Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05502-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05502-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-05502-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
9 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05502-00
Recurrente: Pan Airlines Representaciones SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá, D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05502-00
Recurrente: Pan Airlines Representaciones SAS
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5 del artículo 250 del
CPACA. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala Once Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Pan Airlines Representaciones SAS contra la sentencia de 03 de abril de
2020, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado1.
ANTECEDENTES
1. Del proceso ordinario
1.1 El 06 de marzo de 2008, la sociedad Pan Airlines Representaciones SAS instauró
demanda de controversias contractuales contra la Nación – UAE de Aeronáutica Civil y
la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional – OPAIN SA, para que
se declarara: (i) el incumplimiento de la cláusula décimo segunda y su parágrafo séptimo
del contrato BO-AR-001-03 de 10 de enero de 2003; y (ii) la nulidad de las resoluciones
contractuales 01989 de 03 de mayo de 2007, 05177 y 05179 ambas de 23 de octubre de
2007, y los oficios 3000-0265-07 de 24 de octubre de 2007 y 30001-0920 de 13 de
diciembre de 2007.
Como restablecimiento del derecho pidió que se condene a las demandadas a reducir el
canon de arrendamiento del inmueble objeto del contrato y, además, «CUARTA: Que son
nulas las Resoluciones de naturaleza contractual No. 01989 del 3 de mayo de 2007, 05177 y 05179 del 23
de octubre de 2007 expedidas por el Director General de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONÁUTICA CIVIL. QUINTA: Que son nulos el oficio de naturaleza contractual N° 3001-0920 del 13 de
diciembre de 2007 suscrito por la Jefe Grupo Administración de Inmuebles de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL y el oficio de naturaleza contractual N° 3000-0288-
07 del 24 de octubre de 2007, suscrito por el Secretario General de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL y SEXTA: Que como consecuencia de la nulidad de los oficios
impugnados de que trata la pretensión CUARTA se declare que la escritura pública No. 2116 del 31 de
agosto de 2007 de la Notaría Sexta del Circuito de Bogotá produce todos los efectos legales de la decisión
favorable que se pidió y contiene, y es deber de todas las autoridades reconocerlo así». También se
solicitó que se paguen los perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
Afirmó que la Aeronáutica Civil incumplió con la obligación de la cláusula décimo segunda
de autorizar la construcción de la vía de acceso a la rampa a que tenía derecho la
arrendataria, lo cual se traduce en un perjuicio económico al impedirle subarrendar
1
Expediente 25000-23-26-000-2008-00107-01.
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bodegas y oficinas que tuvieran la calidad de «zona primaria», que le reportaría un canon
comercial correlativo al que se obligó a pagarle al arrendador. Por ello, la sociedad se vio
obligada a subarrendar espacios a menores precios comerciales y, en todo caso, se
dificultó el subarrendamiento por el tiempo transcurrido con espacios vacíos,
circunstancia que generó un lucro cesante y un desequilibrio contractual.
1.2 El 27 de abril de 2011, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia que declaró
probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, negó
las pretensiones. En concreto, encontró que la persona que otorgó poder al apoderado
de la parte activa no figura en los certificados de existencia y representación legal
obrantes en el proceso, tampoco se demostró que las partes en litigio hayan celebrado
un contrato de arrendamiento, porque las copias allegadas no cumplen los requisitos del
artículo 254 del CPC.
1.3 La demandante apeló la decisión. Adujo que la copia auténtica del certificado de
existencia y representación legal fue aportada con la demanda, de manera que se probó
la existencia de la sociedad y, en cuanto a la representación legal de la empresa, la
eventual nulidad quedó saneada por mandato del numeral 3 del artículo 144 del CPC.
Respecto a la copia del contrato, manifestó que el tribunal tenía que realizar la diligencia
de exhibición de documentos ordenada mediante auto, pero no lo hizo, desconociendo
las normas procesales de la ritualidad de la prueba y el debido proceso de la actora.
Sostuvo que la decisión debe revocarse pues no se resolvieron todos los extremos de la
litis, específicamente, sobre las pretensiones cuarta, quinta y sexta.
1.4 El 03 de abril de 2020, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
modificó la sentencia apelada para negar las pretensiones de la demanda y declarar la
prosperidad parcial de la objeción por error grave -formulada por OPAIN SA- contra el
dictamen pericial rendido en el proceso. Explicó que el a quo confundió la legitimación en
la causa con la representación judicial de las partes por lo que, al margen de las
irregularidades en torno a esa figura -las cuales se sanearon en el curso del proceso-, la sociedad
sí está legitimada en la causa por activa, de manera que la Sala queda habilitada para
dictar sentencia de mérito.
Advirtió que en segunda instancia se recaudó la copia auténtica del contrato,
circunstancia que enmienda la falencia anotada por el tribunal. En lo atinente al asunto
de fondo, precisó que la construcción de vías que conectaran el inmueble arrendado a la
zona de carga internacional del aeropuerto El Dorado no es un deber que se desprenda
de la cláusula décima segunda ni de sus parágrafos, sino que desde el aviso de
convocatoria y en el clausulado del negocio jurídico se especificó que la mencionada
autorización era potestativa de la Aeronáutica Civil, por lo que no dio lugar al rompimiento
del equilibrio económico del contrato de arrendamiento.
No se probó que algún instrumento precontractual o contractual indicara que el inmueble
o su área se ubicaran en «zona primaria de carga» ni que pertenecieran a una zona primaria
aduanera, ni se estableció que la vía de acceso controvertida tuviera vocación para
prebendas comerciales, de ahí que el canon estipulado debía ser pagado con
independencia de la ubicación del bien.
Sobre los argumentos de nulidad contra las resoluciones contractuales -que declaró la
ocurrencia del siniestro de incumplimiento, y los actos que confirmaron la decisión y la aclararon-,
consideró que la sociedad no demostró dicho cargo ni acreditó haber tramitado el
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desembargo del inmueble que ofreció como garantía para el pago de la deuda referida
por la Aeronáutica Civil.
En lo que concierne al silencio administrativo positivo, indicó que la escritura pública que
lo protocolizó no puede fungir como título para tener por acogidas sus peticiones, pues
varias de las obras propuestas -como la calle de rodaje o vía de carreteo- estaban sujetas a las
reglas de selección y contratación previstas en la Ley 80 de 1993, motivo por el cual no
podían ser autorizadas directamente por la demandante como arrendataria.
Precisó que la solicitud de nulidad de los oficios que no reconocieron el silencio
administrativo positivo no está llamada a prosperar en tanto que estos no constituyen
actos administrativos al no pronunciarse sobre aspectos de fondo.
Frente a la objeción por error grave contra el dictamen pericial que cuantificó los perjuicios
económicos sufridos por la demandante, concluyó su prosperidad parcial comoquiera que
el cálculo de los costos de pavimentación de las obras que, según la actora, se debieron
realizar para adecuar la zona del inmueble, se sustentaron en comprobantes de egreso
y facturas suscritas por una sociedad distinta a la demandante.
2. Argumentos del recurso extraordinario de revisión
Pan Airlines Representaciones SAS interpuso recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia mencionada, con fundamento en la causal de revisión prevista en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «(e)xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación». Expuso que el recurso de apelación
interpuesto fue únicamente contra lo resuelto en primera instancia, esto es, la decisión
de tener por probada la falta de legitimación en la causa por activa. Como el ad quem
además de analizar ese reparo de apelación resolvió la controversia de fondo, no respetó
los límites del citado recurso, porque se pronunció por primera vez acerca de la cuestión
sustancial debatida, como si se tratara de la primera instancia, valorando íntegramente
las pretensiones, el acervo probatorio y los alegatos de las partes, sin conceder los
recursos de ley. Todo lo anterior además vulneró el debido proceso y el derecho de
acceso a la administración de justicia.
3. Trámite procesal
3.1 El 22 de noviembre de 2021 se admitió el recurso extraordinario de revisión, se ordenó
notificar a la UAE de Aeronáutica Civil y a la sociedad OPAIN SA -demandados en el proceso
ordinario-, al ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado2.
3.2 El 27 de enero de 2022 se tuvieron como pruebas los documentos allegados por la
parte actora y se ordenó oficiar a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que aportara copia del proceso de controversias
contractuales3.
4. Intervenciones
4.1 La UAE de Aeronáutica Civil se opuso a la prosperidad del recurso. Señaló que la
sentencia revisada negó las pretensiones de la demanda, como ya lo había decidido el
tribunal. Esa determinación está ajustada a derecho porque la competencia del Consejo
2
SAMAI CE, índice 6.
3
SAMAI CE índice 24. Aunque el expediente del proceso ordinario no fue remitido, las actuaciones procesales obrantes en el plenario
del recurso extraordinario de revisión son suficientes para emitir un pronunciamiento de fondo.
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de Estado comprende pronunciarse sobre la excepción y analizar el fondo del asunto sin
que ello implique que se deban conceder nuevamente los recursos ni el desconocimiento
del principio de la non reformatio in pejus.
4.2 La sociedad OPAIN SA manifestó que el apoderado de la recurrente no aportó poder
para actuar en el presente proceso4. En cuanto al asunto de fondo, indicó que en ambas
instancias se negaron las pretensiones de la acción de controversias contractuales, y que
la Sección Tercera del Consejo de Estado era competente para resolver el debate
planteado, sin que se hubiere extralimitado en sus funciones.
Consideró que el recurso de apelación se interpuso sobre la generalidad de la sentencia,
facultando al juez de segunda instancia para revisar el asunto de fondo, además de que
dicho análisis era la consecuencia de la modificación del fallo debido a que se reconoció
la legitimación en la causa por activa, de manera que la resolución de la cuestión
sustancial estaba ligado intrínsecamente con el objeto del recurso de apelación, es decir,
revocar la sentencia apelada para acceder a las pretensiones.
4.3 El ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no
intervinieron en este proceso.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia y oportunidad del recurso
De conformidad con el inciso 1 del artículo 249 del CPACA5, la Sala Once Especial de
Decisión es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión promovido por
la sociedad Pan Airlines Representaciones SAS contra la sentencia de 03 de abril de
2020, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
La sentencia recurrida se expidió el 03 de abril de 2020, se notificó por edicto fijado el 12
de agosto de 2020 y el término de ejecutoria corrió entre el 18 y el 20 del mismo mes y
año. La sociedad presentó el recurso extraordinario de revisión el 13 de agosto de 2021,
esto es, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, conforme lo
exige el inciso primero del artículo 251 del CPACA.
Cuestión previa
La Sala advierte que OPAIN SA solicitó la adición del auto de 27 de enero de 2022 -que
decretó pruebas-, porque no se hizo pronunciamiento sobre las pruebas pedidas por esa
sociedad, esto es: (i) copia de actuaciones procesales propias del proceso ordinario -en
específico, las sentencias de primera y segunda instancia, el recurso de apelación y los alegatos de
conclusión de segunda instancia de Pan Airlines Representaciones SAS-, y (ii) copia del mensaje de
datos del recurso extraordinario remitido por la recurrente a OPAIN SA.
Pese a que dicha solicitud no fue resuelta, esa circunstancia no impide que se emita
pronunciamiento de fondo, porque el examen sobre la configuración de la causal de
revisión invocada puede realizarse con las documentales aportadas al expediente.
4
Mediante auto de 22 de noviembre de 2021, el despacho sustanciador reconoció la correspondiente personería, decisión que se
encuentra en firme.
5
De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
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Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la providencia de 03 de abril de 2020, proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en la causal de
revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Para resolver dicho
interrogante, la Sala se referirá a: (i) la naturaleza del recurso extraordinario de revisión
y el alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia; y (ii) al caso concreto, esto
es, si se pretermitió íntegramente la instancia.
Naturaleza del recurso extraordinario de revisión6 y alcance de la causal de nulidad
originada en la sentencia
En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se propone
con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento
jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia
proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un
instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional
del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
Entonces, el ámbito de revisión está restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones
excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá
de lo que se deduce de su texto.
Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente
tienen que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la
violación del debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la
interpretación errónea de una norma sustancial.
Ahora, respecto a la causal denominada nulidad originada en la sentencia, la Sala Plena
del Consejo de Estado7 ha entendido que los hechos que la configuran son los que
constituyen las causales de nulidad procesal previstas en el artículo 133 del CGP.
También ha aceptado la corporación8, que esa providencia puede resultar viciada por
hechos externos que, si bien no están previstos como causales de nulidad procesal, lo
cierto es que sí pueden afectar la legalidad y justicia de la decisión, al punto que
desconocerían el artículo 29 de la Constitución Política (CP)9, eventos tales como: (i) se
condena a la parte que no fue vinculada al proceso; (ii) se dicta a pesar de que el proceso
estaba legalmente suspendido o interrumpido; (iii) no cuenta con el número de votos
necesarios para la aprobación -en el caso de decisiones de jueces colegiados-; y (iv) no tiene
formal ni materialmente motivación, entre otros. Se trata de vicios procesales que surgen
al momento de la expedición de la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
6
Ver, entre muchas otras, la sentencia de 30 de septiembre de 2024, Sala Tercera Especial de Decisión (exp. 11001-03-15-000-
2023-04763-00, CP: Wilson Ramos Girón).
7
Ver, entre otras, la sentencia de 31 de mayo de 2011, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (exp. 11001-03-15-000-2008-
00294-00 (REV), CP: Mauricio Torres Cuervo).
8
Ver, entre otras, la sentencia de 08 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (exp. 11001-03-15-000-1998-
00153-01 (REV), CP: Alberto Yepes Barreiro).
9
Ver, entre otras, la sentencia de 11 de junio de 2024, Sala Tercera Especial de Decisión (exp. 11001-03-15-000-2023-04329-00,
CP: Wilson Ramos Girón).
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procede recurso de apelación, y eso habilita la procedencia del recurso extraordinario de
revisión.
La anterior regla no excluye la posibilidad de alegar como nulidad originada en la
sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior a la emisión del fallo
definitivo no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del
proceso10, correspondiéndole al interesado la carga de probar que no tuvo la oportunidad
de proponer la nulidad. De lo contrario, la causal de revisión se convertiría en un
mecanismo para que las partes subsanen las omisiones en el proceso ordinario y aleguen
nulidades que pudieron proponer en la oportunidad prevista en el ordenamiento jurídico
procesal -art. 134 del CGP-11.
Frente a la pretermisión de la instancia, esta corporación ha considerado que cuando se
dicta sentencia como única actuación, sin el trámite previo correspondiente, esto da lugar
a la nulidad originada en esa etapa del proceso, toda vez que ello implica la pretermisión
íntegra de la instancia12; lo que impide que las partes puedan ejercer el derecho de
defensa y contradicción.
En efecto, el numeral 2 del artículo 133 del CGP establece como causal de nulidad del
proceso cuando el juez pretermite íntegramente la respectiva instancia13, cuyo alcance
ha sido desarrollado por la doctrina en los siguientes términos14:
Por último, se contempla el caso de que se prescinda totalmente de una instancia, con lo cual se
viola en forma evidente el orden que todo proceso debe seguir, puesto que de todos es sabido que
dejar de tramitar, como lo dice el Código, íntegramente una instancia, constituye grave omisión, que
debe ser sancionada declarando la nulidad de todo lo actuado; empero, es de tal entidad el
exabrupto, que resulta difícil que en la práctica pueda darse la conducta.
Adviértase que el Código es claro cuando dice que la omisión se refiere a toda una instancia y no a
parte de ella. Si se adelanta apenas de manera parcial, sólo si se omiten los términos para pedir o
practicar pruebas o para presentar alegatos de conclusión se configurará otra causal de nulidad en
virtud del num. 5 del art.133. Y es que el legislador consideró necesario calificar la causal de nulidad
utilizando el adverbio “íntegramente”, para evitar que cualquier anormalidad en la actuación pudiera
tomarse como causal de nulidad y dar paso a múltiples incidentes de nulidad.
De manera que la referida causal de nulidad se configura cuando se omite la totalidad de
los actos procesales comprendidos entre el inicio y la terminación de cada una de las
instancias, y no solo parte de ella. Entonces, para la realización del supuesto, el juez
debe modificar el proceso de tal manera que el litigio pase de ser de doble a única
instancia, sin que sea suficiente una pretermisión parcial de alguna de las etapas.
Caso concreto
La recurrente alega que el fallo de 03 de abril de 2020, proferido por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «(e)xistir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», para lo cual sostuvo que la
sentencia pretermitió íntegramente la instancia al pronunciarse sobre el fondo del asunto,
10
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 02 de marzo de 2010 (exp. 2001-0091-01, CP: Mauricio Torres Cuervo).
11
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 06 de agosto de 2013 (exp. 2009-00687-00, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 25 de noviembre de 2008 (exp. 11001-03-15-000-
2003-00135-01, CP: Bertha Lucía Ramírez de Páez).
13
Causal que reproduce lo establecido en el numeral 3 del artículo 140 del CPC, aplicable por remisión del artículo 267 del CCA,
ordenamiento que rigió el juicio del proceso ordinario en el presente asunto.
14
López Blanco, Hernán (2017). Código General del Proceso. Parte General. Ed. Dupre. P. 925.
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lo cual a su juicio desconoció los límites del recurso de apelación y le vulneró el debido
proceso.
Para resolver, la Sala advierte que la nulidad que tiene origen en la sentencia puede
ocurrir cuando esta se profiere como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello,
en lo concerniente, se pretermite íntegramente la instancia, con las consecuencias que
ello trae frente al derecho de defensa y contradicción. Ninguno de estos supuestos fue
planteado en el caso concreto, pues en el sub examine, lo que se alega es que la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, frente a lo cual se
interpuso recurso de apelación, cuestión que fue decidida en la sentencia censurada -en
sentido contrario a lo resuelto por el a quo-, en la que, además, se emitió pronunciamiento de
fondo sobre la litis planteada ante esta jurisdicción.
Es preciso mencionar que en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, la hoy recurrente solicitó lo siguiente: (i) la revocatoria del ordinal primero de la
sentencia apelada puesto que la eventual nulidad originada en el poder conferido a la
demandante quedó saneada por mandato del numeral 3 del artículo 144 del CPC; (ii) la
revocatoria del ordinal segundo del fallo -que negó las pretensiones de la demanda- en tanto que
el tribunal debió realizar la diligencia de exhibición de documentos para demostrar la
existencia del contrato de arrendamiento objeto de discusión; (iii) además, expuso que
«la sentencia impugnada debe ser revocada en razón a que no ha resuelto todos los extremos de la litis.
En las pretensiones CUARTA, QUINTA y SEXTA de la demanda aclarada y corregida se ha solicitado la
nulidad de las resoluciones de naturaleza contractual (…). Pero la sentencia atacada no contiene decisión
ni razonamientos motivos sobre este extremo de la litis». En conclusión, pidió que el juez de
segunda instancia «revoque la sentencia apelada y en su lugar se acceda a las pretensiones en la
forma suplicada en la demanda aclarada y corregida»15.
Obsérvese que, el recurso de apelación no se limitó a cuestionar el ordinal primero de la
sentencia del tribunal, puesto que también se propuso reparo frente al no
pronunciamiento del a quo sobre las demás pretensiones y se solicitó la revocatoria del
fallo de primera instancia para, en su lugar, se accediera a lo solicitado en la demanda.
Al respecto, basta con indicar que el artículo 320 del CGP prevé que el recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante para que se revoque o
reforme la decisión. Así, al resolver el recurso de alzada, la Subsección A de la Sección
Tercera de esta corporación partió por estudiar lo resuelto sobre la excepción previa de
falta de legitimación en la causa por activa y, al prosperar el cargo de apelación formulado
por la sociedad apelante, lo consecuente, conforme a lo solicitado por la propia parte -hoy
recurrente-, era pronunciarse sobre las demás pretensiones de la demanda, cuestión que
implica el estudio de fondo sobre el alegado incumplimiento del contrato de
arrendamiento, la nulidad de las resoluciones contractuales que declararon la ocurrencia
del siniestro de incumplimiento y de los actos que negaron el reconocimiento del silencio
administrativo positivo, como en efecto se hizo.
En ese sentido, con la interposición del recurso de apelación en los términos antes
descritos, la sociedad demandante no solo pretendía que se revocara la decisión frente
a la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, pues además solicitó un
pronunciamiento de fondo, lo que solo era posible definir previo estudio de la discusión
15
SAMAI CE, índice 22. 49_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_3COPIADELRECURSO NroActua 22, pp. 13 y
14.
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sustancial, por lo que mal puede la recurrente, con sustento en la circunstancia analizada
y ante la negativa de las pretensiones en el proceso ordinario, alegar la nulidad originada
en la sentencia, en tanto la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 133 del
CGP invocada, exige de manera inequívoca que la pretermisión de la instancia sea
íntegra, presupuesto que no admite interpretación más allá de lo que se deduce de su
texto, pues de lo contrario se desconocería la naturaleza excepcional de esta clase de
procesos.
Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala Once Especial de Decisión establece como
contenido interpretativo de la presente sentencia que el recurso extraordinario de revisión
es excepcional, pues procede por causales restringidas. Tratándose de la nulidad
originada en la sentencia por incurrirse en la causal de nulidad prevista en el numeral 2
del artículo 133 del CGP, es necesario que la pretermisión de la instancia sea íntegra, y
que repercuta en la vulneración del derecho a la defensa y contradicción de la parte, lo
que en este proceso no está probado.
Por consiguiente, no se encontró, en el caso bajo estudio, la configuración de la causal
de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA que conduzca a invalidar
la sentencia de 03 de abril de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, y que puso fin al proceso de controversias contractuales
adelantado por Pan Airlines Representaciones SAS, contra la UAE de Aeronáutica Civil
y la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional – OPAIN SA, razón
por la cual, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto.
Costas
Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 -
norma vigente para la fecha de presentación de la demanda-, se condenará en costas a la parte
recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de revisión que formuló.
Así mismo, conforme con los artículos 188 y 306 ibidem, para la liquidación y ejecución
de las costas se remitirá a la norma procesal general.
En ese sentido, el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por los
gastos procesales y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo 365-8 del
mismo código, «[s]olo habrá lugar a su imposición cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación».
Respecto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso, no procede
su imposición al no estar demostrados en el expediente. Por el contrario, como la UAE
de Aeronáutica Civil y la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional
– OPAIN SA designaron apoderado para que ejerciera su defensa en el proceso, quien
presentó escrito de oposición, se condenará en costas en el componente de agencias en
derecho.
Por lo anterior, siguiendo lo previsto en el artículo 366-4 del CGP, para su fijación se
atenderá lo establecido en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, según el cual la tarifa de agencias en derecho, tratándose del
recurso extraordinario de revisión, se tasan entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en un (1) salario
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05502-00
Recurrente: Pan Airlines Representaciones SAS
mínimo legal mensual a favor de la UAE de Aeronáutica Civil y la Sociedad Concesionaria
Operadora Aeroportuaria Internacional – OPAIN SA, para cada una de ellas, a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Pan Airlines
Representaciones SAS contra la sentencia de 03 de abril de 2020, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
2. Condenar a Pan Airlines Representaciones SAS al pago de costas por concepto de
agencias en derecho a favor de la UAE de Aeronáutica Civil y la Sociedad
Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional – OPAIN SA, por la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, para cada una de ellas, a
la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
3. Reconocer personería a la abogada Zoraida Patricia Morales Espinel para actuar
como apoderada de Pan Airlines Representaciones SAS, en los términos y para los
efectos del poder conferido (índice 38 SAMAI).
Notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA MARÍA ADRIANA MARÍN
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS EDUARDO MESA NIEVES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara el voto
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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