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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04804-01

Fecha
17 de enero de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04804-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Modifícase la sentencia de primera instancia de 6 de septiembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así: 1°) Niégase la acción de tutela presentada por el señor Alfredo Díaz Roqueme en lo relacionado con los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Declárase improcedente la acción de la tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad en lo relacionado con el defecto sustantivo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-04804-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de enero de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de enero de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2021-04804-01
Demandante: ALFREDO ANTONIO DÍAZ ROQUEME
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. NIEGA.
SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: el demandante cuestionó la providencia por medio de la cual se negaron
las pretensiones encaminadas a obtener la nulidad del acto administrativo que negó la
existencia de la relación laboral con el SENA por contrato realidad.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia
de 6 de septiembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por el señor Alfredo Antonio Díaz Roqueme, a través de
apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.” (mayúsculas fijas del original - archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Mediante escrito radicado el 26 de julio de 2021 el demandante presentó acción de
tutela con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido
proceso, dignidad humana, igualdad, acceso a la administración de justicia, trabajo
y seguridad social que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 10 de
febrero de 2021 proferida por la Sala de Decisión no. 5 del Tribunal Administrativo
de Boyacá.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2021-04804-01
Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

Pretensiones

“1.-Se protejan los derechos fundamentales del demandante a la dignidad
humana, debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia,
al trabajo y a la seguridad social, así como aquellos que encuentre de
oficio vulnerados.

2.-Se solicita al honorable Consejo de Estado, dejar sin efectos la
sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá de fecha 10 de
febrero de 2021, y en su lugar ordenar emitir sentencia teniendo como
referente el precedente judicial de la Corte Constitucional, Consejo de
Estado y el mismo Tribunal accionado, en un término perentorio.

3.-Emitir órdenes a fin de que se brinde garantías de no repetición.”
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) La parte demandante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho formuló demanda de carácter laboral para que se
declarara la nulidad del Oficio no. 2-2017-001929 de 13 de julio de 2017 por medio
del cual el SENA se negó a declarar la existencia de una relación laboral, así como
el reconocimiento y pago de las acreencias correspondientes.

2) El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Duitama en sentencia
de 16 de mayo de 2019 accedió parcialmente a las pretensiones, ambas partes
apelaron y la Sala de Decisión no. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá por medio
de sentencia de 10 de febrero de 2021 revocó la decisión y, en su lugar, negó las
pretensiones.

Fundamento de la vulneración

La parte tutelante cuestionó la sentencia de 10 de febrero de 2021 proferida por la
Sala de Decisión no. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá.

Expuso que se desconoció el precedente judicial de la Corte Constitucional
contentivo de los criterios para establecer la configuración de los elementos de la
relación laboral tratándose de vinculaciones a través de contratos de prestación de
servicios.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04804-01
Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

Puntualmente refirió como desatendidas las sentencias C-154 de 1997 y C-614 de
20091 en las que se fijaron algunos criterios diferenciadores entre un contrato de
prestación de servicios y una vinculación laboral, así como los eventos en los que
se estructura el concepto de permanencia de la función.

Adicionalmente, refirió que el tribunal demandado desconoció su propio precedente
dado que en otras oportunidades había aplicado algunas providencias del Consejo
de Estado2 y la Corte Constitucional3 en el sentido de asimilar la labor realizada por
los instructores del SENA con la de los docentes oficiales.

Al respecto, citó las siguientes providencias de la misma Corporación en las que se
desconocieron: sentencia de 29 de abril de 2019, MP Oscar Alfonso Granador
Vargas, exp. 15001-3333-002-2016-00014-01; sentencia de 16 de mayo de 2019,
exp. 15238-33-33-002-2016-00093-01, MP Clara Elisa Cifuentes Ortiz y la sentencia
de 29 de abril de 2019, exp. 15001-3333-002-2016-00014-01.

Por otro lado, alegó la configuración de un defecto sustantivo porque se desatendió
la Ley 119 de 1994, por medio de la cual se reestructuró el Servicio Nacional de
Aprendizaje-SENA y el Decreto 1424 de 1998, por el cual se estableció el sistema
salarial de evaluación por méritos para los instructores del SENA.

Agregó que tampoco se tuvo en cuenta que las labores que ejecutó correspondían
al giro ordinario de la entidad y se dieron en las mismas condiciones que los
servidores públicos de planta pues, el artículo 2º del Decreto 1426 de 1998. por el
cual se establece el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de los
empleados públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) contempla el
cargo de “Instructor” el cual comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de
coordinación académica de la formación e investigación, como es su caso.

1
Corte Constitucional, sentencia de 19 de marzo de 1997, exp. D-1430, MP Hernando Herrera
Vergara y sentencia 2 de septiembre de 2009, exp. expediente D-7615, MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
2
Sentencia de 6 de mayo de 2010, exp. 1883-08, CP Gerardo Arenas Monsalve; sentencia de 27 de
febrero de 2014, rad. 20001233100020110031201, CP Bertha Lucía Ramírez De Páez; sentencia
de unificación de 25 de agosto de 2016 rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01, CP Carmelo Perdomo
Cuéter; sentencia de 19 de enero de 2017, rad. 54001-23-33-000-2012-00180-01, CP Carmelo
Perdomo Cuéter.
3
Corte Constitucional, sentenciaC-517 de 22 de julio de 1999, exp. D-2180 MP Vladimiro Naranjo
Mesa.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04804-01
Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

Por último, alegó un defecto fáctico toda vez que no se valoraron las pruebas
obrantes en el expediente que demostraban la configuración del elemento de
“subordinación” como lo son las declaraciones de los señores Alfredo Díaz, Nancy
Castillo y Jorge Vega, así como el manual de funciones.

También manifestó que se dejó de valorar el hecho de que en el manual de
funciones del SENA existían cargos del nivel Instructor denominación Instructor,
código 3010, grados 01-20, en las áreas temáticas de Agricultura y Forestal en el
que se desarrollaban funciones similares a las actividades ejecutadas por el
demandante.

Actuación de primer grado

Mediante auto de 29 de julio de 2021 la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados
integrantes de la Sala de Decisión no. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, al
Director del SENA y al Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que presentaran un informe sobre los hechos que dieron lugar a la
presente acción.

Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de
sentencia de 6 de septiembe de 2021, negó la acción de tutela al considerar que no
se configuraron los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

Sobre el defecto fáctico expuso que la valoración probatoria realizada por el tribunal
accionado se fundamentó en los testimonios aportados en el proceso ordinario
contrastados con los aspectos particulares del caso concreto y las características
propias de las tareas que desempeñaba el accionante.

En cuanto al defecto sustantivo advirtió que las conclusiones a las que llegó la parte
accionada para resolver el caso no obedecieron a un capricho o arbitrariedad sino
que se basaron en un razonable ejercicio de interpretación normativa y
jurisprudencial.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04804-01
Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

Por último, frente al desconocimiento del precedente estimó que la sentencia
acusada se basó en los precedentes emitidos por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, tales como las sentencias de 10 de mayo de 20184, 15 de septiembre
de 2016 y 1° de septiembre de 2014, así como la de 30 de enero de 20205 proferida
por la Sección Cuarta de esta Corporación.

Impugnación

La parte demandante manifestó que el a quo en la sentencia de tutela de primera
instancia no abordó el análisis del defecto fáctico planteado, sumado a que utilizó
el criterio normativo y jurisprudencial del tribunal como base de análisis de los
medios de prueba relacionados con la coordinación de actividades en este tipo de
casos.

Sobre el particular, agregó no se analizaron cada uno de los medios de prueba que
se indicaron en el escrito de tutela, tales como las declaraciones de terceros y la
prueba documental (manual de funciones del SENA)

Expresó que no solo se allegó copia de los contratos suscritos y ejecutados por él,
sino que también se allegó copia del manual de funciones que demuestra la
existencia de cargos con las mismas funciones y el elemento de la subordinación.

Respecto al defecto sustantivo señaló que no se analizaron las normas que
regulan la misión y giro ordinario del SENA, la existencia del cargo dentro de la
misma estructura organizacional, los objetivos, funciones y otros aspectos que
permiten aplicar al caso concreto el principio de la realidad sobre las formas.

Añadió que Ley 119 de 1994 y el Decreto 1424 de 1998 no fueron analizados en el
fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá y tampoco en el fallo de tutela que se
impugnó pues, las labores ejecutadas por el demandante correspondían al giro
ordinario de la entidad y se ejercian en las mismas condiciones que los servidores
públicos de planta.

4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 10 de mayo de 2018, rad.
47001-23-33-000-2014-00123-01(3257-16), MP William Hernández Gómez.
5
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de enero de 2020, rad. 11001-03-15-000-
2019-04995-00, MP Stella Jeannette Carvajal Basto.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2021-04804-01
Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

En relación con el desconocimiento del precedente sostuvo que la primera
instancia realizó un análisis parcial puesto que dejó de lado el precedente de la
Corte Constitucional que es prevalente en el sistema judicial y aplicable al caso
concreto porque reguló los eventos en los que se debe declarar la existencia de la
relación laboral por contrato realidad, criterios que, a su juicio, no fueron analizados
en la providencia de tutela de primera instancia.

Por último, expuso que la argumentación utilizada en el fallo de tutela de primera
instancia para resolver el desconocimiento del precedente no fue coherente porque
se indicó que la actividad docente conforme al precedente del Consejo de Estado
es por naturaleza subordinadada (la misma premisa de la demanda) y concluyó lo
contrario6.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

6
“4.3. Finalmente, señala un desconocimiento de los precedentes fijados por el Consejo de Estado
en materia de contrato realidad, así como el tema de la presunción de subordinación en actividades
ejecutadas por instructores del SENA vinculados mediante contratos de prestación de servicios,
desarrollado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en asuntos como el 15001-3333-002-2016-
00014-01 del 29 de abril de 2019 y 15238-33-33-002-2016- 00093-01 del 16 de mayo de 2019.

En relación con este punto, encuentra la Sala de Subsección que no existe vocación de prosperidad,
toda vez que la sentencia de 10 de febrero de 2021 se basó en diversos precedentes dictados por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, tales como las sentencias de 10 de mayo de 2018, 15
de septiembre de 2016 y 1° de septiembre de 2014, así como la sentencia de 30 de enero de 2020,
proferida por la Sección Cuarta de esta corporación.

Así, con base en la posición fijada por el Consejo de Estado concluyó que al tratarse de docentes,
el elemento de la subordinación se considera connatural o inherente al ejercicio de dicha actividad,
por lo cual era suficiente allegar las órdenes de prestación de servicios docentes para inferir la
existencia de una verdadera relación laboral subordinada.”

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04804-01
Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

El caso concreto

En el caso que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Sala de Decisión no. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá con el fin de que
se protejan los derechos fundamentales antes referidos, presuntamente vulnerados
con ocasión de la sentencia de 10 de febrero de 2021 mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral encaminadas a obtener la declaratoria de la existencia de la relación
laboral del demandante con el SENA.

Al respecto la parte demandante expuso que en la providencia se incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

Las autoridades que rindieron informe se opusieron al amparo y adujeron que el
tribunal valoró debidamente las pruebas allegadas al proceso y que la solicitud es
improcedente porque la tutela no puede ser usada como una tercera instancia
cuando una de las partes se encuentra en desacuerdo con la decisión adoptada por
el juez natural del proceso ordinario.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
primera instancia negó las pretensiones de la tutela por cuanto no encontró
configurados los defectos alegados por la parte actora.

En la impugnación la parte accionante manifestó que en el fallo de tutela no se
abordó el defecto fáctico planteado pues, se dejaron de valorar tres testimonios que,

8
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Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

a su juicio daban cuenta de la subordinación, así como tampoco se valoró el manual
de funciones del SENA.

Frente al defecto sustantivo expuso que no se abordó el análisis de las normas que
regulan la misión y giro ordinario del SENA7, la existencia del cargo dentro de la
misma estructura organizacional, los objetivos, funciones, entre otros aspectos que
permiten aplicar al caso concreto el principio de la realidad sobre las formas.

Respecto al desconocimiento del precedente manifestó que el análisis efectuado
por la primera instancia fue parcial, pues dejó de lado el precedente señalado por la
Corte Constitucional que reguló los criterios para establecer en qué eventos se está
ante en un contrato realidad.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia respecto de los defectos fáctico y desconocimiento
del precedente en el sentido de negar las pretensiones frente a esos cargos y, en
cuanto al defecto sustantivo, revocará la decisión de negar para, en su lugar,
declarar improcedente dicho defecto por incumplimiento del presupuesto general de
subsidiariedad.

1) Frente al defecto fáctico la Sala observa sobre la insuficiencia en la valoración de
las pruebas testimoniales que el tribunal demandado sí se pronunció sobre los
testimonios de la siguiente manera:

“Por su parte, de las declaraciones de los testigos tampoco se puede
establecer con certeza la existencia del elemento de subordinación entre
las partes del contrato, pues lo que de ellos se extrae es que,
efectivamente, el actor debía ajustar el horario de sus actividades a las
programadas para la impartición de los cursos a los discentes, impartir los
contenidos institucionalmente señalados y someterse a la supervisión del
cumplimiento del contrato, rindiendo informes y reportando sus
actividades.”

2) Caso que no ocurrió frente al manual de funciones del SENA, con el que a juico
de la parte demandante se podía verificar que existían cargos del nivel Instructor en
el que se desarrollaban funciones similares a la ejecutadas por el demandante;

7
Ley 119 de 1994 y Decreto 1424 de 1998.

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Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

sobre este punto la Sala considera que si bien el tribunal no se pronunció
expresamente frente a dicho manual, lo cierto es que valoró las pruebas que eran
relevantes y suficientes para negar las pretensiones.

3) Además, dicho manual no tenía la identidad suficiente para cambiar la decisión,
pues aún si se tuviera como cierta dicha afirmación, el mismo por sí solo no
demostraba la subordinación permanente sino únicamente el hecho de que habían
otros cargos similares, elemento que no era indicativo de la subordinación que fue
el presupuesto que el tribunal accionado echó de menos. En lo demás, se advierte
que se analizaron las pruebas en su conjunto y a partir de ellas no se encontró
demostrada la relación laboral reclamada por el actor.

4) Ahora, la Sala estima que no es cierto que se desatendió el precedente de la
Corte Constitucional8 en lo relacionado con los criterios orientadores para distinguir
un contrato de prestación de servicios de uno laboral, pues lo que se observa es
que el tribunal no encontró probada la subordinación permanente y continua,
elemento que de conformidad con la posición actual de esta Corporación la parte
interesada –Instructor– tiene la carga de demostrar para que se declare la existencia
de la relación laboral, de ahí que se negaron las pretensiones del medio de control.

5) Por otro lado, la Sala advierte que es cierto que el juez de primera instancia
incurrió en una contradicción al momento en que analizó el desconocimiento del
precedente, pues en primera medida expuso que dicho defecto no tenía vocación
de prosperidad porque de la actividad de los Instructores del Sena vinculados
mediante contrato de prestación de servicios no se presumía la subordinación sino
que dicho elemento debía ser demostrado, sin embargo, a párrafo seguido concluyó
lo contrario, veamos:

“4.3. Finalmente, señala un desconocimiento de los precedentes fijados
por el Consejo de Estado en materia de contrato realidad, así como el
tema de la presunción de subordinación en actividades ejecutadas por
instructores del SENA vinculados mediante contratos de prestación de
servicios, desarrollado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en
asuntos como el 15001-3333-002-2016-00014-01 del 29 de abril de 2019
y 15238-33-33-002-2016-00093-01 del 16 de mayo de 2019.

En relación con este punto, encuentra la Sala de Subsección que no existe
vocación de prosperidad, toda vez que la sentencia de 10 de febrero de

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Corte Constitucional, sentencia C-154 de 1997, exp. D-1430, MP Hernando Herrera Vergara.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04804-01
Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

2021 se basó en diversos precedentes dictados por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, tales como las sentencias de 10 de mayo de 2018,
15 de septiembre de 2016 y 1° de septiembre de 2014, así como la
sentencia de 30 de enero de 2020, proferida por la Sección Cuarta de esta
corporación.

Así, con base en la posición fijada por el Consejo de Estado concluyó
que al tratarse de docentes, el elemento de la subordinación se
considera connatural o inherente al ejercicio de dicha actividad, por
lo cual era suficiente allegar las órdenes de prestación de servicios
docentes para inferir la existencia de una verdadera relación laboral
subordinada.”(subrayado de la Sala)

6) Sin embargo, pese a la contradicción en que incurrió el fallador de primera
instancia en la cita transcrita la Sala considera que dicha situación se debió a un
error de digitación que no cambia el sentido de la decisión pues aceptar dicha
afirmación sería totalmente contrario a todas las consideraciones restantes de la
misma providencia.

7) Aunado a lo expuesto, es preciso aclarar que en este caso se trató de un
instructor y no de un docente, figuras que de conformidad con la jurisprudencia de
la Sección Segunda no son idénticas, pues el primero debe demostrar el elemento
de subordinación en las mismas condiciones, horario y bajo subordinación que los
instructores o docentes de planta del SENA9, mientras que respecto de los

9
Entre otras en sentencia del 10 de mayo de 2018 la Sección Segunda analizó el caso de un
instructor del SENA y advirtió que era necesario demostrar todos los elementos de la relación laboral
y especialmente el de la subordinación, así: “En ese sentido se advierte que, entre los medios de
prueba allegados al proceso, no obra información alguna que permita advertir el deber de la
demandante de acogerse a dicho horario o las consecuencias legales o contractuales negativas en
caso de su incumplimiento. Y de los testimonios recaudados tampoco se puede concluir que
existieran órdenes por parte de los funcionarios del SENA, dirigidas a la señora Clara Patricia Dávila
Suárez, tendientes al estricto cumplimiento del horario del Centro Agropecuario.
En segundo termino, las respuestas de los testigos tampoco fueron lo suficientemente precisas para
demostrar que la señora Dávila Suárez se encontrara subordinada a las exigencias de los
funcionarios del SENA, y particularmente del coordinador de formación, pues en momento alguno
hicieron referencia a órdenes que se le hubieran impartido a la demandante, ya fuera como
instructora del área agrícola o como parte del proyecto de floricultura que ella desarrollaba.
Sobre la labor desarrollada en condiciones de dependencia continuada, tampoco obra referencia,
por parte de los testigos, de que las actividades desarrolladas por la demandante debieron ejecutarse
en forma diferente a la convenida en los contratos de prestación de servicios, es decir, no hay
declaración alguna que permita corroborar que su trabajo debió́ ser ejecutado en la forma ordenada
por los coordinadores de formación o por otro funcionario de la demandada.
(…)
En ese orden de ideas, esta Subsección ha de concluir que no existe una prueba de la que
fehacientemente se pueda inferir que la demandante no tenía la posibilidad de actuar con
independencia, es decir, que la señora Clara Patricia Dávila Suárez laboraba de forma
subordinada porque debía cumplir la intensidad horaria al igual que los demás funcionarios
de planta, como tampoco obran pruebas de que recibía ordenes o instrucciones por parte de
los funcionarios del SENA.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04804-01
Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

segundos sí se presume el elemento de subordinación dada la naturaleza de su
labor.

8) Al respecto, se tiene que la Sección Cuarta de esta Corporación en una reciente
decisión de tutela aclaró dicho tópico al señalar que la postura actual de la Sección
Segunda es la de exigir la demostración de los elementos de la relación laboral a
los instructores del SENA que reclaman la existencia de una relación laboral
encubierta bajo las formas de los contratos de prestación de servicios pues, si bien
antes se equiparaba la labor de los instructores y las de los docentes con lo que de
suyo se presumía que bastaba con aportar al proceso únicamente las órdenes de
prestación de servicios, en la actualidad se exige demostrar los elementos de la
relación laboral y especialmente el de subordinación. En efecto sobre el particular
en la sentencia de tutela mencionada se indicó lo siguiente10:

“Para la Sala, contrario a lo manifestado por el accionante, la
decisión antes descrita no resulta vinculante para el Tribunal
demandado, ya que si bien es cierto resuelve un asunto de similares
contornos fácticos, no corresponde a la posición actual de la
Sección Segunda de esta Corporación, tribunal de cierre en asuntos
laborales administrativos, ya que ambas subsecciones han optado
por aplicar una subregla de derecho distinta, según la cual “en esta
clase de asuntos la carga de la prueba corresponde a quien pretende
demostrar la existencia de la relación laboral”, pues se debe
demostrar de forma contundente los elementos del contrato
realidad, particularmente, la subordinación continuada. Por esta
razón, se ha concluido en varios casos similares al del actor, que las
órdenes y contratos de prestación de servicios no son suficientes por si
solas, para determinar los tiempos o periodos efectivamente laborados y
por tanto no permiten establecer la subordinación por la prestación
continua e ininterrumpida del contrato.

Dicha tesis resulta claramente contraria a la enunciada en la decisión de
10 de septiembre de 2014, supuestamente desconocida, en tanto allí se

En conclusión, se reitera, como en esta clase de asuntos la carga de la prueba corresponde a
quien pretende demostrar la existencia de la relación laboral, y en el presente caso, la parte
demandante no logró demostrar de forma contundente los elementos del contrato realidad,
particularmente la subordinación continuada, considera esta Corporación que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena el 30 de marzo de 2016 debe ser revocada”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P.
William Hernández Gómez, 10 de mayo de 2018, exp. 47001-23-33-000-2014-00123-01(3257-16).
En el mismo sentido se sugiere consultar: Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 17 de
octubre de 2018, Exp. Nº 47001-23-33-000-2014-00015-01, C.P. William Hernández Gómez;
sentencias de 19 y 12 de julio de 2019, Exp. Nº 47001-23-33-000-2014-00010-01 y Nº 47001-23-33-
000-2014-90009-01, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Subsección “B”, sentencia de 5 de
octubre de 2017, Exp. Nº 66001-23-31-000-2011-00136-01, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter;
sentencia de 8 de septiembre de 2017, Exp. Nº47001-23-33-000-2014-00094-01, C.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de enero de 2020, exp. 11001-03-15-000-
2019-04995-00(AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

12
Expediente: 11001-03-15-000-2021-04804-01
Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

indicó que con las órdenes de servicios se podía demostrar el ejercicio de
una actividad docente, frente a la que se considera implícita la
subordinación.

(…)

En este orden de ideas, la Sala advierte que no se configuró el
desconocimiento del precedente alegado, en tanto las providencias
supuestamente desatendidas no resultan vinculantes para resolver el
caso en los términos fijados por la jurisprudencia constitucional.”

9) Por lo anterior y en la medida que en este caso el tribunal accionado no encontró
acreditado el elemento de la subordinación pues consideró que no se aportaron
pruebas que permitieran tenerlo por demostrado, para la Sala es claro que al
tratarse de un instructor del SENA, en los términos ya expuestos, no se presumen
la existencia de un vínculo laboral, de ahí que no se advierte que se haya incurrido
en desconocimiento del precedente vigente de la Corporación, motivo por el cual se
confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
relacionadas con los defectos fáctico y desconocimiento del precedente.

10) Ahora bien, en cuanto al defecto sustantivo la parte demandante señaló que no
se analizaron las normas que regulan la misión y giro ordinario del SENA, la
existencia del cargo dentro de la misma estructura organizacional, los objetivos,
funciones y otros aspectos que permiten aplicar al caso concreto el principio de la
realidad sobre las formas11.

11) Sobre este punto, la Sala precisa que dicho argumento no fue planteado en la
demanda ni en el recurso de apelación, por lo que la parte demandante no puede
pretender revivir con este mecanismo oportunidades que ya fenecieron, luego
entonces, el medio idóneo para formular cualquier apreciación sobre las normas
aplicables al caso debieron ser expuestas en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, de ahí que la tutela se declarará improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente a este cargo.

11
Artículo 2º del Decreto 1426 de 1998 por el cual se establece el sistema de nomenclatura,
clasificación y remuneración de los empleados públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA.

13
Expediente: 11001-03-15-000-2021-04804-01
Demandante: Alfredo Antonio Díaz Roqueme
Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA

Modifícase la sentencia de primera instancia de 6 de septiembre de 2021 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará
así:

1°) Niégase la acción de tutela presentada por el señor Alfredo Díaz Roqueme en
lo relacionado con los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Declárase improcedente la acción de la tutela por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad en lo relacionado con el defecto sustantivo, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia de la misma.

5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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