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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04763-00

Fecha
30 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04763-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP contra la sentencia del 3 de noviembre de 2022, dictada por la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas. 2. Condenar a la UGPP al pago de costas por concepto de agencias en derecho a favor del señor Gonzalo Briñez Roa, por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04763-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04763-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA TERCERA ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04763-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 –
No tener derecho a la pensión reconocida por no cumplir los requisitos legales del
régimen especial del DAS. – Reiteración de argumentos propuestos en el proceso
ordinario.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala Tercera Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) contra la sentencia del 3 de
noviembre de 2022, dictada por la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado1, que resolvió:

Primero: Adicionar un ordinal a la sentencia proferida el 14 de febrero de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Gonzalo
Briñez Roa contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), el cual quedará de la siguiente forma:

«Primero bis: Inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad la expresión «[…] siempre que
para esta época fueren funcionarios de ese Departamento. […]», contenida en el artículo 2.° del
Decreto 1047 de 1978, pues atender tal postulado implicaría vulnerar los derechos fundamentales
del libelista a la igualdad y la seguridad social, así como el principio de favorabilidad.»

Segundo: Modificar el ordinal segundo del fallo apelado, el cual quedará de la siguiente forma:

«2.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se condena a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), a
reconocer y pagar al señor Gonzalo Briñez Roa, una pensión de jubilación con fundamento en los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, liquidada en atención a las reglas previstas en la sentencia
de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, esto es, de acuerdo con las previsiones de los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, con inclusión para efectos de determinación del IBL, de los factores salariales percibidos
por el demandante que se encuentren enlistados en el Decreto 1158 de 1994, prestación que será
efectiva a partir del 17 de mayo de 2007, pero con efectos fiscales a partir del 17 de febrero de 2009,
por prescripción trienal.
(…)

Tercero: Confirmar en lo demás la sentencia apelada por las razones expuestas en esta providencia.
(…)

1
Expediente 25000-23-37-000-2017-01535-01 (26149).
1

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ANTECEDENTES

Del proceso ordinario

El señor Gonzalo Briñez Roa instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la UGPP, para que se declarara la nulidad de: (i) la Resolución PAP 019029 del 13
de octubre de 2010, mediante la cual la extinta Caja Nacional de Previsión Social negó al
señor Briñez Roa el reconocimiento de la pensión de jubilación con aplicación del régimen
especial del DAS; y (ii) del acto presunto derivado de la configuración del silencio
administrativo negativo, con ocasión a la falta de respuesta del recurso de reposición
presentado contra el primer acto.

Como restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación con fundamento en los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835
de 1994, es decir, con el 75% del promedio de los factores salariales percibidos durante el
último año de prestación de servicio.

Como fundamento general, explicó que prestó sus servicios como detective profesional,
código 207, grado 09, en el extinto DAS, por un período de 18 años y 6 meses. Que la
relación legal y reglamentaria terminó en virtud de la Resolución 2005 del 13 de septiembre
de 2001, mediante la cual fue declarado insubsistente a partir del 15 de septiembre de la
misma anualidad.

Señaló que para el caso del personal del DAS que hayan laborado en actividades
catalogadas como de alto riesgo y se hubieren vinculado con anterioridad al 4 de agosto de
1994, el régimen pensional aplicable es el establecido en los Decretos 1047 de 1978 y 1933
de 1989.

El 14 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia de
primera instancia y accedió a las pretensiones de la demanda.

En concreto, explicó que, a partir de las pruebas aportadas al expediente, quedó
demostrado que el señor Gonzalo Briñez Roa ocupó desde su vinculación con el DAS los
cargos de detective alumno, urbano, detective agente grado 05, grado 06, agente 208-06,
agente 208-07 y detective profesional 207-09. Que, el beneficiario se encontraba cobijado
por el artículo 2, parágrafo 5 de la Ley 860 de 2003, pues durante toda su vida laboral se
desempeñó como detective del DAS, vinculado desde el 5 de marzo de 1983, es decir, con
anterioridad al 3 de agosto de 1994 y, además, para la data de entrada en vigencia de dicha
ley contaba con 951 semanas.

Consideró que al demandante le era aplicable las previsiones de los Decretos 1047 de 1978
y 1933 de 1989, que contemplan que los empleados públicos que hayan aprobado el curso
de dactiloscopista y que permanezcan al servicio del DAS por un término no menor de 18
años continuos en el desempeño de tales funciones, tendrían derecho a la pensión de
jubilación al cumplir 50 años. Además, aclaró que, si bien para la fecha en que el
demandante adquirió el estatus jurídico de pensionado no se encontraba vinculado al DAS,
ello no impedía el reconocimiento pensional, debido a que el solo cumplimiento del tiempo
de servicios consolida una situación jurídica adquirida.

Por tanto, ordenó a la UGPP reconocer y pagar a favor del beneficiario la pensión de
jubilación equivalente al 75% del promedio de todo lo devengado en el último año de
servicio, a partir del 17 de mayo de 2007, pero con efectos fiscales desde el 17 de febrero
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de 2009, por prescripción trienal.

La UGPP presentó recurso de apelación contra la anterior decisión. Sostuvo que el
demandante no tiene derecho a la pensión especial reconocida, toda vez que este no
cumple con la totalidad de los requisitos previstos en el Decreto 1045 de 1978 en
concordancia con el Decreto 1993 de 1989, pues no contaba con 20 años de servicios
continuos o discontinuos al Estado pues solo acreditó 951 semanas. Que tampoco resultaba
procedente el otorgamiento de la prestación con los 18 años de servicio y 50 años, por
cuanto se necesitaba que al momento del cumplimiento de dichos requisitos el reclamante
estuviera vinculado DAS, sin embargo, el señor Briñez Roa fue retirado del servicio el 13 de
septiembre de 2001, y solo cumplió los requisitos hasta el año 2007, cuando cumplió los 50
años.

El 3 de noviembre de 2022, la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
adicionó y modificó la sentencia del a quo.

Como primera medida, determinó que era procedente inaplicar por vía de excepción de
inconstitucionalidad la expresión «siempre que para esta época fueren funcionarios de ese
Departamento», contenida en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, en el entendido que
no se requiere que el funcionario esté en servicio para ser beneficiario de la pensión, pues
“(…) atender dicho postulado vulnerarían abiertamente los derechos fundamentales a la
igualdad y la seguridad social, así como el principio de favorabilidad de los que es titular el
señor Gonzalo Briñez Roa, más aún cuando aquel acreditó el cumplimiento de los requisitos
de tiempo de servicio y edad necesarios para ser titular de una pensión especial de
jubilación”.

Respecto a la forma de liquidar la pensión, dispuso que era aplicable la sentencia de
unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, esto es que debía ser calculada
de acuerdo con las previsiones de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, “evento en
el cual los factores salariales computables serán los enlistados en el Decreto 1158 de 1994,
y en particular para tales funcionarios, también lo será la prima de riesgo devengada por
estos desde la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 en los porcentajes regulados en
el artículo 2.° ibidem, ello incluso al margen de que la entidad empleadora no hubiese
realizado descuentos sobre tal emolumento para efectos pensionales”.

Argumentos del recurso extraordinario de revisión

La UGPP alegó que la sentencia del 3 de noviembre de 2022 incurrió en las causales de
revisión establecidas en el artículo 202 de la Ley 797 de 2003, al haberse reconocido la
pensión con violación al debido proceso y por exceder lo debido según la ley aplicable.

2
“Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse
en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables”. (Negrilla fuera de texto)
3

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Explicó que el Decreto 1835 de 1994, estableció que las personas vinculadas al DAS antes
del 3 de agosto de 1994, les era aplicables los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, que
permiten el reconocimiento de la pensión de jubilación así: (i) haya aprobado el curso de
formación en dactiloscopia -art. 1 del Dec. 1048- y haya ejercicio por 20 años continuos o
discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en la entidad, o (ii) cuando se haya
aprobado el curso de formación antes aludido, haya estado al servicio del DAS por un
término no menor de 18 años continuos y cumpliera 50 años de edad, ejerciendo dicha
actividad en la entidad.

Adujo que la decisión del Consejo de Estado desconoció los requisitos exigidos para que el
beneficiario se hiciera acreedor a la prestación pensional, toda vez que el señor Gonzalo
Briñez Roa, no cumplió ninguno de los anteriores requisitos, pues no existe prueba que éste
haya aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el DAS y, que, si bien,
prestó sus servicios por más de 18 años a la entidad, no cumplió los 50 años estando en
servicio activo, pues fue declarado insubsistente el 13 de septiembre de 2001 y solo cumplió
la edad en el año 2007.

En conclusión, sostuvo que “el señor Gonzalo Briñez Roa, no tiene derecho a la pensión
reconocida razón por la cual si el fallo objeto de revisión no es revocado se beneficiará de
un pago no querido ni establecido por el legislador, en cuantía a la que no tiene derecho si
la decisión sometida a controversia no es revocada”. Por tanto, solicitó que infirme la
sentencia recurrida y se ordene al pensionado la devolución de los pagos realizados en
virtud del acto administrativo de reconocimiento pensional.

Trámite procesal

El 29 de septiembre de 2023, se admitió el recurso extraordinario de revisión, se ordenó
notificar al señor Gonzalo Briñez Roa -quien fue el demandante en el proceso ordinario-, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado3.

El 23 de noviembre de 2023, se abrió a pruebas y se ordenó al Tribunal Administrativo del
Magdalena que remitiera digitalizado el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho4. El proceso fue remitido de manera digital5.

Intervenciones

El señor Gonzalo Briñez Roa, mediante apoderado judicial6 se opuso al recurso
extraordinario de revisión y solicitó que se declare improcedente. En concreto, señaló que
lo pretendido por la UGPP es reabrir un debate que fue resuelto en el proceso ordinario, en
el que las autoridades judiciales concluyeron que el señor Briñez Roa era beneficiario de la
pensión de jubilación, con aplicación del régimen especial del DAS.

Que las decisiones adoptadas por los jueces ordinarios se ajustan a los parámetros
constitucionales y legales aplicables al caso del beneficiario de la pensión y que, además,
no se advierte que se le haya transgredido ningún derecho a la UGPP en el trámite del
proceso.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

3
SAMAI CE, índice 5.
4
SAMAI CE, índice 21.
5
SAMAI CE, índice 26.
6
SAMAI CE, índice 18.
4

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Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público7 solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión
al no encontrarse configuradas las causales de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. En cuanto a la causal de violación al debido proceso, señaló que la decisión de la
Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado fue razonable y estuvo
debidamente fundamentada, en cuanto a que era necesario inaplicar (vía excepción de
inconstitucionalidad) el inciso final del artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, al determinar
que dar aplicación a aquel postulado implicaría una afectación del derecho del actor a la
igualdad previsto en el artículo 13 constitucional, e impediría la materialización del derecho
del beneficiario de acceder a una pensión de jubilación. Que la UGPP se limitó a reprochar
que la sentencia atacada no debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad, sin acreditar
por qué dicha decisión configura violación al debido proceso.

Respecto a la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Ministerio Público sostuvo
que no encuentra configurada, pues el recurrente no sustenta ni demuestra en manera
alguna que el monto de la pensión allí ordenada haya desbordado los parámetros legales o
que genere detrimento de los recursos del sistema pensional.

CONSIDERACIONES

Competencia y oportunidad del recurso

De conformidad con el inciso 18 del artículo 249 del CPACA, la Sala Tercera Especial de
Decisión es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión promovido por la
UGPP contra la sentencia del 3 de noviembre de 2022, dictada por la Subsección A, de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

La sentencia recurrida se dictó el 3 de noviembre de 2022, se notificó por correo electrónico
el 30 del mismo mes y año y quedó ejecutoriada el 7 de diciembre de 2022. La UGPP
presentó el recurso extraordinario de revisión el 1 de septiembre de 2023, esto es, dentro
de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, conforme lo exige el inciso
final9 del artículo 251 del CPACA.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la providencia del 3 de noviembre de 2022, dictada por
la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en las causales de
revisión establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es,
(i) porque la prestación se reconoció con violación al debido proceso, y (ii) porque la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.

7
SAMAI CE, índice 15
8
“De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
9
“En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a
la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
5

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Para decidir, la Sala se referirá, como primera medida, al recurso extraordinario de revisión
y, luego, descenderá al estudio del caso concreto.

Naturaleza del recurso extraordinario de revisión10 y el alcance de las causales de los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se propone
con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento
jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa,
ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para
discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que
pueden llegar a afectar el principio de justicia material.

Entonces el ámbito de revisión está restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones
excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá de
lo que se deduce de su texto.

Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente tienen
que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del debido
proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores sustanciales que
puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea
de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la ley.

Ahora, respecto a las causales invocadas por la UGPP, se tiene que el artículo 20 de la Ley
797 estableció la acción especial para revisar judicialmente las sentencias, conciliaciones o
acuerdos transaccionales que impongan al erario o fondo de naturaleza pública la obligación
de cubrir prestaciones periódicas.

El recurso se tramita mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de
revisión y, además de las causales del artículo 250 del CPACA, procede por: a) la violación
al debido proceso y b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Según lo ha explicado tanto el Consejo de Estado11 como la Corte Constitucional12, el objeto
principal del recurso especial de revisión establecido en la Ley 797 es proteger el patrimonio
público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema pensional, mediante el
mecanismo de examinar judicialmente la legalidad de las prestaciones reconocidas, cuando
se configuren alguna de las causales del artículo 20 mencionado. Para esos propósitos, el
juez del recurso podrá infirmar la sentencia.

Se ha entendido, además, que la acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 no
permite reabrir la cuestión de fondo decidida en el juicio ordinario, sino que el único objeto
es la “revisión de los montos de las pensiones reconocidas en contra de lo establecido por

10
Ver, entre muchas otras, la providencia del expediente 11001-0315-000-2013-01998-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
11
Entre otras, ver sentencia del 1º. de agosto de 2017, expediente Nro. 11001-03-15-000-2016-02022-00.
12
Sentencia C-835 de 2003.
6

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la ley, en orden a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, así como
también proteger los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo
gobierna”13.

En lo que respecta a la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es
necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los
núcleos que lo componen, tales como: i) el derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) con las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis
in idem.

Por su parte, la causal del literal b) se refiere a que la mesada pensional se hubiere
reconocido en cuantía superior a lo debido de acuerdo con la ley o convención que le era
aplicable al beneficiario. Esta Corporación14 explicó que la causal se erige como una
herramienta legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 15 y
que permite corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y
que afectan los principios que orientan el Sistema General de Pensiones16, en especial, el
principio de solidaridad y equilibrio financiero.

Caso concreto

La UGPP señala que la sentencia recurrida incurrió en las causales establecidas en los
literales a) y b) de la Ley 797 de 2003, por cuanto, considera que el señor Gonzalo Briñez
Roa no tiene derecho a la pensión especial de jubilación que le fue reconocida, al no existir
prueba de que haya aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el DAS
y, aunque prestó sus servicios por más de 18 años, no cumplió los 50 años estando en
servicio activo en la entidad.

Por su parte, el señor Briñez Roa adujo que, contrario a lo señalado por la UGPP, los jueces
ordinarios concluyeron que era beneficiario de la pensión de jubilación, con aplicación del
régimen especial del DAS, que lo pretendido por la entidad es reabrir un debate que ya fue
resuelto y para lo cual no fue dispuesto el recurso extraordinario de revisión.

Conforme con el alcance de las causales invocadas y los argumentos del recurso
extraordinario de revisión, la Sala analizará el régimen pensional especial del DAS,
partiendo del hecho de que en el asunto no se discute que el señor Briñez Roa es
beneficiario del régimen de transición y, por tanto, le son aplicables las normas anteriores a
la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1835 de 1994.

Partiendo de lo anterior, se tiene que el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 5ª de 1978, expidió el Decreto 1047 1978 9, el cual

13
Sentencia del 1 de agosto de 2017. Sala Especial de Decisión Nro. 4. Expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV)
14
Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sala Especial De Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-15-000-2016-
02022-00
15
Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3 del CPACA y artículo 3 de la Ley 489 de 1998.
16
Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión racional.
7

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Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

dispuso:

“ARTICULO 1. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las
funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan
aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho
Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.

ARTICULO 2. Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior
y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor
de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión
de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese
Departamento.

ARTÍCULO 3. Para los fines del presente Decreto se entiende por dactiloscopista el empleado público
que en forma permanente y continua, recoge, analiza, interpreta, confronta y clasifica huellas digitales
con fines investigativos o de identificación, o desarrolla cualesquiera de las diferentes actividades
técnicas que deben cumplir los dactiloscopistas en su condición de miembros de la Policía Judicial y
como auxiliares de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público en la investigación de hechos
delictivos”.

Posteriormente, fue proferido el Decreto Ley 1933 de 1989 por el cual se expidió el régimen
especial para los empleados del DAS, y en su artículo 1º dispuso:

“ARTÍCULO 1 Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán
derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden
nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los
que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece”.

Luego, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992 y del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 1835 de 1994, por medio del cual reglamentó las
actividades de alto riesgo de los servidores públicos y, en el artículo 4 estableció un régimen
de transición especial para los detectives del DAS, según el cual quienes estuviesen
vinculados a la entidad con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho decreto, esto es,
el 4 de agosto de 1994, tendrían el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones
indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, por los Decretos 1047
de 1978 y 1933 de 1989.

En el caso del señor Gonzalo Briñez Roa del expediente ordinario se encuentra probado
que:

(i) Nació el 17 de mayo de 1957, es decir, cumplió 50 años el 17 de mayo de 2007.

(ii) Laboró al servicio del DAS durante un período ininterrumpido comprendido entre el 5 de
marzo de 1983 y el 14 de septiembre de 2001, desempeñando los cargos de detective
urbano alumno, detective agente y finalmente detective profesional. Que devengó, entre los
factores salariales, la prima de riesgo.

(ii) Mediante Resolución 002005 del 13 de septiembre de 2001, el director del DAS lo declaró
insubsistente.

(iv) El 17 de febrero de 2009, el señor Briñez Roa solicitó a la Caja Nacional de Previsión
Social el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación conforme con el Decreto 1047
de 1978, al señalar que es beneficiario del régimen de transición del Decreto 1835 de 1994.

(v) Por Resolución PAP 019020 del 13 de octubre de 2010, Cajanal negó el reconocimiento
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de la pensión al advertir que a pesar de que el solicitante contaba con 18 años, 6 meses y
10 días de servicio continuo a la entidad, no había claridad sobre los cargos desempeñados
y, además, tampoco se probó que hubiera realizado y aprobado el curso de Dactiloscopia.

(vi) El señor Briñez Roa interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión sin que
la entidad diera respuesta al mismo.

(vii) El beneficiario inició demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Resolución PAP 019020 del 13 de octubre de 2010 y el acto ficto producto del silencio
administrativo negativo respecto del recurso de reposición presentado contra el anterior acto
administrativo.

(viii) El 14 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia
de primera instancia en la que accedió a las pretensiones de la demanda. En concreto,
explicó que quedó demostrado que el demandante ocupó desde su vinculación con el DAS
los cargos de detective alumno, urbano, detective agente grado 05, grado 06, agente 208-
06, agente 208-07 y detective profesional 207-09. Además, que se encontraba cobijado por
el régimen de transición del parágrafo 5, del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, lo cual le
permitía acceder a la pensión con las previsiones de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989. En ese sentido, determinó que el señor Briñez Roa cumplió los requisitos para
acceder a la pensión conforme con los aludidos decretos, pues aprobó el curso de
dactiloscopista y permaneció al servicio del DAS por un término no menor de 18 años.

Finalmente, explicó “que si bien para la fecha en que el libelista adquirió el estatus jurídico
de pensionado no se encontraba vinculado al DAS, ello no es óbice para el reconocimiento
pensional, debido a que el solo cumplimiento del tiempo de servicios consolida una situación
jurídica adquirida en cabeza del reclamante, esto en aplicación del principio de
favorabilidad”.

(ix) A instancias del recurso de apelación presentado por la UGPP contra la anterior
decisión, la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la
decisión y, específicamente, en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, la sentencia explicó:

(…)
ii) Ahora bien, restaría verificar el segundo planteamiento bajo el cual el reclamante podría haber
consolidado su situación pensional especial. Para ello se destaca que el cumplimiento de los 18 años
de labor en el DAS se encuentran debidamente respaldados por el acervo probatorio practicado en el
sub examine, tal como se puntualizó con antelación. De hecho, es claro como lo advirtió el tribunal de
origen que no resultaba necesario acreditar que ese tiempo de vinculación hubiese sido en el ejercicio
de un cargo con funciones exclusivas de dactiloscopista, habida cuenta de que conforme al artículo 10
del Decreto 1933 de 1989, efectivamente las previsiones de los artículos 1.° y 2.° del Decreto 1047 de
1978 podían ser aplicables de manera extensiva para todos los detectives del DAS, bien fueran en
calidad de agentes, profesionales o especializados, esto en sus distintos grados y denominaciones.

En el presente asunto se destaca que si bien la realización del curso de dactiloscopista es como tal un
requisito que prevé el Decreto 1047 de 1978, dicha exigencia se entiende cumplida en virtud de las
previsiones del Decreto 1933 de 1989, pues aquel es un presupuesto indispensable para el ejercicio del
cargo de detective que evidentemente el libelista desempeñó.
(…)
La normativa en comento permite inferir que si el demandante ingresó al DAS como detective y además
cumplió en algunas ocasiones funciones como dactiloscopista, al punto de permanecer en la institución
e incluso ser promovido en cargos de detective superiores, es porque aprobó el curso exigido en el
Decreto 1047 de 1978, por lo que se entenderá acreditado este requisito.
(…)

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Sin perjuicio de lo expuesto, es de resaltar que bajo el análisis de este segundo supuesto, a diferencia
del primero, la edad sí es un postulado que se necesita verificar a fin de estructurar el derecho en litigio.
Concretamente el precepto regulatorio precitado consagra que el reclamante debe cumplir 50 años.
Empero, de la lectura exegética del artículo 2.º del Decreto 1047 de 1978, se extrae que la exigencia en
comento está condicionada a que la edad aludida se adquiera «[…] siempre que para esta época fueren
funcionarios de ese Departamento. […]».

Frente a este postulado, en el caso sub lite se observa que el libelista nació el 17 de mayo de 1957, por
lo que resulta claro que aquel cumplió 50 años de edad el 17 de mayo de 2007. No obstante, es de
destacar que el señor Briñez Roa fue retirado del servicio como detective del DAS desde el 14 de
septiembre de 2001, luego de haberse declarado insubsistente su nombramiento conforme a la
Resolución 002005 del 13 de septiembre del mismo año. Lo anterior permite inferir sin mayores
elucubraciones que aquel cumplió la edad requerida por la normativa aplicable a su caso, pero lo propio
ocurrió cuando su relación legal y reglamentaria con la referida entidad había fenecido, es decir, ya no
era funcionario activo de la institución.

En tal sentido, un primer análisis de dicha situación conllevaría estimar que el demandante no colmó la
condición prevista para la exigencia etaria con la cual adquiriría la prestación debatida, por lo que una
interpretación literal del artículo 2.º del Decreto 1047 de 1978, implicaría a su vez asumir que este no
habría satisfecho los presupuestos para ser titular del derecho a la pensión especial de jubilación del
personal de detectives del DAS.

Aun bajo esta intelección, el tribunal de primera instancia resolvió tener en cuenta el principio de
favorabilidad laboral para asegurar que al margen de lo consagrado en dicha norma, era más
beneficioso y garantista para el señor Gonzalo Briñez Roa considerar que no era necesario el
cumplimiento de los 50 años de edad en vigencia del vínculo legal y reglamentario, cuando en realidad
aquel ya había acumulado el tiempo de servicio indispensable para estructurar la prestación, al punto
de que la edad era tan solo una condición suspensiva para que la prerrogativa entrara jurídicamente a
su patrimonio.

Al respecto, la Subsección advierte que dicho planteamiento en esencia y técnicamente se acompasa
con la figura de la excepción de inconstitucionalidad en virtud de la cual, en un escenario administrativo
o judicial como el presente, se inaplica un enunciado normativo que sea manifiestamente contrario a los
principios, garantías y derechos superiores de la Carta Política de 1991, ello por desconocerlos
abiertamente o contrariarlos sin ningún tipo de juicio de ponderación válido para preferir un precepto
legal de manera irrestricta.

Sobre el punto, en casos como el de marras es dable tener en cuenta que la norma superior contempla
en su artículo 4.° la primacía de la Constitución sobre cualquier otra regulación que le sea contraria, lo
cual se traduce en lo que la misma Corte Constitucional ha definido como la excepción de
inconstitucionalidad, la cual corresponde a una surte de control difuso y concreto de constitucionalidad
contemplado como un deber, aplicable por parte de las autoridades y demás operadores jurídicos
cuando estos deban resolver casos particulares en los que se advierta una trasgresión a los preceptos
supralegales, especialmente los relacionados con las garantías fundamentales de los administrados.
(…)
Bajo tal contexto, es indispensable identificar en el caso sub iudice, cuáles serían los derechos
fundamentales que podrían verse vulnerados si se da aplicación irrestricta al postulado del artículo 2.°
del Decreto 1047 de 1978 que prevé la exigencia de cumplir 50 años de edad en vigencia de una relación
legal y reglamentaria con el DAS para poder adquirir una pensión de jubilación con fundamento en la
precitada regulación especial.

Como se aprecia de lo expuesto anteriormente, a pesar de que las dos opciones jurídicas están
contempladas indistintamente para cualquier funcionario nombrado como detective de la referida
institución, se destaca sobre la primera que, si bien esta consagra la posibilidad de estructurar la
prerrogativa de jubilación a cualquier edad, lo cierto es que no señala ningún tipo de condición relativa
a la permanencia del funcionario al servicio de la referida autoridad para deprecar el otorgamiento de la
prestación. Es decir, los servidores en comento que acumulen 20 años de labor, no solo pueden instar
el reconocimiento de la pensión en cualquier momento después de colmar la exigencia de tiempo de
servicio, sino que ello puede ocurrir incluso al estar desvinculados, bien sea por renuncia, declaratoria
de insubsistencia o cualquier otra situación administrativa.

Empero, al revisar las previsiones de la segunda opción mencionada que es en la que se encuentra el
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demandante, se extrae que el artículo 2.° del Decreto 1047 de 1978, además de requerir la demostración
de 18 años de servicio como detective (que por ser una diminución en el período de labor y cotización
frente al primero caso, a su vez permite la implementación de una exigencia etaria como la de los 50
años de edad), igualmente obliga al funcionario a cumplir con este último presupuesto en vigencia de
una relación legal y reglamentaria con el DAS, lo cual equivale a un condicionamiento adicional,
superior, limitante y más gravoso que el del primer postulado examinado, pues en este último, ello no
es un elemento constitutivo del derecho pensional.

En tal sentido, se hace palmario el hecho de que, exigirle a los detectives con 18 años en el ejercicio de
dicha plaza, que cumplan 50 años de edad a fin de consolidar una pensión de vejez, pero que además
esto ocurra en la época de vinculación oficial con la aludida entidad de seguridad, resulta claramente
desigual y desproporcionado frente a la situación jurídica de los mismos funcionarios que acrediten 20
años de labor, pues a estos últimos no se les exige la permanencia en el servicio estatal, pese a que
ambos preceptos normativos (artículos 1.° y 2.° del Decreto 1047 de 1978) cobijan al mismo tipo de
servidores públicos.

De hecho, es adecuado poner de presente que el régimen de transición del Decreto 1835 de 1994,
conforme al cual se debe acudir a las previsiones de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 en
materia pensional para el personal de detectives del extinto Departamento Administrativo de Seguridad,
lo que busca es generar beneficios o flexibilización en cuanto a los requerimientos fijados para que tales
empleados que hayan acumulado un tiempo considerable de servicio puedan adquirir una pensión de
jubilación, ello en una suerte de compensación por la actividad de alto riesgo de sus funciones que
implican actividades de alto riesgo.
(….)

Como se ve, el a quem analizó los requisitos para ser beneficiario del régimen pensional
establecidos en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978 y, específicamente, respecto a la
exigencia de que los 50 años los cumpla estando vinculado al DAS, sostuvo que es un
condicionamiento adicional, superior y más gravoso en comparación con los 20 años de
servicio exigidos en el artículo 1 del mismo decreto, que no requiere la permanencia en el
servicio estatal, por lo que, consideró que la aplicación irrestricta de este requerimiento de
edad, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social del
demandante. Por ello, estimó adecuado inaplicar esta exigencia específica mediante la
figura de la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 de la CP), para garantizar el acceso
del demandante a la pensión de vejez, en aplicación al principio de favorabilidad en material
pensional.

A juicio de la Sala Especial, la anterior decisión estuvo debidamente motivada y
fundamentada en las normas legales aplicables al caso y con fundamento en los principios
constitucionales a la igualdad, a la seguridad social y al de favorabilidad, que le permitieron
concluir que, en el caso específico, era procedente inaplicar el aparte del artículo 2 del
Decreto 1047 de 1978 -en lo que tiene que ver con la exigencia de cumplir la edad requerida
estando en servicio activo-, a fin de proteger los derechos fundamentales del pensionado.

Dicha conclusión, no solamente hace parte de las facultades de interpretación y valoración
probatoria que tienen los jueces, sino la obligación de inaplicar las normas que son
contrarias a los principios y derechos constitucionalmente protegidos, como lo es el de la
seguridad social, que, en este caso, como se explicó en el fallo recurrido, se ponía en riesgo
al aplicar el aparte normativo aludido.

Por tanto, la Sala Especial no advierte que en el presente caso se hubiere configurado la
causal del numeral a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues como se vio, la pensión
reconocida al señor Gonzalo Briñez Roa no se hizo con violación al debido proceso.
Además, debe advertirse que la UGPP no presentó ni demostró reparos concretos para
argumentar que la decisión adoptada por el Consejo de Estado -aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad- vulneró el debido proceso, pues se concentró en señalar la falta del
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cumplimiento de requisitos legales para acceder a la pensión.

Lo anterior demuestra que la UGPP pretende utilizar el recurso como una tercera instancia,
a fin de reabrir la discusión que ya fue definida en el proceso ordinario y que el juez de
revisión analice nuevamente los requisitos para acceder a la pensión especial del DAS, lo
cual es improcedente a través de este recurso.

Por último, debe advertirse que de la lectura integral del recurso extraordinario de revisión
tampoco se observa sustentación alguna de la causal contenida en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, pues, la parte recurrente se limitó a argumentar que el señor
Briñez Roa no tenía derecho al reconocimiento de la pensión, pero no argumentó nada
respecto a que el valor de la mesada pensional reconocida fuere superior a la que en
realidad tenía derecho. Por tanto, se declarará que no se configuró la citada causal de
revisión.

Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala Tercera Especial de Decisión establece como
contenido interpretativo que el recurso extraordinario de revisión es excepcional, pues
procede por causales restringidas y no se puede utilizar para reabrir el análisis jurídico y
probatorio resuelto en el proceso ordinario.

Con arreglo a esa pauta, la Sala no encontró que se hubieren configurado las causales de
revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en la sentencia del 3 de noviembre de 2022,
dictada por la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, razón por la
cual se declarará infundado el recurso interpuesto.

Costas

Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, se
condenará en costas a la parte recurrente cuando se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión que formuló. Así mismo, conforme los artículos 188 y 306 de la
misma norma, para la liquidación y ejecución de las costas se debe remitir al Código General
del Proceso (CGP)17.

El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por los gastos procesales
y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo 365-8 del mismo código, “[s]olo
habrá lugar a su imposición cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.

En cuanto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso, la Sala observa
que no procede su imposición porque no aparece demostrado en el expediente. Por el
contrario, en relación con las agencias en derecho, la Sala encuentra que el señor Gonzalo
Briñez Roa designó apoderado para que ejerciera su defensa en el proceso, quien presentó
escrito de oposición.

En consecuencia, siguiendo lo establecido en el artículo 366-4 del CGP, para la fijación de
agencias en derecho se atenderá lo establecido en el Acuerdo núm. PSAA16-10554 de 2016
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y tratándose del recurso extraordinario
de revisión se tasan entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
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En ese orden, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en un (1) salario
mínimo legal mensual a favor del señor Gonzalo Briñez Roa, a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Tercera Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP contra
la sentencia del 3 de noviembre de 2022, dictada por la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas.

2. Condenar a la UGPP al pago de costas por concepto de agencias en derecho a favor del
señor Gonzalo Briñez Roa, por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Salva parcialmente voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Aclara voto

13

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