». Así las cosas, se considera que la tesis allí
contenida no se puede extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se
ajustó al criterio imperante para la época.

En suma, en el presente asunto se demostró que la señora Ana Concepción Bojacá
Rojas es beneficiaria del régimen de transición, pues este aspecto no fue objeto de
discusión. Su pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año de
servicios con una tasa de reemplazo del 75%, según lo establecido en la Ley 33 de
1985 modificada por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. En el cálculo de la prestación
se tuvieron en cuenta todos los factores salariales devengados durante el mencionado
lapso. Este criterio se acompasa con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010,
vigente para ese momento, según la cual el IBL hacía parte del régimen de transición
y se debían incluir todos los factores salariales devengados. Para el momento en el
que se emitió la sentencia objeto de revisión, la Corte Constitucional aún no había
dictado las sentencias que sostuvieron una interpretación distinta.

Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) de artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite salvaguardar
instituciones superiores tales como la seguridad jurídica47.

Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 2, 6, 121, 123 inciso 2 y
124 de la Constitución Política, el Acto Legislativo 01 de 2005, las Leyes 33 de 1985 y
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, citados como desconocidas por el FONCEP
en el escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión. Ello en consideración a
que la interpretación que la sentencia objeto del recurso impartió a tales contenidos
normativos, se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la época en el Consejo
de Estado.

47 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes

para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
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Demandante: FONCEP

De esta manera, comoquiera que no se configura la causal del literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, tampoco se configura la del literal a), lo cual lleva a que se
declare infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto.

En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión de la señora
Ana Concepción Bojacá Rojas atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33
de 1985, modificada por el artículo 1 de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía
equivalente al promedio de lo devengado durante el último año de servicios,
incluyendo, además de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados,
subsidio o prima de alimentación y transporte, la prima de navidad, la prima de
servicios, la prima de vacaciones, la prima semestral.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 31 de
octubre de 2013 proferida por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de
Bogotá, por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de
la señora Ana Concepción Bojacá Rojas.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público », en esas condiciones,
teniendo en cuenta que esta Corporación48 ha considerado que el ejercicio del
mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituye
una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar
el detrimento del Tesoro Público y un mecanismo de defensa de los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el
servicio público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional; la Sala considera improcedente la
condena en costas en el caso analizado, a lo que se agrega que no se probó su
causación.

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias

de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).

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Radicado: 110010325000202000025 00 (0025-2020)
Demandante: FONCEP

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP contra Ana Concepción
Bojacá Rojas, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin
de que se revise la sentencia de primera instancia proferida por el por el Juzgado
Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, el 31 de octubre de 2013 dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001333502220130004700.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de
origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema respectivo y archívese el
expediente de la acción de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmó electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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